Agentes de la Guardia Civil de Jumilla realizaron la noche del
viernes 40 denuncias por diferentes motivos y se incautaron de 18 bates de
béisbol y siete navajas de grandes dimensiones.
Además, las fuerzas de seguridad detuvieron la tarde de ayer a
un joven de 24 años como presunto autor de un delito de desorden público en los
incidentes ocurridos en las puertas del ayuntamiento jumillano el pasado 19 de
julio durante la visita del delegado del Gobierno. Según fuentes policiales, el
joven es vecino de Jumilla y arrastra antecedentes por tráfico y consumo de
drogras. Esta persona es el octavo detenido por los incidentes del 19-J.

La amenaza de un estallido de violencia continúa latente. 40
guardias civiles del G.R.S. número 1 de Madrid, además de cuatro patrullas Lince
de la comandancia de Murcia, junto a los agentes del puesto de Jumilla,
patrullan las calles de la ciudad. Los efectivos de los cuerpos de seguridad
realizan diferentes controles y registros con el fin de evitar que se produzcan
peleas y reyertas entre jóvenes españoles e inmigrantes. La noche de ayer se
incorporó a este despliegue de medios, un perro antidroga de la Guardia Civil,
con el fin también de perseguir el tráfico de drogas al menudeo que tiene lugar
en la ciudad del Altiplano.

Importante desalojo
En otro orden de cosas, agentes de la Guardia Civil de Jumilla
procedieron el viernes al desalojo de una nave donde se refugiaban 50
inmigrantes y donde ya habían ocurrido diferentes peleas y altercados. el
desalojo se produjo a consecuencia de una orden judicial dictaminada tras la
pertinente denuncia realizada en su día por los propietarios de la nave,
conocida en Jumilla como 'naves de Pergan'. El lugar cuenta en la actualidad con
vigilancia las 24 horas del día.

El Faro de Murcia

Hace 60 años se produjo la liberación de los prisioneros del
campo de concentración de Mauthausen. Entre los liberados se encontraban varios
españoles, uno de ellos era José Ejea Pujante. Es miembro de la Amical
Mauthausen y estuvo el paso mes de mayo en el homenaje del 60 aniversario del
campo de concentración.

--Antes de ser apresado por los alemanes luchó en la Guerra
Civil española. Usted nació en 1921, por lo que pertenecía a la quinta del
biberón, ¿cómo lo recuerda?

--Cuando comenzó la guerra quise alistarme, pero mi padre no
me dejó. Luego me reclutaron en el 38 y estuve luchando en el frente
republicano, era muy joven pero estaba comprometido con mis ideales.

--Luego se exilió a Francia, ¿fue allí cuando lo apresaron los
soldados alemanes?

--Sí. Los españoles que nos exiliamos dejamos un conflicto
para entrar en otro, la Segunda Guerra Mundial. Yo estaba trabajando para el
ejército francés cuando nos cogieron a mí y a otros dos españoles más. Pero un
soldado alemán no tenía nada que ver con un fanático de las SS, los primeros nos
trataban como prisioneros de guerra, pero los nazis nos maltrataron
salvajemente.

--¿Cuando llegó al campo de concentración de Mauthausen?

--Fue el 27 de enero de 1941. Antes, estuve en un campo de
prisioneros y un día nos metieron en un tren y nos llevaron a Mauthausen. Nos
trasladaron en un vagón donde íbamos más del doble de la capacidad que tenía, no
podíamos ni agacharnos.

--¿Cual fue la peor vivencia?

--La muerte de mi padre, estaba en el campo de concentración
conmigo, no resistió. Murió en las Navidades de 1942. Pero en general todo el
tiempo que estuve allí dentro fue un verdadero infierno que muchos compañeros no
pudieron soportar.

--¿Cómo recuerda su vuelta a España en 1948?

--Volví con la dictadura de Franco. No tenía papeles, era un
prófugo. Fue muy duro, tenía que esquivar a la policía, no podía abrir la boca.
Tuve que sacrificar parte de mi vida hasta que murió el dictador.

--¿Se llega a superar el vivir en un campo de concentración?

--Estar en un campo de concentración nazi no se puede olvidar
nunca. Ahora, lloro como un niño cada vez que veo en televisión que se maltrata
a alguien o al comprobar las ínfimas condiciones que viven en algunos países.

--¿Cree que la gente joven se ha olvidado de estos episodios
de la historia?

--Un poco. Y les diría que se comprometiesen más con la vida
política del país. No puedo soportar cuando les oigo decir yo paso de política .
No se dan cuenta que España no está bien políticamente, y que son ellos, los
jóvenes, los encargados de hacer cambiar la política del país.

El Periódico de Aragón.
DAVINIA LUMBRERAS 01/08/2005

La secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Consuelo
Rumí, apuntó ayer que el Gobierno calcula que en España quedan 120.000
extranjeros en situación irregular tras el plan de regularización del Ejecutivo.
Rumí anunció la puesta en marcha de un plan estratégico para la integración, que
atenderá también la situación de la inmigración cualificada, y avanzó que el
Gobierno creará un observatorio contra el racismo y la xenofobia a partir de
septiembre. También recordó que el presupuesto para políticas de inmigración
asciende este año a 128 millones de euros, frente a los 7,5 millones del
ejercicio anterior.

La secretaria de Estado insistió en que después del esfuerzo
realizado por el Gobierno en el proceso de regularización de inmigrantes "es
hora de políticas de integración". Rumí, que participó en el curso Inmigración,
fronteras para la integración, organizado por la Universidad Complutense de
Madrid, aseguró que tras el proceso de regularización que se desarrolló entre el
7 de febrero y el 7 de mayo pasados han quedado cerca de 120.000 inmigrantes en
situación irregular. Una cifra que el Ejecutivo compara a la que existe en otros
países de la Unión Europea como Francia o Italia.

Para los que no han podido aprovechar el proceso de
regularización, Rumí explicó que sólo podrán atenerse a lo que dicta el
Reglamento sobre la contratación en sus países de origen o acogerse al concepto
de "arraigo social" contemplado en el Reglamento mediante la ley de acogida.

Respecto a la creación, el próximo otoño, de un plan
estratégico de integración avanzó que éste contemplará programas de acogida,
educación, empleo, igualdad de trato y sensibilización para los inmigrantes. El
proyecto contempla un procedimiento administrativo para integrar a los
extranjeros de alta cualificación para que se puedan quedar en España "en tiempo
y forma", aseguró Rumí. También comentó que el observatorio contra el racismo y
la xenofobia trabajará de manera preventiva "para abortar cualquier síntoma de
racismo". Además, anunció, se creará un mapa de riesgos para actuar con tiempo y
evitar que se produzcan este tipo de situaciones.

Rumí calificó de "fracaso" las políticas de integración del
anterior Gobierno del PP. Este año, indicó, el presupuesto para políticas de
integración asciende a 128 millones de euros, frente a los cerca de 7,5 millones
invertidos el año anterior, apuntó. Rumí precisó que tras el proceso de
regularización, con más de 550.000 resoluciones positivas, ya se han afiliado a
la Seguridad Social cerca de 360.000 extranjeros.

El 'efecto parabólica'
Por su parte, el embajador de España en Marruecos, Luis
Planas, señaló que en España viven cerca de 530.000 inmigrantes marroquíes,
según su estimación. Planas señaló que muchos llegan por "el efecto parabólica",
en referencia al medio por el que la información llega a Marruecos a través de
la televisión, donde descubren la diferencia del nivel de renta.

El embajador, anunció la colaboración entre España y Marruecos
para crear albergues o "centros de acogida" de menores marroquíes para "lograr
un retorno familiar y una integración responsable". Y apuntó un cambio "radical"
entre las relaciones de cooperación entre España y Marruecos en materia de
inmigración, lo que se ha reflejado en un descenso del 17% en la llegada de
inmigrantes en pateras en lo que va de año.

ELPAIS.es
J. SÉRVULO GONZÁLEZ - San Lorenzo de El Escorial

Pasadas las 13.00 horas han comenzado a declarar en el juzgado
de Instrucción número 1 de Roquetas de Mar (Almería) tres de los nueve guardias
civiles imputados por la muerte, el pasado 24 de julio, de Juan Martínez
Galdeano, a quien el teniente J.M.R propinó una brutal paliza en un cuartel de
esa localidad cuando estaba detenido. El Ministerio del Interior ha suspendido
tres meses de su cargo al teniente. Según el abogado de la familia de la
víctima, el agente fue denunciado en febrero pasado por unos hechos similares
aunque sin resultado de muerte.
El próximo viernes prestarán declaración otros tres imputados,
entre ellos J.M.R, y el próximo lunes el resto. El teniente utilizó dos porras,
una eléctrica y otra extensible, ninguna de las cuales son reglamentarias, para
propinar la mortal paliza al fallecido. Por ello, el Ministerio del Interior ha
abierto un expediente disciplinario al agente por los métodos utilizados.

Juan Martínez Galdeano, agricultor de 39 años, casado y con un
hijo de 19, fue detenido y trasladado al cuartel tras una discusión sobre un
accidente de tráfico en el que presuntamente estuvo implicado. Según la Guardia
Civil, el hombre murió a consecuencia de un paro cardiaco. De acuerdo con esta
versión, la víctima había estado ingiriendo una droga no especificada desde el
día anterior al accidente, y reaccionó de forma violenta contra los agentes en
el lugar del siniestro, por lo que fue reducido y detenido; una vez en el
cuartel, volvió a alterarse y terminó muriendo de un paro cardiaco durante un
forcejeo con agentes, algunos de los cuales resultaron heridos con mordeduras,
fracturas en los dedos y erosiones. La familia de Juan Martínez Galdeano ha
interpuesto una denuncia por "lesiones con resultado de muerte" y por el "trato
degradante" que recibió la víctima.

Causa de la muerte

La autopsia al cuerpo sin vida de Martínez Galdeano concluye
que "la causa inmediata de la muerte es una insuficiencia respiratoria o
cardiorrespiratoria aguda -síndrome asfíctico general-", pero asegura que
"existe una relación de causalidad entre el fallecimiento y la situación de
detención del sujeto". El informe médico, hecho público por el abogado de la
familia, José Ramón Cantalejo, añade que el hombre pudo morir por la presión
recibida al ser sujetado de pies y manos con la espalda contra el suelo.

"No se descarta que una inmovilización del sujeto, con las
manos y pies fuertemente asidos y traccionados, presionando la espalda contra el
suelo y apoyándose encima puedan ser el precipitante final por restricción de
movimientos en la caja torácica y anoxia consecuente del cuadro asfíctico
observado", dice el informe, que no obstante precisa que "deben considerarse
otras concausas que en mayor o menor medida pueden haber estado presentes".

Las otras causas que pudieron concurrir en esta muerte están
siendo "sometidas a estudio". Sin embargo, el informe cita un cuadro de lesiones
que incluye "numerosos infiltrados hemorrágicos que indican golpes de cierta
intensidad", y añade que en la cara "son evidentes numerosos golpes, apareciendo
hematomas externos bien visibles sobre la frente, el pómulo y el ojo derecho".
La autopsia señala también que el fallecido fue sujetado con fuerza por el
cuello, aunque sin provocarle asfixia; fue golpeado en el pecho o la espalda y
en la boca; recibió entre tres o cinco golpes con una porra en el tórax y ocho
más en la zona lumbar; y fue arrastrado por el suelo y lanzado contra el suelo
boca abajo.

José Ramón Cantalejo ha señalado que la autopsia da la razón a
la familia, y ha calificado de "salvajada" la paliza que recibió la víctima,
que, según ha dicho, "estaba atada de pies y manos, tenía atados los tobillos y
porrazos hasta en los pies". Cantalejo ha contado también, en declaraciones a la
Cadena SER, que el teniente expedientado había sido objeto de una denuncia
anterior. La denuncia fue presentada el pasado 25 de febrero en un juzgado de El
Egido por un hombre que acusó al teniente de pegar fuertemente a su hijo
mientras estaba detenido.

ELPAIS.es
ELPAIS.es /AGENCIAS - Madrid / Almería

El tráfico clandestino de seres humanos en el Estrecho resulta
cada vez más desgarrador. La Guardia Civil interceptó el lunes una embarcación
en la que viajaban 20 adultos y 10 bebés subsaharianos, que desembarcaron en una
playa de Tarifa (Cádiz) pasadas las diez de la noche. Sólo una mujer embarazada
de ocho meses necesitó atención médica especializada. Los pequeños y sus madres
permanecen al cuidado de una ONG. En lo que va de año, Cruz Roja ha atendido en
Cádiz a 34 niños lactantes (de menos de 24 meses) llegados en patera. Uno de
ellos falleció en brazos de su madre en abril.
Hace años que por el Estrecho ya no cruzan propiamente
pateras, sino embarcaciones más rápidas y flexibles para navegar de orilla a
orilla. Pero también ha cambiado el perfil de sus ocupantes. Si antes sólo
viajaban adultos varones, al principio marroquíes, en los últimos tiempos ha
crecido la cifra de mujeres, menores no acompañados y bebés, casi todos
originarios de países de la llamada África subsahariana.

La barca interceptada el lunes por la Guardia Civil frente al
litoral de Tarifa (Cádiz) transportaba 3 hombres, 17 mujeres (dos de ellas
embarazadas) y 10 bebés, de entre 2 y 24 meses, que recibieron atención
sanitaria de la Cruz Roja al llegar a tierra. Una de las ocupantes de la patera
fue localizada posteriormente a 150 metros del lugar del desembarco.

Ninguno de los inmigrantes presentaba dolencias graves, según
el responsable de los equipos de respuesta inmediata de Cruz Roja en Cádiz,
Manuel Fénix, que les asistió en la playa Jabonera de Bolonia, donde desembarcó
el grupo.

Sólo una de las mujeres, embarazada de ocho meses, fue
trasladada al hospital Punta Europa de Algeciras debido a los mareos y a los
síntomas de hipotermia que presentaba, aunque recibió el alta a primera hora de
la mañana de ayer.

El resto de los inmigrantes, incluidos los 10 bebés, sus
madres y una segunda embarazada de pocos meses, no requirieron atención médica
especial. "Todos vienen en buen estado, aunque algunos tenían malestar general y
desnutrición", aseguró Fénix, que se sorprendió al observar cómo jugaban algunos
niños tras el desembarco. "Desde luego, ellos están ajenos al peligro de cruzar
el Estrecho", comentó.

Las 10 mujeres y sus bebés fueron trasladados a una casa
tutelada por una ONG, según informó la Consejería de Igualdad y Bienestar
Social. La expedición clandestina, a bordo de una lancha neumática semirrígida
de unos siete metros de eslora, fue avistada cerca de la playa Jabonera a las
22.17 por un navegante que alertó a la Guardia Civil.

El delegado del Gobierno en Andalucía, Juan José López Garzón,
explicó que el procedimiento administrativo que se sigue en estos casos será
similar al de cualquier inmigrante procedente de países con los que España
carece de acuerdo de repatriación: "Se les comunica la orden de expulsión y
saben que desde ese momento permanecen en un país del que tienen que salir". En
la práctica se convierten en inmigrantes que engrosan la bolsa de irregulares.

López Garzón descartó que la presencia de bebés, que ha
aumentado en los últimos años, obedezca a una estrategia diseñada por las mafias
que controlan el tráfico de inmigrantes entre Marruecos y España.

El defensor del pueblo andaluz, José Chamizo, calificó de
"escandaloso" que "el tráfico de seres humanos derive cada día más en niños".
Chamizo agregó que las autoridades marroquíes pueden realizar "más control" para
evitar la salida de embarcaciones.

Por otra parte, la Guardia Civil interceptó ayer, a las 8.00,
una patera con 24 inmigrantes a 20 millas al sur de rambla Guarea en
Gualchos-Castell de Ferro (Granada), informa Efe. A bordo de la embarcación,
interceptada por el SIVE (Servicio Integral de Vigilancia del Estrecho), iban
adultos marroquíes, que permanecerán en un centro de acogida del puerto de
Motril hasta su repatriación. Dos de lo inmigrantes recibieron asistencia médica
por heridas de escasa gravedad.

En lo que va de año la Guardia Civil ha interceptado frente a
la costa de Granada 1.500 extranjeros. La puesta en marcha del SIVE ha ayudado a
incrementar la cifra de embarcaciones localizadas.

ELPAIS.es
TEREIXA CONSTENLA - Tarifa

El portavoz de Inmigración del Grupo Socialista en el
Congreso, Antonio Hernando, calificó ayer de "máxima gravedad" el hecho de que
10 bebés llegaran en patera a la costa de Tarifa. "Este suceso supone un
agravamiento cualitativo, desde el punto de vista humanitario, del tráfico
ilegal de seres humanos que desde las costas marroquíes llegan a España", dijo
Hernando.

Para el diputado socialista, "es necesario que ambos
Gobiernos, el español y el marroquí, aceleren las medidas que recientemente han
acordado para impedir este tráfico diabólico de seres indefensos". Según
Hernando, "es muy preocupante que las personas que deseen emigrar se estén
jugando la vida en el Estrecho y en la costa canaria, pero es mucho más
dramático que en ese intento de emigración ilegal se estén poniendo en peligro
la vida de bebés recién nacidos que son mucho más vulnerables ante cualquier
accidente que puedan sufrir las embarcaciones en las que son trasladados".

Hernando valoró positivamente que el tráfico de pateras con
Marruecos "haya descendido un 18% respecto a años anteriores". "Pero mientras
sigan ocurriendo hechos tan lamentables como éste, será necesario que se
extremen las precauciones y los medios para evitar y prevenir posibles
desgracias", aseguró.

Compromiso de Rabat
El pasado 18 de julio, la secretaria de Estado de Inmigración,
Consuelo Rumí, se reunió con el director general de asuntos internos del
Ministerio de Interior marroquí, Mohieddin Amzazi. De esa reunión salió el
compromiso de Rabat de construir centros de acogida y formación para los menores
marroquíes que las autoridades españolas repatríen. Para ello, contará con la
ayuda técnica y financiera de España.

En opinión de Antonio Hernando, los Gobiernos de España y
Marruecos deben aplicar con el máximo rigor la legislación en materia de tráfico
de personas a las mafias que trafican con los inmigrantes, extorsionándoles y
poniendo en riesgo sus vidas. "Considero necesario que al tratarse de tráfico
migratorio de menores, la legislación penal de ambos países se aplique con la
máxima severidad a las mafias que extorsionan y ponen en riesgo la vida de estos
seres humanos", apuntó.

El presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, también
pidió a principios de junio al ministro del Interior marroquí, Mustafá Sahel,
que redoble sus esfuerzos en la lucha contra el paso de menores de edad en
pateras. El portavoz del Ejecutivo andaluz, Enrique Cervera, aseguró entonces
que la Junta "está profundamente preocupada" por el incremento de la llegada de
menores.

ELPAIS.es

Los inmigrantes interceptados cuando intentaban alcanzar las
costas españolas en patera disminuyeron un 17% en el primer semestre del año en
relación con el mismo periodo de 2004. Una tendencia a la baja que se viene
dando desde principios del año pasado, durante el cual el número de extranjeros
detenidos cayó un 18%. El perfil de los ocupantes de estas embarcaciones ha
variado. Llegan más mujeres y más menores. En lo que va de año han arribado a
Cádiz 34 bebés.
En los seis primeros meses del año, un total de 4.532
extranjeros fueron detenidos cuando intentaban alcanzar llegar a las costas
españolas en estas embarcaciones. De ellos, 1.721 fueron arrestados en las Islas
Canarias y 2.811 en la zona del Estrecho. El año anterior habían se habían
contabilizado un total de 5.481.

Respecto a las zonas a las que llegan los extranjeros, los
últimos datos facilitados por la Secretaría de Estado de Inmigración y
Emigración indican que mientras el número de inmigrantes interceptados en
Canarias desciende un 46%, en el Estrecho aumenta un 24%. El descenso del 17%
del número de inmigrantes interceptados en el primer semestre esconde también un
dato llamativo: la evolución en los últimos tiempos del perfil de los ocupantes
de las barquillas. Mujeres, muchas veces en avanzado estado de gestación,
menores y bebés, comienzan a ser una constante en este penoso método para llegar
a España en busca de un futuro mejor.

Otros datos, en este caso facilitados por la Comisaría General
de Extranjería, indican una avalancha de menores marroquíes no acompañados
llegados en barquillas. En los seis primeros meses del año ya han salido del
país vecino más extranjeros de menos de 18 años que en todo 2004. Un 123% más,
hasta alcanzar los 365.

Una situación que ha colapsado los centros asistenciales de
varias comunidades autónomas. El motivo de esta avalancha es que los menores, al
contrario que los adultos, que son devueltos a Marruecos en 24 horas, están
protegidos por una legislación nacional e internacional. Con esta legislación,
los menores no acompañados son tutelados por la comunidad autónoma de acogida,
en cuyos centros viven hasta que cumplen la mayoría de edad y obtienen el
permiso de residencia, o bien hasta que las autoridades localizan a sus
familiares y proceden a su repatriación.

Actualmente hay unos 9.150 menores no acompañados que viven en
España bajo la tutela del Estado y de estos, unos 4.100 son marroquíes. Las
redes mafiosas de tráfico de seres humanos, conocedoras de esta legislación,
ofrecen a las familias el traslado de los menores con la seguridad de que es
casi imposible que sean devueltos a su país.

También se ha detectado un aumento del número de bebés. Sólo
en las costas de Cádiz, en lo que va de año, han sido interceptados 34 lactantes
(incluidos los 10 llegados ayer), según informa Efe citando fuentes de Cruz
Roja.

La mayoría de las mujeres que llegan a la costa gaditana con
sus pequeños proceden del África subsahariana. Uno de los episodios más trágicos
se vivió el pasado abril, cuando un bebé fallecía en los brazos de su madre
durante el trayecto en patera.

Una vez que llegan a suelo gaditano, las madres y sus hijos
son trasladados al Centro de Atención de Inmigrantes de Tarifa, dependiente de
la parroquia de San Mateo de este municipio, donde se les proporciona ropa y
comida hasta que tramitan su documentación.

ELPAIS.es

La muerte es la primera de este tipo desde que Marruecos elevó
las medidas para luchar contra la emigración ilegal, en un intento de satisfacer
las peticiones de la Unión Europea.

La víctima, no identificada, resultó muerta el lunes después
de que miembros de las fuerzas de seguridad magrebíes dispararan al aire para
poner fin a los enfrentamientos con un grupo "particularmente violento" de
aspirantes a emigrar que estaban armados con espadas y cuchillos, dijo la radio
estatal.

Los enfrentamientos estallaron después de que las fuerzas de
seguridad impidieran un intento de zarpar a costas españolas de 72 marroquíes,
desde un área cercana a la ciudad de Nador, agregó el medio.

La asociación Amigos y Familiares de Víctimas de Emigración
Clandestina (AFVIC) dijo que el incidente fue el primero de este tipo tras
enfrentamientos.

Melilla Hoy
Por : M. Hamed

Un informe publicado hoy por la organización humanitaria
detalla el caso de Salah Nasser Salim Ali y Muhammad Faraj Ahmed Bashmilah, dos
yemeníes detenidos durante 18 meses por EEUU en una prisión secreta de Jordania.

Encadenados sin ver la luz

AI asegura que los detenidos, residentes en Indonesia, están
encadenados, sin ver la luz solar y sin poder contactar con familiares o
abogados.

Ambos relataron a AI que fueron torturados durante cuatro días
por los miembros del servicio de inteligencia jordanos antes de ser enviados por
avión a prisiones subterráneas no identificadas donde permanecieron durante más
de año y medio sin haber sido acusados de delito alguno.

Ahora se encuentran en una prisión de Yemen, detenidos por las
autoridades del país, que -siempre según AI- reconocen que no se han formulado
cargos contra ellos y que, por lo tanto, no hay razón para que tengan que
permanecer encarcelados.

AI reclama la liberación inmediata de ambos, a no ser que sean
inculpados por alguna infracción prevista por la ley y que sean juzgados a
través de un procedimiento justo.

Nuemrosas detenciones secretas

"La situación de estos dos hombres es sólo un ejemplo más de
las numerosas detenciones secretas que están llevando a cabo las autoridades
estadounidenses en todo el mundo", aseguró la investigadora de AI, Sharon
Critoph, que se ha entrevistado con los citados yemeníes.

En su opinión, Washington debe revelar la identidad de todas
las personas detenidas secretamente, concretar los lugares de encarcelamiento y
permitir una inspección internacional en los mismos. También cree que los países
que colaboran en estas violaciones son responsables de esta situación.

ELPAIS.es
EFE - Lausana

Desde el pasado 7 de julio, en que murieron 56 personas en
Londres a causa de los atentados, la policía ha registrado 273 incidentes de
índole religiosa, la mayoría contra musulmanes, incluyendo ataques físicos y
daños contra la propiedad, indicó ayer Scotland Yard. A pesar de que decenas de
agentes protegen las mezquitas y más guardias que nunca patrullan las calles y
estaciones, los ataques en el último mes han sido mucho más numerosos que en el
mismo periodo de 2004, cuando sólo se produjeron 40 "incidentes" similares.
En los tres días posteriores al 7 de julio, la policía de
Londres registró 68 denuncias por agresiones a causa de "odio religioso",
mientras que en el mismo periodo del año anterior no se produjo ninguna.

"Ha habido un pequeño incremento de delitos relacionados con
la religión tras el 7 y el 21 de julio", indicó un portavoz de Scotland Yard.
"Pero ese aumento se puede deber a que la policía ha mejorado sus métodos
estadísticos y ha desglosado los delitos raciales y los religiosos", añadió.

Desde el 6 de julio al 1 de agosto del año pasado los
incidentes en Londres, tanto por odio racial como religioso, se situaron en
1.324 frente a los 1.432 en el mismo periodo de este año. Los incidentes por
razones de fe (no sólo islamofobia) ascendieron de 41 a 273.

"Los delitos por cuestiones de religión se elevaron durante
los días posteriores al 7 y 21 de julio, pero ya no se han vuelto a registrar
las mismas cotas que tras el 7 de julio", indicó ayer un portavoz de Scotland
Yard. "Queremos recalcar que no ha habido asesinatos, ni intentos de asesinatos,
ni desórdenes, ni daños muy graves" desde los primeros atentados en Londres,
añadió.

"Estamos trabajando estrechamente con los líderes de
comunidades étnicas y religiosas. El incremento de las denuncias puede ser visto
también como un reflejo de que las diversas comunidades de Londres tienen la
suficiente confianza en la policía como para tomar en serio esos incidentes",
señaló la citada fuente.

La mayoría de las denuncias, según Scotland Yard, se
produjeron tras "agresiones verbales, daños físicos y otros hechos no
violentos". Ninguna de esas agresiones fueron letales, pero la policía reconoce
el "efecto desproporcionado que puede ocasionar en las víctimas", indicó la
citada fuente. "Nosotros animamos a cualquiera que sufra o presencie cualquier
tipo de agresión xenófoba a que nos llame. Todas las denuncias serán
investigadas por agentes especializados en la materia y supervisada por un
representante de la comunidad".

La publicación de estas cifras llega cuando aún se hacen eco
los periódicos en sus primeras páginas del crimen de Anthony Walker, un
estudiante de 18 años muerto en la noche del viernes al sábado de un hachazo en
la cabeza en Liverpool cuando acompañaba a su novia a la estación.

La causa, según la policía, sólo es racial. Era negro. Dos
hombres blancos, de 17 y 20 años, se entregaron ayer a la policía en el
aeropuerto de Liverpool, al que llegaron desde Amsterdam, como sospechosos del
asesinato. Uno de ellos, el más joven, es hermano del jugador del Manchester
City Joey Barton, quien emitió un mensaje por televisión pidiéndole a su hermano
que se entregase.

Por otra parte, un hombre de 23 años, Ismael Abdurahman ha
sido el primer inculpado formalmente por la policía por los atentados del 21 de
julio. Abdurahman, residente de Kennington en el sur de Londres, tendrá que
comparecer hoy ante la justicia. La policía lo acusa de haber retenido "entre
los días 23 y 28" informaciones clave para detener o perseguir a terroristas que
perpetraron los atentados.

La policía ha detenido hasta el momento a 37 personas
relacionadas con los ataques terroristas, de las cuales 23 fueron puestas en
libertad sin cargos y 14 permanecen aún bajo custodia.

ELPAIS.es
FRANCISCO PEREGIL (ENVIADO ESPECIAL) - Londres

El Gobierno ha tomado hoy varias medidas para hacer frene al
escándalo desencadenado por la muerte de un detenido en el cuartel de la Guardia
Civil de Roquetas del Mar (Almería). El teniente J. M. R., que se encontraba al
mando en el momento de los hechos, ha sido suspendido de empleo durante seis
meses, al igual que los otros ocho agentes imputados por el juez. A todos ellos
se les ha abierto expediente. El ministro de Interior, José Antonio Alonso,
comparecerá el 17 de agosto ante el Congreso para dar a conocer los resultados
de la investigación sobre este suceso.
El agricultor Juan Martínez Galdeano, de 39 años, falleció el
24 de julio después de que cuatro agentes le redujeran por la fuerza (le tiraron
al suelo y cayeron sobre su pecho) a las puertas del puesto del instituto armado
de esa localidad almeriense (con 28.000 habitantes), según la versión de la
Guardia Civil. La autopsia relacionó de forma directa la muerte de Galdeano, que
acudió al cuartel tras sufrir un incidente de tráfico, con su detención, y
detalló marcas en su cuerpo que parecían fruto de haber recibido una paliza.

En un primer momento el Gobierno consideró que el cargo
político que debía explicar en el Congreso estos hechos debía ser el secretario
de Estado de Seguridad, Antonio Camacho. Sin embargo, las conversaciones
telefónicas mantenidas hoy por el presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez
Zapatero (de vacaciones en Lanzarote), y los ministros de Defensa, José Bono, e
Interior, José Antonio Alonso, han terminado con la decisión de que sea éste
último el que acuda a la Comisión de Interior de la Cámara Baja el próximo 17 de
agosto.

Además, Defensa e Interior han acordado suspender a los
agentes implicados (el teniente, siete números y un alumno de la Guardia Civil)
supuestamente en la muerte de Galdeano, en un intento de actuar "con la máxima
firmeza y el máximo rigor" para "corregir conductas inaceptables en un Estado de
Derecho", según han informado fuentes oficiales a la agencia de noticias Efe.

Es Defensa el departamento competente para imponer estas
sanciones (debido a la naturaleza militar del instituto armado), aunque el
pasado 26 de julio Interior suspendió "de manera fulminante" al teniente
(entonces, por tres meses) y le abrió un expediente por usar dos armas no
reglamentarias para reducir al detenido. De esta forma, el militar acumula dos
expedientes. Además, en estos momentos hay dos investigaciones abiertas, una
interna y otra judicial (en Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1
de Roquetas, al cargo de Estefanía López); si la juez decidiera procesar al
teniente, se paralizaría el trámite administrativo.

ELPAIS.es
ELPAIS.es / AGENCIAS - Madrid / Roquetas de Mar

La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) calificó a
Marruecos de "país enemigo" y pidió, en una querella en marzo de 2004, el
control "de individuos de raza árabe", tal como figura en el sumario del 11-M.
Éste es uno de los motivos alegados por la Asociación 11-M. Afectados de
Terrorismo en su recurso al auto del juez de la Audiencia Nacional Juan del
Olmo, en el que el magistrado que instruye el caso de los atentados de Madrid
indicaba que si la asociación de Pilar Manjón quería personarse como acusación
popular debía hacerlo bajo la representación legal y dirección jurídica de la
AVT.
En ese auto, dictado el 26 de julio, el magistrado aludía a
"una convergencia de intereses de todas las asociaciones personadas". La
asociación presidida por Pilar Manjón, en el recurso de apelación, al que ha
tenido acceso EL PAÍS, y que fue enviado el pasado viernes al juez, considera
por el contrario que existe una "pública y notoria divergencia" en sus
planteamientos respecto al proceso, que considera "inasumibles", y subraya una
incompatibilidad "absoluta y radical" entre los intereses procesales y los
puntos de vista de ambas asociaciones. Para justificar que "no existe ni la más
mínima sintonía ni puntos de vista en común", los abogados de la Asociación 11-M
hacen referencia en su escrito a "la única actuación procesal" de la asociación
de Alcaraz en el caso de la que tienen constancia, y que está incluida en el
sumario de los atentados de los trenes.

Se trata de una querella presentada el 12 de marzo de 2004, y
rechazada por el juez del Olmo a finales de ese mismo mes, en la que la AVT pide
la responsabilidad en los hechos de dirigentes de la organización terrorista ETA
que se encontraban en prisión desde hace varios años, así como la
responsabilidad "de quienes se amparan bajo las siglas de KAS y ETA con todo su
entramado, asociaciones políticas, juveniles, sindicales, gestoras de familiares
de presos ilegales y organizaciones afines".

La asociación de Manjón también se refiere a la ampliación de
esta querella, el 23 de marzo de 2004. En ésta, la asociación de Alcaraz se
refiere a "países de religión musulmana y enemigos del orbe cristiano" o
"elementos marroquíes conceptuados siempre como enemigos de nuestra nación en
todos los aspectos". Otras medidas que la AVT reclamaba son "la inmediata
clausura de la mezquita de la M-30 , previa entrada y registro a cualquier hora
del día y de la noche" y "la entrada y registro de todos aquellos locales que se
denominen mezquitas o centros culturales islámicos".

Estricta vigilancia

Pero también se requería "el listado de todos aquellos
individuos de raza árabe que legalmente hayan entrado en nuestro país, así como
todos aquellos que hayan sido controlados como inmigrantes ilegales al acceder a
nuestras costas desde un país enemigo como es Marruecos", y, por último, el
control "de cualquier ciudadano marroquí en su entrada o salida, dando cuenta de
ello a la Audiencia Nacional".

En su recurso, la Asociación 11-M considera estas posturas
"radicalmente incompatibles" con sus ideas y advierte de los problemas que
originarían estas posturas divergentes, de acudir de forma conjunta, a la hora
de plantear recursos, valorar figuras como cómplices o encubridores, etc.

Manjón, que indicó ayer que acudirán a todas las instancias
judiciales para que su recurso prospere, recalcó que la intención de sus
asociados es conocer la verdad, saber qué pasó, quiénes son los culpables. "No
queremos cerrar mezquitas ni que se siga intentado inculpar a ETA. El juez del
Olmo no ha encontrado ni un solo vínculo de la banda con los atentados", agregó
Manjón, que recordó también que muchos de sus asociados son musulmanes. Y zanjó:
"No tenemos nada que ver con los planteamientos de la AVT. No vamos a jugar
banderas partidarias, porque estamos hablando de que no tenemos con nosotros a
192 personas. Eso es lo que nos toca defender con una voz propia".

Los abogados de la Asociación 11-M también alegan que si en su
día se constituyó una asociación específica y de carácter mayoritario "era
porque ni los planteamientos éticos y jurídicos eran coincidentes con ninguna de
las asociaciones existentes". La asociación de Manjón recuerda además que las
posturas radicalmente diferentes mantenidas respecto a instituciones del Estado
y "las posturas abiertamente enfrentadas" respecto a la Comisión del 11-M hacen
imposible la personación bajo la representación legal de la AVT.

El recurso concluye que, de no atenderse su demanda, decenas o
centenares de sus asociados "al no verse representados por la AVT, pueden acabar
personándose de forma individual pudiendo provocar un auténtico y real colapso
del procedimiento".

Preguntado por el recurso, Alcaraz indicó: "No voy a entrar a
hacer valoraciones". En su opinión, es la Audiencia, "que siempre ha actuado así
-agrupando las distintas peticiones de acusación popular en una-, quien debe
decidir si es esto es posible en este proceso". Sin embargo, en declaraciones a
Servimedia manifestó que "acusación popular sólo hay una" y que ésta corresponde
a la AVT.

ELPAIS.es
E. GRANDA - Madrid

El teniente de la Guardia Civil de Roquetas de Mar (Almería)
que ha sido suspendido de forma cautelar por parte de la Dirección General de la
Guardia Civil por el fallecimiento de un hombre en el cuartel de esta localidad
fue objeto, en febrero, de una denuncia por maltrato. La denuncia la interpuso
Juan Manuel San Martín, padre de Juan Antonio San Martín (21 años). El juzgado
no ha tramitado ni una sola diligencia, según los denunciantes. La acusación del
caso del agricultor fallecido el 24 de julio utilizará la denuncia de San Martín
como prueba "para pedir responsabilidades a la justicia".
Juan Manuel San Martín interpuso una denuncia por maltrato en
el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de El Ejido (Almería)
contra el teniente de la Guardia Civil de Roquetas José Manuel R. el 25 de
febrero pasado. "Fui a El Ejido porque en el juzgado de Roquetas lo mangonea
todo el teniente. Pero no se ha hecho ni una sola diligencia desde febrero",
explica Juan Manuel. En la denuncia se deja constancia de que su hijo "fue
detenido y maltratado por el teniente de la Guardia Civil de Roquetas de Mar" y
que, estando esposado, "le pegaron todo lo que quisieron".

El 24 de febrero, el joven San Martín conducía su vehículo por
la carretera de Alicún, de Roquetas de Mar, cuando un vehículo de la Guardia
Civil se puso tras él con la sirena encendida. "Ni siquiera me dio la señal de
alto. Me siguió sin más y al pasar la rotonda me encuentro que me está apuntando
con la pistola", explica el joven. Cuando paró, el teniente, según cuenta, le
sacó del coche, le empezó a golpear y le puso los grilletes. Fue entonces cuando
uno de ellos gritó: "Tíralo a la carretera y que le atropelle un coche". Según
explican Juan Antonio y su padre, la presencia de varios testigos impidió a los
agentes actuar en este sentido. "No lo mataron porque había testigos; si no, lo
habrían hecho. Contamos con esos mismos testigos cuando se celebre el juicio
algún día", asegura Juan Manuel.

"Allí mismo me pegaron una buena manta. Mi novia se asustó y
el otro que iba con él la cogió y le tiró del pelo. Me subieron esposado al
coche y me llevaron a un cañizo para pegarme más antes de llevarme a la Policía
Local", narra Juan Antonio. El joven asegura que el teniente le seguía "pegando
cates" mientras hacía la prueba de la alcoholemia delante de los policía
locales. "En la misma policía me pegó con la porra en las costillas y yo ya no
pude aguantar más y le di un cabezazo", reconoce. Juan Antonio San Martín, que
exigió que le hicieran pruebas toxicológicas en el Hospital del Poniente, pasó
tres días en el calabozo con palizas intermitentes a cuenta siempre del
teniente, según relata. "En un cuarto que tienen en el cuartel el teniente me
llegó a sacar la pistola y me la puso en la cabeza y en mis genitales. Era sólo
él. Todos los demás guardias civiles me trataron muy bien. Me animaban y me
daban cigarrillos", describe.

La intervención de un guardia civil subordinado al teniente
evitó que Juan Antonio recibiera una nueva paliza al tercer día de arresto: "Era
un guardia civil jovencillo, pero el más valiente de todos, porque le dijo: 'Mi
teniente, como le toque otra vez le denuncio'. Y entonces fue cuando me amenazó
de muerte con estas palabras: 'Sé dónde vives y te voy a encontrar. Si no voy yo
mandaré a dos tíos para que te encuentren en una zanja". Este hecho también
consta en la denuncia interpuesta en el juzgado ejidense.

Juan Antonio San Martín cuenta con partes médicos del hospital
-exigió ir al centro médico después de cada paliza- así como análisis
toxicológicos que dieron negativo. "A mí me puso en el expediente que iba
conduciendo en zigzag, esquivando coches y con maniobras bruscas, que portaba
una navaja y que llevaba una bolsa de coca. Todo falso, por eso exigí que me
hicieran pruebas", explica. El joven se lamenta de que también fuera el teniente
del cuartel de Roquetas el que hiciera la declaración a su novia. Además, el
padre no pudo ver a su hijo hasta el día siguiente al arresto. "Fui a la policía
municipal y no me lo dejaron ver. Al día siguiente, cuando amenacé con ir al
juzgado de guardia, me dejaron verlo dos minutos. Le pedí que se bajara los
pantalones y se quitara la camisa y estaba lleno de moratones", dice el
progenitor. Juan Antonio salió al tercer día tras la llamada de su abogado.

La familia San Martín también denuncia que el teniente
patrulla en sus guardias sin la identificación correspondiente a su rango y bajo
un seudónimo. "Se hace llamar Sebastián y lleva uniforme raso, sin las dos
estrellas que indican que es teniente", remachan.

ELPAIS.es
M. J. LÓPEZ DÍAZ - Almería

El agricultor Juan Martínez Galdeano falleció a las 17.50 del
24 de julio minutos después de que cuatro guardias civiles lo tirasen al suelo y
cayeran sobre su pecho para reducirlo a las puertas del cuartel de Roquetas de
Mar (Almería), según la primera versión oficial de la Guardia Civil. Fue
entonces cuando Martínez, que estaba esposado, empezó a sentir síntomas de
asfixia. La juez tomó ayer declaración a tres de los nueve agentes que han sido
citados como imputados, quienes han declarado que emplearon "la violencia
proporcional a las circunstancias".
Martínez llegó al puesto de Roquetas de Mar a las 16.30 del 24
de julio muy excitado. Les contó a los guardias que había tenido un incidente de
tráfico en el casco urbano de la localidad (con una población de 28.000
habitantes, que casi se triplica en verano) con un grupo de personas de etnia
gitana. Según fuentes oficiales de la Guardia Civil, Martínez, de 39 años, dijo
que sus perseguidores le querían matar y que su excitación se debía a que "había
consumido drogas desde el día anterior".

