Trabajo ve sospechas de fraude en el 25% de peticiones de sin papeles
Casi medio millón de inmigrantes
han solicitado desde el pasado 7 de marzo los papeles para regularizar su
situación en España. Hasta la fecha, la Inspección de Trabajo ha detectado entre
las más de 400.000 peticiones más de cien mil casos sospechosos de fraude, por lo
que serán investigadas de forma aleatoria.
La alerta se dispara en la inspección cuando se
trata de empresarios que intentan contratar a más de un empleado del hogar o de
empresas de menos de seis meses de vida que solicitan contratar a diez empleados
de golpe. De hecho, en los últimos años, al margen de los procesos
extraordinarios, Trabajo ha detectado fraude en cerca del 40 por ciento de los
expedientes tramitados.
El Gobierno, una vez que se cierra esta
regularización, extremará sus controles para evitar el fraude y por ello da "una
última oportunidad" a los empresarios para que legalicen la situación de sus
empleados sin papeles.
El ritmo de presentación de solicitudes ha sido más
lento del esperado, aunque la demanda ha crecido notablemente en estos últimos
días, lo que ha llevado a distintas organizaciones a plantear al Ejecutivo
central una ampliación del proceso. De momento, el Gobierno sólo ha flexibilizado
los requisitos exigidos para otorgar los papeles a los trabajadores inmigrantes.
No obstante, distintas ONG con presencia en
Andalucía, como la federación regional de la Asociación de Trabajadores
Marroquíes en España (Atime), Andalucía Acoge y Argentinos en el exterior
coincidieron ayer en calificar de "oportunidad perdida" el proceso, así como el
Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, que advirtió que "queda mucho por
hacer y muy poco tiempo".
En Andalucía se había presentado un total de 47.960
solicitudes (el 9,8 por ciento del total nacional) hasta el 27 de abril, según
los datos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Las ONG consideran
"pocas" las solicitudes presentadas y achacan el "fracaso" a distintas medidas y
actitudes del Gobierno central.
Para el presidente regional y vicepresidente
nacional de Atime, Kamal Rahmouni, la comunidad andaluza "saldrá perjudicada" en
comparación con otras comunidades al no regularizar a una considerable cantidad
de los irregulares. "Andalucía tiene la misma realidad que otras comunidades pero
en otras zonas se normalizarán a más irregulares", expuso. Achacó esta
circunstancia a las pocas ofertas de los empresarios, sobre todo, en los sectores
agrícola y turístico. Así, mostró su "preocupación" por la cantidad de
inmigrantes que se van a quedar "colgados". Rahmouni, sin embargo, no consideró
necesario ampliar del plazo.
Por su parte, la vicepresidenta de Andalucía Acoge,
Encarnación Márquez, fue más allá de los números para describir la "angustia y
desesperación" de los inmigrantes y de los propios voluntarios. "No se han
cumplido las expectativas y a los implicados en el proceso nos causa daño
psicológico no poder ofrecerles soluciones al ver a estas personas desesperadas",
retrató.
Para Márquez, los documentos para conseguir el
certificado de empadronamiento servirán "a unos cuantos privilegiados" pero no a
la mayoría de los irregulares. Tachó también de "posibilidad perdida" el proceso
y sumó al conjunto de inmigrantes "desesperados" a aquellos que han llegado
después del 7 de agosto de 2004, quienes se preguntan si el Gobierno abrirá un
nuevo proceso para solucionar sus problemas.
Por último, el presidente de Argentinos en el
Exterior en Andalucía, Jorge Grela, apuntó que más de la mitad del colectivo
argentino se va a quedar fuera de la regularización. Grela criticó las
declaraciones del consejero andaluz de Economía y Hacienda, José Antonio Griñán,
quien indicó ayer que más de un 10 por ciento del dinamismo económico andaluz se
debe a la presencia de inmigrantes. "Dentro de esa riqueza hay muchos autónomos",
apuntó el presidente de un colectivo con mayoría de trabajadores con esta figura
laboral.
