Los dos polizones que fueron detenidos en la tarde del domingo en el muelle de la ciudad, cuando trataban de entrar ilegalmente en España, fueron devueltos en la misma noche a Marruecos a bordo del buque en el que viajaron clandestinamente, según informaron ayer fuentes policiales y de la Guardia Civil.
Los dos hombres, de nacionalidad marroquí, fueron
detectados por agentes de la Guardia Civil que vigilaban las labores de descarga
del buque Hornbeam, de bandera chipriota. Los polizones se arrojaron al mar y
trataron de esconderse debajo de la rampa de acceso a los barcos. Uno de ellos
subió al muelle por su propio pie, mientras que el segundo fue rescatado por un
agente de la Guardia Civil.

Ambos hombres fueron trasladados al hospital
Puerta del Mar, al sufrir heridas de carácter leve. Unas horas después, los dos
embarcaron en el buque, con destino a Casablanca, para ser repatriados.

Diario de Cádiz
REDACCIÓN
cádiz.

De la crisis a la ruptura total. El PP se ha quedado sin representación alguna en los ayuntamientos almerienses de El Ejido y Dalías después de que la totalidad de los concejales populares de ambos municipios se solidarizasen con sus respectivos alcaldes, Juan Enciso y Jerónimo Robles, y anunciasen su decisión de abandonar el partido tras los expedientes de expulsión abiertos el pasado viernes por la dirección provincial del PP a ambos regidores, los cuales ya se han dado de baja en el partido.
Los 17 concejales del PP de El Ejido, que forman
mayoría absoluta en el Consistorio, emitieron ayer un comunicado en el que
señalaron que "el Ayuntamiento de El Ejido ya no lo gobierna el PP".

La decisión de los ediles populares se produce
después de que el Comité Provincial del PP haya solicitado al Comité de Derechos
y Garantías del partido "la baja cautelar de militancia" de Enciso por negarse a
apartar de sus cargos en el Ayuntamiento y en la dirección local al presidente
de la Diputación, José Añez, expulsado en abril del PP.

En la misma tónica, el alcalde de Dalías, Jerónimo
Robles, afirmó que los concejales del gobierno municipal del PP secundarán la
iniciativa de los ediles populares en El Ejido. En declaraciones a Europa Press,
Robles explicó que sus concejales convocarán el próximo miércoles una rueda de
prensa para "explicar los acontecimientos" relativos al expediente de expulsión
impulsado por el PP almeriense en su contra por negarse a destituir al
vicepresidente tercero de la Diputación, Ángel Díaz.

La dirección del PP-A optó por restar
trascendencia a lo ocurrido. Mientras su presidente, Javier Arenas, declinó
hacer declaraciones, su secretario general, Juan Ignacio Zoido, aseguró que "a
partir de ahora no existe problema en el seno de la formación en El Ejido".

Diario de Cádiz
REDACCIÓN
ALMERÍA.

Un efecto archisabido de la inmigración es que enriquece la
realidad, aunque otros prefieren decir que la complica, la dificulta. Un
sacerdote andaluz bromeaba hace unos días con el hecho de que si el matrimonio
ya es de por sí difícil, peor será entre personas que profesan distintos credos.
El caso es que la presencia de inmigrantes hace que cada día haya más parejas
mixtas. Tantas, que párrocos de Huelva, donde los freseros promueven todas las
primaveras la llegada de miles de mujeres de otros países, principalmente del
Este, han pedido instrucciones al obispado sobre cómo actuar.

Lo primero que se observa en muchos pueblos con importante presencia
de inmigrantes del Este y Sudamérica es que las parroquias han cobrado inusitada
vida. Ya no son, como en los últimos años, sólo las personas mayores del pueblo
las que acuden a misa. Dicen los párrocos que los andaluces son católicos, pero
sólo para las celebraciones. En cambio, los inmigrantes son, en ese sentido
mejores católicos, aunque muchos sean de credos diferentes al catolicismo. Las
polacas son las más habituales, en especial si oficia la ceremonia un sacerdote
que habla su idioma, pero también acuden decenas de ecuatorianos. Son ya muchas
las bodas y los bautizos promovidos por inmigrantes.

Y entonces llegan las dudas. ¿Cómo se procede cuando uno de los
contrayentes es católico y el otro ortodoxo? ¿Cómo, si uno de los dos reclama
que la ceremonia se efectúe según los cánones del rito bizantino? ¿Puede un
sacerdote católico casar a ortodoxos? ¿Bautizar a un hijo de padres ortodoxos?
¿Pueden casarse si ella es musulmana y él cristiano? ¿Qué papeles son
necesarios? ¿Tienen que estar bautizados los contrayentes? ¿Un viudo
perteneciente a la Iglesia ortodoxa puede volver a casarse? ¿Quién tiene que
autorizarlo? Demasiadas preguntas para muchos párrocos cuya labor estaba casi
siempre marcada por la rutina.

Hace años, cuando dos novios entraban por la puerta de la parroquia
con intención de casarse, el sacerdote solía saber casi todo de ellos y, si no,
tenía pocas posibilidades de sorprenderse. Seguro que estaban bautizados y casi
la única duda era sobre su asiduidad a los actos religiosos de la parroquia.
Tramitar los papeles era una rutina sin especiales complicaciones y, por
supuesto, sin sobresaltos. Ahora las cosas han cambiado y muchos sacerdotes se
encuentran ante situaciones inéditas. A veces desconocen los trámites, dónde
pedir los certificados, cuáles son las normas de derecho, los ritos...

Los documentos son muchos y todos tienen que ir acompañados de una
traducción oficial.Con frecuencia, a los párrocos locales no les queda más
remedio que recurrir a sacerdotes de otras confesiones de los que suelen asistir
a los inmigrantes. Sólo en la provincia de Huelva hay ya media docena de
sacerdotes venidos de los países de Este, tres de ellos polacos. Cuando
tropiezan con un problema mayor recurren a Teófilo Molvodán, patriarca ortodoxo
que tra-baja como adjunto para los inmigrantes en la Conferencia Episcopal
Española. La envergadura de estos asuntos ha llevado al Vaticano a designar al
obispo ucraniano Halib Lonchyna como responsable de inmigración para España,
Francia e Irlanda.

La mayoría de las bodas mixtas registradas en Huelva son entre
hombres españoles y mujeres polacas, el colectivo más numeroso en la campaña de
la fresa. En esos casos no hay más problemas que el trámite de los papeles,
porque ambos son católicos. Más dificultades hay con las rumanas o ucranianas,
generalmente ortodoxas de distintos panios triarcados. Incluso en Ucrania hay
división: los adeptos al patriarca de Kiev y los del patriarca de Moscú, con
normas y sistemas burocráticos diferentes. En estos casos, las bodas requieren
autorización expresa del obispo de la diócesis y un largo y complejo papeleo que
puede durar de tres a cinco meses, según las relaciones que mantengan las
distintas jerarquías religiosas.

Los matrimonios encuadrados en diferentes ramas del cristianismo
entran en lo que la Iglesia denomina "matrimoporque de mixta religión". En
términos informáticos podría decirse que son sistemas compatibles.Más trabas
encuentran quienes pertenecen a religiones diferentes, o incluso un no bautizado
con una bautizada. Son lo que la Iglesia denomina supuestos "de disparidad de
culto", en cuyo caso suele haber impedimento para que se produzca el enlace. En
caso de ser autorizado requiere la mediación de una dispensa del obispo. De
disparidad radical es el supuesto de un matrimonio entre un contrayente musulmán
y el otro cristiano. Lo más probable es que no haya boda en una parroquia, sino
en un juzgado. O, lo más probable, que la boda se celebre según el rito
islámico.

Las dudas aumentan con los bautizos, que empiezan a proliferar, de
niños cuyos padres profesan diferentes religiones. La complejidad y diversidad
de casos ha obligado al obispado a organizar reuniones con los párrocos de los
pueblos freseros (Palos de la Frontera, Lepe, Moguer, Cartaya.). Entre otras
cosas les han distribuido un escrito con instrucciones sobre el procedimiento
que seguir cuando unos padres ortodoxos piden a un sacerdote que bautice a su
hijo.

Casi todo es posible con buena voluntad y paciencia para desentrañar
la maraña burocrática. Las dificultades serán mayores cuanto más alejadas (y no
sólo geográficamente) estén las iglesias de los contrayentes, en derecho, en
dogmas o en ritos. El padre Dimitro Sauchuc, de origen ucraniano, celebra misas,
bodas, bautizos y comuniones de rito bizantino en varias parroquias de Huelva,
Córdoba, Sevilla y Cádiz. Sauchuc no es partidario de las bodas mixtas. De
hecho, él pide a uno de los contrayentes que se pase a la religión del otro para
evitar problemas futuros. La razón es que "tarde o temprano, las divergencias
surgen y los hijos tienen que decidir entonces entre adoptar el credo de uno o
de otro". Al final, lo más común es que impere el credo del cónyuge español por
la influencia del entorno cultural y familiar. Así empieza la asimilación
cultural.

LA VANGUARDIA DIGITAL
José Bejarano

La Policía Nacional ha desarticulado una trama de empresarios de la
construcción de Sabadell que presuntamente extorsionaba a inmigrantes dándoles
trabajo y ofreciéndoles regularizar su situación a cambio de dinero. La policía
detuvo a dos españoles y tres magrebíes.

Según fuentes de la investigación, la policía detectó
irregularidades en una obra en Santa Perpètua de Mogoda, de una conocida
constructora y que tenía contratadas 25 empresas para la albañilería, pintura y
electricidad. Una de las firmas, Construcciones Rachid, tenía siete trabajadores
con el mismo número de identificación de extranjero. La policía les interrogó y
dijeron que no tenían permiso de trabajo ni de residencia y que los empresarios
lo sabían. Dos aseguraron que para regularizarlos los empresarios les exigieron
5.000 euros. Los detenidos son dos propietarios de la empresa, un autónomo que
empleaba a trabajadores de dicha constructora (todos ellos ya en libertad con
cargos tras prestar declaración ante el juez) y dos empleados de una gestoría,
que deben declarar ante el juez.

LA VANGUARDIA DIGITAL
LA VANGUARDIA - 23/05/2005
Europa Press. SABADELL

"Los gobiernos no están cumpliendo su promesa de establecer un orden
mundial basado en los derechos humanos, sino que están siguiendo una nueva y
peligrosa agenda en la que se utiliza el lenguaje de la libertad y la justicia
para aplicar políticas de miedo e inseguridad", afirma la secretaria general de
Amnistía Internacional (AI), Irene Khan, que ayer presentó en Londres el informe
anual de la organización de defensa de los derechos humanos.

El informe anterior y la presentación que hizo entonces Kahn fueron
demoledores al denunciar los efectos de la llamada guerra contra el terror.
Exactamente un año después, AI corrobora lo dicho. "El mundo se ha vuelto más
peligroso", decía Khan, por culpa del terrorismoy de la "agenda de seguridad
global" promovida por Estados Unidos para darle respuesta, dando como resultado
"el mayor ataque a los derechos humanos y el derecho internacional en más de
medio siglo". Ayer, la secretaria general de AI insistió en que "los gobiernos
rehúsan interrogarse sobre la ineficacia de su acción contra el terrorismo y se
obstinan en aplicar estrategias manifiestamente inoperantes pero cómodas en el
plano político".

En un año, el 2004, de nuevo trágico, los atentados del 11-M en
Madrid y la escuela de Beslán, en territorio ruso, serían la prueba de que
"EE.UU. y sus aliados persisten en estrategias ineficaces" contra el terrorismo,
cuyo incremento supone "una verdadera escalada de la barbarie", como se ha
podido constatar asimismo en "la decapitación televisada de cautivos en Iraq".

De la mencionada "nueva agenda" se desprende un elemento inquietante
relativamente reciente: el uso de un neolenguaje que intenta "redefinir la
tortura para hacerla admisible". Es decir, al alud de críticas y denuncias por
la tortura de prisioneros en las cárceles de Abu Ghraib y Guantánamo, el
Gobierno de Washington -al que Khan acusó de "bancarrota moral" y de "falta de
liderazgo, de visión y de principios"- estaría legalizando la tortura mediante
nuevas definiciones: "manipulación sensorial", "posturas estresantes" o "presión
física moderada" encubren conceptos como no dejar dormir al prisionero,
mantenerlo encapuchado y de pie durante horas o días, o simplemente golpearlo.
Estas "técnicas de mejora de los interrogatorios", tienen su origen "en las
practicadas en el Ulster en los años setenta o en Israel en los noventa",
recordó ayer en la presentación del informe en Barcelona el presidente de
AI-Catalunya, Alfonso López. "El propio fiscal general, Alberto González -el
ministro de Justicia estadounidense-, ha hablado de presión medioambiental, y
este tipo de mensajes está calando en países como Pakis-tán o Egipto, adonde se
han trasladado presos de Guantánamo para ser interrogados". La prisión
estadounidense en la isla de Cuba, por cierto, es definida por Irene Khan como
"el gulag de nuestro tiempo".

Pero no todo fue negativo en el 2004. Amnistía destaca que
instancias judiciales en Gran Bretaña y EE.UU. pidieron el fin de los
encarcelamientos extrajudiciales. Los law lords -la alta instancia jurídica
británica- han declarado "ilegal y disciminatoria" la detención de extranjeros
sospechosos de terrorismo sin plazo, cargos ni proceso. Y en el haber de la
defensa de los derechos humanos hay que anotar también nuevas adhesiones al
Tribunal Penal Internacional y a la abolición de la pena de muerte, y avances
legislativos en Turquía y Marruecos.

LA VANGUARDIA DIGITAL
FÉLIX FLORES - 26/05/2005
BARCELONA

La Comisión Nacional Antiviolencia acordó proponer una multa de
10.000 euros y la prohibición de acCeder a los recintos deportivos durante cinco
meses a cada uno de los siete seguidores radicales del Atlético de Madrid que el
día 19 irrumpieron por la fuerza en el entrenamiento de la plantilla y
amenazaron a los jugadores.

La Comisión señala en su nota que los siete seguidores han sido ya
identificados por las fuerzas de seguridad y que el castigo se produce por
"derribar la valla del recinto donde se entrenaba el equipo e intimidar,
insultar y amenazar a los pofesionales". El club presentó la denuncia el
viernes, pero en ésta sólo se hace mención a los insultos ("mercenarios,
cabrones, no teneis huevos"), sin mencionar el derribo de la valla ni las
amenazas de muerte que recibió el entrenador de porteros, Miguel Bastón.

Según fuentes de la Guardia Civil de Majadahonda, "los demandados
soló podrán ser acusados de un delito de injurias leves, y tampoco está claro
que el juez admita el procedimiento porque la denuncia debería haber sido puesta
por los propios injuriados (jugadores y técnicos) y no a través de parte (el
club)".

El Atlético ha anunciado que expulsará del club a los causantes del
incidente y también, de paso, al presidente del grupo opositor Señales de Humo,
José Luis Sánchez Ayuso, al que acusa de un altercado en las inmediaciones del
palco del Calderón durante el último partido disputado, Atlético de
Madrid-Betis.

LA VANGUARDIA DIGITAL
CARLOS NOVO - 26/05/2005
MADRID

La Asamblea para la Regularación de Inmigrantes denunció un
"aumento de la presión policial" en Barcelona que "incluso" ha acabado con la
detención de inmigrantes con la solicitud de papeles en trámite, pero sin
certificado de empadronamiento. El 10 por ciento de las 7.000 empresas y
particulares de Cataluña investigados por la Inspección de Trabajo durante el
proceso extraordinario de regularización de inmigrantes habían presentado
solicitudes de normalización fraudulentas, según informó en un comunicado la
Delegación del Gobierno.

Un portavoz de la Asamblea, Jamal, criticó que "una cantidad
importante" de inmigrantes en esta situación han sido detenidos y trasladados al
centro de acogida de inmigrantes de la Verneda, donde muchos han recibido una
orden de expulsión.

Los representantes de la asociación, que impulsó los recientes
encierros de inmigrantes en Barcelona y su área metropolitana, pidieron a los
agentes que respeten el plazo de la totalidad del proceso de regularización, que
acabó el pasado 7 de mayo pero que hasta junio no hará público las solicitudes
aceptadas.

Por ello, denunciaron que esta "presión policial", además de
acabar con la expulsión de personas en trámite de regularización crea una
situación de "miedo" a los inmigrantes.

NUEVA ASOCIACIÓN PARA LA LUCHA DE LA INMIGRACIÓN.

Además anunciaron la creación de una nueva asociación que
constituya un "referente" en la lucha de la inmigración de forma "permanente" y
"autoorganizada" y que, de este modo, aglutine un "más amplio apoyo social".

Uno de los portavoces, Rocco Rossetti, señaló que la nueva
asamblea, "independiente" e "intercomunitaria", tendrá como objetivo "combatir
el racismo" y garantizar "todos los derechos de los inmigrantes", más allá del
de su regularización.

Así, señaló que el organismo se basará en la defensa
permanente de los "plenos derechos, sin limitaciones, de toda persona que viva y
que elija vivir en este país".

Además, la asamblea se propone aglutinar el máximo apoyo
social "para hacer posible un cambio sustancial de la política migratoria", en
el marco de la Ley de Extranjería, que "se basa en la expulsión", añadió.

CONTINUIDAD

De este modo, los miembros de la asociación darán
"continuidad" a la lucha de los encerrados, que en Barcelona superaron las 400
personas a principios de este mes, señalaron ambos representantes.

Actualmente, los organizadores trabajan en la elaboración de
las bases programáticas y el funcionamiento del nuevo ente, así como en las
nuevas manifestaciones y movilizaciones.

Los representantes cifraron en 300.000 personas, el número de
inmigrantes censados en Cataluña que no pudieron presentar su solicitud para
acogerse al reglamento. En el resto de España, la cifra es de 800.000 personas,
según la asamblea, que a su vez denunció una "manipulación" de los datos por
parte del Gobierno.

Por ello, los portavoces se preguntaron por el futuro de los
"centenares de miles" de inmigrantes que no serán regularizados y por los
"centenares de miles" de personas que han legalizado su situación como empleados
del hogar --el 62% en Cataluña-- a cambio de pagarse la Seguridad Social cuando
se incorporen a otra rama de trabajo.

Con respecto a este último colectivo, los portavoces de esta
plataforma trasladaron su preocupación por "la falta de concreción" de la Ley de
Extranjería, que "no explica qué va a pasar con un inmigrante que se incorpore a
otra rama de trabajo".

En adelante, la ley prevé como requisitos para la obtención de
papeles el arraigo laboral de dos años y la demostración a través de una
sentencia judicial o acta de inspección de llevar en España más de un año.

También contempla como alternativa el arraigo social, que
exige tres años de estancia en el país, además de contrato de trabajo,
relaciones familiares o certificado de arraigo social.

Madridpress.com

Respondió así en el pleno del Congreso a la diputada del PP
Ángeles Muñoz, quien se mostró convencida de que no se ha cumplido "ninguno de
los objetivos" del proceso y preguntó al ministro cómo va a cumplir el Gobierno
su compromiso de acabar con la irregularidad y las mafias.

Alonso aseguró que su departamento no se dedica a "especular
con cifras" sino a combatir "con toda determinación" la inmigración irregular.

Según explicó, entre enero y abril han sido interceptadas ante
las costas españolas 2.726 personas en patera, una tendencia a la baja
especialmente clara en Canarias, donde supone un 49% menos que el año anterior;
en la frontera con Francia se ha devuelto a 31.126 extranjeros durante el
proceso; y en Barajas se ha rechazado a 2.206 inmigrantes en ese periodo, un 28%
más que en 2004.

Estos datos demuestran la "máxima eficacia policial" y que los
sistemas de control están funcionando "correctamente", destacó Alonso tras
subrayar que se están potenciando todos los dispositivos en frontera.

Además de incrementar los controles en la frontera Norte -La
Junquera, Port Bou, Canfranc e Irún- y en el aeropuerto de Barajas, recordó que
el sistema integrado de vigilancia exterior (SIVE) se desplegará definitivamente
en 2006 tanto en la Península como en Canarias.

El titular de Interior subrayó que la política de inmigración
española "es coherente con el bloque comunitario: asumimos a los inmigrantes a
los que podemos dar trabajo porque son los inmigrantes a los que podemos
integrar en nuestra sociedad".

Sin embargo, la portavoz del PP insistió en la necesidad de
saber cuántos inmigrantes han entrado de forma irregular durante el proceso de
regularización porque, dijo, según la presidenta del Instituto Nacional de
Estadística, el 1 de enero había 3,7 millones de extranjeros y "a fecha de hoy
hay más de cuatro millones".

Alonso avaló los "cálculos de Estadística", pero consideró que
la interpretación que la diputada hacía de ellos era "mala, pues no sabe si está
hablando de extranjeros que han entrado o de gente que ya estaba y que ha
aflorado" apuntándose al padrón.

Alonso asegura que su departamento no se dedica a "especular
con cifras" sino a combatir "con toda determinación" la inmigración irregular

Hasta abril han sido interceptadas ante las costas 2.726
personas, una tendencia a la baja especialmente clara en Canarias, donde supone
un 49% menos

Canarias Ahora .com
EFE. Madrid

La Guardia Civil de Huelva detuvo el pasado lunes a cinco responsables de la ONG Huelva Solidaria, entre los que se encontraba su presidente, Manuel Rodríguez, acusados todos de un delito contra las administraciones públicas y otro de estafa continuada a unos 40.000 inmigrantes socios de la organización, a los que realizaban trámites administrativos que son gratuitos a cambio de dinero.
La operación, denominada Comuna, se inició hace un
año a raíz de las denuncias presentadas por algunos de estos socios, de origen
extranjero, en las que manifestaban haber sido estafados por Huelva Solidaria,
que les cobraba ciertas cantidades de dinero por trámites administrativos que en
realidad eran gratuitos y que en ocasiones no llegaban ni siquiera a realizarse.
Debido al gran número de personas que han podido ser estafadas, hasta más de
40.000, la Guardia Civil ha instado a aquellos inmigrantes que se sientan
damnificados a que presenten denuncia.

Las investigaciones siguen abiertas, por lo que no
se descartan nuevas detenciones, al tiempo que ya se han instruido las
correspondientes diligencias. Tras la aglomeración de denuncias del mismo tipo,
según aseguraron fuentes de la Subdelegación del Gobierno, los agentes
realizaron un registro por orden judicial en la sede de Huelva Solidaria donde,
además de practicar las cinco detenciones, se incautaron de diversos documentos
y de un ordenador para proseguir la investigación.

Los detenidos, tras prestar declaración ante la
Guardia Civil, quedaron en libertad a la espera de que el juzgado que instruye
el caso les cite si lo considera oportuno. De hecho, Manuel Rodríguez, el
presidente de la ONG, se encontraba ayer en la sede de Huelva Solidaria, donde
seguían acercándose inmigrantes para realizar algún tipo de gestión.

Huelva Solidaria está bajo sospecha de
irregularidades desde hace tiempo. Tres integrantes de la ONG -entre ellos su
presidente, junto con dos ex colaboradores- ya estaban siendo investigados por
el Juzgado de Instrucción número 3 de Huelva, antes de que se ejecutasen estas
detenciones, por otro presunto delito de estafa a inmigrantes de hasta 1.500
euros en concepto de viajes que nunca se realizaron. Fuentes cercanas al caso
indicaron que el Juzgado de Instrucción número 3 de Huelva se encuentra en este
momento a la espera de localizar a dos de los imputados por el anterior caso,
que se encuentran en paradero desconocido y que deben ser juzgados, junto a
Rodríguez, por un delito de estafa a inmigrantes.

Las mismas fuentes explicaron que las diligencias
están "estancadas" desde hace meses. Los dos imputados desaparecidos por la
justicia, ex colaboradores de Huelva Solidaria, son Carmen Mihaela y Ludwig
Suárez. Según aseguró hace unas semanas el presidente de la organización, "se
encuentran en Constanza (Rumanía) y en Bogotá (Colombia).

El juzgado onubense investiga también si, como
aseguran algunos inmigrantes, Huelva Solidaria cobraba además por tramitar
solicitudes de regularización que no cumplían ninguno de los requisitos
exigidos. La ONG cobra a los inmigrantes una cuota mensual de 60 euros "sólo por
pertenecer a la asociación", además de 10 para la inscripción por persona, cinco
euros para la tarjeta de socio y otros cinco para la copia de estatutos, reglas
y normas sociales, según consta en la Tabla de Cuotas Sociales de la ONG para
2005.

Según consta en este documento, los servicios de
traductores de Huelva Solidaria cobran 20 euros por traducir una página en
lenguas románicas, germánicas, anglosajonas y alfabeto latino; y hasta 30 euros
si son lenguas árabes, eslavas o alfabetos no latinos.

Además, la ONG cuenta con un archivo de documentos
de socios, de los cuales obtiene un euro al mes por cada documento custodiado.
Desde Huelva Solidaria se calcula que "en estos momentos tiene que haber un
mínimo de 7.500 expedientes personales de socios y usuarios y unos 20.000
documentos generales", de los cuales se obtiene un euro por mes y documento.
Asimismo, en la sede de la ONG se dispone de cinco cabinas personales para que
los socios puedan hablar y relacionarse de forma económica con sus gentes,
amigos y resuelvan sus problemas a distancia, de los cuales también se obtiene
beneficio.

Asimismo, la ONG dispone de salón social, que
según se explica en sus estatutos, "viene a ser un lugar donde se darán comidas
económicas para gentes migrantes y extranjeras, de estancia lúdica y de
reuniones y celebraciones festivas y personales".

Además, se indica que la cuota de gestión es una
cuota obligatoria que debe cumplirse expresamente por parte del asociado.
"Aquellos socios que no paguen la cuota de socio que le corresponda, la
asociación puede reclamar a través de los procedimientos estatutarios y los
legales españoles los importes debidos, incrementados con los gastos e intereses
correspondientes de acuerdo a la inflación económica que fije oficialmente la
autoridad gubernativa". En el documento, se consideran como "cuotas voluntarias
las que suscriba el asociado cada año en el mes de enero" y se consideran cuotas
obligatorias "las que se aportan para encomendar las gestiones no propias de la
ONG".
Diario de Cádiz
REDACCIÓN
huelva.

El alcalde de El Ejido (Almería), Juan Enciso, afirmó ayer que tras la reunión mantenida en la noche del martes "se da el primer paso para la creación de un nuevo partido, cuyo nombre se consensuará entre todos" y descartó la posibilidad de que éste se integre en el Grupo Independiente por Almería (GIAL) porque "no buscamos alianzas con GIAL y, mucho menos, con el PSOE".
Enciso insistió en que está dando los pasos
necesarios para crear un nuevo partido porque "para mí el PP ya es pasado porque
no es razonable cómo se han hecho las cosas, a pesar de lo mucho que he
trabajado por el partido".

Además, anunció que enviará una carta a los
militantes ejidenses del PP en la que indicará la decisión que ha tomado y los
motivos de la misma y en la que explicó que les invitará "a que nos sigan", ya
que "que es un honor el que me han dicho que están conmigo".

Enciso no se atrevió a dar cifras del número de
posibles bajas de militantes del PP ejidense hasta el momento y sólo ratificó
las de los 17 concejales, incluido él mismo, con los que contaba el PP en el
Ayuntamiento. De todos modos, apuntó que irá dando a conocer la cifra de
personas que decidan darse de baja en el PP y unirse a su proyecto.

También durante el día de ayer, los alcaldes de
las localidades almerienses de Dalías y Tabernas, Jerónimo Robles y Rafael
Valls, anunciaron sus respectivas bajas en el Partido Popular junto a varios de
sus concejales.

Diario de Cádiz
EUROPA PRESS
Almería.

Trabajaban de sol a sol y cobraban salarios ridículos. La Guardia
Civil ha logrado detener en Huelva a dos empresarios que se aprovechaban de la
situación irregular de 21 inmigrantes africanos para tratarlos como esclavos en
una explotación agrícola.

Los detenidos son J.B.V, de 48 años y vecino de El Portil y una
mujer, M.M.G., de 32 años de edad y nacionalidad colombiana. Él es el accionista
mayoritario de la empresa intervenida y ella la administradora de la compañía. A
ambos se les acusa de un delito contra el derecho de los trabajadores y ayer
estaba previsto que quedaran en libertad con cargos.

Según el portavoz de la Benemérita en Huelva, Antonio Castilla, los
inmigrantes no sólo no estaban dados de alta en la Seguridad Social sino que les
obligaban a trabajar en condiciones infrahumanas, con sueldos mínimos y horarios
excesivos.

Los responsables de la empresa retenían la documentación de los 21
inmigrantes bajo la falsa promesa de que le tramitarían su regularización en
España, mientras tanto, ellos debían trabajar en una situación precaria.

La investigación se inició una vez que la Guardia Civil de Moguer
averiguó que algo irregular estaba ocurriendo en la empresa ubicada en
Gibraleón, las informaciones a la que tuvieron acceso les hacían sospechar sobre
un posible caso de explotación a diversas personas de origen extranjero.

Condiciones lamentables

Ante las evidencias abrieron una investigación, primero localizaron
la ubicación de la empresa olontense y certificaron, tras contactar con cuatro
de los afectados, tres senegaleses y uno procedente de Ghana, que todas las
sospechas eran fundadas. Los propios agentes que intervinieron en la operación
comprobaron que los inmigrantes trabajaban de forma clandestina y en unas
condiciones lamentables.

Ante la gravedad de los hechos, el pasado martes 24 de mayo, la
Guardia Civil informó a Inspección de Trabajo del Ministerio que procedió a
efectuar una supervisión de la empresa, momento en el que localizaron a los 21
inmigrantes y procedieron a la detención del principal accionista y de la
administradora de la compañía.

La Policía Judicial de Moguer ha instruido las correspondientes
diligencias que, junto a los detenidos, han sido puestas a disposición del
Juzgado de Instrucción número 4 de Huelva.

La presidenta de Huelva Acoge, María Luisa Vélez, abogó ayer por
aumentar el número de inspecciones de trabajo, para evitar que se produzcan
situaciones de explotación y maltrato a inmigrantes, como el producido
presuntamente en esta finca de Gibraleón.

En declaraciones a Europa Press, Vélez consideró que este tipo de
actuaciones hay que perseguirlas y por ello indicó que después de un proceso en
el que se han podido normalizar a todos los inmigrantes que se encontraban en
situación irregular, no vale continuar con esta problemática, por lo que incidió
en la necesidad de aumentar el control sobre estas explotaciones.

Diario SUR Digital

Un hombre de origen magrebí murió ayer por disparos efectuados desde
un turismo en la ciudad francesa de Perpiñán, en lo que representa un importante
salto cualitativo en la escalada de violencia y tensión que se vive en esta
localidad desde el pasado 22 de mayo, cuando un joven argelino fue asesinado a
golpes en plena calle por un grupo de gitanos. Un testigo afirmó ayer que la
víctima había recibido cuatro impactos de bala, uno de ellos en la cabeza.

Poco después, otros tres magrebíes resultaron heridos leves en la
plaza de Cassanyes, muy cerca del lugar donde fue asesinado a golpes el joven
argelino Mohamed Bey-Bachir, según informaron fuentes policiales, en lo que fue
el comienzo de violentos enfrentamientos entre magrebíes y gitanos que afectaron
a todo el centro de la ciudad.

Al cierre de esta edición, esa zona ofrecía un aspecto caótico con
coches quemados, contenedores volcados, mobiliario urbano destrozado, cristales
rotos. Mientras cientos de policías, gendarnes, antidisturbios y miembros de las
CRS intentaban controlar la situación. Los dos grupos enfrentados parecen estar
armados y se oían disparos mientras se lanzaban cócteles molotov. La zona estaba
completamente acordonada por más de 400 policías que practicaron un número
indeterminado de detenciones, mientras que otra compañía de gendarmes estaba en
camino desde Nîmes.

El prefecto de la ciudad, Thierry Lataste, convocó anoche un
gabinete de crisis con presencia del fiscal, de la alcaldía, de los cuerpos de
seguridad y de los bomberos.

Desde que el día 22 de mayo fue asesinado un argelino han sido
numerosos los incidentes producidos en la zona entre gitanos y magrebíes.
Parecen diluirse así los esfuerzos realizados por las autoridades para recuperar
el clima de convivencia en la ciudad, donde habitan unos 12.000 magrebíes y en
torno a 8.000 gitanos.

Las protestas y manifestaciones no han cesado desde el asesinato de
Bey-Bachir, a pesar de que la policía francesa ha detenido a tres gitanos a
quienes acusa de ser autores materiales del asesinato. Según la información
facilitada por la propia policía, los tres arrestados han confesado su
participación en la paliza brutal que acabó con la vida del joven magrebí.

El suceso provocó un verdadero clima de odio racial entre ambas
comunidades debido a las circunstancias en que se produjo el linchamiento y
asesinato del argelino. Los magrebíes acusan al alcalde, el conservador
Jean-Paul Alduy, de proteger a los gitanos porque cuenta con sus votos en las
municipales.

LA VANGUARDIA DIGITAL
TONI SANDOVAL - 30/05/2005
Enviado especial. PERPIÑÁN

La plaza más ruidosa de Catalunya fue la plaza más silenciosa. Allí
donde debían estallar los petardos y sonar los tambores y las grallas de la
Patum hubo un silencio que sólo quebraron las campanadas del reloj y los
aplausos finales de los manifestantes desconsolados. Berga era ayer un funeral
adelantado. Como lo será hoy, cuando se congreguen todos los grupos de
patumaires menos uno, el de los más jóvenes. Aquél donde falta para siempre
Josep Maria Isanta. La cabeza de la bestia a la que daba vida quedará en el
suelo, vacía, sin nadie que le dé alma.

Berga no era ayer aquel pueblo tranquilo y alegre que conocimos y
que con la construcción y la carretera se han convertido en una pequeña ciudad
de más de 15.000 habitantes. La bandera del Ayuntamiento estaba a media asta con
un crespón negro. En las paredes y en los escaparates otros lazos negros daban
fe de la tragedia. Toda la vida pendientes de las fiestas de la Patum y la
fiesta estaba suspendida. La gente, demudada, comentaba los detalles de una
reyerta que se llevó la vida de un joven de 22 años. Había mucho dolor en los
rostros.Ymás dolor que sorpresa cuando se supo quiénes eran algunos de los
detenidos. "Gente conflictiva, con antecedentes penales, que llegaron de fuera
expulsados de otro pueblo cercano donde nadie los quería", comentaban.

"La personas que cometieron las agresiones eran chicos que no se
pueden juzgar en función de su origen, sino en función de sus actos", afirmaba
un papel que se repartió durante la manifestación silenciosa. "No podemos caer
en provocaciones xenófobas que no harían más que enmascarar un problema social y
colectivo, porque todas y todos somos víctimas de esos extremismos", añadía. La
indignación contenida apuntaba hacia una crónica de una desgracia anunciada. "La
actuación de los mossos d´esquadra ha sido de una incompeten-cia considerable,
teniendo en cuenta que se les avisó bastante rato antes, como lo constata que
las ambulancias llegaron antes." Al parecer, la bronca estaba cantada. Algunos
testigos vieron relucir navajas, el alcohol y las drogas hacía tiempo que
manaban.

"Los protocolos de actuación de los mossos no funcionan", decía el
papel repartido en una villa donde todos conocen a los mossos y ellos los
conocen a todos. Lo que muchos desconocen es que los nuevos protocolos
policiales desaconsejan intervenir en multitudes para que no se considere una
provocación y sea peor el remedio que la enfermedad. "Parecido a lo que sucedió
en Barcelona durante los festejos del Barça", nos confirmó una fuente policial
disconforme con los nuevos protocolos policiales. Pero ayer la gente de Berga no
estaba para otros protocolos que no fuesen el de expresar el pésame y la
solidaridad a la familia de la víctima. Y con su compañera, que ya no le verá
jamás en la masía donde vivían. En el paseo donde tuvieron lugar el concierto y
los navajazos, grupos de jóvenes estaban tristes y rotos. De tarde, los
comercios cerraron. De noche, la feria abrió sus luces y los feriantes sus
tómbolas y sus tenderetes de comida. Pero acordaron no poner música. Nada tan
triste como una feria sin música, como una fiesta teñida de luto. Como la cabeza
de una fiera de la Patum, sola, vacía y sin aquel joven que le daba fuego, baile
y vida.

LA VANGUARDIA DIGITAL
JOAQUIM ROGLAN

Indignados, impotentes y desolados. Todos estos sentimientos se
entremezclan ahora mismo entre los patumaires de Berga después de haber perdido,
en plena celebración de su gran fiesta, a uno de sus miembros. Indignados porque
no les cabe en la cabeza que la vida de Josep Maria Isanta, un joven de carácter
tranquilo y poco dado a los problemas, haya tenido un final tan trágico.
Impotentes porque algunos aseguran que la muerte de Isanta era como una crónica
anunciada, pues son muchos los vecinos que piensan que hace ya meses que alguien
habría tenido que parar los pies a algunas de las personas que ahora están
detenidas por su supuesta implicación en este crimen. Y desolados, porque los
amigos y familiares de Josep Maria saben que nadie puede ya devolverle la vida a
pesar de que su muerte parezca tan absurda y fruto de una violencia gratuita sin
ningún sentido.

Josep Maria Isanta no vivía en Berga. Residía con su compañera
sentimental en una casa de payés en las afueras de esta ciudad, de 16.500
habitantes. "A él le gustaba el aire libre, vivir en el campo", afirma un
veterano patumaire que le enseñó a bailar cuando era pequeño. Llevaba en el
corazón la Patum (su misma madre y otros familiares son también patumaires)y
estos días solía pasarlos en Berga, a pesar de no ser muy amante de las
aglomeraciones humanas. "Los conciertos también le gustaban y por eso salió la
noche del viernes", explica el mismo hombre.

Si hay alguna cosa en la que coinciden quienes le conocían es en
"las muchas ganas de vivir la vida que tenía". La gente más cercana a él asegura
que no tenía ninguna relación con las personas que ahora están acusadas de
haberle causado la muerte. "Podía conocerles de vista, pero nada más que eso",
señalan desde el entorno del joven. De ahí que la versión de que Josep Maria
intentara poner paz en una pelea o salir en defensa de su hermano, que salió
contusionado en la trifulca, sea la hipótesis más creíble a la hora de explicar
qué empujó al joven a enfrentarse con ese grupo de personas violentas. "Con
éstos, mejor ser amigos que tenerlos en tu contra", afirma, por su parte, un
joven de poco más de veinte años al referirse a alguna de las personas detenidas
por los Mossos como presuntos autores de este asesinato.

Otra prueba de que Josep Maria no era una persona agresiva sería,
según han explicado algunos testigos de la batalla campal, su reacción al darse
cuenta de que no podía convencer a sus adversarios para que abandonaran la
violencia.

"Él huyó del lugar, se marchó al ver que no podía hacer nada y fue
entonces cuando los otros fueron a buscarle y le mataron", insiste el veterano
patumaire.

Cuando llegaron los Mossos al lugar ya había ocurrido prácticamente
todo. La consellera Tura explicó que las primeras detenciones se practicaron en
el mismo lugar donde se celebraba el concierto. "Allí se arrestó a los que
intentaron huir o mostraron alguna actitud sospechosa", informó Tura. A lo largo
de toda la madrugada -en la que media Berga no parece haber dormido- se practicó
el resto de las detenciones. "En estos casos ha sido determinante la
colaboración de testigos que nos han ayudado a identificar a algunos de los
sospechosos", añade la consellera de Interior.

Tura pidió, asimismo, ayuda a todos aquellos que puedan aportar
detalles de lo ocurrido durante esa batalla campal, consciente de lo difícil que
puede resultar ahora determinar quién es el autor material de las puñaladas si
no hay huellas en la navaja hallada en el escenario del crimen o algún testigo
que haya visto la agresión. Los patumaires también han pedido, por su parte,
calma a la población y un voto de confianza a las investigaciones de los Mossos
antes de criminalizar a nadie o buscar la venganza.

Y mientras se hacían estos llamamientos, algunos ya anunciaban que
la Patum vivirá hoy, domingo, una de sus jornadas más emotivas. Se espera que el
cap de la colla de la comparsa de Josep Maria salga al centro de la plaza,
aunque el grupo no baile, en recuerdo del joven.

LA VANGUARDIA DIGITAL
JAVIER RICOU - 29/05/2005
Berga

La comparsa Nans Nous no saldrá a bailar hoy en la Patum de Berga al
faltarle uno de sus miembros, Josep Maria Isanta Caselles, de 22 años. Tres
certeras puñaladas acabaron, la madrugada del sábado, con la vida de este joven
cuyo único delito habría sido, según las primeras hipótesis, salir en defensa de
su hermano, que se había visto implicado en una multitudinaria pelea. Otras dos
personas resultaron también heridas con arma blanca. Los Mossos han detenido a
un total de 19 jóvenes, de entre 13 y 33 años, por su implicación en la pelea.
Todo esto ocurría a la 1 de la madrugada en la avenida del Canal Industrial,
donde estaba programado un concierto de rock.

"Le siguieron y no pararon hasta que le asesinaron", explica
indignado un patumaire de Berga que pide que no se revele su identidad. "Josep
Maria no se había metido con nadie y lo único que hizo fue salir en defensa de
su hermano pequeño cuando vio que estaba siendo agredido por un grupo de
personas", continúa explicando a este diario este mismo hombre.

La consellera de Interior, Montserrat Tura, no quiso dar muchos más
detalles de lo ocurrido amparándose en el secreto de sumario decretado por el
juez, pero sí que se esforzó, al igual que hizo el alcalde de Berga, Ramon
Camps, en descartar que esta batalla campal teñida de sangre tuviera su origen
en móviles racistas o rencillas entre jóvenes independentistas y españolistas.

Tura y Camps hicieron estas afirmaciones después de que durante toda
la mañana corrieran diferentes versiones que buscaban una explicación a esta
muerte.Yes que a la familia, amigos y conocidos de Isanta -al joven le solían
llamar por su apellido- les indigna aún mucho más que Josep Maria fuera
simplemente una víctima de un conato de violencia gratuita y el hecho de que su
muerte sea sólo fruto del azar. Igual que le tocó a él, podría haberle ocurrido
a cualquiera de los otros cientos de jóvenes que acudieron a ese concierto.

Y si la muerte de este joven dejó conmocionada a toda Berga, la
noticia de la detención de los sospechosos no parece que haya causado sorpresa a
casi nadie. Los 19 jóvenes detenidos por los Mossos (un menor de 14 años fue
dejado en custodia a

sus padres) son conocidos en la población por otros hechos violentos
y pequeños delitos, tal como confirmó el propio alcalde. Ocho son de
nacionalidad española y el resto, marroquíes, polacos, dominicanos y
ecuatorianos. Nueve de los arrestados tienen antecedentes y la consellera Tura
espera que entre ellos esté el autor material de la muerte.

Uno de los protagonistas de la agresión sería un joven de La Pobla
de Lillet, de 33 años, que, acompañado de una docena de amigos, buscaba al
parecer pelea por los alrededores del concierto. Este joven habría sido detenido
el jueves al pesar sobre él una orden de búsqueda dictada por un juez de Cádiz
por narcotráfico, aunque fue inmediatamente puesto en libertad. Grupos
independentistas dijeron ayer que este joven es, como otros de los agresores, de
tendencia ultraderechista y anticatalana, extremo que no confirmaron ayer
fuentes cercanas a la investigación.

Al parecer, la pelea había subido de tono por el estado de
excitación por el alcohol y otras sustancias por algunos de los jóvenes
implicados. Muy cerca del escenario del crimen los agentes hallaron, con restos
de sangre, una navaja modelo mariposa.

Anoche, el ayuntamiento hizo público un comunicado negando que la
muerte del joven fuese un acto de motivación política o racista. "Los hechos no
tienen nada que ver con ningún brote racista, nacionalista o independentista",
decía la nota. La consellera Tura hizo un llamamiento a la población para que
mantuviera la calma y confiara en el trabajo policial y judicial. Sin embargo,
vecinos de Berga no están nada contentos con la respuesta de los Mossos y la
Policía Local.

LA VANGUARDIA DIGITAL
JAVIER RICOU - 29/05/2005
BERGA

Los Mossos no descartan que pueda haber más de un agresor que
utilizó armas blancas en la pelea campal en la que fue asesinado Josep Maria
Isanta, tras haberse hallado dos navajas. Una de estas armas, modelo mariposa,
tenía restos de sangre y fue encontrada debajo de un coche cerca del escenario
del crimen, mientras que el segundo cuchillo lo llevaba encima uno de los
arrestados. El examen de las heridas que presentaban tanto el fallecido como las
otras tres personas con lesiones de arma blanca podría ayudar a identificar el
tipo de navaja utilizada en las diferentes agresiones, tal y como indicaron ayer
fuentes cercanas al caso.

Los once detenidos que son mayores de edad continuaban ayer en las
dependencias de la comisaría de Berga y está previsto que empiecen a pasar ya a
disposición judicial. Los siete que son menores (un octavo que tenía tan sólo 13
años ya fue entregado en custodia a sus padres) fueron puestos, por su parte, a
disposición de la fiscalía de Menores la madrugada de ayer al no permitir la ley
tenerlos detenidos en dependencias policiales más de 24 horas. Uno de estos
menores, una chica, quedó en libertad al no haber pruebas contra ella.

La difícil misión de los investigadores es determinar ahora el grado
de participación que tuvieron cada uno de estos sospechosos en la batalla campal
que acabó con un muerto, tres heridos de arma blanca y varios contusionados.
Grupos independentistas, que eran los que habían organizado el concierto donde
ocurrieron los hechos, señalan a un hombre de 33 años -el de más edad de los
arrestados- y que se llama Santiago como principal instigador de la pelea. Esta
versión parece coincidir con la que tendrían los Mossos, que tras haber
interrogado a decenas de testigos de esta pelea, al parecer han identificado a
esta persona como uno de los líderes del grupo, aunque parecer ser que ningún
testigo lo vio con una navaja en la mano. El presuntor autor material podría ser
identificado en breve.

De las provocaciones se pasó a la pelea cuando el grupo se encaró,
según indicaron ayer fuentes cercanas al caso, con el hermano menor de Josep
Maria Isanta. Este último salió al parecer en su defensa y con la intención de
poner paz, pero abandonó el lugar al ser amenazado y comprobar que la situación
estaba ya fuera de control. Amigos de Isanta aseguran que varias personas le
siguieron hasta darle muerte.

A la lógica indignación por una muerte tan absurda y fruto de lo que
parece ser una violencia gratuita se añade, en este caso, una circunstancia que
ha enervado mucho más el ánimo de los vecinos de lo que sería normal tras un
crimen de estas características. El hecho de que los sospechosos de este
asesinato tengan, en su mayoría, antecedentes, y sean ya conocidos en la
población por otros hechos violentos, ha crispado los ánimos hasta tal punto que
ayer se recogían ya firmas para exigir la expulsión de estas personas una vez se
aclaren los hechos. La madre de algunos de los detenidos afirmó, por su parte,
que sus hijos no han hecho nada y que deberán probar que son asesinos.

LA VANGUARDIA DIGITAL
JAVIER RICOU - 30/05/2005
BERGA

El único Nan Nou que salió ayer a la plaza de Sant Pere de Berga en
la Patum de Lluïment no pudo dar ni un solo paso, pues le faltaba el cuerpo que
le da vida. Los compañeros de comparsa de Josep Maria Isanta, asesinado la
madrugada del sábado en plena fiesta patumaire, rindieron un emotivo homenaje al
joven al sacar a la plaza el capgròs y el vestido que habría tenido que llevar
ayer el joven.

El multitudinario acto en recuerdo de Josep Maria Isanta puso fin a
una mañana de Patum que no tiene antecedentes en la historia de esta centenaria
fiesta. Ayer apenas se bailó en la plaza de Sant Pere, pero sí que hubo mucha
emoción contenida y, en algún momento, rabia desbordada. Y es que la población
de Berga opina, en su mayoría, que esta muerte habría podido evitarse. Toda esa
indignación tuvo su manifestación más sonora cuando apareció en esa plaza donde
tenía que bailar ayer Josep Maria Isanta el president de la Generalitat, Pasqual
Maragall.

Los momentos de mayor tensión se vivieron en el corto trayecto que
separa la iglesia de Sant Pere del Ayuntamiento de Berga. Cuando el president
salió de misa, acompañado por las autoridades locales y el conseller de
Justícia, Josep Maria Vallès, un grupo de jóvenes intentó acercarse a él con una
pancarta en la que podía leerse: Mossos, ¿dónde estabais? Un corto mensaje que
resume la versión que dan de lo ocurrido los amigos de Isanta. Éstos acusan a la
policía autonómica de haber tardado media hora en acudir al lugar donde se
produjo la madrugada del sábado la batalla campal que costó la vida a este
joven, hecho que niegan los Mossos.

Una vez que Pasqual Maragall y las autoridades ocuparon el balcón
del Ayuntamiento que da a la plaza -momento en el que volvieron a escucharse los
gritos y silbidos- empezó la fiesta. Las comparsas salieron a un escenario más
abarrotado que nunca y el recuerdo de Josep Maria Isanta estuvo presente en
todas las actuaciones.

Las guites, una especie de dragones que escupen fuego, se salieron
de su tradicional programa para acercarse hasta la pared en la que estaban las
pancartas que denuncian esta absurda muerte y allí movieron, una y otra vez, la
cabeza para expresar su repulsa a lo ocurrido. El águila, que siempre que sale
saluda a las autoridades y a la banda de música, añadió en esta ocasión un
saludo al público, lo que se interpretó como un gesto de solidaridad y
consternación por este crimen que ha roto totalmente la popular fiesta de Berga.
Algunas fuentes indicaron que esta águila había obviado el saludo al palco en el
que estaban Maragall y las autoridades locales, aunque diversos patumaires
aseguraron más tarde que, al final, el ave sí que cumplió con esta tradición.

Los Nans Nous, la comparsa a la que pertenecía Josep Maria Isanta,
debían ser los últimos en actuar, después de los gigantes. Y cuando éstos
acabaron su representación, ocurrió algo jamás visto en la plaza de Sant Pere.
El capgròs y el vestido que debía llevar Josep Maria fueron trasladados hasta el
mismo centro de la plaza por sus compañeros de comparsa. El silencio fue
absoluto durante casi diez minutos y muchos de los amigos de Isanta no pudieron
evitar las lágrimas. Un prolongado aplauso puso fin al homenaje y los Nans Nous,
que ni tan siquiera se vistieron, llevaron de nuevo el capgròs y el traje de
Isanta al Ayuntamiento.

