Rumanos en tierra de nadie
La estricta aplicación de la ley de emigración en Rumania ha
provocado una conmoción en los accesos por carretera al país. Conforme a una
ordenanza de urgencia gubernamental, desde el 1 de agosto los agentes
fronterizos comenzaron a retirar el pasaporte a quienes, partiendo de Rumania
como turistas, superaran los tres meses de ausencia y no tuvieran un contrato de
trabajo o documentación legal que acreditara que está en trámite su permiso de
residencia en el país de acogida. El Gobierno rumano asegura que con la medida
da cumplimiento a una ley de 2003.
En una semana, más de 3.500 rumanos han perdido sus documentos
de viaje en los puestos fronterizos de la zona oeste: tras unos meses de trabajo
en negro, volvían de vacaciones a su país. La noticia ha provocado la desbandada
al otro lado de la frontera y la mayoría ha preferido emprender el viaje de
vuelta a la marginalidad antes que entrar en Rumania y quedarse sin pasaporte.
El Ejecutivo rumano apoya su decisión en los últimos datos
recogidos en la frontera: desde el mes de enero, más de 1.800.000 personas han
sido devueltas a sus localidades por no cumplir los requisitos legales para
emprender viaje al extranjero. También hace referencia a los episodios de
tensión vividos en la frontera franco-española, donde se impidió el acceso a más
de 18.000 rumanos que pretendían entrar a España en autobús durante el primer
cuatrimestre del año.
Cuando faltan dos meses para la publicación del informe que
puede confirmar la adhesión de Rumania a la UE en enero de 2007, las autoridades
se enfrentan a un serio problema de imagen: "El principal tema recurrente en
cualquier reunión bilateral o multilateral es la migración ilegal: no existe
colega de la UE con el que me haya reunido que no aluda directa o indirectamente
a este asunto", aseguraba en julio el ministro del Interior rumano, Vasile
Blaga. "Hacemos cumplir la ley", declaró hace unos días. La oposición le acusa
de poner en riesgo los 2.000 millones de euros anuales que son transferidos al
país por sus emigrantes.
A la alta política se une la mala imagen y la marginalidad de
los ilegales en sus países de destino. "Tenemos que terminar con la imagen
nefasta de Rumania que estamos dando en el extranjero", aseveraba el portavoz de
la Policía de Fronteras. En función de la reincidencia en el incumplimiento del
plazo legal de estancia en el extranjero, la retirada del pasaporte se mantendrá
por uno, tres o cinco años.
En los puestos fronterizos, además de las protestas por la
rigidez de la norma, cobraba presencia el drama humano. Muchos de los que han
perdido el pasaporte se lamentaban por los objetos personales que han dejado en
los países en los que trabajaban de forma ilegal; otros, familias rotas por la
necesidad, emprendían el viaje de vuelta entre lágrimas. "Llevo cinco meses sin
ver a mis hijos, traigo muchos regalos para ellos y ahora tengo que volver sin
verles porque necesitan el dinero que gano", se lamentaba Daniela, una
trabajadora sin papeles en el campo español. "No soy un delincuente", aseguraba
Cosmin, obligado a permanecer en Rumania, mostrando sus manos curtidas; "trabajo
en lo que puedo para mantener a mi familia".
En España, el Observatorio Permanente de la Inmigración
cifraba en 85.518 los rumanos con papeles en abril, antes del proceso de
regularización. Tras la medida, se ha dado de alta en la Seguridad Social a
45.421 rumanos más. Según el último estudio de la misión en Rumania de la
Organización Internacional para la Migración, España ocupa el segundo lugar de
preferencia en el índice de destinos potenciales de los emigrantes rumanos.
Italia, primer país en la lista, es preferido por el 30% de los encuestados.
ELPAIS.es
CARLOS OLANO - Bucarest
provocado una conmoción en los accesos por carretera al país. Conforme a una
ordenanza de urgencia gubernamental, desde el 1 de agosto los agentes
fronterizos comenzaron a retirar el pasaporte a quienes, partiendo de Rumania
como turistas, superaran los tres meses de ausencia y no tuvieran un contrato de
trabajo o documentación legal que acreditara que está en trámite su permiso de
residencia en el país de acogida. El Gobierno rumano asegura que con la medida
da cumplimiento a una ley de 2003.
En una semana, más de 3.500 rumanos han perdido sus documentos
de viaje en los puestos fronterizos de la zona oeste: tras unos meses de trabajo
en negro, volvían de vacaciones a su país. La noticia ha provocado la desbandada
al otro lado de la frontera y la mayoría ha preferido emprender el viaje de
vuelta a la marginalidad antes que entrar en Rumania y quedarse sin pasaporte.
El Ejecutivo rumano apoya su decisión en los últimos datos
recogidos en la frontera: desde el mes de enero, más de 1.800.000 personas han
sido devueltas a sus localidades por no cumplir los requisitos legales para
emprender viaje al extranjero. También hace referencia a los episodios de
tensión vividos en la frontera franco-española, donde se impidió el acceso a más
de 18.000 rumanos que pretendían entrar a España en autobús durante el primer
cuatrimestre del año.
Cuando faltan dos meses para la publicación del informe que
puede confirmar la adhesión de Rumania a la UE en enero de 2007, las autoridades
se enfrentan a un serio problema de imagen: "El principal tema recurrente en
cualquier reunión bilateral o multilateral es la migración ilegal: no existe
colega de la UE con el que me haya reunido que no aluda directa o indirectamente
a este asunto", aseguraba en julio el ministro del Interior rumano, Vasile
Blaga. "Hacemos cumplir la ley", declaró hace unos días. La oposición le acusa
de poner en riesgo los 2.000 millones de euros anuales que son transferidos al
país por sus emigrantes.
A la alta política se une la mala imagen y la marginalidad de
los ilegales en sus países de destino. "Tenemos que terminar con la imagen
nefasta de Rumania que estamos dando en el extranjero", aseveraba el portavoz de
la Policía de Fronteras. En función de la reincidencia en el incumplimiento del
plazo legal de estancia en el extranjero, la retirada del pasaporte se mantendrá
por uno, tres o cinco años.
En los puestos fronterizos, además de las protestas por la
rigidez de la norma, cobraba presencia el drama humano. Muchos de los que han
perdido el pasaporte se lamentaban por los objetos personales que han dejado en
los países en los que trabajaban de forma ilegal; otros, familias rotas por la
necesidad, emprendían el viaje de vuelta entre lágrimas. "Llevo cinco meses sin
ver a mis hijos, traigo muchos regalos para ellos y ahora tengo que volver sin
verles porque necesitan el dinero que gano", se lamentaba Daniela, una
trabajadora sin papeles en el campo español. "No soy un delincuente", aseguraba
Cosmin, obligado a permanecer en Rumania, mostrando sus manos curtidas; "trabajo
en lo que puedo para mantener a mi familia".
En España, el Observatorio Permanente de la Inmigración
cifraba en 85.518 los rumanos con papeles en abril, antes del proceso de
regularización. Tras la medida, se ha dado de alta en la Seguridad Social a
45.421 rumanos más. Según el último estudio de la misión en Rumania de la
Organización Internacional para la Migración, España ocupa el segundo lugar de
preferencia en el índice de destinos potenciales de los emigrantes rumanos.
Italia, primer país en la lista, es preferido por el 30% de los encuestados.
ELPAIS.es
CARLOS OLANO - Bucarest
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