Doce inmigrantes fueron evacuados ayer de una patera localizada a la deriva a 123 millas de Gran Canaria. De los doce inmigrantes rescatados, ocho fueron trasladados por el helicóptero de Salvamento Marítimo Helimer Canarias a la base naval de Las Palmas de Gran Canaria, donde les esperaba un dispositivo sanitario, según informó el Servicio de Urgencias Canario (SUC). Cuatro de ellos, entre los que había la única mujer rescatada de la patera, necesitaron ser ingresados en dos centros hospitalarios de la ciudad: el hospital de Gran Canaria Doctor Negrín, y el hospital Insular de Gran Canaria. Permanecen en observación en urgencias, ya que presentan erosiones y policontusiones leves, además de cansancio, debido al tiempo transcurrido en la embarcación. Los otros cuatro inmigrantes fueron trasladados en un helicóptero del SAR hasta la base aérea de Gando, donde fueron puestos a disposición policial y de Cruz Roja española. En la imagen aparece uno de ellos cuando es cubierto con una manta por un miembro de la Cruz Roja.
La Guardia Civil detuvo a 109 inmigrantes cuando trataban de alcanzar las costas de Tarifa (Cádiz) y Salobreña (Granada) en tres embarcaciones y entre ellos se encontraban cuatro bebés y tres mujeres embarazadas, dos de ellas menores de edad.
Según informó a Efe la Subdelegación del Gobierno en Cádiz, una embarcación con 63 inmigrantes fue localizada por el SIVE sobre las 5.00 horas a cinco a millas al sur de la costa de Tarifa y poco después, una patrulla del Servicio Marítimo de la Guardia Civil interceptaba la patera.
La embarcación, de ocho metros de eslora, fue conducida al puerto de esta localidad gaditana, donde un equipo de la Cruz Roja prestó asistencia sanitaria a los inmigrantes, ya que presentaban fuertes síntomas de hipotermia.
El contingente de indocumentados estaba integrado por 23 varones y una mujer magrebíes y mayores de edad y el resto son subsaharianos, de los que 23 son hombres mayores de edad, doce son mujeres -tres de ellas embarazadas y de éstas dos son menores de edad - y cuatro son bebés.
Fuentes de la Cruz Roja dijeron a Efe que una de las embarazadas tuvo que ser trasladada a un centro sanitario de la zona al presentar fuertes dolores lumbares y musculares.
Además señalaron que los bebés, tras un exhaustivo reconocimiento, se encuentran en buen estado de salud y que un hombre subsahariano mayor de edad fue conducido al hospital Punta Europa de Algeciras (Cádiz), aquejado de dolor en la cadera.
Por otra parte, Salvamento Marítimo y la Guardia Civil interceptaron una segunda embarcación sobre las 10.30 horas a seis millas al sur de las costas tarifeñas con 36 inmigrantes a bordo, todos varones, magrebíes y mayores de edad.
La embarcación fue localizada por el SIVE y un buque que navegaba en esos momentos por el Estrecho avisó también a Salvamento Marítimo de Tarifa de la presencia de la misma. Los inmigrantes presentaban todos buen estado de salud y fueron atendidos por los equipos sanitarios de la Cruz Roja.
Los 99 inmigrantes detenidos hoy frente a las costas de Tarifa se encuentran en el centro de atención de inmigrantes Isla de Las Palomas, ubicado en este municipio y durante el día serán conducidos a la Comisaría de Algeciras (Cádiz), donde se tramitarán las correspondientes repatriaciones.
Además, el Servicio Marítimo de la Guardia Civil detuvo frente a las costas de Salobreña (Granada) a diez varones inmigrantes de nacionalidad marroquí que trataban de alcanzar tierra a bordo de una pequeña embarcación neumática.
Según informó a Efe la Guardia Civil, la expedición fue interceptada sobre las 24.00 horas a unas seis millas al Sur de Salobreña, frente a la playa de La Caleta, por el Servicio Marítimo del instituto armado, que trasladó a los inmigrantes, todos mayores de edad, hasta el puerto de Motril.
En las instalaciones portuarias los inmigrantes, que se encontraban en buen estado de salud, recibieron una primera asistencia humanitaria por parte de voluntarios de la Cruz Roja antes de pasar a disposición de la Policía Nacional.