Minutos después llegaron al cuartel dos coches con varios de
los supuestos implicados en el altercado de tráfico. Martínez se quedó en el
interior de las dependencias, mientras los agentes conminaban a los
perseguidores a marcharse y a que presentaran denuncia ante la Policía Local, al
tratarse de un asunto circulatorio ocurrido en el interior del casco urbano. De
regreso, Martínez fue informado de que iba a ser llevado hasta las dependencias
de los agentes urbanos para ser sometido a una prueba de alcoholemia.

Según la citada versión, en ese momento el agricultor intentó
huir y mostró una actitud muy agresiva. Los guardias de servicio, incluido el
teniente que estaba al mando (José Manuel R.), lo redujeron y lo ataron de pies
y manos. "Era un hombre de gran corpulencia, de 1,90 de estatura y unos 100
kilos de peso", según las fuentes consultadas. Fue en ese momento cuando,
supuestamente, el teniente lo golpeó en varias ocasiones con una porra
eléctrica, que no es ilegal pero no forma parte de la dotación de defensas del
instituto armado desde 1991 y, por lo tanto, no es reglamentaria.

Sobre el pecho
El agricultor pasó a estar detenido bajo la acusación de
"atentado y resistencia a la autoridad". Poco antes de las 17.15, Martínez fue
conducido esposado al exterior del acuartelamiento por tres agentes que
pretendían introducirlo en un vehículo oficial para conducirlo a la Policía
Municipal. La versión oficial explica que mientras un guardia abría la puerta,
el agricultor se zafó, derribó a dos agentes e intentó huir. Los funcionarios
pidieron ayuda y acudieron dos compañeros más de los nueve que en ese momento
estaban en el puesto de Roquetas (la plantilla media de este acuartelamiento es
de 60 miembros del instituto armado).

Los cuatro funcionarios lo derribaron al suelo. Martínez cayó
de espaldas y sobre él se precipitaron los agentes. Los investigadores del
asunto sospechan que fue en ese momento, posiblemente debido a que uno de los
guardias cayó con la rodilla sobre el pecho del agricultor, cuando se produjo la
fractura del esternón de éste. De hecho, fue en ese instante en el que, según
esta versión, el detenido comenzó a sentir síntomas de asfixia.

Los informes del puesto de Roquetas de Mar aseguran que los
agentes llamaron entonces al centro de salud de la localidad y al 061 hasta en
cuatro ocasiones para pedir asistencia médica. Pero, indican, en ese momento no
había ambulancias disponibles, por lo que un agente fue a buscar a un médico en
un vehículo oficial. Finalmente, llegó la asistencia que, tras intentar reanimar
a Martínez, sólo pudo certificar, a las 17.50, el fallecimiento por parada
cardiorrespiratoria. Cuatro agentes fueron atendidos de mordeduras, fracturas de
dedos y otros traumatismos.

Toda la actuación en el exterior del acuartelamiento ha
quedado grabada en las cámaras de vídeo que vigilan el perímetro del
acuartelamiento de Roquetas. Su visionado corroborará o desmentirá esta versión.
La juez Estefanía López, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 1 de la localidad, ha citado como imputados a los nueve agentes que
participaron o estaban presentes en el momento de la muerte en el
acuartelamiento; entre ellos, el teniente, quien ha sido apartado del servicio y
al que se le ha abierto una investigación interna.

Ayer ya declararon tres de los agentes, quienes según su
abogado, Gustavo Arduán, utilizaron contra el detenido "una violencia
proporcional a las circunstancias" y que "no hubo agresividad activa". La
autopsia al cadáver no ha establecido las causas exactas de la muerte, aunque sí
refleja que el fallecimiento estuvo relacionado con la detención.

Según Arduán, la autopsia ni ha determinado que hubo agresión
ni que el fallecimiento fuera directamente provocado por la actuación de los
agentes. "Hay otras concausas", aseguró. Por el contrario, el abogado de la
familia del fallecido, José Ramón Cantalejo, sostiene que hubo "una
extralimitación de la Guardia Civil" y que la autopsia revela "que la muerte se
debió a la paliza que le pegaron, porque el cuerpo presenta golpes en todos los
miembros y es un verdadero recital de lesiones".

El fallecido, casado y con un hijo, será enterrado hoy en
Roquetas de Mar, once días después del fallecimiento.

ELPAIS.es
JORGE A. RODRÍGUEZ / MARÍA JOSÉ LÓPEZ DÍAZ - Madrid / Almería

Juan Martínez Galdeano, el agricultor fallecido el pasado 24
de julio en el cuartel de la Guardia Civil de Roquetas de Mar, ha sido enterrado
esta mañana en un cementerio de esa localidad almeriense. El entierro ha
culminado con abucheos al Instituto Armado a las puertas del cuartel y con
peticiones de "justicia" ante el Juzgado de Instrucción número 1 que instruye el
caso.
Varias decenas de vecinos que regresaban del cementerio de San
Jerónimo, donde descansan ya los restos del agricultor, se concentraron en la
plaza del Ayuntamiento, donde mantuvieron cinco minutos de silencio y desde
donde se dirigieron a las puertas del cuartel de la Guardia Civil. Allí, los
manifestantes profirieron gritos de "canallas", "criminales", "asesinos" y
"perros" contra los agentes del Instituto Armado, a quienes culpan de haber
tratado a Juan Martínez "como a un perro", a pesar de ser "una persona
trabajadora e inocente", según un portavoz de los concentrados.

Desde las dependencias de la Guardia Civil, un grupo más
reducido de personas se trasladó al edificio de los juzgados, donde pidieron a
gritos "la verdad", mientras exigían "justicia" para que los presuntos
responsables de la muerte del agricultor "no anden sueltos por ahí".

Previamente, en el camposanto se vivieron escenas de dolor
cuando el cuerpo de Juan Martínez era sepultado y su viuda, de origen marroquí,
tenía que ser atendida al sufrir un desvanecimiento. Durante la misa funeral, el
párroco de la iglesia de Nuestra Señora del Rosario, Pedro Pérez, que ofició la
ceremonia, destacó el suceso "imprevisible" que ha acabado con la "muerte
inesperada" de este vecino del barrio de las 200 Viviendas, y consoló a "esposa,
padres, hermanos y demás familiares del difunto". "En la vida hay momentos
tristes y dolorosos, horas en las que el corazón llora, como éste que está
viviendo la familia de Juan", comentó el sacerdote durante la homilía.

El cura añadió que "es muy difícil y, en estos momentos, es
más difícil hablar a una familia que llora la muerte de un hijo" que ha pasado
sólo "39 años entre nosotros". "Hace diez días dejaba este mundo en
circunstancias realmente dolorosas", dijo, al tiempo que confió en que "su vida
no haya acabado para siempre" porque "más allá de la vida corporal hay una vida
verdadera". La eucaristía ha contado con la asistencia del presidente de la
Asociación de Jóvenes Agricultores de Almería (Asaja), Francisco Vargas, y de
representantes de formaciones políticas como el edil socialista Federico del
Águila y el senador del PSOE por Almería José Miguel Peña.

ELPAIS.es
EFE - Almería

Roquetas de Mar ya fue protagonista en 1981. Allí detuvo la
Guardia Civil, el 10 de mayo, a Luis Montero, Luis Cobo y Juan Mañas, cuando
viajaban en coche desde Santander. En época de plena actividad de ETA, un vecino
les confundió con etarras. Hacía dos meses del 23-F y tres días del asesinato
del general Valenzuela. El día después de la detención de los jóvenes,
aparecieron sus cadáveres. Habían sido torturados en un cuartel almeriense
abandonado. Los habían despedazado y metido en un coche, al que habían prendido
fuego. Años después, el Supremo condenó al teniente coronel Castillo Quero,
promotor del linchamiento, a 24 años de cárcel. Pero testimonios posteriores
indicaron que no se había juzgado a todos los responsables.

El Periódico de Aragón

La Guardia Civil ha interceptado esta noche en aguas del
Estrecho un barco con al menos 145 inmigrantes indocumentados a bordo. Al
parecer, se trata de un pesquero de unos 30 metros de eslora en el que podrían
haber embarcado inmigrantes de origen indio en un puerto de Mauritania.
En estos momentos, la Guardia Civil está remolcando la
embarcación al puerto de Algeciras (Cádiz), donde llegará en torno a las 22.00.
Efectivos de la Guardia Civil y la Cruz Roja han montado un dispositivo de ayuda
en el puerto gaditano para atender a los inmigrantes, cuyo estado se desconoce.

ELPAIS.es
CÁNDIDO ROMAREDA / ELPAIS.es - Algeciras (Cádiz)

"Había algo ilegal, algo raro" en aquella escena. Desde la
cafetería situada frente al cuartel de la Guardia Civil de Roquetas del Mal
(Almería), siete clientes y una camarera observaban como "cada vez salían más
agentes" del edificio para unirse a la brutal paliza que estaban propinando a un
individuo que les había "empujado y agredido". "Iba a matar a ese hombre",
cuenta la camarera, pero nadie intervino "porque era la Guardia Civil". Tres
cámaras del cuartel grabaron parte de lo que allí sucedió, pero no los golpes,
porque un agente, señalando con el dedo una de ellas, indicó a sus compañeros
que se llevaran a la víctima fuera de su alcance.
"Con un poco de miedo".

La camarera, que ha contado lo que vio sin revelar su nombre a
la agencia de noticias Efe "para ayudar a la familia" y pese a que le da "un
poco de miedo", explica que el 24 de julio, poco después de las cuatro de la
tarde, vio como un hombre "fuerte" "empujaba y agredía a los agentes". Ese
hombre era Juan Martínez Galdeano, que murió a las 17.50 después de que cuatro
guardias civiles lo tirasen al suelo y cayera sobre su pecho, para reducirlo a
las puertas del cuartel, según la versión oficial del instituto armado. La juez
Estefanía López, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1
de la localidad, ha citado como imputados a los nueve agentes que participaron o
estaban presentes en el momento de la muerte.

Perseguido tras el accidente.

Martínez Galdeano, de 29 años, llegó al cuartel a las 16.30,
muy excitado, según dijo porque llevaba consumiendo drogas varias horas. Contó a
los guardias que había tenido un accidente de tráfico en el casco urbano de la
ciudad (que tiene 28.000 habitantes, aunque en verano su población casi se
triplica) con un grupo de gitanos, y que éstos le perseguían; en efecto, poco
después aparecieron dos coches con varios supuestos implicados en el accidente,
pero la Guardia Civil les conminó a marcharse. Luego los agentes le indicaron
que iban a llevarle a las dependencias de la Policía Local para hacerle una
prueba de alcoholemia.

La versión oficial de los hechos.

Fue entonces cuando, según la versión oficial, Martínez trató
de huir, agredió a los agentes ("era un hombre de gran corpulencia, de 1,90 de
estatura y unos 100 kilos de peso", según las fuentes consultadas por EL PAÍS).
A las 17.15, arrestado por "atentado y resistencia a la autoridad", fue
conducido esposado al exterior del edificio para meterle en un coche y llevarle
ante la Policía Local. La versión oficial indica que el agricultor se zafó
mientras un agente abría la puerta, derribó a dos guardias civiles y trató de
huir de nuevo. Los funcionarios pidieron ayuda a sus compañeros; cuatro lograron
derribarle de espaldas, y según la versión oficial ése pudo ser el momento de la
muerte, cuando uno de los guardias cayó con la rodilla sobre el pecho del
agricultor, le rompió posiblemente el esternón y comenzó a ahogarse.

"Muchos agentes frente a uno solo".

El relato de la camarera confirma el intento de agresión de
Martínez Galdeano y cómo los agentes respondieron, según ella "con patadas y
puñetazos". Fueron "muchos agentes frente a uno solo, porque cada vez salían
más, por lo que acabaron ganando", añade; "no todos los agentes pegaban, pero sí
la mayoría, que propinaba patadas y puñetazos, aunque no pude ver en qué parte
del cuerpo porque estaba tirado en el suelo". Mientras, en el bar, "nadie hizo
un gesto para que parasen hasta el final, cuando se llevaron las manos a la
cabeza como diciendo '¡Dios mío! ¿Qué ha pasado?'". Según su relato, fueron 40
minutos de paliza, a los que siguieron otros 20 de maniobras de reanimación
infructuosas.

Tres cámaras como testigos.

La actuación en el exterior del acuartelamiento ha quedado
grabada en las cámaras de vídeo que vigilan el perímetro del acuartelamiento de
Roquetas. La Cadena Ser ha tenido acceso a la trascripción de lo que en ellas se
ve, un documento puesto ya en manos del juzgado, aunque en un primer momento la
Guardia Civil anunció que lo había hecho sin que fuera así. La grabación recoge
los hechos entre las 16.10 y las 18.20; dos de las cámaras estaban en el patio
del cuartel, y la otra justo en la puerta de entrada.

Sin pantalones tras el forcejeo.

En las imágenes se observa como llega Martínez Galdeano, "con
la camisa manchada a la altura del abdomen". Entre las 16.15 y las 16.35 se
registra un forcejeo entre el agricultor y una pareja de agentes, que "intentan
meterlo en las dependencias oficiales"; en el curso de esa pelea la víctima
pierde sus pantalones. A las 16.38 aparece el "jefe de la unidad", el teniente
José Manuel R., vestido de paisano.

Fuera del alcance de la cámara.

La cámara ubicada en la puerta de acceso de los vehículos
oficiales empieza a grabar a las 17.09. Dos minutos después capta "el fuerte
forcejeo" de los guardias civiles al tratar de meter en el coche al agricultor,
y cómo éste se desploma. A las 17.17, uno de los "agentes arrastra al detenido
hacia la parte izquierda trasera del vehículo, fuera del ángulo de visión de la
cámara". Poco antes, "el guardia más veterano indica al resto la ubicación de la
cámara que les está grabando". A las 17.42, 25 minutos después de salirse del
ángulo de grabación, un agente sale del recinto con guantes de plástico en las
manos y vuelve a entrar en el cuartel. La tercera cámara recoge la llegada un
minuto después de la ambulancia, 45 minutos en llegar después de la paliza. A
las 18.04 llega una UVI, que se retira cinco minutos después sin llevarse ningún
herido. Para entonces Martínez Galdeano ya estaba muerto.

Medios "racionales y necesarios".

Tres de los nueve agentes imputados han explicado hoy a la
juez que se emplearon medios "necesarios y racionales" para reducir a Martínez
Galdeano, según ha dicho su abogado, Gustavo Arduán. "La mayoría de los miembros
[de la Guardia Civil] que intervinieron usaron exclusivamente sus manos y la
fuerza física de su cuerpo para tratar de reducir e inmovilizar" al fallecido,
ha añadido Gustavo Arduán. El abogado de la acusación, José Ramón Cantalejo,
afirma que se "autoexculparon" y dieron una versión sobre la "intervención
directa" sin acusarse unos a otros.

ELPAIS.es

Un repaso a la autopsia del cadáver de Juan Martínez Galdeano
refleja la gran cantidad de lesiones que tenía el fallecido. Prácticamente en
todas las zonas de su cuerpo los dos forenses del Instituto de Medicina Legal de
Almería encontraron hematomas, equimosis (moratones) y erosiones.
En la cabeza aparecen hematomas en las cejas, pómulos,
mandíbula y frente, además de dos heridas en los labios, que indicarían
"traumatismos" directos de cierta intensidad. El fuerte golpe en la nariz podría
estar producido, según los médicos, al golpear la cabeza contra el suelo.

En el cuerpo, el principal signo de violencia es el esternón
roto, así como la luxación de una costilla. Pero tanto el tórax, como las cuatro
extremidades, se hallan llenas de hematomas y heridas, producidas con
probabilidad, según los forenses, por el empleo de porras, caída al suelo del
detenido y arrastre de su cuerpo.

Los médicos también aprecian un edema pulmonar e intensa
congestión en esa zona. En la región lumbar aparecen cuatro lesiones producidas
por "golpes con la base [del arma] de defensa".

"La causa de la muerte es una insuficiencia respiratoria o
cardiorrespiratoria aguda", subrayan. Datan el momento de la muerte:
"Aproximadamente, a las 17.44 del 24 de julio". Y concluyen: "Existe una
relación de causalidad entre el fallecimiento y la situación de detención del
sujeto".

ELPAIS.es

Un joven marroquí murió, el pasado lunes, por herida de bala
durante un enfrentamiento entre candidatos a emigrar ilegalmente y fuerzas de
orden público en la playa marroquí de Mrirt (Nador), según reconoció un
comunicado del Ministerio del Interior en Rabat.

72 marroquíes que embarcaban en una patera se enfrentaron con
armas blancas a las Fuerzas Auxiliares que repelieron la agresión disparando al
aire. La fiscalía de Nador ha abierto una investigación.

La Asociación de Familiares y Víctimas de la Inmigración
Clandestina afirma que en 2004 dos subsaharianos murieron en Nador en
condiciones similares.

ELPAIS.es
I. C. - Madrid

Matan a un joven en Llutxent y un grupo de vecinos culpa e
intenta linchar a dos magrebíes

La confusión de los minutos posteriores al crimen desencadenó una
situación de elevada tensión. Un grupo de exaltados intentó linchar a dos
personas magrebíes que ocupaban una caseta desplegada en la explanada donde
ocurrieron los hechos.

El tenderete fue destruido por la acción de los más violentos,
aunque no llegaron a agredir a los dos inmigrantes por la rápida intervención de
los agentes y de miembros de la corporación municipal, tal y como señaló el
alcalde de Llutxent, José Miguel Aranda

Las autoridades ordenaron desalojar rápidamente el lugar, ya que,
según apuntó un vecino, “se estaba concentrando un grupo de gente ante el centro
de salud con la intención de subir para destruir las casetas”. La marcha de los
vendedores evitó males mayores por la confusión.

Un comunicado emitido por el Ayuntamiento lamentó “la muerte de
nuestro vecino José Luis H. R.” y expresó “la más profunda condolencia a su
familia”.

El escrito condenó “todos los actos de xenofobia y racismo que
sucedieron en la noche de Sant Domènec”. El alcalde también llamó a la calma de
la población porque, según manifestó, “las personas detenidas a consecuencia de
los hechos son valencianas y nada tienen que ver los inmigrantes que han sido
víctimas de brotes xenófobos”.

Tres psicólogos de la Generalitat se trasladaron hasta el domicilio
de la víctima para prestar asistencia a los familiares. Durante la mañana de
ayer, se celebró un pleno extraordinario para condenar los hechos y se decretó
tres días de luto. En la sesión se acordó suspender el festival internacional de
música clásica que se viene celebrando en esta población.

Condolencias a la familia
Salvador Górriz, alcalde de Nules, de donde son vecinos los
feriantes detenidos, se enteró de lo ocurrido por la tarde. “Lo triste es que
haya fallecido una persona, aunque los autores sean de Nules. Acompañamos en el
sentimiento a los vecinos de Llutxent. Jamás deberían de ocurrir este tipo de
hechos,”, lamentó.

“Desconozco qué hacían allí los presuntos autores. Lo normal es que
los vecinos de Nules estén aquí en estas fechas por las fiestas que hay en la
comarca. Por el momento sólo se ha hablado de ciertas presunciones, no sabemos
todavía si son naturales de Nules o si simplemente vivían aquí”, apostilló.

Las Provincias

Diecinueve inmigrantes ilegales africanos se ahogaron el
viernes cuando su desvencijada embarcación volcó en las costas del sur de
Marruecos cuando se dirigían a las islas Canarias, informó la agencia de
noticias estatal MAP. Sus cadáveres llegaron a la ciudad costera de Tarfaya,
situada a 1.150 kilómetros al sur de la capital, Rabat, dijo la agencia, que
añadió que dos inmigrantes sobrevivieron al naufragio.


MAP no dio detalles sobre las nacionalidades de las víctimas,
diciendo únicamente que procedían de países subsaharianos.

Miles de ciudadanos marroquíes, subsaharianos e incluso
asiáticos intentan cada año llegar a Europa desde las costas marroquíes en busca
de una vida mejor. Centenares mueren en el intento.

Poco antes, otra patera con 34 inmigrantes a bordo fue
interceptada sobre por una patrullera del servicio marítimo de la Guardia Civil.
La embarcación fue localizada a 7 millas al sur del faro de Morro Jable
(Pájara), en la isla de Gran Canaria.

Los ocupantes eran adultos, todos ellos de origen
subsahariano. 27 procedían de Gambia y otros 7 de Mali.

La patera fue remolcada al muelle de Morro Jable, donde quedó
atracada, informan fuentes de la Guardia Civil. Allí, sus ocupantes fueron
atendidos por personal de Cruz Roja que les facilitó ropa, alimentos y
asistencia médica.

Tras comprobar que se encontraban en buen estado, los
inmigrantes fueron trasladados al centro de retención de El Matorral.
Madridpress.com

Eden Tzuberi, un soldado israelí desertor de 19 años, que mató a
cuatro palestinos a balazos en el interior de un autobús, fue linchado
posteriormente, por una muchedumbre árabe encolerizada, que le tiró piedras y
botellas hasta la muerte. El terrible suceso hace temer una nueva oleada de
violencia entre las dos comunidades. El comandante de la policía del distrito
donde ocurrieron los trágicos hechos declaró: "La situación es sumamente grave y
ya hemos movilizado fuerzas para hacer frente a cualquier eventualidad".

El joven Eden, que abrazó recientemente el extremismo religioso,
había entablado una discusión con los pasajeros del autobús sobre el plan
israelí de retirada de la franja de Gaza y de cuatro colonias judías del norte
de Cisjordania. El joven se oponía a ese plan y defendía la permanencia de los
colonos judíos en los asentamientos. Las palabras subieron de tono y el debate
se agrió. Repentinamente Eden, vestido de uniforme, y con la kippa en la cabeza,
comenzó a disparar fuera de sí.

Al parecer, el joven militaba en la organización ilegal
ultraderechista Kaj. El autobús de la tragedia enlazaba las localidades de Haifa
y Shfaram (Galilea) y el tiroteo tuvo lugar en esta última, justo al entrar en
el barrio druso.

Los disturbios estallaron de inmediato entre los habitantes de
Shfaram - árabes israelíes-. Las gentes enfurecidas rodearon el vehículo y al
grito de "Ala Akbar" (Dios es grande), lincharon al militar radical, sin que la
policía pudiera impedirlo. El ataque ha despertado el fantasma de una nueva
oleada de disturbios, como en septiembre del 2000, lo que ha llevado a la
policía a declarar situación de alerta máxima en todas sus unidades.

Entre las víctimas mortales figuran el chófer del autobús y dos
chicas estudiantes y un habitante de Sharam. Entre los más de quince heridos se
cuentan una decena de pasajeros que sufren impactos de bala, además de cinco
policías que fueron atacados por una masa de jóvenes árabes.

Fuentes policiales confirmaron que Tzuberi, nacido con el nombre de
Natan Zaada, era natural de la ciudad de Rishon Letzion, al sur de Tel Aviv, y
que recientemente radicalizó sus posturas políticas, hasta la deserción para no
tener que participar en la evacuación de Gaza.

El cadáver de Tzuberi seguía anoche en el interior del autobús,
según algunas fuentes, custodiado por cientos de agentes de policía que impiden
a los manifestantes acercarse.

Algunos políticos de la minoría árabe de Israel han acusado al
Gobierno israelí de provocar el atentado. "Es la traducción terrorista de la
constante ola de incitación contra la comunidad árabe y del antiarabismo que se
ha apoderado de la sociedad israelí", dijo el diputado Ahmed Tibi.

Ariel Sharon describió el atentado como "un acto pecaminoso cometido
por un terrorista sediento de sangre. Este incidente es un intento deliberado de
dañar las relaciones entre los ciudadanos de Israel".

LA VANGUARDIA DIGITAL
Afp y Reuters. JERUSALÉN

Las cámaras del cuartel de la Guardia Civil de Roquetas de Mar
(Almería) grabaron el 24 de julio, a las 17.16, el momento en que el teniente
José Manuel R. golpeó con dos porras, una extensible y otra eléctrica, ambas no
reglamentarias, a Juan Martínez Galdeano, de 39 años, que falleció poco después.
Fuentes conocedoras de la investigación indicaron a EL PAÍS que en la imagen se
aprecia cómo el teniente golpeó al detenido por espacio de dos minutos, unas
diez veces, en diferentes partes del cuerpo, mientras éste, tumbado en el suelo
y sujeto por otros agentes, intentaba zafarse.
La Cadena SER adelantó ayer, parcialmente, la descripción del
vídeo grabado por las cámaras perimetrales del cuartel de Roquetas entre las
16.10.52 horas y las 18.09.59 del pasado 24 de julio.

El documento, realizado por la Unidad de Policía Judicial de
la Guardia Civil de Almería, explica secuencia a secuencia el contenido de las
grabaciones, pero no recoge el momento de la muerte de Martínez Galdeano pues,
"a las 17.17.56, el detenido desaparece del ángulo de visión de la cámara,
arrastrado por uno de los agentes hacia la parte izquierda trasera del
vehículo", al ser advertidos los guardias por otro compañero de que estaban
siendo grabados.

No obstante, fuentes conocedoras de la investigación indicaron
que, dos minutos antes, se aprecia cómo el detenido, que está esposado y en ropa
interior, se escapa del vehículo en que los agentes intentaban introducirlo para
trasladarlo a las dependencias de la Policía Municipal (con objeto de someterlo
a la prueba de alcoholemia) y se apoya en la parte delantera del mismo.

En este momento es reducido por cuatro guardias que lo tumban
en el suelo. Del interior del cuartel sale el teniente José Manuel R., vestido
de paisano, con una porra en cada mano. En la derecha lleva la porra extensible
y en la izquierda la eléctrica.

Según las mismas fuentes, en la grabación se aprecia cómo el
teniente propina al menos diez golpes en diferentes partes del cuerpo durante
unos dos minutos. Se ve también cómo Martínez se agita e intenta evitar los
golpes, pero el teniente le vuelve a golpear con la porra eléctrica mientras le
sujetan otros agentes.

"Fuerte forcejeo"
La grabación se inicia a las 16.15.28 por la cámara número 1.
"Se observa", dice el informe "la llegada de Juan Martínez Galdeano mirando en
varias ocasiones hacia atrás como en estado vigilante entrando en las
dependencias del cuartel. Se observa la camisa manchada a la altura del
abdomen".

La cámara recoge la llegada y posterior marcha de la pareja
con la que había discutido el agricultor. A las 16.33.08, "Juan intenta
marcharse haciendo caso omiso de las indicaciones del guardia más veterano para
que no lo haga". A las 16.33.50, se produce el primer forcejeo, cuando los
agentes que están fuera piden ayuda para "intentar reducirlo y poder meter a
Juan en las dependencias oficiales".

A las 16.35.30, se observa cómo uno de los agentes le entrega
al detenido "el pantalón que se desprendió en el forcejeo para que se lo ponga".
A las 16.40.06, "Juan entra en las dependencias por su propio pie, con el
pantalón en la mano, rodeado por el resto de agentes, junto con el jefe de la
unidad [el teniente]".

A las 17.10.01, "uno de los agentes se vuelve corriendo debido
a algo inesperado y a continuación varios agentes se movilizan rápido hacia el
lugar donde está el detenido". Es la cámara número 2 la que graba, a las
17.16.03, "un fuerte forcejeo entre los agentes y el detenido", en el que
inicialmente intervienen cuatro guardias. Ese es el momento en que presuntamente
el teniente golpea al detenido. Un minuto y 53 segundos después, el detenido es
arrastrado fuera del ángulo de visión de la cámara.

A partir de ese momento, las cámaras no recogen lo que sucede
en la zona donde está el detenido, hacia la que, a las 17.21.03, se dirigió un
motorista y, a las 17.42.14, se encamina un agente con unos guantes de látex. La
cámara número 2 recogió la llegada de una ambulancia a las 17.43.37, de la que
descendieron dos sanitarios que se dirigieron al lugar donde estaba el detenido.
La cámara número 3 rodó a las 18.09.54 el momento en que se marchó la ambulancia
"sin llevarse a ninguna persona".

ELPAIS.es
JORGE A. RODRÍGUEZ - Madrid

El pesquero interceptado anoche por la Guardia Civil en aguas
del Estrecho llevaba a bordo 140 inmigrantes indocumentados de origen indio y
pakistaní. La embarcación, tripulada por nueve hombres de origen subsahariano,
fue remolcada hasta el puerto de Algeciras, donde han sido instalados dos
hospitales de campaña para atender a los inmigrantes.
El pesquero interceptado anoche por la Guardia Civil en aguas
del Estrecho llevaba a bordo 140 inmigrantes indocumentados de origen indio y
pakistaní. La embarcación, tripulada por nueve hombres de origen subsahariano,
fue remolcada hasta el puerto de Algeciras, donde han sido instalados dos
hospitales de campaña para atender a los inmigrantes. El barco, que había
partido de Mauritania, navegaba a la deriva y con apenas combustible.

El buque, que pretendía conducir ilegalmente a los inmigrantes
a España, infundió sospechas porque cuando fue localizado, en una zona del
Estrecho entre Ceuta y Algeciras, navegaba rumbo al Mediterráneo con dificultad
y mucha lentitud y su tripulación no contestaba a las llamadas por radio de
Tarifa Tráfico. Según fuentes de la Guarida Civil, cuando la patrullera llegó
hasta donde estaba el barco, los tripulantes les comunicaron que había 140
inmigrantes en la bodega y que tenían problemas en el motor y falta de
combustible.

Embarcaciones de Salvamento Marítimo y de la Guardia Civil
remolcaron al pesquero Menavaal 1 y con matrícula 5772INDB, hasta el puerto de
Algeciras, donde llegó hacia las 23.30 horas. En un principio la embarcación iba
a ser remolcada a Ceuta, pero finalmente se decidió trasladarlo a Algeciras por
ser más seguro debido al fuerte viento de levante que sopla en el Estrecho.

En el puerto de Algeciras habían sido instalados dos
hospitales de campaña para atender a los inmigrantes, y a pesar de que ninguno
presentaba en principio problemas serios de salud, tres de ellos tuvieron que
ser atendidos por los médicos por presentar síntomas de deshidratación y un poco
de fiebre, si bien en principio no se barajó la posibilidad de trasladar a
ninguno de ellos al hospital.

Los nueve tripulantes de origen subsahariano del Menavaal han
sido detenidos, y se espera que en las próximas horas se proceda al traslado de
los inmigrantes, cuyo número, 140, es aún provisional, a la isla Las Palomas, en
Tarifa.

ELPAIS.es
ELPAIS.es /AGENCIAS - Madrid /Algeciras (Cádiz)

La Fiscalía del Tribunal de Apelación de El Aaiún, en el
Sáhara Occidental, ha ordenado hoy la apertura de una investigación judicial
después del hallazgo de 23 cadáveres de inmigrantes subsaharianos en la playa de
Tarfaya, según explica en un comunicado.
Al parecer, los inmigrantes viajaban en una embarcación rumbo
a las Islas Canarias cuando naufragaron, tal y como han contado dos personas,
una de Senegal y otra de Mali, que lograron sobrevivir al siniestro y alcanzar
la costa. Los cadáveres, hallados en la zona de Tah, en la provincia de El
Aaiún, pertenecen a hombres subsaharianos, cuyas edades oscilan entre los 27 y
los 35 años, según añade el escueto comunicado.

Sólo en las últimas horas, han sido detenidos en las islas de
Fuerteventura y Gran Canaria 46 inmigrantes que han llegado a bordo de dos
embarcaciones. Los dos contingentes han sido traslados ya a centros de
internamiento. Por un lado, la Guardia Civil detectó la presencia de una patera
con 16 personas de origen subsahariano a bordo alrededor de la pasada medianoche
en la zona costera de la playa de Las Salinas, en Agaete, al noroeste de Gran
Canaria, en una zona donde no es usual el desembarco de inmigrantes.

Cinco sufrían hipotermina

Al lugar se desplazaron cinco ambulancias de la Cruz Roja, una
del Servicio de Urgencias Canario (SUC), así como efectivos de Salvamento
Marítimo, Policía Local y Guardia Civil. Cinco de los 16 inmigrantes presentaban
signos de hipotermia, por lo que tuvieron que ser trasladados al centro
municipal de salud, según informa el Centro Coordinador de Emergencias 112.

Horas antes, a las 19.35 horas de ayer otra embarcación, esta
vez con 30 inmigrantes a bordo, fue interceptada por una patrullera de la
Guardia Civil a unas cinco millas de Fuerteventura. La barquilla fue remolcada
hasta el cercano muelle de Puerto del Rosario, capital de la isla. Tras ser
atendidos por miembros de la Cruz Roja, los ocupantes de la patera fueron
llevados al centro de internamiento de El Matorral.

ELPAIS.es
AGENCIAS - Rabat

Desde hace más de 25 años, Carme Puig Antich trabaja como
enfermera en el Hospital Clínico de Barcelona. Pero hoy no acude al sanatorio
para trabajar. En el hospital se ruedan unas escenas de Salvador, la película
dirigida por Manuel Huerga sobre la intensa vida y trágica muerte de su hermano,
el anarquista catalán Salvador Puig Antich, ajusticiado a garrote vil en 1974. Y
Carme ha ido al hospital para visitar el rodaje, que la enfrenta con unos
momentos muy íntimos de su vida, grabados a fuego en su memoria, como lo están
en la de sus hermanas, Imma, Montse y Merçona.

Muchos de sus compañeros conocen la historia de su familia. Y
la dirección del centro ha hecho circular un mail interno para avisar al
personal de las sesiones de rodaje. Curiosamente, en el mensaje hay un error:
dice que Salvador murió aquí, cuando en realidad sólo estuvo ingresado en el
Clínico durante unos pocos días, previos a su ingreso en la cárcel Modelo de
Barcelona. Fue trasladado al hospital tras su detención, en septiembre de 1973,
producida tras un confuso tiroteo en el que resultó gravemente herido y en el
cual falleció un inspector de policía (Francisco Anguas). En enero del 74, un
consejo de guerra -"Fue una farsa. Los militares se dormían durante el juicio",
recuerda Carme- le condenó a muerte, acusado del asesinato del policía. El
esperado indulto jamás llegó y el 2 de marzo fue ajusticiado.

El desconocimiento actual sobre un acontecimiento que sacudió
a la sociedad de la época y la posibilidad de que la película pese
favorablemente en su petición de que el caso sea revisado, son las dos grandes
razones que han convencido a las hermanas Puig Antich a autorizar la realización
del filme. "A Salvador no le hubiera gustado que se hiciera todo esto. Él
siempre decía que no quería ser un mártir, y ésta es una guerra que las hermanas
llevamos por dentro", afirma Carme.

Quienes la conocen bien dicen de ella que se parece mucho a
Salvador. La fortaleza de su carácter, su optimismo, su rebeldía y su
obstinación en la lucha son cualidades análogas en los dos hermanos. "Yo era muy
amiga de Salvador. Mientras estuvo en la cárcel mantuvimos una correspondencia
preciosa". Todas las hermanas resistieron "unidas como una piña" el violento
envite que la vida puso en su camino.

Carme es pura vitalidad y energía, pero también un manantial
de sentimientos. Por eso no puede evitar las lágrimas cuando, en uno de los
pasillos del hospital, conoce a la actriz que la interpreta en la pantalla,
Carlota Olcina, y a Olalla Escribano, que encarna a su hermana Imma. "Me
recuerda mucho a mí", confiesa, superado el primer impacto. "Cuando me dijeron
que Carlota era la actriz escogida para el papel me puse muy contenta porque
creo que ambas tenemos el mismo nervio. Además, de joven yo también era morena".

Esta tarde, Olcina y Escribano ruedan la escena en la que las
hermanas de Puig Antich acuden al hospital para obtener noticias del estado de
Salvador. Se habían enterado de sus heridas y detención de forma casual, al
verlo en la portada de El Caso al pasar por un quiosco. "Nadie nos informaba
oficialmente de nada".

Tiene vivísimo el recuerdo de la visita, infructuosa porque su
hermano era custodiado por "un montón de grises" que les impidieron el paso.
"Nosotras empezamos a gritar: '¡Salvador, Salva!', para que supiera que
estábamos allí". En el primer ensayo de la escena, cuando Olcina y Escribano
gritan justamente eso, "¡Salvador, Salva!", parece que Carme va a derrumbarse.
Huerga, consciente de lo delicado del momento, le tapa los ojos de forma
cariñosa.

Carme contesta sin titubear que, por supuesto, está dispuesta
a ver la película en cuanto se estrene. Pero sus hermanas no lo tienen tan
claro. "Creen que no serán capaces de soportarlo". Tampoco tienen previsto
visitar el rodaje. Carme cuenta que, una vez iniciada la filmación, las Puig
Antich no tienen ningún interés en arrebatar notoriedad al equipo de la
película. "Me han pedido si quiero aparecer en el making off pero les he dicho
que no. Ahora ya es cosa de los actores", asegura.

Pero mientras dura la visita, y aunque está preocupada por no
molestar, no quiere desaprovechar un momento para interesarse por todos los
detalles del proceso. Alguien del equipo le permite colarse en el camerino en el
que Daniel Brühl, el actor que interpreta a su hermano, se somete a una larga
sesión de maquillaje. Hoy la maquilladora tiene trabajo extra porque debe
caracterizar al actor con los impactos de bala y heridas en la cabeza con los
que Salvador ingresó en el hospital tras el tiroteo que acabó con su detención.
También debe simular las lesiones del policía (al que da vida Carlos Fuentes).
Carme ya conoce a Daniel, pero su nuevo encuentro es casi tan emocionante como
el primero. "Cuando le vi por primera vez sentí taquicardia. Creo que tiene la
misma mirada que mi hermano". Carme asiste, admirada pero sin aprensión, al
proceso que transformará el rostro del intérprete, le abraza y él le planta dos
besos, sin temer por los daños colaterales en su maquillaje.

El segundo largometraje de Manuel Huerga


Salvador es el segundo largometraje del realizador Manuel
Huerga, que debutó en el género en 1995 con Antártida, protagonizado por Ariadna
Gil y Carlos Fuentes. La película es una producción de Mediapro, cuenta con un
guión de Lluís Arcarazo, música original de Lluís Llach y un amplísimo reparto.
Nada menos que 85 actores con papel (además de gran cantidad de figurantes)
toman parte en la historia, cuyo rodaje se prolongará 13 semanas. Además de
Daniel Brühl, Carlota Olcina, Olalla Escribano y Carlos Fuentes, en el extenso
plantel de intérpretes destacan Tristán Ulloa (como el abogado Oriol Arau),
Leonardo Sbaraglia (el carcelero Jesús Irurre), Celso Burgallo (el padre del
anarquista), Leonor Watling e Ingrid Rubio (los dos grandes amores de Salvador)
y los policías Joaquim Climent y Antonio Dechent. Huerga se ha embarcado en el
proyecto lleno de ilusión porque le encanta el medio, pero sobre todo porque la
película aborda "un temazo", un suceso que vivió intensamente en su día y que,
según ha explicado, en cierto modo despertó su conciencia política. En cuanto
tuvo conocimiento de la voluntad de Jaume Roures (Mediapro) de producir la
película, se ofreció a dirigirla. La intención de Huerga es destacar el carácter
universal del personaje y evitar retratarle como un santo o un mártir. En el
filme se recrea el contexto social del momento y los múltiples ámbitos que
compusieron la vida de Salvador: la militancia en el MIL (Movimiento Ibérico de
Liberación), su universo familiar, su amor por la música y por las mujeres.
Huerga está realizando un cuidadoso trabajo con la imagen en busca de un código
visual moderno, alejado del documentalismo y el hiperrealismo. A su lado, el
actor y director teatral Manel Dueso se ocupa de la dirección de actores, una
figura insólita en el cine español pero común en otros países.


ELPAIS.es
Belén Ginart

La asociación Movimiento contra la Intolerancia condenó ayer, a
través de su portavoz en Valencia, Ángel Galán, los brotes de xenofobia que se
produjeron el jueves en Llutxent tras la agresión mortal al joven del municipio
cuando.

“Resulta insólito que por un mero rumor se desencadenen este tipo de
actos racistas y xenófobos”, indicó Galán. “Es un algo condenable que precisa de
la ayuda de toda la sociedad para ser solucionado”. Galán advirtió además que en
el último informe del Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia se recoge
que en España ha aumentado el porcentaje de personas que rechazan a los
inmigrantes africanos hasta el 32% de la población.

Comisiones Obreras abogó en una rueda de prensa por favorecer la
integración de los inmigrantes “más allá del plano laboral” para evitar sucesos
como el de LLutxent.

Las Provincias

Las drásticas medidas anunciadas por el primer ministro, Tony Blair, para hacer frente al terrorismo en el Reino Unido tras los últimos atentados, han alarmado a grupos de defensa de los derechos humanos, abogados y políticos liberales. "Que no quepa ninguna duda. Están cambiando las reglas del juego", advirtió Blair al presentar el viernes su batería de propuestas, destinadas a combatir a los islamistas fanáticos y facilitar su exclusión del suelo británico.