"Queremos ser un pueblo con una sola voz que rechaza la violencia",
se escuchó por los altavoces de la plaza mientras duró este homenaje. "Esta
Patum es para ti", fue otra de las frases que emocionaron al público congregado
en la fiesta matinal, donde también se invocó "la paz, la concordia y el
respeto".

Poco a poco, la plaza de Sant Pere se fue vaciando tras el emotivo
acto, aunque no todos abandonaron el lugar. Un reducido grupo de jóvenes no se
marchó de la plaza hasta que Pasqual Maragall abandonó el Ayuntamiento. El
president volvió a escuchar, entre otros gritos, frases que exigían justicia y
que criticaban la actuación de los Mossos.

Maragall tuvo un fugaz encuentro con los periodistas antes de
abandonar el consistorio. Tras advertir que no iba a contestar ninguna pregunta
quiso dejar claro en su breve intervención que "todo el mundo ha podido expresar
en esta Patum su solidaridad con la familia de Josep Maria Isanta y también su
indignación" por esta muerte. El president dijo que toda Catalunya "está hoy de
luto" e informó de que había tenido un breve encuentro con los compañeros de la
comparsa de Isanta para expresarles su dolor por esta pérdida.

LA VANGUARDIA DIGITAL
JAVIER RICOU - 30/05/2005
BERGA

El buen tiempo incentiva los viajes en barco de inmigrantes
indocumentados desde el norte de África hacia las islas del sur de Italia, pero
el calor no siempre es garantía de buena mar, y acaba teniendo consecuencias
trágicas. Una barca con al menos 27 inmigrantes naufragó en la tarde del martes
a unas 60 millas del litoral libio, de donde casi seguro había zarpado. La volcó
una ola grande, ante la mirada de dos pesqueros sicilianos, que fueron en su
ayuda. Uno de ellos, el Tirana, rescató con vida a once personas; el otro, el
Elios,logró sacar del agua dos cadáveres. Al cierre de esta edición, es decir,
más de 24 horas después del naufragio, había aún catorce desaparecidos. Según lo
narrado por los once supervivientes y por las tripulaciones de los pesqueros, la
barca medía unos cinco metros de eslora, y volcó debido a una gran ola, a pesar
de que, en ese momento, el mar no estaba especialmente picado. "Los vimos de
lejos, iban en un cascarón, incluso nos saludaron con la mano, y luego llegó la
ola y fue el fin", explicó a Efe Giuseppe Asaro, capitán del Tirana.No consta
que hubiera mujeres o niños a bordo; eran todos hombres. Los dos rescatados son
de dos jóvenes africanos de apenas veinte años, según informó por radio el
Elios.

Aunque las aguas donde se produjo el naufragio caen bajo control
libio, un helicóptero y una patrullera de la Marina italiana están rastreando en
busca de los inmigrantes desaparecidos. También se ha cursado aviso a las
autoridades libias, que mantienen contacto habitual con el Ministerio del
Interior italiano en cuestiones de inmigración clandestina. A la isla de
Lampedusa, junto a la de Sicilia, arriban barcos de inmigrantes magrebíes y
subsaharianos que suelen embarcarse en Libia. Su presidente, Muammar El Gaddafi,
pactó en su día con el primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, un puente
aéreo de repatriación de inmigrantes interceptados en Lampedusa, que eran
devueltos a Libia y de allí enviados en autocar a sus países de origen.

Cerca de Lampedusa
La barca naufragada estaba a unas 115 millas al sur de Lampedusa, a
cuyo centro de acogida de inmigrantes fueron llevados los supervivientes. Estas
instalaciones han recibido críticas por su supuesto mal funcionamiento, como
también las recibieron aquellos vuelos de vuelta a Libia.

LA VANGUARDIA DIGITAL
MARÍA-PAZ LÓPEZ - 26/05/2005
Corresponsal ROMA

La ciudad francesa de Perpiñán busca la manera de recuperar la calma
que estos días ha perdido. Una tranquilidad que se quebró después de que el
pasado domingo a mediodía un grupo de gitanos apaleara a un joven de origen
argelino, Mohamed Bey Bachir, hasta causarle la muerte, tras una discusión que
se inició en un aparcamiento. Tras la muerte se han producido brotes de
violencia, desórdenes y un enfrentamiento latente entre ambas comunidades.

Ayer, a primera hora de la tarde, entre 4.000 y 5.000 personas, en
su gran mayoría de origen magrebí, se manifestaron por la calles de Perpiñán
reclamando justicia por el asesinato de Bey Bachir y lanzando gritos contra el
alcalde de la ciudad y senador por la coalición conservadora UMP, Jean Paul
Alduy, al que acusan de favorecer al colectivo gitano "porque le vota". Al final
de la manifestación, tanto el alcalde como el portavoz del colectivo magrebí,
Mohammed Mouley, se mostraron esperanzados en poder conseguir que Perpiñán
vuelva a ser una ciudad tranquila lo más pronto posible.

Durante la marcha, que fue controlada en todo momento por un
contingente de cerca de un centenar de personas de la comunidad magrebí -que
ejerció las funciones de servicio de seguridad de la manifestación- y vigilada
atentamente por numerosos efectivos de las fuerzas de seguridad, se vivieron
momentos de gran tensión. El primero se produjo sobre las dos de la tarde, al
inicio de la protesta, cuando los familiares del fallecido se acercaron hasta el
lugar donde murió el joven -en el barrio de Saint Jacques, que es precisamente
donde reside la comunidad gitana- para depositar allí una placa en su memoria y
leer unos versículos coránicos.

El linchamiento y la muerte de Bey Bachir tuvo su origen en una
discusión con un joven gitano al que la víctima habría visto intentando robar un
coche cuando él aparcaba el suyo en el centro de la ciudad, tras lo que le
recriminó su actitud. Parece ser que, al volver, comprobó que le habían roto los
cristales de su coche, por lo que buscó al joven gitano y discutió con él. Éste,
por su parte, fue en busca de un grupo numeroso de amigos y, entre todos, se
enfrentaron y persiguieron a Bey Bachir hasta un bar situado en la calle Llucia,
en pleno barrio de Saint Jacques, donde el joven intentó buscar refugio.

Sin embargo, los perseguidores consiguieron que Bey Bachir saliera
de allí y, ya en plena calle y ante numerosos testigos que en aquel momento se
encontraban en el lugar, le apalearon brutalmente con barras de hierro, palos de
golf y otros objetos contundentes hasta que le provocaron la muerte. Por estos
hechos, la policía ha identificado y detenido a tres jóvenes gitanos. El fiscal
acusa a dos de ellos, G.C., de 20 años, y a un menor de 17, de asesinato en
banda organizada (por lo que pueden ser condenados a perpetuidad) y a otro de 15
años, de tentativa de robo. Según las autoridades francesas, los tres detenidos
habrían reconocido ya su participación en los hechos.

Desde entonces, grupos de magrebíes han salido cada noche a las
calles reclamando venganza y provocado altercados y disturbios. Desde el martes,
más de una decena de coches y diverso mobiliario urbano han sido pasto de las
llamas.

LA VANGUARDIA DIGITAL
ANTONI F. SANDOVAL - 29/05/2005
Perpiñán

Vuelve con fuerza el fenómeno de la llegada de menores a bordo de
las pateras. El giro dado por el Gobierno socialista, que no permite como el
anterior la devolución aMarruecos de menores de 18 años, ha propiciado el
rebrote de estas llegadas. En la última patera, interceptada el sábado en Motril
(Granada), viajaban 33 menores junto a 26 adultos. La Junta de Andalucía
pretende alcanzar próximamente un acuerdo con Marruecos para la creación de
centros de acogida gestionados por ONG en territorio marroquí. El anterior
Gobierno consiguió frenar la llegada de menores mediante el expeditivo sistema
de repatriar a los mayores de 16 años, lo que provocó una queja del Defensor del
Pueblo y la posterior anulación de esa práctica.

La Junta de Andalucía pretende conseguir un efecto similar mediante
la creación de centros de acogida en el país de origen, a los que enviaría a los
menores localizados a bordo de pateras, como fórmula de disuasión para los que
pretenden venir. Creen que así paliaría, por ejemplo, la saturación que
presentan ahora los centros de acogida de Granada. La consejería de Igualdad y
Bienestar Social ha convocado hoy una reunión para distribuir a los menores por
otras provincias andaluzas. Los mayores recursos para atender a los menores se
concentran en Cádiz, cuando de un tiempo a esta parte son las costas de Granada
las que asisten a la llegada de pateras con menores a bordo.

La consejera de Igualdad, Micaela Navarro, reconoce que cada vez
vienen menores magrebíes con edades más tempranas, algunos con cinco o seis
años. La razón es que, al contrario que los adultos, a los menores no se les
puede devolver automáticamente a Marruecos, salvo que pueda localizarse a sus
familiares. La consecuencia es que los menores quedan bajo la tutela de la
Junta, cuyos centros están ahora saturados. En el caso de Granada, la delegada
de la Junta, Teresa Jiménez, dijo ayer que se encuentran en una "situación
excepcional" por los recientes desembarcos de menores llegados en patera. En
esta provincia se han tenido que habilitar habitaciones y servicios extra.

Las 50 plazas para menores no acompañados con que cuenta Granada se
han vuelto insuficientes ante la llegada de pateras los últimos días. Para
atenderlos adecuadamente, los servicios sociales han recurrido a reservar plazas
en establecimientos. Se trata de chicos de entre doce y diecisiete años, aunque
hay uno que tiene cinco y otro seis años. La posibilidad de encontrar a sus
familiares son remotas y, en caso de lograrlo, lo habitual es que pongan todas
las trabas para recibir al menor de regreso.

LA VANGUARDIA DIGITAL
JOSÉ BEJARANO - 30/05/2005
SEVILLA

Decenas de musulmanes recordaron ayer en la plaza de la Vila de
Badalona que hace tres meses el Ayuntamiento clausuró la mezquita del barrio de
la Pau. Dijeron que el Consistorio no ha cumplido casi nada de lo acordado tras
el cierre. Y con música popular, dulces y té intentaron que el asunto no cayera
en el olvido, que es adonde se encamina. Cuentan con el apoyo de SOS Racisme;
ONG que entiende que, en la mayoría de los conflictos vecinales en torno a los
templos, los musulmanes siempre llevan las de perder porque no pueden votar.

El 23 de febrero la Guardia Urbana precintó el oratorio de la calle
Listz en respuesta a las protestas vecinales. El Ayuntamiento pretendía que las
dos comunidades musulmanas de la ciudad aceptaran instalarse en una única gran
mezquita a habilitar en una zona sin vecinos. Pero los responsables del segundo
oratorio no aceptaron la idea, que quedó suspendida. Además, el propietario de
la nave donde supuestamente debería abrirse la gran mezquita dijo que nunca
había hablado con el Ayuntamiento del tema. A principios de abril el Consistorio
reconoció que todo estaba "en un punto muerto".

"Tenían que ayudarnos a encontrar un local provisional mientras se
preparaba el gran oratorio -dijo el portavoz de los usuarios del templo de
Listz, Abdelezim Latifi-. Pero no ha sido así. Hace un mes celebramos la última
reunión con el Ayuntamiento, y aunque les hemos vuelto a llamar, ellos no han
contestado. No hay nada: ni oratorio provisional ni proyecto para uno
definitivo". Los musulmanes no quieren que una política de hechos consumados y
el paso del tiempo les dejen sin oratorio. Están dispuestos a alquilar un local
por su cuenta.

Begoña Sánchez, portavoz de SOS Racisme, dijo que lo que ocurre en
Badalona también lo hace en muchas otras ciudades catalanas. "Faltan leyes que
garanticen la práctica de la libertad de culto y, sobre todo, falta pedagogía
social".

LA VANGUARDIA DIGITAL
LUIS BENVENUTY - 30/05/2005
BADALONA

El juez ha dictado apertura de juicio contra dos skins
acusados de agredir a una pareja de homosexuales en la estación de Renfe del
Paseo de Gràcia de Barcelona, en abril del 2004. Los dos serán juzgados por
delitos y faltas de lesiones, y faltas de vejaciones injustas. El juez solicita
también una fianza de 8.000 euros a ambos, como garantía de las indemnizaciones
que deberán pagar si son condenados.
La Fiscalía del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
(TSJC) solicita penas de hasta cuatro años de cárcel para los acusados. Según el
auto, los dos jóvenes, junto a tres menores de estética skin, propinaron patadas
y puñetazos a la pareja porque iban cogidos de la mano tras gritar que había que
"acabar con su raza" y "exterminarlos del planeta".
Una de las víctimas pasó varias semanas ingresada en una UCI,
a consecuencia de las graves lesiones que sufrió y que hicieron, incluso, que se
temiera por su vida. El Ayuntamiento de Barcelona, personado como acción
popular, solicita penas de hasta tres años y medio de prisión para los
imputados.
En cambio, los abogados que representan a los acusados,
solicitan la absolución de sus clientes, e imputan una falta de lesiones a uno
de los miembros de la pareja agredida. Los hechos se remontan a la noche del 17
de abril del 2004, cuando los dos procesados se encontraban en la estación del
Paseo de Gràcia de Renfe. En ese momento, aparecieron en el lugar las dos
víctimas, una pareja de hombres cogidos de la mano.
Según el fiscal, la procesada escupió hacia la cara de una de
las víctimas "las cáscaras de pipa que estaba comiendo", y le dijo que lo hacía
"por maricón". En ese momento, según el relato del fiscal, "comenzaron a golpear
reiteradamente a las víctimas, dándoles patadas y puñetazos", aun cuando éstas
cayeron al suelo, indefensas.

El Periódico
EUROPA PRESS
BARCELONA

Los gobiernos "no han cumplido su promesa de hacer del mundo
un lugar más seguro". Es más, algunos estados están "aplicando políticas de
miedo e inseguridad para, entre otras cosas, redefinir la tortura y hacerla
admisible". Ésta es la principal conclusión del informe anual sobre los derechos
humanos en el mundo elaborado por Amnistía Internacional (AI) y presentado ayer.
El director de la ONG en España, Esteban Beltrán, criticó con
dureza la "subcontratación de la tortura" que algunos países --como EEUU--
practican. Según sus datos, el país presidido por George Bush ha enviado a
sospechosos a Egipto y a Siria, donde han sido torturados.
Beltrán reprochó la "indiferencia e inacción" de la comunidad
internacional ante las infracciones, que, aseguró, ha dejado a "millares de
personas abandonadas a su suerte en crisis humanitarias y conflictos olvidados"
a lo largo del 2004. "Los gobiernos no invierten ni en salud ni en educación
sino que usan los fondos para construir ejércitos, con los que que supuestamente
combaten el terrorismo", concluyó.

CERRAR GUANTÁNAMO
Tras explicar las principales agresiones internacionales a los
derechos humanos, Beltrán destacó que hay dos países clave: EEUU y el Reino
Unido. "Es esencial que logremos cerrar Guantánamo, una base que se ha
convertido en el limbo inédito de una democracia", subrayó. Si EEUU mueve ficha,
según Beltrán, otros gobiernos copiarán su actitud, y se provocará un "efecto
dominó".
Respecto del Reino Unido, el responsable de AI reprochó el
hecho de dejar exclusivamente en manos del Ministerio del Interior la
legislación antiterrorista. "Nos podemos encontrar con cadenas perpetuas", sin
juicio y "de por vida", advirtió.
Para poner fin a la actual situación, Beltrán juzgó necesario
consolidar el Tribunal Penal Internacional (TPI) y, además, dotar de más poder a
la comisión de derechos humanos de Naciones Unidas. Pero a pesar del desolador
panorama, hay dos datos positivos. El primero es que "el mundo ha ganado la
batalla a la pena de muerte". Según Beltrán, el año pasado cinco países la
abolieron.

EN COMPAÑÍA DE LMRABET
El segundo es la información. "Cada vez --dijo Beltrán-- es
más difícil que los gobiernos oculten lo que sucede".
A la presentación del informe en Madrid acudieron dos
ex-presos de conciencia: el marroquí Alí Lmrabet y el ecuatoguineano Plácido
Micó. El primero, inhabilitado por 10 años por el régimen marroquí, anunció su
intención de regresar a Rabat para sacar adelante otra revista.
Mientras, Micó --miembro del partido opositor a Teodoro
Obiang-- calificó la situación de Guinea Ecuatorial de "estado de sitio no
declarado oficialmente".

El Periódico
OLGA PEREDA
MADRID

Las pintadas obscenas de los soldados españoles cubren las
paredes de los cuartuchos donde se hacinan 46 jóvenes de Bangladesh. Los pobres
se veían en España regentando un bazar y han quedado atrapados en Tifariti, un
antiguo fortín militar de la vieja colonia española del Sáhara Occidental, una
cárcel sin puertas controlada desde 1975 por los independentistas del Frente
Polisario, a la espera de ser deportados. Es lo más cerca de España que han
conseguido llegar. "Dios, no me abandones aquí", talló con su cuchillo un
legionario español en 1973. Bajo esa misma inscripción duermen ahora los
bangladesís. Están vivos, pero miran como los muertos.
Shirlas, Arif y Ragiu pretendían vivir el sueño europeo antes
de cumplir los 30 años. Cada uno, con trabajo y ayuda familiar, reunió los
10.000 euros que la mafia les pidió a cambio del pasaporte al mundo rico. Los
tres amigos volaron desde Dahka (Bangladesh) hasta Dubai (Emiratos Árabes), y de
allí, hasta Casablanca (Marruecos). "Entonces empezamos a comprender la
realidad. En Marruecos fuimos encontrándonos compatriotas perdidos y engañados
como nosotros, y acabamos juntándonos en un grupo de 50, porque unidos es más
fácil sobrevivir", dice Shirlas.
Pero el gran engaño estaba por llegar. Algunos creían que su
destino era España, así que cuando les hicieron subir a varios coches y se
adentraron en el desierto, les invadió la euforia. "Nos prometieron un buen
trabajo, pero horas después nos bajaron de los vehículos, nos robaron el dinero
y la documentación y nos dejaron en medio de la nada", relata Arif, de 25 años.
Cinco de ellos murieron de inanición. "Empieza a ser normal", dice un militar
saharaui. "Hace unos días encontramos a cinco senegaleses, tres de ellos
muertos, y los otros dos murieron poco después".
Abandonados en tierra de nadie, en la zona del muro que separa
los territorios ocupados por Marruecos y los controlados por el Frente
Polisario, el medio centenar de inmigrantes de Bangladesh intentó regresar a
Marruecos. "Pero los soldados marroquís amenazaron con dispararnos. Pasamos
varios días en el desierto sin comida ni agua, hasta que nos encontró una
patrulla saharaui", relata Shirlas, de 29 años.
Los refugiados saharauis, que viven de la ayuda internacional,
les procuran ropa, mantas y comida --dos raciones de espaguetis al día-- a
cambio de que los jóvenes realicen algunos trabajos. "Nuestra familia no tiene
teléfono y ni siquiera sabe si estamos vivos", añade Shirlas con los ojos
vidriosos mientras repasa las fotos de sus padres y su hija. A su lado yacen
tres de sus compatriotas gravemente enfermos. En realidad, todos tienen el
estómago destrozado por la mala calidad del agua.
"Sólo queríamos trabajar, sólo queríamos vivir. Ahora sólo
queremos volver a casa", repite Ragiu una y otra vez. No será fácil. La
inmigración ilegal se usa como excusa para mover tropas en uno y otro bando,
pero los efectivos de la ONU que patrullan la zona para evitar el rebrote de la
violencia entre marroquís y saharauis están enterados de la situación de los 46
bangladesís. "Vinieron a vernos y nos dijeron que nos sacarían de aquí en unos
meses. Pero la espera es muy dura", dice Arif. Los más enfermos yacen en el
suelo, los más sanos matan el tiempo sentados en la arena y uno de ellos aún
saca fuerzas para ponerse a cantar.
El Polisario ha pedido ayuda a la Minurso (Misión de Naciones
Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental), pero en el último informe de
este organismo, donde se llama a la atención sobre el creciente tránsito de
inmigrantes por una zona en conflicto bélico latente, se dice textualmente: "Si
bien hasta el momento la Minurso ha podido contribuir a las operaciones de
repatriación, la capacidad para prestar asistencia a inmigrantes desamparados y
especialmente vulnerables a los peligros de la zona sigue siendo limitada". Sin
embargo, un vistazo a los presupuestos arroja dudas. La ONU asignó a la Minurso
44.041.200 dólares brutos, equivalente a 3.670.100 dólares al mes, para el
periodo entre el 1 de julio del 2004 y el 30 de junio del 2005.
¿Qué hacen 46 jóvenes de Bangladesh abandonados en el desierto
del Sáhara? Nadie lo sabe con certeza, pero la epopeya que ellos mismos relatan
viene a confirmar la permeabilidad de las fronteras norteafricanas, la cada vez
mayor afluencia de asiáticos a la zona, la impunidad con la que operan los
traficantes de seres humanos y la creciente desesperación en la que viven los
ciudadanos de los países pobres. Primero fueron los marroquís, después llegaron
los subsaharianos y ahora, cada vez más, los asiáticos. Hace dos meses
repatriaron a 300 indios y paquistanís acampados en Zuerat (Mauritania), al sur
del muro, que creían haber llegado ya a España.

El Periódico
NACHO PARA
TIFARITI

Con dolor y ansias de justicia. Berga celebró ayer los últimos
actos de la Patum consternada por la muerte de Josep Maria Isanta Caselles, de
22 años, después de ser apaleado y apuñalado por un grupo de jóvenes en la
madrugada del sábado. El presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, y dos
consellers presidieron la jornada y tuvieron que aguantar abucheos y silbidos de
los vecinos.
Maragall asistió a la misa tradicional del día final del
festejo acompañado de la consellera de Cultura, Caterina Mieras, y el de
Justícia, Josep Maria Vallés, además de las autoridades locales y representantes
de los diversos cuerpos policiales. Todos fueron abucheados cuando salieron de
la iglesia y se dirigieron al balcón del ayuntamiento para seguir la Patum.
Una gran mayoría de las personas presentes en la plaza
gritaron consignas en contra de los Mossos d'Esquadra, a quienes se ha criticado
por tardar demasiado en acudir al lugar del homicidio. También se pudieron leer
pancartas en las que estaba escrito Mossos, ¿dónde estabais?.
Una vez que se inició la representación de la Patum, ésta
estuvo llena de símbolos y gestos. Algunas de las comparsas hicieron visible su
dolor e indignación cambiando algunos rituales. Por ejemplo, el Àliga no saludó
a las autoridades. En medio de los distintos bailes también se pudieron escuchar
en más de una ocasión gritos de "justicia, justicia".
La Patum acabó con la presencia de la comparsa de los Nans
Nous, a la que pertenecía el joven fallecido, en medio de la plaza. Se
realizaron tres minutos de silencio y se leyó de un manifiesto en contra de la
violencia, seguido de un largo aplauso.

11 ADULTOS Y 6 MENORES
Una vez finalizada la primera Patum de la dos del día, la de
Lluïment, las autoridades se retiraron del balcón tras recibir una nueva pitada.
En el interior del ayuntamiento, el president Maragall, pidió a los habitantes
de Berga que tengan "confianza en la justicia" y se mostró convencido de que
esta "cumplirá con su deber". La visita del president a Berga ya estaba
planificada antes del crimen.
Los Mossos d'Esquadra continuaban anoche tomando declaración a
los 11 adultos detenidos que hoy pasarán a disposición judicial. Los siete
menores arrestados fueron trasladados a lo largo del día a la Fiscalía de
Menores de Barcelona. De ellos, una joven, de 17 años, quedó en libertad después
de que el juez determinara que no participó en los altercados.
En cuanto al relato de los incidentes, los Mossos mantienen
que Isanta fue asesinado en el transcurso de una gran pelea originada por un
grupo de jóvenes que se acercó a la zona del concierto, con actitud chulesca y
provocadora.
El joven intervino para ayudar a su hermano y fue derribado
por los agresores, que le dieron patadas y puñetazos en el suelo. En ese momento
recibió tres puñaladas, una en el corazón. El joven, que consiguió levantarse y
caminar unos metros, dijo: "Creo que me han pinchado" y se acercó la mano al
corazón.
Los Mossos d'Esquadra insistieron ayer en que la pelea no tuvo
un móvil racista o ideológico. "No es una bronca entre españolistas e
independentistas, o entre fascistas y antisistema, sino que es un conflicto que
viene de lejos y que ya ha provocado altercados entre los que son de Berga de
muchas generaciones atrás, y otros que ya viven hace tiempo, muchos hijos de
inmigrantes, y que intentan imponer, de muy mala manera, que también son del
pueblo", explicó un responsable policial.

FICHADOS
El grupo, que en ningún caso puede considerarse una banda
compacta, estaba liderado esa madrugada, por Santiago S. P, de 33 años, con
numerosos antecedentes por tráfico de drogas, atentado contra la autoridad y
hurtos. Otro de los detenidos, Juan P., fue detenido en agosto del 2003 por
provocar un incendio forestal en Alicante, y tiene otra larga lista de
antecedentes.

El Periódico
JOSEP MARIA SARRI / BERGA
MAYKA NAVARRO / BARCELONA

El asesinato de Driss, un marroquí que desde hace 10 años vivía en
el barrio Sant Jaume y que estaba a punto de abrir una pizzería, ha convertido
Perpiñán en un campo de batalla en el que se han enzarzado la comunidad magrebí
y la gitana. Cuando parecía que los responsables de ambas comunidades habían
controlado la situación -tras la primera muerte, producida el domingo día 22-,
este nuevo acto de violencia ha provocado el desconcierto de las autoridades
francesas, tanto municipales como policiales. "Parece una provocación y no hay
pruebas de que sea un crimen cometido por el colectivo gitano", señala la
versión oficial. Pero otras voces recuerdan que la acción, un disparo por la
espalda contra un comerciante sentado frente a la puerta de su casa, tiene todos
los ingredientes de una declaración de guerra.

"Estamos en una ciudad convivencial donde la gran mezquita en
discusión la va a construir un judío practicante, donde jóvenes de todos los
orígenes cantan y bailan rap y salsa juntos en la Casa Musical. Es cierto que
hay tensiones y miseria en el barrio de Sant Jaume, pero la gente coexiste desde
hace años sin mayores incidentes", clamaba ayer el alcalde, Jean-Paul Alduy.

En la misma línea se expresaba esta semana Jean-Claude Olive,
sociólogo de la Universidad de Perpiñán, quien precisaba que dentro de los 8.000
miembros del colectivo gitano hay diferencias sustanciales entre las familias
instaladas en la ciudad desde hace seis siglos, que hablan catalán y están muy
integradas, y los gitanos recién llegados del este europeo o los que aún
practican el nomadismo; y lo mismo puede decirse de los 12.000 miembros de la
comunidad magrebí. Por un lado, hay una mayoría argelina llegada de ese país en
los 60 y 70 -como el fallecido Mohamed, hijo de inmigrantes pero nacido en Prada
de Conflent- y, por otro, los marroquíes, algunos llegados hace poco, y aún
cabría distinguir entre árabes y bereberes.

Sin embargo, entre los educadores y la gente que trabajan desde hace
años en Sant Jaume se reconoce también que la recesión económica ha causado
estragos. En el barrio la tasa de paro supera el 25% y la crisis agrícola ha
reducido el trabajo temporal del que se beneficiaban ambos colectivos. En esas
circunstancias, los hijos de los inmigrantes y de los gitanos son los
principales damnificados. Y entre ellos también se reparten las culpas. Los
magrebíes consideran que los gitanos acaparan las ayudas sociales y éstos les
acusan de quedarse con el comercio y de haber introducido las drogas duras.
Corre desde hace años una leyenda, nunca demostrada, de que en Perpiñán el sida
y la droga han causado proporcionalmente más daño que en otras ciudades.

"No será fácil restablecer el orden y menos aún la confianza entre
ambas comunidades". Ésta era ayer una de las frases más repetidas en la capital
del Rosellón. Jovenes magrebíes -siempre chicos- se acercaban a cualquiera de
los múltiples periodistas desplazados a Perpiñán para acusar a los gitanos de
las dos muertes. Para ellos no hay duda. "Les llegan refuerzos en coches
cargados de armas y parientes que vienen de Figueres y de Barcelona ", aseguraba
ayer un joven argelino, en la calle Dugommier, junto a la silla donde murió
tiroteado Driss. Y para demostrar sus acusaciones, señalan las cámaras
instaladas por el Ayuntamiento para reforzar la seguridad. "Está todo grabado".

Mientras tanto, ayer era fácil ver a algunas familias gitanas
cargando a sus mujeres e hijos en los coches para trasladarlos a Figueres o a
Montpellier "por cuestiones de seguridad". El abrazo del pasado martes entre el
patriarca gitano Pitou Cargol y el representante de la comunidad magrebí
Abdelkader Beloukha, recogido por el diario L´Indépendent,parecía ayer de lo más
lejano. El mismo diario tituló los incidentes del lunes con un apocalíptico A
sangre y fuego.Ni los patriarcas ni los imanes son ya un referente para los
jóvenes gitanos y magrebíes. La justicia la quieren administrar ellos. Para unos
se trata de una venganza que viene de lejos. Para otros, es como si de pronto
las callejuelas del viejo Perpiñán se hubiese convertido en una nueva kasba.

Entre excitado y abatido, el alcalde, Jean-Paul Alduy, respondía
también a las críticas de la comunidad magrebí sobre supuestos favoritismos
municipales hacia los gitanos: "Alguien como el Frente Nacional alimenta ese
debate sobre el clientelismo político y se inventa historias sobre regalos de
scooters y lavadoras a los gitanos a cambio de sus votos, pero yo he combatido
el clientelismo tanto como el racismo", precisa. "Soy partidario de respetar las
identidades. Y en el caso de los gitanos, la dispersión significaría la ruptura
de su cultura, su desestructuración cultural, ellos forman parte del patrimonio
de Perpiñán, como los magrebíes, y a ellos también debemos respetarles su
religión, y lo digo yo, que soy agnóstico".

LA VANGUARDIA DIGITAL
JOSEP PLAYÀ MASET - 31/05/2005
PERPIÑÁN

Josep Maria Isanta pudo ser apuñalado por al menos dos personas. Esa
es la versión que mantienen algunos testigos de este crimen y a la que se habría
dado un alto grado de credibilidad, según fuentes cercanas al caso. Los
investigadores estarían, asimismo, cerca de identificar a los presuntos autores
materiales del asesinato. Uno podría estar entre los cuatro menores encerrados
ayer en dos centros de Barcelona y el otro o los otros entre el grupo de once
adultos que comenzó ayer a declarar ante la juez en la comisaría de Berga.

De hecho, al cierre de esta edición la instructora decretó las dos
primeras órdenes de prisión. Una iba dirigida contra el ecuatoriano P.E.M.V., de
21 años de edad. La otra, contra Santiago S.P., de 33, natural de la vecina
localidad de La Pobla de Lillet, con antecedentes.

Una de las órdenes, aunque no se sabe cuál de ellas, imputa un
delito de asesinato en grado de autoría. La otra, una presunta tentativa de
asesinato. Lo que sí se sabe es que la juez aludió para justificar su decisión a
la gravedad de los hechos y a la extraordinaria alarma social causada por el
crimen. Y es que ayer Berga seguía siendo una localidad conmocionada por lo
ocurrido. Pese a todo, conocer detalles sobre el estado de las pesquisas se hace
complicado por el hermetismo que mantienen tanto los Mossos como el juzgado
encargado del caso. En los últimos días, sin embargo, han pasado por la
comisaría de Berga muchas personas que fueron testigos de la pelea que acabó con
la vida de Josep Maria Isanta.

Estos testimonios son claves para la resolución del caso y, según
pudo saber ayer La Vanguardia, hay más de un testigo que habría manifestado que
entre las personas que agredieron al joven había, al menos, dos armadas con
navajas. Ahora falta por determinar si estos dos agresores son los que
apuñalaron al joven patumaire. En caso de probarse la versión de los testigos,
habría más de un autor material del asesinato, y no sólo uno, como se había
especulado en un primer momento. Las primeras actuaciones de la juez parecen ir
también en ese mismo sentido, a tenor las órdenes de prisión libradas esta
madrugada; de los nuevos mandamientos que eventualmente podrían sustanciarse a
partir de hoy, cuando se reanuden los interrogatorios del resto de acusados; y
de los fuertes indicios que apuntan a que uno de los menores internados por
orden de la fiscalía también pudo tener un papel relevante.

El auto de prisión incondicional por el presunto intento de
asesinato que pesa contra uno de los encarcelados, ya sea el español o el
ecuatoriano, podría revelar también que para la juez hubo otras personas,
algunos otros heridos, que estuvieron a punto de correr la misma suerte que la
víctima mortal. La colaboración ciudadana y las declaraciones de los testigos
han resultado de gran importancia para identificar a los agresores. Uno de ellos
podría encontrarse entre el grupo de cuatro adolescentes, de entre 16 y 17 años,
que ayer ingresaron en dos centros de Barcelona (Els Til·lers y L´Alzina) tras
prestar declaración ante el titular del juzgado de menores número 1 de
Barcelona. Además de los cuatro ingresos en régimen cerrado decretados por el
juzgado de menores (dos en cada uno de los citados centros), los Mossos
identificaron a una menor que aún no ha cumplido 14 años.

La jornada de ayer fue tensa en Berga. Por la mañana, centenares de
personas se concentraron ante los juzgados de la localidad para pedir justicia.
Allí se entregaron 9.000 firmas recogidas en las últimas 72 horas para exigir a
las autoridades judiciales que se prolongue la detención de los once detenidos
mayores de edad y se les expulse del municipio. Tampoco faltaron gritos y
pancartas contra la actuación de los Mossos d´Esquadra. La mayoría de la
población acusa la policía autonómica de no haber acudido al lugar de los hechos
con suficiente rapidez, lo que niega la Generalitat. Una pancarta delataba
claramente el sentimiento popular: ¿Mossos, dónde estabais?

Por la tarde, se celebraron los funerales de Josep Maria Isanta. Al
inicio de la ceremonia se leyó un manifiesto de los Nans Nous, de cuya colla era
miembro el joven asesinado. La iglesia parroquial de Santa Eulàlia estaba
repleta de vecinos que quisieron estar al lado de los familiares.Ala salida se
tributó un largo aplauso al paso del féretro. Banderas con crespones en los
balcones y pancartas de recuerdo al fallecido rememoraban lo sucedido.

A continuación, centenares de personas se volvieron a concentrar
ante las puertas de los juzgados de Berga. Ello obligó a que la juez se
desplazara hasta la comisaría para evitar incidentes en el traslado a los
juzgados. El interrogatorio de los detenidos mayores de edad que aún no han
prestado testimonio ante la juez continuará esta mañana. Sus abogados intentarán
que no sigan el mismo camino que los dos primeros en ser interrogados: la
prisión. Ambos fueron trasladados esta madrugada a la cárcel, mientras en los
alrededores de la comisaría de los Mossos aún permanecían concentrados algunos
grupos de manifestantes que pedían justicia. En los momentos de mayor ebullición
llegó a haber hasta un millar de manifestantes, lo que justifica que la juez
decidiera que las prácticas judiciales se hicieran en la propia comisaría para
garantizar la seguridad de los acusados.

Los vecinos recogieron en una campaña espontánea casi 9.000 firmas
para exigir el castigo de los culpables. La víctima mortal, un joven que formaba
parte de una de las comparsas de las fiestas, era muy conocida. Su padre fue
ovacionado por la multitud cuando entró en comisaría para declarar e interesarse
por la evolución de las pesquisas.

LA VANGUARDIA DIGITAL
JAVIER RICOU JORDI FINESTRES - 31/05/2005
BERGA

La titular del juzgado de Berga, Gabriela P. Sagrado, que lleva el
caso del asesinato del joven Josep Maria Isanta durante los disturbios del
pasado sábado, decretó ayer el ingreso en prisión provisional de seis de los
nueve detenidos que aún permanecían en la comisaría de los Mossos d´Esquadra en
Berga. Se trata de Ridauan H., Asidine M., Raúl B.B., Antonio S.F., Eudi Leandro
M.A. y Augusto Felipe M.Q. Se les imputan delitos de asesinato, tentativa de
homicidio y lesiones; idénticas calificaciones que las atribuidas a los otros
dos adultos detenidos -Santiago S.P. y Pablo Enrique M.V.- que desde el lunes
están en la prisión Modelo de Barcelona. También hay cuatro adolescentes
implicados en el caso internados en dos centros de menores, con lo que en total
hay doce personas para las que se han decretado medidas de internamiento. Otro
de los nueve detenidos que han declarado ante la juez en las últimas horas, Juan
P.P., ha quedado en libertad con cargos; mientras que los dos restantes, de
nacionalidad polaca, ya han dormido esta noche en sus domicilios al quedar en
libertad sin cargos.

La noticia llegó después de una larga espera en toda la ciudad, no
exenta de tensión con el paso de las horas y que estalló cuando los seis
detenidos salieron de la comisaría de Berga, custodiados por un fuerte cordón
policial. Unas 500 personas que esperaban la decisión de la juez no pudieron
esconder la rabia e indignación por los fatales acontecimientos que han sacudido
la población de Berga. Los furgones policiales fueron el objetivo de un
bombardeo de piedras y latas, acompañado de insultos y gritos de "asesinos" y
"criminales".

Por ahora, y con las reservas oportunas al no existir todavía una
confirmación oficial ya que el proceso se encuentra bajo secreto de sumario,
fuentes policiales apuntan que han sido identificados los autores materiales del
apuñalamiento a Josep Maria Isanta. Uno de ellos sería uno de los dos detenidos
que ingresaron en prisión el lunes. Los Mossos d´Esquadra disponen de numerosas
declaraciones de testigos que vieron cómo dos de los quince detenidos apuñalaban
al joven de Berga. La autopsia certificó que la víctima recibió tres puñaladas
de dos navajas diferentes.

Ante la gravedad de los acontecimientos, el alcalde de Berga, Ramon
Camps, sigue pidiendo calma ante la "situación de inseguridad" que vive el
municipio. A las doce de la mañana se celebró una sesión informativa en el
Ayuntamiento, donde Camps aseguró ante un numeroso grupo de vecinos que se va a
incrementar la presencia de la policía local para proteger la seguridad de los
ciudadanos e instará a la Generalitat a seguir el mismo camino con los Mossos.
Estas medidas, afirmó el primer edil, son necesarias para evitar posibles
enfrentamientos ante el hecho que algunos de los detenidos ha quedado en
libertad.

En la reunión de ayer, previa al pleno extraordinario que se
celebrará esta noche, el alcalde alegó que la poca presencia de Mossos en la
zona donde se celebraban los conciertos y donde Josep Maria Isanta perdió la
vida, se debe a que los viernes de Patum hay menos afluencia de público y que
los conciertos musicales promovidos por entidades alternativas suelen ser
minoritarios. Camps también se refirió a la petición popular de expulsar del
municipio a los detenidos asegurando que los ayuntamientos no pueden emprender
una acción de este tipo, ya que el destierro sólo lo puede decretar una
sentencia judicial. En este sentido, los abogados que llevan la acusación
particular que ejerce el Ayuntamiento, no descartan pedir como medida cautelar
que los detenidos no puedan acercarse a la ciudad de Berga.

Por otra parte, la asamblea popular celebrada la noche del martes
culminó con la creación de una plataforma cívica formada por un centenar de
entidades de Berga y la comarca.

El portavoz de la nueva plataforma, Joan Ramon Bella, desea que se
establezca un puente de diálogo entre la población y los Mossos, a fin que se
deje de culpabilizar de todo a las fuerzas de orden y se busquen soluciones a
los conflictos sociales que la ciudad vive desde hace tiempo. En este acto se
decidió continuar con los actos de protesta ante la situación de inseguridad
social que se vive en la ciudad y para pedir justicia por el homicidio del joven
asesinado. De esta forma, a última hora de la tarde de ayer, se produjo una
segunda cacerolada en la plaza de Sant Pere de Berga y concentraciones en
Barcelona, Tarragona,

LA VANGUARDIA DIGITAL
JORDI FINESTRES - 02/06/2005
BERGA

La consellera de Interior analiza lo que define como un tipo de
violencia gratuita motivada por la "la pasión por lo superfluo" -la agresión con
navajas a tres estudiantes de l´Hospitalet sería el último ejemplo- y defiende
la actuación de los Mossos en los incidentes de Berga.

-La proliferación de casos de violencia juvenil preocupa al Govern.
El conseller primer, Josep Bargalló, anunció el martes que se ampliarán las
"líneas de represión". ¿Qué piensan hacer?

-Ahora, en caliente, hemos de estar profundamente preocupados por
casos como los de Berga y l´Hospitalet. El conseller primer pretendía decir que,
a nuevas formas de delincuencia, nuevas respuestas policiales. Estas respuestas
policiales han de ser proporcionadas, de anticipación, tecnológicamente
avanzadas para hacer frente a delitos de toda índole.

-¿Y más allá de la actuación policial?

-Creemos que se ha de producir un trabajo contra la inseguridad en
el que los cuerpos policiales sean un elemento fundamental, pero no el único.
Las familias o las escuelas, por ejemplo, nos tienen que ayudar a desterrar la
violencia de la vida cotidiana. Si se fija, además, en muchos casos el
desencadenante de la violencia es una especie de pasión por lo superfluo. No
tenemos muchos casos de violencia enraizada en conflictos sociales potentes,
pero en Lloret hace un mes mataron a un chico porque les gustaba la gorra que
llevaba. Parece que una violencia de pasiones desordenadas por lo superfluo
tendría que ser fácil de solucionar si una sociedad concienciada nos ayuda.
Tenemos que trabajar también la vía de la mediación social, juvenil,
intercultural.

-¿Cómo interpreta la reacción crítica con los Mossos de muchos
vecinos de Berga?

-Lo sorprendente de Berga ha sido la reacción de la ciudadanía,
aunque tiene un elemento muy positivo: siempre es interesante que la sociedad se
muestre activa. Pero tiene que ser también activa en la conservación del orden
cívico, de una ética civil que contemple que la ley se tiene que cumplir y que
ha de haber cuerpos policiales. Aunque, por supuesto, el sentimiento de dolor y
rabia es comprensible cuando hay un joven comoJ osep Maria en un ataúd. Pero hay
que distinguir entre los que se movilizan por los sentimientos y los que lo
hacen contra las instituciones, entre los que participan cargos institucionales
como el presidente del consejo comarcal...

-Las críticas a los Mossos empezaron desde un sector radicalizado,
pero se han extendido...

-Es verdad que la sociedad de Berga se ha movilizado mucho. Si la
ciudadanía es activa, magnífico, pero si es reactiva niega la propia
estructuración de la sociedad, que es lo que hacen los libertarios.

-¿Y qué se puede hacer con estos grupos?

-En el caso de Berga, nos encontramos con una violencia que procede
de la marginación social, que se dedica a la actividad ilícita de la venta de
drogas a pequeña escala y otros delitos menores. Tenemos un grupo de diversas
nacionalidades unido por la marginalidad y las familias desestructuradas. Muchos
de ellos tienen antecedentes, pero la policía no les ha permitido actuar con
impunidad. En un momento dado, no sabemos aún por qué, se van al lugar del
concierto. No sé si sólo a provocar, que es lo normal en gente que se sabe fuera
de la sociedad, o si porque había algún tipo de conflicto entre estos grupos.
Ahora bien, todos ellos, los que delinquen y los que creen que no debe haber
leyes, han confluido en algún momento, como en la manifestación de noviembre
frente a la comisaría de Berga, donde había gente de ambos grupos. Yo lo que
pido a la sociedad de Berga es que también rechace las actitudes que niegan la
existencia de una policía.

-En Berga hay quien atribuye la tensión con los Mossos a la
contundencia de una operación antidroga realizada en noviembre del 2004.

-Al contrario. Operaciones como aquella se tienen que hacer, a no
ser que queramos una sociedad con zonas de impunidad. En países como EE.UU, hay
zonas donde la policía no entra, pero aquí no tenemos que reclamar que la
policía no entre en algunas zonas. Pero insisto: si en un pueblo tan activo como
Berga se lo proponen, este sector que está contra las instituciones será mucho
más minoritario. En una sociedad democrática hay quien tiene que hacer cumplir
las leyes, en este caso los Mossos. Por lo tanto, los Mossos son los principales
adversarios de este sector.

-¿Admite que ha habido fallos que han causado un divorcio entre
población yMossos?

-Hay que hacer un análisis crítico de cómo hemos llevado la
democracia y el ejercicio de la política a grados de desprestigio tales que
hayan permitido proliferar estos grupos antisistema. En el caso de Berga, sólo
puedo dar explicaciones de un año y medio, pero con anterioridad ami entrada en
Interior ya se había producido este divorcio, y es posible que en este último
año y medio se haya evidenciado más porque lo que decimos es que no habrá bolsas
de impunidad y registraremos a quien haga falta.

-¿Puede haber contribuido a ese divorcio la falta de experiencia, el
que los Mossos no sean aún vistos como agentes próximos al ciudadano?

-No estoy demasiado de acuerdo, aunque evidentemente toda Catalunya
saber que los Mossos son un cuerpo que está naciendo. Ahora bien, el éxito de
las políticas de proximidad depende de las zonas. Hay zonas donde no hay ningún
problema. Pero en Berga no es así. Ha habido un rechazo al cuerpo hiciera lo que
hiciera. Cuando llega la Patum, los mossos se ponen sus camisas más viejas. ¿Por
qué? Porque les escupen, les tiran piedras, latas de cerveza, y ellos se
contienen mucho. Nuestros vehículos fueron golpeados la noche de los hechos.
¿Cómo se puede ser próximo si cuando te aproximas te escupen? ¿Qué pedimos? Que
la gente de Berga que no está de acuerdo con estos comportamientos nos ayude.

-PP y CiU han criticado que no hubiera mossos en el lugar del
concierto.

-He oído algunas críticas desmesuradas de la oposición y una
comparación con la kale borroka que es un auténtico despropósito, sobre todo
viniendo de personalidades que han tenido alta responsabilidad de gobierno. Pero
una presencia basada en que si hay 500 personas en el concierto hay que poner
500 policías es imposible. En los grandes acontecimientos la policía está
colocada de manera periférica, este es un signo de profesionalidad. Aunque es
muy fácil dar lecciones.

-Con un poco ya de perspectiva, ¿cambiaría alguna cosa de la
actuación de los Mossos?

-No tengo la sensación de que tendríamos que haber podido evitar
esta tragedia y no lo hemos hecho. Pero podríamos haber hecho las cosas mejor,
seguro, en cuestiones como la operación turismo, el predespliegue, los
calendarios de las comisarías...Soy autocrítica. Creo que se debería haber
aprovechado más la inteligencia policial de los cuerpos ya implantados en
Catalunya. Y, después, cuando nos desplegamos en las zonas rurales, donde la
Guardia Civil tenía una relación más campechana con la población, no supimos
explicar antes de que llegaran los Mossos que las cosas iban a ser diferentes:
el control del tránsito, el de los vehículos agrarios, el consumo de alcohol, el
contrabando, el engorde del ganado... Se tendría que haber hecho un despliegue
pedagógico previo al policial, porque son los agentes los que entonces reciben
las críticas. En zonas rurales la gente te dice que los mossos son prepotentes,
pero hay que tener en cuenta que se trata de jóvenes urbanos, y que la gente
urbana tiene menos costumbre de saludar, incluso en su propia casa. Es verdad
que a los mossos les ha faltado esa sensibilidad rural.

LA VANGUARDIA DIGITAL
MIQUEL MOLINA - 02/06/2005
Barcelona

El clima de tensión, que continúa latente entre las comunidades
gitana y magrebí de Perpiñán, se tradujo en una serie de nuevos actos violentos
que se produjeron durante la noche del martes y la madrugada de ayer miércoles
en el centro de la ciudad. Diversos incendios y doce personas detenidas fue el
balance de una noche que había comenzado con el repliegue paulatino del
espectacular contingente policial desplegado en el centro de la ciudad tras el
brote de violencia de la noche del domingo, en un intento de las autoridades en
busca de la normalidad.

Los disturbios de Perpiñán tienen su origen en el enfrentamiento que
mantienen las comunidades gitana y magrebí a raíz del asesinato en tan sólo una
semana de dos personas de este último colectivo, la primera de ellas -el joven
de 28 años Mohamed Bey Bachir- a manos de un grupo de jóvenes gitanos y la
se--Driss Ghaib, de 43 años- a consecuencia de los impactos de bala que le
disparó una persona aún sin identificar por los investigadores, pero que los
magrebíes aseguran que era un gitano.

Los bomberos hubieron de realizar durante la noche del martes y
madrugada de ayer hasta una decena de salidas de emergencia durante toda la
noche para controlar los incendios provocados por grupos de alborotadores, que
volvieron a hacer acto de presencia. Contenedores de basuras, coches aparcados
en las calles y hasta los locales del centro social donde horas antes había
tenido lugar la reunión del embajador de Marruecos en París con los
representantes de esta comunidad en Perpiñán sufrieron los efectos de las
llamas. Según fuentes policiales, un total de siete personas habían si-do
interrogadas con relación a estos hechos, dos de las cuales son consideradas por
los agentes de seguridad como sospechosas de haber participado en los incendios.

Durante la noche, la policía detuvo también a dos ciudadanos de
origunda gen magrebí y a otros tres de la comunidad gitana a los que les fueron
intervenidas diversas armas, entre ellas una escopeta de cañones recortados,
katanas y armas blancas.

Mientras la ciudad vive bajo una calma tensa -109 locales han
sufrido desperfectos-, en el Palacio de Justicia continuaron ayer los juicios
contra los detenidos por la policía como responsables de los altercados que se
desataron la noche del domingo en el centro de Perpiñán.

LA VANGUARDIA DIGITAL
ANTONI F. SANDOVAL - 02/06/2005
PERPIÑÁN

El embajador de Marruecos en París, Fathalla Sigilmassi, se trasladó
ayer hasta Perpiñán con la intención de reclamar calma a los ciudadanos de este
país que residen aquí tras los graves disturbios que se produjeron a raíz del
asesinato a tiros de su compatriota Driss Ghaib, el pasado domingo por la tarde.