LA VANGUARDIA DIGITAL LVD - 05/05/2005 - 09.25 horas Actualizada: 05/05/2005 16.06 horas
Cuarenta y ocho puertas de estaciones de metro de Barcelona y el área metropolitana fueron bloqueadas en la madrugada de ayer con cadenas, candados y silicona. Los saboteadores, uno de los cuales ha sido identificado, dejaron panfletos en los que reclamaban que se flexibilicen las condiciones de regularización de inmigrantes, informó Transports Metropolitans de Barcelona (TMB). Pese a los bloqueos, detectados a las 2.55 de la madrugada gracias a cámaras de seguridad, todas las estaciones de la red del metro abrieron puntualmente con excepción de la de Barceloneta, adonde no se pudo acceder hasta las 5.30, media hora más tarde de lo previsto.
Un juzgado de lo contencioso de Lleida ha sentenciado que la conflictiva mezquita de la calle del Nord cumple sobradamente con los preceptos legales, y desestima los recursos contra su apertura que presentó la Asociación de Vecinos de la Avenida del Segre, que sigue reivindicando su traslado fuera del barrio. Los vecinos presentaron un recurso argumentando que el templo carecía de las mínimas condiciones de salubridad y que sobrepasaba el aforo permitido.
El juez ha desestimado las alegaciones y confirma la licencia de apertura del templo que concedió el Ayuntamiento de Lleida a la Asociación de Unión y Cooperación Islámica de Lleida, ya que aprecia que el espacio tiene la salubridad suficiente para personas que lo utilizan en un periodo corto de tiempo, incluido el viernes, el momento con más afluencia al coincidir con los preceptos religiosos islámicos.
La presidenta de la asociación de vecinos, Marta Roigé, sigue pensando que el local es pequeño para tanta aglomeración, un aspecto que también reconocen los responsables islámicos y La Paeria. Ayer mismo, el alcalde de Lleida, Àngel Ros, dijo que se está colaborando para buscar una nueva ubicación, ya que "la comunidad musulmana está creciendo constantemente". Se busca un lugar amplio y de fácil acceso. El solar será adquirido por la comunidad religiosa islámica de Lleida.
LA VANGUARDIA DIGITAL PAU ECHAUZ - 04/05/2005 LLEIDA
Una patera llegó a primera hora de esta mañana al sur de Gran Canaria, con un inmigrante muerto a bordo, según han confirmado a Europa Press fuentes de la Policía Nacional. Según las mismas fuentes, en la barquilla viajaban 24 personas, una de las cuales falleció durante el trayecto que separa las costas africanas con Canarias. Entre los supervivientes hay 22 personas adultas y 1 menor.
Se desconoce, a la espera de la autopsia, las causas que motivaron la muerte del inmigrante, si bien se cree que pueda haberse producido como consecuencia de la falta de alimentos y agua durante el trayecto. Por el momento, tampoco se conoce el tiempo que los inmigrantes llevaban en la barquilla hasta que llegaron a Canarias. Tanto la barquilla como los inmigrantes fueron hallados en la Playa de Morro Besudo, en la localidad de San Agustín, al sur de Gran Canaria.
LA VANGUARDIA DIGITAL Las Palmas. (EUROPA PRESS).-
El ex presidente de la Generalitat y actual presidente fundador de CiU, Jordi Pujol, ha afirmado que, en general, la inmigración musulmana muestra "resistencia" e incluso "rechazo" a la hora de integrarse en las sociedades europeas porque "no valoran del todo el tipo de civilización que les ofrecemos".
En una conferencia en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Ramon Llull, el ex presidente catalán ha augurado que, "con el tiempo, la convivencia con la gente de religión musulmana será posible", aunque "será difícil" lograrlo.
Según Pujol, "existe cierta actitud de reticencia, de resistencia y a veces de rechazo frente a la integración" por parte de las personas recién llegadas de países islámicos, que a su juicio "no valoran del todo el tipo de civilización que nosotros ofrecemos, porque queda lejos de la suya y porque sencillamente no la valoran".