El líder laborista ha querido así hacer frente a quienes
critican a su gobierno de no haber mostrado hasta ahora mano dura con esos
"predicadores del odio", que le han valido a la capital británica en la prensa
sensacionalista el mote de "Londonistán".
Medidas

Entre las medidas propuestas figuran la tipificación como
delito de la condonación o glorificación del terrorismo no sólo en el Reino
Unido sino en cualquier país, la ilegalización de grupos radicales islámicos,
poderes especiales para privar a extremistas de la nacionalidad británica y la
ampliación del plazo de prisión preventiva, que es actualmente de catorce días.

Pero también incluyen la posibilidad de deportar a extranjeros
por su vinculación a librerías, organizaciones o portales de Internet
extremistas, así como el cierre de mezquitas tenidas por viveros de fanáticos.
Blair justificó esas medidas, consideradas como draconianas por los defensores
de los derechos humanos, por el deseo de los ciudadanos, después de los
atentados del 7 y el 21 de julio, de que se promulguen nuevas leyes que permitan
deportar a los fanáticos y extremistas que abusan de la tolerancia del pueblo
británico.

Preocupación

Las propuestas del primer ministro han suscitado, sin embargo,
inmediata preocupación en círculos del Partido Liberal Demócrata, que confiesa
no haber sido informado previamente de su alcance en una reunión mantenida
recientemente con el ministro del Interior. Su presidente, Charles Kennedy,
afirmó que las nuevas propuestas podrían "inflamar las tensiones" en este país.

El propio alcalde de Londres, el laborista Ken Livingstone,
criticó algunas de las medidas y dijo que de haberse aplicado, hace veinte años,
el líder de la independencia surafricana Nelson Mandela habría visto denegada su
entrada en el Reino Unido. El Consejo Islámico de Gran Bretaña expresó su temor
de que las propuestas entrañaran la prohibición de cualesquiera manifestaciones
de apoyo a personas que viven bajo una ocupación brutal, en clara alusión a la
situación del pueblo palestino.

Bruce Holder, del colegio que representa a los abogados,
manifestó a su vez su inquietud por las indicaciones de que Blair puede querer
"suspender el artículo tercero de la ley de derechos humanos (que prohíbe la
tortura)".

Las deportaciones

.

El Primer Ministro dijo en efecto que consideraría la
posibilidad de suspender los artículos de esa ley que pudiesen estorbar a la
aplicación de las medidas propuestas aunque agregó que, en el caso de
deportaciones, obtendría garantías de los gobiernos afectados de que no se
sometería a los deportados a malos tratos.

Para Eric Metcalfe, del grupo de derechos humanos "Justicia",
un tribunal inglés no aceptará jamás las seguridades diplomáticas que pueda dar
un país que tortura a sus propios ciudadanos. "Una sociedad libre no combate a
los terroristas deportándolos a otros países, sino que los persigue
judicialmente aquí, en el Reino Unido", afirmó.

La abogada Shami Chakrabarti, directora del grupo de derechos
humanos "Libertad", calificó también de "inaceptable" que se hable de deportar a
gente a países donde las torturas son práctica habitual y agregó que
criminalizar a quienes "condonan, glorifican o terrorismo dondequiera que sea,
resulta muy peligroso". Quien está, sin embargo, de enhorabuena es el jefe de la
Policía Metropolitana, Ian Blair, que se declaró "muy satisfecho" con el anuncio
del Primer Ministro porque recoge la mayoría de las peticiones que su cuerpo le
había planteado.

HERALDO.ES
JOAQUÍN RÁBAGO. Londres

El Atlántico expulsó el viernes los cadáveres de 23
subsaharianos a la playa de Duijla, unos 60 kilómetros al norte de El Aaiún. Su
patera naufragó cuando navegaba hacia Canarias, según indicaron fuentes
marroquíes. La fiscalía de la capital del Sáhara Occidental ha abierto una
investigación sobre el trágico suceso. Todos los cadáveres pertenecían a varones
cuya edad oscila, según estimaciones de la Gendarmería marroquí, entre 27 y 35
años. Eran originarios de Malí y de Senegal, a juzgar por el testimonio de dos
ciudadanos de esos países que no pudieron embarcar porque la patera estaba ya
atiborrada. Ambos fueron detenidos cerca de la playa.
Las fuerzas de seguridad "han efectuado una amplia batida en
la zona" de Duijla "y han apresado a dos grupos de 22 y 28 subsaharianos",
declaró a este periódico Drais Cherki, wali (gobernador) de El Aaiún. Los
subsaharianos detenidos en Marruecos son generalmente expulsados a través de la
frontera con Argelia.

Paralelamente, la Guardia Civil detuvo en la tarde y noche del
viernes a medio centenar de subsaharianos cuyas pateras llegaron a Fuerteventura
y a Agaete, en Gran Canaria. Hasta ahora ninguna embarcación con inmigrantes se
había ni siquiera acercado a la zona de Agaete.

El del viernes es el segundo mayor naufragio que se produce
este año en la costa sahariana. El 12 y 13 de marzo pasados el mar expulsó los
cuerpos de 30 subsaharianos candidatos a emigrar. Aparecieron en la misma playa
de El Aaiún, prácticamente ante las puertas de la residencia del wali.

223 ahogados en 2004
El año pasado las fuerzas de seguridad marroquíes rescataron
los cadáveres de 91 subsaharianos a lo largo de la costa del Sáhara Occidental,
según la Asociación de Familiares y Víctimas de la Inmigración Clandestina con
sede en Khouribga (Marruecos). Del lado canario, la Guardia Civil y Salvamento
Marítimo calculan que el número de inmigrantes ahogados en las costas del
archipiélago se elevó en el 2004 a 132.

Desde 2004 la presión migratoria desde Marruecos hacia España
ha disminuido globalmente. La caída en el Estrecho es muy fuerte pero, en
cambio, se ha producido un aumento entre las provincias de Alhucemas y Nador y
la costa de Granada. El pasado lunes un marroquí murió como consecuencia de una
herida de bala en una playa cerca de Nador, donde se produjo un enfrentamiento
entre 72 candidatos a emigrar y una dotación de las Fuerzas Auxiliares, un
cuerpo parapolicial.

La secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, subrayó
ayer en declaraciones recogidas por las agencias, que en los dos últimos años ha
disminuido la llegada de inmigración clandestina a través de pateras.

Rumí adelantó que, según los últimos datos de los que dispone,
en los primeros siete meses de 2005 ha habido un descenso del 22% en el número
de inmigrantes llegados en pateras a las costas españolas con respecto al mismo
periodo de 2004, lo que supone unos 1.500 inmigrantes menos.

La secretaria de Estado remarcó que las mafias buscan cada vez
nuevas rutas y sistemas de entrada en España "porque funcionan los controles".
Además, reiteró que la comunidad internacional debe actuar económica y
políticamente en el continente africano para trabajar en el origen de los
movimientos migratorios, que se producen por miseria, hambrunas o inestabilidad
política.

El portavoz socialista de Inmigración en el Congreso de los
Diputados, Antonio Hernando, resaltó ayer, en relación con el pesquero
interceptado en aguas del Estrecho con 135 inmigrantes indios y bangladesíes a
bordo, que hay que apostar por que "la Unión Europea, y especialmente los países
mediterráneos, sigan aumentando su colaboración para detectar este tipo de
fenómenos y poder frenar así la inmigración ilegal".

A su juicio, hay que "fortalecer los contactos y relaciones
con los países" de los que proceden estos inmigrantes "para poder articular
convenios de colaboración en la materia".

ELPAIS.es
I. CEMBRERO - Tánger

Uno de cada seis habitantes de la capital es inmigrante. Según
datos avanzados ayer por el Ayuntamiento de Madrid, los extranjeros suman ya
513.194 personas, lo que supone el 15,9% de la población de la ciudad. Los
distritos que albergan más extranjeros son Centro, Tetuán y Carabanchel. En el
extremo opuesto están Barajas, Vicálvaro y Retiro. Los ecuatorianos son los más
numerosos: hay 128.300.
La capital alberga ya a más de la mitad de los extranjeros
residentes en la Comunidad. Son el 59% del total de los que viven en toda la
Comunidad, según el Consistorio.

La distribución por la ciudad de estos inmigrantes no es
homogénea. Pero siguen la misma tendencia que el resto de la población. Es
decir, a mayor concentración de población en un distrito, más inmigrantes.

Centro, Tetuán, Carabanchel, Latina, Puente de Vallecas y
Ciudad Lineal son los distritos donde residen más extranjeros. Y el porcentaje
de inmigrantes que vive en ellos, un 48%, es superior al de la población
española (40%).

El distrito de Carabanchel se ha convertido en el que mayor
número de residentes extranjeros tiene, por encima del de Centro, que hasta
ahora era el que tenía más inmigrantes. El Ayuntamiento atribuye esta
circunstancia al menor crecimiento demográfico de este último distrito desde
2004. Centro mantiene el mayor porcentaje de inmigrantes, con un 30% de su
población.

El barrio con más población inmigrante es San Cristóbal de los
Ángeles, en Villaverde. Allí, casi cuatro de cada diez habitantes nació en el
extranjero. Embajadores y Sol, en el distrito de Centro, le siguen en la lista.

Menos en Barajas
Como sucede con los más poblados pero al revés, los distritos
con menos ciudadanos también presentan menor número de extranjeros. La lista la
forman Barajas, Vicálvaro, Villa de Vallecas, Moratalaz, Retiro y
Moncloa-Aravaca. Estos seis distritos reúnen el 16% de la población de la
capital. Sin embargo, el porcentaje de inmigrantes baja hasta el 12%. Por
barrios, El Pardo (Fuencarral) y Cuatro Vientos (Latina) presentan una población
extranjera de sólo un 2,4% y un 2,8%, respectivamente.

Por nacionalidades, los ecuatorianos son los más numerosos.
Uno de cada cuatro inmigrantes en la capital nació en este país, lo que
convierte a Madrid en la quinta ciudad del mundo con más ecuatorianos (128.300),
tal y como afirmó la presidenta regional, Esperanza Aguirre, durante su reciente
visita oficial a este país.

La segunda nacionalidad extranjera por número es la colombiana
y, después, la rumana, aunque el Consistorio no facilitó cifras de cuántos
habitan en la capital.

Los inmigrantes "tienen, por lo general, menores ingresos que
la población autóctona y una gran voluntad de ahorro", según el Ayuntamiento.
Sólo el 36% de los hogares inmigrantes tiene un automóvil, por lo que "dependen
más del transporte público".

ELPAIS.es

Una multitud se congregó el 26 de enero de 1977
ante el Palacio de Justicia de Madrid, donde se inició el cortejo fúnebre de
varias de las víctimas del atentado de dos días antes contra los abogados
laboralistas de Atocha. (EL PAÍS)

En aquellos tiempos turbios y extremadamente
inciertos se pensaba (y yo todavía lo sigo creyendo) que los detenidos no eran
más que la punta del iceberg


Cuánto miedo hemos pasado en la Transición. Terror,
pánico y negra incertidumbre. Los fascistas apaleaban a la gente por las calles


El 30 de octubre de 1978, 15 días después de
publicar los reportajes, una bomba estalló en El PAÍS y mató a un compañero y
mutiló a otro

Lo que se conoce como la matanza de Atocha es el asalto
criminal que tres pistoleros de extrema derecha hicieron a un bufete de abogados
de la madrileña calle de Atocha. Era un despacho laboralista de CC OO, un lugar
conocidísimo en el que un puñado de jóvenes letrados se dejaban la vida y la
salud, trabajando durante horarios inhumanos y recibiendo a cambio un paupérrimo
sueldo mensual de 30.000 pesetas por cabeza. Hoy sería muy difícil encontrar una
entrega semejante a un ideal común, pero la España de entonces, en el principio
de la Transición, era una sociedad enardecida y entusiasta. Ese generoso
entusiasmo hizo que aquel 24 de enero de 1977 los laboralistas de Atocha se
encontraran todavía a las diez de la noche en el despacho, a punto de empezar la
última reunión del largo día y masticando un bocadillo apresurado porque no
tenían ni tiempo para comer. Fue entonces cuando los pistoleros llamaron a la
puerta. Reunieron en una habitación a las nueve personas que quedaban en el piso
y las ametrallaron fríamente. Murieron cinco: Francisco Javier Sauquillo, Luis
Javier Benavides, Serafín Holgado y Enrique Valdevira, abogados, y Ángel
Rodríguez, el conserje. Sobrevivieron cuatro, tan espantosamente heridos que los
asesinos les dieron por muertos: los también laboralistas Dolores González,
Miguel Saravia, Alejandro Ruiz y Luis Ramos.

Veinte meses después, cuando estaba por empezar el juicio,
decidí realizar una reconstrucción novelada del caso. El reportaje constaba de
tres capítulos, que se publicaron en días consecutivos. En el primero exponía la
vida, los pensamientos y el ambiente de los asesinos, de los tres ejecutores,
Fernando Lerdo de Tejada, Carlos García Juliá y José Fernández Cerrá, y del
supuesto inductor, Francisco Albadalejo, los cuatro en prisión. En el segundo
hacía lo mismo con los abogados y describía el crimen. En el tercero exponía las
muchas contradicciones que había en el caso y apuntaba las sospechas que todos
teníamos. Porque en aquellos tiempos turbios y extremadamente inciertos se
pensaba (y yo todavía lo sigo creyendo) que los detenidos no eran más que la
punta del iceberg, y que los verdaderos inductores estaban impunes y en la
sombra.

Tengo el convencimiento de que en un trabajo periodístico
jamás se debe poner un solo dato inventado, por nimio que sea. De manera que, si
yo reconstruía un encuentro de los fascistas en la cafetería Denver y decía que
Albadalejo se tomaba su segunda copa de Magno, por ejemplo, era porque
previamente alguien me había contado ese anecdótico detalle. De manera que el
reportaje supuso un esfuerzo de investigación, un enorme trabajo que además
resultó muy desagradable porque, por un lado, tuve que hablar con los colegas
del despacho laboralista y con los supervivientes, que por entonces todavía
tenían graves secuelas físicas (algunos las siguen teniendo aún hoy) y que desde
luego seguían traumatizados, y les obligué a revivir todo ese horror. Fueron
unas conversaciones angustiosas y, de hecho, no todos los supervivientes
quisieron o pudieron hablar conmigo.

Pero es que además, para reconstruir la vida de los asesinos,
tuve que conectar con los círculos de extrema derecha de la época. Recuerdo el
mucho miedo que pasé, la enorme congoja. Como remate, conseguí entrevistar a los
asesinos en la cárcel. Dado que el juicio estaba pendiente, no podíamos hablar
de la matanza, protegida por el secreto del sumario. Pero de todas formas me
interesaba hablar con ellos; yo quería conocerles, quería comprender, por
ejemplo, qué podía llevar a un chico de veinte años como Carlos García Juliá, un
rubio de ojos azules de aspecto simplón y normalísimo, a cometer un acto tan
atroz. De hecho, al parecer fue él quien comenzó la masacre. "¡Pero si yo soy
incapaz de matar una mosca!", me dijo Juliá con gesto desconcertado. Y creo que
con ello no estaba intentando negar la autoría, que estaba fuera de toda duda,
sino evidenciando su confusión y su enajenación. El fanatismo funciona así:
deshumaniza al enemigo y convierte a las personas en menos que moscas.

Las horas que pasé en la cárcel fueron amargas. Tuve que
conversar con ellos aparentando normalidad, cuando dentro de mí sentía deseos de
chillar. Porque yo conocía a los abogados de Atocha, y porque aquella matanza
fue un verdadero trauma para todos. Cuánto miedo hemos pasado en la Transición.
Terror pánico y negra incertidumbre. Los fascistas apaleaban a la gente por las
calles, EL PAÍS era desalojado día sí y día no por amenaza de bomba, muchos
periodistas (y sindicalistas, y feministas, y líderes sociales) recibíamos
anónimos amenazantes, el ruido de sables de los golpistas adquiría en ocasiones
dimensiones de estruendo y circulaban por doquier listas negras de actores,
periodistas, cantantes y demás gentes de izquierdas que supuestamente serían los
primeros en ser ejecutados cuando se levantara en armas el facherío. De modo que
cuando sucedió lo de Atocha, todos creímos que el momento de la muerte había
llegado, que ésa era la noche de los cuchillos largos. En fin, recuerdo que salí
de hablar con los asesinos y se abatió sobre mí el peor dolor de cabeza que
jamás he tenido. Era la tensión, que cobraba su precio.

También los abogados habían recibido serias amenazas. Estaban
asustados, pero siguieron con su trabajo, y eso les hace heroicos, porque la
heroicidad consiste en sobreponerse al miedo razonable. Hasta que llegaron los
matones. Cayeron unos encima de otros entre temblores de agonía y, cuando los
asesinos se marcharon, los supervivientes salieron de debajo de los cadáveres de
sus compañeros y se arrastraron en medio de un silencio fantasmal, embadurnados
de sangre propia y ajena, hasta reunirse junto a la puerta, asombrados de seguir
respirando pese a las terribles heridas, la cara de Lola reventada por una bala,
el pecho de Alejandro agujereado, el vientre de Miguel hecho un destrozo.

Polémica
He dicho que este fue el reportaje que más disgustos me trajo.
Su publicación suscitó una enorme polémica y hubo mucha gente, incluso muchos
amigos, que lo criticaron acerbamente. Ahora he vuelto a leerlo y no me parece
insensato. Incluso diría que los dos primeros capítulos podrían estar, a mi
juicio, entre mis mejores trabajos. Pero lo hice demasiado pronto, demasiado
cerca de la matanza, y mi esfuerzo por entender los mecanismos del fanatismo,
por meterme también en la cabeza de los asesinos, irritó a aquellas personas
que, muy comprensiblemente, sólo ansiaban insultarles y verles como monstruos.
Sí, desde luego eran monstruosos, pero ¿cómo llega uno a ser así? Sólo
entendiendo ese proceso podemos intentar evitarlo, pensaba yo. Pero eran tiempos
demasiado álgidos, demasiado turbulentos para disquisiciones semejantes: el 30
de octubre de 1978, dos semanas después de la publicación de los reportajes, una
bomba estalló en El PAÍS y mató a un compañero, apenas un muchacho, y mutiló
gravemente a otro. Sí, eran tiempos de sangre y de hierro. Esta España de hoy,
tan diferente, se ha construido así, con el sacrificio de callados héroes
civiles, como nuestros colegas de EL PAÍS o los abogados laboralistas de Atocha.

ELPAIS.es
ROSA MONTERO

La secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, anunció ayer
que «se están poniendo todos los medios» para repatriar en breve a los 135
inmigrantes interceptados el jueves en un barco en el Estrecho, e informó de que
de enero a julio de 2005 se ha reducido en un 22 por ciento la llegada de
ilegales en patera. Rumí expresó su «satisfacción» porque los protocolos de
atención humanitaria a los interceptados han funcionado bien; «el dispositivo
estaba preparado para cuando llegara el barco», añadió.

Por su parte, el delegado del Gobierno, Juan José López Garzón,
destacó ayer que el pesquero que arribó la noche del jueves a Algeciras con
inmigrantes indocumentados, no tenía como destino España y que las
investigaciones preliminares no apuntan a un cambio de tendencias en la
inmigración en esta zona.

En esta línea se expresó también Rumí, al señalar: «la investigación
está en marcha, y con toda precaución pudiera ser que el destino del barco no
fuera España, pero en todo caso, nos encontramos ante una técnica recurrente que
utilizan las mafias, no es el primer barco que llega».

Rumí señaló que los inmigrantes son hindúes, y no hay ni mujeres ni
niños entre ellos, y agregó que se les ha instalado en el centro de acogida de
Las Palomas, Rumí remarcó: «se están poniendo todos los medios para hacer
efectivas las repatriaciones". «A los inmigrantes clandestinos se les atiende, y
en este caso solo tres o cuatro han necesitado asistencia sanitaria, y una vez
hecho esto, se les aplica el reglamento de la ley de extranjería para proceder a
la repatriación», manifestó.fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Cádiz.

Según fuentes de la Subdelegación del Gobierno trece de los
inmigrantes declararon ser de Bangladesh y el resto de India, el capitán es
senegalés y los ocho tripulantes, de Sierra Leona y Mauritania. Los nueve
tripulantes del barco están detenidos en la Comandancia de la Guardia Civil de
Algeciras para prestar declaración, un trámite que podría prolongarse debido a
la necesidad de utilizar intérpretes.

Comportamiento

Los 135 inmigrantes se encuentran bien de salud y se comportaron
correctamente en todo momento, según informaron fuentes del Servicio de
Emergencias de Andalucía. Pese a ello, las fuentes precisaron que 'cinco o seis'
de los indocumentados presentaban síntomas de mareo y fueron atendidos en los
dos hospitales de campaña instalados por la Cruz Roja en el mismo puerto.
Incluso, uno de estos inmigrantes tuvo que ser trasladado en ambulancia hasta el
Hospital Punta Europa de esa localidad, donde fue sometido a una revisión.

Los nueve tripulantes del pesquero, de origen subsahariano,
permanecían detenidos en Algeciras para pasar a disposición judicial El barco,
'Menavaal', procedente de Mauritania, fue localizado sobre las 19.00 horas del
jueves por Salvamento Marítimo y la Guardia Civil, que se pusieron en alerta
tras detectar que la embarcación navegaba rumbo al Mediterráneo con dificultad y
lentitud y su tripulación no contestaba a las llamadas por radio de Tarifa
Tráfico.

Sur Digital

Quizá se venden ya tantos kebabs como hamburguesas en la ciudad. Al
parecer, lo de la globalización no sólo afecta a los bolsillos, sino también a
los estómagos. De forma silenciosa y en apenas un par de años, decenas de estos
restaurantes de comida rápida se han hecho un hueco en el paladar de los
valencianos.

Muchos todavía se preguntan qué es realmente lo que gira en el torno
de los restaurantes. Pues se trata de carne asada de cordero, pollo o vaca. Esto
se corta en tiras que se introducen en un pan especial. Ahí se añaden verduras,
vegetales y salsas. No existe una receta fija. El éxito de estos bocadillos
radica en la multitud de posibilidades para prepararlos. Además, en unos
minutos, se dispone de un kebab listo para llevárselo a la boca.

En la actualidad, Ventura Montalbán, responsable de inmigración de
CC. OO., calcula que existen unos 70 establecimientos de este tipo en la ciudad
“que suponen una buena oportunidad de negocio para los inmigrantes”. “Muchos de
los dueños son paquistaníes”, añade el portavoz de la entidad.

Y, como ejemplo, Mohamed. Regenta uno de los locales en la avenida
Gaspar Aguilar desde hace 4 meses y cuenta que ahora “los españoles ya se están
animando más, antes casi todos los que venían eran compatriotas”. Tres palabras
resumen la clave del éxito: “Bueno, barato y rápido”. Ya piensa en abrir otro
negocio. Lo del kebab es una moda que poco le falta para convertirse en
epidemia.

El mercado, al parecer, todavía no ha encontrado su techo. La
demanda de información para nuevos locales no se detiene. Según Virgilio Suárez,
administrador único del mayorista Master kebab, “recibimos numerosas peticiones
de información de la Comunidad”.

“Sin variedad”
Rami, propietario del restaurante egipcio Cook Door, también cocina
el clásico kebab, pero se defiende ante la expansión de los locales de comida
rápida que no ofrecen “variedad”. Él abrió en 2002, cuando la vorágine no había
comenzado y apenas existían restaurantes de este tipo. “Fue en 2004 cuando los
pakistaníes empezaron a meterse en el negocio”. A pesar de la expansión, Rami
apunta que todavía hay muchos valencianos que desconocen exactamente qué es un
kebab.

¿Qué piensan los valencianos de este producto original de Turquía?
Quique, Esther, Antonio y Mari Carmen comparten mesa en el establecimiento de un
centro comercial.

El primero dice que su pasión por esta comida es una cuestión “más
de sabor que de dinero” y también añade la rapidez. En cambio, su pareja,
Esther, valora el precio. A partir de unos 3 euros, puedes tener uno de estos
bocadillos sobre la mesa.

Antonio dice que este producto es algo “relativamente nuevo y está
bien de precio”. Y Mari Carmen añade a las razones anteriores: “Me fío más de
esto que de las hamburguesas y, además, puedes elegir los ingredientes a tu
gusto”.

Las Provincias

La Dirección General de los Registros y del Notariado,
adscrita al Ministerio de Justicia, ha remitido una circular a los jueces
encargados de los registros civiles municipales y consulares de España en la que
reafirma la validez de los matrimonios gays entre español y extranjero, o entre
extranjeros residentes en España.
Según la circular, con fecha del 29 de junio, "el matrimonio
celebrado entre español y extranjero o entre extranjeros residentes en España
del mismo sexo será válido, por aplicación de la ley material española, aunque
la legislación nacional del extranjero no permita o no reconozca la validez de
tales matrimonios".
El problema surgió ya el primer día después de aprobarse las
bodas gays en España, cuando un juez de paz de Canet del Mar (Maresme) frenó el
matrimonio entre un español y un indio, por ser el último natural de un país
donde no se permiten los matrimonios entre personas del mismo sexo. Sin embargo,
también ha habido jueces que no tuvieron reparos legales a la hora de casar a
extranjeros, como ocurrió en Mollet del Vallès, donde la semana pasada se
celebró la primera boda entre dos mujeres, una española y una argentina.

CRÍTICAS AL PP
La circular recuerda que la aplicación de una ley extranjera
que prohíba los matrimonios gays "puede y debe ser rechazada cuando se produzca
una vulneración de los principios esenciales, básicos e irrenunciables del
derecho español". La resolución también expresa que el encargado del Registro
Civil "no debe operar como guardián del sistema legal extranjero".
La directora general del Registro Civil, Pilar Blanco-Morales,
que participó ayer en la universidad de verano de Santander, acusó al Partido
Popular de "escudarse detrás de los jueces" que han paralizado la tramitación de
bodas entre personas del mismo sexo y han planteado una cuestión de
inconstitucional a la ley que permite este tipo de uniones. En los últimos días
dos jueces han frenado estas bodas por considerar que atentan contra la
Constitución.

"DELEZNABLE"
Para Blanco-Morales, la conducta de estos jueces, es
"deleznable, rechazable y profundamente antidemocrática", además de suponer "un
fraude de ley". A su juicio, estos dos jueces, de Las Palmas y Alicante, "están
utilizando el Derecho con fines ideológicos" y detrás de ellos se encuentra el
PP "para evitar plantear, si quisiera, a través de 50 diputados o 50 senadores,
un recurso de inconstitucionalidad", dijo la directora del Registro Civil en
Santander.
"Los jueces del Registro Civil son funcionarios bajo mi
dependencia --añadió Blanco-Morales--. Por lo tanto, no desempeñan una función
jurisdiccional y no están facultados para presentar ante el Tribunal
Constitucional una cuestión de inconstitucionalidad".

El Periódico
AGENCIAS / JUAN RUIZ
MADRID / SANTANDER

Han pasado 25 años y los autores materiales se encuentran en
prisión desde hace tiempo, pero nadie sabe exactamente cuántos secretos quedan
aún por desvelar. Aquel 2 de agosto de 1980, los trenes y andenes de la estación
de Bolonia rebosaban de italianos que empezaban sus vacaciones. Una maleta en la
sala de espera explotó a las 10 y 25 minutos. Una parte del edificio voló por
los aires. Hubo 85 muertos y 200 heridos: la peor masacre causada por el
terrorismo italiano.
Dos fascistas cumplen cadena perpetua por aquel atentado:
Valerio Fioravanti y Francesca Mambro, autores materiales. Luigi Ciavardini, que
en 1980 tenía 17 años, fue condenado a 30 de prisión. Francesco Pazienza,
intrigante personaje vinculado a los servicios secretos, fue condenado a 10 años
por "calumnia grave", y Licio Gelli, fundador de la logia masónica P-2 que en
esos años gobernaba Italia de forma oculta, recibió la misma pena por intoxicar
la investigación. Algunos jefes del contraespionaje fueron apartados del cargo.
"Traicionaron de manera desconcertante su uniforme y su
misión", señaló Libero Mancuso, el fiscal que en la época dirigía las
investigaciones. Desde entonces se han celebrado ocho procesos. Sin embargo, el
secreto de Estado impide conocer toda la verdad y ayer, cuando, como cada año
desde entonces, miles de personas se reunieron en la estación de Bolonia para
"no olvidar", volaron de nuevo los abucheos contra los representantes del
Gobierno.

Cazar a Gadafi
"El espanto y la indignación permanecen vivos en la
consciencia civil de los italianos", escribió ayer a la ciudad el presidente de
la República, Carlo Azeglio Ciampi. Durante la manifestación, que recorre el
centro de Bolonia y termina con el pitido de una locomotora en la estación, la
gente guardaba silencio. "Es nuestro rito colectivo, que celebramos para
reforzar nuestra identidad", leyó Sergio Cofferati, el alcalde progresista de
Bolonia, quien citó las recientes masacres del terrorismo internacional, desde
Nueva York hasta Sharm el Sheij pasando por Atocha.
La mayor duda que los distintos sumarios guardan en sus
páginas se refiere a que la masacre debía servir para "distraer" a la opinión
pública de otra, ocurrida dos meses antes. Un avión DC-9 de la compañía Itavia
con 81 personas a bordo cayó a la altura de la isla de Ustica, al sur de
Nápoles; ningún proceso ha logrado esclarecer las causas del accidente.
Desde entonces, los magistrados han denunciado numerosas
intoxicaciones, como la reescritura del diario de a bordo de un portaviones de
EEUU y la manipulación y desaparición de las cintas de los radares militares de
media Italia. Según la reconstrucción judicial, no probada del todo, aquella
noche del 26 de junio de 1980, en el cielo del mar Tirreno y en coincidencia con
unas maniobras militares, se desarrolló una batalla para abatir --sin éxito-- el
avión del líder libio, Muamar Gadafi. Un caza se escondió en la señal radar del
DC-9 y los misiles dirigidos contra el primero habrían abatido el segundo.
Bolonia debía sepultar la verdad.

El Periódico
ROSSEND DOMÈNECH
ROMA

Los inmigrantes irregulares que lleven viviendo dos años en
España y hayan trabajado durante al menos uno podrán regularizar su situación a
partir del lunes por la vía del arraigo laboral. Para ello, al margen de otros
requisitos, deberán presentar una denuncia en contra del empresario que les
emplea ilegalmente.
También a partir del lunes los inspectores podrán levantar
actas de infracción contra los empresarios denunciados por emplear a inmigrantes
sin papeles, informó ayer el director general de la Inspección de Trabajo,
Raimundo Aragón. Añadió que con esta vía se podrá dar papeles a algunos de los
120.000 inmigrantes que no los lograron en la última regularización.
El proceso a seguir a partir del lunes se inicia con el
levantamiento del acta de infracción al empresario denunciado, que es enviada
por la inspección a la autoridad gubernativa, a quien compete conceder o no la
autorización para que se dé de alta en la Seguridad Social al inmigrante con
efecto retroactivo.

NÓMINA COMO PRUEBA
Aragón mostró su confianza en que los trabajadores cuenten con
pruebas suficientes, después de un año en una actividad laboral, para combatir
potenciales falsos testimonios de empresarios que nieguen conocer a sus
denunciantes. Como ejemplo citó la percepción regular de un salario.

El Periódico

=================================================================================

Los 'sin papeles' pueden pedir ya la regularización por arraigo laboral

La figura de la regularización de inmigrantes irregulares por
arraigo laboral volvió a entrar en vigor ayer. Podrán solicitarla todos los que
demuestren que llevan más de dos años en España y uno, al menos, trabajando.
Esta vía, prevista en el reglamento de la Ley de Extranjería aprobado por el
Gobierno el pasado mes de diciembre, había dejado de aplicarse desde el pasado 7
de febrero, cuando se inició el procedimiento extraordinario de normalización
concluido el pasado 7 de mayo.

Los 120.000 sin papeles que el Gobierno calcula que se
quedaron fuera de dicha normalización podrán ahora optar a la regularización
siempre que, además de cumplir con esos plazos, no tengan antecedentes penales
ni en España ni en su país de origen. Para poder solicitarla, los sin papeles
deberán presentar bien una resolución judicial o bien un acta de la Inspección
de Trabajo que acredite la relación laboral. Los mismos inmigrantes deberán pues
denunciar a los empresarios que los emplean ante los inspectores, aunque éstos
podrán actuar también de oficio.

La Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes (ATIME) y
la Asociación Hispano Ecuatoriana Rumiñahui reiteraron el apoyo a esta medida
que ya habían expresado al respaldar la aprobación del reglamento. Mustafá El
M'Rabet, presidente de ATIME, precisó que la medida deberá aplicarse con "mucha
flexibilidad", por lo difícil que resulta demostrar la relación laboral, y Raúl
Jiménez, portavoz de Rumiñahui, recalcó que su efectividad dependerá del buen
funcionamiento de la inspección de trabajo.

Falta de documentos
UGT y CC OO valoraron positivamente la medida, aunque se
mostraron escépticos sobre su eficacia real. "Cualquier sindicalista sabe que es
muy difícil demostrar vínculos laborales en la economía sumergida, por falta de
documentos y por la alta temporalidad", afirmó Carles Bertrán, coordinador del
Centro de Información para Trabajadores Extranjeros de CC OO en Cataluña.

Raimundo Aragón, Director General de Inspección de Trabajo,
había reconocido que no siempre "va a ser fácil verificar esa relación laboral",
aunque añadió que cree que "va a haber inspectores que sí se van a lanzar",
según declaró durante un seminario celebrado la semana pasada en los cursos de
verano de El Escorial. De las 247.202 actuaciones desplegadas durante el primer
semestre de 2005 por los inspectores laborales, más de un 20%, 4.059, estuvieron
relacionadas con trabajadores extranjeros.

Por otra parte, un marroquí fue detenido ayer en Ceuta cuando
intentaba colarse en un buque de pasajeros con dirección a Algeciras,
indocumentado, con una bici y vestido de ciclista. Un compatriota suyo que lo
acompañaba, con permiso de residencia en España, fue también arrestado por un
presunto delito contra la libertad de los ciudadanos extranjeros, informó Efe.

ELPAIS.es

El matrimonio homosexual celebrado entre español y extranjero
o entre extranjeros residentes en España es válido aunque la legislación del
país del miembro extranjero de la pareja no permita o no reconozca la validez de
tales matrimonios, según la Dirección general de los Registros y del Notariado,
que publicó ayer una Resolución-Circular en en el Boletín Oficial del Estado.

El pasado 5 de julio, un juez de paz de Canet de Mar
(Barcelona) rechazó tramitar una solicitud de matrimonio entre dos hombres
porque uno de ellos era indio y la ley de su país no permite el matrimonio
homosexual. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña salió en defensa de
este juzgado dos días más tarde. La nota de prensa emitida por el tribunal
indicaba que el artículo 9.1 del Código civil "establece claramente" que , para
contraer matrimonio, "la ley personal correspondiente a las personas físicas es
la determinada por su nacionalidad. Esta ley regirá la capacidad y el estado
civil, los derechos y deberes de la familia y la sucesión por causa de muerte".
El tribunal razonaba que, si la ley personal de uno de los contrayentes no
permitía el matrimonio gay, no podían casarse válidamente.

La Dirección General de los Registros y del Notariado
contradice ahora esta interpretación de la ley. En la circular publicada ayer
señala que considerar que los matrimonios entre español y extranjero del mismo
sexo son nulos supondría atentar contra el principio de igualdad consagrado en
el artículo 14 de la Constitución Española.

Una decisión relevante
El texto afirma que los encargados del Registro Civil no deben
negar la posibilidad de contraer matrimonio en España a personas del mismo sexo
alegando que en el país del que son nacionales el matrimonio no produciría
efectos. El registro indica que, en todo caso, "son las autoridades extranjeras
las que deben decidir si el matrimonio contraído en España entre personas del
mismo sexo surte efecto" en su país o no, pero en España el matrimonio es
válido. El criterio que publicó ayer la Dirección General del los Registros y
del Notariado es relevante porque todas las decisiones que adopten los jueces
encargados del Registro Civil son recurribles ante este órgano administrativo.

La circular señala también que los matrimonios entre personas
del mismo sexo podrán celebrarse en el extranjero, ante autoridades consulares
españolas. En este caso, para que el matrimonio sea válido deberán cumplirse los
tres siguientes requisitos:

- Al menos uno de los contrayentes ha de ser nacional español.

-Al menos uno de los contrayentes debe tener su domicilio en
la demarcación consular correspondiente.

-El estado en el que esté el Consulado español no debe
oponerse a que las autoridades consulares celebren matrimonios en su territorio.

ELPAIS.es
M. C. B. - Madrid

Diplomáticos de India y Bangladesh vendrán a Algecira a identificar a los inmigrantes que se hacinaban en el barco 'Menavaa 1' para tratar de agilizar los trámites de expulsión, si es que procede, pero sobre todo para acabar con una situación angustiosa: desde que llegaron, los indocumentados no han dicho ni una sola palabra.
No hablan inglés ni francés, y mucho menos
castellano, así que no han entendido nada de lo que les han dicho en la
comisaría ni en la comandancia de la Guardia Civil. Los abogados tampoco han
podido hacer nada con ellos hasta ahora. La situación es tal, que por ahora se
ha optado por darles a cada uno un número, de forma que ahora son el inmigrante
número 1, el número 2, y así sucesivamente hasta llegar al número 135.

El sábado, el Ministerio de Exteriores se puso en
contacto con representantes diplomáticos de India y Bangladesh, a quienies
pidieron que se trasladaran a Algeciras para este trámite no tan burocrático. De
lo que se trata, además, es de determinar si son de esos dos países, porque es
algo que se ha dado por hecho -como también que algunos nacieron en Pakistán-
pero no se ha podido confirmar. Carecen de cualquier tipo de documentación y es
bastante fácil que un occidental se confunda con un mero vistazo y les 'otorgue'
una nacionalidad que en realidad no tienen.

También existe la posibilidad, apuntaron fuentes
consultadas por este periódico, de que algún inmigrante esté tentado de
inventarse otra nacionalidad para no ser deportado a su país, por miedo a alguna
represalia de sus gobiernos. Por razones obvias, los diplomáticos de esos países
serán más difíciles de engañar.

Europa Sur
G. ORTEGA
algeciras.

El ex presidente del Centro Cultural Islámico de Valencia Ridha el
Barouni está preparando junto a su abogado un recurso contra la decisión del
Consejo de Ministros de retirarle el estatuto de refugiado.

Esta resolución fue emitida el pasado 21 de julio, a partir de un
informe del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que vincula a El Barouni con
redes terroristas internacionales en Sudán.

Además, El Barouni, natural de Túnez, pertenecía a An-Nahda, una
organización tunecina que aparece en la lista de organizaciones terroristas
internacionales ligadas al terrorismo de Al Qaida.

Partido ilegalizado
El ex responsable del centro islámico asegura que An-Nahda es un
partido político que tuvo representación parlamentaria en su país, aunque
posteriormente fue ilegalizado por el Gobierno de Túnez.

Ese fue el motivo por el que, según relató El Barouni a LAS
PROVINCIAS, vino como refugiado a España en el año 1988.

“A finales de julio recibí la decisión administrativa de la retirada
del estatuto de refugiado”, expresó el tunecino. El Barouni añadió: “Tengo hasta
finales de agosto para recurrirlo. Lo haré ante la Comisión Interministerial de
Asilo y Refugio y ante el Tribunal Supremo”.

Permiso de residencia
“De momento no he recibido la notificación de la orden que me da 15
días para salir del país. Si al final me quitan mi condición de asilado,
intentaré legalizar mi situación por otro lado, obteniendo el permiso de
residencia dentro de los supuestos de la Ley de Extranjería”, explicó El
Barouni.

No obstante, fuentes conocedoras del caso explicaron que, si son
ciertos los supuestos vínculos terroristas, el tunecino difícilmente logrará el
permiso de residencia en España.

Ridha manifestó que, si acaba siendo es expulsado del país, no le
pueden deportar “a cualquier lugar. Me tienen que enviar a un país en el que me
acepten, donde se respeten los derechos humanos y en el que mi vida no corra
peligro”.

Según expresó El Barouni, “a Túnez no me pueden devolver porque allí
estoy perseguido por el Gobierno. Aún así, confío en la justicia para conservar
el estatuto de refugiado, ya que no tengo ninguna vinculación con el
terrorismo”. Desde el Centro Cultural Islámico de Valencia defienden la
inocencia de Ridha. “Realizó una gestión muy buena durante el periodo que fue
presidente. Trabajó siempre en favor del diálogo y de la interreligiosidad”,
manifestó la vicepresidenta de la asociación.

Las Provincias

Varios agentes de la Guardia Civil detuvieron ayer a L. A. F.
por enarbolar una pistola de fogueo para defender a familiares de guardias de
las imprecaciones y zarandeos de algunos vecinos concentrados ante la puerta de
los juzgados de Roquetas de Mar para apoyar a la familia de Juan Martínez
Galdeano.

El hombre pasará hoy a disposición judicial, según informó
ayer la Guardia Civil. Tanto algunos parientes de guardias como algún agente
aseguraron que se trata de un vecino que carece de relación profesional o
familiar con los integrantes del cuartel almeriense.