Como representante de la autoridad marroquí en Francia, "haré todo
lo que pueda para que esta comunidad sea respetuosa y esté en armonía con el
país de acogida -que en muchos casos es también su país debido a la posibilidad
que tienen de disponer de la doble nacionalidad-, pero también, y de la misma
manera, para velar por que su derecho a la seguridad esté garantizado", comentó.
Para Sigilmassi, la estancia o la vida en Francia de todos los marroquíes tiene
que desarrollarse "con estricto respeto a las leyes de este país".

El embajador de Marruecos en Francia llegó ayer al mediodía a
Perpiñán para mantener una reunión con representantes del colectivo de
ciudadanos originarios de aquel país que residen en Perpiñán y con las
autoridades francesas y para trasmitir a la familia del fallecido el domingo las
condolencias en nombre del reino de Marruecos. Durante la reunión, en la que
participaron unas 200 personas, el embajador escuchó las explicaciones sobre la
situación que vive la ciudad y el colectivo de magrebíes los últimos días y, al
finalizar, explicó que había podido constatar que las sensaciones en la mayoría
de sus interlocutores habían sido de "miedo, preocupación por la seguridad y
deseo de protección", pero que en ningún momento "nadie ha expresado la voluntad
de venganza".

Mientras, Perpiñán procuraba recuperar la normalidad, aunque aún no
lo lograba del todo. Si el lunes gran parte de los habitantes intentaban
reponerse del sobresalto que les provocaron los disturbios del domingo o a
reparar los daños causados por quienes participaron en ellos y otro buen número
de vecinos prefería quedarse en casa y esperar, ayer las tiendas y comercios
abrieron con más normalidad e intentaron aplicar el horario habitual; las gentes
volvieron a llenar las calles y plazas del centro de la ciudad. Se calcula que
entre un 30% y un 40% de la comunidad gitana ha abandonado la ciudad.

De todos modos, la presencia policial por todos lados era una
muestra de que la normalidad aún no se había restablecido. Los controles
policiales son frecuentes en cualquier punto de la ciudad desde el lunes. Coches
oficiales de los diferentes cuerpos de seguridad franceses recorren las calles
de Perpiñán junto a vehículos de policía camuflados. Los agentes paran e
identifican a todas las personas que les parecen sospechosas. Los registros en
vehículos y la identificación y el cacheo de personas en plena calle eran ayer
escenas bastante frecuentes. Asimismo, se mantiene la prohibición de la venta de
gasolina a granel.

Y mientras la ciudad de Perpiñán intentaba recuperarse de los duros
altercados, la policía y la fiscalía continuaban las investigaciones para
intentar esclarecer el asesinato, el domingo a media tarde, del ciudadano de
origen marroquí de 43 años Driss Ghaib.

Según explicó el fiscal jefe de Perpiñán, Jean Pierre Dreno, de nada
ha servido el análisis de las cintas de vídeo grabadas por algunas de las
cámaras de vigilancia que se encuentran instaladas en los barrios del centro de
la ciudad. En Perpiñán, explicó el fiscal, existe un total de 17 cámaras de
vídeo que funcionan con normalidad, mientras que otras 30 no lo hacen porque aún
no ha sido autorizado su funcionamiento o no están conectadas. Precisamente a
pocos metros del número 31 de la calle Dugommier, el lugar donde se produjo el
asesinato de Driss Ghaib, está instalada una cámara junto a la que un rótulo
recuerda a los ciudadanos que su presencia en ese punto tiene como fundamento
garantizar la seguridad.

Así pues, por ahora nada se sabe sobre quiénes pudieron ser los
asesinos del ciudadano marroquí ni cuáles los móviles que provocaron el
asesinato. La única novedad se circunscribe a los resultados de la autopsia que
se practicó a la víctima, que ha permitido determinar que fueron cinco y no
cuatro los impactos de bala que recibió Driss.

Por otra parte, la actividad continuaba ayer siendo intensa en el
Palacio de Justicia, donde desde el lunes se celebran las vistas contra los
acusados por los disturbios del domingo por la noche y la madrugada del lunes.
Hasta ayer, la justicia había condenado ya a cuatro de los detenidos a penas de
prisión que oscilan entre los tres meses y un año de cárcel.

LA VANGUARDIA DIGITAL
ANTONI F. SANDOVAL - 01/06/2005
PERPIÑÁN

La mitad de los menores que llegaron el fin de semana a la costa de
Granada a bordo de una patera, y que estaban en un centro de acogida de la Junta
de Andalucía, han puesto tierra de por medio. De los 33 que fueron acogidos, al
menos 15 no han regresado a los centros donde estaban. En una semana han llegado
a la costa andaluza un centenar de menores de edad.

Sin embargo, el rebrote de la llegada de menores en patera contrasta
con una sensible bajada del número de estas embarcaciones. Lo nuevo es que en
algunas pateras viajan ya más menores que adultos. Por ello, la Junta pretende
atajar el fenómeno mediante el patrocinio de centros ubicados en el propio
Marruecos a los que serían trasladados los menores que fuesen localizados en
pateras o debajo de camiones.

El presidente andaluz, Manuel Chaves, se va a dirigir próximamente
al ministro marroquí de Interior, Mustafá Sahel, para recodarle el compromiso
que adquirió tiempo atrás de controlar eficazmente la frontera, en especial el
tránsito de menores.

La fuga fue descubierta cuando los agentes de la policía visitaron
los centros para tomarles declaración e investigar si existen redes organizadas
que trafican con estas personas. Casi la mitad se había evaporado. Los menores
interceptados en pateras no han cometido ningún delito y, por lo tanto, están en
centros de acogida, no de internamiento. Existen centros públicos y concertados,
que en estos momentos muestran un alto índice de saturación por la importante
llegada de menores en los últimos días.

Algunos de ellos puede que incluso sean mayores, como sugirió ayer
el delegado del Gobierno en Andalucía, y escapan antes de que se les realice la
prueba ósea que certifica la edad real.

LA VANGUARDIA DIGITAL
JOSÉ BEJARANO - 01/06/2005
SEVILLA

En respuesta a la carta de Víctor Trujillo, Inmigración y derechos
(28/V/2005), es una vergüenza que un español hable así de gente que ha cruzado
océanos, dejado familia y amigos e, incluso, arriesgado la vida por el simple
hecho de trabajar y vivir dignamente. El trabajo, que para un europeo del siglo
XXI es normal, para una persona del Tercer Mundo es un milagro.

Le recuerdo que hace tan sólo 50 años, españoles, catalanes, vascos
y gallegos cruzaron en masa el océano Atlántico para poder tener una vida digna
en América, donde fueron acogidos sin problemas, y donde nadie les dijo: "Deben
irse". Así que le pido respeto para todo este colectivo que se está labrando un
futuro a fuerza de trabajo y mucho coraje. Por cierto, los inmigrantes también
pagamos impuestos, sea directos, sea en la compra del súper o en los alquileres
sobrevaluados que tenemos por no ser de aquí; así que no se preocupe, porque los
servicios sociales que usamos, los pagamos, como cualquier otro ciudadano.

LA VANGUARDIA DIGITAL
SEBASTIÁN ROMERO - 02/06/2005
BARCELONA

El crimen la obligó a abandonar de golpe el día de fiesta junto a su
familia. Una subinspectora del Cuerpo Nacional de Policía fuera de servicio fue
testigo privilegiado del crimen de Berga. La agente relató ante los
investigadores cómo se encontró de frente con la víctima, Josep Maria Isanta,
"que corría a gran velocidad con la cara ensangrentada y muy asustado" y cómo el
joven fue acorralado por uno de los acusados que le atacó "con toda la
brutalidad que le era posible".

El protagonismo de esta mujer policía no se queda ahí. La
funcionaria, que al observar la situación se dirigió hacia el foco de la reyerta
con intención de ponerle fin, recuerda que fueron varias las personas que se
sumaron al ataque contra Isanta.De entre los agresores, la mujer fijó su
atención en un chico de aspecto sudamericano que "portaba en su mano izquierda
una navaja" con la que trataba de herir al joven abatido. Esta testigo
cualificada habla de una mujer que agarraba de los brazos al agresor para evitar
que éste pinchara al chico apaleado, al tiempo que le suplicaba a gritos que
cesara en su actitud.

Los hechos se sucedían de forma vertiginosa. Un segundo individuo
apareció en escena también portando "una navaja de grandes dimensiones en su
mano derecha". La repentina aparición de una furgoneta de los Mossos d´Esquadra
con las luces y las sirenas en marcha hizo que el tumulto se disolviera. Según
el relato de la subinspectora, el citado vehículo policial "continuó la marcha
por una de las calles adyacentes sin que pudiera localizar la reyerta". En ese
momento, la mujer que había sujetado los brazos a uno de los agresores, se
desplomó. La agente temió que hubiera sido apuñalada y la examinó
superficialmente. Descartada la herida de arma blanca, la subinspectora se
concentró en no perder de vista ni un momento al hombre que había interceptado a
Isanta mientras éste huía y sobre quien había desatado una lluvia de golpes. No
perdió de vista su cara.

Mientras mantenía el seguimiento del sospechoso, pasó junto a ella
una patrulla de los Mossos, a quienes puso inmediatamente al corriente de la
situación. Los policías cayeron sobre el agresor.

El testimonio de esta subinspectora ha resultado de gran ayuda,
según fuentes judiciales. Esta agente ha participado en varias ruedas de
reconocimiento, ordenadas por el juzgado, lo que ha posibilitado la
identificación de varios de los implicados en el ataque a Isanta. La funcionaria
hizo a los investigadores dos observaciones: que sería capaz de reconocer a la
mujer que agarró de los brazos a uno de los atacantes y que, según su criterio,
los músicos del concierto de rock que se estaba celebrando esa noche en Berga
"podrían aportar información sobre los hechos, ya que disponían de una posición
privilegiada al estar elevados sobre una tarima".

LA VANGUARDIA DIGITAL
ENRIQUE FIGUEREDO - 02/06/2005
Barcelona

Después de que dos de los detenidos por la muerte de Josep Maria
Isanta ingresaran en la madrugada de ayer en la cárcel Modelo de Barcelona, la
juez que lleva el caso continuó tomando declaración durante todo el día a los
nueve jóvenes que permanecían en la comisaría de Berga. Aunque la titular del
juzgado de Berga, Gabriela P. Sagrado, no tenía intención de informar sobre la
situación en la que quedan estos nueve detenidos hasta haberlos interrogado a
todos, las pesquisas parecen ir por buen camino.

Al cierre de esta edición siete de los nueve jóvenes ya habían
declarado y, según fuentes cercanas al caso, ya están identificadas al menos dos
personas como presuntas autoras materiales de la muerte de Isanta, pese a que
los arrestados no se lo están poniendo nada fácil a los investigadores, ya que
algunos se han acusado entre sí de los hechos. Las mismas fuentes indicaron que
la lista de personas acusadas de tentativa de homicidio o asesinato puede
aumentar al no descartarse que se hubiesen utilizado más navajas que no han sido
encontradas o que las dos intervenidas por los Mossos hubiesen podido cambiar de
manos mientras duró la pelea.

Por ahora, los sospechosos que han ingresado en la Modelo son Pablo
Enrique M. V., de 21 años y nacionalidad ecuatoriana, y Santiago S. P., vecino
de Berga natural de La Pobla de Lillet, de 33 años, acusados de asesinato y
tentativa de asesinato. La juez ha decretado prisión incondicional para ambos.

En Berga, el clima de tensión y nerviosismo general dejó paso ayer
por la mañana a reacciones más sosegadas. Las palabras del alcalde, Ramon Camps,
pidiendo calma a los vecinos, se hicieron notar ayer ante la comisaría de los
Mossos d´Esquadra. Sólo un grupo de unas 20 personas esperaban noticias ayer por
la mañana. Entre ellas estaba Isabel S. P., hermana de uno de los detenidos que
ha ingresado en la cárcel Modelo, que dijo no saber nada de su hermano y declaró
que "si él ha hecho algo que lo pague, pero mi hermano no es el asesino".

Por la tarde, sin embargo, cientos de vecinos de Berga se
manifestaron con una sonora cacerolada que recorrió el centro de la población.
Encabezaba la manifestación una pancarta que proclamaba Prou impunitat!,en
referencia a la incapacidad de las autoridades de cortar las acciones violentas
de una minoría de vecinos antes de la muerte de Josep Maria Isanta. A última
hora de la tarde de ayer, cerca de 2.000 personas se habían concentrado frente a
la comisaría de los Mossos d´Esquadra, donde la juez seguía tomando declaración
a los nueve detenidos,

Los comentarios de los congregados ante la comisaría continuaban
siendo de indignación a pesar de la noticia del encarcelamiento de dos de los
detenidos y las palabras del alcalde, asegurando que los culpables "pagarán con
la cárcel".

La contratación por parte del Consistorio de dos abogados, Climent
Fernández y Francesc Jufresa, también ha ayudado a calmar los ánimos de la
población. Cabe recordar que el Ayuntamiento de Berga ha decidido ejercer de
acusación particular tal como reclamaba gran parte de la población. Uno de los
presentes aseguraba que el deseo de todos es volver a la normalidad: "Llevamos
cuatros días de pesadilla y, la verdad, estamos todos un poco agotados". Al
preguntársele por qué seguía ante las puertas de la comisaría, la respuesta fue
tajante: "No queremos que dejen en libertad a asesinos o cómplices de un
asesinato y exigimos que les echen de Berga". El alcalde Camps reconoció ayer
que esta última demanda es complicada porque "el derecho de residencia está
contemplado en la Constitución y no es fácil expulsar a un colectivo de personas
de un municipio".

Aunque con más tranquilidad que el lunes, en Berga no se habla de
otra cosa. Siguen apareciendo testigos de los hechos que coinciden en que los
Mossos llegaron tarde, que "esto ya se veía venir" o que "hace años que suceden
demasiadas cosas en Berga". Muchos de ellos señalan a los Catoños,los quince
hermanos Bravo Ballesteros, protagonistas de conflictos de diversa índole en los
últimos años.

Sin embargo, sólo dos de los detenidos por la muerte de Josep Maria
Isanta son miembros de esta familia. Según un vecino que prefiere mantener el
anonimato, los Catoños "son tan conocidos como temidos en Berga, ya que siempre
protagonizan jaleo". La sargento jefe de la policía local confirmó que se trata
de un grupo "extremadamente violento, que ha participado en varios altercados y
peleas". Todos tienen antecedentes penales y la mayoría han conocido la cárcel.

LA VANGUARDIA DIGITAL
JORDI FINESTRES JAVIER RICOU - 01/06/2005
Berga

Vienen buscando una vida mejor. Aceptan los trabajos más duros y menos solicitados de nuestra sociedad. Muchos tienen que enfrentarse al racismo y la violencia. Más de tres millones de extranjeros viven en España, de ellos entre el 20 y el 30% son ilegales. Esta nueva situación requiere nuevas medidas para regular este fenómeno migratorio, reciente en España pero no tanto para el resto de países europeos.

Los países de la Unión Europea representan para muchos
inmigrantes el sueño de una vida mejor, un trabajo y un lugar donde vivir en
paz. El fenómeno de la inmigración en Europa es uno de los temas que más
preocupan a los políticos. Cada año llega más de un millón de inmigrantes a
Europa. Sin embargo, y a pesar de tratarse de un hecho generalizado, la Unión
Europea no ha tomado medidas comunes al respecto, y así, cada país es libre
respecto a su legislación en extranjería.

En España, el gobierno anunció en agosto de 2004 un plan de
integración a través de la regularización de los inmigrantes ilegales. Para
ello, el pasado 7 de febrero se abrió el plazo para que los empresarios puedan
regularizar a sus trabajadores ilegales, sin que ellos sea motivo de sanción. El
periodo estará abierto hasta el 7 de mayo de 2005, y se pretende así legalizar
la situación de los más de un millón de trabajadores que se calcula se
encuentran en situación ilegal. Una vez pasado este periodo de regularización,
el gobierno ha anunciado un endurecimiento de las sanciones a los empresarios
que aún tengan trabajadores ilegales.

En España existen en la actualidad casi dos millones de
inmigrantes, sin contar aquellos que se encuentran en situación ilegal. La
mayoría de ellos procede de Ibero América, seguidos de los procedentes de
África, aunque en los últimos años el número de inmigrantes de Europa del Este
ha ido aumentando significativamente. Por nacionalidades, los más numerosos son
los ecuatorianos y los marroquíes.

UNA POBLACIÓN ENVEJECIDA

Entre el año 2000 y 2050, la población de la Unión Europea
disminuirá en un 12% (44 millones de personas), según señala Naciones Unidas. En
algunos países, el declive llegará hasta el 28%, como es el caso de Italia.

Frente a esta drástica disminución de la población, la
inmigración se presenta como la única solución a la demanda europea de mano de
obra, no sólo de baja calificación, sino también especializada en determinados
sectores como el relacionado con las nuevas tecnologías de la información.
Alemania, Gran Bretaña o España acogen cada año a miles de trabajadores para
trabajar como temporeros en el campo. Trabajos a los que los ciudadanos europeos
renuncian, y que para los inmigrantes significan la posibilidad de salir del
espiral de pobreza y miseria en la que se ven envueltos.

La cuestión no es para tomársela a la ligera. La preocupación
entre los economistas aumenta. Se calcula que en el año 2050 habrá en España 100
trabajadores por cada 93 desocupados (jubilados, estudiantes, amas de casa,
etc.). Sin inmigración la proporción sería del 100 por 100. El envejecimiento de
Europa plantea grandes interrogantes, como si se podrá mantener el actual
sistema de seguridad social teniendo en cuenta la disminución de población
activa que se prevee.

LA VIOLENCIA HACIA EL INMIGRANTE

Uno de los fenómenos provocados por la llegada de inmigrantes
es el racismo y la violencia hacia los inmigrantes. Es cierto que en España, al
tratarse de un fenómeno reciente, la presencia de inmigrantes no es muy marcada,
y en consecuencia no hay grandes movimientos de repulsa hacia los extranjeros,
pero ya han empezado a darse algunos casos en las zonas más afectadas por la
inmigración.

Es el caso de El Ejido, pueblo almeriense tristemente famoso
por la explosión de violencia hacia la población inmigrante, a raíz del
asesinato de una joven a manos de un magrebí con las facultades mentales
trastornadas. El pueblo volcó su ira hacia la comunidad de inmigrantes llegados
para trabajar en el campo. El caso levantó una gran polémica a nivel nacional
sobre la inmigración y el racismo en España, pero, como sucede siempre con los
sucesos mediáticos, el hecho se fue olvidando y el debate fue enterrado.

No han sido los únicos hechos de esta índole en España. En
Valencia, el barrio de Ruzafa ha sufrido también las consecuencias de la
violencia y la xenofobia. Este barrio, conocido por ser uno de los que albergan
mayor número de inmigrantes en la ciudad, ha sufrido en varias ocasiones ataques
xenófobos por grupos de neofascistas.

Un rechazo a los inmigrantes que también se observa en el
resto de Europa. Como ejemplo, el 'susto' protagonizado por la ascensión de los
votantes de Jean-Marie Le Pen, político conocido por sus ideas xenófobas. Otros
países como Alemania, Austria o Italia también están viendo crecer de forma
alarmante los partidos de extrema derecha. En España, si bien este fenómeno aún
no está extendido, nada hace pensar que no se pueda seguir esta tendencia en los
próximos años.

¿Quién no ha oído el típico: Yo no soy racista, pero? Según
los expertos, el cambio de mentalidad es difícil. Hay que pasar de un país que
exportaba trabajadores a uno que los recibe en gran medida. Ideas como que los
inmigrantes 'quitan' el trabajo a los españoles o que son todos unos
delincuentes están extendidas entre amplios sectores de población.

EL RETO DE LA INTEGRACIÓN

Además del problema social al que se enfrentan los estados
europeos, el fenómeno de la inmigración también implica un componente cultural.
Los inmigrantes traen sus costumbres, sus tradiciones, su lengua o sus creencias
religiosas.

Un claro ejemplo lo podemos encontrar en la polémica levantada
en Francia debido a la prohibición a las niñas musulmanas de llevar el velo en
la escuela. ¿Se les está imponiendo así la cultura occidental? ¿Es necesario
renunciar a las propias tradiciones o culturas para integrarse en el país de
acogida? El debate es, sin duda, delicado.

Según Alban D?Entremont, profesor de geografía de la
Universidad de Navarra, "la asimilación es beneficiosa, a la larga, para el país
de acogida", pero el precio a pagar es muy alto para los inmigrantes, ya que se
ven totalmente desarraigados de su cultura de origen.

Lo opuesto a la asimilación sería la inserción. En este caso
el inmigrantes no abandona ninguno de los modos de su país de origen ni ningún
rasgo de su identidad. Este fenómeno daría lugar a la creación de ghetos.

Así pues, D?Entremont opina que la mejor vía es la
integración. "Los inmigrantes siguen manteniendo muchos rasgos de su propia
identidad, a la vez que van siendo integrados más plenamente en la comunidad".

Aún así, en ninguno de los tres casos el inmigrante pasa a
formar parte plenamente del país de acogida, sobretodo en el plano psicológico.
Ejemplos de esto los podemos observar en el caso de los turcos en Alemania o los
distintos grupos islámicos en Francia y otros países de la Unión Europea.

Un problema común a toda Europea, que debe reaccionar y tomar
medidas al respecto. La inmigración es necesaria y positiva económicamente en el
contexto actual de progresivo envejecimiento de la población. ¿Cómo evitar que
la progresiva llegada de inmigrantes provoque altercados racistas? ¿Cómo
integrar a los inmigrantes en nuestra sociedad? Sin duda, este es uno de los
retos más importantes a los que se enfrenta la Unión Europea en los próximos
años.

Madridpress.com
VALENCIA. ANNA MATEU.

El ministro del Interior, José Antonio Alonso, anunció que su
departamento ha concedido por primera vez el estatuto de asilo a una mujer
víctima de violencia doméstica, a propuesta de la Comisión Interministerial de
Asilo y Refugio (CIAR). La mujer tiene 38 años y dos hijos, procede de la zona
del Golfo Pérsico y fue obligada a casarse.


Alonso se reunió el martes con parlamentarias españolas y
representantes de asociaciones de mujeres para informarles de los trabajos de su
Departamento en la lucha contra la violencia de género y las previsiones para
2005.

Tras el encuentro anunció la concesión por primera vez en
España del estatuto de refugiada a una mujer por ser forzada a casarse, sufrir
violencia ambiental y estructural y no tener protección por parte de las
autoridades de su país.

"Hay determinadas zonas del planeta donde las mujeres son
forzadas a casarse, sufren situaciones estructurales de malos tratos por parte
del marido y la familia, y que no reciben protección por parte de las
autoridades --comentó--. Para el ministerio del Interior estas mujeres
pertenecen a un grupo social acreedor de la condición de refugiado en España".

En este sentido, explicó que la primera mujer a la que se
concede el estatuto de refugiada en España por esta causa tiene 38 años y dos
hijos y procede de la zona del Golfo Pérsico.

TRASTONOS PSICOLÓGICOS

Aunque el titular de Interior recordó que los datos de estas
víctimas no pueden ser desvelados para proteger su seguridad, señaló que ha sido
objeto de malos tratos en el seno del matrimonio, tanto por parte de su esposo
como de la familia de éste y que, como consecuencia, ha sufrido graves
trastornos psicológicos, por los que ha recibido asistencia en España en los
últimos meses.

Asimismo, explicó que para tomar esta decisión, la Comisión ha
tenido en cuenta la gravedad de la continuidad de los malos tratos recibidos por
la mujer, la ausencia de protección por parte de las autoridades de su país de
origen, dada la configuración del sistema legal y social del país; y la
imposibilidad de eludir los malos tratos dentro del mismo. Estos elementos han
llevado a la CIAR, que preside la directora general de Política Interior, a
considerar el caso dentro de los términos de la Convención de Ginebra de 1951
sobre el Estatuto de los Refugiados.

ESFUERZO SOLIDARIO DE ESPAÑA

"En estos casos, el Ministerio del Interior y el Gobierno de
España tiene que hacer el máximo esfuerzo solidario por atender a estas mujeres,
por reconocerle la condición de refugiadas y por y para desplegar todo el
mecanismo asistencial del Estado que supone el reconocimiento de esa condición",
añadió.

A su juicio, la exigencia legal de grupo social demandante de
refugio se da en el caso de las mujeres que pertenecen, precisamente por su
condición, a ese grupo social que en determinados países produce o se enmarca en
una situación estructural determinada: matrimonio forzado, violencia ambiental,
violencia estructural y falta de respuesta de los poderes públicos, junto a los
demás requisitos que marca la legislación.

"Estos elementos determinan que hoy se haya concedido por
primera vez la condición de refugiada a una mujer que indudablemente acreditaba
todos esos requisitos legales --insistió--. Lo que hemos hecho ha sido una
aplicación plena y puntual de la legislación vigente y creo y entiendo, y así va
a ser, que tenemos que seguir aplicando la legislación vigente y seguir
reconociendo la condición de refugiadas a personas que se encuentran en estas
situaciones y acreditan el resto de los requisitos".

Madridpress.com

La presión migratoria sobre el Archipiélago canario motivó
sendos acuerdos en el Parlamento de Canarias y el Congreso de los Diputados con
el fin de evitar la saturación en los centros de internamiento de extranjeros en
esa Comunidad Autónoma y, entre otras acciones, se acordaron los traslados de
extranjeros irregulares.

Dichos vuelos comenzaron a efectuarse en julio de 2002, añade
la respuesta parlamentaria al diputado socialista Antonio Hernando. De julio a
diciembre de 2002 se realizaron 2.860 traslados de extranjeros, la mayoría de
procedencia subsahariana, en 2003 se elevaron a 6.911 y en 2004 a un total de
7.210.

Durante el segundo semestre de 2002, la mayoría de los
irregulares se derivaron a Madrid (1.412); seguida de Málaga (710), Algeciras
(548), Murcia (74), Barcelona (59) y Valencia (57).

En el año 2003, 2.061 extranjeros fueron llevados a Madrid;
1.843 a Málaga; 1.230 a Murcia, 1.215 a Valencia, 25 a Algeciras, 537 a
Barcelona, sumando en total 6.911. Al año siguiente, 2.343 extranjeros
irregulares recalaron en Madrid, 956 en Málaga, 2.163 en Murcia y 1.748 en
Valencia, en conjunto 7.210.

Según el Gobierno, son escasas las ocasiones en que esas
personas poseen documentación y su traslado siempre se hace con autorización
judicial previa para su ingreso en otro centro de internamiento, desde donde se
continúa, en su caso, el procedimiento de documentación para tramitar la
oportuna orden de expulsión.

Añade que desde la aprobación del Plan de Traslados, conforme
al acuerdo del Consejo de Ministros del 28 de enero pasado, "no se han llevado a
cabo actuaciones sociales con carácter sistemático y coordinado".

Pese a que estos vuelos comenzaron en 2002 y a que en los
últimos años la Administración General del Estado llevó a cabo actuaciones
concertadas con las CCAA, "lo cierto es que la política de traslados comienza a
plantearse como política de naturaleza integral, con la aprobación" de dicho
Plan, añade el Ejecutivo.

Sus ejes son el protocolo de actuación conjunta de los
Ministerios de Trabajo y del Interior, y de coordinación con las Comunidades
Autónomas; el programa de acogida de inmigrantes en situación vulnerable; los
convenios de readmisión, y el seguimiento, evaluación y financiación del Plan de
Traslados.

Desde la aprobación del Plan de Traslados, "no se han llevado a
cabo actuaciones sociales con carácter sistemático y coordinado"

La política de traslados comienza a plantearse como política
de naturaleza integral, con la aprobación de dicho plan

Canarias Ahora .com
EFE. Madrid

José Bono señaló en rueda de prensa que el Ejército cuenta con
medios y capacidad útiles para la detección y localización de embarcaciones que,
de forma no reglamentaria, cruzan las aguas españolas, pero señaló que está a
las órdenes del Gobierno para cumplir las directivas que se les mandan.

Puntualizó que el Ejército no es una fuerza policial y subrayó
que, aunque no es su misión, colabora en funciones como la seguridad en una
línea férrea o la vigilancia de las centrales nucleares.

Respecto a la situación en el Sáhara Occidental, José Bono se
refirió a su condición de ministro de Defensa y no de Asuntos Exteriores y sobre
este asunto, dijo que "cuanto sé no se lo puedo decir porque la información que
tengo es clasificada".

El ministro puntualiza que el Ejército no es una fuerza
policial

Canarias Ahora .com
EFE. Santa Cruz de Tenerife

La llegada de inmigrantes indocumentados a la costa de Granada descubrió ayer, de nuevo, su cara más dramática. Más de la mitad de las 59 personas que viajaban en la última expedición interceptada en Motril, en la madrugada del sábado, eran menores, uno de ellos de tan sólo cinco años. Es el mayor grupo de menores inmigrantes localizado en las playas granadinas cuando intentaban entrar de forma ilegal en España. Su llegada ha desbordado los centros de acogida de la Junta de Andalucía, que ya se encuentran saturados y donde se han tenido que instalar colchones y camas supletorias para prestar asistencia a estos jóvenes. Además, la Administración autonómica ha tenido que recurrir a otras entidades para albergarlos.
La embarcación en la que viajaban los inmigrantes,
tipo zodiac y de 10 metros de eslora, fue avistada a unas 22 millas al Sur de
Motril sobre las 20.00 del viernes por un helicóptero del Servicio de Vigilancia
Aduanera. El rescate fue complicado y el dispositivo establecido para su
búsqueda, una embarcación del Servicio de Vigilancia Aduanera y la Salvamar
Mirfak, necesitó algo más de ocho horas para localizar a la expedición.
Finalmente consiguió interceptarla de madrugada y en torno a las 5.30 del sábado
el grupo llegó al puerto de Motril.

A su llegada al recinto portuario voluntarios de
la Cruz Roja dispensaron una primera asistencia sanitaria a los inmigrantes y
les entregaron comida y ropa seca.Según la organización humanitaria, los
inmigrantes se encontraban en buen estado, aunque alguno de ellos, sobre todo
los menores, estaban algo cansados por el largo recorrido de más de 24 horas.

El grupo estaba formado por 33 menores, la mayoría
de entre 8 y 12 años, según los datos facilitados por la Policía Nacional. Los
26 indocumentados restantes, entre ellos dos mujeres, eran mayores de edad y
fueron repatriados ayer por la tarde en avión a sus países de origen, una vez
que los agentes de la Policía Nacional concluyeron todos los trámites para su
expulsión.

Los menores, por su parte, fueron puestos a
disposición de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de
Andalucía. Fuentes de este departamento explicaron ayer que los centros de
acogida inmediata de Granada -Bermúdez de Castro y Ángel Ganivet, con 25 plazas
cada uno- estaban prácticamente completos, lo que dificultó la asistencia a este
nuevo grupo de menores. Finalmente se decidió instalar camas supletorias y
colchones en esos centros y se envió a 14 inmigrantes al Bermúdez de Castro y a
otros tantos al Ángel Ganivet. Los otros cinco menores se instalaron en la
Ciudad de los Niños, una casa de acogida que mantiene un convenio con la
Administración autonómica.

Con estos 33 adolescentes localizados en Motril,
el número de menores que ha llegado este año en embarcaciones interceptadas en
la Costa de Granada se eleva ya a 92, una cifra que supera con creces la
alcanzada el año pasado. La llegada de este numeroso grupo de jóvenes este fin
de semana reafirma las sospechas de la Administración autonómica, que cree que
es posible que ya haya mafias dedicadas en exclusiva a traer a menores, pues
éstos no son expulsados.

Diario de Cádiz
A. GONZÁLEZ / P. FEIXAS
granada.

La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha solicitado a la Brigada de Extranjería de la Policía Nacional que elabore una investigación profunda y exhaustiva sobre la llegada de menores inmigrantes en patera a las costas andaluzas para abordar este fenómeno con suficientes garantías.
El fiscal jefe, Jesús García Calderón, abogó ayer
por "analizar la cuestión con cautela y reflexionar más adelante" para buscar
soluciones, entre las que mencionó la posibilidad de ampliar la red asistencial
de menores con la apertura en el Norte de Marruecos de "centros cogestionados"
por ambos países.

García Calderón recordó ayer que el fenómeno de la
inmigración irregular en general y de los menores en particular ha sido
reiteradamente abordado a lo largo de las últimas memorias anuales de la
Fiscalía, "en las que nos hemos referido a la necesidad de investigar" este
fenómeno. Por eso, la llegada de una treintena de menores en una patera durante
el pasado fin de semana a la costa granadina, la mayor de cuantas se ha
producido hasta el momento, ha llevado al fiscal jefe a solicitar de los
expertos policiales "que se investigue todo lo necesario y que se extreme el
cuidado en la investigación".

El fenómeno de la inmigración irregular, mantiene
García Calderón, "tiene muchas aristas y su solución pasa por una cooperación
transfronteriza que debe producirse a ambos lados: tanto por parte de las
autoridades consulares marroquíes en España y de España en el norte de África,
como la idea de la Junta de abrir centros para menores en Marruecos". Los
funcionarios marroquíes ayudarían, por ejemplo, a identificar a las familias
para que se produzcan devoluciones más seguras de los menores a sus países.

En cualquier caso, dijo, "hay que abordar el
problema desde su origen, saber por qué vienen y qué pensaban hacer después, a
qué se pensaban dedicar". El fiscal puso en duda el sistema de devolución
"sistemática" de los inmigrantes e insistió en que, tal como él recordó en un
reciente encuentro hispano-marroquí en Granada, "es un error focalizar el delito
en la introducción: hay que ver lo que ocurre antes y después".

El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo,
consideró ayer "muy extraña" la llegada en patera de 33 menores no acompañados
por familiares a la costa granadina y consideró que es "muy posible" que detrás
de este asunto "haya una organización". Chamizo informó que ha abierto una queja
de oficio para investigar el hecho. Además mostró su preocupación por que
resulta "extrano e infrecuente" que de los 59 pasajeros de la patera, 33 fueran
menores. "Es posible que pueda haber una organización detrás proque esto no es
normal".

Diario de Cádiz
MOHAMED EL KHATTAT
granada.

Barcelona, 1972
Licenciado por la UB
Hoy presenta 'El mundo ultra' (Temas de Hoy)

Carles Viñas, experto en subculturas juveniles, ha tenido la
valentía de analizar el fenómeno radical en el fútbol español, desmontando
tópicos que menudean en la prensa y entre las fuerzas policiales. El resultado:
El mundo ultra, un libro para entender a estos colectivos violentos.

--¡Hay cánticos de grada de juzgado de guardia!
--Recojo algunos en el libro. Hay uno que dice: "No queremos
jugadores,/ jugadores de color./ Preferimos a Tamudo,/ porque es blanco y
español".

--¿De las Brigadas Blanquiazules?
--Sí. Desde sus inicios tienen una marcada tendencia de
ultraderecha. Las conducen un grupo de cabezas rapadas que dicen ser el reducto
de españolidad de Catalunya. Tienen rasgos neonazis, exhiben banderas y
parafernalia en el estadio. Sacaron en el Calderón una efigie de Franco.

--Insultaron a Kameni, uno de los suyos. ¿Es normal?
--Priorizan su ideología por encima de los colores del equipo.
Esta temporada ha habido un estallido de racismo, con gritos contra Etoo y
Ronaldinho. Pero eso no es algo nuevo.

--¿No?
--Cuando, en los años 70, el madridista Cunningham marcó un
gol en Sevilla, le insultaron llamándole "inferior". También le ocurrió a Nkono
en el Espanyol... Sólo que ahora, gracias al flujo económico de las cadenas de
televisión, hay una mayor contratación de jugadores extracomunitarios. Y el
fenómeno ha tenido más eco mediático.

--Usted ha conocido por dentro a grupos radicales. ¿Qué ha
visto?
--Diversidad. Se los encasilla en la ultraderecha y los hay de
extrema izquierda. En Osasuna, por ejemplo, está Indar Gorri, uno de los grupos
más multados de la historia del fútbol español. Sólo que, al ser de extrema
izquierda aberzale y nacionalista, no encaja en el estereotipo de
skin, rapado y borracho...

--¿Es imposible trazar un retrato del vándalo?
--Quizá era posible en los años 80, cuando había gente muy
joven y de una misma extracción social. Pero ahora los hay de 13 a 35 años,
profesionales liberales y parados.

--¿Por qué existe el fenómeno?
--Por emulación de los modelos británico e italiano. Sobre
todo, a raíz del Mundial del 82.

--Los pioneros fueron los Ultras Sur y los Boixos Nois.
--Sí. Ultras Sur es uno de los grupos con más actos de
violencia. Aunque en sus inicios hubo diversidad ideológica y estética, con la
irrupción de la cultura skin se decantaron hacia la ultraderecha, hacia un
españolismo tardofranquista.

--El Frente Atlético no tiene nada que envidiarles, ¿no?
--De tendencia mayoritaria de ultraderecha, es el grupo más
fuerte del Estado y tiene una ubicación preferente. Tras el asesinato de
Zabaleta por un grupo del estilo del Frente, han tenido un mayor control.

--¿Y Boixos Nois?
--Nacieron en 1981 vinculados al independentismo. Algunos
incluso eran de extrema izquierda. Pero pasaron a ser neonazis pancatalanistas,
y luego nació un grupúsculo, los Casuals, formado por antiguos skins que
cambiaron de imagen por la presión policial. En algunos casos, por un trasvase,
son españolistas. Han llegado a sacar la bandera española en algún
desplazamiento.

--¿Viva Laporta y su tolerancia cero?
--La actitud de la junta es un hecho nuevo, pero es una
política de cara a la galería. Los violentos pueden entrar por otros accesos y
colar la cabeza de cerdo que le tiraron a Figo. A la hora de la verdad, continúa
habiendo contactos entre radicales y fuerzas de seguridad.

--Lástima.
--La violencia está muy enraizada en los clubs de fútbol. Lo
que quieren los clubs es evitar incidentes dentro del estadio, pero la violencia
se está trasladando a las inmediaciones del campo y a otros terrenos de juego,
en los desplazamientos.

--¿La cosa podría ir a más?
--Aquí el límite lo marca la presión policial, que aumentó en
1991 tras la primera muerte en Barcelona. Pero en Argentina han atacado sedes, y
en Italia, entrenamientos.

--¿Por eso un Roberto Carlos da su camiseta al ultra de turno?
--En Italia y en Argentina se contemporiza por temor a que
familia y negocios se vean afectados. Pero aquí, aunque hay miedo, también hay
jugadores, como Etoo, que se encaran directamente a la grada.

--El fútbol azuza las bajas pasiones.
--En determinados puntos del planeta puede incentivar
revoluciones culturales, como en Irán, o guerras, como ha ocurrido en conflictos
fronterizos en Suramérica. Pero, si las políticas preventivas son eficaces,
siempre habrá afición.

El Periódico
NÚRIA NAVARRO

El 69% de los inmigrantes piensa fijar en el futuro su
residencia definitiva en España, según un estudio realizado por ACNielsen,
que destaca además que los inmigrantes están en general integrados y no
perciben actitudes de discriminación. Casi la mitad de los encuestados, el
47%, está seguro de que fijará su residencia en nuestro país, y otro 22%
señala que probablemente lo hará. Un 18% no sabe todavía definirse y sólo
el 12% indica que probablemente o seguro que no se quedará a vivir.

En cuanto a su acogida, la mayoría perciben una actitud
positiva de los españoles hacia ellos y sólo el 16% manifiesta sentirse
discriminado desde que llegó a España.

Estas son algunas de las conclusiones de la encuesta a
1.264 personas, que destaca que los inmigrantes más decididos a instalarse
definitivamente en el país son los procedentes de América Central y del
Sur.

Los que se muestran más indecisos entre quedarse a vivir
o no son los que no tienen hijos, y los lugares donde muestran mayor
tendencia a fijar su residencia de forma fija son el País Vasco, Navarra y
La Rioja, donde el 82% de los inmigrantes dice que quiere quedarse.

En la Comunidad Valenciana este porcentaje es del 79% y
en Cataluña el 76%. Madrid está ligeramente por debajo de la media, con el
67%, al igual que Andalucía, con el 68%.

La comunidad donde menos señalan su intención de fijar
su residencia es Castilla y León, donde sólo el 52% cree que seguirá
viviendo en el futuro.

INTEGRACIÓN

Hay también algunas diferencias sobre las actitudes
percibidas por los inmigrantes en las distintas comunidades autónomas.

En general, en el País Vasco se muestra un mayor nivel
de integración, pues el 77% se siente como un ciudadano español más, y el
73% no cree que esté discriminado, porcentajes bastante más elevados que en
el resto de España.

Se señala también que no hay ninguna comunidad que
destaque negativamente con un sentimiento mayor de discriminación o de no
integración.

Madridpress.com

Jawad y Mohamed estaban, el pasado domingo por la tarde,
mirando un partido de fútbol en las pistas de atletismo de Manlleu cuando
llegó una mujer pidiendo auxilio. Un coche con cinco ocupantes acababa de
caer al canal industrial. Jawad y Mohamed no lo pensaron dos veces.
Corrieron, se quitaron la ropa y se tiraron al agua para rescatar a tres de
las víctimas, dos mujeres y un niño, que habían quedado atrapados en el
coche. Así fue como Jawad Judar, de 26 años, y Mohamed Buaza, de 32,
arriesgaron sus vidas para salvar otras.
Eran las cinco de la tarde cuando un Ford Orion en que
iban cinco ecuatorianos, dos parejas y el hijo de una de ellas, cayó al
canal. Según la Policía Local, el coche se precipitó al agua porque se
arrimó demasiado al borde para dejar pasar a otro vehículo que venía en
sentido contrario, junto al puente de la Cantina. El accidente fue
presenciado por numerosas personas que paseaban junto al río Ter.
"Si no hubiera sido por los dos hombres que se tiraron
al agua, estaríamos hablando de una tragedia". Así describe el sargento de
la Policía Local Jesús Calvo la actuación de Jawad y Mohamed. "Tuvieron una
actitud heroica --añade-- porque la corriente es fuerte y lanzarse es
peligroso". El canal de Manlleu tiene 1,80 metros de profundidad y en el
fondo hay lodos.
Según el relato policial, tras caer al canal, los dos
hombres que iban en los asientos delanteros pudieron salir por la ventana,
y las dos mujeres y el niño quedaron atrapados detrás. Jawad y Mohamed se
zambulleron y sacaron primero a una de las mujeres y luego al niño. Se
percataron de que aún quedaba una quinta persona, a la que también
rescataron. Cuando los bomberos llegaron, sacaron a los cinco ecuatorianos
y a los dos marroquís del agua. Mohamed tuvo que agarrarse a unas ramas
para que no se lo llevara la corriente.

Cortes en todo el cuerpo
Jawad y Mohamed aseguran que se tiraron sin pensar
mientras varias personas miraban. "La verdad es que no tuvimos miedo",
afirman. Desde que se tiraron al agua hasta que llegaron los bomberos
pasaron unos minutos que se les hicieron "muy largos". Ahora, con marcas y
cortes en todo el cuerpo, pero con la sonrisa en los labios, dicen: "Damos
gracias a Dios. Si han vivido todos, estamos contentos".

El Periódico
SERGI SOLÀ
MANLLEU

Cuando su tío de Francia le regaló una bicicleta, Omar comenzó
a soñar con salir de Marruecos. Este chaval de 15 años, segundo de seis
hermanos, dejó de estudiar hace tres, cuando terminó la escuela primaria. Hasta
mediados de abril, ayudaba a su familia en el campo, en una aldea cercana a Kela
Sraghna (sur de Marruecos). Con la terquedad de un adolescente, pidió a sus
padres que lo mandaran a España.

"Mi madre me decía que no, que era muy peligroso y costaba
mucho dinero, pero yo ya no pensaba en otra cosa", dice el chaval. Harto de su
insistencia, el padre vendió un terreno para poder pagar su viaje. Hace tres
semanas, cogió un autobús a Alhucemas para contactar con las mafias de tráfico
de personas, que le alimentaron hasta el momento del embarque. Omar les pagó 800
euros a cambio. Dos chicos de su pueblo zarparon con él.

El 21 de mayo, la Guardia Civil interceptó en Motril (Granada)
una patera con 59 harragas (el equivalente a espaldas mojadas en árabe
marroquí). De ellos, 33 eran menores -entre ellos Omar- y 17 se escaparon de los
centros de acogida donde fueron internados, antes de que la policía determinara
su edad. Fue una de las mayores expediciones infantiles registradas en España,
según una fuente de la Policía Nacional.

Son 1.575 menores como éstos los que desembarcaron en España
en 2004, según los datos de la Brigada de Extranjería. Casi todos procedían de
Marruecos y 1.035 fueron a parar al servicio andaluz de protección de menores.
Las cifras se han disparado en los cuatro primeros meses de este año, según la
Junta de Andalucía, que sólo del 1 de enero al 30 de abril recibió a 445
chavales, un 53% más que en el mismo periodo del año anterior (328). Dejando a
un lado las repatriaciones inmediatas (véase información adjunta), sólo 62
jóvenes fueron repatriados el año pasado, según Interior.

"Esos jóvenes suelen llegar desde zonas del centro y del sur
de Marruecos, como Jeribga y Kela Sraghna, donde la emigración se ha convertido
en una forma de vida", explica Abdelwahid Azibou, trabajador social marroquí y
presidente de la asociación Tadamon, que organiza actividades de formación para
menores desamparados en la región marroquí de Tánger-Tetuán. Azibou explica que
hasta esas zonas, rurales y pobres, llegan los tentáculos de las redes de
pateras. "No se puede hablar de mafias", asegura el marroquí. "Son más bien
personas conocidas en los pueblos, comerciantes por ejemplo, que actúan como
intermediarios y les dan contactos en la zona de Alhucemas".

En la mayoría de los casos, fueron sus padres los que pagaron
el 'billete', según Amina Bargach, psiquiatra infantil marroquí que colabora en
la formación de los equipos de servicios sociales de Cataluña. "Desde la
perspectiva de un país desarrollado es difícil entender a estas familias, que
sufren tremendas carencias económicas, educativas, culturales e ideológicas",
prosigue la psiquiatra. Es tan grave su situación que llegan a creer que
mandando a sus hijos a Europa pueden solucionar sus problemas. Es parecido a los
padres españoles que durante la Guerra Civil enviaron a sus hijos a la URSS sin
saber qué sería de ellos".

La carencia de recursos de esas familias no explica, sin
embargo, el aluvión de menores de este año. La Secretaria de Estado de
Emigración e Inmigración, Consuelo Rumí, cree que puede deberse a que las mafias
se han adaptado al sistema de vigilancia de costas -el Servicio Integrado de
Vigilancia Exterior (SIVE) detecta el 99% de las pateras-. "Saben que es casi
imposible entrar y que los mayores son repatriados de inmediato, así que cargan
las pateras de niños", asegura Rumí.

Una vez interceptados, los agentes se aseguran de que son
menores mediante pruebas oseométricas que se hacen en los hospitales. Si
demuestran que lo son, pasan a los servicios de protección autonómicos. Los de
la Junta de Andalucía cuentan con 2.510 camas repartidas en 265 centros con un
presupuesto global de 5,6 millones de euros. Darles alojamiento, comida, ropa y
estudios, cuesta 70 euros al día, según la Consejería de Igualdad y Bienestar
Social, que el pasado 1 de mayo tenía a su cargo a 931 marroquíes.

Si están en edad escolar, se les matricula en un colegio
público, y si la superan, participan en talleres de formación donde aprenden
cocina, carpintería, albañilería, español... Cada fin de semana reciben su paga
que asciende a tres euros para los mayores de 14 años, y diez para los que
superan los 16. Después de tres meses en un centro de acogida, pasan a otro de
tipo residencial donde pueden permanecer hasta los 18 años. Casi todos cuentan
con pistas deportivas. Algunos, hasta tienen piscina.

El Reglamento de Extranjería obliga a Interior y al personal
de esos centros a buscar a sus parientes para devolverlos a Marruecos. Los
agentes, trabajadores sociales y educadores aseguran que casi siempre lo
consiguen. Pero, desde 2001, ningún menor ha vuelto a su casa desde Granada por
esa vía. Sólo 62 lo hicieron desde el resto de España el año pasado. Manuel
Robles, jefe de la Brigada de Extranjería de Granada, acusa a Marruecos de
"falta de colaboración". "Se niegan a darnos el laissez passer a pesar de que
los tenemos identificados y hemos localizado a sus padres", prosigue.

La solución, según Consuelo Rumí, pasa por la apertura de
centros de tutela que acojan a los niños errantes en territorio marroquí, una
decisión pendiente de una reunión que próximamente mantendrán los gobiernos de
España y Marruecos. España colaborará en su financiación y en la formación de su
personal con el fin de que ofrezcan los mismos servicios que cualquier centro de
acogida español. "Tendrán apoyos educativos y programas de formación profesional
y les buscarán trabajo en su país cuando salgan", asegura la secretaria de
Estado que cree que la medida "será un éxito".

María, mediadora cultural del centro de acogida que se ocupa
de los chicos que llegaron con Omar, se sienta en su despacho con Ahmed (16
años). "¿Tú qué harías si te mandaran a un centro como éste que estuviera en
Marruecos?", le pregunta. "No, no, no, para mí no", le responde en su precario
castellano. "Sólo iré a Marruecos cuando tenga papeles", añade. "Si me mandan,
volveré otra vez".

El precio de la ley


España expulsó de forma inmediata a todos los menores
marroquíes de más de 16 años que llegaron en pateras entre el 23 de octubre de
2003 y el 26 de noviembre de 2004. Durante esos 11 meses, la policía los entregó
en menos de 48 horas en la frontera de Marruecos aplicándoles el procedimiento
de retorno previsto para los extranjeros mayores de edad. Interior nunca ha
revelado cuántos fueron.

La norma que avalaba la medida era una instrucción
del anterior fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, en la que ordenaba a los
fiscales de Menores que dictaminaran a favor de su retorno a su punto de origen
"a la mayor brevedad posible". La orden consideraba emancipados a los mayores de
16 y entendía que en ellos no concurría la situación de desamparo. La
disposición fue criticada por las asociaciones de defensa de los derechos
humanos. El actual general, Cándido Conde-Pumpido, derogó esa instrucción el
pasado 26 de noviembre y dictó una que volvió a conceder el estatus de menor a
todo inmigrante que no tenga aún 18 años y emplaza a los fiscales de Menores a
ponerlos "sin dilación a disposición de los servicios de protección de menores".
"La balanza del interés superior del menor puede inclinarse en pro de su
permanencia en nuestro país", decía su texto.