Pese a la "actitud muy cerrada" que "a veces" tienen los inmigrantes musulmanes, en Catalunya "no tenemos más solución que intentar una política de integración, a través de la escuela, el trabajo, la convivencia o la evolución de ellos mismos", ha añadido.
El ex presidente de la Generalitat ha opinado que "la inmigración musulmana es más difícil que se mezcle" con la población autóctona que el resto de recién llegados. Para demostrar que éste es un fenómeno generalizado en Europa ha puesto el ejemplo de Alemania, donde la población de origen turco "a veces da la sensación de que no se quieren integrar".
Pujol se ha mostrado firme "partidario de la mezcla" entre inmigrantes y autóctonos, porque "Catalunya, como pueblo y como identidad, está perdida si la gente no se mezcla". Asimismo, el presidente de Convergència ha afirmado que "hay que respetar el tema religioso" de los inmigrantes, aunque ha advertido de que "hemos de vigilar qué pasa en las mezquitas". "Todos los sectores musulmanes moderados tienen el máximo interés en que en las mezquitas no pase según qué", ha señalado.
Antes del acto, una treintena de inmigrantes sin papeles con pancartas a favor de la regularización se han concentrado ante las puertas del edificio de la facultad esperando a Pujol, a quien han increpado a su llegada.
El Tribunal Supremo ha establecido en una sentencia que los ciudadanos extranjeros que pretendan entrar en España tienen sólo la obligación de justificar documentalmente el motivo de la visita cuando exista una duda sobre la verosimilitud de su entrada en nuestro país, rechazando que hayan de justificar "en todo caso" su viaje. Es decir, corresponde a la policía fundamentar los motivos de sus sospechas y no al ciudadano extranjero demostrar los objetivos de su visita.
El alto tribunal llega a este razonamiento tras analizar un recurso de un ciudadano ecuatoriano, que llegó el 4 de abril del 2000 al aeropuerto de Barajas procedente de la ciudad de Guayaquil. Una vez en el puesto fronterizo, los policías le exigieron que presentara los documentos que justificasen el "objeto y las condiciones de la estancia prevista". Más tarde se le denegó la entrada después de que la policía comprobase que no existía una reserva a su nombre en el hotel en el que dijo que se iba a alojar en Madrid durante diez días. El hombre alegó que venía a España únicamente a hacer turismo y que llevaba consigo 1.080 dólares para tal actividad.
"A la conclusión que debemos llegar es (...) que lo que las normas imponen a los viajeros que pretendan la entrada en el país es (1) manifestar un motivo lícito de entrada y (2) justificar documentalmente la verosimilitud de tal motivo; pero en el bien entendido sentido de que esta exigencia, accesoria y documental, en modo alguno es exigible en todo caso, sino sólo "en su caso", esto es, "en caso de duda sobre el motivo que previamente se ha manifestado", subraya la sentencia.
Por todo ello, el alto tribunal señala que no puede deducir una "sospecha fundada sobre la inverosimilitud del destino turístico manifestado por el recurrente; la frustrada reserva hotelera y el desconocimiento de los concretos lugares o destinos a visitar". Añade que lo exigible será "exponer las razones que conduzcan a tener por fundada la sospecha, pues así lo requieren conocidos principios de nuestro ordenamiento jurídico".
De esta forma, el Tribunal Supremo estima el recurso de casación y anula la resolución de la dirección general de la Policía, que denegó al recurrente la entrada en el territorio nacional y le obligó a regresar a Guayaquil.
Casi medio millón de inmigrantes han solicitado desde el pasado 7 de marzo los papeles para regularizar su situación en España. Hasta la fecha, la Inspección de Trabajo ha detectado entre las más de 400.000 peticiones más de cien mil casos sospechosos de fraude, por lo que serán investigadas de forma aleatoria. La alerta se dispara en la inspección cuando se trata de empresarios que intentan contratar a más de un empleado del hogar o de empresas de menos de seis meses de vida que solicitan contratar a diez empleados de golpe. De hecho, en los últimos años, al margen de los procesos extraordinarios, Trabajo ha detectado fraude en cerca del 40 por ciento de los expedientes tramitados.
El Gobierno, una vez que se cierra esta regularización, extremará sus controles para evitar el fraude y por ello da "una última oportunidad" a los empresarios para que legalicen la situación de sus empleados sin papeles.