Los allegados de Juan Martínez Galdeano han acudido a la
puerta del juzgado cada vez que alguno de los imputados por su muerte tenía que
declarar. La expectación ante la citación del teniente José Manuel R. incrementó
ayer el número de curiosos hasta el centenar. Las familias de algunos guardias,
implicados o no en el suceso, también decidieron ayer movilizarse en protesta
por los llamados juicios paralelos. Y lo hicieron en el mismo lugar.

Pasaban pocos minutos de las 15.00 cuando cinco mujeres
desplegaron pancartas individuales ante la plaza con tres lemas: "Viva la
Guardia Civil", "No hay derecho a sentenciaros antes de juzgaros" y "Ánimo,
tenéis la conciencia tranquila". Después llegaron otra decena de personas y se
colocaron detrás de las pancartas en silencio. Pero el silencio duró poco en la
plaza. Los vecinos que se concentran en apoyo a la familia de Juan Martínez
comenzaron a gritarles y algunos, más exaltados, increparon de forma
intimidatoria a las mujeres, que exigían su derecho a manifestarse
"pacíficamente".

Asistencia médica
En poco tiempo, algunas personas se abalanzaron sobre ellas
para arrebatarles las pancartas y romperlas. En el forcejeo y en la resistencia,
dos mujeres sufrieron lesiones en las manos. Una de ellas, María José, esposa de
un sargento no imputado en el caso, recibió asistencia médica en el centro de
salud. "Con estas agresiones se demuestra el tipo de personas que son, se están
echando tierra encima ellos mismos", dijo tras el incidente. "No hay derecho a
que a nuestros hijos los rechacen como hijos de asesinos", censuró.

En el tumulto fue cuando L. A. F., que ya se había paseado
ante los familiares de guardias con el arma en el bolsillo, sacó la pistola, lo
que provocó la intervención inmediata de varios agentes vestidos de paisano para
controlar el arma y detener al hombre. Los allegados a la víctima consideraron
una "provocación" la protesta simbólica en apoyo de los guardias, mientras que
las familias de éstos reclaman su derecho a defender su inocencia.

ELPAIS.es
T. C. - Roquetas de Mar

Cuatro niños y cuatro adultos murieron en Berlín en la noche
del lunes en el incendio más letal desde la II Guerra Mundial. El fuego se
desató poco después de las once de la noche en la parte baja de la escalera de
un edificio de viviendas en el barrio berlinés de Moabit, de población
mayoritariamente extranjera. "Nada apunta a un atentado con motivación política
o criminal", declaró ayer el senador (cargo equivalente a ministro) del Interior
del Estado de Berlín, Ehrhart Körting, al visitar el edificio.

Además de las ocho víctimas mortales, al menos 15 personas
resultaron heridas de gravedad, y dos de ellas se debatían ayer aún entre la
vida y la muerte. Otras 10 resultaron heridas leves.

Los inquilinos del edificio, en su mayoría de origen árabe,
balcánico y polaco, no entendieron las advertencias en alemán de que no bajaran
por la escalera, según sostuvo ayer el jefe de bomberos, Albrecht Broemme. El
fuego se extendía por ella como por una chimenea llena de gases tóxicos, y las
temperaturas alcanzaban los 600 grados. El intento de huida por la escalera
supuso la muerte para algunos de los inquilinos. Cuatro de los muertos formaban
parte de una familia de origen polaco.

Los habitantes de la casa negaron, sin embargo, que hubiera un
problema de idioma. "Aquí todos hablamos bien alemán", dijo un vecino. El dueño
de un quiosco que está junto a la casa lo confirmó: "Salvo algunas personas
mayores, todos saben alemán", dijo. "Las personas que actúan presas del pánico
sólo pueden comunicarse en su lengua materna", explicó a la agencia de prensa
alemana DPA Gerd Hoff, experto en aprendizaje intercultural. "En situación de
pánico hay que hablar a las personas alto y claro para que comprendan", declaró
un psicólogo a la misma agencia. "En caso de extranjeros, la dificultad es
mayor", añadió.

Por el contrario, los vecinos criticaron las pocas
indicaciones de los bomberos y la tardanza en el rescate, después de que el
fuego quedara apagado en cuestión de 20 minutos.

"Tiraban cacerolas"
"Pasó una hora y media hasta que los bomberos vinieron por la
escalera a salvarnos", dijo el hijo de una familia griega, que explicó que en
todos los balcones había gente esperando la evacuación. "Los de la cuarta planta
tiraban cacerolas para llamar la atención de los bomberos", añadió. Otros
vecinos aseguraron que no hubo indicaciones de ningún tipo por parte de los
agentes.

La policía inició ayer una investigación para determinar las
causas del incendio, que se cree que no fue accidental. "Descartamos la
hipótesis de un atentado racista", declaró ayer el portavoz de la policía,
Thomas Piotrowski. "No se trata de un albergue de inmigrantes, sino de un
edificio normal de viviendas donde los vecinos se conocían y tenían buena
relación", explicó. No se encontraron sustancias inflamables y nadie reivindicó
la acción. "El incendio fue provocado, no sabemos aún si por un descuido o si
hubo intención", añadió Piotrowski.

La policía encontró varios cochecitos de bebé calcinados que
se cree que fueron el foco del incendio. En edificios antiguos sin ascensor es
común en Alemania que las familias dejen el carrito del bebé en el zaguán. La
casa es uno de tantos edificios de viviendas de los años treinta que abundan en
Berlín, construidos básicamente en madera.

ELPAIS.es
CECILIA FLETA - Berlín

Un informe forense encargado por la juez del caso Roquetas
tras la primera autopsia al cuerpo de Juan Martínez Galdeano revela que la
fractura "en vida" del esternón del agricultor es "compatible" con su muerte por
asfixia y, por tanto, pudo ser causa directa del fallecimiento. Según fuentes de
la investigación, se considera casi "imposible" que dicha rotura se produjera
durante las maniobras de resucitación de Martínez que los guardias y un equipo
sanitario le hicieron ante el cuartel. Además, toxicología ha confirmado que el
fallecido había consumido drogas, siempre según las citadas fuentes.
El primer informe forense, concluido el 29 de julio pasado, ya
sugería que la fractura del esternón, posiblemente por la caída de varios
guardias sobre el pecho del agricultor, como una posible "concausa" de la muerte
de Juan Martínez. Sin embargo, los médicos que examinaron el cadáver en el
Instituto de Medicina Legal de Almería prefirieron no pronunciarse
definitivamente hasta no obtener nuevas pruebas.

Para ello, fueron remitidas muestras del cadáver al Instituto
Nacional de Toxicología de Sevilla y al servicio de Criminalística del Instituto
Anatómico Forense, en Madrid. Entre esas muestras se enviaron algunas de sangre,
así como un "fragmento del hueso esternal con el fin de determinar análisis
morfológico, mecanismo de producción, data de la fractura y vitalidad o no de
ésta", es decir, si la rotura se produjo con Martínez aún vivo.

El nuevo estudio determina que la fractura se produjo "en
vida" y que, en ningún caso, se produjo como consecuencia de las maniobras de
resucitación manual cardiopulmonar. Es decir, que dicho hueso no se rompió a
causa de los masajes y golpes sobre el pecho del agricultor que los sanitarios
que acudieron al cuartel le aplicaron a Martínez, al que encontraron ya sin
respiración.

"Fuerza desmesurada"
La posibilidad de que se produjera la fractura transversal del
esternón por las maniobras de reanimación se descarta porque "llevaría implícita
la aplicación de una fuerza desmesurada" y la rotura tiene "características
vitales", lo que significa, como se ha dicho, que se produjo en vida.

El informe, que ha sido remitido a los juzgados de Roquetas de
Mar, refuerza la tesis de los forenses, para los que la fractura se pudo
producir así: "El mecanismo más probable de producción de esa fractura es
ejerciendo una fuerte contusión sobre el pecho o espalda (...). Ejemplos sobre
este mecanismo serían apoyarse bruscamente (sentarse o colocar la rodilla) uno o
varios sujetos en la espalda de la víctima, estando ésta boca abajo o estando la
víctima de pie, traccionar fuertemente los brazos o empujarlo estando apoyada la
zona esternal sobre una superficie dura esquinada".

Los agentes que han declarado ante el juez han reconocido que
tuvieron que "reducir" e "inmovilizar" a Martínez en el suelo, al que
mantuvieron así durante unos 20 minutos, momento en que dejó de moverse. Uno de
los guardias incluso ha admitido que le mantuvo contra el suelo presionándole
con el pie el omóplato. Cuatro miembros del cuartel participaron en esta
inmovilización. "Una vez que está en el suelo inmovilizado, observan [los
guardias] que no se agita, comprobando que no respira", se lee en los informes
de las pesquisas.

El nuevo informe no se pronuncia sobre si la fractura fue la
causa única y directa de la muerte, pero sentencia que dicha rotura "es
compatible" como causa del fallecimiento de Martínez Galdeano. Oficialmente, la
causa inmediata de la muerte fue "insuficiencia respiratoria o
cardiorrespiratoria aguda (síndrome asfixiático general)".

Las fuentes consultadas aseguran que la fractura del esternón,
así como "la luxación de la tercera costilla de ambos lados en su unión con el
esternón" que también presentaba el cuerpo, pueden generar "un cuadro
asfixiático general", que se vería agravado "sobre todo" por la situación "de
inmovilización y el estrés causado por la detención, los golpes o el consumo de
drogas, o todas ellas a la vez".

Había tomado drogas
Además, el informe de toxicología concluye que Juan Martínez
Galdeano había consumido drogas, según las fuentes consultadas, que indicaron
que se trataba de cocaína y hachís. El propio agricultor, de 1,86 metros de
altura y 107,5 kilos de peso, dijo al llegar al cuartel, a eso de las 16.30 del
24 de julio, que había ingerido drogas, y entre sus antecedentes clínicos
figuraba "consumo de drogas de abuso".

El fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Almería, Juan
Manuel Oña, afirmó ayer durante una entrevista en la cadena SER que los
resultados de las pruebas toxicológicas y criminológicas encargadas para aclarar
la muerte del agricultor "pueden modificar la decisión del juez" de dejar en
libertad con cargos a los guardias implicados en el caso. El fiscal no quiso
hacer más precisiones.

ELPAIS.es
J. A. RODRÍGUEZ / M. GONZÁLEZ - Madrid

El canciller alemán Gerhard Schröder presentará el próximo 19
de agosto un disco con canciones de estrellas alemanas del hip-hop titulado
Juntos contra la ultraderecha, destinado a combatir los comportamientos
xenófobos.
Schöreder, al que muchas encuestas dan como perdedor en las
elecciones del 18 de septiembre que disputará a su rival democristiana Angela
Merkel, apadrina esta iniciativa, en la que han participado rostros conocidos de
la escena hip-hop alemana como Smudo, líder del grupo Die Fantatischen Vier.

El disco incluye piezas nuevas y otras ya conocidas por el
público alemán y será distribuido en los distritos donde el ultraderechista
Partido Nacional Democrático (NPD) tiene más apoyo.

ELPAIS.es
AGENCIAS - Berlín

El ministro del Interior de Reino Unido, Charles Clarke, ha
anunciado hoy la detención de diez extranjeros sospechosos de representar una
"amenaza para la seguridad nacional" y ha afirmado que serán deportados. Entre
ellos se encuentra el clérigo musulmán Abu Qutada, considerado jefe espiritual
de Al Qaeda en Europa, según la BBC. La deportación de islamistas radicales que
inciten a cometer atentados es una de las medidas anunciadas el pasado viernes
por el Gobierno británico para reforzar la lucha antiterrorista tras los ataques
del mes de julio en Londres.
"En virtud de mis poderes para deportar individuos cuya
presencia en Reino Unido no es favorable para el bien público por razones de
seguridad nacional, el servicio de inmigración ha detenido hoy a diez nacionales
extranjeros que yo creo suponen una amenaza para la seguridad nacional", dice
Clarke en un comunicado. "Ellos permanecerán detenidos en lugares penitenciarios
seguros y no voy a revelar sus nombres", agrega. "Después de meses de trabajo
diplomático, ahora tenemos razones para creer que podemos obtener las necesarias
garantías de los países a los que haremos las deportaciones, de modo que (los
arrestados) no estén sujetos a la tortura o los malos tratos", indica la nota.

La deportación de extranjeros potencialmente peligrosos es una
de las medidas anunciadas el pasado viernes por el primer ministro, Tony Blair,
como parte de una nueva estrategia para combatir el terrorismo tras los
atentados del 7 de julio, que mataron a 52 personas, y del 21 de julio, que no
causaron víctimas, en la red de transporte público de Londres. Reino Unido, como
país firmante de la Convención Europea de Derechos Humanos, no puede deportar a
nadie a países donde puedan sufrir torturas, pero Blair afirmó que espera cerrar
acuerdos con diversos países para garantizar que los deportados serán tratados
correctamente. Su Gobierno ya ha firmado un acuerdo con Jordania y está en
negociaciones con varios países más, entre ellos Argelia, Túnez, Egipto y
Líbano.

En la operación de hoy han participado cuatro cuerpos de
seguridad -la Policía Metropolitana de Londres, la Policía de Leicester, de
Bedfordhsire y de West Midlands- junto con agentes del servicio de inmigración
británico.

Si bien el Gobierno no ha querido revelar las identidades de
los retenidos, la BBC asegura que entre ellos se encuentra el clérigo musulmán
radical Abu Qutada, de 44 años. Qutada es considerado el embajador de Osama Bin
Laden en Europa y predicaba en la mezquita de Finsbury Park, en el norte de
Londres, pero fue detenido en 2002. El clérigo es palestino de origen jordano y
llegó al Reino Unido como refugiado político en 1993.

Desde el año 2002 Qutada estaba retenido sin cargos en la
prisión de alta seguridad de Belmarsh, en el sureste de Londres, en virtud de
unas leyes aprobadas por el Parlamento, pero en marzo pasado fue liberado para
pasar al arresto domiciliario con medidas de control, en aplicación de la nueva
Ley de Prevención del Terrorismo.

El juez español Baltasar Garzón llegó a calificar a Qutada
como líder espiritual europeo de un grupo terrorista vinculado a Al Qaeda
durante una investigación sobre las conexiones de los autores de los atentados
del 11 de septiembre de 2001 contra EE UU.

ELPAIS.es
AGENCIAS - Londres

La estricta aplicación de la ley de emigración en Rumania ha
provocado una conmoción en los accesos por carretera al país. Conforme a una
ordenanza de urgencia gubernamental, desde el 1 de agosto los agentes
fronterizos comenzaron a retirar el pasaporte a quienes, partiendo de Rumania
como turistas, superaran los tres meses de ausencia y no tuvieran un contrato de
trabajo o documentación legal que acreditara que está en trámite su permiso de
residencia en el país de acogida. El Gobierno rumano asegura que con la medida
da cumplimiento a una ley de 2003.

En una semana, más de 3.500 rumanos han perdido sus documentos
de viaje en los puestos fronterizos de la zona oeste: tras unos meses de trabajo
en negro, volvían de vacaciones a su país. La noticia ha provocado la desbandada
al otro lado de la frontera y la mayoría ha preferido emprender el viaje de
vuelta a la marginalidad antes que entrar en Rumania y quedarse sin pasaporte.

El Ejecutivo rumano apoya su decisión en los últimos datos
recogidos en la frontera: desde el mes de enero, más de 1.800.000 personas han
sido devueltas a sus localidades por no cumplir los requisitos legales para
emprender viaje al extranjero. También hace referencia a los episodios de
tensión vividos en la frontera franco-española, donde se impidió el acceso a más
de 18.000 rumanos que pretendían entrar a España en autobús durante el primer
cuatrimestre del año.

Cuando faltan dos meses para la publicación del informe que
puede confirmar la adhesión de Rumania a la UE en enero de 2007, las autoridades
se enfrentan a un serio problema de imagen: "El principal tema recurrente en
cualquier reunión bilateral o multilateral es la migración ilegal: no existe
colega de la UE con el que me haya reunido que no aluda directa o indirectamente
a este asunto", aseguraba en julio el ministro del Interior rumano, Vasile
Blaga. "Hacemos cumplir la ley", declaró hace unos días. La oposición le acusa
de poner en riesgo los 2.000 millones de euros anuales que son transferidos al
país por sus emigrantes.

A la alta política se une la mala imagen y la marginalidad de
los ilegales en sus países de destino. "Tenemos que terminar con la imagen
nefasta de Rumania que estamos dando en el extranjero", aseveraba el portavoz de
la Policía de Fronteras. En función de la reincidencia en el incumplimiento del
plazo legal de estancia en el extranjero, la retirada del pasaporte se mantendrá
por uno, tres o cinco años.

En los puestos fronterizos, además de las protestas por la
rigidez de la norma, cobraba presencia el drama humano. Muchos de los que han
perdido el pasaporte se lamentaban por los objetos personales que han dejado en
los países en los que trabajaban de forma ilegal; otros, familias rotas por la
necesidad, emprendían el viaje de vuelta entre lágrimas. "Llevo cinco meses sin
ver a mis hijos, traigo muchos regalos para ellos y ahora tengo que volver sin
verles porque necesitan el dinero que gano", se lamentaba Daniela, una
trabajadora sin papeles en el campo español. "No soy un delincuente", aseguraba
Cosmin, obligado a permanecer en Rumania, mostrando sus manos curtidas; "trabajo
en lo que puedo para mantener a mi familia".

En España, el Observatorio Permanente de la Inmigración
cifraba en 85.518 los rumanos con papeles en abril, antes del proceso de
regularización. Tras la medida, se ha dado de alta en la Seguridad Social a
45.421 rumanos más. Según el último estudio de la misión en Rumania de la
Organización Internacional para la Migración, España ocupa el segundo lugar de
preferencia en el índice de destinos potenciales de los emigrantes rumanos.
Italia, primer país en la lista, es preferido por el 30% de los encuestados.

ELPAIS.es
CARLOS OLANO - Bucarest

Los responsables del cuartel de Roquetas ocultaron el vídeo
donde se ve cómo el teniente José Manuel R. golpea con dos porras prohibidas al
detenido Juan Martínez Galdeano. Las imágenes, de "gran crudeza", en palabras
del jefe de la Comandancia de Almería, no fueron incluidas en el primer
visionado de las cintas, el mismo día 24. Se descubrieron 24 horas después,
según consta en la información reservada de la Guardia Civil, a la que ha tenido
acceso EL PAÍS. Ello provocó el cese inmediato del teniente, para evitar que
obstaculizara la investigación.
A última hora del 24 de julio, pocas horas después de la
muerte de Juan Martínez Galdeano, el comandante J. H. M., instructor de la
información reservada de la Guardia Civil, el alférez de la Unidad de Policía
Judicial y el teniente José Manuel R. visionaron en el cuartel de Roquetas de
Mar (Almería) las imágenes captadas esa misma tarde por las cámaras de
vigilancia exterior.

"No se observa ningún hecho relevante pues, según se les
indica, los momentos en que el detenido fue reducido quedaban en una zona oculta
a la cámara", escribió el comandante.

Todo lo que pudieron ver es cómo varios guardias corrían hacia
el lugar donde estaba el mástil, lo que "infunde a presuponer que se estaba
produciendo un altercado" en esa zona, según el informe, y "cómo se zarandea un
vehículo", de lo que podía deducirse que alguien lo empujaba.

El teniente fue explicando al comandante el significado de
esas imágenes, que, por sí mismas, resultaban incomprensibles. La escena del
mástil correspondía al momento en que el detenido se agarró al mismo, antes de
su detención, y la del coche, a los minutos previos a su muerte, cuando
intentaron introducirlo en un vehículo para llevarlo al cuartel de la Policía
Local y hacerle la prueba de alcoholemia.

El comandante preguntó expresamente al teniente por las armas
utilizadas para reducir al detenido y éste respondió que "sólo se empleó la
fuerza física, defensas de goma (reglamentarias) e incluso spray (de dotación)".

"Fuerza mínima necesaria"
En el informe remitido a la Comandancia de la Guardia Civil de
Almería, el día 25 por la mañana, el responsable del cuartel de Roquetas hizo
constar lo siguiente: "Dada la gran resistencia mostrada por esta persona [Juan
Martínez Galdeano], es necesario el empleo de la fuerza mínima necesaria para
reducirlo".

Antes de abandonar Roquetas, el domingo por la noche, el
comandante ordenó al agente "rescatar todas las imágenes del disco duro [donde
se guardaban las grabaciones de las cámaras exteriores del cuartel], pues las
mismas pueden ser de gran interés junto al atestado policial".

El lunes por la tarde, el alférez responsable de la Unidad de
Policía Judicial telefoneó al comandante para comunicarle que "mientras un
miembro del GATI [Grupo de Análisis de Tratamiento de la Información, expertos
en informática] rescataba imágenes del circuito cerrado de TV se ha observado
una imagen no vista el día anterior, en la que se observa al detenido en el
segundo altercado provocado por éste, al introducirlo en el vehículo".

En esta ocasión, el DVD no se visionó en el cuartel, sino en
la Comandancia de Almería, en presencia del teniente coronel jefe de la misma,
Antonio Barragán.

"Visionadas de nuevo las cintas", escribió éste, "se observa
cómo el detenido, esposado, al ser trasladado al vehículo oficial para ser
conducido a los arrestos municipales, está siendo reducido por cuatro guardias
en el suelo del patio, tras haber sufrido los guardias una agresión [...]
aparece de paisano el teniente, quien provisto de una defensa [extensible] en
una mano y en la otra una defensa eléctrica comienza a reducir al detenido con
golpes y descargas, al tiempo que el detenido propina patadas y movimientos
bruscos del cuerpo. Tras varios minutos de forcejeo se observa cómo es
arrastrado fuera de la visión de la cámara, permaneciendo en el patio hasta que
se presenta el personal sanitario, unos 20 minutos después".

El informe incluye una descripción detallada de la secuencia,
que se reproduce íntegramente en esta misma página. Incluso un teniente coronel
de la Guardia Civil, como el jefe de la Comandancia de Almería, alude a "la
crudeza de las imágenes" como una de las causas del cese fulminante del
teniente.

Pero lo más importante fue descubrir el uso de dos porras no
reglamentarias, una "circunstancia que no fue referida por el teniente al
comandante [instructor de la información reservada] ni al alférez [de Policía
Judicial]".

Aun advirtiendo que todavía no podía "determinar si el empleo
de la esa fuerza fue causante del fallecimiento", el teniente coronel decidió
relevar al teniente como jefe del puesto de Roquetas y adscribirlo en comisión
de servicio a la Comandancia de Almería, "a fin de que no entorpezca la
investigación de los hechos".

ELPAIS.es
MIGUEL GONZÁLEZ / JORGE A. RODRÍGUEZ - Madrid

El Gobierno ha decidido que 88 de los 135 inmigrantes que llegaron el pasado viernes a Algeciras, hacinados en la bodega del pesquero 'Menavva I', abandonen cuanto antes las dependencias policiales de Era de las Torres y sean trasladados a centros de internamiento para extranjeros hasta que sean repatriados a sus países de origen.
Estos 88 inmigrantes, según comentaron ayer desde
la subdelegación del Gobierno en Cádiz, son los que, tras ser sometidos a
controles médicos por parte de la Cruz Roja y de personal de Sanidad Exterior,
no presentan enfermedades, una circunstancia que sí afecta a otros 37, que
padecen la sarna, y a seis, que contrajeron la malaria.

Todos ellos continuarán en Algeciras por un
periodo que no ha sido precisado y que dependerá fundamentalmente de su estado
de salud. Los enfermos evolucionan favorablemente, aseguraron las fuentes
consultadas por este periódico.

El martes se habló de un séptimo caso de malaria,
un inmigrante que fue trasladado al hospital Punta Europa, donde están los otros
seis enfermos. Sin embargo, ayer se supo que lo único que sufre es un
enfriamiento con procedimiento neumónico asociado.

Las fuentes gubernamentales no pudieron
especificar ni cuándo se efectuarán los traslados ni cuál será su destino. Sí
resaltaron que podrían ser llevados no sólo al centro de internamiento de La
Piñera, sino también a la isla de Las Palomas, en Tarifa, o a puntos más
alejados como Málaga, Sevilla o incluso Valencia.

Los inmigrantes, de los que se sospecha que pueden
ser de India o Bangladesh, siguen sin ser identificados oficialmente. Aunque la
dirección general de Migraciones solicitó la visita de diplomáticos de los dos
países mencionados para certificar los datos, éstos todavía no han llegado.
Quienes ocupaban las bodegas del barco, viajando en condiciones higiénicas
deplorables, tienen una identificación provisional -un número, en realidad- y
una fotografía como únicas señas de identidad. No obstante, las referidas
fuentes gubernamentales indicaron que ese proceso de identificación definitiva
podrá realizarse en sus nuevos destinos sin problemas.

Los inmigrantes, en un plazo máximo de un mes,
abandonarán suelo español. Interior puede utilizar dos procedimientos para eso:
el que se emplearía en cualquier otro rescate de extranjeros en alta mar -que
sería el más correcto, hablando en términos burocráticos, porque fue así como
llegaron a España- o el habitual en los casos de indocumentados.

La salida de inmigrantes de Era de las Torres
puede servir, además, para acallar las críticas que se han venido escuchando en
los últimos días, realizadas fundamentalmente por los agentes de la Policía
Nacional y los guardias civiles que han estado en contacto con el pasaje y la
tripulación, respectivamente, del 'Menavaa 1'.

En ese sentido, ayer trascendió otra queja: los
indocumentados no fueron atendidos por personal de Sanidad Exterior hasta el
martes por la noche. En los cuatro días anteriores, sólo han estado al cargo de
ellos componentes de la Cruz Roja, con medios bastante escasos, y en ningún caso
por personal del Servicio Andaluz de Salud.

Fuentes del SAS indicaron ayer al respecto que se
han cumplido con los protocolos de actuación en este tipo de casos, que
establece que las competencias corresponden a Sanidad Exterior y a Cruz Roja.
"Nosotros acudimos el viernes al puerto, donde se envió al servicio de
emergencias 061, y también nos hemos hecho cargo de los casos que nos han
derivado al hospital", indicó una portavoz.

Europa Sur
GUILLERMO ORTEGA
algeciras.

Las últimas iniciativas programadas por la Ciudad Autónoma no
contentaron a la oposición, de ahí que el secretario de Juventudes Socialistas,
Amin Azmani, calificara de «suspenso a la Organización de la Gran Movida y
ejemplar insulto la gala de Miss y Mister Melilla».

Azmani, tras las declaraciones de la viceconsejera de Festejos,
Carmina San Martín, sobre el uso de las escaleras que utilizan los inmigrantes
para cruzar la frontera en el decorado de la gala de Miss y Mister Melilla, le
exige que «aclare esto públicamente, porque sería muy denigrante que para
organizar un acto de ocio se utilice el sufrimiento de personas que con estas
escaleras pretendían alcanzar una mejor calidad de vida».

La Gran Movida

Por otra parte, Azmani aseguró ayer que se cometieron errores
fundamentales en la Gran Movida. Uno relacionado con la falta de un «servicio de
vigilancia y atención sanitaria que velara por los concursantes».

En segundo lugar, Azmani considera «patético y ridículo» que el
jurado estuviera compuesto sólo por miembros del equipo de Gobierno y por uno de
sus asesores, lo que se traduce, a su parecer, en que no fue «representativo
para los melillenses», porque no contó con la participación de la oposición.

En tercer lugar, el representantes de Juventudes Socialistas se
quejó de que la Viceconsejería no haya contado con las entidades que aglutinan a
este sector de población para diseñar las pruebas, cuando «tenemos propuestas
interesantes para hacer de de la Gran Movida un auténtico escenario de
participación abierta a todos los jóvenes».

Sur Digital
ÁNGELA M. PERAZZI/MELILLA

Miembros de Salvamento Marítimo, dependiente del Ministerio de Fomento, consiguieron ayer rescatar de las frías aguas del Estrecho de Gibraltar a tres inmigrantes marroquíes que a bordo de una canoa pretendían alcanzar las costas de Tarifa.
Los hechos sucedieron sobre las 8.45 horas del día
de ayer cuando la embarcación Salvamar Alkaid recibía las indicaciones del
centro zonal de control marítimo del Estrecho (Tarifa-Tráfico) para que
interceptara una embarcación con inmigrantes, alertando de sus frágiles
características que dificultaban el rescate de las personas que viajaban a
bordo.

Los tres inmigrantes -de 27, 29 y 34 años de edad-
fueron previamente avistados por el pesquero Ilusión Lardada, que se encontraba
faenando y que cuando comprobó que se trataba de una canoa, optó por no intentar
el rescate, sino comunicar la posición a Tarifa-Tráfico.

Cuando la embarcación de rescate logró avistar a
los inmigrantes, a unas seis millas y media al sur de la isla tarifeña,
comprobaron cómo tres varones mayores de edad se encontraban aferrados a una
tabla de unos tres metros y medio de eslora y uno de ellos "intentaba" remar con
un pequeño remo. Remolcaban además un pequeño flotador para garantizar así una
mayor flotabilidad en caso de dificultad, además de transportar su "equipaje".
Los inmigrantes habían fabricado una quilla con tablero marino y la habían
adherido a la tabla con pegamento.

Los efectivos lograron rescatar a los tres
inmigrantes y conducirlos al puerto tarifeño donde les esperaban la Guardia
Civil y los voluntarios de Cruz Roja, quienes les dispensaron las primeras
atenciones. Según un facultativo de Cruz Roja, los tres presentaban claros
indicios de hipotermia, consecuencia de pasar muchas horas en el agua bajo unas
condiciones extremas. Los clandestinos no precisaron ser hospitalizados después
de que la Cruz Roja lograra su recuperación en las dependencias portuarias, por
lo que posteriormente fueron puestos a disposición de la Guardia Civil y
conducidos hasta el centro de atención en la isla de Las Palomas.

Europa Sur
SHUS TERÁN
tarifa.

Los juzgados de Roquetas registraron este viernes una denuncia contra el teniente del cuartel y otros dos de los agentes imputados en la muerte de Juan Martínez Galdeano por un delito de tortura y detención ilegal contra un joven de 25 años por unos hechos ocurridos en junio de 2004. La denuncia, interpuesta por el abogado Francisco Ferre en nombre del denunciante, C.S.L., sostiene que el teniente al mando detuvo "ilegalmente" a su cliente cuando se encontraba en los servicios de un pub de
Roquetas y, tras llevarlo a las dependencias de la Guardia Civil, le puso "una
pistola en la cabeza".

La denuncia relata que el 19 de junio de 2004 agentes del
puesto de Roquetas, entre ellos los denunciados, en un servicio contra la venta
de drogas, accedieron a los lavabos de un pub donde estaba el joven, y uno de
los guardias, "de paisano y sin identificarse", le requirió que le explicara por
qué estaba allí. El joven se negó a contestar "para evitar problemas", por lo
que lo identificaron y le conminaron a que sacara lo que llevaba en sus
bolsillos, un trozo de hachís de aproximadamente un gramo -"para tres porros"-
por ser "consumidor habitual" de esa sustancia y 90 euros cobrados por su
trabajo de camarero en otro bar de Roquetas.

En la denuncia, el abogado precisa que, pese a que lo habitual
hubiera sido identificar al joven "al objeto sólo y exclusivo de sancionar
administrativamente", los agentes alargaron la retención del denunciante, para
quien "empezó el calvario" puesto que la "ilegal retención" se convirtió en
"detención ilegal". El joven accedió a salir a la puerta del pub, en cuyos
servicios los agentes retuvieron a otra persona que se encontraba allí, y "se
asustó por lo anormal de la situación", por lo que instó a sus conocidos que se
hallaban a la entrada de la discoteca a que avisaran a sus padres o hermano,
momento en el que un agente "agarró por los testículos" al denunciante, que fue
traslado al cuartel.
Preguntas ajenas a su retención

En las dependencias de la Guardia Civil, fue sometido a un
interrogatorio "a todas luces ilegal, puesto que ni se hallaba detenido ni se le
habían leído sus derechos", y que se basó en preguntas sobre "un conocido de
Roquetas" y la vinculación sentimental del joven con la hija de éste, algo que
"nada tenía que ver con lo ocurrido en el servicio del pub" y que C.S.L.
desconocía, según consta en la denuncia.

Durante el interrogatorio, relata la denuncia, el teniente
sacó una pistola y se la puso en la cabeza al joven, que sufrió "un frío
terrible", mientras los demás agentes presentes "se mofaban" de él. Al
desconocer el joven lo que le preguntaban, los agentes lo trasladaron de nuevo
al pub, donde fue retenido para registrar su coche, traslado durante el cual
recibió "pescozones" por parte de los guardias civiles que lo custodiaban.

Al llegar al vehículo, el joven vio a dos amigos, a los que
llamó para que presenciasen el registro, si bien huyeron cuando un agente "se
puso su mano en la pistola para amedrentarlos". "Como nada había que encontrar",
registrar ni detener, agrega la denuncia, los agentes detuvieron al joven hasta
las 12:00 horas del día siguiente -20 de junio-, cuando se personó el letrado,
que tampoco fue informado, precisa, del motivo de su detención.

Según explicó el abogado a los periodistas, los agentes
denunciaron al joven por un delito contra la salud pública por portar un gramo
de hachís, "cuando eso es una infracción administrativa", precisó el letrado,
que consideró no obstante que ese procedimiento acabará por archivarse.

"Persecución y acoso"

Tras la declaración judicial prestada por el joven con motivo
de su detención, el teniente y otro agente iniciaron "una especie de
persecución" y "acoso" contra el denunciante "como aviso de lo ocurrido", que
culminó el 22 de septiembre de 2004 cuando, trabajando C.S.L. en la terraza de
un bar, el teniente lo sometió "a un cacheo delante de los clientes y de su
jefe, que inmediatamente lo cesó" en su empleo.

Con ésta son tres las denuncias conocidas contra el teniente
del puesto de Roquetas después de que el ministro del Interior, José Antonio
Alonso, informara el jueves de la existencia de otras dos, archivadas, de julio
de 2004 y febrero de 2005 -esta última fue dada a conocer públicamente por los
denunciantes-.

El abogado Francisco Ferre dijo que tiene conocimiento de al
menos cinco casos relacionados con presuntos abusos del teniente y otros agentes
del cuartel de Roquetas, entre los que citó el de un rumano que, de visita a
unos familiares, fue "confundido con un terrorista" en el hotel donde se
alojaba, incidente que acabó, según relató, con la presentación de una denuncia
de los guardias civiles contra el extranjero por un delito de atentado a la
autoridad.

Según dijo, a mediados del pasado mayo se celebró juicio en
los juzgados de Roquetas por la denuncia interpuesta por los agentes contra el
rumano, que según el letrado no llegó a denunciar los hechos ocurridos en el
hotel de Roquetas, "y acabó como siempre, la palabra de ellos -los guardias
civiles- es palabra de santo". El letrado sostuvo que en los casos que dice
conocer "siempre intervienen los mismos" agentes del puesto de Roquetas.

HERALDO.ES
EUROPA PRESS. Roquetas de Mar

El número de embarcaciones detenidas aumentó de enero a junio
un 450% con respecto a 2004
La Benemérita ha rechazado este año a más de 200 pescadores
con 'ilegales'
Las pequeñas barcas que se acercan a faenar a aguas ceutíes,
refugio de la inmigración asiática
El tiempo de las grandes pateras de hasta 9,5 metros de eslora
y 2,5 de manga (la más grande que se ha capturado hasta ahora en el Estrecho de
Gibraltar) atestadas de inmigrantes subsaharianos parece haber pasado a la
historia para las mafias de la inmigración. En constante mutación acosadas por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la última estratagema para hacer
llegar inmigrantes indocumentados (en su mayoría de origen asiático, más fáciles
de confundir físicamente con los oriundos) a Ceuta es la que protagonizan los
pescadores marroquíes de Castillejos y Beliones

En marzo la Benemérita detuvo una patera en la bahía
sur con 5 inmigrantes asiáticos a bordo que simulaban ser pescadores.
Quienes se acercan a aguas ceutíes simulando que están
faenando para dejar a los inmigrantes que transportan, generalmente entre uno y
cinco de origen asiático.

La proliferación de este tipo de 'mini-pateras' es la que,
según fuentes de la Guardia Civil, explica que mientras a nivel nacional el
número de embarcaciones con inmigrantes indocumentados a bordo interceptadas
cuando intentaban llegar a las costas españolas se ha reducido un 17%, en Ceuta
haya crecido un 450% (entre enero y junio de 2004 se detuvo a 6, mientras que
este año se han registrado 33 con 112 ocupantes) y en Melilla un 900% (1 en 2004
a 10).
"Este año sólo hemos recibido una patera con un gran número de
inmigrantes; el resto corresponde a las intervenciones realizadas por el
Servicio Marítimo con pequeñas barcas pesqueras marroquíes", señalan desde la
Guardia Civil, donde elevan hasta "más de 200" las operaciones realizadas en lo
que va de año, y que no aparecen en las estadísticas oficiales, para obligar a
regresar a aguas jurisdiccionales marroquíes a embarcaciones pesqueras del país
vecino tras sospechar que alguno de los miembros de la que en teoría debía su
tripulación no eran pescadores, sino inmigrantes indocumentados.

Estas cifras, que arrojan una media de más de un intento de
entrada detectado al día, podrían elevarse considerablemente de aquí a octubre,
ya que en la Benemérita elevan hasta una decena las intervenciones de este tipo
que deben realizar cada jornada durante el verano.
"Ahora mismo el control de las embarcaciones pesqueras
marroquíes, incluso las más pequeñas, es una de las prioridades de nuestro
Servicio Marítimo a pesar de la escasez de medios y personal que sigue
sufriendo", aseguran fuentes de la Benemérita.

Los 'pescadores' ideales, hindúes y bangladeshíes

La entrada de las pequeñas barcas de los pescadores en el
negocio del tráfico de personas en Ceuta ha obligado a las mafias de la
inmigración a "reorganizar" las vías de llegada de los indocumentados a la
ciudad autónoma. Fuentes de la Benemérita destinadas en el perímetro fronterizo
detallan que durante los últimos meses "los inmigrantes de origen asiático,
principalmente hindúes y bangladeshíes, han optado por aprovechar su parecido
físico para intentar entrar a plena luz del día en territorio español como si
fueran ciudadanos marroquíes, ya sea en barcos haciéndose pasar por pescadores
[cuando el Servicio Marítimo de la Guardia Civil no logra cerciorarse de si las
personas a bordo son o no 'ilegales' obliga a la embarcación a volver a aguas
marroquíes] o a través del Tarajal en las grandes aglomeraciones de personas que
se generan". Esta táctica parece ser la más fructífera, ya que el número de
inmigrantes asiáticos en Ceuta ha crecido progresivamente durante los últimos
meses hasta superar en número al de subsaharianos, que siempre había sido
mayoritario, pero que ahora ven reducidas sus opciones a intentar burlar la
vigilancia de la Guardia Civil en el perímetro durante la noche.

El Faro de Ceuta

La Policía Nacional ha detenido en Murcia a dos empresarios por
delitos contra los derechos de los trabajadores y falsedad documental, al
contratar con la documentación de un ciudadano ecuatoriano, usurpando su
identidad, a un argentino que murió en accidente laboral trabajando en una obra
en Patiño el pasado 25 de julio.

Según informa en una nota este cuerpo policial, los detenidos son
Oliverio Jesús T.C., de nacionalidad ecuatoriana -quien contrató al argentino
que luego falleció- y Pedro C.P, español que regentaba la firma E.R. Obras. Ésta
subcontrató los servicios de ese trabajador a través de la empresa del
ecuatoriano arrestado.

Cuando el trabajador murió fue identificado primero como Jaime
Rodrigo C.M., de nacionalidad ecuatoriana, pero entre sus efectos personales se
halló un pasaporte argentino a nombre de Juan Carlos Condori, que resultó ser su
identidad tras las pruebas realizadas por la Policía Científica.

Repatriarán el cadáver

Las declaraciones de los compañeros de trabajo del fallecido
llevaron primero hasta el empresario español, para quien decían trabajar, pero
las investigaciones policiales determinaron que en realidad lo hacían para el
ecuatoriano, cuya empresa tenía su sede social en Jumilla y cuya actividad
principal era la prestación de mano de obra en subcontrata a otros empresarios.

La Policía comprobó también que el fallecido había sido contratado
con la documentación de Jaime Rodrigo C.I., que le había sido facilitada por el
empresario detenido, que había contratado anteriormente al ecuatoriano y de
quien conservaba fotocopias de sus permisos de trabajo y residencia, que le dio
al argentino.

El cadáver de Juan Carlos Condori será repatriado a Mendoza, la
provincia argentina en la que vive su viuda y sus tres hijos gracias a la
aportación de sindicatos, organizaciones empresariales y Cáritas. El coste
superará los 4.500 euros.

La Verdad Digital
EFE/MURCIA

La delegación provincial de Alicante de la Asociación Unificada de
Guardias Civiles (AUGC) emitió ayer un comunicado en el que defiende la
actuación de los agentes procesados por torturar supuestamente en 1999 a un
detenido en el cuartel de San Juan. El hombre arrestado posteriormente falleció.

La asociación de la Benemérita considera que no se debe comparar
este caso con el recientemente acaecido en Roquetas de Mar, pues ambos tienen
sus peculiaridades.

“Además, hacemos hincapié en que en San Juan se actuó cumpliendo de
forma estricta con el protocolo de detención de personas que reglamentariamente
se establece”, afirma AUGC.