Diario de Cádiz
ANA DE LA PEÑA / AGENCIAS
madrid / sevilla.
han solicitado desde el pasado 7 de marzo los papeles para regularizar su
situación en España. Hasta la fecha, la Inspección de Trabajo ha detectado entre
las más de 400.000 peticiones más de cien mil casos sospechosos de fraude, por lo
que serán investigadas de forma aleatoria.
La alerta se dispara en la inspección cuando se
trata de empresarios que intentan contratar a más de un empleado del hogar o de
empresas de menos de seis meses de vida que solicitan contratar a diez empleados
de golpe. De hecho, en los últimos años, al margen de los procesos
extraordinarios, Trabajo ha detectado fraude en cerca del 40 por ciento de los
expedientes tramitados.
El Gobierno, una vez que se cierra esta
regularización, extremará sus controles para evitar el fraude y por ello da "una
última oportunidad" a los empresarios para que legalicen la situación de sus
empleados sin papeles.
El ritmo de presentación de solicitudes ha sido más
lento del esperado, aunque la demanda ha crecido notablemente en estos últimos
días, lo que ha llevado a distintas organizaciones a plantear al Ejecutivo
central una ampliación del proceso. De momento, el Gobierno sólo ha flexibilizado
los requisitos exigidos para otorgar los papeles a los trabajadores inmigrantes.
No obstante, distintas ONG con presencia en
Andalucía, como la federación regional de la Asociación de Trabajadores
Marroquíes en España (Atime), Andalucía Acoge y Argentinos en el exterior
coincidieron ayer en calificar de "oportunidad perdida" el proceso, así como el
Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, que advirtió que "queda mucho por
hacer y muy poco tiempo".
En Andalucía se había presentado un total de 47.960
solicitudes (el 9,8 por ciento del total nacional) hasta el 27 de abril, según
los datos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Las ONG consideran
"pocas" las solicitudes presentadas y achacan el "fracaso" a distintas medidas y
actitudes del Gobierno central.
Para el presidente regional y vicepresidente
nacional de Atime, Kamal Rahmouni, la comunidad andaluza "saldrá perjudicada" en
comparación con otras comunidades al no regularizar a una considerable cantidad
de los irregulares. "Andalucía tiene la misma realidad que otras comunidades pero
en otras zonas se normalizarán a más irregulares", expuso. Achacó esta
circunstancia a las pocas ofertas de los empresarios, sobre todo, en los sectores
agrícola y turístico. Así, mostró su "preocupación" por la cantidad de
inmigrantes que se van a quedar "colgados". Rahmouni, sin embargo, no consideró
necesario ampliar del plazo.
Por su parte, la vicepresidenta de Andalucía Acoge,
Encarnación Márquez, fue más allá de los números para describir la "angustia y
desesperación" de los inmigrantes y de los propios voluntarios. "No se han
cumplido las expectativas y a los implicados en el proceso nos causa daño
psicológico no poder ofrecerles soluciones al ver a estas personas desesperadas",
retrató.
Para Márquez, los documentos para conseguir el
certificado de empadronamiento servirán "a unos cuantos privilegiados" pero no a
la mayoría de los irregulares. Tachó también de "posibilidad perdida" el proceso
y sumó al conjunto de inmigrantes "desesperados" a aquellos que han llegado
después del 7 de agosto de 2004, quienes se preguntan si el Gobierno abrirá un
nuevo proceso para solucionar sus problemas.
Por último, el presidente de Argentinos en el
Exterior en Andalucía, Jorge Grela, apuntó que más de la mitad del colectivo
argentino se va a quedar fuera de la regularización. Grela criticó las
declaraciones del consejero andaluz de Economía y Hacienda, José Antonio Griñán,
quien indicó ayer que más de un 10 por ciento del dinamismo económico andaluz se
debe a la presencia de inmigrantes. "Dentro de esa riqueza hay muchos autónomos",
apuntó el presidente de un colectivo con mayoría de trabajadores con esta figura
laboral.
Diario de Cádiz
ANA DE LA PEÑA / AGENCIAS
madrid / sevilla.
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