El ritmo de presentación de solicitudes ha sido más lento del esperado, aunque la demanda ha crecido notablemente en estos últimos días, lo que ha llevado a distintas organizaciones a plantear al Ejecutivo central una ampliación del proceso. De momento, el Gobierno sólo ha flexibilizado los requisitos exigidos para otorgar los papeles a los trabajadores inmigrantes.
No obstante, distintas ONG con presencia en Andalucía, como la federación regional de la Asociación de Trabajadores Marroquíes en España (Atime), Andalucía Acoge y Argentinos en el exterior coincidieron ayer en calificar de "oportunidad perdida" el proceso, así como el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, que advirtió que "queda mucho por hacer y muy poco tiempo".
En Andalucía se había presentado un total de 47.960 solicitudes (el 9,8 por ciento del total nacional) hasta el 27 de abril, según los datos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Las ONG consideran "pocas" las solicitudes presentadas y achacan el "fracaso" a distintas medidas y actitudes del Gobierno central.
Para el presidente regional y vicepresidente nacional de Atime, Kamal Rahmouni, la comunidad andaluza "saldrá perjudicada" en comparación con otras comunidades al no regularizar a una considerable cantidad de los irregulares. "Andalucía tiene la misma realidad que otras comunidades pero en otras zonas se normalizarán a más irregulares", expuso. Achacó esta circunstancia a las pocas ofertas de los empresarios, sobre todo, en los sectores agrícola y turístico. Así, mostró su "preocupación" por la cantidad de inmigrantes que se van a quedar "colgados". Rahmouni, sin embargo, no consideró necesario ampliar del plazo.
Por su parte, la vicepresidenta de Andalucía Acoge, Encarnación Márquez, fue más allá de los números para describir la "angustia y desesperación" de los inmigrantes y de los propios voluntarios. "No se han cumplido las expectativas y a los implicados en el proceso nos causa daño psicológico no poder ofrecerles soluciones al ver a estas personas desesperadas", retrató.
Para Márquez, los documentos para conseguir el certificado de empadronamiento servirán "a unos cuantos privilegiados" pero no a la mayoría de los irregulares. Tachó también de "posibilidad perdida" el proceso y sumó al conjunto de inmigrantes "desesperados" a aquellos que han llegado después del 7 de agosto de 2004, quienes se preguntan si el Gobierno abrirá un nuevo proceso para solucionar sus problemas.
Por último, el presidente de Argentinos en el Exterior en Andalucía, Jorge Grela, apuntó que más de la mitad del colectivo argentino se va a quedar fuera de la regularización. Grela criticó las declaraciones del consejero andaluz de Economía y Hacienda, José Antonio Griñán, quien indicó ayer que más de un 10 por ciento del dinamismo económico andaluz se debe a la presencia de inmigrantes. "Dentro de esa riqueza hay muchos autónomos", apuntó el presidente de un colectivo con mayoría de trabajadores con esta figura laboral.
Diario de Cádiz ANA DE LA PEÑA / AGENCIAS madrid / sevilla.
El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, anunció ayer en Cádiz que ha remitido una carta al ministro de Trabajo, Jesús Caldera, en la que le solicita que aquellas citas que los inmigrantes pidan de cara a su regularización antes del 7 de mayo sean aceptadas para su atención una vez pasado el proceso. En rueda de prensa celebrada en la sede de la Diputación gaditana para presentar una ponencia sobre las quejas de los ciudadanos a la Administración local, Chamizo consideró "sensata" su alternativa para que el Gobierno central "no se desdiga" de que el fin del proceso finalice el próximo 7 de mayo y los inmigrantes "no salgan perjudicados".
Así, aunque el proceso de regularización de inmigrantes quede cerrado "tan pronto", el Defensor del Pueblo Andaluz pretende que los inmigrantes puedan tramitar su documentación con posterioridad al plazo permitido, siempre que tengan concedida una cita antes de la fecha fijada.
Por otro lado, Chamizo indicó que su Oficina recibió el año pasado unas 175 quejas provenientes de la provincia de Cádiz, destacando las relacionadas con cuestiones medioambientales, como la contaminación acústica, los vertidos o el abandono de animales.
