Secretaria de Estado de Inmigración declara que no habrá otro proceso de regularización
La secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Consuelo
Rumí, resaltó en Alicante que no habrá otro proceso de regularización de
inmigrantes, al tiempo que indicó que las personas que han quedado fuera de éste
y que no puedan acogerse a otros supuestos se les aplicará la Ley de
Extranjería.
Consuelo Rumí, quien acudió el 17 de junio a Alicante para
impartir una conferencia sobre 'La política de inmigración: un nuevo enfoque',
preguntada por los medios de comunicación, aseguró que no habrá otro proceso de
regularización, ya que, desde su punto de vista, suponen "un fracaso de las
políticas de inmigración".
En este sentido, argumentó que cuando el PSOE llegó al
Gobierno tuvo que realizar el proceso de regularización "a causa de la pésima
gestión del Gobierno anterior", que no había desarrollado las medidas adecuadas
para que no existiera una bolsa de inmigrantes en situación irregular.
Rumí incidió en que cuando accedieron al Gobierno "nos
encontramos la inmigración desordenada y caótica, y ahora le estamos poniendo
orden" con este proceso, con medidas de integración y con las que se
desarrollarán mediante la contratación en origen.
Así, expuso que "el nuevo enfoque" del Gobierno socialista se
basa en "la vinculación de la inmigración con el trabajo", de forma que si se
desarrollan políticas de reordenación del flujo migratorio que conlleven la
oferta, formación y selección de los trabajadores inmigrantes en su país de
origen, no es necesario acometer este tipo de procesos.
CONTRATACION ORIGEN
Rumí destacó que la contratación en origen, que se plasmará en
la Comisión Laboral Tripartita, servirá como medida disuasoria a las personas
que quieran entrar de forma irregular en el país, ya que la regularización irá
necesariamente vinculada a un empleo, que será contratado en origen.
A este respecto, opinó que "si este tipo de medidas funcionan"
constituyen "un mecanismo para dar respuesta al mercado laboral" y por lo tanto
"no es necesario un proceso de regularización" más. En esta línea, la secretaria
de Estado defendió que la política del Gobierno se basa en unir la inmigración
con la cuestión laboral y de este modo su ordenación estará sujeta a "las
necesidades del mercado laboral".
De hecho, según añadió, el proceso que acaba de finalizar ha
servido para que "aflore la economía sumergida", ya que muchos de los ciudadanos
que ahora han sido regulados con este proceso trabajaban pero "sin pagar
impuestos, sin cotizar y sin contribuir".
De este modo, respecto al proceso de regularización, Rumí dijo
que desde el Gobierno están "razonablemente satisfechos con los resultados".
Concretó que de las 700.000 solicitudes presentadas, el número de resoluciones
emitidas es de 400.000 y "a fecha de hoy" las altas en la Seguridad Social
alcanzan las 200.000.
En cuanto al número de personas que han quedado sin
regularizar en este proceso, la responsable de Inmigración apuntó que tras el
proceso y con los datos de empadronamiento por omisión obtenidos, así como los
datos de la tasa de actividad, en estos momentos se puede cuantificar de forma
"muy aproximada" el número de personas que no vivían ya en España y no se han
regularizado.
Así, precisó que, excluyendo las personas que no están en edad
laboral, si se aplica una tasa de actividad del 65 por ciento, que es superior a
la que hay, "quedarían como irregulares 63.000 personas", mientras que si esta
tasa se eleva al 70 por ciento, que es el objetivo de Lisboa, quedarían 121.000.
CONTUNDENCIA
En este punto, Consuelo Rumí subrayó que "las personas
extranjeras irregulares que no hayan podido normalizarse en este proceso y que
no puedan acogerse a otros supuestos se les aplicará la Ley de Extranjería", ya
que, según dijo, "la irregularidad será combatida por este Gobierno con toda
contundencia".
En referencia a este punto, Rumí estimó que en toda España los
inspectores realizarán un total aproximado de 500.000 actuaciones, de las cuales
22.000 serán en la provincia de Alicante.
Del mismo modo, resaltó que dentro de la Secretaría de Estado
existe un departamento que se dedica "única y exclusivamente" a procurar la
modernización de las políticas de gestión de la inmigración para que las
oficinas de extranjería funcionen eficazmente.
En el caso concreto de Alicante, Rumí apuntó que lleva "en
cartera" la situación de la oficina de extranjeros, aunque resaltó que su
actuación ha sido "superior a la media en cuanto a los expedientes de
resolución" durante el proceso y que "va a cumplir con los tiempos".