Los hechos se remontan a septiembre de 1999, cuando la Guardia Civil
arrestó a Juan Martínez Cano y a su sobrino como supuestos autores de un delito
de tráfico de drogas y otro de amenazas.

Escapó del cuartel
Martínez Cano se escapó del cuartel, pero fue capturado de nuevo y
al día siguiente se desplomó durante su comparecencia en el juzgado número 3 de
San Vicente del Raspeig.

El hombre tuvo que ser intervenido de urgencia debido a una
hemorragia interna masiva causada por la rotura del bazo, y quedó en estado
vegetativo hasta su fallecimiento en abril de 2001.

AUGC recuerda en su escrito que ni el ministerio fiscal ni el juez
vieron indicios de delito en la actuación policial. Sin embargo, el instructor
de la causa emitió en julio del año pasado un auto por el que procesa a cuatro
guardias civiles por torturar supuestamente al detenido y no prestarle la debida
asistencia.

El abogado de la acusación particular, que amplía la causa a otros
cuatro agentes y pide para los ocho un total de 46 años y medio de prisión,
comparó el caso de San Juan con el de Roquetas de Mar para quejarse de la falta
de actuación de la Fiscalía y del anterior Gobierno.

AUGC afirmó que a Juan Martínez Cano se le realizó un exhaustivo
reconocimiento médico en presencia de un abogado de oficio en el momento de
iniciar las diligencias.

“Y no hallamos motivos para poner en tela de juicio la inocencia de
los agentes, todo ello subordinándonos a la decisión judicial”, agregó AUGC.
Para la asociación, “resulta demasiado fácil hacer leña del árbol caído y crear
una falsa sensación de torturas en las miles de actuaciones diarias de los
70.000 guardias civiles que dedican su labor al servicio del ciudadano”.

Las Provincias

El ministro francés de Interior, Nicolas Sarkozy, anunció
vuelos chárter conjuntos con España y Alemania para expulsar inmigrantes. 'Hay
otros vuelos previstos y los efectuamos más allá de las barreras políticas,
puesto que lo hemos hecho con el Gobierno socialista inglés y tengo una petición
en el mismo sentido del Gobierno socialista español y del Gobierno socialista
alemán', dijo.

Sarkozy hizo esas declaraciones a la salida de la reunión de
un Consejo de Ministros al ser preguntado por un vuelo conjunto franco-británico
que salió rumbo a Kabul con una cuarentena de afganos que estaban en situación
irregular en Francia y el Reino Unido.

'Hay otros vuelos previstos y los efectuamos más allá de las
barreras políticas, puesto que lo hemos hecho con el Gobierno socialista inglés
y tengo una petición en el mismo sentido del Gobierno socialista español y del
Gobierno socialista alemán', dijo el también presidente de la conservadora y
gobernante UMP.

El vuelo a Kabul era el primero de esta naturaleza desde la
pasada cumbre de ministros de Interior del G-5 (Francia, España, Reino Unido,
Alemania e Italia) de principios de julio en Evian (este de Francia), donde se
decidió reforzar la cooperación en la expulsión de clandestinos a sus países de
origen.

Sarkozy subrayó que 'los diferentes países miembros de Europa
son Estados de derecho y es normal que en un Estado de Derecho se haga cumplir
las normas'.

'Los que tienen documentos pueden quedarse en Francia, los que
no los tienen y están en situación ilegal serán acompañados a sus países de
origen. Eso es lo que hemos decidido con nuestros colegas europeos', añadió
Sarkozy.

El vuelo conjunto causó en Francia las protestas de diversas
asociaciones de defensa de los derechos humanos y de partidos políticos, que
había pedido 'encarecidamente' a las autoridades de París y Londres que
renunciasen al mismo.

Madridpress.com

La Asociación de Trabajadores e Inmigrantes Marroquíes en
España (ATIME) denunció la muerte o desaparición de 163 inmigrantes en aguas
magrebíes en lo que va de año cuando viajaban en patera. Asimismo, criticó "la
falta de voluntad política" del Gobierno marroquí para afrontar este drama.

El presidente de ATIME, Kamal Rahmouni, ha denunciado en rueda
de prensa en Sevilla, que esta cifra de víctimas es "muy inferior" a la real, ya
que algunos naufragios no trascienden a la opinión pública.

Asimismo, además, criticó que el Gobierno marroquí "no haga
nada, alegando falta de medios", y pretenda que estas muertes se conviertan en
un hecho habitual.

NORTE DE ÁFRICA

Según Rahmouni, desde enero se han comprobado 126
fallecimientos en naufragios de pateras en Túnez (62 muertos); Argelia (37
fallecidos); Aaiún (15 muertos) y Tánger (12 víctimas mortales), así como la
desaparición de otras 37 personas.

Rahmouni ha criticado que en la reunión celebrada en Madrid
por el grupo permanente hispano-marroquí sobre inmigración, Marruecos enviara al
director general de Asuntos Interiores, Mohieddine Amzazi Walli, y no a la
responsable de inmigración: ?Esto evidencia el enfoque policial con el que el
Gobierno de Rabat responde a este problema?.

Madridpress.com

Unos dos millones de mujeres son víctimas, de manera esporádica o
continua, de la violencia en los hogares españoles. Sin embargo, sólo 700.000 de
ellas se reconocen como tales, según el Instituto de la Mujer. Su directora,
Rosa Peris, considera que la batalla contra la violencia de género comenzará a
ganarse cuando los agresores se sientan aislados en la sociedad y empiecen a ver
que "no tienen espacio, ni oxígeno que respirar, ni complicidades, ni risas en
el bar o en el trabajo".

Peris reclama un "rechazo colectivo" de la sociedad hacia quien "se
permite o cree que puede maltratar, pegar o agredir a una mujer", en una
"batalla" que en España ya ha empezado porque "hemos dejado de pensar que el
maltrato es un problema privado".

La violencia de género es, para la directora del Instituto de la
Mujer, un fenómeno "muy complejo" que es necesario entender, "sobre todo, para
no culpabilizar a las mujeres" que cada vez deben ser más conscientes de que "es
posible vivir sin violencia y que no tienen por qué ser víctimas ni aguantar
ningún tipo de agresión psicológica o física".

La sociedad debe "alentar" a las víctimas para que no sigan "bajo el
sometimiento" y sepan que "hay una salida, y que las administraciones están para
ayudarlas", declaró Peris, quien reconoce la dificultad de que muchas mujeres
admitan el problema porque en demasiadas ocasiones están "anuladas" y
"degradadas"; no tienen independencia económica o consideran que "el insulto, la
vejación y la bofetada entran dentro de la lógica".

El maltrato es un problema que afecta a todas las capas sociales y a
mujeres de toda condición, donde el único perfil del agresor "es el hombre que
entiende que la mujer es una pertenencia propia y, por lo tanto, en cualquier
momento se siente con derecho a agredirla y a someterla".

Con la aprobación de la Ley Integral contra la Violencia de Género,
"tenemos el mejor instrumento para luchar" contra este problema "y es el mejor
camino que podíamos emprender", aunque sus efectos "no van a ser inmediatos" » ,
ya que la parte más importante de esta norma es la que se refiere a la
sensibilización social y al cambio de mentalidad; "y eso, desgraciadamente, no
ocurre de la noche a la mañana", admite Peris, que ha participado en un
seminario celebrado en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

Aunque "con las leyes que hoy tenemos es imposible que nadie
discrimine a una mujer", la realidad "nos da de narices todos los días" porque
"las mujeres nos encontramos con trabas que sólo obedecen a estereotipos y roles
que nos han colocado en una situación de inferioridad". Uno de los ámbitos donde
se percibe más claramente la desigualdades el laboral. Las mujeres siguen
cobrando un 30% menos de salario por el mismo trabajo que realizan los hombres.
Reducir la discriminación en el ámbito del empleo es unaprioridad para el
Instituto de la Mujer, explica su directora.

LA VANGUARDIA DIGITAL
Efe. SANTANDER

El viaje que cuatro inmigrantes planearon para conseguir una vida
mejor acabó en el interior oscuro de un contenedor de Rotterdam. La policía
holandesa descubrió ayer los cuerpos sin vida de cuatro hombres cuyas
identidades se desconocían en el interior de un contenedor cuyo punto de partida
fue Marruecos y que acabó el viaje en Holanda.

Los fallecidos, que podrían ser de origen marroquí, "probablemente
se introdujeron en el contenedor en Casablanca", ciudad en la que atracó el
buque antes de dirigirse a un puerto español. Es probable, según las primeras
investigaciones, que los inmigrantes quisieran desembarcar en algún puerto del
sur de España, pero al final no pudieron salir del habitáculo en el que acabaron
muriendo. El contenedor, al final, les llevó hasta Rotterdam.

Los cuatro fallecidos habían preparado el viaje y "llevaban consigo
comida, bebidas y algunos utensilios", explicó el portavoz, quien añadió: "El
contenedor estuvo algunos días en España, donde las altas temperaturas
registradas pudieron ser fatales para los cuatro hombres". Los cadáveres fueron
encontrados en el interior del habitáculo cuando fue abierto por la compañía
propietaria.

LA VANGUARDIA DIGITAL
Agencias. AMSTERDAM

Ya han pasado dos meses y medio del asesinato de Josep Maria
Isanta durante las fiestas de la Patum, pero la herida continúa abierta. La
ciudad vive estos días momentos de mucha tensión y, según muchos habitantes del
municipio, "en cualquier momento puede pasar cualquier cosa". Amigos del
fallecido, pero también familiares de los detenidos, continúan denunciando
amenazas. La ciudad está dividida en dos bandos. Y la plataforma que iba a
restablecer la convivencia está sumida en una grave crisis.
Con tan sólo un paseo por Berga se palpa el conflicto. En
muchas calles siguen colgados carteles que exigen "justicia" o que reclaman una
mayor implicación del ayuntamiento, del que muchos sectores jóvenes critican su
pasividad. La consellera de Interior, Montserrat Tura, también es la
protagonista de algunas pancartas, en las que se la acusa de "fascista" y se
reclama su dimisión. En el sitio donde murió el joven bergadano, en la calle de
Lluís Millet, aún hay flores, velas y una pancarta de recuerdo.

Temor a incidentes
Lo peor es el clima social enrarecido que padece la ciudad
desde que el pasado 28 de mayo Isanta fuera asesinado. Hace una semana, la
Plataforma por la Convivencia del Berguedà volvió a convocar una concentración
para denunciar amenazas por parte del entorno de los detenidos. Según Josep
Sensada, portavoz de este colectivo, las amenazas son verbales y "se producen en
cualquier lugar de forma indiscriminada, sobre todo a gente que ellos han visto
en las concentraciones". La plataforma reivindica que se tomen medidas y teme
que haya incidentes violentos.
Familiares de los detenidos desmienten a la plataforma. Según
éstos, ellos son los que están recibiendo amenazas y a quien la gente de Berga
hace la vida imposible. Es el caso de Cristina Ballesteros, la madre de uno de
los detenidos y la matriarca del que en la ciudad se conoce como el clan de los
Catoños. "Nos están provocando para ver si estallamos", afirma Ballesteros.
Esta mujer y miembros de su familia han interpuesto en los
últimos días seis denuncias por incidentes en la calle. La última, la semana
pasada, cuando la responsable de una panadería se negó a vender unos pasteles a
dos niños de 8 y 9 años, porque eran de su familia. "Se niegan a vendernos en
las tiendas, nos insultan, nos miran mal y recibimos llamadas anónimas a todas
horas. Son peor ellos que los que están en la cárcel. Nos quieren echar de la
ciudad al precio que sea", explica.
Familiares de los detenidos por la muerte de Isanta han
recibido escritos amenazantes, que recoge el sumario como prueba. Una de ellas
dice que no se atentará contra sus vidas, aunque añade: "Pero sí contra vuestra
integridad física, provocando minusvalías o la pérdida de la capacidad de
razonamiento. En Berga, cualquier esquina es peligrosa". Ballesteros quiere que
los que mataron a Isanta paguen por su crimen, pero exige que sea la justicia
quien diga quiénes son y reclama su derecho y el de su familia a vivir en Berga
con tranquilidad.
En medio de todo este clima, la Plataforma por la Convivencia,
que surgió horas después del asesinato de Isanta, vive una fuerte crisis, ya que
diversas entidades la han abandonado en desacuerdo con su actuación. Esta
plataforma agrupa a un centenar de entidades muy diversas y se creó con el
objetivo de buscar canales para potenciar la convivencia tras los incidentes por
el asesinato de Isanta.
Entidades como el colectivo de asociaciones de padres y madres
de alumnos y algunas asociaciones de vecinos han hecho pública su decisión de
dejar temporalmente la plataforma. Creen que se ha alejado de sus objetivos
iniciales y que sólo deseen pedir destituciones.
El juez continúa con las diligencias del homicidio, por el que
están encarcelados nueve mayores de edad y cuatro menores.

El Periódico
JOSEP MARIA SARRI
BERGA

«Por lo menos ya están recogidos», comentaba ayer una mujer de 88
años, familiar de uno de los 44 fusilados que hubo en Casares en 1937 y que
permanecen en dos fosas comunes de la localidad. El pueblo casareño, después de
que el pasado enero se aprobara por el pleno de la corporación municipal dar un
reconocimiento moral a sus víctimas de la guerra civil, homenajeó ayer a los
fusilados de la guerra por el bando nacional con el levantamiento de dos
monumentos en los dos parajes en los que se sucedieron los hechos hace ya 68
años.

Los vecinos de Casares siempre se han manifestado en contra de mover
los restos de sus familiares, por ello fue aceptada por unanimidad la propuesta
municipal de levantar en su recuerdo dos monolitos en el que se detallen los
nombres y apellidos de los fusilados.

Nombres y versos

El Cerro de la Horca y Arroyo Marín son los lugares donde se
encuentran las fosas comunes y donde ayer, el alcalde del municipio, Juan
Sánchez, descubrió los monumentos con los nombres de todas las personas que
yacen en cada uno de los parajes y con unos versos del poeta Miguel Hernández:
«Aquí estoy para vivir, mientras el alma me suene, y aquí estoy para morir,
cuando la hora me llegue». Las esculturas son obra del artista malagueño Rafael
Salvatierra.

A las diez y media de la mañana tuvo lugar el primero de los
homenajes, en el Cerro de la Horca, donde el 17 de febrero de 1937 fusilaron a
nueve hombres de entre 28 y 52 años. Decenas de personas, todos ellos hijos,
nietos, e incluso biznietos, de los fusilados, acudieron al lugar, con unas
privilegiadas vistas del término municipal, para, en un sencillo acto,
homenajear a los caídos y depositar flores en honor a su memoria.

Más multitudinario fue el homenaje en Arroyo Marín, donde se ubica
la fosa común con 34 personas de entre 18 y 70 años, 13 de ellas eran mujeres.
El 5 de mayo de 1937 se produjo el fusilamiento de estos casareños en una curva
de obligado paso para llegar hasta la localidad. Bajo un árbol yacen sus restos.

«No iba a venir...»

Ayer el lugar estaba cubierto de pétalos de rosas y algunos hijos de
los que allí yacen (que ya superan los 70 y 80 años de edad) no podían reprimir
las lágrimas de emoción, pues fueron testigos directos y también víctimas de los
desastres y matanzas que se produjeron en la guerra civil española. «No iba a
venir, pero le he echado fuerza de voluntad y aquí estoy, por ella», apuntaba
ayer una emocionada mujer, familiar directo de la mujer más joven que yace en la
fosa común de Arroyo Marín. Ninguno de los allegados allí presentes, ni el
propio investigador de la memoria histórica de Casares, que comentaban ayer los
hechos ocurridos en 1937, quisieron ayer que se les nombrara, pues era un día
para el reconocimiento y dignificación moral de los vecinos caídos. «Sólo digo
una cosa, que los jóvenes que se están criando ahora no pasen jamás por lo que
nosotros pasamos entonces», deseó una casareña de 78 años, familiar de uno de
los fusilados en 1937.

Sur Digital

"Si me deportan 100 veces, 100 veces lo volveré a intentar.
Algún día llegaré". Así de claro habla Pedro Antonio, un salvadoreño de 24 años,
panadero, que ha sido detenido en México en dos ocasiones y devuelto a su país
de origen. "Tengo la confianza absoluta en Dios. Esta vez lo conseguiré". Su
objetivo es llegar a Los Ángeles, cueste lo que cueste. Allí tiene a una tía y
dos primos. "Tengo todo el tiempo del mundo. No hay prisa, porque Estados Unidos
no se mueve de donde está". Decenas de miles de migrantes centroamericanos
(salvadoreños, guatemaltecos, hondureños, nicaragüenses) piensan y actúan como
Pedro Antonio, en su intento de llegar a "los Estados" para hacer realidad el
"sueño americano".

En los primeros seis meses de este año, 115.343 extranjeros
indocumentados han sido expulsados de México, según el Instituto Nacional de
Migración. Casi la mitad fueron detenidos en el Estado de Chiapas, fronterizo
con Guatemala y principal puerta de entrada a México desde el sur. Para llegar a
su destino final, la geografía les obliga a recorrer como mínimo 3.000
kilómetros por territorio mexicano, de la frontera sur a la frontera norte, en
una carrera de obstáculos que puede incluir la deportación y la muerte.

Antes de entrar en México, muchos centroamericanos hacen una
parada en la Casa del Migrante de la ciudad guatemalteca de Tecun Uman, junto a
la línea divisoria marcada por el río Suchiate. Allí aguarda Pedro Antonio junto
a un numeroso grupo de compatriotas. Como Vilma, salvadoreña, de 38 años, que ha
dejado a sus tres hijos para tratar de llegar a Nueva York y trabajar "de lo que
sea"; Rubén Antonio, hondureño, de 19 años, que vivió seis meses en Miami hasta
que fue deportado a Tegucigalpa; o Erica Liliana, también hondureña, de 20 años,
madre de un hijo, detenida en Agua Caliente (Sonora) y repatriada hace tres
días. El equipaje de todos ellos es mínimo, dos pantalones y dos camisas como
mucho, y casi nada de dinero. "Para qué, si luego lo matan a uno y lo dejan por
ahí tirado", dice Vilma.

Los migrantes son objeto de extorsión, asaltos y agresiones de
diversa índole. La acusación más frecuente apunta a las pandillas o maras, que
actúan en Centroamérica y México, pero hay otros bandidos, asaltantes de
caminos, aprovechados y policías que ven en los migrantes un posible botín.
"Todos los cuerpos policiales se atribuyen el derecho de interceptar a los
migrantes, cuando sólo pueden hacerlo la Policía Federal Preventiva y la Policía
de Migración", precisa el padre Ademar Barilli, un brasileñoque dirige la Casa
del Migrante desde hace 11 años.

Rubén, un joven guatemalteco, tuvo que pagar 800 quetzales (84
euros) a la policía de su país. Ya en territorio mexicano, los soldados de un
puesto de control le exigieron 200 dólares (160 euros). El conductor del
triciclo que le transportó en Ciudad Hidalgo le cobró tres veces la tarifa
habitual y al llegar a la estación de tren, la Policía Sectorial le quitó el
dinero que le quedaba. El centro que dirige el padre Barilli proporciona
información de rutas, medicinas, comida, aseo y ropa. Desde enero ha alojado a
11.000 personas. Pueden quedarse hasta tres días, pero no suelen permanecer más
de uno. El 75% de los que intentan cruzar la frontera ilegalmente tiene
familiares en EE UU, explica el director de la Casa del Migrante. "Creo que más
del 50% consigue su objetivo. Estados Unidos sigue siendo el sueño, porque allí
se gana en una hora lo que aquí en un día".

Quienes llegan a Tecun Uman cruzan la frontera hasta Ciudad
Hidalgo (México) en rudimentarias balsas a través del río Suchiate, ante la
mirada impasible de soldados guatemaltecos y mexicanos apostados en las dos
orillas. Esas mismas balsas son el medio de transporte del contrabando hormiga
de gran cantidad de productos. El paso legal de la frontera es por el puente
internacional sobre el Suchiate. Allí la vigilancia no es mejor. Salí de México
en balsa y regresé por el puente sin pasaporte. Ningún soldado ni funcionario de
migración me pidió los documentos.

Casi ninguno de los migrantes admite haber contratado a un
pollero o un coyote, como se denominan en la jerga a los guías en el cruce
ilegal de las fronteras. Pero cuesta creer que puedan llegar a Estados Unidos
sin la ayuda de un conocedor de las rutas y de los puestos de vigilancia. El
tráfico clandestino de migrantes es un negocio rentable para los polleros, que
pueden cobrar hasta 8.000 dólares (unos 6.400 euros) por un pase con garantías.
El precio da derecho a tres intentos. Si fracasan en todos ellos, el pollero se
queda con el dinero y el migrante sin derecho a reclamación. Es poco común que
la víctima de un engaño denuncie al coyote o pollero en cuestión. "Suele ser el
vecino que ha ayudado a cruzar la frontera al hermano, al primo o al amigo. Es
el coyote del pueblo, que todo el mundo conoce. Hay un pacto de silencio entre
el coyote y el migrante", señala Gabriela Coutiño, portavoz del Instituto
Nacional de Migración (INM) en la ciudad de Tapachula, la ciudad más importante
de la frontera de Chiapas. "Esta es una delegación operativa a la que llegan
cada día decenas de detenidos. No tenemos tiempo de hacer estudios. En ocho
horas se les deporta a sus países de origen, dentro del Programa de Repatriación
Segura y Ordenada. La mayoría de detenciones de centroamericanos en México se
producen en Chiapas".

México tiene convenios migratorios con Guatemala, El Salvador
y Nicaragua para garantizar la repatriación de los deportados en condiciones
humanitarias. "Honduras no ha firmado el convenio porque las autoridades no
quieren a los emigrantes de vuelta. Desde el exterior pueden enviar remesas y en
su propio país serán unos desempleados más", opina un funcionario mexicano.

"Un migrante sin papeles no es un delincuente. Quien delinque
es quien trafica con ellos y abusa de su ignorancia", afirma Manuel Balcázar, de
la Unidad de Prevención del Delito del Gobierno de Chiapas. "Somos un mismo
pueblo dividido por una frontera". Balcázar recuerda que la inmigración
centroamericana nunca había sido una amenaza para México -"convivimos con ella
desde hace más de un siglo"-, y distingue tres tipos de migrantes que llegan a
territorio mexicano: "Los que van en tránsito hacia EE UU, los que vienen en
busca de trabajo aquí, y los delincuentes".

Las posibilidades de quienes se quedan en México son muy
limitadas: empleadas domésticas (en su mayoría guatemaltecas del departamento
fronterizo de San Marcos), prostitutas (hondureñas mayoritariamente), niños de
la calle (llamados canguritos) que venden cualquier cosa, y trabajadores
agrícolas, que son los únicos que poseen algún tipo de documento migratorio
expedido por las autoridades mexicanas. Las vendedoras en los mercados
(canasteras) cruzan la frontera cada día, por el río Suchiate o por el puente
Talismán.

El fenómeno migratorio rebasa la infraestructura del Gobierno
mexicano. Cada día son más los que intentan cruzar la frontera mexicana para
llegar a la frontera norte con Estados Unidos. Lo intentan tres, cuatro, cinco
veces. "La ley mexicana dice que la reincidencia se castigará con pena de
cárcel. Pero, ¿cómo vamos a meter en prisión a esa pobre gente? No tenemos
suficientes cárceles", enfatiza Coutiño.

En los últimos tiempos ha empezado a producirse un fenómeno
nuevo en Chiapas. Antes era un Estado sin apenas migración interna. Ahora,
autobuses repletos de gente salen todos los miércoles de numerosos municipios
chiapanecos y comunidades indígenas en dirección a Tijuana y otras ciudades de
la frontera Norte. Son los llamados tijuaneros, que transportan cada semana unas
1.200 personas rumbo a Estados Unidos para trabajar en los campos de caña de
azúcar, café, mango y plátano de los Estados del sur. Es un viaje de tres días
que cuesta el equivalente a 88 euros. La caída de los precios internacionales
del café, principal cultivo de Chiapas, es una de las causas del éxodo.

En los andenes de la estación de Tapachula, ocultos entre los
vagones, en las casuchas vecinas y en los alrededores, hay decenas de migrantes
que aguardan pacientemente la salida del tren de carga. Para dos jóvenes
hondureñas de San Pedro Sula es su segundo intento. La primera vez tardaron 13
días para atravesar México a bordo de ocho trenes distintos. Lograron llegar a
EE UU, pero fueron detenidas en Tejas por entrada ilegal, después de pagar 1.500
dólares al coyote que las abandonó, y devueltas a su país con la prohibición de
ingresar en EE UU durante cinco años. Están dispuestas a correr el riesgo para
llegar a Houston. ¿Y si las vuelven a detener? "Que sea lo que Dios quiera".

Historia de Lily


Lily tenía 18 años cuando llegó a México procedente de
Honduras. Había vivido lo suyo en el mundo de las pandillas hasta que no aguantó
más y emigró. Su destino era EE UU, donde viven sus padres, pero han pasado
cuatro años y el sueño americano quedó en Tapachula, a una hora de la frontera.

Lily se enamoró de un mexicano que la encaminó por
la senda que transitan tantas centroamericanas que se quedan en los pueblos de
la frontera sur. Al poco tiempo estaba bailando en un table dance (bares de
top-less) para unos tipos que no conocía. El alcohol y la droga hicieron
estragos y Lily quedó atrapada en las redes de la prostitución de la mano del
mexicano que la sedujo. Hasta que apareció un cliente con el que acabó
casándose.

La joven hondureña dejó la prostitución. Ha vuelto
a estudiar y está a punto de conseguir trabajo. Pero tiene miedo. El canalla se
resiste a perderla y se dedica a intimidar a la pareja. Lily sabe que detrás de
las amenazas hay un narcotraficante capaz de cualquier cosa. Puede que haya
llegado la hora de cambiar de residencia. "Tapachula siempre fue una ciudad
maldita para mí. Aquí caí en la droga y la prostitución", dice.

Los table dance han proliferado en la ciudad,
donde la mayoría de camareras, menores y sin papeles, se dedican al comercio
sexual. Las autoridades y la policía lo saben perfectamente, entre otras cosas
porque son clientes asiduos. Ello no impide que de vez en cuando la Policía de
Migración realice redadas que acaban con varias jóvenes deportadas a sus países.

Según cálculos de la Iglesia católica, en
Tapachula hay más de mil indígenas centroamericanas de entre 12 y 25 años que
trabajan como empleadas domésticas, camareras o ayudantes de cocina en
restaurantes. Perciben de 300 a 500 pesos mensuales (menos de 38 euros),
cantidades inferiores al salario mínimo en Chiapas, y sufren las mismas
humillaciones que padecen los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos.

ELPAIS.es
FRANCESC RELEA - Tapachula

Los hospitales españoles registran una media de 1.205 nacimientos cada día, de los cuales 146 son hijos de mujeres extranjeras. Según datos facilitados por la Federación de Planificación Familiar de España, durante el año 2003 se produjeron 53.306 nacimientos de madres inmigrantes, lo que supone el 12,1 por ciento del total de nacimientos registrados en el país ese mismo año (439.863).
La Comunidad de Madrid es la región donde se dan
más casos, con casi 11.000 nacimientos cada año. Uno de cada cuatro niños de
madre extranjera nace en Madrid, seguida de Cataluña (con el 22 por ciento de
los nacimientos) y la Comunidad Valenciana (11 por ciento). Ocupa el cuarto
lugar Andalucía, donde cada año vienen al mundo -casi siempre un mundo mejor al
que sus madres dejaron atrás- unos 4.500 niños de procedencia extranjera (el
9,77 por ciento del total).

El fenómeno de la inmigración ha llevado a la
Organización Mundial de la Salud (OMS) a destacar entre las prioridades
sanitarias las necesidades de atención de los inmigrantes y de las minorías
étnicas y culturales como colectivos especialmente vulnerables.

Isabel Serrano, ginecóloga de la Federación de
Planificación Familiar de España, informó de que en casi la mitad (el 45,2 por
ciento) del total de nacimientos de mujeres inmigrantes en 2003, la madre
procedía de algún país del continente americano. Ecuador fue el principal país
de origen de las madres (19,5 por ciento), seguido de Colombia (9,27) y
Argentina (3,4 por ciento).

Según datos del Instituto Nacional de Estadística
(INE), 3.900 americanas dieron a luz en España en 1998. Cinco años más tarde, en
2003, la cifra ascendía ya a 23.720, pasando en este periodo del 1 al 5,4 por
ciento sobre el total de los nacimientos registrados en España.

Tras América, África, Europa y Asia son, por este
orden, los continentes de las mujeres que dan a luz en los hospitales españoles,
destacando Marruecos, Rumanía, China y Filipinas entre los países de origen de
las madres.

En la actualidad, el 10,3 por ciento de los
habitantes de la Comunidad de Madrid es extranjero. En total, 589.215
inmigrantes habían fijado su residencia en esta región a finales de 2003, muy
lejos de los 60.163 empadronados en 1991, cuando la tasa de extranjeros sobre la
población autóctona apenas superaba el 1 por ciento.

Un total de 1.249.418 mujeres inmigrantes vivían
en España a principios del año pasado. Por comunidades, la mayor concentración
se registraba en Madrid (297.480), Cataluña (241.240), Valencia (191.885) y
Andalucía (131.618), seguidas de Murcia (43.812).

En cuanto a su procedencia, los principales países
de origen eran Ecuador (195.900) y Colombia (138.737), si bien un importante
número de mujeres venían de Rumanía (57.330), la República Dominicana (29.435) y
China (21.346). Marruecos, por su parte, era el país de 11.109 mujeres
residentes en España.

Para dar respuesta a esta nueva realidad social,
Isabel Serrano propone algunas estrategias en el campo de la salud sexual y
reproductiva. Por ejemplo, la ginecóloga señala la importancia de ofrecer una
buena formación intercultural a los profesionales de la sanidad, así como crear
espacios y tiempos de consulta adecuados, entre los que apunta la posibilidad de
habilitar horarios especiales (también los fines de semana) para la atención de
un colectivo cada día más numeroso.

En la necesidad de formación específica ha
insistido recientemente la Asociación Andaluza de Matronas al poner de
manifiesto la necesidad de más medios y nuevas figuras profesionales (tales como
traductores) en las consultas de ginecología.

En este sentido se ha pronunciado también la OMS,
que ha propuesto disminuir las desigualdades en el acceso a los servicios y
organizarlos evitando barreras culturales, religiosas, raciales y de lenguaje,
además de informar adecuadamente y proteger especialmente a los colectivos más
desfavorecidos practicando la discriminación positiva.

Europa Sur
JOSÉ MARÍA DE LA HERA
sevilla.

Ceuta y Melilla serán "objetivos prioritarios" de los entre
200 y 300 agentes que la Comisaría General de Información (CGI) ha escogido para
trabajar exclusivamente en el control y vigilancia de la actividad en las
principales mezquitas de Madrid, las comunidades del arco mediterráneo
(Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana) y las dos ciudades autónomas.
Este nuevo contingente dedicado a la lucha contra el
terrorismo islamista se desplegará a partir de septiembre, "cuando hayan
terminado las vacaciones", y su dotación en cada región oscilará "en función de
las investigaciones internas que se vayan realizando", según han detallado
fuentes del Comité Nacional del Sindicato Unificado de Policía (SUP) en
Madrid."Hasta el 11-M todos los esfuerzos, tanto humanos como materiales, de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se habían concentrado para combatir el
terrorismo 'doméstico', a ETA, pero ahora nos enfrentamos a otro terrorismo, el
de raíz islamista, que quizá es aún más peligroso porque busca causar muchas más
muertes", han argumentado esas mismas fuentes, que se han confesado "muy
satisfechas" con el aumento de personal y han valorado "muy positivamente" el
"cambio de rumbo" aplicado a la lucha contra el terrorismo.

Las 300 nuevas plazas convocadas por la CGI en el concurso de
primavera se han cubierto mediante un "concurso de libre designación" en el que
además de "una trayectoria y una preparación especiales" los candidatos han
tenido que mostrar interés por desempeñar este trabajo y contar con el visto
bueno de la Comisaría General de Información, ya que "estas vacantes no se
cubren con un concurso de méritos al uso", según han explicado desde el SUP.

Puestos sensibles
"Ha habido otras ampliaciones recientemente [el ministro del
Interior anunció el pasado 14 de junio la última, en la que se incorporaron a la
CGI de otros 300 nuevos agentes], pero aún con la convocatoria de puestos de
trabajo formulada en marzo, en la que se ofertaron 840 plazas en distintas
unidades, el área de terrorismo internacional de la CGI deberá reforzarse aún
más, especialmente en puestos sensibles como el de traductores", opinan en el
sindicato policial.

El número de agentes que serán destinados a Ceuta no se ha
concretado, ya que según el SUP variará en función de "las investigaciones
internas que se vayan realizando". No obstante, para el sindicato está claro que
las dos ciudades autónomas serán "objetivos prioritarios", ya que a su juicio
"son dos enclaves fundamentales tanto por su gran número de ciudadanos
musulmanes como por su posición como puntos de tránsito hacia la Península".

Su lema, 'Saber
para proteger'

La Comisaría General de Información (CGI) está encuadrada
dentro de la subdirección operativa del Cuerpo Nacional de Policía y es la
encargada de "la captación, el tratamiento y la distribución de la información
antiterrorista de interés para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".
La CGI cuenta actualmente con 2.239 efectivos, 575 en los servicios centrales en
Madrid y el resto destinados en las unidades periféricas y en las Brigadas
Provinciales de Información repartidas por toda España. Tras los atentados del
11-M la CGI incorporó 150 efectivos en julio de 2004 (90 fueron a las comisarías
de Melilla, Ceuta, Almería, Granada, Murcia, Alicante, Málaga, Badajoz y
Logroño), y otros 150 en primavera (ubicados en Madrid, Valencia, Sevilla,
Aragón, Cantabria, Valladolid y Vigo). Con el concurso convocado en marzo para
cubrir un total 840 plazas el contingente dedicado al terrorismo islamista se
reforzará con unos 300 de agentes más, acercándose así al objetivo fijado por el
Gobierno de que sean más de 1.000 los policías dedicados a este cometido cuando
termine la legislatura en curso.

El Faro de Ceuta

Las organizaciones nacionalistas rusas están llamando a pasar
de la propaganda al terror contra los que no son rusos y organizando grupos
paramilitares. Cuentan ya con unos 15.000 combatientes adultos y hasta 50.000
adolescentes. Así lo denunciaron ayer activistas de derechos humanos durante la
presentación del informe sobre xenofobia correspondiente al primer semestre de
este año.

El informe, realizado por la Oficina de Derechos Humanos de
Moscú en el marco de un proyecto apoyado por la UE, constata que en el periodo
analizado la xenofobia fue alta y 10 personas murieron. Además, más de 200
resultaron heridas en delitos relacionados con el odio étnico.

No es de extrañar, dados los ánimos contra los inmigrantes que
reinan en Rusia: el 60% de la población es partidaria de limitar la inmigración
porque teme que empeore la situación criminal y que quiten empleos a los
habitantes locales. Una encuesta publicada ayer mostraba que uno de cada cuatro
ciudadanos está a favor de prohibir a los no rusos ocupar cargos estatales de
responsabilidad, y uno de cada tres, de deportar a caucásicos y chinos de las
tierras ancestrales rusas; el 31% desearía limitar el derecho de los no rusos a
vivir en Rusia. Lo que más preocupa a Alla Gerber, presidenta de la fundación
Holocausto, es que las organizaciones ultranacionalistas, como la Unión Eslava,
llamen ahora a pasar de las palabras a los hechos. Los fascistas locales
comenzaron a crear grupos paramilitares el pasado invierno y ya han atacado
viviendas de gitanos.

ELPAIS.es
RODRIGO FERNÁNDEZ - Moscú

Salvamento Marítimo ha localizado esta madrugada frente a las
costas de Tenerife un barco de madera en el que viajan algo más de cien
inmigrantes irregulares, entre los que hay dos personas fallecidas. La nave, que
lleva mucho tiempo a la deriva, está en tan malas condiciones que los servicios
de emergencia no han podido abordarla por lo que está siendo remolcada al puerto
de Los Cristianos, 70 kilómetros al sur de Santa Cruz.
La voz de alarma se dio desde el buque escuela Eagle, que
alertó a Salvamento Marítimo. La nave, de 20 metros de eslora, está ocupada por
algo más de cien personas, entre las que figura algún niño de corta edad. Los
servicios de rescate se han comunicado con ellos de viva voz, aunque no han
querido abordar el barco ante el temor de que pudiera romperse.

El mal estado de la mar ha impedido también que se realice el
rescate por medio de un helicóptero. Tampoco ha sido posible hacerles llegar las
140 botellas de agua que se habían enviado a la zona. En estos momentos, el
barco está siendo remolcado a tierra a muy baja velocidad para evitar que sufra
daños. Entre las nueve y las diez de la mañana arribará a puerto.

En el muelle se ha desplegado un amplio dispositivo de
atención a los inmigrantes con 40 voluntarios, varias ambulancias, mantas,
líquido y comida, así como efectivos policiales.

La llegada de este barco se produce pocos días después de que
otra embarcación con 140 inmigrantes de origen indio y paquistaní a bordo fuera
interceptada cuando navegaba por El Estrecho y fuera trasladada al puerto de
Algeciras.

ELPAIS.es
JUAN MANUEL PARDELLAS - Santa Cruz de Tenerife

Una inmigrante marroquí ha denunciado al empresario para el
que trabajaba, después de que presuntamente éste la agrediera en la vía pública
en Guadalajara.

El hombre había empleado de forma irregular como limpiadora a
la extranjera durante siete meses en el Hostal Galicia, según informa Efe. Éste
no le pagó su sueldo durante este tiempo alegando que debía reembolsarle los
4.000 euros por los papeles de la regularización extraordinaria. Una tramitación
que es gratuita.

Los hechos ocurrieron a la una y media de la tarde del pasado
día 3 en el paseo de San Roque de la capital alcarreña, según informó la
responsable de Inmigración de la Unión Regional de C

C OO, Concha Rojo.

En la denuncia, se explica que el hombre pidió a Naima E. H.
que solicitara la baja voluntaria, sólo cinco días después de haberla dado de
alta en la Seguridad Social. Al negarse, José María S. R. la "empujó dentro del
establecimiento para luego agarrarla del brazo y sacarla a la calle,
produciéndole lesiones de las que fue atendida en el centro de salud de la calle
Ferial".

La mujer reclamó al denunciado que le comunicara el despido
por escrito y que le entregase 500 euros que éste se había comprometido de forma
oficiosa a pagarle. En su denuncia, Naima indicó que el hombre profirió insultos
contra su origen y le espetó "que tenía personas que harían el trabajo" de
echarla de España.

Tres 'sin papeles' en un yate
En Cádiz, agentes del Servicio Marítimo de la Guardia Civil
detuvieron en la noche del pasado sábado a dos ciudadanos holandeses, uno de
ellos reclamando por la Interpol desde Bélgica, cuando viajaban en un yate con
tres inmigrantes a bordo, informa Europa Press.

Las patrullas de noche del instituto armado interceptaron un
yate de recreo holandés, de siete metros de eslora, a cinco millas al este de
Sotogrande, San Roque (Cádiz), donde viajaban los dos tripulantes, S. A. M., de
51 años, y F. J. H. A., de 30.

El primero de ellos fue detenido al estar reclamado por la
Interpol, y el segundo también, dado que en la embarcación viajaban tres
marroquíes indocumentados, dos mujeres, de 32 y 26 años y un hombre de 27. Todos
fueron puestos a disposición judicial en el Juzgado número 2 de La Línea de la
Concepción (Cádiz).

Por otra parte, los inmigrantes de origen subsahariano han
dejado de ser los más numerosos en el Centro de Estancia Temporal (CETI) de
Ceuta, pasando los de procedencia asiática a ser los que ahora ocupan la mayoría
de las 500 plazas que tienen las instalaciones que gestiona el Imserso.

Según las cifras facilitadas por la Delegación del Gobierno en
Ceuta, a día de hoy, "el 50 por ciento" de los acogidos es de origen oriental,
lo que se traduce en unas 200 personas. El resto, se reparten entre
subsaharianos, un 40%, y magrebíes, un 10%.

ELPAIS.es
AGENCIAS - Guadalajara / Cádiz

Nuevos detalles de la investigación sobre la muerte del
ciudadano brasileño erróneamente abatido por la policía en el metro de Londres
contradicen las informaciones difundidas en un principio y afirman que el
fallecido estaba tranquilamente sentado en el metro cuando fue matado por los
agentes antiterroristas. El brasileño Jean Charles De Menezes entró a la
estación de Stockwell (sur de Londres) con un billete e incluso se detuvo a
coger un periódico gratuito, según revelan los nuevos datos que la cadena ITV ha
obtenido de la Comisión Independiente de Quejas a la Policía (CIIQ) y que ha
difundido ayer.
Inicialmente se informó de que De Menezes saltó las barreras
de la estación y huyó por las escaleras, desoyendo las advertencias de la
policía, la cual acabó por dispararle ocho tiros, siete de ellos en la cabeza,
el pasado 22 de julio. También se dijo que el fallecido llevaba un abrigo
sospechosamente abultado e inusual en verano. Sin embargo, los datos difundidos
por la cadena ITV indican que De Menezes llevaba una simple chaqueta vaquera. El
brasileño, de 27 años y electricista de profesión, fue confundido con un
supuesto terrorista relacionado con los atentados de la capital británica.