Fiscales, policías y trabajadores de los centros
de acogida coinciden en que esa instrucción está detrás del incremento en la
afluencia de menores pero, al mismo tiempo, consideran que se ajusta mejor a la
ley.

ELPAIS.es

Decenas de miembros de la comunidad gitana de Perpinyà
se han instalado en los últimos días en Figueres (Alt Empordà),
refugiándose en casas de familiares y amigos para huir de las posibles
represalias del colectivo magrebí. Desde hace unas semanas se ha
desencadenado una escalada de tensión entre ambos grupos, que se ha saldado
con la muerte de dos personas y numerosos destrozos en los comercios de la
capital norcatalana. Las autoridades municipales de Figueres insistieron
ayer en que la llegada de este grupo está bajo control.
Este alojamiento en el barrio del Bon Pastor será
provisional, según advierten los propios gitanos. La mayoría de los que han
viajado son mujeres y niños. Quieren evitar que estos grupos más débiles
sean el objetivo de posibles ataques de los árabes. Desde que se produjo el
segundo crimen en Perpinyà, el domingo de la semana pasada, la comunidad
gitana se recluyó en su sector del barrio de Sant Jaume. Los magrebís
atribuyen ambos asesinatos a los gitanos, por lo que los patriarcas temían
que se tomasen la justicia por su mano.

UNA DECENA DE COCHES
El concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de
Figueres, Pere Casellas (PSC), señaló ayer que la situación en este sector
"es tranquila". "Hasta ahora ha llegado una decena de coches con matrícula
francesa cuando lo habitual es que haya cinco o seis. No obstante no hay
razones para pensar que pueda surgir algún problema", opinó el edil.
El alcalde de la ciudad, Joan Armangué, hizo ayer un
llamamiento a la calma: "Estamos en contacto con las fuerzas de seguridad
para vigilar el barrio pero de momento no hay motivos de alarma", afirmó.
Fuentes de la delegación del Govern en Girona aseguraron ayer que no se ha
montado ningún dispositivo especial de los Mossos d'Esquadra para controlar
la zona. De hecho, las visitas de gitanos de Perpinyà a Figueres son
frecuentes ya que tienen numerosos vínculos familiares.
La comunidad gitana de la ciudad ampurdanesa reconoció
ayer que el consistorio se ha puesto en contacto con ellos para mantener
una reunión en los próximos días y así tratar el asunto de esta llegada
masiva de personas, que cifran en más de un centenar. Los recién llegados
advierten de que no regresarán al sur de Francia hasta que se haya calmado
la tensísima situación.

EVALUACIÓN DE DAÑOS
Mientras tanto, en Perpinyà, los comerciantes siguen
cuantificando los daños en sus locales. Las últimas evaluaciones de la
Cámara de Comercio local cifran en 100 el número de afectados. La batalla
campal que se libró la madrugada del domingo al lunes acabó con la mayoría
de los cristales de los escaparates de los barrios de Sant Jaume y Sant
Mateu rotos. Además, había puertas destrozadas y quemadas. Ahora se estudia
quién pagará por estos estragos y si los afectados podrán recibir alguna
subvención.
Otro de los aspectos que angustian a los ciudadanos es
el notable descenso de las ventas por el miedo que sienten los compradores.
Es el mismo temor que ha llevado a los gitanos hasta Figueres.

El Periódico
CRISTINA BUESA
GIRONA

Cuatro personas fueron condenadas ayer por los altercados del pasado domingo en las calles de Perpinyà. Los hombres, todos de origen magrebí, fueron juzgados por el sistema de juicio inmediato y las penas impuestas oscilan entre los 3 y los 12 meses de prisión. Mientras se celebraban las vistas en el Palacio de Justicia, la ciudad trataba de recuperar lentamente la tranquilidad pese a que las fuerzas de seguridad se mantendrán varios días para evitar nuevos enfrentamientos entre las
comunidades magrebí y gitana, que comparten el barrio de Sant Jaume.
El fiscal jefe de Perpinyà, Jean Pierre Dreno, explicó
que durante la jornada de ayer se juzgó a 14 de los 28 personas apresadas
la madrugada del domingo al lunes. En la mayoría de los casos se trata de
imputados por atentados contra el mobiliario público, daños en vehículos y
rotura de escaparates. Estas cuatro condenas se suman a otras cinco que ya
se impusieron el lunes. La "violencia urbana", según Dreno, se desencadenó
el domingo por la tarde tras el asesinato a tiros de Driss Ghaib, un
marroquí de 43 años.

SIN PISTAS DE LOS ASESINOS
El examen de las cintas grabadas por las cámaras de
seguridad en el barrio de Sant Mateu, donde hubo el segundo crimen, no
permitió conseguir ninguna pista sobre los autores del asesinato de Ghaib,
acribillado por cinco balazos de un revólver de 9 milímetros, especificó el
fiscal.
Las desavenencias entre ambos grupos habían comenzado
una semana antes, el domingo 22, cuando una discusión entre un joven gitano
y Mohamed Bey Bachir, franco-argelino de 28 años, acabó con la muerte a
golpes del árabe. A pesar de que las autoridades seguían ayer sin vincular
ambos crímenes, la tensión en la ciudad creció tanto que las calles del
centro se convirtieron en un campo de batalla. Los comercios de la calle de
Mariscal Foch, una de las más perjudicadas, subían ayer tímidamente sus
persianas y reparaban las lunas.

DOS NOCHES MÁS
El director de Seguridad Pública del departamento, Henri
Castets, aseguró convencido que la noche del lunes al martes había sido
"particularmente tranquila". No obstante, el millar de agentes desplegados
"se mantendrán, por lo menos, durante dos noches", declaró Castets. El
responsable contó que durante el día se había reunido con miembros de las
comunidades enfrentadas: "Hemos insistido en que no pueden reclamar
justicia y al mismo tiempo destrozar la ciudad", subrayó.
El embajador de Marruecos en Francia, Fathella
Sigilmassi, se desplazó a Perpinyà para dar el pésame a la familia de la
víctima y advirtió de que los magrebís "están preocupados y tienen ganas de
vivir tranquilamente".

El Periódico
CRISTINA BUESA
PERPINYÀ / ENVIADA ESPECIAL

Los dos jóvenes de 15 años que fueron detenidos el
pasado jueves después que amenazaran de muerte a dos alumnos de origen
dominicano tras saltar la valla del instituto de enseñanza secundaria (IES)
Margarida Xirgu de L'Hospitalet quedaron ayer en libertad vigilada con
cargos. Los dos exalumnos prestaron declaración en la Fiscalía de Menores,
según los Mossos d'Esquadra.
Esas mismas fuentes desmienten que al menos uno de ellos
hubiera estado implicado en la pelea que acabó a navajazos el pasado martes
y que acabó con tres heridos y dos detenidos. Otros siete jóvenes fueron
trasladados a la comisaría el jueves por la tarde tras responder a una
convocatoria realizada a través de mensajes SMS para agredir a jóvenes
suramericanos. Los menores fueron identificados y sus padres tuvieron que
ir a recogerlos a la comisaría.
Los dos menores puestos en libertad vigilada fueron
expulsados del IES la semana pasada por acumulación de informes
disciplinarios. Entre los dos acumulan 70 expulsiones. Al parecer, los dos
adolescentes también habrían participado, junto a uno de los heridos en la
reyerta, en el acoso a compañeros de clase.

UNA PELEA CADA SEMANA
En el instituto se produce cada semana al menos una
pelea, según fuentes del centro. Los docentes, 58 en total, admiten que
tienen graves problemas para resolver conflictos entre estudiantes.
Describen la violencia del centro como "doméstica" y dicen que un simple
insulto puede acabar a puñetazos.
El IES Margarida Xirgu, situado en el barrio de
Collblanc, tiene 600 alumnos, aunque el absentismo escolar es considerable.
Sin embargo, fuentes del centro consideran que los alumnos verdaderamente
conflictivos no superan la docena. "Se trata sólo de un 2%", dijeron. El
centro sufre la convulsión de la LOGSE y el fenómeno migratorio.

PRESUPUESTO "MÍSERO"
Además, el instituto tiene un curso de adaptación para
"repetidores conflictivos". Además de los 12 alumnos conflictivos
considerados "irreconducibles" por los responsables del centro, hay otros
50 que apenas saben leer y escribir y 120 que necesitan una educación "más
próxima", según las mismas fuentes. El instituto, que tiene un presupuesto
"mísero" según las mismas fuentes, carece de profesor de educación
especial.

El Periódico
HÉCTOR MARÍN
L'HOSPITALET

La VI convención que realizó Ciutadans pel Canvi (CpC) apostó
ayer por que los immigrantes no nacionalizados tengan derecho a votar,
propuesta que trasladará al Parlament y al grupo que comparten con los
socialistas (PSC-CpC), con la intención de que los inmigrantes puedan
ejercer este derecho no en función de su nacionalidad sino de la
residencia. Si la propuesta se acepta, se trasladará al Congreso.

El presidente de CpC y conseller de Justícia de la
Generalitat, Josep Maria Vallès, admitió que al principio "puede que surjan
algunas reticencias" en la oposición e incluso en el seno del tripartito,
pero añadió que "debe generarse un debate a fondo sobre el contenido de la
proposición".

Por su parte, el diputado de PSC CpC Mohamed Chaib manifestó
que "no es una idea descabellada que la iniciativa se empiece a votar en
las elecciones municipales y que paulatinamente se vaya trasladando al
resto de los comicios".

Mientras, y con la llegada del buen tiempo, prosigue el goteo
de pateras. En Fuerteventura fueron detenidos un total de 67 inmigrantes
irregulares de origen subsahariano que habían arribado en dos pateras en la
playa del municipio de La Oliva. Los ocupantes de las dos barquillas eran
todos varones y alcanzaron la costa en buen estado de salud.

En Almería fueron interceptados 37 inmigrantes, todos varones
y de nacionalidad marroquí, que fueron avistados por la fragata "Reina
Sofía" en aguas del mar de Alborán y que llegaron sobre las 15.00 horas al
puerto de Motril (Granada).

En Melilla, agentes del Grupo Especial de Actividades
Subacuáticas de la Guardia Civil interceptaron una embarcación de madera de
seis metros de eslora ocupada por 14 inmigrantes magrebíes y orientales y
detuvieron a su patrón. Éste tiene una orden de prohibición de entrada en
España y posee un historial de 28 detenciones anteriores por tráfico de
personas.

LA VANGUARDIA DIGITAL
Europa Press. BERGA

El Ministerio de Justicia y la Asociación de Ex Presos
Sociales han iniciado conversaciones para que los gays y lesbianas perseguidos
por el franquismo reciban una indemnización y una pensión igual que otros presos
políticos. El primer encuentro ha sido mantenido esta semana por Fernando
Flores, de la Secretaría de Estado de Justicia y el presidente de la asociación,
Antoni Ruiz, según ha informado Carla Antonelli, de la Federación Estatal de
Lesbianas, Gays y Transexuales. Se acordó que, por un lado, todos los
historiales policiales por homosexualidad serán archivados, pero por otro que
los interesados podrán tener acceso a ellos para documentar la represión.

Ruiz aseguró que los representantes del ministerio se
mostraron de acuerdo en conceder una indemnización y una pensión vitalicia a los
afectados. La medida se extenderá a homosexuales y transexuales, y también a
otras personas (prostitutas, gitanos) que fueron perseguidos por las leyes de
Vagos y Maleantes y de Peligrosidad Social después.

La medida es un paso más después de que el pasado 15 de
diciembre el Congreso aprobara una declaración en "reconocimiento a todas las
personas que durante el régimen franquista padecieron persecución y cárcel por
su orientación o su identidad sexual, y cuyo sufrimiento no ha sido aún
reconocido".

El número de beneficiarios se desconoce, aunque historiadores
como Arturo Arnalte lo cifran en menos de un centenar, porque "la mayoría ya han
muerto o son muy mayores y no quieren revivir esa época".

La persecución de homosexuales y transexuales se prolongó
hasta 1979, cuando se derogó la ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social.
Esta situación impidió que los presos se beneficiaran de las dos amnistías de la
transición. Sus historiales policiales tampoco fueron limpiados, por lo que las
fichas siguieron reflejando los antecedentes de homosexualidad. La indemnización
a estos perseguidos cerraría un proceso de reconocimiento que comenzó hace un
par de años. Los gobiernos de Andalucía y Extremadura han realizado actos de
desagravio en Huelva y Badajoz, donde hubo cárceles para homosexuales. El
Gobierno de Canarias ha hecho un homenaje en el centro de prisioneros de Tefía
(Fuerteventura), un "auténtico campo de concentración", según Octavio García, ex
preso.

ELPAIS.es

Carlos Arroyo, vocal de la junta directiva de Médicos del
Mundo en Canarias, dijo en rueda de prensa que al Servicio Canario de la Salud
(SCS) "le ha cogido desprevenido" este fenómeno y no ha asignado los recursos
necesarios para atender esta situación, para la que hace falta "dinero, apoyos y
mediadores culturales".

El SCS "da la espalda" a esta situación a pesar de que su
responsabilidad es la atender a las personas, que tienen derecho a la asistencia
sanitaria "por serlo" y no según "sus papeles, color de piel o si es colombiano
o chino", denunció Arroyo.

José Pablo Pérez, coordinador de proyectos en Tenerife,
informó de que Médicos del Mundo atendió en Canarias en 2004 a 1.017 inmigrantes
que no tienen derecho a la sanidad pública, que sólo presta asistencia a un
extranjero indocumentado si se trata de una urgencia, un embarazo o un menor.

"Hay una presión" para no integrar en la sanidad pública a
este colectivo a pesar de que Médicos del Mundo ha propuesto en varias ocasiones
al SCS un modelo de asistencia para inmigrantes irregulares que no le supondría
un mayor coste, y que ya se aplica en Madrid, Andalucía, Galicia y País Vasco,
explicó Pérez.

Carlos Arroyo detalló asimismo que en relación con los
inmigrantes regulares se detecta una saturación en los centros de atención
primaria, cuyo personal encuentra además dificultades con el idioma y
desconocimiento de las características culturales de estos pacientes.

Por ello, Médicos del Mundo propone que el SCS imparta
programas de formación específica en este ámbito, de manera que se eviten
situaciones como la de prescribir determinados medicamentos a pacientes
musulmanes en la época del ramadán, así como mediadores culturales que se
encarguen de actividades educativas y de promoción de la salud en el colectivo
de extranjeros.

Arroyo señaló además que hay "ausencia de patologías exóticas"
en las consultas de atención primaria y "no hay en absoluto epidemias"
ocasionadas por la llegada de inmigrantes a las Islas.

Sin embargo, como novedad se ha detectado el llamado síndrome
de Ulises o duelo migratorio entre los inmigrantes que acuden a consulta, y que
presentan síntomas de depresión y estrés emocional vinculados con su situación
de trabajo precario, mala calidad en la vivienda, hacinamiento y promiscuidad,
entre otros factores.

Las mujeres inmigrantes se encuentran además "doblemente
discriminadas", pues a su situación añaden con frecuencia el ser víctimas de
violencia sexual soterrada que se manifiesta en embarazados no deseados.

Médicos del Mundo considera además que es "paradójico" el
hecho de que en los nueve años que lleva atendiendo a inmigrantes en España el
número de foráneos se ha multiplicado por cuatro, pero en comparación con otros
países de la Unión Europea este colectivo no ha alcanzado una cifra "alarmante",
pues no llega al 10% de la población.

Carlos Arroyo señaló también que con el proceso de
regularización acordado por el Gobierno español se ha normalizado a unos 860.000
extranjeros, pero aún quedan casi 700.000 en situación irregular, que por lo
tanto carecen de tarjeta sanitaria, y puntualizó que la mayor parte de los
foráneos acceden por aeropuertos, y no por patera.

José Pablo Pérez precisó asimismo que hay ayuntamientos
tinerfeños que se niegan a empadronar a los inmigrantes, con lo que también se
les niega el derecho a la asistencia sanitaria.

No ha asignado los recursos necesarios para atender esta
situación, para la que hace falta "dinero, apoyos y mediadores culturales"

"No hay en absoluto epidemias" ocasionadas por la llegada de
inmigrantes a las Islas, dice Arroyo

Canarias Ahora .com
EFE. Santa Cruz de Tenerife

Uno de los obreros que quedó atrapado al derrumbarse un
edificio en obras en Alicante falleció el sábado, mientras que el segundo
trabajador rescatado por los bomberos de los escombros fue ingresado en estado
grave vital en el Hospital General de Alicante, informaron fuentes del Centro de
Coordinación de Emergencias y del CICU.

El fallecido, identificado como M.H. de 28 años y de
nacionalidad marroquí, permaneció atrapado en los escombros del edificio
derrumbado desde las 13.49 horas, cuando esta finca de la calle Alfonso X el
Sabio de Alicante se desplomó mientras unos obreros trabajaban en su
rehabilitación.

El segundo trabajador rescatado, un hombre de 35 años, fue
rescatado por los bomberos y trasladado al Hospital General de Alicante, donde
permanece ingresado en estado grave vital, señalaron las mismas fuentes, quienes
recordaron que la tercera persona que quedó atrapada por los escombros pudo
salir sin heridas graves.

Madridpress.com

Es humillante que para cada papel que tenemos que entregar en la
Administración, debamos hacer horas de cola en la calle, bajo el frío o el sol.A
la explotación que sufrimos, a la frustración que tenemos por tantas cosas, se
añade la falta de explicaciones y esas colas sin sentido, todo eso genera un
rencor que un día se puede transformar en bronca". Lo dice a través de una
llamada telefónica una mujer irritada que ha tenido que acudir tres veces a la
comisaría de la calle Bosch, junto a Via Augusta, de Barcelona, para recoger su
tarjeta de identidad tras cumplir todos los pasos del proceso de regularización
y después de horas de cola le han dicho que por un problema informático su
nombre no constaba aún como dado de alta en la Seguridad Social.

F.R. es psicóloga y uruguaya, llegó a Barcelona hace tres años y
para obtener un permiso de residencia ha tenido que emplearse en el servicio
doméstico. Su abuelo era italiano y cuando llegó a Montevideo le bastó con su
pasaporte. A ella no y ahora se ha acogido a la regularización. El 9 de marzo
supo a través de internet que su caso se había resuelto favorablemente, aunque
no se le comunicó hasta el 15 de abril e inmediatamente después se dio de alta
en la Seguridad Social. Tenía un mes para pedir el NIE (número de identificación
de extranjeros). Fue a los tres días a la única comisaría habilitada para ese
menester en Barcelona y le dijeron que volviese más tarde. Volvió al cabo de 15
días y le comunicaron que había un problema informático. "Incidencia. Volver en
15 días", le escribió sobre los papeles, a lápiz, un funcionario. Le dieron un
teléfono para llamar pero está colapsado. Ayer acudió a la comisaría, poco antes
de las 9 de la mañana, su marido. La cola daba la vuelta a la calle Guadalajara
porque algunos -otros inmigrantes como ella- habían pasado la noche de guardia.
Al salir del trabajo, poco después de las tres, ella le relevó. Pasadas las
cuatro de la tarde, a menos de una hora del cierre de la comisaría, dio el
penúltimo paso para su regulación. Ahora ya sólo le queda acudir dentro de
quince días a otra comisaría, en la calle Mallorca, para tener su tarjeta
digital NIE, "suponiendo que no haya problemas".

Otros no tuvieron tanta suerte y tendrán que volver porque llegaron
demasiado tarde o porque su nombre aún no está en el fichero. Es el caso de
X.G., de origen chino, que lleva cinco años en Barcelona, aunque en su caso la
cola la hizo para renovar su permiso de trabajo. O tres chicas ecuatorianas que
ya se lo toman a broma. Una de ellas asegura que la última vez que vino y le
dijeron que su nombre no les constaba como dado de alta le añadieron: "No le
puedo dar un teléfono porque nos vuelven locos". Entre los propios policías se
constata un cierto malestar por esa situación, por la falta de refuerzo de
personal y por tener que realizar funciones informativas que no les
corresponden.

Fuentes de la Delegación del Gobierno confirmaron a este diario que
"se ha producido un problema informático que ha afectado en Barcelona a un
paquete de personas, básicamente del servicio doméstico, pero ya está
subsanado". Esas mismas fuentes han agregado que "todas las personas que cumplen
los requisitos y ya están dadas de alta en la Seguridad Social no deben tener
problemas para obtener la tarjeta digital aunque se rebase el plazo
reglamentario de un mes, ya que se trata de un problema administrativo".

LA VANGUARDIA DIGITAL
JOSEP PLAYÀ MASET - 07/06/2005
Barcelona

La presidenta de la Fundación sobre el Holocausto, la ex
presidenta del Parlamento Europeo Simone Veil, ha afirmado hoy que la negación
del Holocausto y del asesinato de millones de judíos es "la forma más terrible
del antisemitismo moderno". Veil ha hecho estas declaraciones en la ceremonia de
apertura de la conferencia de la OSCE sobre Antisemitismo que se ha inaugurado
hoy en Córdoba, donde el ministro español de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos,
ha abogado por medidas "operativas y obligatorias" para erradicar el
antisemitismo y otras formas de intolerancia.
Veil, galardonada este año con el premio Príncipe de Asturias
de Cooperación Internacional, ha dicho que "el que niega el Holocausto debe ser
puesto fuera de la ley" y considera que esa negación es tan absurda como las
"patrañas y la desconfianza" que siempre ha alimentado el odio contra los
judíos. Ese odio, que tuvo su "quintaesencia" en el Holocausto y que supuso el
asesinato de tres cuartas partes de los judíos de Europa ante "la indiferencia
de los pueblos", es fruto principalmente "de la ignorancia". Por ello, ha
apostado por la educación como principal arma para frenar el resurgimiento del
antisemitismo, "ya que no hay nada más maleable que el cerebro de un niño" y lo
mismo que se le puede educar en el odio, también se puede hacer en la
tolerancia.

En su opinión, "si queremos que estos hechos no se vuelvan a
producir, debemos mirar de frente el peligro, detectarlo y darle nombre primero
para después denunciarlo y luchar contra él". En este sentido, ha subrayado que
el antisemitismo que resurge "de manera alarmante", especialmente en Francia
-aunque ha destacado que el Gobierno francés ha reaccionado con energía- y en
general en otros países europeos, "no es sólo antisemitismo", sino una
intransigencia fundamental "contra todo lo que sea distinto y extranjero",
situaciones que "atentan contra el honor de las naciones europeas".

A su juicio, es necesario mantener el recuerdo de lo ocurrido,
si bien "heredar el recuerdo no significa heredar el sufrimiento ni el estatus
de víctima", sino "guardar la conciencia de lo sucedido", un objetivo que tiene
a Europa como garante.

Compromisos reales

Por su parte, el ministro español de Exteriores, Miguel Ángel
Moratinos, ha lamentado que la "experiencia y memoria" del Holocausto no hayan
sido suficientes para "eliminar actitudes y manifestaciones claramente
atentatorias contra la dignidad de los judíos". A su juicio, el respeto y la
tolerancia "no florecen por generación espontánea", de modo que se precisan
"compromisos reales" en este terreno. "No necesitamos declaraciones, sino
decisiones concretas en el ámbito de la educación, en el uso de los medios de
comunicación o en el estudio de la Historia. De nada sirve condenar y lamentar,
si no hay más medidas que hagan imposible la repetición de actos vandálicos o
ultrajantes", ha dicho.

Moratinos opina que cuando se insulta a alguien aludiendo a su
raza, a su religión u origen étnico, no sólo se ofende a una persona gravemente,
"sino que se siembra la injusticia y la posibilidad de la expansión del
agravio". Tras destacar que el Gobierno español asume el compromiso de "reforzar
y consolidar" la labor del enviado especial de la OSCE en la lucha contra el
antisemitismo, ha subrayado que la mejor conclusión de esta conferencia es que
todos los países de la OSCE "se comprometan a medidas operativas y con carácter
obligatorio para erradicar el antisemitismo". No obstante, también ha destacado
que una reunión de este tipo discuta por primera vez la discriminación contra
los musulmanes en los países de la OSCE, un problema que, en su opinión, es
"emergente" fruto de un aumento de la inmigración.

Sobre otras formas de intolerancia como el racismo, la
xenofobia, la intolerancia y la discriminación por motivos de raza, sexo,
lenguaje, ideología o estatus social, que Moratinos considera "inaceptables", ha
reiterado el compromiso del Gobierno en la lucha contra la desigualdad por
motivos de género. "Las medidas que hemos adoptado contra la violencia de género
y a favor de la promoción de la mujer en el trabajo y la sociedad, están en la
vanguardia de los esfuerzos internacionales y creo que pueden servir como
referencia para otras sociedades", ha dicho.

"Las amenazas a nuestra convivencia son mucho más globales,
precisamos de la cooperación organizada para hacerles frente. Seamos valientes y
sepamos estar a la altura de quienes como en la España de las Tres Culturas,
supieron reconciliar sus diferencias y ofrecernos un ejemplo de convivencia en
la diversidad", ha concluido.

ELPAIS.es

Los menores extranjeros hijos de inmigrantes en situación legal en España podrán regularizar su situación si acreditan dos años de permanencia en España de forma continuada, y siempre que los padres o tutores cumplan con los requisitos de medios de vida y alojamiento.

Este arraigo de menores está incluido en el
artículo 90.4 del Reglamento de Extranjería, según explicó ayer el ministro de
Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, y se trata de un "mecanismo
permanente de regularización cuando se dieran las condiciones adecuadas".
Caldera compareció ante la comisión de Trabajo y Asuntos Sociales del Congreso
de los Diputados para hacer balance del proceso de regularización de
extranjeros, que a fecha de 6 de junio de 2005 alcanzó las 160.000 altas en la
Seguridad Social, lo que supone un 25 por ciento del total posible.

A juicio del ministro, se trata de un "número
acorde con el ritmo de resolución de expedientes". A 3 de junio, las
resoluciones de solicitudes de regularización alcanzaban las 323.600, lo que
supone el 47 por ciento del total. Nueve de cada diez se han resuelto
positivamente, por lo que Caldera calculó que, al final del procedimiento, las
rechazadas oscilarán únicamente entre un 3 y un 5 por ciento. El objetivo es
poner punto y final a todo el proceso "antes de las vacaciones de verano",
precisó Caldera, quien insistió en el "éxito social" que ha supuesto el proceso
de regularización, como a su juicio demuestran las 690.679 solicitudes
presentadas.

Respecto a las altas en la Seguridad Social, el
46,85 por ciento corresponde a contratos de duración determinada y el 2,71 por
ciento a indefinidos, mientras que no consta en el resto. Por sexos, el 51,66
por ciento son hombres y el 48,34 por ciento mujeres. Son mayoría, el 60 por
ciento, los que tienen entre 25 y 39 años, seguidos del 20,5 por ciento que
tiene entre 41 y 65, y el 19,2 por ciento que tiene entre 16 y 24.

Atendiendo a la nacionalidad de los que ya tienen
papeles, los más numerosos son los ecuatorianos (46.345), seguidos de rumanos
(26.370), colombianos (18.812) y marroquíes (18.161). Por regímenes, el 36,7 por
ciento está trabajando en el hogar, el 18,5 por ciento en la construcción, el 13
por ciento en la agricultura y el 10 por ciento en la hostelería. Caldera
calculó que los ingresos adicionales para el sistema de la Seguridad Social
serán de 750 millones en 2005 y superarán los 1.500 millones el año próximo una
vez concluido el procedimiento.

Europa Sur
ABIGAIL CAMPOS
madrid.

El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, se
comprometió ayer en el Congreso a estudiar, a propuesta de CiU, la imposición de
visado de turista a ciudadanos bolivianos para entrar en España cuando su
estancia sea inferior a tres meses. El parlamentario de CiU Carles Campuzano
recordó que los bolivianos han entregado 47.202 peticiones en el proceso de
normalización y son el quinto país en presentación de solicitudes. También la
diputada de PP Ángeles Muñoz afirmó que la policía ya ha alertado del incremento
de ciudadanos que llegan a España desde Europa procedentes de Bolivia, Brasil y
Venezuela.

Los datos del padrón de inicios del 2005 indican que el pasado año
el número de ciudadanos de Bolivia registró un aumento del 84% y pasó de 53.345
a 96.800.

De las cuatro primeras nacionalidades solicitantes de la
normalización, Ecuador, Marruecos y Colombia ya tienen obligación de solicitar
visado de turista para evitar que los ciudadanos de estos países se conviertan
en irregulares sobrevenidos que no abandonan España una vez expira el periodo en
el que pueden estar sin visado. A los rumanos (segunda nacionalidad
solicitante), por decisión europea, se les retiró la imposición de este visado
ante su futura entrada en la UE.

"Nos vamos a encontrar con nuevos ciudadanos irregulares procedentes
de Bolivia, que pueden venir a España sin visado y quedarse posteriormente, y,
además, corremos el riesgo de que bajo el paraguas de Bolivia vengan también de
forma irregular nacionales de Ecuador y Colombia", explicó Campuzano. "No sería
prudente que adelantara ahora las posibles estrategias que se pudieran tomar o
no en el futuro -respondió el ministro-. Además, usted sabe que estas decisiones
no las puede tomar España sino que es una decisión conjunta de la UE. Pero
recojo su planteamiento y el tema se estudiará".

El ministro de Trabajo explicó ayer que, del total de altas en la
Seguridad Social procedentes del proceso de regularización, sólo hay un 2,71%
que corresponde a contratos indefinidos. Además, el 31,7% del total de
expedientes presentados tiene cabida dentro del régimen del hogar, lo que da una
idea también de la precariedad de los empleos que se han generado.

Según Caldera, la Seguridad Social recaudará este año gracias a este
proceso 750 millones de euros adicionales. Y para el 2006 calcula que se
superará los 1.500 millones. También precisó que no habrá expulsiones para los
menores sin papeles y podrán obtener un permiso de residencia a través de una
nueva fórmula jurídica. Se trata del "arraigo de menores", al que podrán
acogerse si demuestran dos años de residencia continuada en España y sus padres
o tutores tienen los medios de vida y alojamiento exigidos para la reagrupación
familiar.

El 60,28% de los nuevos cotizantes extranjeros tiene entre 25 y 39
años; el 20,5%, entre 41 y 65 años, y el 19,21%, entre 16 y 24 años.

LA VANGUARDIA DIGITAL
Redacción y agencias. MADRID

Las denuncias sobre las condiciones de reclusión en la base
estadounidense de Guantánamo (Cuba) continúan subiendo de tono, tanto dentro
como fuera de EEUU. Ayer, el rotativo The New York Times pidió el cierre del
centro de detención en la isla caribeña, al que calificó de "vergüenza
nacional". La Administración de George Bush mantiene recluidos en Guantánamo
desde hace tres años a 520 presuntos terroristas sin acceso a los tribunales
estadounidenses.
"El cierre de Guantánamo es sólo un primer paso", sostiene el
rotativo liberal neoyorquino en su página editorial. "Es un paso que daría
instantáneamente dividendos en todo el mundo; no sólo repararía la reputación de
EEUU, sino que también mejoraría la seguridad" del país.
Según el rotativo, la prisión de Guantánamo "es un regalo
propagandístico a los enemigos de EEUU, una razón para que nuestros aliados
sientan vergüenza ajena, y un eficaz instrumento de reclutamiento para los
radicales islámicos, incluidos los futuros terroristas".
El Times sale al paso del principal argumento de la Casa
Blanca para retener a medio millar de prisioneros, es decir, su supuesta
peligrosidad ante el riesgo de llevar a cabo atentados contra EEUU. "Si, como el
Gobierno sostiene, algunos de esos prisioneros son miembros activos y peligrosos
de una conspiración para perpetrar actos terroristas contra EEUU, debe haber
acusaciones legítimas para encausarles".

"DICTADURAS CÓMPLICES"
De no existir esas acusaciones, los prisioneros deberían ser
liberados, para que vuelvan a su hogar o a otro país, añade el editorial. En
todo caso, el diario subraya que Washington "no debe entregarlos a dictaduras
cómplices, donde los matones locales los podrán torturar sin que EEUU tenga
responsabilidad directa en ello, como se ha informado que pasó recientemente en
lugares como Uzbekistán, Siria y Egipto".
El rotativo respalda la calificación de "gulag de nuestros
tiempos" con la que Amnistía Internacional (AI) describió a la prisión de
Guantánamo hace dos semanas, y "que tanto ofendió" a la Adminstración de Bush.
"Es una metáfora idónea", dice el Times, porque esa prisión "es una en una
cadena de oscuros campos de detención que también incluye a Abú Graib en Irak,
la prisión militar de la base aérea de Bagram en Afganistán y a otros centros
secretos dirigidos por las agencias de espionaje".
Tanto el presidente George Bush, como el secretario de
Defensa, Donald Rumsfeld, rechazaron airadamente la semana pasada como
"descabellada" la comparación de Guantánamo con un siniestro gulag soviético,
los campos de trabajos forzados donde murieron millones de prisioneros.

ALGUNAS "SIMILITUDES"
Sin embargo ayer el director ejecutivo de AI, William Schulz,
sostuvo que, aunque la analogía no sea exacta o literal, "hay algunas
similitudes", ya que "EEUU está manteniendo un archipiélago de prisiones en todo
el mundo, muchas de ellas secretas, en las que la gente está desapareciendo
literalmente; y, en algunos casos al menos, sabemos que se los maltrata, se
abusa de ellos e incluso los mata".
En declaraciones a la cadena de televisión Fox, Schulz
reconoció que, pese a sus denuncias sobre las violaciones de derechos humanos en
Guantánamo, "no sabemos con seguridad lo que está pasando" en esa prisión.
Precisamente por ello, Schulz recalcó que el principal argumento de AI es que
"EEUU permita que investiguen las organizaciones independientes que defienden
los derechos humanos".

El Periódico
MERCEDES HERVÁS
NUEVA YORK

Un jurado encabezado por el presidente de la Xunta de Galicia,
Manuel Fraga, otorgó ayer en Oviedo el Premio Príncipe de Asturias de Ciencias
Sociales al escritor y analista político italiano Giovanni Sartori, por el
"compromiso con las garantías y las libertades de la sociedad abierta" que ha
regido su trabajo teórico. La organización SOS Racismo criticó el fallo y
calificó de "racista" y peligroso para la convivencia el discurso de Sartori,
que en los últimos años ha mostrado repetidamente su preocupación por la
"inmigración incontrolada".
El acta del jurado señala que el politólogo "ha reflexionado y
alertado con particular agudeza sobre los problemas sociales e institucionales
de nuestro tiempo y sobre el necesario equilibrio de los diversos poderes en las
sociedades democráticas". También destaca el "extraordinario prestigio" del que
goza en la opinión pública internacional.
Sartori (Florencia, 1924), profesor emérito en la neoyorquina
Universidad de Columbia, expuso sus puntos de vista sobre la inmigración en el
polémico ensayo La sociedad multiétnica. Pluralismo, multiculturalismo y
extranjeros, del 2001. Ayer, en conversación teléfonica, volvió a defender las
tesis del libro. "Europa no puede acoger a toda esa invasión clandestina
--señaló--. No se puede renunciar a controlar la inmigración irregular porque en
África hay cientos de miles de personas que vendrían a Europa si no hay
control".
Esa corriente migratoria genera, a juicio del pensador
italiano, graves problemas, no sólo en el ámbito económico o laboral, sino,
sobre todo, en el terreno cultural. "Todo eso ha influido en Francia y Holanda",
agregó, aludiendo al rechazo de los electores franceses y holandeses al tratado
constitucional europeo.

RETIRADA DE IRAK
También fue controvertida en su día la postura de Sartori
respecto a la decisión del Gobierno socialista español de ordenar el regreso de
las tropas deslpegadas en Irak, gesto que calificó de "cobarde". "Fui muy
crítico con el comportamiento de Zapatero porque me parece una irresponsabilidad
--insisitió ayer--. Sé que se trata de una promesa electoral, pero, a veces, las
promesas deben dejarse. Creo que debemos ser capaces de salir de Irak, pero no
irnos sin más, porque, de otro modo, dejaremos el estado iraquí en manos de los
terroristas".
El portavoz de la organización SOS Racismo, Diego Lorente,
manifestó que la concesión del premio a Sartori es una decisión "muy poco
acertada" porque, "aunque puede haber tenido una buena trayectoria", en los
últimos años "su discurso de choque de civilizaciones es racista, xenófobo,
injusto y perjudicial, y hace daño a la convivencia".
El secretario general del Grupo Socialista, Diego López
Garrido, señaló que el galardón es "del todo merecido" y calificó la obra del
pensador italiano de "interesante", aunque agregó que sus declaraciones sobre la
retirada de Irak fueron "muy desafortunadas".

El Periódico
L. ORDÓÑEZ / G. FERNÁNDEZ
OVIEDO

La OSCE (Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa)
advirtió ayer de que las decisiones de los Gobiernos nunca deben servir para
justificar el racismo, la xenofobia o la discriminación de grupos sociales o
religiosos y que los actos de terrorismo no deben ser identificados con ninguna
religión, cultura o grupo étnico.

Estas son dos de las principales recomendaciones acordadas en la
Conferencia de la OSCE que ha reunido en Córdoba a representantes de más de 50
países para analizar los avances en la lucha contra el antisemitismo, los
perjuicios contra las religiones y otras formas de intolerancia. La elección de
Córdoba -como advirtió el Rey Juan Carlos en el almuerzo de bienvenida- se debe
a su singular historia, «símbolo de coexistencia en armonía de las culturas
cristiana, judía y musulmana». La Declaración de Córdoba será ratificada hoy.

En esta ciudad, los representantes gubernamentales y numerosos
expertos en conflictos sociales han subrayado la importancia de afrontar esta
lucha de manera coordinada entre todos los países y, en especial, a través de la
educación, para reconocer y atajar el problema desde el momento de su aparición.
Todos ellos advirtieron sobre los peligros de una creciente falta de tolerancia
e incomprensión entre grupos de distintas religiones, un fenómeno que, si bien
no es nuevo, se ha visto incrementado a raíz de los atentados islamistas de
Nueva York y Madrid, y a causa de un aumento de los movimientos migratorios de
países musulmanes hacia Europa.

Planes específicos

Además, la conferencia, convocada con el objetivo de valorar los
avances puestos en práctica por los distintos países, encomendó a la Oficina de
Derechos Humanos de la OSCE la tarea de elaborar planes específicos para
orientar a los países en el desarrollo de medidas como recolección y manejo de
información, legislación e implementación, y diseño de programas educativos y de
capacitación de funcionarios públicos.

En la jornada de inauguración, el ministro de Asuntos Exteriores,
Miguel Ángel Moratinos, subrayó que en la lucha contra la intolerancia «no valen
las declaraciones» sino que hay que implantar «medidas concretas de carácter
obligatorio» para acabar con la discriminación y para «acomodar» el hecho
religioso en la sociedad. Así, Moratinos destacó la necesidad de implementar
medidas para facilitar la integración de los musulmanes y evitar que haya quien
«cae en la trampa de identificar al islam y a quienes lo practican con la
intolerancia cuando no con el terrorismo».

En el turno de intervenciones, el representante israelí Michael
Melchior advirtió sobre el resurgir del antisemitismo en el mundo y apostó por
impulsar un «diálogo de civilizaciones» que promueva la educación y el diálogo
para «vencer a la intolerancia».

Por su parte, el representante de Estados Unidos y gobernador del
estado de Nueva York, George Pataki, propuso imponer penas más severas por actos
de intolerancia religiosa, xenofobia o por discriminación sexual; fomentar la
formación de policías y otros funcionarios en materia de tolerancia, y potenciar
la creación de grupos comunitarios que «eduquen en la diversidad».

El viceministro marroquí de Exteriores, Taieb Fassi Fihri, expresó
su preocupación por la «islamofobia» y las discriminaciones que sufren los
inmigrantes musulmanes en los países europeos y apeló a la responsabilidad de
los Estados para que contribuyan a luchar contra los fenómenos de segregación.

Por su parte, y en nombre de la Santa Sede, el arzobispo de Toledo,
Antonio Cañizares, aseguró que «la intolerancia y la discriminación contra los
cristianos es un fenómeno preocupante al que hay que poner fin con la misma
determinación con que se combate el antisemitismo y la discriminación de los
musulmanes».

Por último, el ministro luxemburgués de Exteriores y presidente de
turno del Consejo de la UE, Jean Asselborn, expresó la determinación de la Unión
de movilizar a los Gobiernos y las sociedades europeas para «luchar sin respiro»
contra la «abominación» que supone «el resurgimiento del antisemitismo».

Diario SUR Digital
EFE/CÓRDOBA

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial ha condenado a José Santiago M. S., el joven natural de Valencia acusado de disparar con una escopeta contra un ciudadano marroquí, en Peñíscola, por motivos racistas, a 13 años de prisión por un delito intentado de asesinato, con la agravante de actuar por motivos racistas, y a dos años de prisión, por de tenencia de armas prohibidas.

El tribunal considera probado que el acusado, sobre las 23.40 horas
del 11 de abril del 2002, provisto con una escopeta con los cañones y la culata
recortados "para aumentar su eficacia", se dirigió al bar Sabrina, sito en la
avenida Papa Luna de Peñíscola. Allí se encontraba un primo del dueño, N. A., de
nacionalidad marroquí, que trabajaba allí como cocinero y desde hacía unos días
también realizaba funciones de vigilancia al haber sufrido el local un ataque en
el que se incendió el bar y colocaron carteles y pintadas donde podía leerse
"fuera moros" o "moros a la horca".

El procesado, aprovechando que en el exterior del establecimiento no
había luz, y de forma sorpresiva, "conociendo que víctima no tenía oportunidad
de defenderse" y que se dirigía hacia la puerta al apercibirse de la presencia
de alguna persona fuera, "le disparó con la intención de acabar con su vida",
efectuando varias detonaciones con la escopeta, algunas de las cuales impactaron
en N. A., que cuando comprobó que la persona que le había disparado se había
marchado, salió al exterior pidiendo auxilio y fue asistido por varias personas.

La víctima, presentaba tres orificios por arma de fuego a nivel de
tórax, tres en abdomen; uno en el hombro y otro en la cadena derecha, fue
trasladada a un hospital, donde recibió asistencia médica, "sin la cual hubiera
fallecido".

Asimismo, según recoge la sentencia, el procesado, que no conocía a
la víctima, "sentía desprecio por las personas de raza no europea, lo que motivó
que disparara con la escopeta en un bar que él sabía regentado por marroquíes".

TATUAJES NAZIS José Santiago M. S. presenta varios tatuajes en su
cuerpo, como águilas con la gruz gamada, la inscripción Europa Blanca o Heit
Hitler, y en su domicilio hallaron recortes de prensa sobre noticias sobre nazis
y sobre un procedimiento contra el mismo por haber dispararo contra niños de
raza gitana, así como panfletos de simbología nazi, donde se podían leer frases
tales como "disparar a gitanos y yonquis es un simple entretenimiento de feria;
J. S. M. S. procesado por la gitanería", "inmigrantes, judios y gitanos,
destructores de la raza blanca, invasores de naciones y ladrones de culturas,
lenguas, idiomas y tradiciones".

Horas después de producirse los hechos, los agentes encargados de la
investigación le solicitaron autorizaciones para registra la vivienda, a lo que
él accedió, y hallaron varios cartuchos y debajo de un sofá-cama la escopeta de
cañones recortados, y le detuvieron.

Noticia del 30 de abril 2005
El Periódico Mediterraneo

La Asociación de Vecinos Bermejales 2000 ha pedido
una "reunión urgente" con los portavoces de los cuatro grupos políticos con
representación en el Ayuntamiento de Sevilla -PSOE, IU, PP y PA- para que "se
quiten la careta" y se posicionen sobre la construcción de la mezquita
proyectada en el barrio por la comunidad islámica. La presidenta de esta
entidad, Concepción Rivas, informó de que ha remitido un escrito a cada uno de
los portavoces de los grupos municipales en el que les reclama una entrevista
para abordar este asunto y les invita a la próxima asamblea vecinal que se
celebrará el próximo martes.
Concepción Rivas demandó que "se definan y digan
si están de acuerdo o en contra de los vecinos" en esta materia e insistió en
que el solar de propiedad municipal sobre el que se edificará el templo islámico
debería destinarse a la instalación de servicios sociales.

Diario de Sevilla
REDACCIÓN

Las remesas enviadas por los inmigrantes extranjeros en España a sus
familiares, que han quedado en los países de origen, han crecido
espectacularmente en los últimos años. De los 520 millones de euros de 1997 se
ha pasado a los 3.436 millones en el 2004. Esta cifra supera con holgura los
2.600 millones de euros que España dedica a la ayuda al desarrollo, tal como
recuerdan Miguel Ángel de Prada, Carlos Pereda y Walter Actis, miembros del
Colectivo IOÉ, en un artículo incluido en el primer número de la revista
Panorama Social, de la Fundación de las Cajas de Ahorros.

Este aumento del 560% en tan sólo siete años explica que el número
de agencias especializadas en el envío de remesas haya pasado también de 10 a 55
y que cuenten ya con 6.700 locales en todo el país. Aún así, el Banco de España
considera que las remesas reales pueden doblar esa cifra y alcanzar los 6.500
millones de euros, aunque entre un 10 y un 15% se quedaría en manos de las
entidades intermediadoras.

Son muchos los tópicos y equívocos que envuelven el fenómeno de la
inmigración, especialmente en referencia a su aportación económica. Pese a la
cuantía de esas remesas, actualmente los emigrantes españoles en el extranjero
-menos ya de dos millones- siguen aportando a la economía de aquí más dinero del
que extraen los inmigrantes (4.171 millones frente a 2.895, según datos del
2003). España gana también con los inmigrantes porque en su mayoría se trata de
una población joven y sana, que aporta -vía cotizaciones sociales y consumo-más
de lo que gasta -vía prestasociales o sanitarias-. Un 66,5% de los extranjeros
empadronados en España tienen entre 20 y 49 años, por lo que no gastan en
educación y poco en sanidad.

El estudio publicado es uno de los primeros análisis globales de la
inmigración con los datos más recientes. De los casi 44 millones de habitantes
empadronados a principios de este año, había 4.355.300 inmigrados (nacidos en
otro país), de los cuales debían considerarse extranjeros (nacidos en otro país
y no nacionalizados) 3.691.547. Del total de extranjeros, un 20,8% procede de
países de la Unión Europea y un 2% de América del Norte y Japón, pero casi el
80% es originario del mundo menos desarrollado. Si hace una década, las mayores
entradas procedían de la Europa comunitaria y de Marruecos, ahora son de
Latinoamérica y Europa del Este. Los mayores incrementos porcentuales en los
últimos cuatro años corresponden a bolivianos, rumanos y búlgaros, que son
también los colectivos con más irregulares.

Existe un relativo equilibrio de géneros, aunque predominan las
mujeres entre los colectivos de Colombia, Bolivia, Perú y Santo Domingo. Hay
516.500 menores de 15 años, con porcentajes altos entre marroquíes,
ecuatorianos, chinos y dominicanos. En el otro extremo de la pirámide, entre las
270.000 personas de 60 años o más, los colectivos más numerosos son los ingleses
y alemanes.

De momento la llegada de los hijos de los inmigrantes no ha servido
para frenar la caída demográfica del alumnado español. Los datos provisionales
del curso 2004-05 estiman en medio millón el número de alumnos en niveles no
universitarios, lo que significa el 7,2% de la matrícula total.

Actualmente el 9% de los nacimientos son de parejas extranjeras y el
5%de parejas mixtas. El porcentaje de alumbramientos más alto procede de las
mujeres marroquíes, que aportan el 26% de los nacimientos, y de las
ecuatorianas, con el 20%. La fecundidad de las mujeres marroquíes y de las
chinas duplica la media de las extranjeras.

Otro estudio de Inés Alberdi, incluido en Panorama social,explica
los cambios profundos en la estructura familiar (hogares más pequeños, cambio de
valores, nuevo reparto de funciones). En 1981, trabajaban un 28% de las mujeres
de 30 a 40 años, mientras que en el 2003 son un 70% las mujeres activas.

LA VANGUARDIA DIGITAL
JOSEP PLAYÀ MASET - 10/06/2005
BARCELONA

ElAyuntamiento de Alcarràs acaba de iniciar una auténtica caza
contra los agricultores que acuden a la población a buscar a temporeros sin
papeles y se los llevan a sus fincas para explotarlos. El paso dado por el
Consistorio es la prueba de la existencia de una importante bolsa de payeses sin
escrúpulos que actúan como auténticos negreros y que tenían en Alcarràs su
principal centro de operaciones.

Para acabar con esta práctica, el Ayuntamiento ha dado órdenes a la
policía local de que controle a todas las personas de fuera de la población que
recalen en las próximas semanas en Alcarràs y sean sospechosos de buscar esa
mano de obra ilegal. La caza de estos negreros ha empezado y los Mossos han
recibido ya las matrículas de algunos de estos vehículos sospechosos. El
Ayuntamiento de Alcarràs parece más decidido que nunca a evitar que esta
población vuelva a convertirse, durante la campaña de la fruta, en el principal
centro de concentración de los temporeros que recalan en el Baix Segre en busca
de trabajo y que no tienen ni papeles ni ofertas previas de mpleo.

La primera medida fue derribar la granja abandonada que había en las
afueras de Alcarràs y en la que llegaron a hacinarse el pasado verano cerca de
un millar de inmigrantes. Las condiciones de vida allí eran infrahumanas y este
año esa imagen no va a repetirse, al menos en el mismo sitio, ya que la finca ha
sido vallada y el suelo labrado.

Más tarde, el alcalde de Alcarràs, Gerard Serra, anunció que este
verano el Ayuntamiento iba a recortar las ayudas a estos extranjeros para evitar
que esta población se convierta, como otros años, en una especie de centro de
peregrinación de los inmigrantes ilegales que recalan en esta zona en busca de
esos servicios sociales que les ofrecían ropa, comida y todo tipo de ayuda.