Madridpress.com
Rumí, resaltó en Alicante que no habrá otro proceso de regularización de
inmigrantes, al tiempo que indicó que las personas que han quedado fuera de éste
y que no puedan acogerse a otros supuestos se les aplicará la Ley de
Extranjería.
Consuelo Rumí, quien acudió el 17 de junio a Alicante para
impartir una conferencia sobre 'La política de inmigración: un nuevo enfoque',
preguntada por los medios de comunicación, aseguró que no habrá otro proceso de
regularización, ya que, desde su punto de vista, suponen "un fracaso de las
políticas de inmigración".
En este sentido, argumentó que cuando el PSOE llegó al
Gobierno tuvo que realizar el proceso de regularización "a causa de la pésima
gestión del Gobierno anterior", que no había desarrollado las medidas adecuadas
para que no existiera una bolsa de inmigrantes en situación irregular.
Rumí incidió en que cuando accedieron al Gobierno "nos
encontramos la inmigración desordenada y caótica, y ahora le estamos poniendo
orden" con este proceso, con medidas de integración y con las que se
desarrollarán mediante la contratación en origen.
Así, expuso que "el nuevo enfoque" del Gobierno socialista se
basa en "la vinculación de la inmigración con el trabajo", de forma que si se
desarrollan políticas de reordenación del flujo migratorio que conlleven la
oferta, formación y selección de los trabajadores inmigrantes en su país de
origen, no es necesario acometer este tipo de procesos.
CONTRATACION ORIGEN
Rumí destacó que la contratación en origen, que se plasmará en
la Comisión Laboral Tripartita, servirá como medida disuasoria a las personas
que quieran entrar de forma irregular en el país, ya que la regularización irá
necesariamente vinculada a un empleo, que será contratado en origen.
A este respecto, opinó que "si este tipo de medidas funcionan"
constituyen "un mecanismo para dar respuesta al mercado laboral" y por lo tanto
"no es necesario un proceso de regularización" más. En esta línea, la secretaria
de Estado defendió que la política del Gobierno se basa en unir la inmigración
con la cuestión laboral y de este modo su ordenación estará sujeta a "las
necesidades del mercado laboral".
De hecho, según añadió, el proceso que acaba de finalizar ha
servido para que "aflore la economía sumergida", ya que muchos de los ciudadanos
que ahora han sido regulados con este proceso trabajaban pero "sin pagar
impuestos, sin cotizar y sin contribuir".
De este modo, respecto al proceso de regularización, Rumí dijo
que desde el Gobierno están "razonablemente satisfechos con los resultados".
Concretó que de las 700.000 solicitudes presentadas, el número de resoluciones
emitidas es de 400.000 y "a fecha de hoy" las altas en la Seguridad Social
alcanzan las 200.000.
En cuanto al número de personas que han quedado sin
regularizar en este proceso, la responsable de Inmigración apuntó que tras el
proceso y con los datos de empadronamiento por omisión obtenidos, así como los
datos de la tasa de actividad, en estos momentos se puede cuantificar de forma
"muy aproximada" el número de personas que no vivían ya en España y no se han
regularizado.
Así, precisó que, excluyendo las personas que no están en edad
laboral, si se aplica una tasa de actividad del 65 por ciento, que es superior a
la que hay, "quedarían como irregulares 63.000 personas", mientras que si esta
tasa se eleva al 70 por ciento, que es el objetivo de Lisboa, quedarían 121.000.
CONTUNDENCIA
En este punto, Consuelo Rumí subrayó que "las personas
extranjeras irregulares que no hayan podido normalizarse en este proceso y que
no puedan acogerse a otros supuestos se les aplicará la Ley de Extranjería", ya
que, según dijo, "la irregularidad será combatida por este Gobierno con toda
contundencia".
En referencia a este punto, Rumí estimó que en toda España los
inspectores realizarán un total aproximado de 500.000 actuaciones, de las cuales
22.000 serán en la provincia de Alicante.
Del mismo modo, resaltó que dentro de la Secretaría de Estado
existe un departamento que se dedica "única y exclusivamente" a procurar la
modernización de las políticas de gestión de la inmigración para que las
oficinas de extranjería funcionen eficazmente.
En el caso concreto de Alicante, Rumí apuntó que lleva "en
cartera" la situación de la oficina de extranjeros, aunque resaltó que su
actuación ha sido "superior a la media en cuanto a los expedientes de
resolución" durante el proceso y que "va a cumplir con los tiempos".
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