Los documentos filtrados señalan además que la operación pudo
haber fallado porque un agente encargado de la vigilancia se fue al aseo justo
en el momento en el que De Menezes abandonó el edificio. La policía y el
ministerio del Interior británicos se han abstenido de hacer comentarios sobre
el asunto hasta que la Comisión concluya su investigación.

Scotland Yard, en el punto de mira

Estos nuevos datos han despertado una polémica en torno a
Scotland Yard y cuestionan más que nunca la política de "tirar a matar",
justificada por los servicios de seguridad británicos como parte de su lucha
antiterrorista en caso de que esté en peligro la población. Según esta medida,
sólo se puede disparar en la cabeza debido a que el terrorista en cuestión
podría ir cargado de explosivos en el resto del cuerpo.

La abogada de la familia del brasileño fallecido, Harriet
Wistrich, declaró que las fuerzas del orden no tenían razones para pensar que se
trataba de un terrorista suicida. "Fue desafortunado que viviera en un edificio
que estaba siendo vigilado y que fuera un poco moreno", indicó.

Un grupo que apoya a la familia de De Menezes ha considerado
el incidente como una "ejecución judicial" y ha pedido a la policía que suspenda
su política de "tirar a matar". "La revelación de estos datos puede resultar
catastrófica para (Ian) Blair", dijo el ex comandante de la policía londinense
John O'Connor en alusión al jefe de Scotland Yard. "Esto pone le pone en un
compromiso muy grande", añadió.

ELPAIS.es
AGENCIAS - Londres

CCOO exigió este martes "una instalación efectiva y completa"
del Sistema Integral de Vigilancia Exterior (SIVE) en todas las islas del
archipiélago canario que permita detectar la presencia de barcos con inmigrantes
como el pesquero localizado este martes con 80, muchos de ellos heridos, a 23
millas de Tenerife.



EFE. Las Palmas de Gran Canaria

Tras conocerse estos hechos, el sindicato solicitó en un
comunicado la ampliación de los convenios con los países subsaharianos de los
que proceden "los ahogados y los muertos en las costas canarias".

Lamentó que "después de las reiteradas denuncias de CCOO
Canarias, de nuevo llegue un barco en condiciones infrahumanas" y exigió
asimismo "la aplicación y el cumplimiento del convenio firmado entre España y
Marruecos para evitar las salidas y muertes de personas inmigrantes".

A juicio del sindicato, "la identificación del desencuentro
con Marruecos por el contencioso saharaui, el desinterés en aquel país por el
control de las salidas de pateras, y las travesías de barcos nodrizas en sus
aguas, empiezan de nuevo a tener efectos y las consecuencias deplorables de
llegadas y fallecidos".

CCOO mostró su rechazo a "las opciones gubernamentales de
cierre de fronteras que conducen a la exclusión, marginación y el embarque en
las pateras y los barcos de la muerte".

Al mismo tiempo, condenó "las medidas que realizan las redes
de tráfico de personas por anteponer el afán económico y no tener en
consideración las pérdidas de vidas humanas de las personas inmigrantes".

El sindicato también condenó "ciertas políticas de puertas
abiertas y de falta de control de ciertos países subsaharianos que conducen a
las llegadas en condiciones infrahumanas de los inmigrantes".

"El desencuentro con Marruecos por el asunto saharaui, el
desinterés en aquel país por el control de las salidas de pateras empiezan a
tener efectos" aclara el sindicato

El sindicato también condenó "ciertas políticas de puertas
abiertas y de falta de control de ciertos países subsaharianos"EFE.

Canarias Ahora .com

El barco remolcado este martes al puerto de Los Cristianos
(Tenerife), con 95 inmigrantes de Costa de Marfil a bordo, es el cuarto buque
que llega a Canarias con un número cercano al centenar de inmigrantes desde el
año 2002.



EFE. Las Palmas de Gran Canaria

La llegada masiva de inmigrantes en un solo barco, como
ocurrió con esta nave avistada este lunes al sur de Tenerife, no es frecuente
que suceda en España, ya que la mayoría de los irregulares llega a las costas
españolas en pequeños grupos y habitualmente en pateras.

El 5 de diciembre de 2002 arribó a Gran Canaria el mayor grupo
de inmigrantes indocumentados llegados a las Islas en una sola embarcación: 243
subsaharianos a bordo del barco Noé, con bandera y matrícula de Honduras.

Procedía de Senegal y realizó una escala de avituallamiento en
la isla para seguir rumbo a Grecia.

El 15 de octubre de 2004, el pesquero M.V. Polar fue
localizado al Este de Gran Canaria con 176 inmigrantes subsaharianos a bordo.

Ese mismo año, el 5 de febrero fue apresado frente a las
costas de Tenerife el barco Ice D-Olomne con 227 inmigrantes a bordo, que
aseguraron llevaban un mes navegando antes de recalar en la costa española.

Aunque no llegó a zarpar rumbo a Canarias, el 15 de agosto de
2004 fue interceptado en Freetown (Sierra Leona) el Hollgan Star, que estaba
listo para viajar al Archipiélago con quinientos inmigrantes africanos que iban
a ser abandonados en aguas españolas.

214 muertos al intentar llegar a las Islas

Desde julio de 1999, unos 214 inmigrantes africanos han muerto
cuando trataban de alcanzar las costas de Canarias a bordo de pateras, mientras
que otros 114 desaparecieron en naufragios o tras ser tirados al mar por
compañeros de viaje o por patrones de barquillas.

El caso más grave de los ocurridos hasta ahora tuvo lugar el
13 de agosto de 2004 en aguas de Fuerteventura, cuando desaparecieron 32
inmigrantes al zozobrar la patera en la que navegaban unas treinta y nueve
personas, de las cuales una falleció y otras seis fueron rescatadas por la
Guardia Civil.

También cerca de Fuerteventura, el 16 de enero de ese mismo
año 16 inmigrantes fallecieron y al menos tres desaparecieron al hundirse la
patera como consecuencia de un golpe de mar, según relataron los nueve
supervivientes rescatados.

Otros 16 inmigrantes, entre ellos un bebé de nueve meses,
murieron tres meses después en el naufragio de dos pateras en aguas de la misma
isla.

El 23 de diciembre de 2004, otra patera fue localizada a siete
millas de Fuerteventura con trece subsaharianos muertos y 30 supervivientes, y
el 19 de enero de este año una nueva embarcación fue avistada a 300 millas al
sur de Canarias con diez cadáveres.

Las últimas muertes de personas que trataban de alcanzar las
costas de las islas se produjeron el 31 de marzo de 2005, cuando se localizó a
130 millas al sur de El Hierro una patera a la deriva en la que viajaban 23
inmigrantes que dijeron haber tirado al mar durante la travesía una docena de
cadáveres, la mayoría de mujeres y niños.

El pasado 17 de junio, cerca de Gran Canaria, murió un
inmigrante y otros doce fueron rescatados de una patera en la que fallecieron
otras once personas que fueron tiradas al mar durante la travesía, iniciada 25
días antes en las costas de Argelia.

Además, entre 2004 y el primer trimestre de 2005, tres
inmigrantes menores de edad, uno de ellos de nueve meses, murieron ahogados en
aguas canarias.

Aunque no llegó a zarpar rumbo a Canarias, en agosto de 2004
fue interceptado en Sierra Leona con 500 inmigrantes rumbo a las Islas

Desde julio de 1999, el caso más grave de naufragios es el de
una patera con 39 inmigrantes a bordo, de la que desaparecieron 32 en
Fuerteventura

Canarias Ahora .com

Los sueños de más de un centenar de ecuatorianos de alcanzar la
costa de EE. UU. quedaron sepultados bajo una ola que hizo zozobrar la
embarcación en la que viajaban el pasado viernes. De las 103 personas que
viajaban en la nave - con capacidad para un máximo de quince- y que naufragó en
aguas colombianas, 94 habrían quedado atrapados en la bodega, mientras que los
nueve restantes, siete hombres y dos mujeres, fueron hallados a la deriva.

Los supervivientes - que pasaron dos días aferrados a una boya- han
podido contar su historia a la prensa al llegar al puerto de Manta (Ecuador),
con sus rostros, brazos, pecho y espalda quemados por el sol, aunque su estado
de salud general es "aceptable".

Es el caso de las dos chicas que aparecen en la imagen: Rosa Carmen
Cuzco - en el centro-, de 15 años, y Wilma Celestina Castro - a la izquierda-,
de 25 años, que reciben atención especial por las quemaduras, mientras que los
restantes seis supervivientes han sido llevados ante la Policía de migración y
la fiscalía.

LA VANGUARDIA DIGITAL

España está "en vías de negociación" para firmar acuerdos bilaterales de readmisión de extranjeros con Camerún, Gambia, Ghana,Mali, Senegal, Guinea-Conakry, informó el Gobierno en respuesta a una pregunta parlamentaria del grupo popular.

Dentro del continente europeo, España mantiene también en fase
avanzada de negociación convenios de readmisión con Serbia y Montenegro,
Bosnia-Herzegovina y la Ex República Yugoslava de Macedonia.

El objetivo de estos acuerdos bilaterales de readmisión es mejorar
la cooperación entre países para "combatir la inmigración irregular" y
"facilitar la repatriación" de una persona que se encuentre de manera irregular
en territorio nacional.

Con este objetivo España ha firmado hasta el momento convenios de
readmisión con Marruecos, Argelia, Guinea-Bissau, Mauritania, Bulgaria,
Eslovaquia, Estonia, Letonia, Lituania, Francia, Italia, Portugal, Polonia,
Rumanía y Suiza, y actualmente intenta mejorar su aplicación.

LA VANGUARDIA DIGITAL
Madrid. (EFE).-

Los itinerarios varían y las paradas en los puertos también. Depende
del número de inmigrantes que los traficantes de seres humanos son capaces de
reunir en un lugar determinado. Según fuentes oficiales españolas, algún lugar
cercano al puerto de El Aaiún (capital administrativa del Sahara Occidental) es
una parada obligatoria para recoger a las decenas de personas que esperan
escondidas en los sebjas (los matorrales del desierto) a que la mafia les
traslade a la costa atlántica. La confluencia de rutas de inmigración
clandestina en El Aaiún también es confirmada por los servicios secretos
marroquíes, quienes desde el verano pasado alertan ante las micromafias, a veces
compuestas de varios miembros de una familia, involucradas en este trágico
negocio.

Desde Senegal, cruzando Mauritania, desde Mali, a través de Argelia
y Marruecos, o desde Nigeria, a través de Mali y Mauritania, vía Níger, o
atravesando desde el sur Argelia y accediendo al norte de Marruecos a través de
la frontera de Uxda; éstos son algunos de los trayectos reconocidos por las
autoridades españolas y marroquíes. Pero las mafias no descansan, y ante el
interés de la UE por que el Magreb se convierta en el gendarme de Europa en
cuestión de inmigración, responden con nuevas rutas, mucho más peligrosas para
los desesperados y vulnerables inmigrantes que huyen de la pobreza, el hambre o
de un conflicto bélico.

La vigilancia se refuerza durante los meses de verano en el
Estrecho, no solamente por la inmigración clandestina, sino también por
cuestiones de seguridad en la lucha antiterrorista y, ante el blindaje del norte
de Marruecos, los traficantes optan por descender más de 1.500 kilómetros, desde
Tánger a El Aaiún, para dar salida a la mercancía.

Desde Marruecos se ha pedido a la UE y a España que en la lucha
contra la inmigración clandestina se incluya a países de tránsito como Argelia,
pero la incapacidad occidental de plantear el problema globalmente no ha
permitido tomar medidas eficaces.

Como muestra de esta relación bilateral que los países europeos
mantienen con sus vecinos del sur del Mediterráneo, el presidente italiano,
Silvio Berlusconi, negoció personalmente con el líder libio Moammar El Gaddafi
en febrero la puesta en marcha de aviones que repatriaran a los inmigrantes que
llegaban a la isla de Lampedusa desde territorio libio. El lunes entró en vigor
en el país magrebí una ley de inmigración que termina con la política de puertas
abiertas a África del líder de la revolución. A partir de ahora, los dos
millones (de los seis millones de habitantes del país) de subsaharianos, que
acampaban durante años en Trípoli, donde trabajaban sin papeles y llevaban una
vida normal hasta reunir dinero para pagar a la mafia y emigrar a Europa, serán
perseguidos y repatriados. Libia, que toleró la entrada de subsaharianos,
asiáticos y árabes para hacer frente al rápido crecimiento del país a principios
de los setenta, se pliega ahora a los requisitos europeos para no ser excluida
de los intereses occidentales en la zona.

LA VANGUARDIA DIGITAL
CARLA FIBLA - 17/08/2005
Rabat. Corresponsal

Una patrullera de la Marina Real marroquí apresó frente a las costas de Alhucemas (norte de Marruecos) una patera con 60 emigrantes irregulares a bordo, entre ellos 12 menores de edad, informaron hoy fuentes oficiales.

Los detenidos, todos de nacionalidad marroquí, fueron entregados a
la Gendarmería Real antes de pasar a disposición judicial para ser inculpados
del delito de emigración clandestina, añadieron las fuentes.

En esta misma provincia, la Marina Real marroquí detuvo el pasado 9
de agosto a bordo de otra patera a 57 emigrantes ilegales, entre ellos 4 menores
de edad.

Durante la primera semana de agosto, las fuerzas de seguridad
marroquíes detuvieron en diferentes zonas del país a 262 personas que intentaban
emigrar de forma irregular.

De ese total, 67 eran marroquíes y 195 de diferentes países del
Africa subsahariana.

Los detenidos se hallaban principalmente en ciudades de la costa
atlántica marroquí, del Sahara Occidental y de la costa mediterránea, desde
donde parten las pateras con destino a las costas andaluzas y canarias de
España.

LA VANGUARDIA DIGITAL
Rabat. (EFE).-

El jefe de Scotland Yard, Ian Blair, intentó que la Comisión
Independiente de Investigación de Quejas de la Policía (CIIQ, en inglés) no
investigara la muerte del brasileño Jean Charles de Menezes, de 27 años, al que
la policía mató el 22 de julio en el metro de Londres. Tras reconocer el error,
Blair declaró el 23 de julio que De Menezes vestía un abrigo abultado, que huyó
de la policía cuando le dieron el alto y que su comportamiento era sospechoso.
Los documentos filtrados esta semana al canal ITV desmienten esas declaraciones.
La misma mañana en que murió el electricista brasileño, Ian
Blair escribió a sus superiores en el Ministerio del Interior para que la
comisión independiente no interviniera. Cinco días tardó la comisión en tomar
oficialmente el caso. Ese tiempo, según los abogados de la familia del
brasileño, era vital para recabar pruebas que "pueden haberse perdido".

Ahora, todas las miradas se ciernen sobre Blair y sobre una
mujer a quien muchos compañeros consideran una de las profesionales más
capacitadas en Scotland Yard. Se llama Cressida Dick, tiene 45 años y era la
jefa que coordinaba la operación del 22 de julio que acabó con la vida del
brasileño. Cressida Dick coordinaba esa mañana a todos sus hombres desde las
oficinas centrales de Scotland Yard. Varios periódicos han publicado
declaraciones de policías que aseguran haberle oído que se siente "devastada"
por la muerte de un inocente. Las mismas fuentes anónimas afirman que ella no
dio la orden de que mataran al sospechoso, sino de que lo detuvieran. La
comisión independiente, a cuyas órdenes trabajan 84 investigadores, asegura que
tardará entre tres y seis meses en emitir sus conclusiones.

El presidente de la comisión, John Wadham, reconoció ayer que
la Policía Metropolitana se resistió a que la comisión tomara las riendas del
caso. "Pero al final logramos superar ese obstáculo. Fue una victoria muy
importante para nuestra independencia. La disputa nos ha causado algún retraso
en la investigación, pero hemos trabajado duro para recuperar el terreno
perdido. Cuando alcancemos las conclusiones podremos decirle a la familia
exactamente qué ocurrió".

Ayer se filtraron más detalles sobre una investigación
supuestamente secreta. La pista que llevó a la policía hacia el número 21 de la
calle Scotia Road, al sur de Londres donde vivía De Menezes, fue una tarjeta
como socio de un gimnasio a nombre de Osman Husein, el terrorista detenido en
Italia en relación a los atentados fallidos del 21 de julio. A las 6.04 varios
policías vestidos de paisano llegaron al edificio para vigilarlo. Uno de los
agentes, cuyo nombre codificado era el de Tango 10, era el encargado de filmar
con una minicámara de vídeo a todos los vecinos para comparar sus caras con las
imágenes que se tenían de Osman Husein.

A las 9.33 salió De Menezes del bloque, pero Tango 10 se
encontraba orinando en ese momento, con lo cual no pudo filmarlo. El brasileño
subió a un autobús y un segundo equipo de vigilancia tomó el relevo. Ayer se
supo que De Menezes bajó a las 9.47 de un autobús y volvió a subir a las 9.49.
Se desconoce la causa. A las 10.02 bajó del autobús y se dirigió a la estación
de metro vigilado por varios policías. En ese momento, Dick ordenó que se
impidiera al sospechoso entrar en el metro. De Menezes sólo corrió cuando llegó
el tren. Pero aún no está claro si huía de la policía o no. En el vagón viajaba
Mark Whitby, un inspector de higiene, de 47 años, quien declaró: "Corrió hacia
el tren perseguido por tres agentes. Uno de ellos llevaba una pistola negra.
Cuando entró le miré la cara. El miró a la izquierda y a la derecha, pero
parecía un conejo acorralado. Estaba absolutamente aterrorizado".

ELPAIS.es
FRANCISCO PEREGIL (ENVIADO ESPECIAL) - Londres

Tres concejalías del Ayuntamiento de Murcia -Urbanismo, Sanidad y
Servicios Sociales- han unido sus esfuerzos para denunciar ante el juez la
situación insalubre de un caserón en el carril de los Valera, en la pedanía de
San José de la Vega, donde malviven entre 40 y 60 inquilinos, la mayoría
magrebíes. El dueño de un viejo caserón ha aprovechado los patios de luces en la
parte trasera del inmueble para montar varios habitáculos, colocándoles puertas
de chapa de madera y techos de uralita.

A las precarias condiciones de habitabilidad de las vivienda se une
la suciedad de los alrededores de la casa, que están llenos de basuras,
escombros y excrementos. La visión es aún más tercermundista cuando se repara en
un pozo ciego colmatado por el que se desbordan los vertidos fecales y las aguas
residuales inundando el terreno próximo. Estos vertidos provienen de de los
desagües de las viviendas que no están conectadas con el alcantarillado.

Debido a la putrefacción de los vertidos, en la zona hay un olor
nauseabundo y está infestada de insectos.

El Ayuntamiento ha tomado cartas en el asunto acudiendo al Juzgado
de lo Contencioso para que autorice el desalojo del caserón, habida cuenta de la
peligrosidad que supone para los inquilinos vivir en esas condiciones. Tanto los
informes técnicos de la Gerencia de Urbanismo como los servicios de Salud de la
Concejalía de Sanidad señalan que los habitáculos en que se ha dividido el viejo
caserón del carril de los Valera no reúnen las mínimas garantías para sus
ocupantes, además de que la suciedad y el pozo ciego por el que se desbordan las
aguas fecales pueden dar lugar a infecciones y graves problemas de salud
pública.

Los antecedentes de este asunto se remontan al año 2003, después de
que el alcalde pedáneo de San José de la Vega se hiciera eco de las quejas
vecinales y de que la Policía Local realizara un informe, tras realizar una
inspección al caserón.

El pasado 9 de mayo de 2005 le fue notificado al propietario el
decreto del concejal de Sanidad, Consumo y Cooperación, Fulgencio Cervantes, por
el que se le requería para que en el plazo de un mes procediese al desalojo de
todas las personas que se encuentran ocupando el inmueble, obligando a la
limpieza, desratización y desinsectación, así como al cerramiento y limpieza del
pozo ciego. Y se le apercibía que en caso contrario se recurriría al juez.

La Concejalía de Servicios Sociales está estudiando la situación de
las familias para que el desalojo no sea traumático.

La Verdad Digital
Mª JOSÉ MONTESINOS/MURCIA

Dentro del rosario de conmemoraciones institucionales
relacionadas con los diferentes aniversarios del restablecimiento de la
democracia, ha habido siempre una fecha que la corrección política ha obviado,
pero latente en la mente de muchos: el 20-N. El departamento de Relacions
Institucionals se ha decidido a romper con el último tabú y se dispone a
celebrar el 30° aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco. La
conselleria, a través del programa del Memorial Democràtic, impulsa y financia
un documental que será proyectado, el 20 de noviembre, en 30 localidades
catalanas y en el extranjero.
El Memorial Democràtic se dedica a impulsar la recuperación de
la memoria histórica. Los homenajes a los deportados a los campos de
concentración de Mathausen y Ravensbrück, en mayo, fueron una primera muestra.
El Memorial, al final de esta legislatura, abandonará el departamento y se
convertirá en una institución autónoma.

Cambio de enfoque
La idea partió del Memorial con la intención de ser "una
iniciativa institucional, pero realizada por la sociedad". Al principio, dice la
coordinadora general del Memorial, Maria Jesús Bono, "se pensó" en impulsar una
cinta de denuncia del franquismo, tipo Hay motivo, el documental crítico con la
gestión del PP realizado en vísperas de las elecciones del 2004.
La tentación, sin embargo, duró poco. Asesorados por la
Universitat Pompeu Fabra, decidieron cambiar de idea. Se optó por plantearse el
proyecto "en clave de futuro" con el objetivo de que "una generación que no
vivió el franquismo reflexione sobre la figura del dictador". Esta mirada a
través de los ojos de seis realizadores nacidos en 1975 o más tarde, evita,
también, "impulsos revanchistas". Raúl Cuevas, Guillem López, Mònica Rovira,
Juan Antonio Barrero y Elia Urquiza son cinco de los seis realizadores del
documental. Todos ellos nacieron entre 1975 y 1980 y afirman que, con sus
piezas, no quieren dar "una visión generacional" sobre Franco, sino una mirada
"íntima y personal".
El título provisional de la película, Franco i jo, es una
invitación a que cada cineasta explique la primera vez que oyeron hablar del
dictador. La suya es una visión distante --"es un personaje de los libros de
historia, como Napoleón o Hitler", señala Cuevas--, aunque en absoluto ajena.
Urquiza se lamenta de que "pocas veces algo tan cercano (la dictadura) queda tan
lejano", a lo que Barrero apuntilla: "Existe una amnesia generacional heredada".
El método de acercamiento a Franco se ha hecho, dice Rovira,
"preguntando por casa" o, como uno de sus compañeros, consultando "alguna web
ultraderechista". La búsqueda de datos "sobre una sociedad que no hemos vivido"
es el principal escollo con el que se encuentra los cineastas, según López.
Los cinco directores afirman seguir con más o menos interés la
actualidad política. Esta primavera, por ejemplo, su atención ha estado en
máximos tras la tensión derivada de la tanda de manifestaciones promovidas por
el PP contra la gestión del PSOE en el Gobierno.

Actualidad política
Barrero, el más lanzado de los cinco, cree que "en la
transición existía más diálogo entre las distintas opciones políticas". Afirma
que el PP ha sufrido "un proceso de derechización" que ha marginado a los
sectores liberales del partido.
El documental será bilingüe (catalán-castellano), ya que la
mitad de los directores son catalanes y los otros tres del resto de España.
Barrero es sevillano; Urquiza, navarro, y Sandra Ruesgas, madrileña. Según la
productora Playtime, encargada de la producción ejecutiva, el rodaje, que se
inició en julio, se prolongará hasta finales de este mes en Catalunya, Madrid,
Bilbao, Sevilla, Burgos y Valladolid.
Más allá de proponer el proyecto, la conselleria aportará
12.000 euros (10% del presupuesto), aunque, seguramente, la participación se
doblará. Además, TV3 ha firmado un acuerdo de coproducción y en un futuro
emitirá el filme. La obra será proyectada en 30 localidades catalanas, Lisboa,
París (en el prestigioso centro Pompidou) y en Italia, "especialmente en el
norte, donde ha despertado mayor interés", dice Bono, del Memorial.

El Periódico
XABIER BARRENA
BARCELONA

Los amigos de Roger creen que a él no le hubiera gustado que
se organizara ningún acto en su recuerdo, pero ayer le rindieron tributo para
que no se olvide la existencia de agresiones de este tipo.
Joan es uno de los amigos de Roger que, impotente, le vio
desangrarse aquella noche frente a la parada de metro de Fontana. Utiliza este
nombre ficticio porque prefiere guardar el anonimato. Los ánimos estaban
caldeados ayer, día que se cumplía un año de los hechos. En el ambiente pesaba
también la denegación del permiso municipal para celebrar las fiestas
alternativas de la plaza de Rovira, a las que concurrían buena parte de los
okupas, como Joan y Roger.
"Es increíble. Parece que digan que, como fuimos atacados y
mataron a un compañero nuestro, somos un peligro para el orden público, porque
podemos atraer a los fachas", señala Joan. Los hechos ocurrieron la noche del
sábado 14 de agosto, a la una de la madrugada. La calle de Gran de Gràcia, en
plena fiesta mayor, estaba transitada. En la acera de enfrente de la parada de
metro un grupo de jóvenes de estética skin alcanzaron a otro de estética punk,
en el que estaba Roger, y, levantando el brazo al grito de "Heil Hitler", les
insultaron.

Cuchillo de degüelle
Varios testigos confirman esta version y el posterior
apuñalamiento en el cuello, por parte de uno de los neonazis, que atacó a la
víctima con un cuchillo de degüelle (un puño americano con un pincho y una
cuchilla incorporados), hiriéndole de muerte, aunque todavía permanecería en
coma cuatro meses.
Joan se encontraba a pocos metros de allí en ese instante, en
la plaza del Diamant. "Me acababa de cruzar con los nazis 20 minutos antes. Nos
miramos, pero decidimos perdernos entre el tumulto en la calle de Verdi y pasar
de ellos".
"Al cabo de un rato --prosigue Joan-- llegó un chaval gritando
que habían apuñalado a un chico. En ese instante supe que eran los mismos de
antes. Habían salido de caza a las fiestas de Gràcia". Cuando llegó a Fontana
todavía pudo ver cómo algunos neonazis blandían un poste de la acera en actitud
amenazante y a su amigo en el suelo, en un charco de sangre. La Guardia Urbana
llegó al momento y pudo arrestar al agresor y al resto del grupo.
"Algún vecino llamó diciendo que había una batalla campal, y
ese término saltó a los medios, pero sólo fue una agresión de los nazis",
puntualiza Joan. Días más tarde, el concejal de Gràcia, Ricard Martínez, tildó
los hechos de "agresión fascista" y el distrito se personó como acusación
particular.
Un año después, el único detenido es el autor confeso de la
puñalada, Aitor D.C., de Valencia, que se encuentra en prisión preventiva a la
espera de juicio desde que la víctima falleciera el 10 de diciembre de 2004. Sus
amigos y familiares se quejan de que no se dictara prisión preventiva hasta
entonces. En septiembre, habrá nuevas vistas ante el juez, que deberá decidir si
el agresor abandona la cárcel hasta la celebración del juicio.

Okupa y punk
Según Joan, trifulcas de este tipo ocurren en Gràcia un par de
veces al año, aunque no suelen acabar con resultados tan trágicos como en el
caso de Roger. "Creo que la mayoría vienen de fuera de Barcelona, de Sabadell,
Terrassa o Sant Feliu. Buscan a independentistas y a punks", explica Joan.
"A Roger le han definido como okupa. Lo era, aunque él se
hubiera calificado antes como punk", añade. "Venía de una familia de la zona
alta y, pudiendo tenerlo todo, prefirió vivir en casas okupas. Era un coco de la
informática y llevaba el mantenimiento de los ordenadores y las instalaciones
eléctricas. Ahora, nos tenemos que espabilar sin él".

El Periódico
MAR VALLECILLOS
BARCELONA

La presión aumenta sobre Scotland Yard. Los nuevos datos de la
investigación sobre la muerte del brasileño Jean-Charles de Menezes, abatido a
tiros por la policía tras ser confundido con un terrorista, han reabierto el
debate en el Reino Unido sobre la política de "tirar a matar" aprobada tras los
atentados del 7 y el 21 de julio. Según los documentos oficiales filtrados a la
televisión británica ITV, De Menezes estaba sentado tranquilamente en un vagón
del metro de Londres cuando un agente le redujo y otro le disparó ocho tiros a
bocajarro, siete de ellos en la cabeza. La versión oficial se ha revelado falsa.
El grupo de respaldo a la familia del joven suramericano
señaló ayer que la muerte de De Menezes tiene ahora visos de ejecución ilegal e
hizo un llamamiento a la policía para que renuncie a la política de tirar a
matar. "Es evidente que nos han dicho mentiras y verdades a medias sobre la
muerte de Jean-Charles", manifestó un portavoz del grupo. "La mayoría de la
gente de Londres está de acuerdo en que no hay más remedio que acabar con esta
práctica antes de que otro inocente se convierta en su nueva víctima", agregó.
Ni el Gobierno ni los responsables policiales quisieron hacer
ayer comentarios sobre los nuevos datos, insistiendo en que esperarán a que
concluya la investigación de la Comisión de Quejas de la Policía (CIIQ) puesta
en marcha tras el incidente.

SILENCIO DE LOS PARTIDOS
Tampoco hubo reacciones por parte de los partidos políticos
británicos. Sin embargo, algunos medios criticaron duramente al jefe de la
policía de Londres, Ian Blair, encargado de la investigación de los atentados y
una figura incuestionable hasta ahora.
El mismo día del incidente, Blair justificó a los agentes
asegurando que el joven se había comportado de una manera sospechosa y que por
eso había sido confundido con un terrorista. Pero según los detalles divulgados
ahora, De Menezes no hizo nada que pudiera haber despertado sospechas o temor
entre los policías.
Los familiares de De Menezes acusan a Blair de haber falseado
la información y haber retrasado la puesta en marcha de las investigaciones. El
antiguo jefe de la policía de Londres, John O'Connor, dijo que la información es
"catastrófica" para Blair.

PRESIÓN A DOWNING STREET
La abogada de la familia del brasileño, Harriet Wistrich,
denunció que el jefe de Scotland Yard presionó a Downing Street para que se
llevara a cabo una inspección interna previa, cuando lo normal en estos casos es
que una comisión independiente empiece a investigar sin dilaciones.
Según lo revelado el martes por la cadena ITV, justo antes de
morir De Menezes entró en la estación de Stockwell, en el sur de Londres, con un
billete, se paró a coger un diario gratuito y no saltó las barreras ni huyó por
las escaleras, como los medios de comunicación dijeron al principio. De acuerdo
con un testigo, el joven entró tranquilamente en un vagón y se sentó. Más tarde
aparecieron los agentes; miraron al brasileño y le gritaron: "¡Policía!" Cuando
De Menezes hizo el gesto de levantarse, un agente lo inmovilizó y otro le
disparó a la cabeza.

MALESTAR POR LA FILTRACIÓN
Ayer, la CIIQ divulgó un comunicado en el que expresó su
malestar por la filtración de la información. La comisión señala que no sabe de
dónde salieron los documentos publicados y que considera "realmente angustioso"
que la familia de De Menezes haya recibido información sobre su muerte a través
de la televisión.

El Periódico
RAMÓN ABARCA
LONDRES

El electricista brasileño al que la policía británica mató en
el metro de Londres el 22 de julio de siete balazos en la cabeza, Jean Charles
de Menezes, de 27 años, no llevaba ningún abrigo donde esconder bombas ni corrió
cuando le dieron el alto, tal y como la policía había informado. Ni siquiera
está claro que le dieran el alto en algún momento. De Menezes vestía una
chaqueta vaquera. Aquella mañana caminó tranquilamente hacia la estación de
Stockwell, accedió con su billete, y tuvo tiempo de coger un periódico gratuito
antes de dirigirse al andén.
La información que echa por tierra la versión de la policía
procede de unos documentos y fotografías confidenciales de la Comisión
Independiente de Investigación de Quejas a la Policía (CIIQ, en inglés), a los
que tuvo acceso el martes el canal de televisión ITV. De Menezes, según estos
documentos, sólo corrió cuando vio llegar su metro. Entró en el vagón y se
sentó. Entonces se produjo algo inaudito: cuando la policía irrumpió en el vagón
apuntándole a la cabeza, De Menezes se levantó y uno de los agentes encargado de
vigilarle lo agarró del torso, después del brazo y lo inmovilizó. El primer tiro
se lo dispararon a 30 centímetros de distancia. Los agentes de la unidad
especial SO19 tenían licencia para matar. Y la usaron contra un hombre
inmovilizado. De Menezes apenas tuvo tiempo de ver a sus asesinos.

En los documentos se especifica que, además de las siete balas
en la cabeza, De Menezes recibió una en el hombro y que se recogieron tres
casquillos de tiros fallidos. En teoría, los disparos iban dirigidos a la cabeza
para evitar que estallara el artefacto que podía llevar De Menezes pegado al
cuerpo. Los periódicos británicos preguntan ahora: si tanto riesgo había de que
explotara la bomba, ¿por qué un agente lo agarró del torso? Y una vez agarrado y
tras quedar claro que no llevaba bomba, ¿por qué dispararon?

El inmigrante brasileño había sido confundido con Hamdi Adus
Isaac, alias Osman Hussain, el terrorista detenido en Italia en relación con los
atentados del 21 de julio. La policía recibió información de que uno de los
terroristas se encontraba en un bloque de pisos de la calle de Scotia Road, al
sur de Londres. Ése era el edificio del que salió De Menezes a las 9.30. Un
policía estaba encargado de filmarlo con una cámara de vídeo para comprobar que
la cara del sospechoso se correspondía con la del terrorista a quien buscaban.
Pero al salir De Menezes, el policía estaba orinando. Y declaró después: "Cuando
pasó ante mí miré las fotografías que tenía y transmití que merecería la pena
que alguien más le echara un vistazo. Debo señalar que cuando este hombre salía
del bloque yo me estaba 'aliviando'. En ese momento no me era posible transmitir
mis observaciones y encender la cámara al mismo tiempo".

Fallos en cadena
El equipo encargado de vigilarlo no iba armado, con lo cual,
no pudo impedir que De Menezes entrara en el autobús. A las 9.50 el autobús
llegó a las inmediaciones de la estación de Stockwell y De Menezes caminó
tranquilamente hacia ella. Los agentes especiales de la unidad S019 de Scotland
Yard, que habían tomado ya el mando de la operación, deberían haber impedido la
entrada del sospechoso en el metro. Pero no lo hicieron.

A partir de ahí, todos sus pasos fueron grabados por algunas
de las más de cuatro millones de cámaras de circuito cerrado que hay en la
ciudad de Londres. A las 9.55 De Menezes se encontraba al pie de un ascensor. Su
tren llegaba y echó a correr hacia el vagón. Miró a la izquierda, después a la
derecha y se sentó frente a un pasajero que presenció cómo lo mataron. "En unos
segundos vi entrar a un hombre por las puertas situada a mi izquierda", declaró
el testigo refiriéndose a un policía. "Apuntaba con una pistola negra pequeña
hacia la persona que estaba sentada frente a mí. Apuntó hacia el lado derecho de
la cabeza del hombre. La pistola se encontraba a 12 pulgadas (30,48 centímetros)
de la cabeza del hombre cuando dispararon el primer tiro".

Antes de que se oyera ningún disparo, un policía inmovilizó a
De Menezes. Y así lo relató a la comisión que investiga el caso: "Escuché gritos
que incluían la palabra policía y entonces me volví hacia el hombre de la
cazadora vaquera. Inmediatamente se levantó (del asiento) y avanzó hacia mí y
hacia los oficiales. Yo agarré al hombre de la cazadora vaquera sujetándolo con
mis dos brazos por su torso, sujetando sus brazos en la espalda. Entonces lo
empujé de nuevo en el asiento donde había estado sentado. Entonces escuché un
disparo muy cerca de mi oído izquierdo y fui empujado hacia el suelo".

La policía aún no ha dicho nada sobre los documentos
filtrados. La familia del electricista brasileña había declarado desde el primer
día después de su muerte que Jean Charles no llevaba ningún abrigo. Y dudaba de
que saltase el torno para entrar en el metro. Harriet Wistrich, abogada de la
familia, indicó que el Gobierno debería plantearse la política de "licencia para
matar" implantada tras los atentados terroristas. "Sólo llevaba una chaqueta
vaquera. ¿Era necesario dispararle en vez de tratar de enfrentarse a él? No
había señal de que estuviera a punto de suicidarse", agregó.

ELPAIS.es
FRANCISCO PEREGIL (ENVIADO ESPECIAL) - Londres

El combate se desató al regresar de la feria, y el autobús de la
línea 17 se convirtió en su improvisado cuadrilátero. Un grupo de jóvenes -la
mayoría de etnia gitana, y entre los que había menores de edad- apaleó a tres
subsaharianos dentro del bus. Uno de ellos incluso amenazó a punta de cuchillo
al conductor para que no hiciese más paradas hasta La Palmilla.

Los hechos ocurrieron sobre las seis de la madrugada del martes al
miércoles. Al parecer, el vehículo recogió a unos y a otros en el Real de
Cortijo de Torres y emprendió su recorrido habitual hasta La Virreina. Iba
lleno. En total, unos 60 viajeros, la inmensa mayoría gitanos y al menos tres de
origen subsahariano.

Ambiente caldeado

Por causas que se desconocen, los dos bandos empezaron a cruzar
insultos. El ambiente se caldeó y, a la altura de la calle Luis Buñuel, llegaron
a las manos. Según fuentes consultadas por este periódico, un nutrido grupo de
gitanos propinó una paliza a los tres sujetos.

Al ver que la situación se le iba de las manos, el conductor efectuó
una parada a la altura del centro comercial Rosaleda, donde abrió las puertas
para ver si los implicados se bajaban y así acababa la pelea.

Pero a los protagonistas de la reyerta no les pareció buena idea. Al
parecer, un joven de etnia gitana se dirigió hacia el chófer y le colocó un
objeto punzante (un cuchillo o un estilete) en el costado. Le ordenó que no
volviera a repetir la maniobra y que no hiciese ninguna parada más hasta llegar
a la última de la línea 17, en La Virreina.

Según relataron las fuentes, el individuo hizo ademán de clavarle la
daga al conductor en repetidas ocasiones, y hasta le rompió la camisa de su
uniforme.

El secuestro del autobús acabó en La Virreina, donde el pasaje
abandonó el vehículo, incluidas las dos partes implicadas en el suceso, de las
que se desconoce identidad y paradero. De hecho, los subsaharianos apaleados aún
no han presentado denuncia.

La conflictividad que sufre la línea 17, que comunica el barrio de
La Palmilla con el resto de la capital, motivó tiempo atrás la instalación de
cámaras de vídeo dentro de los autobuses para controlar a los que causan
problemas.

Sur Digital
JUAN CANO/MÁLAGA

El Llano Amarillo, el monumento erigido en Ketama durante el
Protectorado para recordar el juramento de levantarse contra la República que se
habían hecho los oficiales que participaban allí el 12 de julio de 1936 en unas
maniobras y que para los franquistas encarnaba la primera llamada concreta a la
rebelión, ha aparecido esta semana cubierto de varias pintadas en las que los
autores reclaman la supresión de los símbolos del Régimen franquista que quedan
en las calles con leyendas como 'No monumentos facistas [sic]' y 'No más
recuerdos de la barbarie'.

Los autores de las pintadas dibujaron una bandera
republicana en el frontal del monumento.
Casi setenta años después de que las piedras del Llano
(trasladadas una por una a Ceuta para reconstruir la figura del águila que
representa en la carretera de San Amaro tras la independencia de Marruecos)
fueran utilizadas por cinco miembros del Partido Comunista de Tánger para exigir
'Amnistía' y 'Libertad' para los los presos políticos españoles, las pintadas
aparecidas esta semana demandan, también desde el anonimato, que se siga
llevando a cabo la eliminación de símbolos franquistas de las calles que el
Gobierno inició en marzo al retirar la efigie del Generalísimo que se levantaba
en Nuevos Ministerios (Madrid) y que apenas ha tenido nuevos episodios a
continuación.

A pesar de que ni en Ceuta ni en Melilla se barajó la
posibilidad de retirar de la vía pública ninguno de los monumentos franquistas
que aún existen (el Llano y 'los pies de Franco' son los más sobresalientes en
Ceuta), el PSOE ceutí planteó primavera en el Pleno de la Asamblea una
propuesta, que no fue aceptada por el Gobierno de Juan Vivas, para acompañar con
una nueva rotulación estos recuerdos de la dictadura franquista.

Fuera del ámbito político, diferentes especialistas vinculados
a la investigación histórica como el Cronista Oficial de la Ciudad, José Luis
Gómez-Barceló, o Francisco Sánchez han opinado que "la polémica sobre la
retirada de los símbolos franquistas es un tema político que habría que
diferenciar del patrimonial".

A juicio de Sánchez las huellas del mirador de San Antonio o
el Llano Amarillo "se deberían adaptar, incluyendo una leyenda donde se explique
que el levantamiento fue un Golpe de Estado para ajustarlos a la verdad
histórica". "Desde el punto de vista artístico los monumentos no van a dejar de
serlo porque el periodo que representen esté bien o mal visto. La propuesta de
rotularlos de otra forma y dejarlos donde están es la más interesante", ha
señalado Gómez-Barceló.