El alcalde de El Ejido (Almería), Juan Enciso (PP), aseguró ayer que tiene sobre su mesa la firma de 200 militantes de su partido que estarían dispuestos a darse de baja si la dirección provincial decide su expulsión por no destituir a su concejal y presidente de la Diputación, José Añez. En declaraciones a Radio Ejido, Enciso manifestó que ayer mismo tenía ya 200 bajas de militantes del partido dispuestos a hacer lo que él diga o quiera, al tiempo que ratificó el apoyo de los concejales de su equipo de gobierno.
El regidor ejidense manifestó que espera que Gabriel Amat vaya a hablar con él lo antes posible, aunque " sin la propuesta de echar a Añez".
Decenas de personas se sumaron en la mañana de ayer a la concentración convocada en Cádiz por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDH), con el objetivo de exigir una mayor flexibilización del proceso de normalización de inmigrantes.
De esta forma, muchos ciudadanos quisieron expresar su rechazo a las dificultades por las que pasan, aún hoy, muchos inmigrantes que acuden a España con la esperanza de conseguir un mejor futuro laboral y personal.
La concentración se realizó a las puertas de la Subdelegación del Gobierno en Cádiz y contó con la presencia del presidente de la APDH, Rafael Lara, y numerosos inmigrantes que portaron un lema claro: "¿Cómo una persona puede ser ilegal?".
Hasta la fecha, el proceso de normalización de inmigrantes ha recogido en Andalucía un total de 40.436 solicitudes (el 9,1 por ciento de la nación) hasta el pasado 22 de abril, de las que 1.499 se han presentado en Cádiz.
El presidente del PP de Almería, Gabriel Amat, barajó ayer por primera vez la posibilidad de crear una gestora en El Ejido después que el alcalde del municipio y presidente de la Junta Local, Juan Enciso, y sus concejales no acudieran a su convocatoria para abordar la baja del partido del presidente de la Diputación y edil ejidense, José Añez. Esta expulsión supondría, por tanto, su salida también del Grupo Popular en este municipio y de la Junta Local, en la que aún es secretario general. En declaraciones a los periodistas tras comprobar que Enciso no había acudido a la cita, el presidente del PP almeriense explicó que el siguiente paso es enviar al regidor las directrices que tiene que seguir en este caso, que pasan por expulsar a Añez del Grupo Popular en el Ayuntamiento de El Ejido y de su responsabilidad en la Junta Local, posibilidad a la que Enciso se ha venido negando en las últimas semanas.
Entre 300 y 400 inmigrantes, según la Policía, participaron ayer en una manifestación por el centro de Madrid para pedir la ampliación del actual proceso de regularización en marcha y dar soluciones a los extranjeros a quienes el empresario niega el contrato laboral. Una protesta semejante, en la que habrían participado entre 1.500 y 2.500 personas, recorrió también algunas calles de Barcelona. La manifestación de Madrid, apoyada por una docena de asociaciones de inmigrantes, vecinales y ecologistas, CGT, Izquierda Unida de Madrid, el sindicato USO de Madrid y SOS Racismo, entre otros, discurrió sin incidentes desde la Plaza de Tirso de Molina hasta la plaza de Jacinto Benavente.
Precedidos por un vehículo adornado con banderas de países latinoamericanos, los participantes corearon consignas a favor de la prórroga de la regularización, que acaba el 7 de mayo. Los manifestantes expresaron su derecho "a no ser explotados" por los empresarios, a una vida digna con "derecho a tener derechos" y se mostraron en contra de la "venta de contratos" por parte de los empleadores. Entre las pancartas se podían leer leyendas como Papeles crueles, No más leyes negreras, Papeles de personas, no de esclavos y Ningún ser humano es ilegal.
Según explicó el portavoz de la Federación de Asociaciones SOS Racismo, Diego Lorente, el Gobierno debería admitir "cualquier documento público" para empadronarse y poder demostrar, con efecto retroactivo, la estancia en España antes del 8 de agosto de 2004, condición para acogerse al proceso de regularización. Además de este último requisito, el extranjero debe tener un contrato laboral y carecer de antecedentes penales en España y en su país de origen.