El último paso dado por Gerard Serra para ahuyentar a estos
temporeros ha sido la decidida e inédita ofensiva, dirigida desde el propio
Consistorio, contra los payeses que buscan esa mano de obra ilegal. Estos
agricultores tienen buena parte de culpa de la llegada de esos centenares de
inmigrantes irregulares que, pese a ser plenamente conscientes de que van a ser
explotados, buscan a esos negreros porque cuando llegan apenas les queda ya
dinero para sobrevivir.

Gerard Serra apunta a las localidades vecinas cuando revela la
existencia de estos agricultores que operan al margen de la ley y les advierte
de que van a ser denunciados. Ese control ordenado a la policía local revela que
a partir de ahora ya no se va a mirar hacia otro lado cuando lleguen a Alcarràs
-como ocurre año tras año- esos vehículos que recogen, a punta de día, a
temporeros sin papeles para llevárselos a fincas de pueblos vecinos y después
regresan por la tarde para dejar a los temporeros en la misma población.

Gerard Serra no está solo es esta lucha. La directora general de
Inmigración, Marta Rodríguez, se ha reunido con los subdelegados de Almería,
Murcia y Málaga para evitar el efecto llamada que suele fomentarse en estas
provincias animando a los inmigrantes a que se desplacen a Lleida con la promesa
de que ahí hay trabajo para todos.

LA VANGUARDIA DIGITAL
JAVIER RICOU - 10/06/2005
Alcarràs

Los organizadores del concierto antifascista donde se inició la pelea que acabó con la muerte de Josep Maria Isanta, el 28 de mayo en Berga, acusaron de mentirosa a la consellera de Interior, Montserrat Tura, por las declaraciones del miércoles en el Parlament, donde les acusó de falta de colaboración para evitar el asesinato.
Las entidades responsables del concierto se mostraron ayer
"indignadas" por las palabras de la consellera y la acusaron de confundir a la
opinión pública contado "medias verdades, imprecisiones y exageraciones". Entre
ellas destacaron que el concierto incumpliese medidas de seguridad y que tiraran
piedras a la primera patrulla de los mossos.
El concierto en el que se iniciaron los trágicos hechos que
acabaron con la muerte de Isanta fue organizado por cuatro de los colectivos más
activos de la ciudad: el Ateneu Llibertari del Berguedà, el Centre d'Estudis
Josep Esther Borràs, el Ateneu Columna, Terra i Llibertat y el Casal Panxo. 16
de sus miembros comparecieron para dar su versión. "Estamos muy dolidos y no
encontramos sentido a las críticas de la consellera. Se criminaliza a nuestros
colectivos por la forma de pensar y nosotros no somos los responsables de la
muerte de nuestro amigo", dijo un portavoz, David Cols.

MALA RELACIÓN
Tura hizo el miércoles un relato exhaustivo de los ataques que
han recibido los mossos desde que se desplegaron en el Berguedà. Aunque los
jóvenes reconocen esta mala relación, creen que Tura descontextualizó las
protestas "que obedecieron a unas situaciones muy concretas".
Los jóvenes exigieron que se aclare de una vez lo sucedido la
noche del 28 de mayo esa noche e insistieron en que en el lugar de la pelea
había policías de paisano. Y desmintieron que el concierto no cumpliera con los
requisitos de seguridad, como dijo Tura. "Nadie nos exigió vigilantes y cerca
había un puesto de Cruz Roja", afirmaron.

El Periódico
JOSEP MARIA SARRI
BERGA

La madre del pequeño Joseph tiene miedo. La ciudad en la que
viven, Bruselas, era antaño un lugar tranquilo. En 1942, todo cambia. Los nazis
registran sin descanso sus rincones a la caza del judío. Para proteger al niño,
decide llevarlo a casa de una condesa. La mujer peca de credulidad al pensar que
la Gestapo se detiene ante títulos nobiliarios. Acosada por la policía, la
benefactora no puede seguir escondiendo al muchacho y se lo entrega a un cura
católico, el padre Pons, quien ya ampara a muchos otros. Así arranca El hijo de
Noé, de Eric-Emmanuel Schmitt (Lyón, 1960), autor de gran éxito en Francia por
sus novelas y obras teatrales. Joseph descubre pronto que su protector no sólo
actúa por caridad religiosa. El cura ha alzado en la cripta de la iglesia una
sinagoga. Allí estudia de noche la Torah, la Cábala y los textos de los rabinos.
Aunque los chavales que están a su cuidado deben aparentar ser cristianos para
sobrevivir, el sacerdote les va transmitiendo la cultura judía recién aprendida.
Por compromiso moral, no quiere que pierdan sus raíces hebreas.

"Me he inspirado en hechos reales, aunque al mismo tiempo es
una fábula sobre la tolerancia, el ecumenismo y la necesidad de la paz", explicó
el autor en la presentación del libro. "La persona que me inspiró el personaje
de Joseph existe, es amigo mío y ahora tiene 70 años. Vivió escondido durante la
guerra. De su historia utilicé sobre todo el encuentro con un cura católico, que
salvó de la muerte a 231 niños. Por eso le dedicaron un bosque en Israel con 231
árboles".

Aprendizaje iniciático
El aprendizaje de los niños, imprescindible para rehuir el
desarraigo, le permite al autor reflexionar sobre la construcción de la
identidad, motivo recurrente de su narrativa. "Mis novelas son siempre historias
iniciáticas. Explican cómo un personaje logra sobrevivir en un contexto que
podría destruirlo. En ellas, siempre hablo de la construcción de la identidad y
del paso del tiempo", afirmó el escritor. "Joseph se pregunta qué es ser judío.
Descubre que no se trata de algo religioso. Consiste en conservar la memoria de
una historia colectiva, de una filiación".

La cultura, la tolerancia y el entendimiento entre religiones
son algunos de los valores que Schmitt vocea en sus obras como instrumentos
imprescindibles en la lucha contra la barbarie. "La literatura no sirve para
nada. De lo contrario, el mundo sería distinto. Sin embargo, los libros pueden
promover la esperanza", apuntó el novelista, y añadió: "Lo que hice al escribir
este libro es meditar sobre la cuestión del respeto, noción filosófica que se la
debemos al judaísmo". Como ya sucedió con Ibrahim y las flores del Corán también
El hijo de Noé tendrá una versión cinematográfica.

ELPAIS.es

Los tres pasos fronterizos de la provincia de Huesca, especialmente el de Bielsa, se han convertido este año en puntos sensibles de entrada de inmigración ilegal. Así lo demuestra el hecho de que la Unidad de Extranjería de la Policía Nacional, a lo largo de 2005, ha expulsado a unos 2.500 rumanos que querían entrar ilegalmente en el país en autobús, especialmente durante los 3 meses que duró el proceso de normalización de extranjeros.

Según explicó Enrique Sánchez Mazas, inspector jefe y
responsable de esta unidad especializada compuesta por 22 efectivos, estos
inmigrantes rumanos solían utilizar cualquiera de los tres pasos como segundo
intento después de venir "rebotados" de la Junquera, en Cataluña. A lo largo de
esos tres meses hubo días de una auténtica avalancha -el 11 de marzo llegaron a
ser expulsados hasta 6 autobuses-, lo que obligó a la Policía Nacional a
establecer controles para cerrar la frontera.

La presión de la inmigración ilegal descendió una vez
concluido el proceso de normalización el 7 de mayo. "Desde entonces hay un goteo
mínimo que casi es inapreciable", dijo Sánchez Mazas.

El subdelegado del Gobierno en Huesca, Ramón Zapatero, aclaró
que el paso de Bielsa ha sido el más frecuentado por los inmigrantes rumanos ya
que durante los 4 meses que han durado las obras para reparar el socavón que
apareció en la vertiente francesa del Somport (cerrando el paso a vehículos
pesados y autobuses) su entrada fue más difícil "aunque nos consta que algún
autobús ha pasado incluso a pesar de la prohibición recibiendo una multa de
Francia".

En unos casos, los autobuses fueron interceptados en puntos
móviles de identificación por la propia Unidad de Extranjería y en otros por la
Guardia Civil, que luego daba aviso a los integrantes de este cuerpo
especializado. Tras comprobar que los ocupantes de estos autobuses no podían
demostrar documentalmente los motivos de su desplazamiento a España (oferta de
trabajo o turismo) ni disponían de medios económicos, eran rechazados a Francia
en virtud del acuerdo de readmisión entre ambos países.
Nuevo Centro de Cooperación

La Unidad de Extranjería trabaja desde el pasado 1 de junio en
el Centro de Coordinación Policial y Aduanera de Canfranc, compartiendo espacio
con agentes de la Guardia Civil y de Vigilancia Aduanera por parte de España, y
con la Policía de Fronteras, Policía Judicial, Seguridad Pública, Gendarmería y
Servicio de Aduanas por la parte francesa.

El edificio, cuyas obras se entregaron ya el pasado mes de
enero, está situado a 100 metros de la embocadura del túnel del Somport que une
Francia y España. Se divide en cuatro plantas equipadas con calabozos, una sala
operativas donde trabajan las 24 horas del día todos los cuerpos conjuntamente,
un laboratorio de Policía Científica, comedor, cocina, despachos, archivo... y
una moderna tecnología que lo convierten en el "mejor Centro de Cooperación de
Europa", subrayó Enrique Sánchez Mazas.

Balance delictivo de este año

Por otra parte, la Policía Nacional hizo ayer balance de la
actividad desarrollada durante los cinco primeros meses del año, período en el
que han contabilizado un total de 307 delitos (un 3% menos que el año anterior)
y 536 faltas (un 19% más), de los cuales han sido esclarecidos casi el 50%.
Destacan 56 delitos por robo con fuerza en locales, 52 robos de vehículos, 27
malos tratos y 13 robos con intimidación a jóvenes.

HERALDO.ES
RUBÉN DARÍO NÚÑEZ. Huesca

En todas las culturas se cuecen habas y no todo el inmigrante es tan
malo como lo pintan. Arsenio Pancho sabe perfectamente de lo que habla. Lo
comprueba cada día personalmente desde las puertas del hotel que custodia desde
hace trece años en pleno centro de Barcelona. Es un experto en psicología
turística y le entristece comprobar que en los dos últimos años ha crecido en
Catalunya la intolerancia hacia los inmigrantes.

Arsenio, que nació en Guinea Ecuatorial, se exilió a España después
de acabar sus estudios de Agronomía y Ciencias Empresariales en Cuba. Tras este
inusual periplo aquí montó su familia y su negocio, que abandonó cuando éste
dejó de funcionar. "A través de una amiga me enteré de que iban a abrir este
hotel y presenté mi currículo", cuenta, aunque los planes de la empresa eran
encontrar a una persona de carácter alegre capaz de cuadrar en la filosofía del
hotel. Así es como Arsenio se ha convertido en la primera impresión y la última
que los clientes del Claris tienen de este establecimiento. "Quería probar una
cosa nueva. Sacarme de encima la saturación que arrastraba de mi fallido
negocio, así que acepté y me fui a ver a los porteros del Ritz para que me
explicaran un poco los secretillos de la profesión", recuerda.

Desde entonces vende una de las sonrisas más famosas entre los
empresarios hoteleros de la ciudad. Sólo se le enturbia cuando algún cliente ha
sufrido un percance en la ciudad, generalmente un robo, mayoritariamente
perpetrado por un inmigrante. "Antes me lo explicaban directamente a mí, que era
a la primera persona que veían al entrar en el hotel. Ahora van a la recepción y
buscan a alguien del país. Eso nunca me había pasado y me entristece mucho",
reconoce. Y lamenta profundamente que a todos los inmigrantes los pongan en el
mismo saco, y casi nunca para bien.

Arsenio ha aprendido de la variedad de nacionalidades que hay en su
hotel principalmente respeto. Respeto y conocimientos. "Gracias a eso ahora soy
capaz de distinguir la nacionalidad de un cliente con sólo verlo entrar por la
puerta", se jacta.

LA VANGUARDIA DIGITAL
ARSENIO PANCHO
GUINEA ECUATORIAL
PORTERO DEL HOTEL CLARIS

Jorge Muñoz salió de Ecuador para buscar trabajo y ganarse la vida, pensando que las cosas en España serían más fáciles que en su país. El 21 de agosto de 2004, su sueño -cuenta él- quedó atrapado en el remolque de un tractor en Torres de Berrellén. Jorge, de 52 años, explica que trabajaba junto con una veintena de inmigrantes sin papeles -él también está en situación irregular- recogiendo fruta. Al bajar del tractor que
les llevaba se enganchó el dedo meñique y se produjo lesiones graves, por lo que
tuvieron que amputárselo días después.

Jorge ha perdido mucho más que un dedo. Desesperado, cuenta su
historia: "Llegué a Zaragoza en enero de 2004, porque aquí tenía un amigo.

Noticia del 5 de Abril
HERALDO.ES
PAULA FIGOLS. Zaragoza

La Policía Nacional investiga la posible reorganización de los grupos neonazis de la ciudad en torno a una asociación cultural denominada "Nibelungen", nombre de la épica germana y con el que se bautizó en 1945 a una división de las SS alemanas. El colectivo ha conseguido ser legalizado por el Gobierno aragonés, tras presentar como aval un documento del Consejo de la Juventud de Zaragoza que se comprometía a ofrecerles un local como sede. Sin embargo, y aunque "Nibelungen" ya figura en el registro oficial de asociaciones de la provincia, el Ayuntamiento ha decidido paralizar la cesión de un espacio municipal, al sospechar que el colectivo podría tener ideología neonazi.

Según ha podido saber este periódico, entre los miembros de
"Nibelungen" podrían encontrarse algunos de los integrantes de la extinta
asociación cultural "18 de noviembre", con sede en el número 20 de la calle de
Madre Sacramento de Zaragoza. El delegado del Gobierno, Javier Fernández,
decidió abrir un expediente de cierre a este local poco después de tomar
posesión, tras comprobar que servía de tapadera a un grupo de supuesta
orientación filonazi.

A finales del año pasado, el mencionado local cerró sus
puertas. Y desde entonces, no existía un lugar de encuentro habitual de los
grupos neonazis, aunque estos han seguido protagonizando actos violentos. Al
parecer, durante este tiempo han continuado reuniéndose en diferentes bares y
parques de la ciudad.

Cesión condicionada

El colectivo "Nibelungen" decidió en noviembre iniciar los
trámites para constituirse en asociación. Al no contar con un local propio,
solicitó la colaboración del Consejo de la Juventud de Zaragoza, que firmó un
documento en el que se comprometía a cederle un espacio público, una vez que
consiguieran su legalización. "Se trata de una práctica habitual", señalaban
ayer fuentes del Consejo. "La cesión está condicionada -añadían-, y sólo se hace
efectiva cuando llega el beneplácito de la DGA". Y con este aval en la mano, el
grupo acudió al Gobierno aragonés.

Según figura en el portal de internet de la DGA, "Nibelungen"
está inscrita desde el pasado 9 de marzo en el registro de asociaciones de la
Comunidad. Como domicilio social figura el facilitado por el Consejo de la
Juventud, en una céntrica calle de Zaragoza. En cuanto a los fines del
colectivo, simplemente se hace constar "jóvenes y niños".

Las asociaciones que comparten sede social con "Nibelungen",
en el edificio propiedad de la DGA y gestionado por el Consistorio, ya han
manifestado su preocupación. Alguna, incluso tiene intención de marcharse.

Sin noticias desde noviembre

El Consejo de la Juventud señaló ayer que no ha vuelto a saber
na da de los miembros de la asociación desde el día en que acudieron a solicitar
un local. Sin embargo, confirmó que el Ayuntamiento de Zaragoza ha solicitado un
informe a la Policía. "Si aparecen por aquí, tenemos orden de remitirles
directamente al Servicio de Juventud", manifestaron fuentes del Consejo. "Aunque
hace mes y medio que están legalizados, aquí no han recibido ninguna carta",
añadieron.

Según ha sabido este periódico, el logotipo de la asociación
es un casco vikingo alado. Al parecer, el emblema se imprimió en pegatinas que
se colocaron hace unos meses por las calles del barrio de Las Delicias. Sin
embargo, los adhesivos no incluían el nombre de la asociación, que no se
presentado aún públicamente.

Noticia del 27 Abril
HERALDO.ES
Zaragoza

Dos jóvenes de 21 años que al parecer son miembros del grupo ultra Los Ligallos del Real Zaragoza fueron detenidos esta semana como presuntos responsables de una agresión a un zaragozano y su hijo, ocurrida el pasado 20 de diciembre, que trataban de defender a varios aficionados del Athletic del Bilbao tras un partido de fútbol de la Liga Española celebrado en la capital aragonesa. Ambos implicados, que carecen de antecedentes penales, fueron puestos en libertad con cargos tras tomarles declaración en dependencias policiales.

Fuentes de la Jefatura Superior de Policía de Aragón señalaron
en un comunicado que la reyerta tuvo lugar al final del encuentro cuando las
víctimas, que denunciaron los hechos en la Comisaría de Centro de la capital
aragonesa, trataban de ayudar a dos jóvenes que vestían la camiseta del equipo
rival y que estaban siendo atacados por un grupo de varios jóvenes con clara
estética nazi.

Posteriormente, el Grupo de Tribus Urbanas del Cuerpo Nacional
de Policía, que se centra en investigar hechos delictivos relacionados con casos
de racismo y bandas juveniles, se encargó del esclarecimiento de lo sucedido y
pudo identificar a los presuntos y principales responsables del ataque,
integrantes de Los Ligallos y seguidores "radicales" del Real Zaragoza. Las
fuentes consultadas afirmaron que algunos miembros de esta peña "con frecuencia
protagonizan agresiones y peleas con aficionados de los equipos rivales".

El pasado 7 de mayo, un joven de 18 años también fue arrestado
en Zaragoza como principal artífice de una paliza cometida por un grupo de
neonazis contra una pareja de punks . La agresión se produjo en la plaza San
Francisco sin ningún tipo de provocación previa y una de las víctimas incluso
sufrió la rotura de una costilla. En el registro domiciliario efectuado en su
casa, la Policía encontró varios carteles con emblemas de Hitler, pistolas con
balines, panfletos neonazis, etc.

Noticia 14 Mayo
El Periódico de Aragón

El país de la Unión Europea que más derechos garantiza a los
inmigrantes legales es Bélgica y el que cuenta con un marco más hostil es
Dinamarca. No es una mera opinión; lo dicen también los números. Un nuevo
índice, lanzado por entidades académicas de marcado acento anglosajón, convierte
por vez primera en datos objetivos las distintas políticas europeas sobre
inmigración. El informe refleja grandes diferencias dentro de la Unión y sitúa a
España en el quinto lugar, por encima de países con larga tradición de acogida a
extranjeros.
El índice no mide el éxito o fracaso de la integración, sino
hasta qué punto la legislación les trata como ciudadanos. Y se refiere sólo a
los inmigrantes que están legalmente instalados en el país. Los sin papeles
quedan, por tanto, fuera del estudio.

El motor del índice ha sido el British Council en Bruselas,
junto con el londinense Foreign Policy Centre -ambas instituciones, en la órbita
del primer ministro británico, Tony Blair- y el Migration Policy Group, con sede
en Bruselas. Pero han participado también universidades e investigadores de
todos los países de la UE de los 15. La intención de los promotores es que la
próxima edición incluya los datos de los países que se han incorporado tras la
ampliación. Personalidades como la ex comisaria Emma Bonino y la ex alta
comisionada de la ONU para los Derechos Humanos Mary Robinson están también
involucradas.

"El objetivo es aportar información clara y factual para
facilitar el análisis y combatir los prejuicios", explicó el presidente del
British Council, el ex comisario y ex líder de los laboristas Neil Kinnock,
cuando se presentó el estudio. Los expertos examinan la legislación de cada país
referente a casi 100 aspectos considerados esenciales para facilitar la
integración, y en cada caso otorgan una calificación que oscila entre el 1, si
el marco dificulta la integración, y el 3, si se considera que es el más
favorable para el inmigrante.

Cinco bloques
Los puntos analizados se agrupan después en cinco bloques:
mercado laboral, obtención de la residencia, de la nacionalidad, agrupación
familiar, y medidas antidiscriminación. En cada apartado los países obtienen una
calificación media que también va del 1 (mala) al 3 (buena). Bélgica es, con
diferencia, el país que ofrece un marco más favorable: logra 12,88 puntos sobre
un máximo de 15. Si a la media de los 15 países analizados se les otorga el
valor 100, Bélgica se sitúa holgadamente por encima, con el 117,25% respecto a
la media (ver infografía). Holanda, donde el no a la Constitución europea se
basó en parte en los recelos hacia la inmigración, ocupa el segundo lugar en la
nueva clasificación entre los que mejor trato dispensa. En el extremo contrario
se sitúa Dinamarca, que suma sólo 7,86 puntos sobre 15 y se queda en el 82,09%
de la media comunitaria.

El estudio deja a España en quinto lugar, con una puntuación
de 12,01, por encima de países con larga tradición en la acogida a inmigrantes
como Alemania, Francia y el Reino Unido. Es el único país, junto con Bélgica,
que en los cinco grandes bloques se sitúa por encima de la media, e incluso
encabeza la lista referente al mercado laboral, en el que logra 2,78 puntos
sobre un máximo de 3.

Este bloque del mercado laboral incluye aspectos muy diversos.
Entre otros, el reconocimiento de los títulos obtenidos en el extranjero, las
posibilidades de trabajar en el sector público, las facilidades para abrir un
negocio o para renovar el permiso de trabajo, el acceso a la seguridad social,
la igualdad de salario con los nacionales y los derechos sindicales.

El índice de 2005 no incluye la reciente regularización de
700.000 inmigrantes. El informe destaca precisamente que las altas estimaciones
de trabajadores sin papeles hacen que el dibujo en este apartado sea parcial y
que variaría si aflorase toda la economía invisible, parte de la cual está
emergiendo como consecuencia de la regularización. Por áreas, las leyes de la UE
en su conjunto son especialmente favorables a los inmigrantes en el mercado de
trabajo. Donde la UE registra una cifra más baja es en el acceso a la
nacionalidad. "Los Estados no han decidido si ven la inmigración como una
solución temporal para los déficit del mercado laboral o como un fenómeno
permanente con efectos positivos, por ejemplo sobre las pensiones", opinan los
autores del índice.

ELPAIS.es
PERE RUSIÑOL - Madrid

Entre julio de 2002 y diciembre de 2004, el Ministerio del Interior trasladó a 16.981 inmigrantes en situación irregular desde Canarias a la Península. El 72,4% de ellos (12.303) ingresaron en los centros de internamiento de extranjeros (CIE) situados en Madrid, Málaga y Murcia. Los sin papeles habían llegado a las islas en pateras y no habían podido ser repatriados porque sus países de origen no los reconocieron como ciudadanos.
Los traslados se hicieron en virtud de los acuerdos adoptados
por el Parlamento de las islas el 12 de diciembre de 2001 y por el Congreso de
los Diputados el 16 de abril de 2002. En ellos se establecían medidas
específicas para aliviar la presión migratoria que soportaba el archipiélago,
cuyos centros de internamiento estaban saturados, y para evitar la concentración
de extranjeros sin posibilidad de desplazarse.

Los acuerdos, firmados por el Gobierno autónomo que entonces
formaban Coalición Canaria (CC) y el Partido Popular (PP) y por el Ejecutivo
central, que presidía José María Aznar, fueron ratificados con motivo de los
debates sobre el Estado de la Nación del 16 de julio de 2002 y del 1 de julio de
2003.

El 3 de julio de 2002 comenzaron a realizarse los traslados de
inmigrantes, la mayoría subsaharianos, que fueron puestos en libertad a las
pocas horas de su ingreso en los CIE de la Península, ya que habían cumplido el
máximo de 40 días de reclusión que establece la Ley de Extranjería sin que
hubiera podido llevarse a cabo su repatriación.

Según explicó el Gobierno en una respuesta parlamentaria al
diputado socialista Antonio Hernando, en los últimos seis meses de 2002, el
Gobierno del PP trasladó a 2.860 inmigrantes. La mitad (1.412) fueron llevados a
Madrid. Una cuarta parte (710) fueron trasladados a Málaga y un quinto más
(548), a Algeciras. A Barcelona sólo fueron llevados 59 inmigrantes; a Murcia,
74, y a Valencia, 57.

Cambio de distribución
Durante 2003 se produjeron 6.911 traslados. El Gobierno de
Aznar cambió su distribución, sobrecargando Málaga (1.843), que casi llegó a
igualar a Madrid (2.061), y rebajando a 25 los inmigrantes llevados a Algeciras,
cuyo CIE ya estaba saturado por las pateras llegadas a las costas de Cádiz.
También crecieron los internamientos en Murcia (1.230) y Valencia (1.215) y, en
mucha menor cuantía, en Barcelona (537). Los traslados a esta última ciudad
cesaron completamente el mes de agosto de aquel año.

A lo largo de 2004, los inmigrantes trasladados desde Canarias
a la Península crecieron hasta 7.210. La mayoría fueron llevados a Madrid
(2.343) y Murcia (2.163). Les siguieron Valencia (1.748) y Málaga (956). Fuentes
oficiales explicaron el descenso de traslados a esta última ciudad por el
desplazamiento de las pateras que antes arribaban en Cádiz hacia las costas
malagueñas y de la vecina Granada, lo que obligaba a disponer de plazas vacantes
en el CIE de Málaga.

El aumento de trasladados a los CIE de Murcia y Valencia
provocó hace unos meses la protesta de los Gobiernos autónomos de ambas
comunidades, en manos del PP. Pese a los dos años y medio transcurridos desde
que se aprobó el plan de traslados, éstos no fueron respaldados por una política
integral hasta el pasado 28 de enero, fecha en la que el Consejo de Ministros
aprobó un protocolo de actuación para atender y acoger a los sin papeles
llegados desde Canarias.

ELPAIS.es
TOMÁS BÁRBULO - Madrid

Entre 1890 y 1952, siete presidentes de EE UU pidieron al Congreso que ilegalizara los linchamientos, asesinatos concebidos como ejecuciones fuera de la ley y perpetrados en especial contra negros en el sur del país. Atendiendo a esas peticiones, el Congreso debatió decenas de proyectos; tres de ellos, aprobados en la Cámara de Representantes entre 1920 y 1940, naufragaron en el Senado debido a la obstrucción de los escaños sureños. El Senado se disponía a pedir perdón ayer por este "fracaso".
Los senadores que impulsaron el gesto, la demócrata Mary
Landrieu, de Luisiana, y el republicano George Allen, de Virginia, quisieron que
la Cámara se dirigiera a los descendientes de las 4.749 personas que se calcula
fueron linchadas entre 1882 y 1968. Fueron sobre todo negros del sur, pero no
sólo: hubo linchamientos, dice la resolución, "en todos los Estados excepto en
cuatro"; en palabras de Landrieu, "una forma americana de terrorismo" en la que
el 99% de sus responsables, señala la resolución, "escaparon del castigo".

Por la ausencia de cobertura legal que permitió esta
impunidad, el Senado expresó "su profunda simpatía y su más solemne pesar" a los
descendientes de "aquellos que fueron privados de la vida, de la dignidad humana
y de las garantías constitucionales" y recordar "la historia del linchamiento,
para asegurar que estas tragedias nunca se repetirán". El senador Allen aseguró:
"Fue una afrenta a los principios básicos sobre los que se fundó esta nación,
una mancha en la historia del Senado".

Entre los asistentes a la sesión estaba James Cameron, que
tiene 91 años y que se libró de la muerte -tenía la soga al cuello- cuando un
hombre fue capaz de detener a la turba que una noche de 1930, en Indiana, quería
colgarle acusándole de haber participado en un asesinato y una violación.
Cameron declaró a USA Today que, a pesar de que la petición de perdón "llega con
cien años de retraso", se alegra de la medida adoptada.

También estaba la bisnieta de un agricultor negro colgado en
1916 en Carolina del Sur por discutir con un blanco sobre el precio del algodón,
y un primo de Emmett Till, un chico negro asesinado en Misisipí hace medio siglo
acusado de silbar a una blanca. El FBI acaba de exhumar los restos de Till para
llevar a cabo la investigación que nunca se realizó.

El origen del término linchamiento se atribuye al capitán
William Lynch, que en 1780 puso en pie un comité para mantener el orden en la
revolución contra el dominio británico. La práctica se mantuvo después como la
ley de Lynch. Antes de la guerra civil, los asesinatos fueron indiscriminados e
incluían a delincuentes, pero, desde fines del XIX, los objetivos preferidos
fueron las minorías: judíos, hispanos, asiáticos, indios y, sobre todo, negros,
el 75% de las víctimas.

ELPAIS.es
JOSÉ MANUEL CALVO - Washington

El fontanero polaco se convirtió durante el referéndum de la Constitución europea en Francia en la bandera de los partidarios del no. En Polonia, ha sido interpretado como la expresión de un temor a la invasión de trabajadores procedentes de los países del Este que hace un año se incorporaron a la UE.

El mito, como algunos lo definen en Varsovia, indigna en las
altas esferas, pero no parece haber bajado a la calle. Uno busca entre la gente
agrupada en cualquier tenderete de los muchos que hay por el centro de la ciudad
vendiendo frutas, hortalizas y baratijas, a alguien que le diga algo del
fontanero polaco, la víctima propiciatoria de Jacques Chirac. "¿Busca usted un
fontanero?", preguntan interesados. "No, es que amenaza el bienestar de
Francia", responde este enviado. Unos se encogen de hombros, como si se hallasen
ante un extravagante extranjero que quiere reparar su cuarto de baño y ha venido
hasta Polonia a buscar fontanero. Otros ríen y piensan que es una broma
rebuscada, aunque creen haber oído algo por la radio. Un conocido colega polaco,
Adam Michnik, contaba irónico que el día del referéndum le llamó un amigo
francés que votó sí para pedirle la dirección de algún fontanero, porque, dijo:
"Los que tenemos aquí son horribles".

Gobierno, oposición, sindicatos y expertos, sin embargo, están
un poco revueltos y perplejos de que el no francés se atribuya al peligro de
invasión de trabajadores polacos. Es cierto que el índice de desempleo alcanza
al 19% de la población trabajadora y puede provocar emigración, pero como apunta
Andrzej Adamczyk, director de la sección internacional de Solidaridad, una de
las dos grandes centrales sindicales junto a Alianza Polaca de Sindicatos
(OPZZ), la huida al exterior hoy es bastante reducida. Incluso lo es la
movilidad dentro del país, porque "tan sólo desplazarse de un pueblo a otro
supone un problema". "Nos hemos puesto a buscar fontaneros polacos en Francia y
los casos son contadísimos", alega Adamczyk con cierta sorna.

Gobierno y sindicatos reconocen que los polacos que han
emigrado son menos de lo que esperaban antes de la adhesión de Polonia a la UE,
el 1 de mayo de 2004. Eso dicen las estadísticas, quizá porque hasta la fecha
sólo Reino Unido, Irlanda y Suecia han abierto sus fronteras (los otros países
no levantarán las barreras hasta 2010) y ofrecen a los polacos la posibilidad de
ir allí sin restricciones de forma legal, aunque bien es verdad que al menos a
Irlanda no van fontaneros, sino carniceros para cubrir la demanda de los
mataderos, donde los irlandeses no quieren trabajar.

El destino de los emigrantes, según el primer ministro, Marek
Belka, sigue siendo preferentemente Alemania, donde se ha incrementado el número
en un 22% desde la adhesión y hoy suman 324.000. A Reino Unido han emigrado
73.000; 37.000 a Italia; 32.000 a Irlanda; 20.000 a Holanda, y 17.000 a España.
No hay datos sobre Francia. La opinión generalizada es que Francia ha encontrado
el chivo expiatorio en el fontanero polaco ante unas amenazas vagas y anónimas,
cuando el peligro real al que se enfrenta es la globalización, que ahora ya no
ve como algo ajeno, sino que la tiene metida en casa. Por eso consideran al
trabajador polaco un invasor que va a quitar puestos de trabajo.

El miedo que se ha generado "es exagerado", dice Marek Jurek,
número dos del partido Ley y Justicia (centro-derecha) que, según los sondeos,
gobernará después de las elecciones del 25 de septiembre en coalición con
Plataforma Cívica. "La libertad de circulación de personas y mercancías no debe
acabar cuando a los más ricos deje de interesarles el asunto. Si se imponen los
egoísmos nacionales, la UE puede quedar hecha añicos", añade Jurek.

La profesora Lena Kolarska-Bobinska, del Instituto de Asuntos
Públicos, cree que el fontanero polaco es sólo una excusa, "la víctima
propiciatoria de Jacques Chirac, el símbolo del temor francés" a la
liberalización del mercado de trabajo y de servicios. Temor que Janusz Reiter,
del Centro de Relaciones Internacionales de Varsovia, considera que se extiende
también a Alemania, aunque "allí la élite política es más disciplinada y
responde a los desafíos, mientras que en Francia ha perdido su influencia en la
sociedad y tienen que explotar los sentimientos populares o desaparecen". A
Michnik, director de Gazeta Wyborcza, le parece "una completa idiotez, un
invento que se ha convertido en acontecimiento". "Nunca antes en la historia los
fontaneros polacos han sido tan importantes. Lo fue un electricista, pero sólo
uno [Lech Walesa]", dice.

Los efectos del no han sido políticos más que económicos. Los
expertos del Banco Nacional de Polonia creen que no afectará a la entrada del
país en la eurozona, y, contra todos los pronósticos pesimistas que se venían
barajando, no ha influido en la marcha de la economía, que crece a un 5% anual,
y el sector agrario experimenta una mejora espectacular.

Lo que sí ha supuesto el no francés es un palo psicológico
para los polacos, ahora que están empezando a sentir las bondades de un año
dentro de la UE, en el cual se han producido muchos cambios, y todos positivos.

Pero Polonia sigue siendo un país pobre, con niveles
salariales muy bajos. El sueldo medio es de 400 euros mensuales después de
impuestos. Los precios al consumo han experimentado un aumento notable, aunque
se han estabilizado, y algunos productos básicos como la patata, el tomate, la
cebolla, la leche, la carne de pollo y las frutas alcanzan casi el mismo precio
que en España. Todos tiemblan ante la llegada del euro a sus bolsillos, pero al
mismo tiempo lo esperan deslumbrados por el nivel de vida en la UE. La pobreza
se palpa. "Todos esperan un despegue con fuerza", comenta una fuente diplomática
occidental.

Hay voces influyentes en Polonia que aseguran que con el no a
la Constitución se ha producido un extraño cambio de posiciones. Se quejan de
que antes de la adhesión del Este, Francia presionaba a favor del mercado
abierto, y ahora que los polacos están dentro dicen que no quieren ni libre
competencia ni circulación de trabajadores. "O sea, que hay que decirles:
'ustedes no pueden exigirnos a nosotros que respetemos las reglas de la UE,
porque son los primeros que no las respetan", añade Kolarska-Bobinska. En
cualquier caso, esto no ha afectado a la actitud de los polacos hacia la
integración, aunque puede influirles respecto al voto en el referéndum, si es
que llega a celebrarse, sobre todo porque perciben una fuerte división entre las
fuerzas políticas polacas, que están posicionadas en tres bloques: una izquierda
gobernante desacreditada por los escándalos de corrupción y a favor de la
consulta; un centro-derecha ambiguo, que posiblemente gobernará a partir de
octubre, deseoso de que muera la Constitución, y una ultraderecha antieuropea.

ELPAIS.es
ÁNGEL ANTONIO HERNÁNDEZ (ENVIADO ESPECIAL) - Varsovia

Doce inmigrantes clandestinos han muerto ahogados hoy al naufragar frente a las costas marroquíes la embarcación en la que trataban de llegar a España. Según el último balance de Rabat, las víctimas son seis mujeres y seis niños de corta edad. En la lancha neumática, de tipo zodiac y con capacidad para diez personas, viajaban 91.
La embarcación naufragó en las cercanías de la ciudad costera
de Tánger, a 300 kilómetros de la capital marroquí. Sus tripulantes eran 15
ciudadanos de este país y 76 subsaharianos, según fuentes de la Gendarmería
Real. La mayoría de ellos se salvó al alcanzar a nado la playa de Sidi Kenkouch,
a 15 kilómetros de Tánger, de donde habían partido poco antes. Ahora están
detenidos en el cuartel de la Gendarmería Real de Tánger. La lancha tenía siete
metros de eslora [la longitud de una embarcación], y según las autoridades se
hundió precisamente por el sobrepeso.

Fuentes extraoficiales de la ciudad de Tánger citadas por la
agencia de noticias Efe han informado también de que cuatro agentes de las
Fuerzas Auxiliares Marroquíes, cuerpo que se encarga de vigilar las costas del
país, pueden haber sido detenidos en relación con este naufragio. Al parecer,
estos individuos pueden haber percibido dirhams (unos 9.000 euros) por haber
consentido que la lancha zarpara de las costas marroquíes sin importunar a los
organizadores del viaje.

ELPAIS.es

Ninguno de los seis bebés superaba los dos años y medio. Habían
embarcado ayer lunes en una atestada patera en brazos de sus madres en una playa
cercana a Tánger. Era el punto y final de un largo viaje por media África hasta
alcanzar las costas del Mediterráneo, y de allí a España. Junto a los malogrados
bebés fallecieron seis mujeres, alguna de ellas madre de los niños, y dos
varones. Todos ellos eran subsaharianos.

La tragedia se gestó a primera hora de la mañana de ayer, cuando en
torno a un centenar de inmigrantes -hombres, mujeres, niños y bebés- abordaron
con las primeras luces del alba una 'zodiac' de apenas siete metros de largo. El
numeroso contingente había embarcado en una playa cercana al Cabo de Malabata,
frente a las costas de Tarifa, una zona azotada, también ayer, por el fuerte
viento y situada a una veintena de kilómetros al este de Tánger.

Funcionarios detenidos

El vasto grupo dirigiéndose a la playa no pasó desapercibido para
las fuerzas de seguridad marroquíes, que, según las primeras investigaciones,
hicieron la vista gorda. De hecho, al menos cuatro funcionarios de las fuerzas
auxiliares marroquíes ya han sido detenidos por permitir el embarco masivo.
Están acusados de haber cobrado 90.000 dirhams, unos 9.000 euros, por no
bloquear el paso a los subsaharianos.

Los inmigrantes, pagado el chantaje, embarcaron para un viaje que no
duró más que minutos. La sobrecarga, el viento y el oleaje terminaron de
inmediato con la travesía. La barca volcó a escasos metros de la playa, lo que a
la postre salvó la vida a 91 de los pasajeros, la inmensa mayoría de los cuales
no sabía nadar.

Sin embargo, los más débiles no pudieron hacer nada: los bebés
fueron los primeros en irse al fondo sin que sus madres o los inexpertos
nadadores que les acompañaban pudieran hacer nada, más allá de intentar salvar
sus propias vidas. Seis mujeres y dos varones tampoco lograron mantenerse a
flote a pesar de que tenían ante sus ojos la tierra firme que acaban de
abandonar hacía sólo unos instantes.

Cuando las asistencias marroquíes llegaron a la playa, los 91
supervivientes habían ganado a nado la costa por sus propios medios y el mar
había devuelto a tierra firme a la mayoría de los cuerpos de los fallecidos. A
los médicos y sanitarios del país vecino sólo le restó atender a los heridos y
llevar los cadáveres a una morgue cercana.

Y la suma sigue. La Guardia Civil interceptó en madrugada, a las
4.00 horas, una patera ocupada por 49 'sin papeles', cinco de ellos mujeres, a
una dos millas de las costa de Tarifa (Cádiz). Los inmigrantes, que se
encuentran en buen estado de salud, fueron atendidos en el centro para la
atención de inmigrantes de Isla de Las Palomas, un lugar más que concurrido a
partir del verano.

Alerta de Cruz Roja

La larga lista de inmigrantes que intentan acceder de forma ilegal a
España no para de crecer. Según un informe de la Cruz Roja presentado en Granada
-donde el domingo se interceptó otra patera en Motril con 37 inmigrantes
marroquíes, hasta la fecha son 1.087 los 'sin papeles' que han intentado llegar
a España a través del litoral granadino. La cifra supone el doble de la
registrada el año pasado durante el mismo período. El informe de la Cruz Roja
destaca que sus efectivos no dan a basto para recibir tal oleada de inmigrantes
y subraya que las pateras cada vez llegan más cargadas de personas. Si antes la
media de personas que intentaban llegar a España en una patera era de 30, ahora
se ha subido hasta 50.

Diario SUR Digital

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Es difícil comprender cómo 91 personas pretendían llegar a las
costas españolas en una zodiac de apenas 7 metros de eslora. La respuesta está
quizás en la desesperación que lleva a estos inmigrantes a arriesgar su vida
porque en Marruecos, país de tránsito hacia Europa, la situación es
insostenible. Pero al final lo intentaron y el resultado es que 12 de ellos
fallecieron ahogados, entre las cuales había seis niños de menos de dos años y
medio.

Según fuentes oficiales locales en Tánger, la zodiac partió de
madrugada de la playa de Sidi Kankus, una pequeña población entre Tánger y
Alcazarquivir, y a los pocos metros de la costa, en una zona poco profunda pero
muy rocosa, el sobrepeso de la embarcación y las olas provocaron el naufragio.
El equipo de salvamento marroquí localizó ayer 12 cadáveres que corresponden a
seis mujeres y seis bebés. Muchos de los menores fallecieron junto a sus madres.

Además, las autoridades marroquíes informaron de que otras 79
personas lograron alcanzar la costa y fueron trasladadas dependiendo de su
estado al hospital civil o a la comisaría. De estos supervivientes, 64 son
subsaharianos y los otros 15 son marroquíes. Una mujer senegalesa explicó que
una gran ola hizo volcar la lancha. Según ese relato, "las mujeres, muchas de
las cuales iban con sus hijos, fueron las que tuvieron más dificultades para
ganar la orilla y algunas no lo consiguieron".

De momento no hay una explicación oficial sobre la elevada cifra de
inmigrantes que se encontraban en la embarcación (esa zodiac tiene una capacidad
máxima de 50 personas) y tampoco se descarta que alguno de los detenidos pudiese
formar parte otra expedición.

La zona en la que se hundió la embarcación no es profunda, aunque sí
muy rocosa. Además de la sobrecarga, en la madrugada de ayer había un fuerte
viento.

La agencia Efe citó también fuentes extraoficiales en Tánger para
informar de que cuatro agentes de las Fuerzas Auxiliares marroquíes, el cuerpo
que se encarga de vigilar las costas del país para impedir este tipo de salidas,
fueron detenidos por haber percibido unos 9.000 euros a cambio de permitir a la
lancha zarpar de las costas marroquíes.

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía y la Asociación
Chabacka (federación de ONG del norte de Marruecos) denunciaron que con estas 12
víctimas son ya 134 los fallecidos en la zona del Estrecho este año, de ellos 81
en la costa norte de Marruecos y en la del Sahara, informa José Bejarano. Estas
asociaciones denuncian que el control migratorio del sur de Europa se ha
trasladado a Marruecos, por lo que los naufragios se producen ahora en sus
costas.

El pasado 30 de mayo, organizaciones de derechos humanos de Francia,
Bélgica, España y Holanda lanzaron un llamamiento de socorro, alertando de la
situación de los inmigrantes subsaharianos, muchos de ellos refugiados
políticos, en Marruecos. Durante las últimas dos semanas, las Fuerzas
Auxiliares, con el apoyo en las ciudades de la policía de proximidad y los
gendarmes (similar a la Guardia Civil en España), han acentuado el acoso y las
redadas en zonas donde los inmigrantes de África subsahariana esperan para
alcanzar las costas españolas. Cuando las fuerzas del orden marroquíes los
detienen, pasan por un juicio expeditivo en árabe y son dirigidos inmediatamente
a Uchda, la frontera entre Argelia y Marruecos, donde son expulsados
ilegalmente. La angustia con la que esperan ser aprehendidos en cualquier
momento y desplazados más lejos todavía de su objetivo está provocando que lo
arriesguen todo en travesías con tan poco futuro como la de la madrugada del
lunes.

LA VANGUARDIA DIGITAL
CARLA FIBLA - 14/06/2005
Servicio especial RABAT

La Red de Asociaciones del Norte de Marruecos -Chabaka- y la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía -Apdha- quieren expresar su dolor ante la muerte de catorce personas en el intento de encontrar una vida más digna.

Asimismo su solidaridad con todas las personas que están padeciendo enormes
sufrimientos para ejercer su derecho a emigrar, como recoge el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos

La política de convertir a Europa en una verdadera fortaleza, con la extensión del SIVE por las costas andaluzas y Canarias o la impermeabilización de las fronteras de Ceuta y Melilla, está provocando situaciones trágicas como la vivida esta madrugada en las costas de Tánger. El traslado de la frontera Sur de la UE a Marruecos, convirtiéndolo en un verdadero gendarme de Europa, con el incremento de la represión sobre los subsaharianos o el cerco de campamentos como el de Benyunesh, está llevando a estas personas a una situación desesperada. Personas que han tenido que atravesar media África pasando grandes penalidades.

No es de extrañar pues que se arriesguen a subir a una patera hasta 105 personas, provocando la muerte de 14 personas, entre ellas 6 menores de corta edad, lo cual añade si cabe todavía mayor carga trágica a lo sucedido.

Con estas 14 muertes son ya 136 las víctimas de la emigración clandestina en el entorno del Estrecho. De ellas 81 han perecido en las costas del norte de Marruecos y del Sahara. La Unión Europea y los gobiernos español y marroquí consideran cínicamente a estas víctimas como "daños colaterales" del control de las migraciones. Pero se trata sin duda de un grave atentado a los derechos humanos, empezando por el derecho a la vida. Y sin embargo el intento de buscar una vida digna, aún en medio de grande sufrimientos va a continuar.

Tanto la Apdha como Chabacka, rechazan de plano esta política de convertir a Europa en una fortaleza. Rechazan asimismo la política marroquí de convertirse (quien sabe a cambio de qué) en gendarme europeo para las migraciones en el Norte de África.

Chabacka y Apdha exigen que se respeten los Convenios Internacionales de los que son firmantes ambos países, y por tanto que se permita a estas personas solicitar asilo en su caso, o encontrar fórmulas para poder emigrar sin verse condenados a situaciones infrahumanas en campamentos como los de Benuynesh, a la desesperación y a dejar la vida en el intento de la emigración clandestina.

Chabaka - Apdha 13-06-05
Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía
Red de Asociaciones del Norte de Marruecos Chabacka

Las autoridades marroquíes practicaron, por primera vez,
detenciones de agentes de las fuerzas de seguridad después del naufragio de una
patera, el lunes de madrugada, a escasa distancia de la playa de Sidi Kenkuch,
cerca de Tánger. El hundimiento causó la muerte de seis mujeres subsaharianas y
de seis de sus hijos, a veces recién nacidos, mientras otros 79 candidatos a
emigrar ilegalmente -15 de ellos marroquíes- lograron alcanzar la costa a nado.
"La policía judicial ha echado el guante a cuatro elementos de
las Fuerzas Auxiliares mientras continúan las investigaciones para identificar y
detener a las demás personas implicadas", reza un comunicado del fiscal del rey
ante el Tribunal de Apelación de Tánger difundido ayer.

"Todas las personas implicadas en estos actos criminales serán
puestas a disposición judicial una vez terminada la investigación", concluye el
comunicado.

Las Fuerzas Auxiliares son un cuerpo de seguridad que apoya en
sus tareas a la policía o a la Gendarmería. Desde el año pasado está desplegado
a lo largo de decenas de puestos de observación fijos en la costa noroeste de
Marruecos, entre Larache y Tetuán.

Los cuatro miembros de las Fuerzas Auxiliares detenidos por la
Gendarmería, que actuó como policía judicial, formaban parte de la dotación de
una torreta que domina la playa de Sidi Kenkuch.

La fiscalía sospecha que los cuatro agentes hicieron la vista
gorda mientras embarcaban los 91 pasajeros de la lancha, de siete metros de
eslora, sobre la una de la madrugada del lunes, según indican fuentes de la
investigación. A cambio, los cuatro habrían recibido conjuntamente unos 90.000
dirhams (8.500 euros).

A finales del año pasado, Mohamed Halab, wali (gobernador) de
Tánger, explicó a este periódico cómo había quedado "prácticamente blindada" la
costa noroeste de Marruecos con la instalación de los puestos de observación, la
mejora de los medios de la Gendarmería y de la Marina Real y el incremento de la
vigilancia en el puerto de Tánger.

De hecho, la presión migratoria se ha reducido fuertemente en
el estrecho de Gibraltar -el último naufragio se remonta a octubre de 2003-,
pero, en cambio, se ha incrementado más al este, entre Alhucemas y Nador, desde
donde zarpan ahora pateras rumbo a la costa granadina.

Globalmente, el número de inmigrantes irregulares apresados el
año pasado en las costas de Andalucía y de Canarias se elevó a 15.675, en su
mayoría marroquíes y malienses, un 18% menos que en 2003.

La Gendarmería auxilió y detuvo el lunes a los náufragos que
llegaron con vida a tierra, entre los que hay algunas mujeres en avanzado estado
de gestación. Todos ellos han sido puestos a disposición judicial; los
marroquíes, por salir ilegalmente del país, y los subsaharianos, por encontrarse
ilegalmente en Marruecos.

Los tribunales les suelen condenar a unos meses de cárcel,
pero dejan la pena en suspenso, y a una multa que no pueden pagar. Los
marroquíes son después puestos en libertad mientras los subsaharianos son
conducidos en autobuses, escoltados por la policía, hasta Oujda, cerca de la
frontera con Argelia, que se les obliga a cruzar de noche. La mayoría de ellos
han entrado en Marruecos a través de esa misma frontera argelina.

ELPAIS.es
I. C. - Madrid

Malviviendo escondidos en los bosques cercanos a Tánger y Ceuta, y en condiciones denunciadas por organizaciones de derechos humanos, centenares de subsaharianos esperan su oportunidad para entrar clandestinamente en España.

El nuevo drama ocurrido en el Estrecho de Gibraltar, donde
seis mujeres y seis niños de corta edad perecieron ahogados al zozobrar una
patera que trataba de alcanzar las costas españolas con 91 inmigrantes
clandestinos a bordo, no parece hacer mella en la mayoría de estos subsaharianos
que buscan en Europa un futuro mejor.

En los arcenes de la carretera que enlaza Tánger con Ceuta, de
poco más de 60 kilómetros, algunos de estos subsaharianos hacen gestos
ostensibles a los automovilistas para pedirles algo de comer, ropa o dinero. Y
es que muchos de ellos viven desde hace muchos meses en chozas rudimentarias
levantadas en medio del bosque, alejados de los núcleos urbanos para tratar de
zafarse del acoso al que les someten las fuerzas de seguridad marroquíes.