El Faro de Ceuta

El centro que cuenta en este momento con mayor número de
inmigrantes es el de El Matorral, en Fuerteventura, que tiene una capacidad para
1.200 personas y acoge a 257 inmigrantes.

Asimismo, en el centro de internamiento de Tenerife, con
espacio para 238 personas, hay actualmente 112 inmigrantes, la mayoría de ellos
pertenecientes a un pesquero interceptado este martes cuando se dirigía a
Tenerife.

En el de Gran Canaria se encuentran 75 inmigrantes, cuando su
capacidad es de 180 plazas, mientras que el de Lanzarote acoge a ocho personas
cuando puede llegar a las 200.

Las fuentes de la Delegación del Gobierno en Canarias
indicaron que, tal como las cifras indican, los centros de internamiento de
extranjeros del archipiélago se encuentran muy por debajo de su capacidad, a
pesar de la llegada este martes a las Islas de 132 inmigrantes, 95 de ellos en
el pesquero que se dirigía a Tenerife y 37 en una patera interceptada en la
costa de Gran Canaria.

Igualmente, agregaron que los vuelos de repatriación de los
inmigrantes a sus países de origen continúan como es habitual, una vez que se
cumplen todos los trámites legales de expulsión de España.

El centro que cuenta con mayor número de inmigrantes es el de
El Matorral, en Fuerteventura, con 257 inmigrantes que represetan el 21% de su
capacidad

La Delegación del Gobierno aclara que los vuelos de
repatriación de los inmigrantes a sus países de origen se efectúan una vez que
se cumplen todos los trámites legales

Canarias Ahora .com
EFE. Las Palmas de Gran Canaria

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú ha pedido a
España el esclarecimiento de la muerte de un peruano en Madrid por el disparo de
un policía, han informado en Lima portavoces oficiales.
La Cancillería del país suramericano ha informado en un
comunicado de que ha ordenado a su cónsul en Madrid, Diego Alvarado, que
solicite al Cuerpo Nacional de Policía un informe sobre la muerte del peruano,
limeño de 21 años, que el jueves por la noche recibió un tiro en la cabeza tras
forcejear con un agente que se encontraba fuera de servicio.

El fallecido ha sido identificado por la Policía Científica
como Israel Miguel G. Chapillicuen, con numerosos antecedentes policiales por
robos con violencia, robo de vehículo e infracción de la Ley de Extranjería.
Según fuentes de la investigación, el disparo se produjo "accidentalmente"
cuando otro de los delincuentes que se encontraba con Israel Miguel agarró
violentamente un brazo al policía.

Los hechos se produjeron en el distrito de Puente de Vallecas
durante una operación policial en la que los agentes intentaban detener a un
grupo de delincuentes presuntamente autores del robo de un automóvil.

La Dirección General de la Policía ha informado de que ha
abierto una investigación interna para el esclarecimiento de los hechos.

ELPAIS.es
EFE - Lima

Miembros del Servicio Marítimo de la Guardia Civil y de
Salvamento Marítimo han interceptado hoy, al sudeste de la isla de Alborán, una
patera con 57 inmigrantes marroquíes a bordo. Tras pasar cinco días a la deriva,
todos los inmigrantes se encuentran deshidratados y sufren quemaduras de
distinto grado por el sol, 13 de ellos de mayor gravedad.
Estos 13 inmigrantes, entre ellos dos mujeres, que se
encontraban en peor estado de salud, han llegado al puerto de Motril (Granada)
sobre las 15.00 horas en la embarcación rápida Río Aragón del Servicio Marítimo
de la Guarida Civil. Una hora más tarde y embarcados en la Mirfak de Salvamento
Marítimo, han arribado al mismo puerto los demás inmigrantes, que también sufren
problemas de salud aunque de menor gravedad.

En el puerto les aguardaba un dispositivo del Equipo de
Respuesta Inmediata de la Cruz Roja que les ha atendido, sin que ninguno haya
requerido internamiento hospitalario. La patera, que viajaba sin rumbo y tenía
el motor averiado, ha sido avistada sobre las 10.30 horas de hoy por una
embarcación que pasaba por la zona, e interceptada poco después a unas 52 millas
de la costa granadina.

Los agentes, al comprobar el mal estado de los inmigrantes,
les han dado de beber el agua que portaban para su propio consumo y han recogido
más botellas del destacamento militar de la isla de Alborán, ya que estaban
"prácticamente deshidratados porque llevaban varios días sin beber nada", según
han explicado fuentes del instituto armado. Se cree que la patera provenía de la
zona de Alhucemas o Nador, en el norte de Marruecos.

ELPAIS.es
AGENCIAS - Motril (Granada)

La repatriación de los 97 africanos indocumentados que
llegaron el pasado martes a Canarias a bordo del pesquero Alliança costará al
Estado 120.000 euros. El Ministerio del Interior tendrá que fletar un avión para
conducirlos hasta sus respectivos países, siempre fuertemente escoltados por
agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP). El año pasado España se
gastó más de 2,5 millones de euros en fletar aviones sólo para devolver a sus
países en un total de 22 vuelos a más de 2.000 nigerianos que llegaron en patera
a las costas españolas.

El alto coste de las repatriaciones así como la necesidad de
que los inmigrantes vayan fuertemente escoltados ha llevado al Gobierno a crear
una unidad central de expulsiones y repatriaciones, adscrita a la Comisaría
General de Documentación y Extranjería. La unidad comenzó a constituirse en el
primer trimestre de este año pero, según las fuentes consultadas, "ya se
encuentra plenamente operativa". El grupo ha participado en expulsiones hacia
países de América, África y el este de Europa. Los traslados a esta última zona,
fundamentalmente de rumanos, suelen hacerse en cooperación con las autoridades
francesas.

El traslado hasta África, sin embargo, no es de los más caros.
Por ejemplo, fletar un avión para trasladar a irregulares colombianos y
ecuatorianos cuesta más del doble. El año pasado se fletaron siete aviones para
devolver a Bogotá y Quito a un millar de inmigrantes, con un costo de 363.000
euros el más barato y 396.000 euros el más caro. Este último fue el fletado el
15 de diciembre de 2004 y el aumento del precio se debió al incremento del
precio del combustible. Además, también fue alquilado otro avión sólo para
Ecuador, cuyo coste se elevó a 288.000 euros.

España está negociando convenios de readmisión de inmigrantes
con Camerún, Gambia, Ghana, Guinea-Conakry, Malí y Senegal. A los anteriores, se
unen los que también están en vías de concluirse con Serbia y Montenegro,
Bosnia-Herzegovina, y la Ex República Yugoslava de Macedonia.

ELPAIS.es

La familia de Jean-Charles de Menezes pide justicia. En un
emotivo y duro comunicado, Alessandro Pereira, un primo del joven brasileño
abatido a tiros por la policía, denunció ayer las "continuas mentiras" de
Scotland Yard y pidió la dimisión de su máximo responsable, Ian Blair.

Ante una foto de su primo, Pereira acusó a la policía, en un
inglés rudimentario, de "encubrir" la verdad de lo sucedido. "Durante semanas,
hemos tenido que escuchar mentira tras mentira sobre la muerte de Jean-Charles",
se lamentó en referencia a las informaciones de que su primo parecía un
terrorista suicida, huyó de la policía y vestía una prenda abrigo en verano,
todo lo cual ha resultado ser falso.

ENCUBRIMIENTO POLICIAL Junto a la estación de metro de
Stockwell, donde un agente secreto disparó siete tiros en la cabeza y uno en el
hombro al brasileño de 27 años, Pereira aseguró que la policía sabía que era
inocente, pero "permitió el sufrimiento" de su familia.

Tras recordar que su primo "amaba Londres" y que "llegó a esta
ciudad lleno de esperanza", acusó de encubrimiento a Ian Blair y pidió
repetidamente su dimisión. Dirigiéndose al jefe de Scotland Yard, dijo: "Quiero
que piense cómo me sentí cuando tuve que llamar a los padres de Jean-Charles y
decirles que su hijo estaba muerto, que fue asesinado de esa manera". Además,
Pereira se preguntó si se habían perdido pruebas durante los seis días que se
retrasó la puesta en marcha de la investigación, ya que la comisión que dirige
las pesquisas reconoció que Scotland Yard había tratado de impedir su puesta en
marcha.

Ante esas graves acusaciones, Ian Blair, negó ayer
rotundamente que se haya intentado encubrir los hechos y defendió la actuación
de sus hombres. También desmintió que en Scotland Yard "se haya dicho algo
nunca, o se haya confirmado nada, sobre abrigos y un sospechoso corriendo". Sin
embargo, la policía británica nunca se preocupó de desmentir esos testimonios
recogidos por la prensa de Londres.

"Yo simplemente dije que había vínculos con la operación
antiterrorista y fue porque De Menezes salió de un edifico que estaba bajo
vigilancia", explicó el jefe policial.

A pesar de los constantes llamamientos para que dimita, Ian
Blair, que cuenta con el apoyo del Gobierno, del alcalde de Londres y de los
miembros de la Policía Metropolitana, ha negado esta posibilidad.

DELEGACION DE BRASIL Mientras, las implicaciones del caso
están cobrando visos de conflicto diplomático, ya que el Gobierno de Brasil ha
anunciado que enviará el próximo lunes a Londres una delegación de expertos
legales para investigar las circunstancias de la muerte del ciudadano brasileño.

Si en un principio aceptó las explicaciones de las autoridades
británicas, el Gobierno de Brasil se ha mostrado ahora "indignado" tras conocer
los documentos filtrados el martes por una cadena de televisión que desmienten
la versión oficial.

Pero ayer, el jefe de Scotland Yard sorprendió a los
observadores al ofrecer más datos sobre los avances de la investigación en
relación a los atentados del 7-J y el 21-J.

En una entrevista en el periódico vespertino Evening Standard
, Ian Blair relacionó por primera vez los ataques del 7 y el 21 de julio en
Londres. "Aunque no hemos establecido todavía un vinculo directo, por intuición
podemos decir que hay muchas similitudes entre la metodología y el equipamiento"
de uno y otro, explicó el responsable de la operación antiterrorista.

El Periódico de Aragón
RAMON ABARCA 20/08/2005

La ministra de Ambiente, Agricultura y Pesca de Cabo Verde,
Magdalena Neves, que se encuentra de visita en Canarias, declaró este jueves que
para su Gobierno es una precoupación el control de las aguas, para lo cual
adopta medidas para reforzar los medios de que dispone.

El barco de inmigrantes, que fue encontrado a la deriva 23
millas al suroeste de Tenerife, estaba tripulado por dos caboverdianos, que
fueron detenidos, y había zarpado seis o siete días antes desde la isla de La
Sal, según las primeras informaciones oficiales.

Magdalena Neves indicó que Cabo Verde cuenta con una "enorme
zona económica exclusiva" de 750.000 kilómetros cuadrados, de ahí la dificultad
de control de las aguas. Ese control tiene que abordarse "de una forma global en
toda la Macaronesia y con la colaboración de los países europeos", declaró la
ministra. Al respecto, Magdalena Neves señaló que Cabo Verde ha desarrollado
conversaciones tanto con España como con Portugal para discutir este tipo de
cuestiones.

De las 97 personas que viajaban en el barco a la deriva,
veinticuatro fueron hospitalizadas con cuadros leves de deshidratación, pero
todas ellas han sido dadas ya de alta y trasladadas al centro para inmigrantes
de Hoya Fría, con excepción del bebé de 17 meses.

El niño se encuentra en buen estado y no padece ninguna
enfermedad, pero permanece en observación en la unidad de pediatría del Hospital
Universitario de Canarias a la espera del resultado de algunos análisis que se
le han practicado, informaron fuentes de la Consejería de Sanidad del Gobierno
de Canarias.

El barco de inmigrantes, que fue encontrado a la deriva 23
millas al suroeste de Tenerife, estaba tripulado por dos caboverdianos y había
salido de la isla de La Sal

Cabo Verde cuenta con una "enorme zona económica exclusiva" de
750.000 kilómetros cuadrados, de ahí la dificultad de control de las aguas

Canarias Ahora .com
EFE. Santa Cruz de Tenerife

En el pueblo de Iandyki, en la región de Astracan (sur de Rusia), la
comunidad chechena sufrió serios ataques racistas en los que algunos de sus
miembros resultaron heridos y numerosas casas y coches, quemados. El origen de
los incidentes es la muerte de un joven kalmuko en enfrentamientos entre
miembros de su comunidad y los chechenos. Al igual que los chechenos, los
kalmukos - de origen mongol- están asentados principalmente en una república
rusa, la de Kalmukia. Las autoridades aseguran que se ha restablecido el orden.
Y precisamente en la República de Chechenia, se registró ayer una fuerte
explosión en el domicilio del titular de Servicios Comunales, Abu Sukaipov, en
la localidad de Avtury, que hirió a seis personas, entre ellas dos niños. El
ministro se hallaba en Grozni. Al parecer, un explosivo lanzado desde el
exterior hizo estallar una bombona de gas. En otros puntos de Chechenia
siguieron registrándose choques cotidianos. - Afp

LA VANGUARDIA DIGITAL

Joseph Ratzinger evidenció ayer, durante su visita a la
sinagoga de Colonia, que no sólo quiere estrechar relaciones con los judíos, en
consonancia con la actitud adoptada por Juan Pablo II, sino que desea dar un
salto de gigante en esa dirección. El Papa alemán aprovechó la visita para
subrayar que "en el siglo XX, en el tiempo más oscuro de la historia alemana,
una demencial ideología racista, de matriz neopagana, dio origen al intento,
planeado y realizado sistemáticamente por el régimen, de exterminar el judaísmo
europeo".
La mención al Holocausto era una forma de ajustar también
cuentas con la historia de la propia Iglesia católica, cuya jerarquía, en
particular la alemana, llegó a mostrarse en aquella época complaciente con el
nazismo. El gesto no pasó desapercibido para el presidente del Consejo Central
de los Judíos de Alemania, Paul Spiegel, que se mostró impresionado. "No podemos
decir simplemente que fue una visita de cortesía. Fue mucho más. Es la primera
visita de un Papa, y además alemán, a una sinagoga en Alemania, 60 años después
del Holocausto", explicó.
Tras recordar el genocidio promovido por los nazis, el
Pontífice lanzó una señal de alarma: "Desgraciadamente hoy resurgen nuevos
signos de antisemitismo y aparecen diferentes formas de hostilidad generalizada
hacia los extranjeros".

BUSCAR COINCIDENCIAS
El sucesor de Juan Pablo II tampoco obvió otros pasajes
dolorosos de la relación entre cristianos y hebreos en la ciudad anfitriona de
los actos de la Jornada Mundial de la Juventud. Y, antes de su referencia al
nazismo, citó "la expulsión de los judíos de 1424."
Benedicto XVI destacó después la necesidad de acentuar el
diálogo entre judíos y cristianos, a partir de "una interpretación compartida
sobre cuestiones históricas aún discutidas", algo que ha de permitir avanzar en
la calidad teológica de la relación entre unos y otros.
Según Ratzinger, el diálogo "tiene que ser sincero, sin
ocultar o minimizar las diferencias existentes" y llamó a los judíos a formar un
frente común en "la defensa y la promoción de los derechos humanos, el carácter
sagrado de la vida humana y los valores de la familia, la justicia social y la
paz en el mundo".

APERTURA DE ARCHIVOS
En ese marco, el rabino jefe de la sinagoga, Netanel
Teitelbaum, pidió al Papa "la apertura total de los archivos vaticanos
correspondientes a todo el periodo de la Segunda Guerra Mundial", pues son
muchos los judíos que consideran que hay que esclarecer el papel que desempeñó
el Vaticano antes, durante y después del régimen nazi en Alemania.
El Papa había aludido en su parlamento a la declaración Nostra
Aetate, auspiciada por el Concilio Vaticano II, de la que se cumplen 40 años, en
la que se daba carpetazo al discurso católico antijudío. De esa forma trataba de
que se visualizase que la búsqueda de la confluencia entre ambas confesiones
hace tiempo que emprendió un camino sin retorno.
La declaración vaticana, indicó el jefe de la Iglesia
católica, deplora los odios, persecuciones y manifestaciones de antisemitismo de
las que han sido objeto los judíos "de cualquier tiempo y por parte de cualquier
persona". Esa manifestación, añadió Ratzinger, "ha abierto unas nuevas
perspectivas en las relaciones judeocristianas en un clima de diálogo y
solidaridad".

MUSULMANES
El Pontífice alemán recordó también a las restantes religiones
precisando que "ante Dios todos los hombres tienen la misma dignidad, sin tener
el cuenta el pueblo, la cultura o la religión a la que pertenecen y por esa
razón la declaración Nostra Aetate también habla con gran consideración de los
musulmanes y de los pertenecientes a otras religiones", precisó.

El Periódico
GONZALO CÁCERES
COLONIA

La localidad bávara de Wunsiedel (Alemania) ha sido el
escenario escogido para el primer concierto del tour A todo volumen contra los
nazis, una gira que cuenta con las principales figuras del panorama musical
alemán y con padrinos de lujo de todos los ámbitos. Nadie quiere perder la
oportunidad de apoyar esta serie de conciertos que, desde ayer y hasta el 11 de
noviembre, recorrerán varias ciudades alemanas entre las que se encuentran
Hamburgo, Colonia, Múnich, Fráncfort y Berlín en señal de protesta contra el
aumento de los movimientos de la extrema derecha en el país.
Lara Spindler, conocida como T-La, inauguró ayer a primera
hora de la tarde la larga gira con un concierto gratuito de hip-hop que duró más
de una hora y al que asistieron centenares de ciudadanos de Wunsiedel y los
alrededores a pesar de la lluvia que ayer castigó el norte de Baviera. El resto
del programa de ayer lo completaron el grupo de rock Empty v, el rapero Nico
Suave, Lost AD y los reivindicativos The Chocolate Rockets y los veteranos
Extrabreit. La madrina de honor del concierto fue la líder de los verdes,
Claudia Roth, que asistió al acto simbólico del lanzamiento de 2.000 globos de
colores.
La elección de Wunsiedel como punto de partida de la gira no
ha sido casual. La ciudad en la que se encuentra la tumba del nazi Rudolf Hess
es desde su muerte, en 1987, el escenario de la principal concentración de la
extrema derecha alemana y europea. Ayer, los ciudadanos de Wunsiedel vivían su
primer 20 de agosto sin manifestación neonazi desde el 2001, año en que se
levantó la prohibición que había impedido el peregrinaje neonazi desde 1991. En
su lugar, se desarrolló una jornada cargada de programas culturales y
manifestaciones pacíficas bajo los lemas de Día de la democracia y Wunsiedel no
es marrón sino de colores (marrón es el apelativo informal aplicado a los
nazis).
El próximo concierto tendrá lugar el 8 de septiembre en
Hamburgo y contará con la actuación del grupo de pop más de moda en Alemania,
Silbermond, que no pudo estar ayer en Wunsiedel. Las entradas cuestan 19 euros y
la recaudación irá destinada a organizaciones que luchan contra la extrema
derecha y a la elaboración de un libro-disco que se titulará La chusma marrón y
analizará el aumento de la ideología neonazi en Alemania.

El Periódico
PAOLA ÁLVAREZ
BERLÍN

La policía británica sigue sin explicar las causas por las que
sus agentes dispararon encarnizadamente a la cabeza del electricista brasileño
Jean Charles de Menezes en un vagón del metro de Londres el pasado 22 de julio.
Las sospechas fundadas de que la víctima podía formar parte de un grupo
terrorista como ha argumentado, durante semanas, la policía británica para
excusar su error se han desvanecido completamente. La patraña se ha desvelado
gracias a la paciente investigación de los medios de comunicación, que han
puesto en evidencia la falta de escrúpulos de Scotland Yard a la hora de ocultar
las pruebas de sus atropellos.
El responsable de la policía de Londres, Ian Blair, se excusa
en que no supo de la precipitación de sus hombres hasta un día más tarde. No es
aceptable, dado el tiempo transcurrido hasta que se ha empezado a saber la
verdad. No ha dimitido, pero tampoco le han destituido, lo que eleva el caso a
la estricta responsabilidad política. Los portavoces del primer ministro, Tony
Blair, han mostrado su comprensión por el error policial, es decir, por el
ocultamiento de un homicidio al amparo de un falso estado de necesidad. Blair
vuelve a amparar una mentira y debería responder por ello.

El Periódico

Los policías que siguieron al joven brasileño acribillado al
ser confundido con un terrorista suicida no creían que éste "supusiera una
amenaza". Según fuentes de Scotland Yard citadas ayer por el dominical The
Observer, los tres agentes que vigilaban a Jean-
Charles De Menezes, que no iban ni armados ni uniformados, no
vieron nada que les hiciera pensar que fuera a detonar una bomba, que llevara
armas o que actuara de manera sospechosa.
Estos policías, que siguieron al brasileño hasta el metro
después de verle salir de un edificio donde se creía que vivía uno de los
terroristas que intentó atentar en Londres el 21 de julio, sólo tenían la
intención de detenerlo. Sin embrago, se les ordenó que cedieran el control a un
comando especial de policías armados en cuanto llegaran al lugar de los hechos.
Al entrar en el metro, fue cuando ese comando consideró que De
Menezes suponía una gran amenaza, y en cuestión de segundos dispararon contra él
siete tiros en la cabeza y uno en el hombro. Todavía sigue sin confirmarse si
los agentes recibieron en algún momento la orden de disparar de un mando
superior o fue una reacción espontánea.
The Observer señalaba, además, que por razones todavía no muy
claras, los policías que participaron en el tiroteo, no han declarado aún ante
la Comisión de Quejas encargada de la investigación.
Pero el Gobierno volvió ayer a dar su total apoyo al jefe de
Scotland Yard, Ian Blair, ante las demandas de que dimita por ocultar
información. Un portavoz de Downing Street dijo que el primer ministro, Tony
Blair, que se encuentra de vacaciones, tiene total confianza en la actuación del
máximo responsable policial.
Ian Blair reveló en una entrevista con el periódico News of
the World que no supo que el joven brasileño era inocente hasta 24 horas después
de su muerte.

El Periódico
RAMÓN ABARCA
LONDRES

N.T.F. y M.S.V., capitán y maquinista, respectivamente, del
barco Alianca, ambos de nacionalidad caboverdiana, fueron detenidos tras la
operación de rescate llevada a cabo por Salvamento Marítimo en colaboración con
la Guardia Civil.

Cuando el barco, que podía llevar unos dos meses en la mar,
fue localizado por un buque escuela británico, no tenía timón ni motor y a bordo
no había agua ni alimentos, según informó el delegado del Gobierno en Canarias,
José Segura.

El barco fue remolcado hasta el puerto de Los Cristianos,
donde el capitán y el maquinista fueron detenidos, tras lo que pasaron a
disposición judicial.

El ministro del Interior, José Antonio Alonso, ha insistido,
según un comunicado de este departamento, en que la lucha contra el tráfico de
seres humanos y la inmigración irregular es una "prioridad absoluta", por lo que
es imprescindible seguir reforzando la cooperación policial y judicial a nivel
internacional.

El Ministerio recuerda que el pasado 5 de febrero llegó a
Tenerife, tras pasar por varios puntos de la costa africana, otro barco de estas
características, el Ice D-Olomne, con 227 inmigrantes subsaharianos a bordo y
cuyos tres tripulantes pasaron a disposición judicial y posteriormente
ingresaron en el centro penitenciario Tenerife II.

El ministro de Interior recuerda que que la lucha contra el
tráfico de seres humanos y la inmigración irregular es una "prioridad absoluta"

Añade que es imprescindible seguir reforzando la cooperación
policial y judicial a nivel internacional

Canarias Ahora .com
EFE. Madrid

En concreto, en las distintas operaciones contra la
inmigración irergular llevadas a cabo entre enero y junio de 2005 por el Cuerpo
Nacional de Policía se detuvo a 180 personas vinculadas a 67 redes dedicadas a
la entrada clandestina de inmigrantes en nuestro país. Por su parte, la Guardia
Civil detuvo a 247 integrantes de organizaciones especializadas en este mismo
delito, según datos facilitados por el Ministerio del Interior

En el caso de la falsificación de documentos, la Policía
detuvo en los seis primeros meses del año a 116 personas vinculadas a 31 redes
dedicadas a este tipo de fraude, mientras la Guardia Civil detuvo a 133
relacionados con distintas organizaciones.

Asimismo, agentes del Cuerpo Nacional de Policía detuvieron a
103 personas vinculadas a 37 redes de explotación laboral de extranjeros y la
Guardia Civil a 245 miembros de esta clase de organizaciones delictivas.

Las detenciones del 'Olomine', entre las principales
operaciones

Entre las principales operaciones realizadas, el ministerio
destaca la desarrolada el pasado mes de febrero en Tenerife, con el ingreso en
prisión de los tres tripulantes del Ice D'Olomne, el barco pesquero que trasladó
hasta las costas del municipio de Arico a 227 inmigrantes irregulares.

Asimismo, se destaca la operación desarrollada en enero por la
Unidad Contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsificación (UCRIF) de
Barcelona que permitió la desarticulación de una red internacional dedicada a la
explotación laboral de ciudadanos extranjeros procedentes de Marruecos.

En la operación se detuvo a tres ciudadanos españoles y tres
marroquíes integrantes de la organización, que además se dedicaba además a la
estafa mediante el cobro de elevadas cantidades de dinero para la tramitación de
ofertas de trabajo en distintas empresas, que después no presentaban.

En febrero, la Brigada Central de Falsedades Documentales, en
colaboración con la Brigada Central contra las Redes de Inmigración Ilegal de la
Policía desarticuló una organización internacional de delincuentes dedicada a la
falsificación de documentos de identidad y de viaje, así como a la realización
de estafas en la zona de Madrid a través de la manipulación de tarjetas de
crédito. Se detuvo a 9 personas (5 chilenos, 2 peruanos, un dominicano y un
español) y se intervino abundante material informático y numerosos documentos
falsificados.

También en febrero, en una operación llevada a cabo en Córdoba
por la Guardia Civil, se detuvo a cuatro súbditos rumanos que formaban parte de
una organización dedicada a introducir a ciudadanos de su mismo país en
territorio español, a los que proporcionaban trabajo y cobraban una parte de su
salario en concepto de gastos de traslado. Además, en un registro domiciliario
se localizó a 11 personas de nacionalidad rumana que vivían en condiciones
infrahumanas.

En abril, la UCRIF de Madrid desarticuló una red internacional
dedicada a la estafa y a favorecer la inmigración ilegal de ciudadanos peruanos,
a los que se les proponían ofertas de trabajo fraudulentas para sus familiares a
cambio de importantes cantidades de dinero. Se detuvo a 9 personas (3 españoles,
4 peruanos, un ecuatoriano y un argentino).

En ese mismo mes, la UCRIF de Madrid desarticuló una red
internacional dedicada a introducir en España a personas procedentes de Bolivia,
tramitando su documentación a cambio de desproporcionadas cantidades de dinero.

En mayo, la Guardia Civil y la Policía marroquí desmantelaron
una red dedicada a introducir inmigrantes ilegales en España, a los que
introducía a través del aeropuerto Madrid-Barajas. Se detuvo a 19 personas (4
españoles y el resto marroquíes).

Igualmente, en ese mes la Guardia Civil detuvo a los 5
responsables de una ONG de Huelva por estafar a más de 40.000 inmigrantes a los
que cobraba diferentes cantidades de dinero por realizarles trámites
administrativos que en realidad eran gratuitos.

Los detenidos dedicados a la entrada clandestina de inmigrantes
en nuestro país son 427

En el caso de la falsificación de documentos, la Policía
detuvo a 116 personas vinculadas a 31 redes y la Guardia Civil a otras 133

Canarias Ahora .com
ACN. Santa Cruz de Tenerife

Alessandro Pereira, primo de Jean Charles de Menezes, el
brasileño muerto hace un mes en Londres a manos de la policía, entregó ayer,
secundado por 150 manifestantes, un escrito en la residencia oficial del primer
ministro, Tony Blair, en el número 10 de Downing Street. "Estamos hartos de oír
cada vez más mentiras, sólo pedimos justicia", rezaba la carta. Antes de que los
manifestantes se concentraran ante la casa de Blair, dos oficiales de justicia
de Brasil se reunieron con las máximas autoridades de Scotland Yard.
Con motivo de los 30 días tras la muerte de Jean Charles, la
familia De Menezes y los miembros de la campaña orquestada en Londres para
sufragar los gastos en abogados convocaron una concentración frente a Downing
Street para solicitar la destitución del jefe de Scotland Yard, Ian Blair, y una
investigación pública del caso. En una tarde de lluvia, acudieron a la cita unas
200 personas, 50 de las cuales eran periodistas. "Queremos saber qué ha pasado
con las imágenes del circuito cerrado", se leía en la pancarta que llevaba el
brasileño Rafael Lanz, de 32 años. "La policía ha dicho que no hay imágenes de
Jean Charles en la plataforma, que las cámaras del metro no la captaron. Qué
curioso, ¿no? Estaba toda la ciudad en máxima alerta y qué raro que no hubiese
cámaras grabando".

Muchas de las pancartas pedían ayer la dimisión de Ian Blair y
protestaban contra la guerra de Irak. Pero el primer ministro expresó el domingo
su respaldo hacia el comisario jefe de Scotland Yard.

Antes de que los manifestantes se concentraran ante la sede
del primer ministro, dos oficiales de justicia de Brasil se reunieron ayer con
las máximas autoridades de Scotland Yard, quienes les expresaron las razones por
las que un representante de la policía viajó hacia la residencia de los padres
de Jean Charles de Menezes, en Brasil. "Sólo queríamos expresarles personalmente
nuestras disculpas y ofrecerles 15.000 libras (22.000 euros) para correr con los
gastos del funeral", indicó Scotland Yard en un comunicado. El comisario jefe,
Ian Blair, dijo a los dos oficiales que "sería inapropiado" por su parte hablar
de los pormenores de la investigación.

Por otra parte, una encuesta de mil entrevistas telefónicas
publicada ayer por el diario The Guardian revela que casi tres de cada cuatro
británicos renunciarían a ciertas libertades civiles para conseguir mayor
seguridad en la lucha contra el terrorismo. El anuncio de las 12 medidas que
pretende desarrollar el Gobierno de Tony Blair en los próximos meses suscitó las
protestas de numerosas asociaciones musulmanas y grupos de libertades civiles.

Entre las medidas de Blair se preveía la ilegalización del
grupo musulmán Hizb ut-Tahrir, que condenó públicamente los atentados del 7 de
julio. El portavoz de este grupo en Reino Unido, Inram Waheed, un psiquiatra de
29 años nacido en la ciudad británica de Birmingham, parafraseó a Benjamin
Franklin tras el anuncio de Blair: "Cualquiera que pretenda mejorar la seguridad
a costa de la libertad, perderá las dos".

Sin embargo, en la encuesta se revela que el 72% de los
votantes laboristas está dispuesto a sacrificar sus libertades; los liberales,
en menor medida (70%), y los conservadores del partido tory lo harían en un 79%.
Y en cuanto a ilegalizar grupos radicales no violentos como Hizb ut-Tahir, el
45% se mostró a favor y el 31% en contra. El diario The Guardian, que se ha
mostrado en todo momento contrario a las propuestas de Blair, aclara que la
encuesta se elaboró antes de que la sociedad británica conociera el contenido de
los documentos secretos que contradicen la versión oficial dada por Scotland
Yard sobre la muerte del brasileño Jean Charles de Menezes.

No obstante, sobre un tema que ha despertado polémica en la
prensa como es el de las deportaciones de radicales musulmanes a sus países de
origen, los británicos parecen tenerlo muy claro. Cuando se les pregunta si
están de acuerdo con devolver a estos ciudadanos a "países donde se practica la
tortura", el 62% de los encuestados se muestra a favor y sólo el 19% se opone.

ELPAIS.es
FRANCISCO PEREGIL (ENVIADO ESPECIAL) - Londres

ERIC RUDOLPH , el estadounidense de 38 años autor del atentado
que causó la muerte de una persona e hirió a 111 en los Juegos Olímpicos de
Atlanta, celebrados en 1996, fue condenado ayer, nuevamente, a cadena perpetua
sin opción de excarcelación. La sentencia anterior fue por la muerte de un
policía en ataques a clínicas antiabortistas. AFP

El Periódico de Aragón

"No deja de ser una payasada que se piense lo contrario" pues,
que una parte de estas personas decida abandonar sus países para mejorar sus
condiciones de vida, "es una verdad histórica incontrovertible: vaya unos genios
aquellos que dicen que llegaran barcos", aseveró en una entrevista a la Cadena
Cope.

"Y quien diga lo contrario está mintiendo cínicamente",
aseveró. Segura considera que la situación hay que afrontarla con un "profundo
sentido solidario para salvar vidas", porque no se puede "hacer otra cosa".

Por ello, ante la petición de nuevos equipos de detección de
pateras y barcos, como los radares móviles que comenzarán a llegar en los
primeros días de septiembre, manifestó que ayudarán a evitar catástrofes en el
mar, "qué duda cabe, vaya una simplonería", apostilló.

Segura pidió "seriedad" a quienes se refieran a los
acontecimientos relacionados con la inmigración, pues no comparte las críticas
vertidas sobre el rescate de 95 de inmigrantes que llegaron en pésimas
condiciones a Tenerife la pasada semana.

A su juicio, fue una operación "impecable", como lo fueron las
efectuadas en noviembre de 2004 cuando llegó una embarcación con 170 personas a
Gran Canaria y en febrero cuando arribó otro con más de dos centenares de
inmigrantes a Tenerife.

La última actuación, así como la coordinación de los cuerpos
que intervinieron, "funcionó milimétricamente", por lo que el delegado afirmó
que no presta atención a las críticas por su "falta de rigor y de seriedad". Por
otra parte, recordó que próximamente se aprobará el nuevo Plan Nacional de
Instalación Penitenciarias, que incluirá la segunda cárcel de Gran Canaria,
aunque insistió en no referirse a su ubicación definitiva.

El delegado asegura que es "una verdad histórica
incontrovertible" puesto que hay dos millones de pobres en África

Segura defiende la actuación en la operación que detuvo al
barco negrero ante las críticas a las que tacha de "falta de rigor y de
seriedad"

Canarias Ahora .com
EFE. Las Palmas de Gran Canaria

"Fomentar, justificar o glorificar la violencia terrorista", "intentar
provocar actos terroristas" o "fomentar el odio que pueda desencadenar la
violencia entre distintas comunidades del Reino Unido" serán comportamientos
"inaceptables" que justifiquen la expulsión o denegación de entrada al país de
aquéllos que de esta forma supongan una amenaza a la seguridad nacional. Así lo
ha dado a conocer hoy el ministro británico del Interior, Charles Clarke, al
publicar la lista de actitudes que explicarán una de las nuevas y más
controvertidas medidas antiterroristas anunciadas recientemente por el Gobierno
tras los atentados de julio.

Clarke ha insistido en que la intención del Gobierno no es la de "ahogar
la libertad de expresión o el debate legítimo sobre las religiones u otros
temas". No obstante, esta ley apunta directamente a numerosos imanes radicales y
a extremistas religiosos instalados desde hace años en Londres.

Para llevar a cabo deportaciones, las autoridades británicas se enfrentan
a un problema legal. La ley de Inmigración británica de 1971 autoriza a deportar
extranjeros que constituyen una amenaza a la seguridad nacional. Sin embargo,
Reino Unido es signatario de la Convención Europea de los Derechos Humanos,
incorporada a la legislación en 1998, y de la Convención Internacional contra la
Tortura, incorporada en 1988. Ambas prohíben cualquier deportación si existe el
riesgo de que las personas sean torturadas en sus países de origen.

Para prevenir esto, el Reino Unido está intentando concluir acuerdos con
diversos países para garantizar que los deportados serán tratados correctamente.
El pasado 11 de agosto, Clarke hizo uso de sus poderes cuando los servicios de
inmigración arrestaron a 10 extranjeros que "constituían una amenaza a la
seguridad nacional", entre ellos Abu Qatada, el jefe espiritual de Al Qaeda en
Europa.

Esta mañana, en una entrevista concedida a la radio de la BBC, el alcalde
de Londres Ken Kivingstone mostró su preocupación ante un texto "demasiado
rígido" que corre el riesto de prohibir toda libertad de expresión y todo
derecho de crítica.

ELPAIS.es

El estrecho de Florida es de nuevo escenario de una tragedia
cubana. Ayer 31 personas permanecían desaparecidas tras el naufragio de la
lancha en la que trataban de llegar a EE UU. El desastre ocurrió a 30 millas de
la costa norte de Matanzas, al este de La Habana. Sólo tres supervivientes han
sido rescatados por un buque mercante que los encontró en alta mar enfundados en
chalecos salvavidas y los llevó de regreso a Cuba.

Aunque en Cuba no se ha informado públicamente del suceso, el Servicio de
Guardacostas de EE UU dijo que el domingo por la noche recibió un fax de las
autoridades de la isla en el que comunicaban el naufragio de la embarcación y el
rescate de tres sobrevivientes. Los datos suministrados por La Habana sirvieron
para orientar las labores de rastreo, en las que ayer participaban varios barcos
y aeronaves norteamericanas.

Según los relatos de los socorridos, quienes se hallan hospitalizados en
Cuba en estado grave, la lancha, de 9 metros de eslora, zozobró el martes de la
semana pasada, apenas 30 minutos después de salir del norte de la provincia de
Matanzas. Los tres náufragos, un hombre y dos mujeres, fueron rescatados cinco
días después por el barco Melfi Habana, con bandera de Antigua y Barbuda.

El Servicio de Guardacostas de EE UU informó de que, de acuerdo con los
testimonios aportados por La Habana, al producirse el naufragio 14 personas
quedaron aferradas a la embarcación mientras veían que los 20 pasajeros
restantes eran arrastrados por la corriente. Los tres rescatados tenían chalecos
salvavidas y pudieron permanecer flotando hasta ser auxiliados, con signos de
deshidratación y graves quemaduras.

La guardia costera norteamericana considera que se trata de un caso de
tráfico de emigrantes. La lancha rápida, con matrícula de Florida, fue hallada
el lunes vacía y a la deriva. Fue remolcada hasta Cayo Hueso, Florida, para
iniciar las investigaciones sobre el suceso. Al parecer, los contrabandistas
pueden haber perecido en el naufragio.

Hasta el momento, el Gobierno cubano no ha comunicado los nombres de los
rescatados ni la prensa oficial ha mencionado el incidente. De no hallarse más
sobrevivientes, ésta sería la peor tragedia de balseros cubanos en el estrecho
de Florida de la última década.

ELPAIS.es
MAURICIO VINCENT - La Habana

El grupo municipal de CHA en Calatayud considera que el acuerdo tomado en Junta de Gobierno el pasado 25 de julio sobre un Pacto Local por la Integración y Convivencia "tendría que concretarse". A CHA le parece una "buena idea", aunque lamentó que "todavía no haya planes o proyectos para invertir el dinero que el Estado ha incorporado al Fondo de Apoyo de Inmigrantes".

El Periódico de Aragón
EUROPA PRESS

La organización Amnistía Internacional (AI) aseguró este miércoles que las nuevas medidas impulsadas por el Gobierno británico para expulsar a los extranjeros que inciten el terrorismo violan los derechos humanos y las obligaciones internacionales del Reino Unido.

El ministro británico del Interior, Charles Clarke, dio a
conocer una lista de "comportamientos inaceptables" que justificarán la
deportación de esos individuos a su país de origen en nombre de la lucha
antiterrorista.

Sin embargo, para AI, la definición de "comportamiento
inaceptable" es tan "vaga y amplia" que la nueva legislación "puede llevar a
mayores injusticias y a socavar la protección de los derechos humanos en el
Reino Unido". "En vez de reforzar la seguridad, esas medidas alienarán todavía
más los sectores vulnerables de la sociedad", declaró en un comunicado Halya
Gowan, subdirectora de la sección de Europa y Asia Central de AI, con sede en
Londres.

Los defensores de los derechos humanos temen que en virtud de
las nuevas medidas se deporte a extranjeros a países donde se practica la
tortura y los malos tratos.

Amnistía Internacional señaló que "el derecho de no estar
sujeto a torturas ni de ser enviado a un país donde existe ese riesgo, debe
aplicarse a todo el mundo, independientemente del delito que haya cometido". Si
el Reino Unido sospecha de alguien, "su deber es acusarlo y someterlo a un
juicio justo" que cumpla con el derecho internacional, según el comunicado de la
organización.

Por su parte, el Gobierno británico ha asegurado que negocia
con países norteafricanos y de Oriente Medio unos "memorandos de entendimiento"
que garanticen que los sospechosos repatriados serán tratados con todas las
garantías. Según la lista divulgada por Londres, podrán ser deportados los
extranjeros que "inciten, fomenten o glorifiquen el terrorismo para defender sus
creencias" o "busquen persuadir a otros para cometer actos terroristas".