A juicio de Lorente, existe "mucha confusión y desorientación entre los inmigrantes porque las instrucciones no están claras y el recorrido burocrático del inmigrante llega a ser dramático".
Las organizaciones convocantes suscribieron un documento conjunto en el que afirman que el proceso de regularización es un "paso positivo, pero es insuficiente".
"Hay miles de inmigrantes que llevan años viviendo en España que no están empadronados, entre otras razones por miedo, ya que la última reforma de la ley de Extranjería abría la puerta a que la Policía pudiese consultar esos datos y utilizarlos para expulsar a quien no tenía permiso de residencia", añade el documento.
Miembros de distintas asociaciones pidieron que sólo se exija el certificado de antecedentes penales de España y no del país de origen, ya que hay lugares "donde no se expide, donde el solicitante tiene que presentarse personalmente o donde no se respetan los derechos humanos y una persona crítica con el gobierno puede tener antecedentes por ese hecho".
En Barcelona se manifestaron unas 2.500 personas, según la organización, y 1.500, según la Guardia Urbana. La marcha, encabezada por mujeres bajo el lema Derechos y papeles para todos, partió de la plaza Universidad y transcurrió hasta Pla de Palau, frente a la Delegación del Gobierno en Cataluña. Durante el recorrido, los participantes gritaron consignas contra la Ley de Extranjería y el actual proceso de regularización. Los inmigrantes portaron pancartas escritas en varios idiomas donde se podían leer leyendas como Regularización sin condiciones, No al nuevo esclavismo, Papeles sin papeles o Basta de economía sumergida.
El objetivo de la manifestación, según Norma Falconi, portavoz de la Asamblea por la Regularización sin Condiciones, organizadora de la protesta, era pedir la "flexibilización de los requisitos de regularización" del actual proceso de normalización, ya que "son imposibles de cumplir". En este sentido, los inmigrantes reivindicaron un nuevo proceso que tenga en cuenta el arraigo social de los extranjeros, es decir, el tiempo que llevan viviendo en el país, y "no sólo si trabajan o están empadronados. Este proceso llega tarde y no ha funcionado. Es una estafa más, por eso reclamamos un nuevo proceso de regularización que sea real y parta de las necesidades de los inmigrantes", afirmó Falconi.
El Gobierno de Melilla, que preside Juan José Imbroda (PP), dijo que no va a permitir la "avalancha" de inmigrantes que intentan empadronarse para el proceso de regularización, porque advierte de que sería "peligroso" para la soberanía española de Melilla, ya que sospecha que pueda producirse "un uso fraudulento del empadronamiento" con la llegada de cientos de marroquíes.
En rueda de prensa, el portavoz del Ejecutivo, Daniel Conesa, manifestó que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero "está haciendo una serie de disparates que no sabemos la factura que nos van a suponer después", porque las nuevas medidas de regularización de extranjeros, según dijo, "están suponiendo un efecto llamada a inmigrantes que nos va a pasar una factura al país entero de gravísimas consecuencias".
Conesa añadió que el Gobierno de la Nación "está inmerso en una política alocada y disparatada en muchas de las cuestiones que está llevando a cabo y eso les importa un pimiento".
El portavoz dijo que en el caso de Melilla el peligro es mayor porque "aquí podemos tener una avalancha de muchas personas que intenten empadronarse de manera fraudulenta". Así, añadió que "eso habrá que revisarlo con mucha tranquilidad y determinar qué solicitudes son correctas y qué no".
"No podemos permitir que se produzca una avalancha de pretendidos empadronamientos fraudulentos porque eso puede tener unas consecuencias desastrosas, no sólo para España entera, sino para Melilla en particular", recalcó Daniel Conesa.
La Ciudad Autónoma ha reforzado con más funcionarios el servicio de Ventanilla Unica desde que se modificaran las exigencias para acceder al empadronamiento por omisión en el actual proceso de "normalización" de inmigrantes y se produjeran colas de cientos de marroquíes. Asimismo, se han creado dos colas, de un lado para atender las peticiones de los inmigrantes y de otro las del resto de ciudadanos.