Bel Younech es un pequeño pueblo mediterráneo marroquí situado
junto a la valla de alambre que delimita Ceuta, ciudad autónoma española en el
norte de África, por su vertiente occidental. En el interior de un bosque de
pinos situado a la salida de esta población marroquí, inmigrantes clandestinos
procedentes de distintos países del África subsahariana como Senegal, Mali,
Congo o Gambia abandonan momentáneamente el campamento improvisado en el que
viven en busca de alimentos y de agua.

Algunos de ellos acceden a hablar con los periodistas para
contar sus deplorables condiciones de vida y sus deseos de llegar a España, bien
en patera atravesando el Estrecho de Gibraltar o bien tratando de franquear la
valla que delimita los confines de Ceuta.
Vivir con miedo

Molo, un senegalés de 32 años, explica que vive en el bosque
desde hace tres meses y que no conocía a la gente que viajaba en la patera
porque no estaban "en el mismo campamento". Este aspirante a emigrar expresa de
forma escueta las razones que le mueven diciendo que quiere "ir a España a
trabajar".

Mientras esta oportunidad llega, Molo, intenta forzar su
destino recogiendo madera con la que construir una de las rudimentarias
escaleras de las que se sirven los emigrantes para intentar escalar la valla que
rodea Ceuta. El joven senegalés explica que viven "con el miedo a las redadas
que la policía y el ejército marroquí" llevan a cabo con frecuencia en la zona.
"Cuando vienen, nos internamos en el bosque e intentamos escondernos donde
podemos", relata Molo, que concluye diciendo que, a pesar de tantas penalidades,
seguirá "intentando entrar en España".

Por el contrario, Bakr, un joven gambiano, decidió volver a su
país, desengañado tras arrostrar tan duras condiciones de vida. Mientras se
despedía de algunos de sus compañeros, explicó a los periodistas, que "no valía
la pena intentarlo otra vez". "La gente de los pueblos de los alrededores nos
tratan bien, pero la policía y los militares marroquíes nos agreden y nos lo
quitan todo, incluso nuestro dinero" aseguró Bakr.

El joven gambiano afirmó estar "harto" debido a las
"deplorables condiciones de vida" y a que "nadie" respeta sus derechos.

La cárcel

Estas condiciones que denuncia Bakr son probablemente
similares a las que tuvieron que soportar las personas que fallecieron, así como
los 79 supervivientes. De ellos, los quince marroquíes serán con mucha
probabilidad, y como suele suceder en estos casos, condenados a un año de cárcel
con la pena en suspenso, a menos que se demuestre que alguno de ellos participó
en la organización del viaje. De ser éste el caso, los tribunales marroquíes
podrían condenarles a penas de hasta diez años de cárcel.

Los 64 supervivientes subsaharianos, entre los que hay mujeres
embarazadas y al menos siete niños, serán repatriados a sus países de origen o
bien expulsados por la frontera con Argelia.

Marruecos tiene convenios de readmisión con algunos países
subsaharianos, a los que, de vez en cuando, organiza vuelos para repatriar a los
emigrantes. Sin embargo, la mayor parte de las veces, y tal y como han
denunciado varias organizaciones de derechos humanos, las autoridades marroquíes
expulsan a los subsaharianos por la frontera con Argelia, al entender que ésta
fue la vía que utilizaron para acceder a su territorio.

Como Argelia no admite a la mayoría de estos emigrantes, los
subsaharianos se quedan en lo que llaman "tierra de nadie": un territorio yermo
donde algunos, siempre según las organizaciones, han muerto de hambre, sed o
enfermedad.

HERALDO.ES
FERNANDO LINARES. Tánger

EL color turquesa del agua, el silencio sólo roto por el bamboleo de
las olas, el trinar de los pájaros, el cielo azul, calma y sosiego por
doquier... y la costa española, ahí enfrente, a tiro de piedra, a tiro de
patera. La diminuta cala de Ahzarara amanecía ayer con la resaca del drama tras
haber sido el escenario mudo de una nueva tragedia de la inmigración
clandestina. Una playita de apenas veinte metros de ancho en el pueblo de Sidi
Kankush que intenta recuperarse a golpe de marea del golpe sufrido en la
madrugada del lunes. Pero el oleaje no ha logrado todavía borrar todas las
huellas de un asesinato múltiple cometido por el destino. Seis mujeres y seis
niños dejaron su pellejo entre estas piedras mudas cuando la barca en la que
viajaban casi un centenar de personas zozobró. Doce subsaharianos que nunca
llegarán a su paraíso europeo ni serán expulsados de vuelta a su particular
infierno africano.

El periodista repite, a plena luz del día, los pasos que siguieron
todos los inmigrantes clandestinos guiados por la correspondiente mafia y el
brillo de la media luna. A diecisiete kilómetros de Tánger, hacia Ceuta, el
cauce de un torrente seco desciende a lo largo de unos mil metros hacia la
costa. Un terreno empinado y abrupto por el que parece imposible que se hayan
podido colar un centenar de almas -mucho menos una zodiac de ocho metros- sin el
visto bueno de los militares que controlan desde lo alto día y noche. Cuatro de
ellos están detenidos. Sus compañeros salieron ayer raudos de la garita ante la
llegada de los informadores al olor del desastre. «Papeles». Todo en regla.

Campo a través, en veinte minutos, se pasa del reino de los
saltamontes al reino de los cangrejos. La llegada a la cala se convierte en un
desagradable espectáculo que trae constantemente a la mente lo que debió ser el
naufragio. Seis mujeres. Seis niños. Todos muertos. Las pertenencias de los
náufragos aparecen esparcidas sobre las rocas, entre las algas, sobre la
arena... Said, un marroquí que sirve de guía, se acaricia los brazos. «Tengo los
pelos de punta». Bajos sus pies, el bochorno en forma de patucos de ganchillo,
un babero, restos de pañales y braguitas y hasta una mochila porta-bebés. Seis
niños. Muertos.

Restos del naufragio

El paseo por Ahzarara duele a la vista a pesar del impresionante
espectáculo que uno tiene ante sus ojos. La mirada desciende y pasa de ver el
sueño de Tarifa y el tráfico del Estrecho de Gibraltar a tener delante la más
cruda realidad. Camisetas aún mojadas, pantalones desgarrados, zapatillas de
deporte desparejadas, paquetes con dátiles enrollados en cinta adhesiva para
aliviar la travesía, envases brick preparados como cantimploras...

La lista no termina ahí. Hay papeles del consulado de Ghana en
Rabat. Fotos de carné de un joven subsahariano de camisa blanca y americana
oscura del 26 de noviembre de 2003. También hay restos de agendas con teléfonos
marroquíes y españoles. Pilas unidas a cables para recargar los teléfonos
móviles y poder llamar por el camino o al llegar... o no llamar nunca más.

A una veintena de kilómetros, en el puerto de Tánger, descansa la
embarcación semirrígida marca «Argo» de ocho metros de eslora en la que
intentaron la aventura. Confiscado en las dependencias de la Gendarmería yace el
motor «Yamaha» de cuarenta caballos que impulsó a 76 subsaharianos y 15
marroquíes a ninguna parte. Mientras, en la morgue del Hospital Mohamed V
aguardan su entierro sin prisa los cuerpos de las seis mujeres y los seis niños,
todos subsaharianos, muertos en la tragedia. Las identificaciones y los trámites
consulares retrasarán el funeral, que previsiblemente tendrá lugar en esta
ciudad del Estrecho de Gibraltar.

Un goteo, el de las pateras, que no cesa. Ya lo advirtieron ayer los
pasajeros de una de estas barquillas cuando llegaron a Gran Canaria, éstos sanos
y salvos, procedentes del Sahara Occidental: detrás vienen quince expediciones
más.

Diario SUR Digital

IU, que solicitará la comparecencia de la consejera de Gobernación, Evangelina Naranjo, por las muertes de inmigrantes ocurridas en las costas de Tánger (Marruecos), denunció ayer que las políticas migratorias de Junta y Gobierno basadas en el "bloqueo costero propician continuas tragedias" en el Estrecho.
El diputado de IU José Cabrero exigió a la Junta y
al Gobierno que pongan fin a esa política migratoria y aseguró que la tragedia
de Tánger "es un drama que, por desgracia, no es la primera vez que ocurre, ni
será la última, de continuar esta política insolidaria de la que es en gran
parte responsable el Gobierno andaluz".

Cabrero exigirá que "nuestro territorio y nuestras
costas dejen de ser una frontera blindada de modo que puedan evitarse más
muertes" en el Estrecho, y criticó que se están "limitando las alternativas de
emigración a la práctica mafiosa y clandestina".

"Las políticas migratorias impuestas por el Estado
español y la UE no están garantizando los derechos humanos de aquellas personas
que deciden abandonar sus países", afirmó el parlamentario, que dijo que "con la
extensión del SIVE a todas las costas andaluzas y canarias están convirtiendo
nuestro territorio en una fortaleza".

El naufragio de la patera en las cercanías de
Tánger, a 300 kilómetros al norte de Rabat, causó el lunes doce muertos, seis
mujeres y seis niños de corta edad.

En la lancha neumática viajaban unas 91 personas,
de las que quince eran marroquíes y el resto subsaharianos.

Por otra parte, la Fiscalía del Tribunal de
Apelación de Tánger confirmó ayer oficialmente la detención de cuatro agentes de
las Fuerzas Auxiliares Marroquíes, sospechosos de estar implicados en el
naufragio de la patera.

Según fuentes extraoficiales, los detenidos
podrían haber percibido hasta 90.000 dirhams (unos 9.000 euros) por permitir que
la sobrecargada patera se hiciera a la mar en el Estrecho.

Europa Sur
EFE
sevilla.

"Los inmigrantes somos una mercancía para Marruecos y para Europa y los muertos ahora son la mercancía de los periodistas y de las ONG para ganar dinero. Ahora todo el mundo se está preguntando qué pasa con estos pobres negros, cuando jamás hemos recibido ayuda aquí de una organización, jamás. Así que rogamos a estos mercaderes de la muerte, a estas ONG de despacho, que guarden silencio por respeto a nuestros hermanos muertos y nos dejen tranquilos".
Quien así habla, con tanta rabia, es uno de tantos
emigrantes negros de los que subsisten escondidos en los bosques que rodean
Tánger y Ceuta a la espera de poder pasar a España. De él sabemos muy poco, tan
sólo que hace tres años que emprendió el camino hacia un sueño aún irrealizado:
tener una vida digna en Europa. No conocemos su nombre ni su nacionalidad, que
no quiere dar. No le falta razón, este hombre es un proscrito, como lo eran las
seis mujeres y seis niños, todos menores de dos años y medio, que el lunes
perecieron a pocos metros de una playa de Tánger y por cuya injusta muerte este
inmigrante habla lleno de dolor. Por sus muertes y por las vidas que llevaron
antes de subir en la siniestra patera.

Tal y como narran los dos inmigrantes que aparecen
en esta información, cuyos testimonios han sido recogidos por el Colectivo
Frontera Sur, la aventura de un subsahariano desde que sale de su país hasta que
consigue llegar a Marruecos no es un camino de rosas. En Marruecos, los
emigrantes se enfrentan a la exclusión, las batidas de la policía y del
ejército, que según han denunciado varias ONG saquean sus campamentos y les
roban, y, en muchas ocasiones, a una expulsión por la frontera de Argelia, que
para muchos representa la muerte. La razón es que como Argelia no acepta en su
territorio a la mayoría de estos emigrantes, se ven obligados a intentar volver
a Marruecos; si no lo logran, deberán quedarse en lo que llaman tierra de nadie:
terreno yermo sin agua ni comida.

L., inicial del nombre de pila de este
subsahariano, dice que desde que salió de su país "nunca" le han considerado una
persona, que él "sólo es un negro, un moreno joputa como me decía la Guardia
Civil una vez que me deportó, una mercancía con la que todos ganan dinero". Este
hombre, que todavía no está seguro de no haber perdido a uno de sus familiares
en el naufragio, rompe a llorar y se pregunta qué va a ser ahora de los
cadáveres. Porque los subsaharianos que mueren en el Estrecho reciben sepultura
la mayor parte de las veces gracias a la caridad de la Iglesia Católica de
Tánger.

D. es otro joven subsahariano, todavía está
impresionado por lo que pasó el lunes, porque él estuvo a punto de ir en la
patera que se hundió. Si no lo hizo fue porque su familia no pudo reunir el
dinero que costaba el viaje.

El joven está desesperado. Lleva más de dos años y
medio en Marruecos y es fácil verle mendigando por las calles de Tánger. Este
chico dice que "jamás podrá volver". Sabe que "seguir adelante" e intentar la
travesía en patera es un "suicidio", pero lo prefiere a la "muerte lenta que es
Marruecos". Este subsahariano tiene un recuerdo especial para sus compañeras
muertas y sus bebés y se lamenta de que las mujeres sufran "mucho más, son las
más débiles y no tienen opción". El joven dice que "se le abren las carnes"
cuando oye que las subsaharianas se quedan embarazadas a propósito, y se
pregunta cómo pueden tener acceso a anticonceptivos si "ni siquiera tienen
comida".

"Para las mujeres su cuerpo es su único medio para
poder cruzar". A ello hay que añadir violaciones y abusos. D. recalca que
"cruzar con un bebé es mucho más difícil: muchas mujeres intentan abortar y
mueren" por el camino, relata el joven. Para las que tienen un bebé en Marruecos
es también "la muerte", porque "aquí estos niños no existen. Algunos tienen ya
seis o siete años, pero sus madres nunca podrán volver a sus países; ellos han
nacido en el camino y no existen para ningún país".

Europa Sur
Rabat.

Guillermo W. y su compañera llegaron el lunes a las 5 de la tarde al
aeropuerto de El Prat con la intención de pasar un mes en España. Llevaban
billete de vuelta en avión, 4.500 euros y una carta de invitación de un amigo de
Palencia, sellada ante notario, tal como exige la normativa para poder entrar
como turistas. Interrogados por el policía del control de aduana, éste encontró
contradicciones en su presencia en Barcelona y su supuesta participación en unas
jornadas gastronómicas, de manera que de conformidad con sus potestades les
denegó la entrada en España. Ni la presencia de un abogado de oficio, ni sus
llamadas a amigos argentinos, ni un fax de su anfitrión ni la gestión del
consulado lograron evitar su repatriación, prevista para ayer por la noche.
"Hemos tenido que pasar la noche en una habitación con otras personas también
retenidas, no nos dieron comida caliente hasta pasadas 24 horas y los colchones
estaban sucios, no hemos dormido nada y ahora nos envían de vuelta, es injusto",
narra Guillermo. Según dice, no era la primera vez que venía a España pero ahora
cuando llegue a Argentina va a denunciar el caso para que otros ciudadanos no se
sientan perjudicados como él.

Su llamamiento coincide con el que hacía anteayer el embajador
uruguayo Álvaro Portillo en declaraciones aRadio el Espectador recogidas por la
agencia Efe: "En este momento, solamente por situaciones extremas y tal vez
ineludibles se hace aconsejable viajar a España". Las declaraciones de ese
embajador para los uruguayos emigrantes se producían tras las expulsiones de
España de dos ciudadados de ese país por no contar con una carta de invitación
firmada por un notario.

El presidente de la asociación Fedelatina, Javier Bonomi, denunció
también "la situación de inseguridad jurídica" que se ha creado en los últimos
meses. "Hay que evitar la discrecionalidad de los funcionarios públicos de
fronteras porque con sus decisiones pueden dañar económica y moralmente a muchos
turistas". Bonomi considera además que la sala de tránsito para esos pasajeros
retenidos en aeropuerto de El Prat no reúne las condiciones adecuadas y dignas.

LA VANGUARDIA DIGITAL
JOSEP PLAYÀ MASET - 15/06/2005
BARCELONA

La sección algecireña de la Audiencia Provincial dejó ayer visto para sentencia el juicio que se sigue contra el marroquí Abdelaziz ben Aissa por su presunta implicación en la muerte de tres inmigrantes cuyos cuerpos aparecieron abandonados en mayo del pasado año en las proximidades de Torreguadiaro. El fiscal solicita para el acusado una pena total de 14 años y 11 meses por la comisión de tres delitos de homicidio por imprudencia grave, un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, otro de omisión del deber de socorro y un sexto delito de lesiones por
imprudencia grave. Los hechos que se juzgan se remontan al 25 de mayo de 2004,
fecha en la que los clientes del bar 'Merci', en Torreguadiaro, alertan a la
Guardia Civil del descubrimiento de los cadáveres de tres personas y de una
cuarta malherida en una cuneta a la altura del kilómetro 134 de la A-7.
Transcurridos varios días desde que se produjera
el hallazgo, Ben Aissa, acompañado de sus padres, se presentó en el cuartel de
la Guardia Civil para denunciar que los fallecidos formaban parte de una
expedición clandestina que pretendía introducir en España a bordo de un vehículo
a media docena de inmigrantes sin documentación. El acusado reconoció entonces
ser uno de los ocupantes del automóvil. Uno de los fallecidos era su hermano.

Ben Aissa y su hermano, naturales de Jorf, una
pequeña localidad de la Rachidia marroquí, se incorporaron en Mequinez a una
expedición cuyo objetivo era el de transportar clandestinamente hasta España a
media docena de inmigrantes. El acusado, residente legal en Francia, sostiene
que su presencia en el vehículo tenía por único objetivo el de acompañar y
proteger a su hermano, que había pagado a las mafias para que le facilitaran la
entrada en Europa sin documentación. Precisamente, la defensa argumenta que Ben
Aissa no organizó ni promovió la expedición y que viajaba en el vehículo tan
sólo con la intención de velar por la seguridad de su hermano. La fiscalía, por
su parte, considera que el acusado sí era partícipe y cómplice en la operación.

Uno de los protagonistas de la vista celebrada
ayer en la sección algecireña de la Audiencia no se encontraba presente en la
sala. Mohamed Jilali, identificado por la Guardia Civil como la persona que
conducía el automóvil que transportaba a los inmigrantes, se encuentra huido y
sobre él pesa una orden de busca y captura internacional. Jilali es conocido en
la zona de la Rachidia por ofrecer sus servicios a los inmigrantes para
introducirlos clandestinamente en España a cambio de grandes cantidades de
dinero. "Jilali es conocido en Rachidia por sus actividades; cada quince días
organiza un viaje", declaró durante la vista Ahmed Amraoui, hermano de uno de
los fallecidos.

En su declaración, Ben Aissa explicó que, una vez
que, ya de madrugada, el automóvil dejó atrás la aduana del puerto de Algeciras,
Jilali detuvo el vehículo en el lugar donde finalmente fueron hallados los
cadáveres. El acusado aseguró que, tras advertir el mal estado en el que se
hallaban los inmigrantes, escondidos en un doble fondo practicado en el
vehículo, fue amenazado con una pistola por Jilali, por lo que huyó en taxi para
posteriormente tomar un tren que le condujo hasta Madrid y de allí, a Barcelona.
Días más tarde, volvería a Torreguadiaro para personarse ante la Guardia Civil.
La fiscalía, sin embargo, considera que el acusado ayudó a Jilali a descargar
los cadáveres y participó en las manipulaciones para ocultar los cuerpos.

Ahmed Allioui, uno de los seis inmigrantes que
viajaban en el vehículo, permaneció ingresado varios días en el hospital de La
Línea con síntomas de hipotermia, insuficiencia respiratoria y una lesión en el
costado izquierdo. Allioui explicó ayer en el juicio con detalle la penosa
expedición que concluiría con la muerte de tres de sus compañeros. Según declaró
el marroquí, Jilali organizó en Tánger la colocación de los inmigrantes en el
doble fondo del vehículo. El superviviente de la tragedia explicó que, una vez
embarcados, el hermano del acusado y otro de los inmigrantes comenzaron a gritar
pidiendo ayuda, a lo que una voz respondió: "Os vamos a sacar". Allioui perdería
poco después el conocimiento. "No recuperé la consciencia hasta llegar al
hospital", aseguró.

Europa Sur
REDACCIÓN
algeciras.

España necesitará al menos 1,1 millones de inmigrantes para
cubrir en 2010 el déficit de mano de obra, que se estima en 2,5 millones de
trabajadores, según un estudio de la empresa de trabajo temporal Allbecon,
presentado durante la jornada empresarial 'Mercado de trabajo: retos y
perspectivas 2005-2010'.


El informe parte de la base de que, con un crecimiento
hipotético anual del 2,2%, en 2010 se tendrían que cubrir 3,1 millones de
puestos de trabajo. Con las tasas de actividad registradas en 2001, se podrían
cubrir 646.000 puestos de trabajo, con lo que el déficit superaría los 2,5
millones.

Según la consultora, de esta cifra, 1,3 millones empleos se
podrían cubrir con mano de obra autóctona siempre que las tasas de empleo
alcanzaran los niveles más elevados de la UE. Así, entre los hombres tendría que
llegar al 83% --frente al 79% actual-- y entre las mujeres, el 70% tendría que
trabajar --frente al 55% de ahora--.

Si se consiguieran estas cifras, aún quedarían descubiertos
más de 1,1 millones de puestos de trabajo, para los que habría que recurrir a
extranjeros. El sector servicios es que el sufriría mayor déficit, con más de
dos millones de puestos por cubrir, seguido de la construcción (669.000), la
industria (529.000) y el sector agrario (135.000).

MÁS PESO DE LAS ETT

Durante las jornadas, el secretario general de la Asociación
Estatal de Trabajo Temporal (AETT), Javier Lozano, pidió incrementar el peso de
la contratación eventual que gestionan este tipo de empresas, ya que ahora sólo
tramitan el 14% de la temporalidad que existe en España y que supone el 30% del
total de contratos.

Asimismo, las ETT reclaman intervenir en otras parcelas
relacionadas con la gestión de recursos humanos, como la externalización de este
departamento, selección o formación, dado que en la actualidad están limitadas a
la cesión de trabajadores a otras compañías.

Madridpress.com

La víctima, de unos 20 años, podría llevar muerta dos o tres
días y vestía un pantalón corto y una sudadera cuando fue encontrada en el mar.

No se descarta que esta mujer ocupara alguna de las pateras
llegadas en los últimos días a esta zona de la isla, y para determinar las
causas de su muerte ha sido trasladada al Instituto Anatómico Forense de la
capital grancanaria, agregaron.

Efectivos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas del
instituto armado se encargaron de recuperar el cadáver del mar y trasladarlo en
una embarcación tipo zodiac hasta el muelle del puerto de Mogán.

Podría haber ocupado alguna de las pateras llegadas en los
últimos días a esta zona de la isla

La víctima, de unos 20 años, podría llevar muerta dos o tres
días

Canarias Ahora .com
EFE. Las Palmas de Gran Canaria

Visados para alcanzar la ribera barcelonesa: este es el gran escollo
con el que tropiezan los participantes del Foro Social del Mediterrani (FSMed)
procedentes del Magreb y la ribera este. De las 350 personas de Marruecos
inscritas, se calcula que sólo la mitad lograrán acudir a este encuentro de
movimientos sociales que empieza hoy y que espera reunir, hasta el sábado,
alrededor de 3.000 personas en el recinto ferial de Montjuïc. Los consulados
marroquíes obran de modo arbitrario ante la petición de entrar en España para
esta ocasión, mientras que de la vecina Argelia puede que alcancen esta orilla
sólo 50 del centenar inscrito.

Un ponente procedente de Siria, el profesor universitario Sadamah
Kaileh, cuya intervención estaba prevista el sábado en la conferencia sobre
derechos económicos, sociales y culturales, ha sido detenido por la policía de
su país, según informó la secretaría técnica del FSMed: "Existe una represión
política del movimiento antiglobalización por parte del gobierno sirio",
aseguran.

Uno de los 60 participantes de Palestina que esperan llegar a este
lado del Mediterráneo fue arrestado tres días antes de viajar a Barcelona. Sus
vecinos de Jordania, por su parte, verán reducida su delegación de 25 a 15
personas. Del Líbano se esperaban una veintena y de Siria unos diez. Las
autoridades tampoco parecen haber contribuido a facilitar visados en Turquía:
viajarán 25 personas. ¿Y Egipto? Al FSMed le consta que un ponente de una
entidad campesina no lo conseguirá.

"En ocasiones no deniegan el visado pero lo retrasan hasta tal punto
que es imposible encontrar pasaje asequible", asegura Luis Blanco, de la
secretaría técnica del FSMed. Blanco constata que cada vez es más difícil viajar
libremente al norte sin medios económicos ni avales políticos suficientes. "Se
está poniendo en evidencia el concepto de Europa fortaleza cerrada a la
inmigración -señala-, pues la negativa a conceder visados también ha partido de
países del tratado de Schengen, de los que esperábamos más sensibilidad hacia
los movimientos sociales y que al menos no limitaran el derecho a reunirnos, a
analizar la situación del Mediterráneo y proponer nuestras alternativas". Con
todo, concluye, llegarán los suficientes para que esto no sea un fórum
euromediterráneo.

LA VANGUARDIA DIGITAL
MARICEL CHAVARRÍA - 16/06/2005
Barcelona

VILLAVERDE // EL ESTALLIDO SOCIAL EN ESTE BARRIO MADRILEÑO EVIDENCIA LA MARGINACIÓN Y LA POBREZA

Los hechos sucedidos en el distrito de Villaverde son un toque de advertencia sobre la extensión de la xenofobia y del racismo en el Estado español, como lo fueron con anterioridad los episodios de Can Anglada (Terrassa), El Ejido (Almería) o Totana
(Murcia).
En el caso de Madrid, el modelo de desarrollo desequilibrado, propiciado por el actual alcalde Alberto Ruiz-Gallardón y con anterioridad por Álvarez del Manzano, ha provocado que varios distritos del sur y este de Madrid hayan carecido de planes específicos de empleo y desarrollo. Muchos de ellos se han convertido en guetos marginales, con altos niveles de exclusión social y concentración de población inmigrante (el precio de la vivienda en Villaverde era hasta hace poco de los más bajos de Madrid) en porcentajes muy superiores a los de otros distritos de la ciudad. Según el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González,
lo sucedido en Villaverde no es más que “un problema de orden público, de seguridad ciudadana”. Para sorpresa de los políticos locales, es la madre del menor asesinado
la que ha tenido que insistir en que “influyen factores socioeconómicos, educativos y la masificación de inmigrantes” en el aumento de la delincuencia en este distrito.
Durante los últimos partidos de fútbol en el Santiago Bernabéu, se han podido ver pancartas entre los sectores ultras con lemas como “Nos matan, justicia para España” o “Defendámonos contra el racismo antiespañol”.

Racismo en alza
Hechos como éstos justifican que la Comisión Europea contra el Racismo y la intolerancia (ECRI, institución dependiente del Consejo de Europa) esté desarrollando una evaluación del racismo en el Estado español. El rechazo hacia los inmigrantes creció del 8% al 32% en los últimos ocho años, según datos del CIS. Diversos analistas consideran que en estos momentos se dan ya las condiciones necesarias para el surgimiento de una fuerza política xenófoba (son cada vez más las candidaturas municipales xenófobas, las páginas web racistas y violentas, y la recluta de neonazis entre los jóvenes de clases medias y populares), así como un incremento sustancial de la violencia de tintes xenófobos. La difusión de películas, videojuegos y juegos de rol por parte de editores de ideas xenófobas, y la presencia
notoria en la mayoría de los campos de fútbol de estos grupos configuran el mapa estratégico del odio, que encuentra en las actuales circunstancias internacionales un buen momento para su extensión.

Empezamos en San Cristóbal en el mes de octubre, donde un accidente de tráfico (un atropello) sirvió de detonante para lanzar una campaña de alarma social por el
nivel de violencia que existía en las calles de este barrio. En aquella ocasión, como ahora, cobraron especial relevancia los orígenes del conductor (inmigrante) y de la persona fallecida (española). Esta vez ha sido una pelea con navaja.
De todas formas, que la información que se esté dando sea exagerada y que se ponga el énfasis del conflicto en el problema racial (pero sólo si la víctima es española), olvidando otros aspectos, no quiere decir que no existan problemas de
convivencia en Villaverde. Es un distrito con 141.000 habitantes distribuidos en seis barrios de origen obrero que está viviendo una importante transformación, tanto por el cambio de población como de actividades económicas en los antiguos cinturones industriales (actualmente se está viviendo el problema del cierre de la Renault en el distrito). Villaverde es el tercer distrito con la Renta Disponible Bruta
per cápita más baja, 8.674 euros (frente a los 12 768 de media en Madrid), y registra una tasa de desocupación laboral del 19% frente al 15% de media en Madrid. Los datos de vivienda (calidad y masificación) y educación (en especial en formación
universitaria) también están por debajo de la media de la ciudad. Estos datos, de 2000 y 2001, no tienen en cuenta el efecto de la llegada de población inmigrante al distrito en los últimos 5 años. Si de 1991 a 2001 se pasa de una población
censada de inmigrantes de 376 a 5729, en 2005 residen 21.948. Esta población se encuentra en su mayoría por debajo de los 45 años y ha producido un efecto rejuvenecedor en el distrito. El precio de la vivienda y los problemas de trabajo hacen que el aumento del censo en términos generales en el distrito contraste con el descenso de población española, que prefiere alejarse hacia el sur en busca de mejor vivienda.
Esto provoca que la sensación de cambio en el distrito sea mayor, porque en los colegios, institutos y los espacios públicos (habitualmente ocupados por niños y
jóvenes) la proporción de inmigrantes es mayor. Si a los problemas ya mencionados del distrito, les añadimos el efecto ‘invasión’ que se vende en los discursos de los medios y de varios partidos políticos, ya tenemos un culpable, un chivo expiatorio
para todos nuestros males. No debemos olvidar que no es la primera vez que surgen problemas de convivencia en Villaverde, la generación de la heroína o los realojos
de población gitana en algunos de sus barrios también provocaron conflictos importantes en su época. La diferencia ahora es que se recubre todo de un discurso nacionalista, de identidad patriótica muy peligroso. Es curioso ver cómo varios
chavales de diferentes nacionalidades se pueden pasar toda la tarde jugando juntos al ping-pong o al fútbol, y divirtiéndose, pero luego a la hora de buscar su grupo donde poder identificarse, lo hacen con los de su misma nacionalidad y los discursos que mantienen en muchos casos contradicen sus actuaciones individuales. La aparición
de panfletos y carteles del partido fascista y xenófobo Democracia Nacional, haciendo un llamamiento a la identidad patriótica frente al ‘invasor’ aprovecha este caldo de cultivo para encizañar más el ambiente.
Es posible que en alguna de las últimas manifestaciones haya venido alguno de sus miembros para provocar disturbios y que éstos hayan actuado de detonante, pero
no creo que se pueda simplificar que el problema viene generado desde fuera. La situación es delicada, y ahora resultaría muy sencillo dar un origen xenófobo a problemas derivados de la situación económica, social y laboral del distrito.
Las administraciones reaccionan ante estos acontecimientos como era de esperar. Les entra la prisa por hacer algo visual que tranquilice a la población. Empiezan a manejar discursos donde aparecen palabras como interculturalidad, desarrollo comunitario, trabajo en red, que se traducen en planes. Planes hechos sin contar con el tejido asociativo, donde intervención comunitaria significa dar bastantes recursos a empresas de iniciativa social ajenas a los barrios para llevar
a cabo planes de intervención de seis meses o un año.
Es necesario que se dé estabilidad a los proyectos socioeducativos del distrito contando con las entidades que trabajan en los distintos barrios reforzando su labor, que mejoren las condiciones laborales y la situación de la vivienda para que
problemas derivados de la convivencia no se conviertan en una cuestión de xenofobia.

DIAGONAL Nº7
Decio Machado
Redacción

El informe, de 330 páginas, presentado en rueda de prensa el 13 de mayo, incluye un breve resumen de cada caso de torturas y malos tratos recogidos por los diferentes
organismos de la CPT. Los portavoces de esta Coordinadora aclararon que las denuncias totales en 2004 se elevaron a 1.200 –el doble que en 2001–, pero que sólo se han incluido en el dossier los casos más contrastados. Las denuncias abarcan
el conjunto del Estado e implican a todos los cuerpos policiales y de seguridad existentes, a los funcionarios de prisiones, e incluso a las futuras policías autonómicas (gallega, navarra o andaluza).
Según estos datos, extrapolables a los últimos años, el 62% de las denuncias se refieren a malos tratos en las calles (incluyendo intervenciones de antidisturbios), el 16% en cárceles y el 15% en comisarías. Andalucía es la comunidad donde más denuncias se han producido (30% del total) seguida del Catalunya (14%) y Euskadi (13%). Al respecto, los denunciantes de malos tratos o torturas provienen en un 31 % del movimiento sindical (231 denuncias), un 18% de los movimientos sociales y un 5% de personas a las que les fue aplicada la legislación antiterrorista. A la
cabeza de las denuncias destaca la Policía nacional (42% de los casos), seguida de las policías municipales (23%) los funcionarios de prisiones (17%), la Ertzaintza (7%) y la Guardia Civil (5%). El informe (publicado en stoptortura.com) ha sido entregado a Ministerio de Interior y al Congreso español.
La CPT denunció que “estas torturas, en la mayoría de los casos van a quedar impunes. Esta realidad es la que ha rodeado a casos anteriores, porque el sistema judicial español no da respuesta adecuada a estos problemas: lentitud en la tramitación de las denuncias –hasta más de 20 años en algunos casos–, archivos sistemáticos de las causas, reconocimiento de las torturas pero sin condenar a los
autores...”. En este sentido, el informe de la CPT, que dedica un apartado a estas sentencias en los últimos cuatro años, constata que no sólo “son pocos los miembros
de las Fuerzas de Seguridad del Estado (FSE) condenados por estos crímenes, sino que, además, cuando la condena es firme, normalmente suelen ser indultados”.
Asimismo, la CPT reclamó la pronta aplicación por el Estado español del Protocolo Facultativo para la Prevención de la Tortura de la ONU, “un mecanismo imprescindible
para caminar hacia la erradicación de los malos tratos”. A juicio de Ribera, este tratado supone “un antes y un después” y aunque recordó que el gobierno lo
ha firmado en abril de este año “queda ratificarlo e implantar los novedosos mecanismos de prevención que prevé”. Para la CPT, “lo más importante de este protocolo es que permite visitas privadas, sin restricciones y sin previo aviso a
las personas detenidas, retenidas o presas, por parte de comités de vigilancia independientes que se formarían a nivel local, regional, estatal o internacional”. Las personas y asociaciones que componen la CPT reclaman poder formar parte de esos comités de control y se comprometen a “permanecer vigilantes y garantizar la transparencia de todo el proceso”.
La Coordinadora para la Prevención de la Tortura (prevenciontortura.org), que aprovechó la presentación del Informe para darse a conocer, está formada por 25 organizaciones del conjunto del Estado y agrupa un amplio abanico de organismos.

DIAGONAL Nº7
Chalmeta
Redacción

Una reforma casi olvidada aparejada a la ley de extranjería que se
modificó en diciembre de 2003 amenaza con provocar un nuevo colapso en los
ayuntamientos. Al menos 800.000 inmigrantes -todos los que no tienen residencia
permanente- están ahora forzados legalmente a pasar por los consistorios para
renovar su empadronamiento. Si no lo hacen, y los ayuntamientos no están
obligados a avisar a los extranjeros, éstos serán inmediatamente borrados del
padrón, perdiendo así prestaciones municipales, ayudas y la prueba del arraigo
que a muchos pudiera llevarle a conseguir los papeles en el futuro.

La clave es el nuevo artículo 16 de la Ley Reguladora de las bases
del régimen local. Esta norma se modificó junto a la ley de extranjería 14/03
con el consenso del gobierno del PP y el PSOE. El objetivo de los cambios era
tener actualizados los padrones e impedir que inmigrantes que habían cambiado de
municipio siguieran en los registros de sus anteriores ciudades.

Para ello, el nuevo artículo estableció que «la inscripción padronal
sólo surtirá efecto (...) por el tiempo que subsista el hecho que la motivó y,
en todo caso, deberá ser objeto de renovación periódica cada dos años cuando se
trate de inscripción de extranjeros no comunitarios sin autorización de
residencia permanente».

Según datos del ministerio del Interior, a 1 de enero de 2004 había
en España 1.074.895 extranjeros, de los que sólo 274.547 personas tenían permiso
de residencia permanente, es decir, que 800.348 extracomunitarios deberán
'reempadronarse' en los próximos seis meses. A esta cifra habría que sumar los
inmigrantes irregulares que por entonces, aunque empadronados, no tenían permiso
de residencia.

La situación es tan preocupante que el INE ha enviado ya
urgentemente una circular a los 8.000 ayuntamientos del país para advertir de la
avalancha. Estadística, que reconoce que esta forzada campaña «no resuelve
totalmente» el problema de los extranjeros que siguen de alta en los municipios
pese a haberse marchado, ya anuncia que todos los afectados que no acudan a las
oficinas serán dados de baja desde el 22 de diciembre de 2005.

La Dirección General de la Policía comunicará mensualmente al INE
los extranjeros a los que se haya otorgado autorización de residencia
permanente, así como los que hayan perdido este permiso.

Estos listados se darán a cada consistorio con la advertencia de
proceder contra los inmigrantes 'desempadronables', a los que denomina: Los
ENCSARP (extranjero no comunitario sin autorización de residencia permanente).

Sin aviso previo

Estadística, que deja claro en su escrito desde el principio que los
ayuntamientos no tienen siquiera obligación de advertir a los inmigrantes que
pueden perder sus papeles, incide en que esta renovación no puede ser «un acto
de mero trámite», sino que será «un acto expreso mediante el cual el ciudadano,
o su representante, manifieste su voluntad expresa de renovar la inscripción».
Por lo que, el INE exigirá actas notariales de representación a las personas que
aspiren a representar a los inmigrantes.

Entre tanto, la mayoría de los ayuntamientos asegura que desconoce o
no tiene disponibles las aplicaciones informáticas de las que habla el INE para
'desempadronar' o 'reempadronar' a los ENCSARP.

Diario SUR Digital

El número de embarcaciones con inmigrantes clandestinos que arribaron a las costas españolas durante el primer trimestre de este año descendió un 60 por ciento con respecto al mismo periodo de 2004.
Así lo aseguró ayer el subdelegado del Gobierno en
Cádiz, Sebastián Saucedo, a los periodistas antes quienes aplaudió la detención
a cargo de la Guardia Civil de los marroquíes que patroneaban la embarcación que
anteayer fue rescatada frente a la playa de Castillejo, en Barbate. El
subdelegado manifestó además sobre la llegada de embarcaciones con inmigrantes
indocumentados que la "labor fundamental" del Gobierno va encaminada contra "a
los que organizan este tipo de traslados mercenarios". Saucedo resaltó la
"prioridad" del Gobierno se basa en "buscar la responsabilidad y atacar a las
organizaciones que se dedican este tráfico de personas".

Además, apuntó una subida "sustancial" los
recursos destinados a la atención a los inmigrantes por parte de las ONG, y
señaló al respecto que los 400.000 euros destinados, este año se ha subido a
2.400.000 euros. Además, según Saucedo, con fondos del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales se atiende con recursos económicos (3.113.000 euros) para la
formación y atención de estos inmigrantes.

Según los datos de la Secretaría de Estado de
Inmigración y Emigración, el número de embarcaciones llegadas en 2004 a la
provincia de Cádiz descendió con respecto a 2003 en un número total de 55, ya
que pasó de 130 en 2003 a 75 en 2004. Algo similar ocurrió con los ocupantes
detenidos, ya que se pasó de los 5.035 de 2003 a los 1.295 de 2004.

Diario de Cádiz
J.M.R.
barbate.

Dos marroquíes que viajaban en la embarcación neumática interceptada por la Guardia Civil frente a las costas de Barbate ingresaban ayer en la prisión de Puerto II, como los supuestos autores de un delito continuado contra la libertad y la seguridad de los ciudadanos extranjeros, después de que la jueza de Barbate los considerara como los patrones de la embarcación semirrígida que fue rescatada frente a la playa de Los Castillejos, en Los Caños de Meca, con 65 personas a bordo entre ellos cinco
bebés, varios hombres y mujeres al menos diez de ellas embarazadas.
Los detenidos, para los que el fiscal pedía penas
entre los tres y seis años son A.M, de 35 años y domiciliado en Tamlat Kaja, y
H.E, de 31 años y con residencia en Larache. Ambos fueron arrestados por
miembros de la Guardia Civil.

Durante la jornada de ayer, la Benemérita
investigaba la identidad de ambos detenidos, ya que ninguno portaba documentos
acreditativos, mientras que intentaba esclarecer si se trataba de habituales en
esta práctica, una cuestión que debió quedar clara para que la jueza ordenase el
inmediato ingreso en prisión de los dos.

La semirrígida fue interceptada el miércoles por
Salvamento Marítimo y Guardia Civil después de que la viera el mercante Vernesga
a tres millas de la referida playa.

Por otra parte, la llegada de esta embarcación a
la costa de Barbate ha demostrado que el Equipo de Respuesta Inmediata de
Emergencia (ERIE) de la Cruz Roja está preparado para prestar auxilio y
asistencia a los inmigrantes, pero aún están pendientes muchas de las promesas
realizadas por el PP en el Gobierno y el PSOE ahora.

Fue el propio Sebastián Saucedo hace ahora un año,
cuando relevó a su antecesor en la Subdelegación del Gobierno en Cádiz,
Maximiliano Vílchez, el que dijo que "el módulo no lo es todo, aunque sí lo más
inmediato" y que habría que reunir a la Empresa Pública de Puertos de Andalucía
(EPPA), Junta, Diputación y otras instituciones para "colaboraciones
complementarias" que todavía no son realidad".

Así, entre los proyectos incumplidos está la
construcción de un pantalán junto al módulo sanitario de la Cruz Roja para que
las embarcaciones de los cuerpos de seguridad y del propio grupo de voluntarios
puedan acercar lo máximo posible a los inmigrantes para adonde son atendidos, y
no ahora que son dejados junto a un surtidor de combustible y tienen que ser
desplazados en ambulancias y vehículos patrulla.

El compromiso también recogía la instalación de
otro módulo de almacenamiento de material junto al sanitario para no tener que
traer equipos y víveres de Tarifa. Además se prometió el acotamiento y vallado
de la zona de atención a los inmigrantes para facilitar la labor de
identificación y control por parte de las fuerzas de seguridad, y tampoco se ha
cumplido.

Diario de Cádiz
JOSÉ MARÍA RUIZ
barbate.

La Policía Nacional de Algeciras informó ayer de que ha procedido a la detención del ciudadano marroquí A.M., de 26 años, como presunto autor de sendos delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y de homicidio imprudente en grado de tentativa, al ser el responsable de la patera que fue interceptada frente a las costas de Tarifa en la madrugada del pasado día 13 de junio, cuando transportaba 49 inmigrantes ilegales de nacionalidad marroquí, cinco de ellos mujeres, y que viajaban amontonados en una embarcación tipo zódiac.
Como resultado de la investigación, los agentes
policiales pudieron averiguar que uno de los marroquíes que viajaba en la
patera, y que pretendía hacerse pasar por un simple inmigrante ilegal, era en
realidad el patrón de la embarcación.

Asimismo, los inmigrantes declararon a los
investigadores que el precio pagado a la red mafiosa que organizó la travesía
estuvo entre 1.000 y 1.500 euros por persona. También manifestaron que instantes
antes de que partieran de las costas marroquíes vieron cómo se hacía a la mar
otra patera, claramente sobrecargada de inmigrantes subsaharianos, y que el
patrón de su embarcación les dijo que les mandaban por delante como cebo, con la
finalidad de que mantuvieran "entretenidos" a los servicios españoles de
detección y salvamento marítimo, para que de esta forma los inmigrantes
marroquíes pudieran tener más posibilidades de alcanzar la costa española y
eludir la acción de los sistemas de vigilancia. Presumiblemente, esta patera
sería la misma que naufragó frente a las costas de Marruecos en la madrugada del
lunes, cuando viajaban en ella unos cien inmigrantes, resultando ahogados seis
mujeres y seis niños de corta edad, todos ellos de origen subsahariano.

Por otra parte, el número de embarcaciones con
inmigrantes que llegaron a las costas españolas en el primer trimestre de 2005
descendió un 60 por ciento con respecto al mismo periodo de 2004, según el
subdelegado del Gobierno en Cádiz, Sebastián Saucedo.

Europa Sur
REDACCIÓN
tarifa.

Según los primeros indicios, el cadáver, que fue recuperado
pasadas las doce del mediodía, pertenece a un hombre que llevaba muerto unos
cinco días, agregaron.

Los agentes de la unidad subacuática trasladaron el cuerpo
hasta Muelle de Arguineguín y desde allí fue llevado al Instituto Anatómico
Forense, donde se le practicará la autopsia.

Se trata del segundo cuerpo encontrado en dos días, ya que
este miércoles fue encontrado en aguas de Mogán el cadáver de una mujer
subsahariana de unos veinte años.

El cadáver ha sido trasladado al Instituto Anatómico Forense,
donde se le practicará la autopsia

Canarias Ahora .com
EFE. Las Palmas de Gran Canaria

El cadáver de esta mujer fue hallado este miércoles cuando
flotaba a cinco millas de la costa de Mogán, al suroeste de Gran Canaria, por
una embarcación de pesca deportiva.

En un primer momento se pensó que la fallecida, de unos 20
años, tenía seis meses de embarazado, algo que ha quedado descartado tras la
autopsia.

La víctima llevaba muerta dos o tres días y vestía un pantalón
corto y una sudadera cuando fue encontrada en el mar.

No se descarta que esta mujer ocupara alguna de las pateras
llegadas en los últimos días a esta zona de la isla.

Efectivos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas del
instituto armado se encargaron de recuperar el cadáver del mar y trasladarlo en
una embarcación tipo zodiac hasta el muelle del puerto de Mogán.

En un primer momento se pensó que la fallecida tenía seis meses
de embarazado, algo que ha quedado descartado tras la autopsia

No se descarta que esta mujer ocupara alguna de las pateras
llegadas en los últimos días a esta zona de la isla

Canarias Ahora .com
EFE. Las Palmas de Gran Canaria

Una patera ocupada por 62 personas llegó sobre las 08.00 horas
del viernes a la Isla de Alborán, en Almería, en un intento de protegerse por el
tiempo complicado que se registra en el mar, donde han sido atendidos por el
destacamento de la Armada que se encuentra en el lugar, informaron fuentes de
Salvamento Marítimo.

Las mismas fuentes explicaron que recibieron el aviso de que
una patera se encontraba navegando por la zona de la Isla de Alborán de un
pesquero que se encontraba en el lugar y que, más tarde, la embarcación, con 62
personas en el interior, llegó a la isla.

Los extranjeros se encuentran bien y las fuentes desconocen si
en la embarcación viajaban mujeres o niños.

De inmediato, se desplazaron hacia la isla una embarcación de
Salvamento Marítimo y otra de la Guardia Civil para trasladar a los inmigrantes
hasta la península.

Madridpress.com

Cargada en un remolque aparcado ante el puesto de vigilancia
de la Gendarmería Real de Marruecos en el viejo puerto de Tánger, una lancha
neumática de color negro, aparentemente en buen estado, reposa ajena a la
tragedia que protagonizó la madrugada del domingo al lunes.
La embarcación, una semirrígida Argo de ocho metros de eslora
propulsada por un motor Yamaha de 40 CV, es la que volcó a causa del oleaje nada
más salir de la playa de Azarara, en Sidi Kankuch, unos 16 kilómetros al este de
Tánger. Perecieron 12 de sus al menos 91 ocupantes, seis mujeres y seis bebés,
todos subsaharianos. No hay fecha todavía para darles sepultura, a la espera de
los resultados del difícil proceso de identificación y de las gestiones de los
consulados.
Los supervivientes, o al menos 79 de ellos --15 marroquís y
otros 64 subsaharianos, procedentes de Camerún, Senegal, Ghana y Costa de
Marfil, entre otros países--, fueron arrestados y se encontraban ayer en los
calabozos de la Gendarmería Real de Tánger. Más que probablemente, siguiendo el
procedimiento habitual, en cuestión de horas serán expulsados hacia Argelia por
la frontera de Ujda.
En cualquier caso, responsables de la Gendarmería no esconden
la gravedad de la situación. "Los estamos recibiendo de toda África. El problema
es el hambre, y eso no se puede resolver sólo con arrestos y expulsiones",
explicaron.

Peligroso acceso
Para llegar a la playa de Azarara (en árabe, "la de las
piedras amarillas") hay que dejar la sinuosa carretera de Tánger a Ceuta y
descender a pie aproximadamente un kilómetro y medio por un sendero empinado y
pedregoso, incómodo de día y es de suponer que peligrosísimo de noche y con un
niño en brazos. "No me explico cómo pudieron bajar hasta ahí", dice el jefe del
puesto de la Gendarmería del puerto.
Hasán, que vive en un chalet cercano a la playa, dice haber
visto a los grupos de inmigrantes en otras ocasiones: "Llevan la lancha
enrollada, y la hinchan una vez abajo. El motor lo bajan entre tres". Las
dificultades para acceder a la zona complicaron considerablemente la operación
de rescate, hasta el extremo de que los gendarmes tuvieron que recuperar la
embarcación a nado.
La calita, escarpada y rocosa, no debe tener más de 15 metros
de longitud. Pese a que el día es brumoso, se percibe a simple vista la costa
española, escasamente a 20 kilómetros en línea recta, tan cerca y tan lejos.
Hasán y su amigo Saíd, conmovidos, sólo aciertan a musitar: "Pobrecitos, pobre
gente".

Un patuco y un babero
Traídos por la marea, los restos del naufragio se secan al
sol. Esparcidos dolorosamente aquí y allá, una mochila portabebés, pañales, un
patuco, un babero, entre las piedras y montones de algas. También zapatos, ropa
de adultos, un chándal con el escudo del Barça, un documento de identidad
ghanés, un portafotos con la imagen de un hombre joven, con camisa blanca y
americana gris, y una fecha: 26 de noviembre del 2003. Desesperados testimonios,
día y medio después, de un nuevo capítulo de la larguísima, clamorosa e
insoportable tragedia del Estrecho.
Y es que esto no se acaba nunca. Ayer mismo llegó a las
Canarias otra embarcación con 19 personas a bordo, dos de ellas mujeres.