HERALDO.ES
EFE. Londres

Una delegación de políticos belgas compuesta por dos
parlamentarios, un senador y otro parlamentario europeo visitarán Ceuta y
Beliones entre el día nueve y el día 12 de septiembre con la intención de
elaborar un informe que expondrán en sus respectivas cámaras a su vuelta, según
explicó el adjunto a la Secretaría de Migraciones de la confederación nacional
de Comisiones Obreras, Mohamed Haidour. La intención con la que acudirán a la
ciudad y a Marruecos es la de conocer de primera mano la frontera de la Unión
Europea en África y visitar los campamentos de inmigrantes en Beliones para
conocer cuál es la situación humanitaria que allí se vive para después trasladar
sus conocimientos a los parlamentarios y senadores de su país y de la
eurocámara.

El campamento de Beliones es uno de los puntos de
interés de la visita.
Durante su visita a Ceuta tienen intención también de mantener
un encuentro con el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, el delegado del
Gobierno, Jerónimo Nieto, así como con otras fuerzas e instituciones sociales.

Al parecer los parlamentarios han mostrado un especial interés
en la situación que se está dando en el campamento de Beliones, pero también en
conocer la repercusión que la inmigración tiene sobre la frontera ceutí, que no
olvidan es la de todos los europeos en África.

La iniciativa surgió al tener conocimiento de la situación que
se está viviendo en Beliones y la repercusión de la inmigración sobre Ceuta por
otras iniciativas que partieron de la sociedad civil en otros países vecinos
como Francia y Holanda.

Bélgica es uno de los países europeos en los que se instala un
mayor número de inmigrantes magrebíes cuando logra acceder a Europa y también de
los que provienen de más al sur del Sáhara, junto con Francia.

El Faro de Ceuta

La edición de esta semana de la revista 'Interviú' destaca en
sus páginas un reportaje sobre la nueva estrategia que los inmigrantes llevan
poniendo en práctica desde hace varios meses para lograr acceder a Melilla de
forma ilegal, y que por el momento no les está dando un mal resultado.

Se trata de los saltos al perímetro fronterizo de grupos
organizados de inmigrantes a modo de avalancha, una táctica con la que intentan
desbordar la capacidad de las patrullas de la Guardia Civil que se encargan de
custodiar la doble valla.

Según indica el reportaje de la revista 'Interviú', titulado
'Escalera hacia el cielo', 495 extranjeros han logrado acceder al territorio
nacional con este sistema en los primeros seis meses, de un total de 6.500 que
lo intentaron en ese periodo temporal, lo que supone un 7,61 por ciento del
total.

Asimismo, 'Interviú' destaca en su artículo que la elevación
de la valla hasta los seis metros en un tercio del perímetro ha propiciado que
los inmigrantes hayan trasladado sus intentos a las zonas lindantes con los
bosques de Marruecos.

El reportaje, elaborado por Daniel Montero, viene ilustrado
con fotografías cedidas por el Ministerio del Interior, captadas por las cámaras
de seguridad que la Guardia Civil tiene habilitadas en varios puntos del
perímetro fronterizo. En una de las imágenes se pueden observar claramente dos
grupos de inmigrantes separados por varios metros, que se valen de las escaleras
para escalar por la alambrada en la zona central de la doble valla.

Melilla Hoy
Por : Paqui Sánchez T.

Las sospechas de encubrimiento para tapar los detalles de la muerte
de Charles de Menezes han disminuido la confianza ciudadana en Scotland Yard y
han creado una crisis política que incluso podría salpicar al Gobierno de Tony
Blair. Diputados de todos los partidos y comentaristas políticos se han unido a
la familia del electricista brasileño para exigir una investigación pública,
además de la cabeza del jefe de la policía metropolitana, sir Ian Blair.

Un mes después de la segunda ola de atentados terroristas en
Londres, ya no se habla de los culpables, los posibles cerebros de la operación
o las hipotéticas conexiones con Al Qaeda, pero sí de la muerte de un inocente
transeúnte que iba al trabajo, y a quien un agente de la brigada antiterrorista
con el gatillo demasiado ligero acribilló de siete balazos en la cabeza y otro
en el hombro -tres más no dieron en el blanco- cuando se encontraba inmovilizado
por un compañero en el vagón de un metro.

La comisión independiente que se ocupa del caso anunció ayer que
espera tener concluido su informe para Navidad, y que sólo entonces recomendará
medidas disciplinarias internas o el inicio de un procedimiento criminal contra
el autor de los disparos, y tal vez sus superiores. El Gobierno Blair dio en su
día autoridad a Scotland Yard para "disparar a matar" cuando lo considerase
oportuno, pero cada vez hay más voces que exigen un debate parlamentario y la
autorización expresa de la Cámara de los Comunes para que la política siga
vigente.

Antes de irse de vacaciones a Barbados, Tony Blair dejó abiertas las
puertas a la posibilidad de convocar anticipadamente a los diputados para
acelerar la tramitación de las nuevas medidas antiterroristas que propuso de
modo un tanto apresurado -algunas de ellas son legalmente inviables-, para
aprovechar el miedo tras los atentados en su cruzada de ley y orden, además de
neutralizar cualquier posible crítica de que no había respondido con celeridad a
la amenaza integrista. Ahora es posible que tenga que reunir al Parlamento en el
otoño para tratar el caso Menezes, la desconfianza en Scotland Yard y las
demandas de que sus responsables dimitan.

La policía se negó ayer a hacer comentario alguno sobre las
especulaciones de que las cintas de las cámaras en circuito cerrado de la
estación de Stockwell, que deberían haber grabado la ejecución a sangre fría de
Charles de Menezes el 22 de julio pasado, se encuentran misteriosamente vacías.
La compañía privada que se encarga del mantenimiento del metro de Londres ha
dicho que los artefactos se hallaban operativos, y le parece "increíble" que
todos dejasen de funcionar por arte de magia la mañana de autos.

El jefe de la policía metropolitana, sir Ian Blair, consiguió
bloquear durante tres días el acceso de los investigadores de la comisión
independiente -algo así como el departamento de asuntos internos de Scotland
Yard- a Stockwell y el vagón de metro donde se produjo el homicidio de Charles
de Menezes. Esta circunstancia, unida a la coincidencia de las cintas borradas,
ha alimentado las acusaciones de un encubrimiento y ha puesto en la picota al
comisario sir Ian Blair.

Aunque tanto el primer ministro, Tony Blair, como el ministro de
Interior, Charles Clarke, le han expresado públicamente su apoyo, el jefe de la
policía se encuentra bajo tales presiones que el pasado domingo optó por
conceder una entrevista al periódico News of the World en la que aseguraba no
haber sido informado por sus subordinados de que la víctima de la estación de
Stockwell era un inocente hasta la mañana siguiente al suceso. Estas
declaraciones han creado la impresión de un Scotland Yard confundido y
desbordado por los acontecimientos, con departamentos enfrentados entre sí y
disidentes que se encargan de filtrar secretos a la prensa.

LA VANGUARDIA DIGITAL
RAFAEL RAMOS - 24/08/2005
Corresponsal. LONDRES

El detenido, identificado como A.K.B. y de 25 años de edad, ha
ingresado en prisión acusado de un presunto delito contra los derechos de los
ciudadanos extranjeros, delito por el que ya están en la cárcel desde el pasado
domingo, el capitán y el jefe de maquinas de origen caboverdianos.

Se da la circunstancia, de que A.K.B al parecer es el padre
del único menor que se encontraba a bordo del barco y que permanece ingresado,
junto a su madre, en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Hoya
Fría. Este bebé, de 17 meses de edad, está recibiendo una atención diferenciada
y acorde con su edad, informa la Delegación del Gobierno en un comunicado.

Asimismo, indica que las investigaciones realizadas por la
Brigada de Extranjería y Comisaría del Sur del Cuerpo Nacional de Policía han
podido determinar que A.K.B era el responsable no solo del cobro a los
ocupantes, sino también de la contratación del barco pesquero y la tripulación.

Con estos tres ingresos en prisión ya son seis los detenidos
por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros en lo que va de
año. Las tres detenciones anteriores también se produjeron en Tenerife tras la
llegada el pasado febrero a las costas de Arico del Ice D-Olomne, con 227
inmigrantes subsaharianos a bordo, tras pasar por varios puntos de la costa
africana.

El capitán y el jefe de maquinas de origen caboverdianos están
en prisión desde el pasado domingo

Con estas tres detenciones, ya son seis por un delito contra
los derechos de los ciudadanos extranjeros en lo que va de año

Canarias Ahora .com
ACN. Santa Cruz de Tenerife

Al menos 17 personas han muerto, entre ellas seis niños, y una treintena
ha resultado herida en el incendio declarado esta noche en un edificio del
centro de París. La mayoría de las víctimas, procedentes de África, habían sido
alojadas en el inmueble por asociaciones caritativas, según la policía. El
ministro francés del Interior, Nicolas Sarkozy, ha pedido una lista de
"edificios en peligro".

Por la noche, Sarkozy se trasladó hasta el lugar del siniestro, un vetusto
inmueble en la esquina entre el boulevard Vincent-Auriol y la calle
Edmond-Flamand, del distrito XIII. Poco después anunció haber encargado al
prefecto de París una relación de "todos los edificios que pueden presentar una
situación de peligro en términos de incendio y de hacinamiento". Asimismo,
señaló que va a estudiar con el Ayuntamiento el cierre de ese tipo de inmuebles
y el realojo de sus ocupantes.

Hay que "evitar estos dramas absolutamente", dijo Sarkozy, aunque
admitiendo la "dificultad" para impedir este tipo de siniestros ya que hay
"mucha gente, algunos que no tienen papeles, que se amontona en París y no hay
condiciones para alojarlos". Tanto el presidente de Francia, Jacques Chirac,
como el primer ministro, Dominique de Villepin, han manifestado su compasión y
su simpatía por las víctimas y sus familiares. "Esta catástrofe horrorosa enluta
a Francia entera", declaró Chirac.

Condiciones precarias

El edificio, datado en 1920, acogía en sus siete pisos a unas 130
personas, de las que un centenar eran niños, procedentes en su mayoría de Mali,
Senegal, Costa de Marfil y Gambia. Testigos han declarado haber visto en el
edificio ratas y ratones y han asegurado que las escaleras, de madera, eran muy
inestables y se movían. Las organizaciones en defensa de los inmigrantes han
denunciado las condiciones precaraias en las que viven los inmigrantes en la
región parisina.

El presidente de la entidad France Euro Habitat, Jacques Oudot, vinculada
a una de las asociaciones benéficas que alojaban a las familias del edificio
incendiado, ha explicado que estaban previstas obras de acondicionamiento, pero
que no habían podido llevarlas a cabo todavía debido a que nadie quería alojar a
sus ocupantes durante los trabajos de remodelación. "La opción para esas
familias era eso o la calle", dijo Oudot, quien insistió en que todos eran
inquilinos de pleno derecho.

Difícil escapatoria

En las tareas de extinción del fuego, que se inició alrededor de la
medianoche y que está totalmente bajo control, participaron 210 bomberos.
Después se procedió al realojamiento del resto de residentes del edificio,
indicó un portavoz de los Bomberos.

Al parecer, el fuego se inició en el hueco de la escalera entre la tercera
y la sexta planta del inmueble, lo que impidió la huida de muchos ocupantes en
los pisos superiores, según señaló un portavoz de los bomberos. Muchos de los
muertos perecieron por asfixia.

Respecto a las causas, los bomberos insisten en que todavía se desconocen.
Diversas fuentes han aludido al elevado número de personas que vivían en cada
piso y que, por lo exiguo del espacio, algunos cocinaban en los dormitorios.
También han destacado la abundancia de cables eléctricos en malas condiciones y
sin proteger que había en las viviendas.

Segundo siniestro

El pasado 15 de abril fallecieron 23 personas y otras 31 resultaron
heridas en el incendio de un hotel en el noveno distrito de París, el
París-Opera, que estaba subalquilado por la Alcaldía de la capital para realojar
a inmigrantes y familias en estado de necesidad. Entre las víctimas del fuego se
encontraban ciudadanos de nacionalidad francesa, senegalesa, portuguesa,
marfileña, estadounidense, ucraniana y tunecina.

ELPAIS.es

Un tribunal de la ciudad de Stralsund, en el noreste de Alemania, condenó
ayer por incitación a la violencia a cuatro meses de cárcel con libertad
condicional a Udo Voigt, de 53 años, presidente del ultraderechista y con
elementos neonazis Partido Nacionaldemocrático de Alemania (NPD).

Según el tribunal, Voigt, un antiguo oficial del Ejército Federal alemán,
apeló en un mitin electoral en 1998 a combatir con las armas contra los
políticos del sistema.

En primera instancia, otro tribunal había absuelto por falta de pruebas a
Voigt. La Fiscalía recurrió y ahora en la segunda instancia el dirigente del NPD
salió condenado. Sus abogados anunciaron que recurrirán la sentencia ante un
tribunal superior.

El NPD es uno de los grupos de ultraderecha más fuertes de Alemania y
cuenta en sus filas con elementos neonazis. Voigt rechaza que se defina al NPD
como neonazi. Se encuentra el NPD inmerso en la llamada estrategia de lucha por
las tres columnas: por la calle, por las cabezas y por los parlamentos. En las
elecciones del 19 de septiembre del año pasado, el NPD consiguió un 9,2% y entró
con 12 diputados en el Parlamento del Estado federado de Sajonia.

Este éxito electoral conmocionó Alemania, pero desde entonces el NPD no ha
conseguido repetirlo. En las elecciones federales, el NPD no tiene la menor
posibilidad de acercarse al 5% necesario para contar con representación
parlamentaria en el Bundestag en Berlín.

El discurso de Voigt que le ha costado la condena en segunda instancia lo
pronunció ante unos 50 asistentes a un mitin en las elecciones al Parlamento de
Mecklenburgo-Pomerania occidental. Voigt dijo en aquella ocasión que cuando él
tenía 14 años durante la guerra fría estaba dispuesto a tomar las armas para
defender Alemania y "eso espero de vosotros".

ELPAIS.es
J. C. - Berlín

Los empleadores ya han dado de alta en la Seguridad Social a 435.990
inmigrantes, cifra que supone el 95% de las solicitudes de regularización
aprobadas por el Ministerio de Trabajo hasta primeros de este mes. Fuentes de
ese departamento atribuyen las resoluciones que no se han formalizado, el 5%, a
las vacaciones estivales y a cambios en las circunstancias personales de los
empresarios o de los extranjeros. El PP profetizó en su día que el proceso de
normalización fracasaría porque los empresarios no inscribirían a los
inmigrantes en la Seguridad Social.

El proceso de normalización de inmigrantes que residían en España de forma
irregular pero disponían de un contrato de trabajo y carecían de antecedentes
penales fue diseñado por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero para dar
una salida al millón de sin papeles que dejó en herencia el anterior Gobierno
del PP y, al tiempo, combatir la economía sumergida.

Durante los tres meses que duró el proceso, desde el 7 de febrero hasta el
7 de mayo, el PP cambió varias veces sus argumentos para atacar al Ejecutivo.

El presidente de ese partido, Mariano Rajoy, se refirió desde el principio
a la regularización como "un error colosal". Y su secretario general, Ángel
Acebes, la calificó de "despropósito".

Pero a medida que creció la afluencia de los empresarios a las oficinas de
la Administración para regularizar a sus empleados, los líderes del PP
corrigieron el tiro. Profetizaron entonces un número ridículo de contratos
materializados con la correspondiente alta en la Seguridad Social.

Muy insistente en este sentido se mostró la secretaria ejecutiva de
Política Social y Bienestar del partido, Ana Pastor, quien celebró varias
conferencias de prensa para reclamar al Gobierno la cifra de altas en la
Seguridad Social.

Pero el Ministerio de Trabajo no podía dársela por dos motivos. El primero
era que el proceso de verificación de los documentos presentados por los
empresarios y por los inmigrantes era lento y laborioso. El segundo radica en
que, desde que reciben la autorización provisional de residencia y de trabajo
para los extranjeros, los empresarios disponen de un mes para darles de alta en
la Seguridad Social.

De hecho, la cifra de 435.990 altas es provisional. De las aproximadamente
690.000 solicitudes de regularización que los empresarios presentaron entre el 7
de febrero y el 7 de mayo, han sido resueltas hasta ahora 592.192 (el 85,62%).
De las 99.400 que aún están por resolver, una parte importante se halla
pendiente de algún documento, como el abono de multas de tráfico o de deudas con
la hacienda pública por parte de los empleadores.

De las 517.617 solicitudes que Trabajo había fallado favorablemente hace
un mes, y que suponen el 87,4% de las que había resuelto, los empresarios han
formalizado con el alta en la Seguridad Social 435.990; esto es: el 95% de
ellas.

Los empresarios que presentaron el 5% de resoluciones restante tendrán que
explicar por qué no han inscrito a sus trabajadores en la Seguridad Social.

El Reglamento de Extranjería es claro al respecto. Una vez que el
empresario o empleador que haya tramitado la regularización del inmigrante
recibe la resolución favorable del expediente de éste, dispone de un mes para
darle de alta en la Seguridad Social. El mismo plazo rige para los extranjeros
que pretenden trabajar parcialmente y de forma simultánea para varios patronos
en el servicio doméstico, los cuales tramitan su propio expediente.

Sólo cuando el empresario da de alta al inmigrante y abona las
correspondientes tasas, que ascienden a 187,02 euros, comienza el periodo de
vigencia del permiso de residencia y de trabajo del extranjero, que es de un
año. El inmigrante deberá solicitar su tarjeta de identidad durante el mes
posterior a esa entrada en vigor.

En el caso de que no se produzca el alta del trabajador en la Seguridad
Social durante al mes siguiente a la resolución de su expediente, la
autorización para residir y trabajar en España quedará sin efecto.

El Reglamento de Extranjería señala que, en ese caso, la Administración
requerirá al empleador (o al inmigrante, en los casos de trabajo doméstico para
varios patronos) para que indique las razones por las que no se ha iniciado la
relación laboral. "Con la advertencia", señala el Reglamento, "de que, si no
alegase ninguna justificación o si las razones aducidas se considerasen
insuficientes, podrán denegarse ulteriores solicitudes de regularización que
presente".

90 millones al mes

El proceso de normalización tiene dos vertientes. Una, humana, que está
sacando de la explotación a cientos de miles de extranjeros. Y otra, económica,
que supone ya una importante inyección de dinero a las arcas públicas: al menos
unos 90 millones de euros mensuales, hasta ahora.

Este periódico ha calculado las aportaciones de los inmigrantes al Estado
a partir del salario mínimo, fijado en 513 euros. La base mínima de cotización
(es decir, la cantidad mínima por la que pueden cotizar trabajadores y
empresarios) es, en ese caso, de 598,50 euros. Esa base mínima es, por ejemplo,
la que tienen las empleadas de hogar. De ella, el empresario paga el 31,59% y el
trabajador, el 6,40%. Si multiplicamos la cantidad resultante (227,37 euros
mensuales) por las 435.990 altas en la Seguridad Social registradas hasta ahora,
el resultado es de 90,1 millones de euros que ya está ingresando cada mes la
Seguridad Social.

A esa cantidad hay que sumar otros 79 millones de euros que ya han abonado
en tasas los empresarios y los inmigrantes que han formalizado sus contratos.

ELPAIS.es
TOMÁS BÁRBULO - Madrid

Agentes de la Policía Nacional de la Jefatura Superior han detenido
a seis jóvenes, con edades comprendidas entre los 19 y los 21 años, y todos
ellos vecinos de La Raya, como presuntos autores de los daños ocasionados en un
bar regentado por un boliviano y en la vivienda de un marroquí, ubicada en el
mismo edificio, situados en la citada pedanía murciana.

Fuentes policiales indicaron que «no se trata de un enfrentamiento
racista, ni xenófobo, como algunos han pretendido calificarlo, sino el
enfrentamiento casual y esporádico entre el miembro de una peña y un ciudadano
boliviano». Los seis detenidos, en unión al correspondiente atestado policial,
han pasado a disposición judicial.

Los hechos se remontan a las pasadas fiestas patronales de La Raya,
cuando seis jóvenes, todos ellos pertenecientes a una de las peñas que participa
de forma activa en la organización de las mismas, tuvieron un enfrentamiento con
unos ciudadanos bolivianos.

Al parecer, todo comenzó con motivo de una discusión surgida entre
un miembro de la peña y un boliviano por la propiedad de una botella de bebida,
lo que degeneró en una pelea entre un grupo de vecinos de La Raya y otro de
bolivianos, que salieron en defensa de su compatriota.

Estos últimos, ante el cariz que tomaban los acontecimientos,
salieron corriendo y se refugiaron en un bar que regenta otro ciudadano
boliviano, quien salió en su defensa, cerrando las puertas del bar.

Lanzaron carretillas

En la madrugada del 16 al 17 de agosto, aprovechando que en las
fiestas es costumbre, desde hace años, usar y lanzar artificios pirotécnicos,
fueron arrojadas diferentes carretillas contra el bar y la vivienda del
ciudadano boliviano que lo regenta.

Una actitud en represalia, según la Policía, no sólo por defender a
sus compatriotas, sino porque también el establecimiento es «foco de peleas,
escándalos y molestias constantes, lo que genera y ha generado múltiples
problemas entre los vecinos de La Raya, que se han quejado en numerosas
ocasiones ante las autoridades municipales».

La Verdad Digital
G. CARRIÓN / AGM

La estética de una ciudad no es una cuestión de belleza o
fealdad, sino de significados, dicen los urbanistas. Una ciudad no tiene que ser
hecha para los ciudadanos sino por los ciudadanos. Es lo que ocurre con el
parque del Poblenou, donde muchos de los nuevos habitantes de Barcelona
protagonizan un picnic intercultural permanente, y más en verano.
En las casi 12 hectáreas del parque , entre los árboles y
escasos arbustos, ecuatorianos, peruanos, filipinos y chinos, además de gitanos
autóctonos, comen, beben, juegan, se duermen complacidos en tumbonas portátiles
o hamacas o se bañan en las playas cercanas, desde temprana hora y hasta muy
entrada la noche.
Muchos de los habitantes que conforman la nueva fisonomía
urbana de Barcelona, permanecen allí tomando el fresco que no logran en sus
pequeños pisos de un barrio obrero, el Poblenou, que poco a poco va perdiendo su
carácter industrial de antaño para entrar en la nueva era tecnológica.
"Nos escapamos del calor de nuestros pisos, aquí se está
mejor", dicen unos hombres filipinos que llevan más de 20 años en Catalunya.
Hablan en un castellano mezclado con el inglés mientras comen gambas con jugo de
higos (ginataan hipon), un plato típico de su país.
Los arquitectos Xavier Vendrell y Manuel Ruisánchez diseñaron
el parque en 1992, con motivo de los Juegos Olímpicos, con la idea de hacer una
conexión entre el núcleo antiguo del Poblenou y el mar. Incluso reprodujeron un
paisaje propio del litoral marítimo: playas, dunas y arboledas. Las dunas van
dibujando un perfil irregular. Desde los puntos altos, la playa y el perfil
curvo de la Vila Olímpica son muy atractivos y la gente camina por unos pasillos
de traviesas que están siendo sustituidas por cemento. En uno de los extremos,
están semienterrados los restos de un barco naufragado.
El parque, abierto las 24 horas, cuenta con un área de juegos
infantiles, mesas de pimpón, cancha de básquet, pista de monopatín y espacio
para perros.
Mujeres que no quieren decir su procedencia han extendido
sobre el escaso césped un montón de tablas de bingo y acumulan piedras de río o
fichas de madera, que van colocando de acuerdo a las reglas del juego. En otra
mesa, un grupo de tailandeses juegan un dominó con figuras chinas y son reacios
a comentar nada. Un catalán casado con una tailandesa cuenta que llevan muchos
años viviendo aquí, pero que aún no hablan castellano. Lo niños, en cambio, se
desenvuelven con el catalán a la perfección.
Un poco más adelante, dos viejecitas encabezan la reunión de
la familia y amigos de Tony, el gitano, un cantaor de flamenco que ha grabado 22
discos y que se come un bocata de jamón serrano, mientras las mujeres gritan
alegres sus desventuras amorosas y sus maridos juegan a las cartas y beben, sin
musitar palabra.
Han venido desde Verdum. Los niños rodean al fotógrafo y las
dos abuelas, que quizá ya ni se enteran de lo que pasa a su alrededor, observan
con una mirada profunda, sentadas en dos mecedoras de madera, a sus decenas de
hijos, hijas, nueras, sobrinos, nietos y nietas.
Unas mujeres ecuatorianas se cubren con una sombrilla y se
niegan a dar datos personales. "Hemos venido a este parque durante muchos años,
cada verano, porque podemos estar en la playa". Cuando se cansan, regresan y se
recuestan en el césped reseco y contemplan a sus amigos o novios jugar al
voleibol frente a ellas, sudados y alegres.
Muchos de los que veranean en el Poblenou tienen algún
familiar que vive cerca del barrio. Otros llegan desde Santa Coloma o de
Sabadell, comenta Lorena, que es de Ecuador y los sábados y domingos está aquí
porque a sus dos niños les gusta venir a jugar al parque. Ella vive en el
Poblenou, pero su familia viene de otras comarcas de Catalunya. Su marido cuida
a un señor mayor y ella hace la limpieza en algunas casas. "Hay que aprovechar
porque aquí no se paga nada y como traemos la comida lengua horneada, un plato
típico de Ecuador nos resulta barato. Y es que no podemos ir a ningún lado de
vacaciones", afirma.
Lorena ha observado a otros de sus vecinos, unos filipinos que
también tienen un grupo grande a su alrededor. "Ellos sí que comen todo el rato,
y huele muy bien lo que han preparado", dice.
El Poblenou, como barrio obrero, tiene una larga historia de
activismo y autoorganización. "El que vaya a este sector de la ciudad vivirá de
cara al mar y rodeado de parques", dice la propaganda de las inmobiliarias.
También vivirá rodeado de inmigrantes que se apropian de las áreas de una ciudad
que sienten que cada vez más les pertenece.

El Periódico
SONIA GARCÍA
BARCELONA

Evitó consecuencias peores la rápida intervención de agentes
de las policías Local y Nacional, alertados de inmediato por los vecinos del
inmueble, un centro de la zona de Ciudad Alta de la capital donde ya hubo otros
incidentes anteriores, incluso uno que se saldó con la muerte a puñaladas de un
marroquí, según confirmaron fuentes próximas a la investigación del suceso.

Este se inició, conforme a dichas fuentes, cuando varios
jóvenes que perseguían a tres de los inmigrantes, al parecer tras discutir por
un asunto de drogas en un parque cercano, llegaron a bordo de un coche a las
puertas del hogar de acogida, dependiente del Cabildo de Gran Canaria y
gestionado mediante convenio por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado.

Tras detener el vehículo, sus ocupantes, dos de ellos
exhibiendo espadas japonesas de las denominadas katanas, saltaron a tierra y
amenazaron a los menores inmigrantes, que respondieron sacando un cuchillo y dos
destornilladores que esgrimieron como armas, de acuerdo al relato de testigos
presenciales.

Las fuentes destacaron que en ese momento llegó una primera
patrulla de la Policía Local, a la que pronto se sumaron agentes de la Nacional,
y que su presencia evitó que el enfrentamiento llegará a más.

De hecho, varios de los implicados en la disputa huyeron al
detectar la llegada de los policías, que finalmente sólo trasladaron a sus
dependencias para tomarles declaración sobre lo ocurrido a tres de los chicos,
un menor inmigrante y dos jóvenes canarios, que no fueron siquiera detenidos,
explicaron.

Agregaron, en la misma línea, que fuentes policiales apuntaron
que los hechos, al ser abortados en sus primeros momentos por los agentes de
seguridad, son sólo constitutivos de una falta administrativa.

Tanto el gabinete de prensa de la Jefatura regional de la
Policía Nacional, cuya Comisaría del Distrito Sur de Las Palmas de Gran Canaria
tramita las diligencias del caso, como los mandos de guardia de la Policía Local
aseguraron en cualquier caso no poder ofrecer información oficial por el momento
sobre lo ocurrido.

Al parecer, tras discutir por un asunto de drogas varios
jóvenes isleños llegaron a bordo de un coche a las puertas del hogar de acogida

Dos de los jóvenes canarios amenazaron con 'katanas' a los
menores inmigrantes, que respondieron sacando un cuchillo

Canarias Ahora .com
EFE. Las Palmas de Gran Canaria

El Gobierno de Haití convocó a su representante diplomático
ante la República Dominicana después de que tres inmigrantes haitianos fueron
asesinados a golpes y quemados en una agresión que agravó las tensiones entre
estos vecinos caribeños.

Los inmigrantes Pierre Willy, Dominique Gilberto y Paul Cinius
fueron atacados el pasado 16 de agosto en un pequeño barrio situado al sur de
Santo Domingo, la capital de la República Dominicana, donde trabajaban en una
fábrica de muebles, informó la Policía dominicana.

De acuerdo con la oficina del fiscal general, los tres
hombres, entre los 19 y los 22 años de edad, habían bebido alcohol con un grupo
de dominicanos en una tienda cercana. Esa misma noche, los dominicanos fueron a
la casa donde estaban los haitianos y exigieron dinero a uno de ellos.

Al negarse a entregar el dinero, los dominicanos atacaron a
los hombres, les golpearon, les rociaron con un líquido inflamable y les
prendieron fuego, informó la Fiscalía en un comunicado. Los hombres murieron
después a consecuencia de las quemaduras en un hospital de Santo Domingo.

En respuesta a los asesinatos, el Gobierno provisional de
Haití llamó a su representante diplomático en la República Dominicana "a
consultas", señaló un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Haití,
Jean Daniel Lafontant.

"El Gobierno provisional de Haití condena enérgicamente estos
actos criminales y deplora que estos hechos ocurran en un momento en el que se
efectúan grandes esfuerzos para mejorar las relaciones entre los dos países",
señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de un comunicado.

Madridpress.com

Los policías que mataron a Jean Charles de Menezes, de 27 años, la mañana
del 22 de julio le estuvieron disparando durante 30 segundos, según declaró una
periodista que viajaba en el vagón a miembros de la comisión independiente (IPCC
en inglés) que investiga la muerte del brasileño. La periodista Sue Thomason,
colaboradora de distintos medios, declaró que los disparos fueron efectuados en
intervalos de tres segundos, según consta en un documento de la comisión al que
ha tenido acceso el diario The Guardian.

Cuando oyó el primer tiro, Thomason huyó del vagón porque pensaba que se
trataba de terroristas que atentaban contra los viajeros. Pero en su huida por
los pasillos de la estación de Stockwell tuvo la frialdad suficiente como para
contar el número de tiros que oía. La periodista declaró ante los funcionarios
de la comisión que la interrogaron que había oído "10 u 11 disparos", cosa que
aún no se había publicado en esa fecha. Al principio se pensaba que De Menezes
había recibido siete balazos en la cabeza. Después trascendió que le propinaron
uno más en el hombro y tres resultaron fallidos.

También se supo que uno de los agentes secretos que lo vigilaban lo agarró
por el torso y un brazo justo antes de que lo mataran. Otro testigo declaró que
una de las pistolas se encontraba sólo a 30 centímetros de la cabeza del
electricista brasileño. De ser cierto todo lo revelado, Menezes murió
inmovilizado y tiroteado durante 30 segundos.

La periodista envió un mensaje por Internet a la comisión independiente
quejándose de que los dos investigadores que la habían entrevistado le enseñaron
un mapa de la estación de Stockwell en el que los lugares clave donde sucedieron
los hechos estaban trastocados. "Si la gente que investiga un asunto tan serio
ni siquiera tiene el plano de la estación correcto para marcar dónde se
encontraban los entrevistados, ¿entonces qué posibilidades tiene el resto del
caso?", se preguntaba la periodista en el mensaje que envió a la comisión
independiente.

Expulsión de Reino Unido

Por otra parte, Ken Livingstone, alcalde de Londres y destacado miembro
del sector más izquierdista del partido gobernante, presentó ayer una campaña
contra las medidas que el primer ministro, Tony Blair, pretende poner en marcha
en los próximos meses para combatir el terrorismo. La campaña, promovida por 30
políticos e intelectuales progresistas, pretende convocar manifestaciones
durante el próximo otoño para intentar que el Gobierno negocie con otros
sectores de la sociedad su estrategia en la lucha contra el terrorismo.

Entre las medidas que ha anunciado el Gobierno destaca la de expulsar o
excluir la entrada en Reino Unido a todos los que "fomenten, justifiquen o
ensalcen" la violencia terrorista, ya sea mediante un discurso, un panfleto, una
entrevista televisada o publicada en una página de Internet. La lista de
"comportamientos inaceptables" que provocarán la expulsión ha sido publicada
esta semana.

La lista ha provocado las críticas de organizaciones internacionales
proderechos humanos y del propio relator especial sobre tortura para la ONU,
Manfred Nowak, quien no se fía de las garantías civiles de países como Jordania,
donde Reino Unido deportará a varios ciudadanos. "El hecho de que

[el Gobierno británico] esté buscando garantías demuestra que el país que
pretende deportar percibe un serio riesgo de que el deportado sea objeto de
tortura o maltrato al llegar al país de destino", declaró el relator especial de
la ONU. A esas declaraciones respondió el ministro del Interior, Charles Clarke,
diciendo que la ONU haría bien en preocuparse no sólo por los derechos humanos
de los radicales y atender a los derechos de las posibles víctimas de atentados.

Ken el rojo, como se conoce en Reino Unido al alcalde de Londres, insistió
ayer en que las propuestas del Gobierno "hubieran significado prohibir la
entrada" en Reino Unido a Nelson Mandela y sus simpatizantes en tiempos del
apartheid. En un comunicado que emitió ayer el grupo que encabeza Livingstone
indicó que las propuestas del Gobierno pueden provocar "la criminalización o
exclusión de gente cuya cooperación es indispensable para la policía en su lucha
contra el terrorismo".

ELPAIS.es
FRANCISCO PEREGIL (ENVIADO ESPECIAL) - Londres

El Ministerio del Interior ha ordenado que se suspendan con carácter
general los procesos de expulsión de las extranjeras en situación irregular que
hayan denunciado malos tratos de su pareja y a las que el juez les otorgue una
orden de protección. Además, ha instruido a la policía para que informe a las
denunciantes de que, en el caso de recibir la tutela judicial, tienen el derecho
a obtener un permiso de residencia temporal por motivos excepcionales. Si lo
obtiene, la mujer no será expulsada; como mucho, será sancionada con una multa
de menor cuantía por infracción de la ley de Extranjería.

La medida ha sido adoptada tras la constatación de que las denunciantes
sin papeles -14.340 extranjeras presentaron denuncia en 2004- salían de
comisaría con dos documentos, uno para protegerla de su pareja y otra para
expulsarla del país.

La policía se había encontrado con un doble problema. La nueva ley de
Medidas de Protección de la Violencia de Género, que entró en vigor el 29 de
junio, obligaba a recoger la denuncia de la extranjera víctima de malos tratos
y, a la vez, a abrirle procedimiento de expulsión en aplicación de la ley de
Extranjería. "No podíamos hacer más que aplicar las leyes", aseguran fuentes de
la Comisaría General de Extranjería y Documentación.

El Defensor del Pueblo y el Observatorio contra la Violencia de Género en
Madrid ya protestaron a primeros de año por los casos de dos extranjeras que
padecieron las contradicciones del ordenamiento. "No era fácil encontrar una
fórmula para aplicar una ley sin incurrir en prevaricación por no aplicar otra
ley", señalan las citadas fuentes.

El pasado julio, el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho,
dictó una instrucción de 10 folios para intentar conjugar ambas situaciones, que
ha sido enviada a todas las comisarías de España. Lo prioritario, dice el
documento, será prestar a la denunciante "las medidas de asistencia y
protección" y enviar el caso al juez para, inmediatamente, informar a la
denunciante "de su derecho a solicitar la autorización de residencia temporal
tan pronto le sea concedida dicha medida [de protección] por el juez". Atendida
la mujer, se iniciarán los trámites de la ley de Extranjería.

Es decir, hasta aquí todo seguirá funcionando como hasta ahora, por un
motivo fundamental: que no se produzca una avalancha de denuncias de extranjeras
que denuncien malos tratos ficticios para evitar su expulsión. La situación
cambia en el momento en el que el titular del Juzgado de Violencia sobre la
Mujer o Juzgado de Instrucción toma la decisión de otorgar o no la orden de
protección.

Si la resolución es negativa, entonces el expediente de infracción de la
ley de Extranjería sigue su curso, hasta acabar en la expulsión (y prohibición
de entrada en la UE durante 10 años) o en multa. La novedad estriba en que si el
juez resuelve conceder alguna medida de protección a la mujer, la apertura del
posible expediente de expulsión queda suspendida durante un mes.

Ése es el plazo que se da a la mujer protegida para que tramite la
solicitud de "residencia temporal excepcional". "Lo normal", aseguran las
fuentes consultadas, "es que, una vez que se le diga a una mujer maltratada y
con orden de protección que puede acceder a la residencia temporal, la solicite
inmediatamente, porque ése es el objetivo número uno de los inmigrantes que
llegan o viven irregularmente en España".

La presentación de la solicitud de residencia supone la inmediata
suspensión del procedimiento de Extranjería hasta que la Administración decida
concederla o no. Debido a la acumulación de trabajo en la Administración, esto
supone para la extranjera una tregua de entre tres y cuatro meses.

La concesión de la autorización de residencia, que lleva aparejado el
permiso de trabajo, supondrá, obviamente, que a la mujer protegida no se la
podrá expulsar y que, como máximo, se le impondrá una multa "cuya cuantía será
la inferior de las señaladas como posibles por la ley para la infracción
cometida". Esta fórmula permite conjugar la aplicación de las dos leyes, "porque
se aplican las dos y ambas de la forma legal más favorable para la mujer", según
las antedichas fuentes.

Cabe la posibilidad de que la Administración no conceda el permiso de
residencia. En ese caso, se abren dos nuevas posibilidades, una contenida en la
instrucción y otra ya contemplada en el Reglamento de la Ley de Extranjería. La
primera opción es que la mujer sea expulsada, "salvo que el instructor
[policial] aprecie otras circunstancias que aconsejen la propuesta de multa". La
segunda se abre en el caso de que el juez haya dictado sentencia favorable a la
mujer en el caso de maltrato o violación denunciado, ya que entonces se aplicará
el artículo 45.4.a del Reglamento, que prevé que pueda obtener la residencia por
motivos humanitarios.

En el caso de que la mujer protegida no haya presentado en el plazo de un
mes la solicitud de residencia, la policía reactivará el expediente sancionador
por infracción a la ley de Extranjería, que puede conllevar la expulsión. La
mujer recibirá entonces un documento de aviso, que contendrá la advertencia de
que si pide la residencia temporal en el plazo de 48 horas el expediente quedará
en suspenso hasta que aquella se le conceda o no.

ELPAIS.es
JORGE A. RODRÍGUEZ - Madrid

EL conductor, al parecer de estética neonazi que se dio a la fuga, disparó al peatón tras enfrentarse por la preferencia en un paso de cebra en Tarragona. Un hombre de 43 años, S.E., de nacionalidad marroquí, que caminaba la tarde de ayer por el centro de Tortosa, resultó muerto cuando, tras discutir con el conductor de un vehículo, éste le ha disparado varios tiros y se dio a la fuga, según han informado fuentes policiales.
Los hechos han ocurrido sobre las 18.15, cuando un trabajador de la construcción que cruzaba un paso de peatones en el cruce de la plaza Montserrat con la calle Montcada, en el casco antiguo de Tortosa, ha iniciado una discusión con el conductor de un vehículo sobre quén tenía la prioridad de paso.
Aunque las circunstancias del trágico incidente no están aún claras, algunos testigos que el conductor del vehícula ha dado la vuelta con el coche y, sin
mediar palabra, le ha disparado varios tiros, ocasionando la muerte en el acto del peatón, cuyo cuerpo, que presenta cinco impactos de bala, ha quedado tendido en medio del paso de cebra.
El presunto homicida, al parecer un joven de origen español y de estética neonazi al que los vecinos habían visto anteriormente por el barrio, se ha dado a la fuga y aún no ha podido ser localizado, aunque podría ser identificado, ya que los testigos han apuntado la matrícula del coche cuando éste escapaba de la zona.
Hasta el barrio en el que se produjeron los hechos, en el que se concentra una población importante de inmigrantes, muchos de los cuales conocían a la
víctima, se han personado efectivos de la Policía Local, de los Mossos d'Escuadra y de la Policía Nacional, encargada de la investigación.

El alacalde pide tranquilidad.
El suceso ha ocasionado una gran conmoción en el barrio ya que es la primera vez que se comete una muerte de estas características en las calles del centro de la ciudad, apenas a 100 metros de la principal zona comercial de la localidad y a plena luz
del día.
Por ello, el alcalde de Tortosa, Joan Sabaté, ha lanzado un "mensaje de tranquilidad" a la población y ha calificado de "hecho aislado" la muerte del hombre. Sabaté ha hecho pública una declaración institucional del Ayuntamiento de Tortosa en la que lamenta la muerte del ciudadano marroquí y recuerda que el barrio
del Rastre de Tortosa, donde se han producido los hechos y que es "uno de los que alberga mas población inmigrante de la ciudad", es una "zona tranquila"

EFE (modificaciones de lenguaje: mongui)

Personas desconocidas incendiaron el pasado jueves en La Almozara un autobús que utilizaban ciudadanos subsaharianos para ir a trabajar a una finca de La Almunia. La asociación de inmigrantes Unidos ha calificado los hechos como un acto racista.

El Periódico de Aragón
E. P.