Presidente del PP en Barcelona pide mano dura contra los inmigrantes encerrados
El PP pide al Gobierno que no acepte "el chantaje de los
encierros" de inmigrantes
El presidente del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Alberto
Fernández Díaz, pidió al Gobierno que no acepte "el chantaje de los encierros"
de inmigrantes y actúe con "firmeza", en alusión a los inmigrantes encerrados en
varios locales de Barcelona para pedir su regularización. El dirigente popular
señaló que la "ley prevé la expulsión de los que se encuentran en situación
ilegal en nuestro país".
Fernández Díaz afirmó que "la delegación del Gobierno debe
tener presente el cumplimiento de la ley, y más cuando se trata de personas que,
además de estar en situación ilegal en nuestro país, tratan de presionar al
Gobierno con estos encierros".
CUMPLIMIENTO DE LA LEY
El líder municipal del PP reclamó "firmeza" y "el cumplimiento
de la ley, más aún frente aquellos que no sólo la infringen sino que se
encierran para presionar al Estado de Derecho".
Fernández Díaz dijo que hay que ser "no podemos aceptar que
haya dos formas de legalizar la inmigración en nuestro país: aquellos que
cumplen la ley y otros que, incumpliéndola, presionan mediante encierros o
protestas para que su infracción de la ley sea subsanada".
El dirigente popular reclamó a las administraciones --Gobierno
central, Generalitat y Ayuntamiento-- que "actúen sin complejos en esta
cuestión".
Por otra parte, El presidente municipal del PP recordó que en
otros encierros, en 2001, "el alcalde de Barcelona, Joan Clos, declaró que si no
fuera alcalde se encerraría con los inmigrantes en lucha y Pasqual Maragall,
cuando aún no era presidente, reclamó que la Generalitat dialogara con estos
inmigrantes".
LOS ENCIERROS NO PUEDEN SUPONER "UN BENEFICIO".
Fernández Díaz insistió en que "si la situación de ilegalidad
de estos inmigrantes motiva su expulsión, que se proceda". "Los encierros no
pueden representar un beneficio para no cumplir la ley, sino todo lo contrario,
tiene que ser una exigencia más del Gobierno para hacer cumplir la ley y, si
cabe, para proceder a la expulsión de aquellos que infringen la ley en nuestro
país", añadió.
El presidente del PP en el Consitorio señaló que en Barcelona
la proporción de población inmigrante es del 15% y supera las 230.000 personas.
En este sentido, recordó que esta población se ha multiplicado
por cinco en cinco años y que este año los procesos de reagrupación familiar y
la continuación del incremento del flujo de personas inmigradas obligan a que el
Ayuntamiento impulse un plan de choque para garantizar la integración de las
personas inmigradas y la suficiencia de los servicios sociales (sanidad,
educación, guardería y vivienda) para todos aquellos que los necesiten, sean
inmigrados o no.
Fernández Díaz remarcó que "la atención a las personas
inmigradas no perjudique a las que no lo son pero que lo necesitan". El
dirigente popular reclamó que el Gobierno "persiga la posible existencia de
mafias detrás de estas protestas y las denuncias de sobreexplotación laboral a
estas personas".
Madridpress.com
encierros" de inmigrantes
El presidente del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Alberto
Fernández Díaz, pidió al Gobierno que no acepte "el chantaje de los encierros"
de inmigrantes y actúe con "firmeza", en alusión a los inmigrantes encerrados en
varios locales de Barcelona para pedir su regularización. El dirigente popular
señaló que la "ley prevé la expulsión de los que se encuentran en situación
ilegal en nuestro país".
Fernández Díaz afirmó que "la delegación del Gobierno debe
tener presente el cumplimiento de la ley, y más cuando se trata de personas que,
además de estar en situación ilegal en nuestro país, tratan de presionar al
Gobierno con estos encierros".
CUMPLIMIENTO DE LA LEY
El líder municipal del PP reclamó "firmeza" y "el cumplimiento
de la ley, más aún frente aquellos que no sólo la infringen sino que se
encierran para presionar al Estado de Derecho".
Fernández Díaz dijo que hay que ser "no podemos aceptar que
haya dos formas de legalizar la inmigración en nuestro país: aquellos que
cumplen la ley y otros que, incumpliéndola, presionan mediante encierros o
protestas para que su infracción de la ley sea subsanada".
El dirigente popular reclamó a las administraciones --Gobierno
central, Generalitat y Ayuntamiento-- que "actúen sin complejos en esta
cuestión".
Por otra parte, El presidente municipal del PP recordó que en
otros encierros, en 2001, "el alcalde de Barcelona, Joan Clos, declaró que si no
fuera alcalde se encerraría con los inmigrantes en lucha y Pasqual Maragall,
cuando aún no era presidente, reclamó que la Generalitat dialogara con estos
inmigrantes".
LOS ENCIERROS NO PUEDEN SUPONER "UN BENEFICIO".
Fernández Díaz insistió en que "si la situación de ilegalidad
de estos inmigrantes motiva su expulsión, que se proceda". "Los encierros no
pueden representar un beneficio para no cumplir la ley, sino todo lo contrario,
tiene que ser una exigencia más del Gobierno para hacer cumplir la ley y, si
cabe, para proceder a la expulsión de aquellos que infringen la ley en nuestro
país", añadió.
El presidente del PP en el Consitorio señaló que en Barcelona
la proporción de población inmigrante es del 15% y supera las 230.000 personas.
En este sentido, recordó que esta población se ha multiplicado
por cinco en cinco años y que este año los procesos de reagrupación familiar y
la continuación del incremento del flujo de personas inmigradas obligan a que el
Ayuntamiento impulse un plan de choque para garantizar la integración de las
personas inmigradas y la suficiencia de los servicios sociales (sanidad,
educación, guardería y vivienda) para todos aquellos que los necesiten, sean
inmigrados o no.
Fernández Díaz remarcó que "la atención a las personas
inmigradas no perjudique a las que no lo son pero que lo necesitan". El
dirigente popular reclamó que el Gobierno "persiga la posible existencia de
mafias detrás de estas protestas y las denuncias de sobreexplotación laboral a
estas personas".
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