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Al menos 793 denuncias por torturas en 2004

El informe, de 330 páginas, presentado en rueda de prensa el 13 de mayo, incluye un breve resumen de cada caso de torturas y malos tratos recogidos por los diferentes
organismos de la CPT. Los portavoces de esta Coordinadora aclararon que las denuncias totales en 2004 se elevaron a 1.200 –el doble que en 2001–, pero que sólo se han incluido en el dossier los casos más contrastados. Las denuncias abarcan
el conjunto del Estado e implican a todos los cuerpos policiales y de seguridad existentes, a los funcionarios de prisiones, e incluso a las futuras policías autonómicas (gallega, navarra o andaluza).
Según estos datos, extrapolables a los últimos años, el 62% de las denuncias se refieren a malos tratos en las calles (incluyendo intervenciones de antidisturbios), el 16% en cárceles y el 15% en comisarías. Andalucía es la comunidad donde más denuncias se han producido (30% del total) seguida del Catalunya (14%) y Euskadi (13%). Al respecto, los denunciantes de malos tratos o torturas provienen en un 31 % del movimiento sindical (231 denuncias), un 18% de los movimientos sociales y un 5% de personas a las que les fue aplicada la legislación antiterrorista. A la
cabeza de las denuncias destaca la Policía nacional (42% de los casos), seguida de las policías municipales (23%) los funcionarios de prisiones (17%), la Ertzaintza (7%) y la Guardia Civil (5%). El informe (publicado en stoptortura.com) ha sido entregado a Ministerio de Interior y al Congreso español.
La CPT denunció que “estas torturas, en la mayoría de los casos van a quedar impunes. Esta realidad es la que ha rodeado a casos anteriores, porque el sistema judicial español no da respuesta adecuada a estos problemas: lentitud en la tramitación de las denuncias –hasta más de 20 años en algunos casos–, archivos sistemáticos de las causas, reconocimiento de las torturas pero sin condenar a los
autores...”. En este sentido, el informe de la CPT, que dedica un apartado a estas sentencias en los últimos cuatro años, constata que no sólo “son pocos los miembros
de las Fuerzas de Seguridad del Estado (FSE) condenados por estos crímenes, sino que, además, cuando la condena es firme, normalmente suelen ser indultados”.
Asimismo, la CPT reclamó la pronta aplicación por el Estado español del Protocolo Facultativo para la Prevención de la Tortura de la ONU, “un mecanismo imprescindible
para caminar hacia la erradicación de los malos tratos”. A juicio de Ribera, este tratado supone “un antes y un después” y aunque recordó que el gobierno lo
ha firmado en abril de este año “queda ratificarlo e implantar los novedosos mecanismos de prevención que prevé”. Para la CPT, “lo más importante de este protocolo es que permite visitas privadas, sin restricciones y sin previo aviso a
las personas detenidas, retenidas o presas, por parte de comités de vigilancia independientes que se formarían a nivel local, regional, estatal o internacional”. Las personas y asociaciones que componen la CPT reclaman poder formar parte de esos comités de control y se comprometen a “permanecer vigilantes y garantizar la transparencia de todo el proceso”.
La Coordinadora para la Prevención de la Tortura (prevenciontortura.org), que aprovechó la presentación del Informe para darse a conocer, está formada por 25 organizaciones del conjunto del Estado y agrupa un amplio abanico de organismos.

DIAGONAL Nº7
Chalmeta
Redacción

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