El Periódico
JOSEP SAURÍ
TÁNGER / ENVIADO ESPECIAL

La comunidad musulmana de Manresa inauguró ayer después de un
año de obras su nueva mezquita, ubicada en la antigua fábrica de la Aranya, en
el núcleo antiguo de la población. A la inauguración asistieron representantes
de la Generalitat y del Ayuntamiento de Manresa, así como miembros de las
distintas comunidades religiosas con presencia en la capital del Bages y
representantes de entidades y asociaciones.
Ésta es la primera vez que asiste un cargo de la Generalitat a
la inauguración de una mezquita, pese a existir unas 140 en Catalunya, lo que
los asistentes valoraron como síntoma de normalidad. Además, tampoco ha habido
rechazo vecinal ni conflictos. Para la directora de Assumptes Religiosos de la
Generalitat, Montserrat Coll, ayer fue un día muy importante para las religiones
del país. Coll hizo una llamada a los musulmanes que viven Catalunya a seguir
trabajando para conseguir oratorios dignos y abiertos a los ciudadanos, ya que
"la ignorancia es lo que provoca diferencias y malos entendidos".
El presidente de la Unión de Comunidades Islámicas de España,
Riay Tatary Bakry, agradeció el esfuerzo hecho por las comunidades religiosas de
Manresa en normalizar una situación que "ayuda a mostrar que la convivencia
entre las distintas culturas es posible". El alcalde de Manresa, Jordi Valls
(PSC), también agradeció la invitación de la comunidad musulmana y destacó que a
partir de ahora todo el que lo desee pueda rezar "con dignidad".

400 PERSONAS
Al-Fath, que significa la llave, es el nombre de la nueva
mezquita, ubicada en el barrio de las Escodinas, donde la presencia de
inmigrantes es muy importante. El templo se ha construido gracias al trabajo del
llamado Grupo de Diálogo Interreligioso de Manresa y que hace tiempo que trabaja
para el mayor conocimiento entre los distintos cultos de la ciudad. El acto de
inauguración se cerró con una plegaria conjunta de representantes de todos los
cultos de la ciudad.
La mezquita tiene una capacidad para entre 300 y 400 personas
y dará respuesta a las necesidades de rezo de los musulmanes establecidos en
Manresa y el Bages. El templo estará gestionado por la Asociación Cultural
Islámica de la comarca, que adquirió dos locales de esta antigua fábrica por
330.500 euros.

El Periódico
JOSEP MARIA SARRI
MANRESA

Trece inmigrantes, doce hombres y una mujer, que trataban de
alcanzar las costas canarias fueron rescatados anoche en helicóptero de una
patera que llevaba diez días a la deriva, según ha informado la Guardia Civil.
La travesía la habían iniciado 24 personas, al parecer todos ciudadanos de Mali,
pero 11 de ellos murieron a lo largo del trayecto y los cadáveres fueron
arrojados al mar. Uno de los rescatados falleció de un infarto cuando era
trasladado al hospital, ha informado la subdelegada del Gobierno en Las Palmas,
Carolina Darias.
Esta responsable ha explicado que los inmigrantes rescatados,
de los que dos han sido dados de alta, han declarado ante la policía que
comenzaron su travesía el 24 de mayo en las costas de Argelia y que durante el
trayecto murieron 11 personas, que fueron arrojadas al agua. Al respecto, Darías
ha comentado que no se descarta que los cadáveres de dos inmigrantes
indocumentados encontrados durante los últimos días en las costas canarias
perteneciesen a esta patera, ya que, entre otros aspectos, los chalecos que
portaban son iguales.

El buque mercante Khalifeh Livestock, procedente de Brasil y
cuyo destino era Gran Canaria, alertó a media tarde de ayer de la presencia de
una patera a la deriva al suroeste de Gran Canaria, en la ruta que habitualmente
siguen las embarcaciones que pretenden llegar al archipiélago con inmigrantes
indocumentados. Los tripulantes del barco lanzaron a los inmigrantes un cable
para que se mantuvieran sujetos a él y no naufragaran mientras llegaban los
equipos de rescate.

Un helicóptero de Salvamento Marítimo, en el que viajaban
submarinistas de la Guardia Civil del Grupo de Actividades Subacuáticas (GEAS),
logró rescatarlos. Hacia las 22.00 horas, el helicóptero aterrizó en el
aeropuerto de Gando y los inmigrantes fueron trasladados a los centros
asistenciales de la capital grancanaria. Siete de ellos han quedado ingresados
en el Hospital Insular y otros seis en el Hospital de Gran Canaria Doctor
Negrín.

ELPAIS.es

Dos hermanos marroquíes parecen ser los jefes de la red de
traficantes que fletó la patera cuyo naufragio, ocurrido la madrugada del pasado
lunes cerca de Tánger, costó la vida a seis mujeres subsaharianas y a sus seis
hijos pequeños. La policía española ha remitido al Ministerio del Interior
marroquí los apodos y las características físicas de esos individuos, en cuya
localización ponen "el máximo empeño" las autoridades del país vecino.

Las declaraciones de los 49 inmigrantes marroquíes -44 hombres
y 5 mujeres- detenidos en una embarcación que llegó el lunes a la costa de
Tarifa (Cádiz) permiten reconstruir la tragedia ocurrida hace seis noches en
Sidi Kenkuch, una playa de rocas situada 15 kilómetros al este de Tánger.

Los inmigrantes habían contactado en esa ciudad con miembros
de la organización de traficantes, a los que cada uno pagó por adelantado entre
1.000 y 1.500 euros a cambio de un viaje en patera hasta Cádiz.

Fueron reunidos en un bosque a medio camino entre Tánger y
Ceuta. Cobijados en tiendas y chabolas hechas con plásticos, esperaron la salida
de la embarcación. Las cinco mujeres fueron recluidas en una casa de las
proximidades. Muy cerca de su campamento había otro, de inmigrantes
subsaharianos, en el que poco antes de la noche de la tragedia daría a luz una
mujer. Ella y su bebé fueron, presumiblemente, dos de las 12 víctimas del
naufragio.

Durante su estancia en el bosque, los traficantes sólo les
entregaban una barra de pan por persona y día. Los demás alimentos se los
vendían a precios dos y tres veces superiores a los de mercado.

En este estado de opresión, miseria y miedo pasaron los
inmigrantes hasta dos meses, pues el mar estaba intratable en el Estrecho.
Desesperados, algunos reclamaron la devolución del pasaje. Los mafiosos les
respondieron que podían irse, pero que se olvidaran del dinero.

El día de la partida, los traficantes los reunieron en un
claro. Estaban armados con estacas y espadas. Les retiraron los documentos de
identidad y les advirtieron de que eran hombres muertos si se les ocurría
revelar a la policía española algún dato sobre la organización o sobre el lugar
en el que habían permanecido ocultos. En cambio, si se portaban bien les
rebajarían el precio de un segundo viaje, en caso de que fueran interceptados y
devueltos a Marruecos.

Amparados en la noche, los propios inmigrantes tuvieron que
cargar la embarcación, una zodiac gris de ocho metros de eslora y dos de manga,
equipada con un motor Yamaha de 60 caballos. El camino hasta la playa estaba
formado por grandes piedras, sobre las que era difícil mantener el equilibrio.
Uno de los expedicionarios resbaló y se rompió una pierna. Sus compañeros no
volvieron a saber de él.

Ya en la playa, vieron otra lancha, abarrotada de
subsaharianos, que tenía problemas con el motor. El hijo de uno de los
traficantes subió a bordo y consiguió ponerlo en marcha. Luego descendió y cedió
el timón al patrón.

Fue entonces cuando A. M., de 26 años y patrón de la
expedición de los marroquíes, en prisión incondicional desde ayer, se volvió
hacia sus pasajeros y les explicó: "Los negros son un cebo para entretener a los
españoles. Mientras los rescatan a ellos, nosotros podremos entrar en España".

Minutos después se produjo la tragedia.

ELPAIS.es
TOMÁS BÁRBULO - Madrid

La continua llegada de pateras a las costas andaluzas ha provocado
que los centros de acogida estén al límite. Así, el Defensor del Pueblo andaluz,
José Chamizo, advirtió ayer de que la capacidad de la Junta de Andalucía para
acoger a inmigrantes menores de edad «se está agotando», por lo que reclamó
ayudas de la UE y del Gobierno central y pidió a Marruecos que asuma la
repatriación «con garantías» de estos chicos.

Chamizo explicó a Efe las dificultades de la repatriación de los
menores inmigrantes, que han de ser reclamados por sus familias -algunas ni
siquiera conocen su paradero o carecen de teléfono- y no pueden ser devueltos a
Marruecos hasta que este país asuma los protocolos internacionales vigentes en
esta materia.

Aseguró que el incremento en el número de mujeres embarazadas y de
menores que llegan clandestinamente a Andalucía, la mayoría en pateras, no sólo
responde «a la necesidad de aspirar a una vida más digna», sino que revela la
existencia «de una cierta estructura de corte mafiosa». Pidió, por este motivo,
al Gobierno marroquí «que investigue lo que ocurre, sobre todo en algunos
poblados pequeños» de este país, donde, según Chamizo, algunas redes mafiosas
engañan a las mujeres diciéndoles que una vez que lleguen a España podrán
reclamar a sus hijos «lo cual no es cierto», según precisó.

Situación crítica

El Defensor del Pueblo opinó que la Administración autonómica asume
lo mejor que puede la acogida de los menores, pero destacó que su «capacidad
económica es limitada» y aseguró que ya sólo existen plazas libres para jóvenes
inmigrantes en el centro de Almería, dada la saturación existente en las demás
instalaciones. «Ya no deben de quedar muchas plazas libres para menores en los
centros de acogida de la Junta de Andalucía; el tráfico de menores va en aumento
y no hay medidas», apostilló.

De este modo, Chamizo aseguró que existe un riesgo de hacinamiento
de estos menores y destacó que el número de los inmigrantes clandestinos menores
de edad que llegan a Andalucía «va en aumento», lo que está consolidando «una
situación casi de locura», por la falta de alternativas.

«Pasividad»

Antes de entrevistarse con la directora general de Instituciones
Penitenciarias, Mercedes Gallizo, y los 13 directores de los centros
penitenciarios andaluces, denunció que los casos de tráfico de personas se
incrementan sin que haya medidas para paliar la situación y destacó que «en poco
tiempo, más de 150 menores han llegado y muchos han sido acogidos por la Junta».
A su juicio, «es prioritario que se sienten (las administraciones) y que la UE
intervenga porque no se puede seguir con esta pasividad», sentenció José
Chamizo.

Diario SUR Digital
AGENCIAS/SEVILLA

El Gobierno central reforzará Salvamento Marítimo este verano con un helicóptero más en las zonas donde mayor número de entradas ilegales en pateras se ha detectado, principalmente en la zona del Campo de Gibraltar, según anunció ayer el delegado del Gobierno en Andalucía, Juan José López Garzón.
López Garzón indicó que las buenas condiciones
climatológicas disminuyen el riesgo de accidente y, por lo tanto, aumenta el
número de intentos de llegar a las costas españolas. Esta circunstancia unida a
que con el Sistema Integral de Vigilancia del Estrecho (SIVE) "prácticamente se
aprehende todas las que pateras que intentan pasar", hace necesario incrementar
los medios para actuar con celeridad en la atención humanitaria.

Para el delegado, es necesario que la Unión
Europea se implique más en esta situación del sur de Europa, tanto en la
prevención como en la aportación de inversiones a los países de origen de la
inmigración.

Salvamento Marítimo adquirirá tres nuevos
helicópteros. Uno de ellos se centrará en las labores de rescate en la costa de
la comarca.

Europa Sur
AGENCIAS
sevilla.

Un total de 196 inmigrantes fueron interceptados a lo largo de la jornada de ayer en cuatro pateras con las que intentaban alcanzar las costas andaluzas en distintas expediciones localizadas en Motril, Nerja, Vélez-Málaga y la Isla de Alborán. Esta detención de inmigrantes en las costas de Andalucía es la segunda más importante de 2005, tras la interceptación, el 5 de febrero, del barco Ice D-Olomne con 225
subsaharianos cerca de la costa sur de Tenerife. El delegado del Gobierno en
Andalucía, Juan José López Garzón, anunció ayer que se reforzará el sistema de
salvamento marítimo en la zona del Estrecho este verano.
La primera embarcación fue localizada de madrugada
en las costas de Motril con 70 personas a bordo, de los que cinco son mujeres y
nueve menores, y fue avistada sobre las 03.45 horas por el Servicio Integral de
Vigilancia Exterior (SIVE) a unas tres millas al sur del cabo Sacratif. Los
inmigrantes fueron trasladados al centro de acogida del que dispone la Policía
en el puerto de Motril.

En Almería una embarcación con 62 inmigrantes,
entre ellos una mujer y nueve menores, alcanzó el destacamento militar de la
Isla de Alborán en una patera y fueron trasladados por una patrulla que recibió
una llamada de alerta de un barco pesquero a las 7.00. Los inmigrantes, que se
encontraban en general en buen estado de salud, permanecieron en el destacamento
militar, a la espera de ser trasladados a la península cuando las condiciones
meteorológicas lo permitieran.

Más tarde, tras una llamada realizada sobre las
9.00, la Guardia Civil detuvo a 30 inmigrantes, tres de ellos menores, que
llegaron a la costa de Nerja en una embarcación en la que viajaban con otras dos
personas que lograron huir tras lanzarse al agua y adentrarse por un cañaveral,
informaron fuentes de Cruz Roja. La embarcación neumática en la que iban fue
interceptada por una lancha de la Guardia Civil cerca de la orilla y, al
parecer, cinco de los ocupantes se lanzaron al agua, de los cuales tres fueron
finalmente arrestados. Este grupo de inmigrantes, entre los que había una mujer,
fue detenido en Las Alberquillas, en el paraje de los Acantilados de Maro-Cerro
Gordo.

Apenas tres cuartos de hora después fue avistada
otra patera con 34 personas -31 hombres y tres mujeres- en la costa del núcleo
de población de Valle-Niza, en Vélez-Málaga. Dos inmigrantes fueron ingresados
hospitales tras la pérdida del conocimiento. El grupo de inmigrantes fue
atendido por la Cruz Roja, que encontró cuadros de desnutrición, deshidratación
y cansancio. hipotermias severas y contusiones.

Europa Sur
REDACCIÓN / AGENCIAS
granada / málaga.

El imán de Santa Coloma de Gramenet y Badalona Taoufik
Cheddadi, detenido en la operación contra el terrorismo islámico y puesto en
libertad sin cargos poco después, el 17 de junio, hizo un llamamiento a la calma
y aseguró que lo ocurrido "nunca lo esperaba después de llevar 16 años en este
país trabajando por la convivencia, luchando contra esta gente radical que ha
hecho daño a nuestra religión, al Islam, a los musulmanes y a todo el mundo".

Cheddadi, que ofreció una rueda de prensa en la puerta de su
librería, afirmó que había pasado "dos días que no deseo a nadie" y explicó que
"al final se ha demostrado que yo no tengo nada que ver con esto, incluso todo
el mundo conoce mis discursos, mis escritos, mis entrevistas en un mensaje de un
Islam moderado, totalmente compatible con todo el mundo, con la democracia, no
es un Islam radical". El imán destacó que "Islam es totalmente paz, tolerancia".

Cheddadi afirmó que "es lamentable que esto pase en un estado
de derecho", aunque añadió que "hay que entender un poco la situación, cómo está
el país, nosotros como musulmanes que somos hemos criticado los hechos del 11 de
marzo, que es algo totalmente contrario a nuestra religión, totalmente
antiislámico".

El imán, que aseguró que "por supuesto" sigue confiando en la
Justicia, explicó le había detenido porque, según le dijo la Policía, "mi nombre
circulaba en círculos radicales de Santa Coloma".

Cheddadi aseguró que, tras los últimos acontecimiento, entre
los musulmanes de Santa Coloma "se respira ambiente de crispación, de psicosis,
la gente está asustada".

DETENIDO EN LA LIBRERÍA

El imán relató cómo fue su detención. Explicó que "me vinieron
a buscar el miércoles sobre las ocho y cuarto de la mañana, vinieron a mi casa
dos personas, un hombre y una mujer, picaron, se presentaron de una manera
correcta diciendo que eran policías".

Cheddadi señaló que "vinieron con el pretexto que según ellos
tenían una información que decía que había alquilado mi librería como camas a
los inmigrantes que no encuentran piso, y me pidieron por favor si les podía
acompañar para aclarar esto".

El imán señaló que "yo les dije que con mucho gusto, me dieron
tiempo para vestirme, bajamos, me llevaron hasta la librería y cuando se la abrí
y entré me dijeron que quedaba detenido por colaboración con banda armada".
Cheddadi explicó que después "me esposaron, registraron toda la librería libro
por libro y todos los CD y la música que tengo y me llevaron directamente a la
comisaría". Allí, según el imán, permaneció incomunicado.

TRES GESTOS

Cheddadi quiso agradecer públicamente tres gestos de los
policías, que aseguró que le dieron un trato correcto y le pidieron perdón
cuando le dejaron en libertad.

El primer gesto fue llevar a su mujer, que está embarazada y
enferma, unas recetas que necesitaba y que Cheddadi tenía consigo. El imán
explicó que "como yo tenía yo conmigo las recetas de la medicina de mi mujer un
policía de la Comisaría fue a mi casa a llevárselas a mi mujer".

Cheddadi también agradeció que "en las primeras declaraciones
que me tomaron el señor inspector me hizo subir de los calabozos sin esposas,
diciendo que él respeta la figura de un imán, y un imán no tenía que estar
esposado para tomarle declaración". Finalmente Cheddadi agradeció que "cuando me
soltaron por la noche, hacia la medianoche, me llevaron hasta mi casa".

Madridpress.com

Entre el color terroso de la multitud destacaba un punto negro". Desnudos y apiñados en el Patio de los Garajes de Mauthausen, mucho más pequeño que la Appellplatz del campo, 5.000 presos aguardan penosamente, el 21 de junio de 1941, a que los SS procedan a una desinfección general. La piel oscura de un hombre le hace particularmente visible, algo poco recomendable en un lugar, Mauthausen, en el que es mejor pasar inadvertido. Es un negro. "Se trataba de un muchacho de Barcelona nacido en el África española".

La escena la relata el deportado Joaquim Amat-Piniella en su
célebre libro K. L. Reich (El Aleph). Ese joven negro catalán, bien plantado y
culto, tenía nombre y apellido, Carles Greykey. Vástago de una familia de
Fernando Poo, no había nacido en realidad en la colonia guineana, sino en la
misma Barcelona, el 4 de julio de 1913, y su número de deportado en Mauthausen,
como "español rojo", era el 5124. Los SS lo enfundaron en un uniforme de opereta
y lo obligaron a servirles como un pintoresco camarero. El temible comandante
Franz Ziereis le hacía recoger los abrigos de sus invitados.

"Hablé con él en el campo, su madre fregaba en Barcelona en
casas del paseo de Gràcia", recuerda el antiguo deportado y recién elegido
presidente de la Amical de Mauthausen, Jaume Álvarez. Greykey "tenía mucho miedo
de que lo mataran".

"Buen compañero"
Otro deportado superviviente, Mariano Constante, uno de los
jefes de la organización comunista clandestina en Mauthausen y en la actualidad
uno de los responsables de la Amicale de Francia, también recuerda al negro
catalán: "Lo habían colocado para servir a la oficialidad y los SS del campo lo
lucían especialmente cuando venían mandos de Berlín. Era un hombre muy
agradable, un buen compañero. Le hacían vestir un uniforme como de botones de
gran hotel, para darse postín los SS. Le humillaban, pero eso le salvó; en la
cantera no hubiera aguantado mucho".

La historia de Greykey, de la que desgraciadamente sólo
conocemos retazos, parte de ellos recogidos en el imprescindible clásico de
Montserrat Roig Els catalans als camps nazis (Ed. 62, traducción castellana en
Península), es en buena parte semejante a la de muchos otros deportados
españoles, pero está teñida -si se permite la palabra- por un dramatismo incluso
mayor a causa del color de su piel y las vejaciones que éste le granjeó por
parte de los nazis.

Y es que los negros sufrieron particularmente el racismo
nacionalsocialista y fueron objeto de una feroz persecución en el III Reich,
mucho menos conocida y documentada que las de otros colectivos, como los judíos,
los gitanos o los homosexuales. Hitler odiaba con especial saña a los negros, a
los que consideraba intrínsecamente lascivos y peligrosos corruptores de la
sangre aria, y contra los que carga explícitamente en su Mein Kampf. Aunque a
menudo se olvide, las Leyes de Núremberg, el pilar legal del racismo nazi,
concernían no sólo a los judíos, sino también a los negros. Por ellas, todos los
negros y negras fueron privados de la ciudadanía, se les prohibió casarse con
blancos y sus niños fueron excluidos de las escuelas. El jazz, tenido por una
música negra, formó parte del "arte degenerado". Los prisioneros de guerra
negros fueron a menudo tratados brutalmente por los alemanes en la II Guerra
Mundial e incluso masacrados.

Un episodio tan espantoso como poco conocido es el de la
esterilización por los nazis de medio millar de niños negros, hijos de
matrimonios mixtos o de relaciones entre alemanas y miembros coloniales de las
tropas de ocupación francesas en Renania tras la I Guerra Mundial. Schwarze
schmach, "vergüenza negra", y rheinlandbastarde, "bastardos renanos", son dos de
los epítetos que los nazis dieron a esos incómodos -para el régimen- alemanes
negros o afroalemanes, fruto, en la mentalidad de Hitler, de una conspiración
entre negros y judíos para infectar la raza aria. Para los nazis fue
desesperante que el atleta negro de EE UU Jesse Owens, un inferior, triunfara en
los Juegos Olímpicos de Berlín, en 1936.

El caso de Carles Greykey, cuyo nombre algunos como el
historiador británico David Wingate Pike, autor de Españoles en el Holocausto
(Mondadori, 2003) escriben Grey Key, sirve para rememorar todo eso. Él es
precisamente uno de los personajes cuyas biografías se esbozan en un libro de
reciente aparición que reivindica la memoria de la persecución contra los
negros, Noirs dans les camps nazis (Éditions du Rocher. Le Serpent à Plumes.
2005), del periodista y documentalista de Costa de Marfil Serge Bilé. Greykey,
según los datos de Bilé -que entrevistó al respecto al antiguo deportado
español, ya fallecido, Juan de Diego-, nació y creció en Barcelona, donde se
habían instalado sus padres procedentes de Fernando Poo. Fue uno de los pocos
negros que combatieron en las filas de los republicanos durante la Guerra Civil.
Tras la derrota, pasó a Francia con los restos del ejército y volvió a combatir
al fascismo al inicio de la II Guerra Mundial. Hecho prisionero en el frente, lo
deportaron a Mauthausen. Allí, los alemanes, que no estaban acostumbrados a ver
negros, según el testimonio de De Diego -ellos, los propios españoles, tampoco
lo estaban, y menos a negros que hablaran perfectamente el catalán-, decidieron
exhibirlo como una rareza y, ataviado con un viejo uniforme de la guardia real
yugoslava, lo emplearon como sirviente y camarero.

Esos viejos uniformes extravagantes los utilizaron en su día
los SS, según escribió Joaquin Amat-Piniella, para vestir a una guardia de
patibularios a fin de gastar una demencial broma a un grupo de prisioneros
rusos.

Constante explicó a este diario el episodio que puso fin
definitivamente a la hasta cierto punto privilegiada existencia de Greykey en el
campo. "En una visita de mandos, un oficial borracho le pasó la mano por la cara
a ver si manchaba, porque los nazis, sabe, no eran muy inteligentes. '¿Cómo es
que eres negro?', le espetó entonces a Greykey. Y éste, que hablaba alemán, le
contestó con sorna: 'Es que mi madre olvidó lavarme'. Todos rieron la
ocurrencia, pero luego se le castigó por la insolencia. Tenía coraje el tipo.
Era un buen antifascista".

Neus Català, antigua presa en Ravensbrück y que conoció a
Greykey en un encuentro de ex deportados en Francia a finales de los años
sesenta, brindó a este diario una versión más dramática de la caída del negro de
Mauthausen. "Él mismo me explicó que lanzó una copa de champaña en la cara a un
oficial alemán, y que se salvó sólo porque los compatriotas españoles lo
escondieron y le maquillaron la cara con polvo".

En los lavabos de las SS
En su libro, Montserrat Roig dice que Ziereis, el comandante,
castigó a Greykey poniéndolo a fregar los lavabos de los SS. Escribe Roig que
"el negro Carles" fue el único republicano español que estuvo cerca de Himmler
el día en que éste visitó Mauthausen en 1941 y que Ziereis se lo presentó al
reichführer diciendo: "Mire, esto es un negro español, pero su padre era caníbal
y comía carne humana". Se ve que Greykey tuvo ese día el dudoso privilegio de
que lo pellizcara Kaltenbrunner.

Roig no llegó a conocer personalmente a Greykey. En su libro,
publicado en 1977, dice que el deportado vivía en Francia tras su liberación,
pero que en la dirección que le habían dado no lo encontró. El negro catalán fue
uno de los afortunados supervivientes de Mauthausen.. Mariano Constante explica
que lo vio en París al acabar la guerra y que frecuentaban los mismos sitios,
como tantos otros republicanos españoles. "Años después supe que había muerto".
Neus Català cree que vivía cerca de la capital, en el departamento de
Seine-Saint Denis, quizá en La Courneuve. "Nos vimos varias veces. Estaba
casado, me habló de su mujer; pero yo, claro, no le pregunté si también ella era
negra. Me dijo que tenía muchos hijos. Era muy buena gente, muy alegre". El
historiador Benito Bermejo -autor del libro Francisco Boix, el fotógrafo de
Mauthausen (RBA), en el que aparece una de las dos fotos que se conocen de
Greykey en el campo- explica que el ex preso Ramon Bargueño le dijo que había
conocido a dos hijos de Greykey, mulatos, en una reunión, y que el negro catalán
tenía unas hermanas en Barcelona.

Un congoleño en Dachau y un antillano en Buchenwald


EN Noirs dans les camps nazis, que se abre con el
recuerdo del genocidio avant-la-lettre que cometieron los alemanes en su colonia
de la actual Namibia contra el pueblo herero -episodio en el que tuvo un papel
relevante el gobernador Heinrich Goering, padre de Hermann Goering: ¡vaya
familia!-, aparecen otros personajes negros con historias similares a la de Greykey.

El senegalés Dominique Mendy, que vivía en
Francia, se enroló en la Resistencia y fue detenido por la Gestapo, que le
rompió las piernas. Deportado a Neuengamme, los SS del campo lo convirtieron en
una especie de ordenanza. Mendy se hizo pasar por idiota y sobrevivió. También
se salvó de otro campo, el de Dachau, nada menos, el congoleño John Vosté,
miembro de la resistencia belga. Un caso muy triste es el de una mujer negra
apodada Blanchette -su nombre se desconoce- que desapareció en Ravensbrück y de
la que sus compañeras sólo consiguieron descifrar estas palabras: "Tengo frío,
tengo frío".

Mohamed Bayume Husen, nacido en Dar es Salam, en
la actual Tanzania, se enroló en el ejército colonial alemán en la I Guerra
Mundial y luchó en la batalla de Mahiva. Condecorado por su valor, emigró en
1929 a Alemania, donde enseñaba suajili. Tras la promulgación de las leyes de
Núremberg logró trabajo provisional -como otros afroalemanes- en algunos filmes
de aventuras coloniales. En 1941 fue detenido al tratar de reconocer
ingenuamente (con lo que estaba cayendo) la paternidad del hijo tenido con su
amante blanca. Condenado por "atentado a la raza alemana", lo enviaron a
Sachsenhausen, donde murió en 1944. A Buchenwald fue a parar el antillano
Raphaël Élize, natural de Saint-Pierre, al pie del monte Pelée. La familia
escapó de la gran erupción volcánica a Francia, pero sólo, paradójicamente, para
que su hijo se enfrentara a otros fuegos más siniestros.

ELPAIS.es

Después de 17 años, el viejo y decrépito centro de
internamiento de extranjeros (CIE) que funciona en Madrid dejará paso a una
moderna instalación en el antiguo hospital penitenciario de Carabanchel.

Las instalaciones, que serán inauguradas esta semana por el
ministro del Interior, José Antonio Alonso, tendrán capacidad para 240
inmigrantes irregulares, frente a las 60 del centro actual. Este centro comparte
instalaciones con una comisaría, la del distrito de Latina, y con la sede de la
Brigada de Documentación y Extranjería. Eso sí, ya nace con problemas, según los
sindicatos, que echan en falta algunos servicios, como la cafetería.

La Jefatura Superior de Policía de Madrid ha tenido hasta
ahora dos grandes sedes en la región: la central, de la propia jefatura, en la
calle del Doctor Federico Rubio y Gali (distrito de Moncloa), y el complejo
policial de Moratalaz, donde están las brigadas de Información y Seguridad
Ciudadana y la comisaría del distrito, además del CIE. Por ello, el antiguo
hospital penitenciario está llamado a convertirse en el tercer gran centro de
esta jefatura.

Más de 500 funcionarios
En Carabanchel está previsto que trabajen más de 500
funcionarios (en su mayoría policías), ya que allí estarán la Brigada de
Documentación y Extranjería, la comisaría de Latina y el CIE. Este último
contará con novedades importantes. De las 240 plazas, 190 se destinarán a
hombres y las 50 restantes a mujeres. Esta división es estará perfectamente
separada para que no puedan comunicarse.

El centro estará distribuido en tres plantas. La de entrada
estará situada a pie de calle, en lugar de en un sótano como el actual centro de
Moratalaz. Contará con un gran patio en el que los internos podrán pasear o
practicar algún deporte. Ahora, su único esparcimiento consiste en una sala sin
ventilación natural, en la que sólo pueden ver la televisión.

Entre las quejas de los sindicatos policiales está el hecho de
que el muro de separación no es muy alto y algunos internos especialmente
atléticos podrían saltarlo. También desde el exterior sería factible arrojar
objetos al interior para uso de los internos.

Otro problema sobre el que alertan los sindicatos es que el
nuevo centro es bastante grande y que la Brigada de Documentación y Extranjería
sólo dispone de 40 agentes para las funciones de vigilancia y control de los
internos. "Si todos los internos se ponen a dar guerra a la vez, tendremos
muchos problemas para controlar la situación", adelantan fuentes sindicales.

Comisiones Obreras ya ha enviado una carta al Ministerio del
Interior en la que se queja de algunas carencias importantes del nuevo complejo
policial. Entre ellas, la falta de cafetería para los 500 funcionarios que
trabajarán allí.

El problema es que la reforma ha mantenido la estructura del
hospital penitenciario, lo que ha desperdiciado mucho espacio en pasillos,
escaleras y zonas comunes.

ELPAIS.es
F. JAVIER BARROSO - Madrid
20-06-2005

Después de 17 años, el viejo y decrépito centro de
internamiento de extranjeros (CIE) que funciona en Madrid dejará paso a una
moderna instalación en el antiguo hospital penitenciario de Carabanchel.

Las instalaciones, que serán inauguradas esta semana por el
ministro del Interior, José Antonio Alonso, tendrán capacidad para 240
inmigrantes irregulares, frente a las 60 del centro actual. Este centro comparte
instalaciones con una comisaría, la del distrito de Latina, y con la sede de la
Brigada de Documentación y Extranjería. Eso sí, ya nace con problemas, según los
sindicatos, que echan en falta algunos servicios, como la cafetería.

La Jefatura Superior de Policía de Madrid ha tenido hasta
ahora dos grandes sedes en la región: la central, de la propia jefatura, en la
calle del Doctor Federico Rubio y Gali (distrito de Moncloa), y el complejo
policial de Moratalaz, donde están las brigadas de Información y Seguridad
Ciudadana y la comisaría del distrito, además del CIE. Por ello, el antiguo
hospital penitenciario está llamado a convertirse en el tercer gran centro de
esta jefatura.

Más de 500 funcionarios
En Carabanchel está previsto que trabajen más de 500
funcionarios (en su mayoría policías), ya que allí estarán la Brigada de
Documentación y Extranjería, la comisaría de Latina y el CIE. Este último
contará con novedades importantes. De las 240 plazas, 190 se destinarán a
hombres y las 50 restantes a mujeres. Esta división es estará perfectamente
separada para que no puedan comunicarse.

El centro estará distribuido en tres plantas. La de entrada
estará situada a pie de calle, en lugar de en un sótano como el actual centro de
Moratalaz. Contará con un gran patio en el que los internos podrán pasear o
practicar algún deporte. Ahora, su único esparcimiento consiste en una sala sin
ventilación natural, en la que sólo pueden ver la televisión.

Entre las quejas de los sindicatos policiales está el hecho de
que el muro de separación no es muy alto y algunos internos especialmente
atléticos podrían saltarlo. También desde el exterior sería factible arrojar
objetos al interior para uso de los internos.

Otro problema sobre el que alertan los sindicatos es que el
nuevo centro es bastante grande y que la Brigada de Documentación y Extranjería
sólo dispone de 40 agentes para las funciones de vigilancia y control de los
internos. "Si todos los internos se ponen a dar guerra a la vez, tendremos
muchos problemas para controlar la situación", adelantan fuentes sindicales.

Comisiones Obreras ya ha enviado una carta al Ministerio del
Interior en la que se queja de algunas carencias importantes del nuevo complejo
policial. Entre ellas, la falta de cafetería para los 500 funcionarios que
trabajarán allí.

El problema es que la reforma ha mantenido la estructura del
hospital penitenciario, lo que ha desperdiciado mucho espacio en pasillos,
escaleras y zonas comunes.

ELPAIS.es
F. JAVIER BARROSO - Madrid

La vieja cárcel de Huelva, cerrada desde 1995, guardaba
dentro, como en las películas de terror, una leyenda negra, fantasmal. Era,
junto a la antigua prisión de Badajoz, el centro al que eran enviados los
homosexuales de toda Andalucía "para que los reeducaran", entre los años 1968 y
1979. Entonces estaban en vigor las tristemente recordadas leyes de Peligrosidad
Social y de Vagos y Maleantes, que permitían al guardia de turno detener a una
persona por su aspecto o simplemente porque le parecía afeminado.

En la prisión de Huelva, los homosexuales fueron sometidos a
palizas, vejaciones e incluso a tratamientos con electrochoques, para que
"volvieran a la normalidad y les gustaran las mujeres", según recordaron algunos
de los que ayer asistieron a un acto en Huelva para recordar a esas personas. La
directora general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, descubrió
ante unas cien personas una placa en homenaje a los que sufrieron ese castigo en
la prisión de Huelva.

La idea partió hace meses de la Asociación de Presos Sociales,
y contó desde el primer momento con el apoyo de la Dirección General de
Instituciones Penitenciarias. Ayer, asistieron numerosos políticos de Huelva,
casi todos del PSOE. Y también algunos de los que sufrieron las torturas. Como
Trinidad Martín, un transexual que estuvo ingresado en la cárcel de Huelva en
1973. La trajeron desde Granada, donde vivía, porque un vecino suyo, que
trabajaba como guardia civil, la sorprendió vestida de mujer. Recuerda Trinidad
las humillaciones y cómo la llamaban "mariconazo" en la cárcel, pero lo que más
le dolió fue que cayó sobre ella una orden de destierro que le impidió regresar
a Granada durante un año. También asistió Antonio Gutiérrez, un preso que no
llegó a cumplir condena en Huelva, sino en la cárcel Modelo de Barcelona. "Las
heridas no cicatrizan nunca. Esas cosas se clavan en el corazón para siempre.
Nosotros sufrimos crímenes contra los derechos humanos, de esos que nunca
prescriben", expresó.

En aquellos años había psiquiatras especializados en la
recuperación de los homosexuales. Lo ha contado, entre otros, el periodista
Fernando Olmeda en su reciente libro El látigo y la pluma. Actuaban en la cárcel
y fuera de ella. Proyectaban una imagen con un chico en posiciones de
provocación sexual y descargaban un electrochoque contra el paciente. Luego
exhibían la imagen de una muchacha, y ya no pasaba nada.

La placa que desde ayer luce junto a la puerta de la vieja
Prisión Provincial de Huelva, un edificio para el que las administraciones
buscan alguna función para el futuro, dice: "Para una generación de españoles,
este establecimiento penitenciario fue símbolo de castigo y exclusión social
hacia quienes decidieron ejercer su libertad y desarrollar una orientación
afectiva diferente. Quede esta placa como reparación de la sociedad democrática
a una injusticia histórica en recuerdo de los homosexuales que fueron
encarcelados y como compromiso de que ninguna otra generación tendrá que pasar
por nada semejante".

Mercedes Gallizo recurrió a una cita del poeta Luis Cernuda,
que nunca ocultó su homosexualidad: "La defensa de aquella libertad de la que
hablaba Cernuda: 'Libertad no conozco sino la de estar preso en alguien'. Que
este acto sea también un homenaje a aquellos que, como Cernuda, soñaron con un
día en que '...el hombre pudiera decir lo que ama... Si el hombre pudiera
levantar su amor por el cielo, como una luz...".

ELPAIS.es
L. E. SILES / L. VALLELLANO - Huelva

La asociación Pro-Derechos Humanos de Cádiz está estudiando la
posibilidad de personarse como acusación particular en el juicio que se celebre
contra el marroquí A.M. de 26 años de edad, detenido esta semana acusado de ser
el patero de la embarcación que naufragara frente a las costas de Tánger y en el
que fallecieron seis mujeres y seis niños de corta edad.

El detenido, al que se le acusa de un presunto delito de homicidio
involuntario en grado de tentativa, llegó a Tarifa el pasado lunes a bordo de
una embarcación cargada de indocumentados que fue interceptada por la Guardia
Civil. En las declaraciones que el Instituto Armado tomó a los ocupantes de la
embarcación se aseguraba que el joven marroquí era el patero de la misma y
añadieron que tanto él como otros miembros de las mafias que suelen operar en El
Estrecho, lanzaron como cebo una primera embarcación sobrecargada de
subsaharianos, para que naufragase y así «tener ocupados» a los servicios de
rescate de Salvamento Marítimo.

Acusación particular

El portavoz de Pro-Derechos Humanos en la provincia de Cádiz, Rafael
Lara, señaló la intención de que su asociación se persone junto a la Fiscalía en
el caso, aunque explicó que este tipo de casos suponen una gran complejidad.

El responsable provincial de la asociación humanitaria aseguró que
«éstos son temas siempre complejos tal y como ya ocurrió en el caso de la patera
de Rota y sus circunstancias que al final todo quedó en que un 'cabeza de turco'
pagó los platos rotos». «No sé si será el caso de éste, pero nosotros seguimos
estudiando la posibilidad y si es posible nosotros actuaremos también junto a la
Fiscalía», apuntó Rafael Lara.

Reconducir políticas

Lara matizó que «por desgracia el tema de las pateras cada vez se
está complicando más a tenor de la perfección de los sistemas de vigilancia por
lo que suele ser frecuente la salida de varias pateras juntas en oleada para que
alguna logre burlar la vigilancia del SIVE». Lara expuso que «lo peor de todo es
que en el caso de Tánger se hubiera puesto en peligro a tantísimas personas y en
condiciones tan terribles para que sirvieran de cebo, aunque eso es una cosa más
de las inhumanidades que se viven en el tema de la inmigración clandestina y ya
es hora de que se reconduzcan las políticas que permiten la proliferación de
estas mafias y de gente sin escrúpulos que permiten que sucedan estas
desgracias».

Diario SUR Digital

El alcalde de El Ejido, Juan Enciso, presentará esta mañana en la
localidad almeriense el PAL (Partido de Almería), grupo que ha creado tras su
marcha del PP. Enciso adelantó que la característica principal de este nuevo
partido será «la total autonomía de cada junta local dentro del organigrama, ya
que no habrá imposiciones».

EFE
Diario SUR Digital
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Alrededor de un millar de personas arroparon anoche al alcalde de El Ejido (Almería), Juan Enciso, y al presidente de la Diputación, José Añez, en la presentación oficial del Partido de Almería (PAL), donde anunciaron una "bolsa de financiación" para las campañas electorales de los pueblos y para sus sedes en la provincia.
Durante el acto, Añez agradeció la presencia de ex
responsables del PP de Olula de Castro, Dalías, Turrillas, Tabernas, Alsodux,
Laroya, Félix o Huécija. Asimismo, acudieron los ex concejales del PP de El
Ejido y de Dalías.

Añez aseguró que el PAL "nace para dignificar la
vida política de Almería" y que la nueva formación -constituida tras la marcha
de Enciso y Añez del PP- se quiere convertir "en el mejor partido de la
provincia y demostrar que se puede estar en política y ser honrado". En la misma
línea, mantuvo que "nadie acaparará cargos" dentro del nuevo partido.

El alcalde de El Ejido, Juan Enciso, confesó que
no puede olvidar: "Lo he entregado todo durante 20 años por un partido -el PP-
que al final ni siquiera ha querido escucharme". Además, lamentó: "Las manos en
las que está en esta provincia".

Con respecto al nuevo partido, reveló su lema, Tu
pueblo en buenas manos, y subrayó que "habrá puestos para todos", al tiempo que
destacó que será el reflejo de su proyecto en El Ejido porque "siempre"
defenderá "los intereses de El Ejido", enfatizó.

Enciso desveló que él será el presidente
provisional del PAL, porque tienen la pretensión de celebrar un congreso. El
vicepresidente será el alcalde de Dalías, Jerónimo Robles, el secretario el ex
alcalde popular de Tabernas, Rafael Valls, y los vocales el vicepresidente de la
Diputación, Ginés Martínez Balastegui, el alcalde de Olula de Castro, Guillermo
Mesas, y el de Líjar, Crescencio Molina. La sede del PAL estará situada en el
bulevar de El Ejido, número 301.

El presidente de GIAL, otro partido nacido de una
escisión del PP, Juan Megino, consideró ayer que el PAL no mermará sus
expectativas electorales, puesto que no cuenta con representación en el
poniente, a pesar de que se iniciaron los contactos con algunas personas para
ello.

Europa Sur
EUROPA PRESS
Almería.

Perpiñán vive consternada aún por el impacto de dos asesinatos y la
reacción posterior de un grupo de jóvenes que la noche del domingo 29 de mayo
incendió medio centenar de vehículos y provocó destrozos en 109 comercios. Pero
a esa ciudad que en los últimos años ha divulgado el eslogan Perpiñán fraternal
le duele aún más la imagen que han dado los medios de comunicación. Jaume Roure,
teniente de alcalde y residente en el núcleo histórico donde han ocurrido los
incidentes, asegura con rotundidad que en Perpiñán "existen problemas
económicos, pero no racistas". "Es falso que haya un enfrentamiento entre las
comunidades magrebí y gitana".

-El hecho es que han muerto dos magrebíes en una semana.

-Sí, pero en el primer caso, el de Bey Bachir, un argelino con
antecedentes penales, responde a una pelea. Bachir saca un cúter con el que hace
un corte en la cara a un gitano y luego recibe una paliza brutal. Los autores
han sido detenidos y entre ellos hay uno que había sido detenido al menos otras
veinte veces. El asesinato de Driss Ghaib, marroquí propietario de un pequeño
restaurante, es un misterio. Lo mataron de cinco tiros en la cabeza, con un
ritual mafioso que nunca han utilizado los gitanos de Perpiñán en cinco siglos.
Nadie vio nada. Parece una provocación. Y media hora más tarde hubo los
incidentes.

-Pero los magrebíes vivieron esos asesinatos como una agresión.

-La manifestación de protesta, que reunió de 2.000 a 4.000 personas,
según las fuentes, tuvo lugar antes de la segunda muerte, fue pacífica y no pasó
nada, aunque hubo tensión. En todo caso sorprende la presencia de algunos
adversarios del actual alcalde, como los comunistas. Después de la
manifestación, la calma parecía que había regresado, incluso la policía se
retiró.

-Quien sale a la calle la noche del domingo son jóvenes magrebíes.

-Sí, pero se fueron hacia el centro histórico, no contra las casas
de gitanos. Sólo hubo un conato y fue entonces cuando algún gitano disparó su
escopeta como si marcase su territorio. Muchos gitanos se habían marchado del
barrio. Salieron a la calle unos 300 magrebíes, había jóvenes de 12 y 13 años,
también niñas. Fue una reacción violenta y acabó con el saqueo de algunas
tiendas, como un supermercado y la del equipo de rugby de la ciudad.

-¿Cómo se explica esa violencia?

-No es un problema de gitanos y marroquíes, aunque eso es lo que
desea la extrama derecha. En todo caso es un problema de bandas. Es también la
pobreza y la droga. En una ciudad de 115.000 habitantes hay más de 7.000
personas que viven de la ayuda de un salario mínimo y dos tercios no son de
Perpiñán. Han venido aquí porque es una ciudad más barata, porque les hemos
facilitado ayudas a la vivienda. Tenemos un 10% de pobreza y eso es demasiado.
Además se da una desestructuración de las familias, la pérdida de los referentes
de autoridad. A los hijos de esos parados, a la segunda o la tercera generación
de inmigrantes que no tienen un horizonte, se les crea una gran frustración.
Estos días han salido jóvenes con la bandera de Argelia pero nunca han estado
allí, es sólo un símbolo. Como lo es ese no del referéndum a cierta Europa.

-Una crítica muy repetida es el supuesto favoritismo a los gitanos.

-Es falso y se puede demostrar. No es cierto que haya muchos gitanos
trabajando para el Ayuntamiento, puede haber un centenar, como lo hay de
magrebíes. Y es ridícula esa rumorología que dice que se les han regalado motos
o neveras.

-El alcalde Jean-Paul Alduy había levantado la bandera de la
convivencia. Incluso ha ironizado con que se construye una mezquita proyectada
por un arquitecto judío.

-Sí, en Vernet, el otro barrio, junto con Sant Jaume, donde conviven
magrebíes y gitanos. Es mejor así que no la clandestinidad, pero no pagamos
nada. Somos laicistas, aunque respetamos el culto privado. Yo mismo he oficiado
matrimonios mixtos entre ambas comunidades.

-¿Qué pasará ahora?

-La ciudad vuelve a la normalidad. Tenemos la fiesta de la música,
luego el festival de verano. El ministro del Interior en su reciente visita ha
dicho que las fuerzas policiales permanecerán hasta que sea necesario, ha
prometido otros 30 policías y volverá en septiembre. Nosotros continuaremos la
remodelación de los tres barrios más degradados (Sant Jaume, Sant Mateu y
Vernet), para los que hay aprobados 262 millones de euros en cinco años.
Analizaremos las causas de lo que ha sucedido, con los mediadores, con la gente
que conoce los problemas. Y habrá que evitar que esos jóvenes que ahora han sido
condenados en juicios rápidos por los incidentes se conviertan al salir de la
cárcel en unos mártires.

LA VANGUARDIA DIGITAL
JOSEP PLAYÀ MASET - 20/06/2005
Barcelona

El motín protagonizado por 38 inmigrantes en la isla de Alborán el
pasado 8 de junio pudo ser sofocado por la intervención de 15 agentes de la
Unidad de Intervención Policial (UIP) que llegaron hasta el islote en
helicóptero, de noche y en medio de un fuerte temporal. La presencia de los
antidisturbios se hizo necesaria cuando los soldados se vieron obligados a
subirse a un tejado y disparar al aire para contener la revuelta de los
inmigrantes. El día anterior una patera zozobró a causa del temporal en el
islote, que únicamente está ocupado por un destacamento de la Marina formado por
12 personas. Los soldados atendieron a los inmigrantes dándoles mantas y
alimentos. Fuentes próximas al dispositivo policial explicaron que los
inmigrantes, conscientes de que triplicaban en número a los soldados españoles,
se amotinaron con la esperanza de hacerse con la zodiac de la Marina para, pese
al temporal, alcanzar la costa. A la vista del cariz que tomaban los
acontecimientos, la subdelegación del Gobierno decidió enviar dos helicópteros
al islote, ya que la mala mar impedía que los agentes se desplazaran por agua.
La situación pudo controlarse tras desplazar, en varios viajes, a 15 agentes. -

Europa Press
LA VANGUARDIA DIGITAL

La iniciativa, en la que participarían expertos de la Oficina
de Patrimonio del Ayuntamiento y de la Fundación Universitaria, tiene también
como objetivo el estudio de los pozos del Puente del Barranco de Arucas, de
Llano de las Brujas, del Puente del Barranco de Tenoya y de la Vuelta del
Francés.

Para la concreción de los trabajos se firmará un convenio
entre el Consistorio y la Fundación, documento que deberá refrendar el pleno
municipal y en el que se trabajará desde la Concejalía de Patrimonio Histórico,
dirigida por Lourdes Benítez, informó en una nota el Ayuntamiento.

Este convenio recogerá los compromisos que adquirirán los
diferentes organismos, así como las fórmulas de financiación para llevar a cabo
dicho proyecto y supondría un "importante respaldo" para la labor de la
Asociación por la Memoria Histórica de Arucas (AMHA) en su búsqueda de
subvenciones en distintas entidades.

Según los técnicos municipales, sólo el estudio del pozo del
Llano de las Brujas costaría 347.186,10 euros. Por esta razón, los organismos
municipal y universitario se plantean solicitar ayudas económicas a otras
instituciones, entre las que destaca el Ayuntamiento de la Ciudad de
Rivas-Vaciamadrid, en Madrid.

El alcalde madrileño participó recientemente en una muestra
fotográfica de AMHA, en la que se comprometió a colaborar en posibles tareas de
recuperación de cadáveres de estos pozos.

El Ayuntamiento de Arucas inició en 2003 un expediente para
declarar Bien de Interés Cultural con la categoría de Sitio Histórico tres de
los pozos y en verano de 2004 se decidió en pleno sumar a esta iniciativa el
pozo de la Vuelta del Francés.

Entre las principales dificultades técnicas para llevar a cabo
el estudio de los pozos destacan las posibles emisiones de gases procedentes de
los cuerpos en descomposición y otros restos acumulados, por lo que es necesario
realizar un análisis previo de la situación en esas construcciones.

El Ayuntamiento de Arucas inició en 2003 un expediente para
declarar Bien de Interés Cultural con la categoría de Sitio Histórico tres de
los pozos

Entre las principales dificultades técnicas para llevar a cabo
el estudio de los pozos destacan las posibles emisiones de gases

Canarias Ahora .com
EFE. Arucas

El presidente de la Asociación de Trabajadores Inmigrantes
Marroquíes de España (ATIME), Mustafá El M'rabet, manifestó su profundo pesar
por las continuas muertes de inmigrantes en el Estrecho y propuso al Gobierno
marroquí que convoque una cumbre internacional con los países africanos emisores
de inmigrantes clandestinos.


El M'rabet se pregunta por qué el país magrebí no toma la
iniciativa en esta materia y se deja llevar por los acontecimiento dando la
sensación al resto del mundo de que está desbordado por el fenómeno migratorio.

"Marruecos debería plantearse esta cumbre para analizar con
países como Senegal, Ghana o Mali la problemática de la llegada de subsaharianos
hasta el magreb y tratar de alcanzar soluciones, lo que daría legitimidad y
credibilidad a sus políticas", apuntó.

DIMISIÓN O CESE

Pero ello requiere, a su juicio, que otra autoridad se ponga
al frente de los asuntos de interior en Marruecos.

Así, ATIME solicita la dimisión del ministro delegado de
asuntos interiores en el Ministerio del Interior, Fouad Alí El Hicham, porque no
ha sido capaz de implementar las instrucciones de la corona marroquí que en el
año 2003 encargó la creación de dos direcciones generales de Inmigración, una de
carácter político y otra de carácter policial.

En caso de que El Hicham no quisiera dimitir, desde la
organización piden su cese inmediato por falta de capacidad de llevar a cabo el
proyecto encargado por el rey de Marruecos para la ordenación de los flujos
migratorios.

"Es necesario que cambie toda la cúpula del ministerio del
Interior para que se pueda producir un cambio en la política marroquí en esta
materia --reiteró--. Lo que más nos preocupa es que siga muriendo gente en
pateras. Ninguna persona debe morir así. Está bien que se detenga a los agentes
de la gendarmería real implicados en casos como la patera que volcó en Tánger,
pero no es suficiente".

En relación a las actuaciones del Gobierno español, El M'rabet
considera que se está actuando adecuadamente y que no se ha agotado la capacidad
de acogida en Andalucía por la llegada de pateras, tal y como denuncia el
Defensor del Pueblo Andaluz, y recordó que en años anteriores las cifras fueron
más elevadas y los dispositivos de primera acogida funcionaron adecuadamente.

Madridpress.com

La derecha católica, cuando se manifiesta, no puede ocultar su
condición; se le nota la falta de práctica. Es gente de orden, habituada a que
el poder legisle a la medida de sus convicciones morales, y siempre percibió las
protestas callejeras como un intolerable desafío a la autoridad. Pero hasta las
mentes más conservadoras acaban por progresar, y ahora han descubierto que las
movilizaciones no sólo sirven para reclamar derechos, sino también para
negárselos a los demás. Este es el relato de ese bautismo reivindicativo, un
viaje iniciático al centro de la intolerancia.
Con aire despistado, el cronista se desliza entre la
congregación 20 minutos antes de la hora fijada. La marcha contra los
matrimonios entre homosexuales arranca, significativamente, bajo la estatua de
Cibeles, la mitológica diosa de la fertilidad. Pero los aquí concentrados en
nada se asemejan a los estruendosos coribantes, los sacerdotes eunucos que
vestidos de mujeres rendían culto a Cibeles.

Hábitos y alzacuellos
Abundan las familias numerosas con todos sus pequeños, que
entre risas repiten los cánticos --"Queremos una madre que no tenga bigote",
"Como es masón, ZP se carga la religión"-- como si entendieran su significado.
Adolescentes de colegio de pago y ropa de marca, ancianos vestidos de domingo.
Feligreses casi todos, oyentes de la COPE en su gran mayoría. Obispos tras la
pancarta, entre la multitud curas en manga corta con alzacuellos y monjas
ataviadas con hábitos estivales. Banderas de España, estampas pías y nostalgia,
mucha nostalgia. Una masa con más prejuicios que complejos, cuyo rumbo
ideológico no conoce de atajos: siempre al fondo a la derecha.
Zambullirse como uno más en una concentración
ultraconservadora es una experiencia casi religiosa. En esta romería urbana, uno
de los gritos más coreados evoca una cita bíblica, "Dios nos creó hombre y
mujer", pero el nombre del creador está en boca de todos. Hasta la nube pasajera
que mitiga el sofocante calor es "un regalo del Señor", musita una señora
asturiana en su segunda visita a Madrid. "La otra vez fue cuando vino el Papa,
Dios le tenga en la gloria", recuerda añorada.
Como en los viajes papales, la Iglesia y sus parroquias han
dado fe, nunca mejor dicho, de su poder de movilización. En vez de retratos del
Pontífice, que alguno hay, esta vez los congregados enarbolan pancartas en favor
de la familia. La tradicional, por supuesto.
La leyenda más común, repartida por la organización, reza
sobre fondo rojigualda: Matrimonio=hombre y mujer. Otros carteles, a pesar de la
orden de los convocantes de evitar gritos contra los gays, los tachan de "okupas
del matrimonio". En este día del orgullo antigay, quien mejor expresa el sentir
colectivo es un joven murciano que clama ante el micrófono: "Los homosexuales
jamás serán iguales que nosotros".

Las dos Españas
Al acoger la protesta de un colectivo social contra otro,
heterosexuales contra homosexuales, Madrid escenificó por un día la resurrección
de las dos Españas, un fantasma felizmente enterrado desde la transición. Que
descanse en paz.

El Periódico
ENRIC HERNÀNDEZ
MADRID

El presidente de la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes (Atime) en Andalucía y vicepresidente nacional, Kamal Rahmouni, responsabilizó ayer al Sistema Integrado de Vigilancia del Estrecho (SIVE) del aumento del número de muertes de inmigrantes este año en las costas andaluzas.
En declaraciones a Europa Press, Rahmouni denunció
que esta herramienta ha obligado a tomar a los inmigrantes rutas alternativas
aún más peligrosas, "con un riesgo para las vidas humanas aún mayor" y consideró
que, si bien es verdad que han aumentado el número de detenciones, también se
puede comprobar el incremento de muertes en El Estrecho de Gibraltar. Por ello,
reclamó que se estudien otras medidas para frenar la inmigración clandestina.

El presidente de Atime pidió también a los
gobiernos español y marroquí que asuman su responsabilidad con la llegada de
menores inmigrantes y les dote de la atención necesaria. "Entendemos la delicada
situación que atraviesan los centros de acogida en Andalucía y apoyamos que se
exija a las administraciones mayor compromiso", aseveró.

Por último, Rahmouni previó un aumento de la
llegada de pateras a causa del clima en los próximos meses y, por ello, volvió a
solicitar medidas para atajar el fenómeno de la inmigración irregular.

Asimismo, representantes de Migreurop, red europea
sobre derechos de los inmigrantes, criticaron ayer del intento de la UE de
establecer "fronteras virtuales" en terceros países para frenar la inmigración y
destacaron, en el caso de Marruecos, que "no puede ser el gendarme europeo"
contra la inmigración subsahariana.

Dirigentes de una decena de asociaciones civiles
señalaron que la sucesión de muertes de inmigrantes en el Estrecho y de Canarias
evidencia "el fracaso" de la política "represiva".

Europa Sur
AGENCIAS
sevilla.

Aimostakbal es el nombre de una asociación que se ha creado en la comarca para la atención de los inmigrantes clandestinos menores de edad que llegan al Campo de Gibraltar. Esta asociación ya está afincada en Tánger y en estos momentos se está dando a conocer en la comarca, donde quiere obtener respaldo para la apertura de un centro de atención a estos menores.
Malika Chiker es uno de ocho miembros de la
directiva de esta asociación, formada por personas de nacionalidad marroquí y
española. Esta mujer relata que desde la década de los noventa está trabajando
en el campo de la atención a los menores. Primero lo hizo en Madrid y ahora, por
un cambio de domicilio, ha centrado su actuación en la comarca y en concreto en
Algeciras, donde quiere abrir el centro de atención de día.

Aimostakbal, que en español significa porvenir,
mantiene que hay un aumento de la llegada de menores inmigrantes y de la
necesidad de atenderles. La experiencia en este terreno de esta mujer le lleva a
mantener que si no se produce esta intervención, estos menores están condenados
a vivir en el mundo de la marginación. La asociación solicita la colaboración de
las instituciones públicas para poder abrir el centro de atención en Algeciras.

Europa Sur
TORRES EDWARDS
algeciras.

"Han quemado sus casas, violado a las mujeres, asesinado a los hombres. Los han condenado al hambre". Esta cita ilustra el informe anual sobre la situación de los refugiados en España que, por tercer año consecutivo, presentó la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) coincidiendo con el Día Mundial del Refugiado. En 2004 se presentaron 5.404 solicitudes de asilo, casi 400 menos que el año anterior y muy lejos de Francia (61.000), Reino Unido (40.000) y Alemania (35.000).
Como en años anteriores, Nigeria volvió a ser el
país de origen con mayor número de solicitantes de asilo, seguido de Argelia y
Colombia. De hecho, el 71 por ciento de las personas que solicitaron asilo en
España durante el año pasado procedían de África y el 80 por ciento de esas
peticiones se concentraron en Madrid y Ceuta.

En 2004, el 76,5 por ciento de las solicitudes
fueron inadmitidas a trámite y el 23,4 admitidas a trámite, debido en buena
medida, según Enrique Santiago -secretario general de CEAR- "a la falta de
sensibilidad de las autoridades españolas respecto al problema de los
refugiados", si bien -puntualizó- "en el último trimestre del año pasado se ha
invertido la tendencia y el porcentaje de admisión ha crecido hasta el 31 por
ciento".

Durante el pasado año, de las peticiones de asilo
sobre las que el Ministerio del Interior adoptó una decisión definitiva, tan
sólo el 2,4 por ciento obtuvieron el estatuto de refugiado; otro 2,4 obtuvo la
protección complementaria; el 70,1 por ciento fueron inadmitidos a trámite; y el
24,9 por ciento fueron denegadas.

Por primera vez, el informe anual de CEAR dedica
un amplio espacio a examinar las causas del éxodo de los refugiados, su
distribución en el mundo y la peligrosa travesía que supone casi siempre llegar
a un país seguro en el que solicitar asilo. Uno de los datos más llamativos de
este 2004 es el acusado descenso de solicitudes de asilo presentadas en los
países industrializados respecto al año anterior: un 22 por ciento, el más bajo
desde 1988.

En cuanto a la peligrosa travesía, desde América
los refugiados llegan en avión, mientras que desde el Este de Europa lo hacen
por carretera y desde el África subsahariana emplean distintas rutas que
convergen en el Magreb para embarcar en pateras hasta Canarias o Andalucía, o
bien intentar entrar en Ceuta o Melilla.

Europa Sur
FAX PRESS
madrid.

Uno de los casos que CEAR atendió en Barajas tenía como protagonista a una familia colombiana compuesta por una mujer, acompañada de su hija y tres nietos, que años atrás descubrió que su compañero sentimental era un agente de los aparatos de seguridad del Estado infiltrado en los movimientos de izquierda de su región. A consecuencia de sus acciones, numerosos dirigentes sociales fueron detenidos, torturados y algunos desaparecieron. Con el paso de los años, el agente fue descubierto y abandonó la región sin que la familia supiera nada de él. La familia, y en especial la abuela, empezó a albergar un temor fundado a sufrir represalias. Iniciaron los preparativos para abandonar el país. Durante seis meses, la mujer, su hija y sus tres nietos de corta edad se alojaron en distintas pensiones mientras malvendían sus propiedades. Emprendieron un falso viaje turístico a Israel y pidieron el estatuto de refugiado en Madrid durante una escala del vuelo en el aeropuerto de Barajas. Sin embargo, su solicitud de asilo fue inadmitida a trámite en la frontera y no se apreciaron razones humanitarias para permitir su entrada en el país, por lo que fueron devueltos a Colombia.

Europa Sur

La secretaria de Estado de Emigración e Inmigración, Consuelo Rumí, recordó ayer las últimas cifras de intercepciones y naufragios de pateras en costas españolas, que han disminuido un 14 por ciento en todo el país y casi un 50 por ciento en Canarias.
Tras presidir la primera reunión de la Comisión
Laboral Tripartita de Inmigración, Rumí admitió que el verano es la época peor
para la llegada de pateras a las costas españolas, aunque insistió en que la
situación de este año no es peor que otros, "sino todo lo contrario", porque las
cifras han disminuido "de manera clara".

"Los datos son mucho mejores que en años
anteriores, lo que no quita una pizca de dramatismo a la situación de la
inmigración clandestina en pateras", indicó, añadiendo que "los únicos
responsables" de esta "tragedia humana" son las mafias que trafican con seres
humanos.

Por otra parte, un total de 200.000 inmigrantes ya
han sido dados de alta en la Seguridad Social en el marco del proceso de
regularización de extranjeros, mientras que la totalidad de empresarios a los
que vencía el mes para dar de alta al trabajador así lo ha hecho. El número de
resoluciones de solicitudes se sitúa en el 55 por ciento.

Rumí presidió ayer la constitución de la Comisión
Laboral Tripartita, un órgano integrado por administración, sindicatos y
empresarios, que tendrá carácter consultivo para todos los asuntos relacionados
con la inmigración.

Esta Comisión deberá informar en los próximos
meses del Catálogo Nacional de Ocupaciones de Difícil Cobertura, un instrumento
que pretende hacer "un análisis y una fotografía lo más real posible del mercado
laboral, y que facilite saber cuáles son las necesidades de contrataciones",
para ordenar el trabajo de los inmigrantes. La Comisión también estudiará el
Contingente de Trabajadores Extranjeros no Comunitarios.

Por otro lado, representantes de Migreurop, una
red europea sobre derechos de los inmigrantes, criticaron ayer el intento de la
Unión Europea de establecer "fronteras virtuales" en terceros países para frenar
la inmigración y destacaron, en el caso de Marruecos, que "no pude ser el
gendarme europeo" contra la inmigración subsahariana.

Durante una reunión celebrada en Sevilla,
dirigentes de una decena de asociaciones civiles adscritas a la red Migreurop
señalaron que la sucesión de muertes de inmigrantes en aguas del Estrecho y de
Canarias evidencia "el fracaso" de la política "represiva" de la UE en materia
de inmigración.

Europa Sur
AGENCIAS
madrid / sevilla.

La barquilla fue interceptada sobre las 13.00 horas al este
del citado islote y el rescate de sus 36 ocupantes se vio dificultado por su
sobrecarga y las adversas condciones de la mar. Entre los 36 inmigrantes
irregulares, todos de origen subsahariano, se encontraba un menor de 16 años.

Las medidas de seguridad adoptadas por los efectivos que
participaron en el rescate de los inmigrantes posibilitaron que éste se
efectuara con éxito, pese a que el nerviosismo de los ocupantes de la barquilla
a punto estuvo de provocar que alguno cayese al agua.

Una vez rescatados, fueron trasladados hasta el muelle de
Corralejo, al norte de Fuerteventura, donde voluntarios de Cruz Roja Española
les prestaron asistencia sanitaria.

Unos de los ocupantes de la patera que presentaba una herida
en uno de sus pies, tuvo que ser trasladado hasta el Hospital General de
Fuerteventura, al igual que otro inmigrante, que presentaba un fuerte dolor
abdominal, agregaron las fuentes.

Entre los inmigrantes, todos de origen subsahariano, se
encontraba un menor de 16 años

El nerviosismo de los ocupantes de la barquilla a punto estuvo
de provocar que alguno cayera al agua

Canarias Ahora .com
EFE. Las Palmas de Gran Canaria

James Chaney, Andrew Goodman y Michael Schwerner (un negro y
dos blancos) eran militantes de derechos humanos que se dedicaban, en el verano
de 1964, a la difícil y peligrosa tarea de registrar electoralmente a negros en
los condados del sur en los que la segregación, el racismo y los poderes locales
estaban por encima de las leyes. El 21 de junio (ayer hizo 41 años) los tres
jóvenes desaparecieron en un pueblo de Misisipí. Gracias al celo de algunos
policías del FBI, 44 días más tarde sus cuerpos fueron descubiertos, con señales
de los golpes y los disparos recibidos.
Hace 17 años, la película Arde Misisipí, dirigida por Alan
Parker, llevó el drama a las pantallas. Ayer, en la sala de un juzgado de la
ciudad de Filadelfia, en Misisipí, un jurado de nueve blancos y tres negros
decidió que Edgar Ray Killen, de 80 años, es culpable de homicidio, un punto
intermedio entre la conspiración para el asesinato que reclamaba la acusación y
lo que mantenía la defensa: ausencia de pruebas que situaran a Killen en la
escena del crimen.

El condenado, en una silla de ruedas por un accidente laboral
sufrido hace años y con tubos de oxígeno en la nariz, escuchó imperturbable el
veredicto; su mujer le ofreció palabras de consuelo. La sentencia implica un
máximo de 20 años de cárcel.

Killen, que en 1964 trabajaba en un aserradero y era
predicador -y miembro del Ku Klux Klan en los ratos libres- ya fue juzgado en
1967. A diferencia de este proceso, iniciado a instancias del Estado de Misisipí
y con una acusación de triple asesinato, hace 28 años se trató de un juicio
federal por violación de derechos humanos. Aquel jurado se bloqueó, porque uno
de sus miembros -todos blancos- dijo que le era imposible condenar a un
predicador. Otros siete acusados fueron condenados a penas inferiores a seis
años. Los testimonios de los testigos que ya han fallecido han sido empleados
ahora.

En el verano de la libertad de 1964, Schwerner, de 24 años,
Goodman, de 21 (los dos de Nueva York) y Chaney, de 21 y nacido en Misisipí,
estaban en el condado de Neshoba. Al tiempo que trataban de vencer los recelos
-ampliamente justificados- de los negros para inscribirse en el censo electoral,
se preocuparon por el incendio intencionado de una iglesia. Fueron detenidos de
noche por la policía local, por exceso de velocidad, y luego puestos en
libertad. A la salida de la comisaría, un grupo del Ku Klux Klan que sabía dónde
estaban y a qué hora iban a abandonar las dependencias policiales, les siguió.
Testimonios de participantes en la emboscada indicaron que Killen planeó la
operación y el asesinato.

Ayer hubo aplausos y lágrimas de emoción. El veredicto dejó
una sensación agridulce: logró la tranquilidad de espíritu que, especialmente en
Estados Unidos, produce un fallo así en las víctimas, porque cierra un asunto
pendiente, pero quedó claro que la justicia llega muy tarde, como dijo el
fiscal: "A estos tres chicos y sus familias les robaron todas las cosas de las
que Killen ha podido disfrutar en estos 41 años".

Rita Bender, la viuda de Michael Schwerner, dijo que era "un
día muy importante", pero también recordó que "Killen no actuó en el vacío. El
Estado de Misisipí fue cómplice en estos crímenes. Aunque ha entrado luz, la
ventana no se ha abierto por completo. Eso significa que aún hay gente entre
nosotros que elige mirar para otro lado y que aún queda tarea por hacer".

Parecidas palabras de Ben Chaney, hermano de James: la condena
es importante y anima a las familias de las víctimas, pero "hay más cosas que
todavía hay que hacer".

Los familiares del antiguo dirigente local del Ku Klux Klan
abandonaron el juzgado sin hacer declaraciones. El abogado de Killen también
estaba relativamente satisfecho por haber logrado evitar la condena por
asesinato. James McIntyre anunció que iba a recurrir, de todas formas. El fiscal
del Estado, Jim Hood, fue el que más celebró el fallo: "Hay justicia para todos
en Misisipí", dijo. En el juicio, el acusador, Mark Duncan, había dicho que la
culpabilidad de Pillen era tan evidente que el jurado tenía una responsabilidad
muy importante: "Van ustedes a decir al resto del mundo que no vamos a permitir
que Edgar Ray Killen se libre ni un solo día más de lo que hizo".

ELPAIS.es
JOSÉ MANUEL CALVO - Washington

Un total de 1.505 inmigrantes clandestinos, que intentaban entrar o se encontraban ya ilegalmente en España, han sido repatriados a sus países de origen a través de los diferentes puertos de la provincia gaditana durante el primer semestre de este año, según informó ayer la Subdelegación del Gobierno en Cádiz.
Las personas devueltas provienen tanto de
contingentes arribados en pateras, como de individuos localizados en los
recintos portuarios de Algeciras o Tarifa, adonde llegaron ocultos en remolques,
camiones o autobuses que embarcan en los servicios habituales de transbordadores
entre ambas orillas del Estrecho de Gibraltar.

Las cifras incluyen también a indocumentados,
cuyas repatriaciones habían sido decretadas por las autoridades judiciales o
administrativas, pero que, incomprensiblemente, no habían sido materializadas
por el anterior Ejecutivo.

Por nacionalidades, los marroquíes son el grupo
más numeroso de los retornados (1.423), seguidos por los nigerianos (79).
También aparecen naturales de Ruanda, Guinea-Conakry y Camerún, con una persona
de cada uno de estos países.

La excelente fluidez de las relaciones entre
Marruecos y España, así como la muy eficaz colaboración del Consulado del vecino
país en Algeciras, titulado por Fouad El Aoufi, han permitido agilizar todos los
trámites de ayuda y sustanciación documental.

Una buena prueba de esta óptima cooperación fue el
feliz desenlace del rescate de una patera, detectada en aguas marroquíes por el
SIVE instalado en la 2048 Comandancia de la Guardia Civil en Algeciras, cuando
navegaba cerca de las costa magrebí, el pasado 22 de febrero.

Los datos oficiales reflejan además una notable
reducción en el número de pateras llegadas a las costas gaditanas durante el
pasado año en referencia a 2003.

Mientras ese año el total de embarcaciones con
emigrantes clandestinos fue de 130, el pasado 2004 fueron 75 las lanchas
llegadas a las costas gaditanas, lo cual supone 55 pateras menos y una reducción
porcentual del 42 por ciento.

La disminución en el cruce de embarcaciones hacia
las costas gaditanas ha sido también muy notable durante el primer semestre de
2005. Desde el 1 de enero hasta el 17 de junio pasado, el número total de
pateras llegadas a este litoral han sido 21, mientras fueron 66 las
embarcaciones arribadas durante el año 2004.

El descenso en la llegada de emigrantes
clandestinos a las costas gaditanas es otra realidad cuantificable. Entre el 1
de enero y el 17 de junio de este año, han sido 1.002 las personas rescatadas
frente a las costas gaditanas o auxiliadas a pie de playa. Durante el pasado
2004 fue de 1.934.

En el año 2003, las pateras llegadas a las costas
gaditanas fueron 102 y acarrearon a 5.049 personas. Durante el 2002, el número
de embarcaciones fue exactamente el mismo, aunque la cifra de personas
embarcadas por las redes criminales ascendió a 5.479.

Europa Sur
REDACCIÓN
algeciras.

El Tribunal Supremo ha declarado la responsabilidad civil subsidiaria del Estado en el incendio provocado en el centro de internamiento de extranjeros de Capuchinos el pasado año 1999 y en el que resultaron heridos de gravedad siete inmigrantes. La sentencia del Alto Tribunal revoca así la formulada por la Audiencia Provincial de Málaga, que eximía al Estado de cualquier responsabilidad en el suceso y recuerda que "existía una situación de riesgo en caso de incendio que debe añadirse a la
falta de intervención a los internos de los medios para producirlo".
Los hechos se remontan a diciembre de 1999, cuando
cinco internos decidieron prender fuego a las instalaciones para demorar su
proceso de expulsión. Para ello, apilaron colchonetas de goma espuma junto a una
de las puertas de un módulo del centro, en el que se encontraban retenidos junto
a tres ciudadanos argelinos y cinco marroquíes, alguno de los cuales estaba
durmiendo, y le prendieron fuego con uno o varios encendedores.

La Audiencia de Málaga condenó a los cinco
acusados de provocar el fuego a siete años y medio de prisión, pero absolvió al
Estado de su responsabilidad civil subsidiaria.

Europa Sur
R. TOBELEM
málaga.

El 98 por ciento de las mujeres que ejercían la prostitución en España en 2004 eran inmigrantes, frente al 2 por ciento de españolas, según destacó ayer en Valencia la diputada socialista Antonia García Valls, que participa en Valencia en el III Congreso Internacional de la Policía Local.
Según sus datos, extraídos de informaciones de la
Guardia Civil, en 1999 el porcentaje de mujeres dedicadas a la prostitución era
de un 83 por ciento de extranjeras frente a un 17 por ciento de nacionalidad
española, mientras que el pasado año, la cifra era de un 98 por ciento de
inmigrantes y el resto españolas. Asimismo, destacó el incremento de un 750 por
ciento en las actuaciones realizadas sobre las redes dedicadas a la prostitución
de mujeres y un 105 más de detenciones.

Europa Sur
EUROPA PRESS
valencia.

El tribunal militar de La Spezia (norte de Italia) condenó
ayer a cadena perpetua a los diez imputados por una matanza perpetrada por
militares nazis en 1944, cuando 560 italianos fueron asesinados en la localidad
de Sant'Anna di Stazzema. Los condenados son diez antiguos miembros de las SS,
todos ellos alemanes y, en la actualidad, mayores de ochenta años. Ninguno de
los condenados se encuentra en Italia ni ha asistido al juicio, por lo que la
condena se ha emitido en rebeldía, una posibilidad contemplada por la
legislación italiana.
Los hechos juzgados se produjeron el 12 de agosto de 1944,
cuando los militares de las SS mataron a 560 civiles de todas las edades con
disparos de ametralladora y bombas de mano, para después amontonar sus cadáveres
junto a la iglesia de Sant'Anna y quemarlos. Sólo uno de los condenados confesó
haber participado en la matanza, el cabo Ludwig Goering, quien admitió haber
fusilado a una veintena de mujeres.

La sentencia fue acogida con emoción y aplausos por parte de
buena parte de los presentes en la sala, entre ellos el alcalde de Sant'Anna,
Michele Sillicani, que mostró su satisfacción y "gratitud" por la decisión del
tribunal. "Después de 61 años se ha hecho justicia", señaló el alcalde.

ELPAIS

Los inmigrantes sin papeles que aspiren a regularizar su
situación por la vía del arraigo social deberán presentar un mínimo de seis
documentos oficiales para acreditar que cumplen las cinco condiciones que les
exige el Reglamento de Extranjería. Las delegaciones del Gobierno recibieron
ayer las instrucciones elaboradas por la Secretaría de Estado de Inmigración,
que convierten este procedimiento en uno de los más exigentes desarrollados
hasta ahora. En ellas se especifica que los informes de inserción social de los
extranjeros que emitan los ayuntamientos no serán vinculantes para la
Administración.
El arraigo social es, en este momento, la vía más importante
que tienen los sin papeles que viven en España para legalizar su situación, una
vez concluido, el pasado 7 de mayo, el proceso de "normalización", durante el
que los empresarios presentaron casi 700.000 solicitudes de regularización de
extranjeros.

La fórmula está recogida en el Reglamento de Extranjería, que
ha sido consensuado por el Gobierno con los empresarios y los sindicatos. Los
inmigrantes que consigan superar la barrera de documentos probatorios con los
que la ha blindado la Secretaría de Estado de Inmigración sólo obtendrán permiso
de residencia y trabajo por un año en caso de que el recorrido burocrático
culmine con el alta del extranjero en la Seguridad Social.

Las instrucciones remitidas a las delegaciones del Gobierno en
toda España enumeran cinco requisitos que habrá de reunir el inmigrante para
optar a la autorización de residencia por razones de arraigo social:

- Permanencia en España. Acreditar la permanencia continuada
en España durante un periodo mínimo de tres años.

Los inmigrantes deberán presentar documentos que demuestren la
secuencia de dicha permanencia. Esos documentos (originales o copias compulsadas
que contengan los datos de identificación del solicitante) deben haber sido
emitidos o registrados por una Administración pública española. Por ejemplo: un
contrato de alquiler presentado en el Registro de la Propiedad o los resguardos
que demuestren que se trata de un beneficiario de servicios sociales del
ayuntamiento.

La presencia continuada en España se presumirá acreditada
cuando conste en el padrón del municipio en el que viva el extranjero y las
ausencias del país no superen los 120 días.

- Antecedentes penales. Carecer de antecedentes penales en
España y en el país de origen o de anterior residencia por delitos existentes en
el ordenamiento español.

Los inmigrantes deberán presentar certificado de antecedentes
penales del país o países en los que haya residido durante los cinco años
anteriores a su entrada en España, legalizado por las oficinas consulares
españolas y por el Ministerio de Asuntos Exteriores.

- Prohibición de entrada. No tener prohibida la entrada en
España y no figurar como rechazable en el Espacio Schengen.

Los extranjeros deberán presentar su pasaporte en vigor o
título de viaje. Con él en la mano, la Administración comprobará el cumplimiento
de este requisito.

- Contrato de trabajo. Contar con un contrato de trabajo
firmado por el extranjero y por el empresario en el momento de la solicitud,
cuya duración no sea inferior a un año.

En caso de que no dispongan de contrato, los inmigrantes
deberán presentar un informe de su ayuntamiento en el que éste recomiende que se
les exima del contrato, siempre y cuando acrediten que cuentan con medios de
vida suficientes. Por ejemplo: una pensión por invalidez o un trabajo como
autónomo.

- Vínculos familiares. Acreditar vínculos familiares con otros
extranjeros residentes (cónyuges o ascendientes o descendientes en línea
directa) o presentar un informe que acredite su inserción social emitido por el
ayuntamiento en el que tenga su domicilio habitual.

La acreditación de vínculos familiares debe demostrarse
documentalmente, en los supuestos de arraigo basados en esta vía. En los basados
en un informe de inserción social de un ayuntamiento, éste hará constar el
tiempo de permanencia del inmigrante en el municipio que consta en el
Ayuntamiento. Así como los medios de vida con que cuenta, su grado de
conocimiento de la lengua o lenguas oficiales de la comunidad autónoma en que
resida, la inserción en las redes sociales de su entorno, los programas
educativos o de formación laboral en los que ha participado, etcétera. En todo
caso, el informe del ayuntamiento será admitido como una recomendación y no
tendrá carácter vinculante para la Administración General del Estado.

Los inmigrantes deberán entregar personalmente todos estos
documentos, salvo que tengan entre 16 y 18 años o estén incapacitados. En estos
casos, podrá comparecer su representante legal, siempre que acredite dicha
condición.

Entrevista personal


Las cautelas establecidas por la Secretaría de Estado de
Inmigración para evitar el fraude entre los extranjeros que intenten regularizar
su situación por la vía del arraigo social van más allá de la batería de
documentos oficiales que las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno
exigirán a los inmigrantes.

Aun en el caso de que éstos entreguen todos los
documentos solicitados por la Administración, ésta podrá requerirles otros
complementarios, que deberán presentar en el plazo máximo de un mes. En caso de
que no lo hagan, sus solicitudes serán denegadas.

Pero si los entregan, el Gobierno todavía ha
establecido otro filtro: los extranjeros podrán ser citados para mantener una
entrevista personal, precisamente sobre los requisitos que han alegado para
respaldar su solicitud. La Secretaría de Estado incluso ha remitido a las
delegaciones del Gobierno el modelo de acta de dicha entrevista.

En el caso de que el inmigrante consiga superar
esta cadena de pruebas y testimonios, su autorización de residencia y de trabajo
por un año no entrará en vigor hasta que sea dado de alta en la Seguridad
Social.

ELPAIS.es
TOMÁS BÁRBULO - Madrid

El Pleno del Congreso ha aprobado hoy, de forma unánime y
definitiva, una proposición de ley que modifica la Ley Orgánica 6/1985 del Poder
Judicial que permitirá perseguir la ablación cuando se produzca fuera de las
fronteras españolas.
La Cámara Baja ha ratificado las enmiendas introducidas en el
Senado que recalcan el objeto de la ley: la persecución extraterritorial de la
práctica de la mutilación genital cuando la comisión del delito se realiza en el
extranjero, "como sucede en la mayor parte de los casos, aprovechando viajes o
estancias en los países de origen" de los inmigrantes. Esta práctica, que va
desde la extirpación del clítoris hasta el cosido de los labios vaginales, ya
está tipificada en el Código Penal, con una pena de entre 6 y 12 años de cárcel.
Sin embargo, ahora se trata de modificar la Ley Orgánica 6/1985 del Poder
Judicial para que pueda ser perseguida fuera de España.

El grupo de CiU, formación responsable de la iniciativa,
introdujo una enmienda al texto que adelanta la entrada en vigor del proyecto de
ley, el día siguiente al de su publicación en el BOE. De esta manera coincidirá
con la puesta en marcha de los juzgados especializados de violencia contra la
mujer, el 29 de junio. Cuando entre en vigor esta ley, la jurisdicción española
será competente para perseguir los hechos fuera del territorio nacional, según
la ley penal española, tal y como sucede con delitos como el genocidio, el
terrorismo, la piratería, la prostitución, la corrupción de menores o el tráfico
de drogas.

En España se tuvo constancia de estas prácticas a raíz de
varios casos en los que niñas inmigrantes pidieron auxilio a sus profesores en
el colegio, ante el temor de que sus familiares les mutilaran durante un periodo
de vacaciones en su país de origen. El Defensor del Pueblo también se ha hecho
eco de casos en los que inmigrantes acudieron a centros sanitarios para que
procedieran a la mutilación genital de sus hijos.

Este tipo de prácticas se realizan en cerca de 25 países de la
franja subsahariana y en algunos de Asia por parte de distintas culturas y
confesiones religiosas como un rito de iniciación a la pubertad. Los expertos
calculan que unos 135 millones de niñas han sufrido mutilación del clítoris y
que cada año se producen dos millones de casos nuevos, lo que supone 6.000 al
día y cinco cada minuto.

ELPAIS.es

España volverá a tener, dentro de no mucho tiempo, una nueva
bolsa de sin papeles muy similar a la existente antes de la regularización. Éste
es el diagnóstico realizado por la Fundació Jaume Bofill después de analizar el
reciente proceso y el nuevo reglamento de extranjería.
Los expertos de la fundación calculan que casi la mitad de los
300.000 irregulares que vivían en Catalunya no han podido acogerse al proceso.
Aunque una proporción importante sean menores o personas no activas, "no será
nada fácil" para ellas acogerse a la reagrupación familiar "por los requisitos
que se exigen", según María Jesús Larios, directora del anuario sobre la
inmigración que presentaba ayer la fundación.
El proceso esconde además una trampa de futuro. Los
regularizados de hoy tendrán muchas dificultades para renovar su permiso dentro
de un año ya que "se exige demostrar una estabilidad laboral difícil de
conseguir incluso para los españoles". La tercera fuente de sin papeles son
también "los excesivos requisitos" que se requieren para regularizarse por la
vía del arraigo.
Al contrario de lo que han argumentado el PP y CiU en los
últimos meses, la nueva bolsa de irregulares no será fruto del efecto llamada
producido por la regularización. El aumento del número de empadronados durante
el 2004 no abona la tesis de una llegada masiva, según la Bofill.

El Periódico
MANUEL VILASERÓ
BARCELONA

Siete internos de la prisión de Tarragona se enzarzaron en una pelea
el pasado sábado. Al parecer, comenzó cuando un grupo de internos musulmanes se
sintió agredido por otros presos que entraron en la zona que usan para la
plegaria. Los funcionarios intervinieron y no hubo heridos graves. Los siete
presos fueron aislados. Los sindicatos denunciaron ayer la pelea y la situación
de masificación de la prisión, que acoge a 370 presos cuando su capacidad es
para 150. Fuentes del Departament de Justícia restaron importancia a los hechos,
que calificaron de "incidente".

LA VANGUARDIA DIGITAL
S. Sans

Un juez del estado de Misisipí ha condenado este jueves al ex
miembro del Ku Klux Klan, Edgar Ray Pillen, a 60 años de prisión por tres
asesinatos cometidos en 1964. El acusado, de 80 años, escuchó impertérrito desde
su silla de ruedas la sentencia que implica que terminará sus días en prisión.
El pasado día 21, un jurado formado por nueve blancos y tres
negros decidió que Killen era culpable de homicidio. El veredicto coincidió con
el 41 aniversario del asesinato de los tres jóvenes que promovían el registro de
negros en el sur de Estados Unidos para que votaran: Michael Schwerner, Andrew
Goodman y James Chaney.

La película Arde Misisipí difundió la historia de Edgar Ray
Pillen, un pastor religioso cabecilla local del grupo racista blanco Ku Klux
Klan (KKK) que durante décadas aterrorizó las comunidades negras de los estados
del sur de Estados Unidos. En 1967, Pillen fue absuelto de esas muertes después
de que un jurado fuese incapaz de llegar a un acuerdo.

En este juicio, el juez Marcus Gordon ha dicho a Killen, antes
de pronunciar la sentencia, que "cada una de las vidas de los tres jóvenes tiene
el mismo valor para la sociedad" y por eso aplicó el castigo máximo de 20 años
en cada caso. Gordon también advirtió de que no debería haber amenazas ni
represalias contra los miembros del jurado que actuaron en este caso, uno de los
más controvertidos del estado, por un crimen que galvanizó la lucha por los
derechos civiles hace cuatro décadas.

Los crímenes

El 21 de junio de 1964 los tres jóvenes fueron detenidos por
la policía local por una infracción de las leyes de tránsito. Posteriormente,
fueron dejados en libertad en medio de la noche y poco después fueron capturados
por un grupo de hombres entre los que había policías y miembros del KKK.
Cuarenta y cuatro días más tarde, los tres cadáveres aparecieron bajo un dique
de tierra con heridas de bala.

Schwerner, de 24 años; Goodman, de 20, y Chaney, de 21 años
(los dos primeros blancos y el tercero negro), habían llegado a Filadelfia, en
Misisipí, desde Nueva York en lo que se denominó el "verano de la libertad",
cuando miles de activistas del norte del país fueron al sur en campañas para
registrar a los negros para que votaran.

ELPAIS.es
EFE - Filadelfia

En la madrugada de ayer el Servicio de Protección Fronteriza de la
Comandancia de la Guardia Civil se vio sorprendido por el intento de asalto
masivo de un grupo de 250 inmigrantes subsaharianos que quisieron entrar en
Melilla por diversos puntos del vallado fronterizo con escaleras artesanales.

Esta acción perfectamente coordinada y sincronizada en el tiempo la
llevaron a cabo por una franja de terreno de unos 1.000 metros de longitud que
discurre desde las inmediaciones de Mariguari hasta el pinar de Rostrogordo.

Según fuentes de la Guardia Civil, el asalto se produjo con dureza
por lo que se recurrió al uso de abundante material antidisturbios para tratar
de disuadir a los inmigrantes que no atendieron a los requerimientos de los
agentes que se interpusieron físicamente para evitar la entrada. En este momento
se produjeron forcejeos, lo que supuso que diez guardias civiles resultaran
heridos leves. Además, también hubo algunos daños materiales cuando los
extranjeros saltaron sobre los vehículos oficiales.

Como consecuencia del intento de entrada, un subsaharianos resultó
herido en la cabeza y con una posible fractura en la pierna, producidas al
despeñarse por una zona escarpada, por lo que fue evacuado al Hospital Comarcal.

El dispositivo desplegado por los miembros de la Comandancia fue
fundamental para evitar la entrada masiva. Al unísono, desde territorio marroquí
se personaron agentes de la Policía del país vecino que se vieron sorprendidos
por la acción y colaboraron de forma eficaz para retirar a los inmigrantes de la
valla consiguiendo de este modo frustrar la entrada de 200 de ellos.
Posteriormente los marroquíes detuvieron a 87 personas que participaron en el
asalto y retiraron del vallado en torno a 80 escaleras artesanales abandonadas
por los inmigrantes en su huída hacia el interior de Marruecos.

Diario SUR Digital

Efectivos de la Guardia Civil de Melilla impidieron el miércoles la
entrada masiva de unos 250 inmigrantes subsaharianos que intentaron saltar de
forma «masiva y por la fuerza» la doble valla del perímetro fronterizo que
separa la ciudad de Marruecos. Según el instituto armado, los inmigrantes
actuaron cerca de las dos de la madrugada «coordinados y sincronizados» a lo
largo de una franja de terreno de un kilómetro utilizando escaleras artesanales
fabricadas por ellos mismos para poder saltar los seis metros de altura de la
valla. Los agentes retiraron de la zona del orden de unas 80 escaleras.

El asalto, según la Guardia Civil, se produjo con «dureza» y los
agentes tuvieron que utilizar abundante material antidisturbios para evitar el
paso de los inmigrantes que no atendían a los requerimientos. Los efectivos
desplegados forcejearon con los subsaharianos que pretendían entrar y diez
guardias civiles resultaron heridos leves con contusiones. Además, uno de los
inmigrantes fue evacuado al Hospital Comarcal de Melilla con una herida en la
cabeza y una posible fractura en la pierna. También se produjeran daños
materiales en vehículos y material oficial.

La Guardia Civil destacó la colaboración de las fuerzas de seguridad
de Marruecos en esta operación, al detener a 87 inmigrantes que participaron en
este intento de entrada masiva. En agosto del año pasado, Melilla volvió a vivir
un episodio similar, con la avalancha de unos 500 subsaharianos que intentaron
entrar a Melilla desde Marruecos.

El número de inmigrantes que ha podido entrar a Melilla se
desconoce, pero posiblemente sea reducido porque la mayor parte de los
subsaharianos huyeron hacia el interior de Marruecos, según dijeron las mismas
fuentes.

Diario SUR Digital

El juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de
Ceuta ha desestimado la demanda interpuesta por el presidente, Juan Vivas, como
máximo responsable de la Ciudad contra el diputado en la Asamblea del PDSC,
Mustafa Mizzian, por las acusaciones que éste vertió contra la Policía Local en
el Pleno celebrado el 15 de diciembre de 2003 en las que aseguraba que agentes
de la Unidad de Intervención Rápida se estaban excediendo en sus funciones. La
sentencia, cuyo contenido hizo ayer público el propio Mizzian en rueda de
prensa, establece que las manifestaciones del diputado no suponen una
intromisión en el derecho a la intimidad, el honor y la propia imagen del Cuerpo
policial, como alegaba la Ciudad, sino que "están amparadas en la libertad de
expresión del concejal demandado en el ejercicio de su actividad municipal", por
lo que le absuelve de la vulneración civil de este derecho, dice textualmente el
documento.

Mizzian tuvo ayer el respaldo de dos de los tres
diputados de la UDCE para hacer pública la sentencia.
La resolución, sobre la que cabe recurso de apelación,
establece además que debe ser el denunciante, en este caso el máximo responsable
del Gobierno autónomo, quien se haga cargo del pago de las costas del proceso,
una cantidad que ronda los 3.000 euros y que, a juicio del lider de la UDCE,
Mohamed Ali, "Vivas debería pagar de su propio bolsillo".

El diputado del PDSC aseguró que continuará hablando acerca de
la Policía Local "siempre que creamos que es conveniente para el interés
general" a la vez que sentenció que, con esta resolución judicial, "ha triunfado
el estado de derecho, la libertad y la democracia".

En la demanda, la Ciudad solicitaba una multa simbólica de un
euro, así como que Mizzian se retractara de las afirmaciones lanzadas en la
sesión plenaria, explicó el diputado por la UDCE, Abselam Abderrahman. También
pedía como medida cautelar que el diputado del PDSC no hablara acerca de la
Policía local, medida que el juez ya había desestimado.

Sobre la posibilidad de que la Ciudad recurra la sentencia,
los dos representantes de la UDCE, que respaldaron ayer a Mizzian al considerar
"inaceptable" la demanda, confían en que el fallo sea el mismo, ya que la
jurisprudencia al respecto, dijo Ali, "aconseja pasar página".

El Faro de Ceuta

Los últimos inmigrantes irregulares que permanecían en el
antiguo colegio de San Antonio, situado en la barriada Juan Carlos I,
abandonaron ayer las instalaciones con destino al Centro de Estancia Temporal
(CETI). El delegado del Gobierno, Jerónimo Nieto, anunció ayer el cierre
"provisional" de este centro, que desde octubre de 2003 ha servido como lugar de
acogida de inmigrantes e insistió en que "todos" los irregulares que hay en
Ceuta, unos 450, "están en el CETI salvo que haya alguno que no quiera estar",
como es el caso de grupos de marroquíes que se hacen pasar por argelinos,
aseguró.

Nieto, ayer, junto al último grupo de inmigrantes que
quedaba en las instalaciones.
En previsión de que durante los meses estivales pueda
producirse algún repunte en la llegada de inmigrantes, el delegado indicó que
tienen como "colchón" las alrededor de 60 plazas que aún quedan libres en el
CETI tras su ampliación. No obstante, el vicario de la Diócesis de Ceuta,
Francisco Correro, se mostró dispuesto a volver a ceder las instalaciones de San
Antonio en caso de que sea necesario, algo que agradecieron desde la Delegación
del Gobierno.

El cierre del colegio, que la Iglesia pretende habilitar ahora
como capilla para la barriada, ha sido posible "después de 20 meses" gracias,
según Nieto, a "que la presión migratoria es mucho menor que la que había hace
un año", algo que muestran, dijo, las propias cámaras instaladas en el perímetro
fronterizo.

El vicario por su parte mostró su "alegría" por el cierre del
colegio ya que, explicó, "era duro que cuando llegaba la mañana tuvieran que
abandonar el centro" en referencia a que las instalaciones tan sólo han servido
a los indocumentados como lugar para pernoctar. Correro Tocón anunció que
pretenden habilitar "lo más pronto posible"una parte de las instalaciones como
capilla para Juan Carlos I, algo que ya tenían previsto cuando se requirió su
colaboración para acoger a los inmigrantes. Actualmente los ve cinos utilizan
como capilla los bajos de una vivienda en la que "apenas hay espacio".

El delegado negó por otro lado que se estén realizando
expulsiones ilegales de inmigrantes en la frontera en respuesta a la denuncia
hecha pública por Amnistía Internacional y la Comisión Española de Ayuda al
Refugiado (CEAR).

El centro ha llegado a albergar a 260 personas

Aunque no concretó la cifra exacta de inmigrantes irregulares
que han pasado por las instalaciones del antiguo colegio de San Antonio durante
estos 20 meses, el vicario de la Diócesis de Ceuta reconoció que el centro ha
llegado a albergar a 260 personas, una situación que provocó que "se utilizara
el pasillo para dormir".

A juicio de Correro Tocón, "el tema de la inmigración está más
controlado" ahora que cuando se abrió el centro, aunque no obstante, se mostró
abierto a colaborar con la Delegación del Gobierno en todos los temas
relacionados con la inmigración, incluida la posible utilización de estas
instalaciones. "Si sigue así no va a ser necesario alojamiento alternativo",
vaticinó.

En una visita realizada a las instalaciones, tanto el delegado
del Gobierno como el propio vicario de Ceuta quisieron agradecer ayer la labor
desarrollada por voluntarios, religiosas y trabajadores durante este tiempo en
el colegio.

El Faro de Ceuta

La salida organizada y en cascada de grupos de inmigrantes
subsaharianos a la península para ser acogidos en centros de formación e
inserción social está incidiendo directamente en el descenso actual de
indocumentados que se registra en Ceuta. Hecho éste que ha posibilitado el
descenso gradual de acogidos en el colegio de San Antonio que cerrará sus
puertas de manera oficial este mediodía, tras la marcha del último grupo de 7
subsaharianos que habitaba estas viejas instalaciones y la reducción de entradas
por el perímetro fronterizo ceutí.

Las salidas de inmigrantes a la península se
produjeron también ayer.
Hasta la fecha se ha posibilitado el traslado de grupos de
entre 5 y 15 inmigrantes a varios puntos de la península, siendo el más numeroso
el que se trasladó, hace un par de días, hasta Cádiz, en donde participarán en
programas de formación, orientados a su integración. Durante la jornada de ayer
se produjo la marcha a la península de varios de estos clandestinos.

Con este panorama la Delegación del Gobierno ha conseguido
reducir el número de inmigrantes existente en la ciudad hasta 500, posibilitando
que la mayoría esté acogida en el CETI salvo la bolsa de magrebíes que vive en
los barracones del Sardinero y en las escolleras del puerto y sobre la que la
Policía Nacional trabaja ya en su expulsión, buscando la identificación correcta
para detectar a quienes se hacen pasar por súbditos argelinos sin serlo.

Otro frente sobre el que trabajan las fuerzas de seguridad es
sobre las entradas de inmigrantes asiáticos que se están detectando en las
últimas semanas y que hace temer el engorde de esta bolsa.

Presión en Marruecos y quejas de AI

Como complemento a tan halagüeño panorama migratorio resalta
la enorme presión de inmigrantes que se está registrando al otro lado de la
frontera, en Marruecos, en donde las fuerzas de seguridad cifran en más de tres
mil los inmigrantes que 'trabajan' ya en su intento por colarse en España, bien
sea en patera directa a la península o bien sea asaltando las fronteras de las
dos ciudades hermanas.

Dicha presión es la que podría hacer 'temblar' los pronósticos
barajados desde Delegación del Gobierno de mantener las cifras de clandestinos
adecuadas, exclusivamente, a las plazas que existen en el campamento del Jaral.

Por otro lado Amnistía Internacional ha denunciado que tiene
documentadas las expulsiones de 50 inmigrantes menores de edad en la ciudad
autónoma; hecho éste que quiere trasladar a otras instancias para que se actúe
en consecuencia. Asimismo la ONG ha denunciado la existencia de trabas para los
inmigrantes que son solicitantes de asilo, cifrando en casi dos mil las que se
han presentado ya en la ciudad autónoma.

El Faro de Ceuta

Abdelkader Mohamed Alí, secretario de la asociación islámica
Badr y miembro de la Comisión Islámica, expresó ayer sus críticas contra el
término "terrorismo islamista" utilizado para denominar el seminario organizado
el pasado lunes por la Ciudad Autónoma y la Delegación del Gobierno. Además de
lamentar que este acto se celebrase a puerta cerrada, Mohamed Alí sintió aún más
que con esta nomenclatura hayan atentado contra una creencia religiosa mostrando
con ello una "falta de sensibilidad y de tacto por parte de quienes dicen ser
especialistas en la materia". Abdelkader Mohamed subrayó que "no existe un
terrorismo islamista ni vasco ni de cualquier otro tipo" y "lo que no se puede
permitir es que a priori se diga que no van en contra del Islam y luego se hable
de terrorismo