Medio centenar de entidades de Sabadell presentaron ayer el denominado Manifiesto por la convivencia y la democracia, un documento que pretende retomar el diálogo en respuesta a la situación de crispación y enfrentamiento vividos en la ciudad en las últimas semanas. No obstante, la tensión política no cesa, ya que la oposición mantiene el pulso al gobierno tripartito local (PSC, ICV-EUiA y ERC). Los grupos de Entesa per Sabadell y CiU siguen reclamando explicaciones al alcalde, Manuel Bustos (PSC), sobre los últimos incidentes y piden dimisiones para depurar responsabilidades. Las discrepancias se están contagiando a entidades locales, que por un lado se apuntan a manifiestos y por otro se desmarcan de las omisiones municipales. El nuevo manifiesto está firmado por 55 entidades y 3.056 ciudadanos, según Joan Masferrer, de la asociación Nou Temps y uno de los impulsores. Masferrer negó que se trate de «ningún contramanifiesto», en relación al que se presentó el pasado día 14 y que acumula más de 2.000 adhesiones contra la actual gestión municipal. «Es posible que haya gente que haya firmado los dos, porque se puede no estar de acuerdo con la gestión política y en contra de la violencia», matizó Masferrer.
SALIDA DE LA COMISIÓN / A la vez, la Plataforma Antifascista de Sabadell (PAS) integrada por 30 entidades anunciaba su marcha de la denominada Comisión por la Convivencia, creada por el consistorio para luchar contra las agresiones fascistas y que había dado importantes frutos. Las razones de la salida son una presunta «politización» de la comisión y el descontento de la PAS por el hecho de que responsables municipales les hayan vinculado con los colectivos antisistema que generan violencia en la ciudad. Entesa per Sabadell exigió ayer en una carta al alcalde la dimisión «urgente» de los tenientes de alcalde de Territorio, Francisco Bustos, y de Cultura, Joan Manau, y el nombramiento de un nuevo responsable de la Policía Municipal. El portavoz, Isidre Soler, reclamó que se pidan disculpas a los colectivos acusados de fomentar la violencia. De lo contrario, Entesa pedirá la dimisión del alcalde, Manuel Bustos
Los 170 inmigrantes que mantienen una huelga de hambre desde hace varias semanas en diez locales de ciudades barcelonesas decidieron ayer, en asamblea, continuar la protesta hasta el próximo día 7 de mayo, fecha en la que finaliza el proceso de regularización.
Una portavoz de la Asamblea por la Regularización sin Condiciones explicó que en la asamblea se decidió también buscar nuevos locales en los que puedan encerrarse todas las personas que en los últimos días han solicitado participar también en esta protesta, que se inició el pasado día 2 de este mes. Además, han reclamado la solidaridad de la sociedad catalana en la demanda de flexibilización del periodo de regularización de inmigrantes que podría dejar a miles de personas en la ilegalidad,
Los inmigrantes iniciaron el pasado día 2 un encierro en diferentes locales e iglesias de Barcelona y el área metropolitana en demanda de papeles para todos y en protesta por que la actual regularización del Gobierno español "nos deja en manos de los empresarios", afirman. A lo largo de este mes, varios inmigrantes han debido ser atendidos por sanitarios del 061 o en hospitales por su debilidad.
El líder de UDC, Josep Antoni Duran Lleida, lanzó ayer una seria advertencia contra el actual proceso de regularización de inmigrantes al señalar que se ha convertido en un efecto llamada para la llegada de muchas más personas sin papeles. Al mismo tiempo señaló que sería un nuevo error prorrogar o alargar el proceso, tal como han solicitado ERC e ICV.
Duran Lleida afirma que "peor no se podía hacer" y recuerda que CiU pidió al Gobierno la suspensión del convenio de Schengen, como lo había hecho Bélgica cuando procedió en el 2001 a practicar una regularización. Además señala que el Gobierno ha reforzado el control de las fronteras por lo que el resultado "es un coladero, y en las comarcas gerundense fronterizas de forma singular".
Para el presidente del grupo de CiU en el Congreso, "el crecimiento de Catalunya no puede descansar en la inmigración" y si "quien gobierna no tiene otra preocupación que los homosexuales puedan adoptar" lo que hace es llevar "el país a la decadencia".
El proceso de regularización de inmigrantes había superado ayer la barrera de las 500.000 solicitudes a una semana de su finalización.
Nueve de cada diez habitantes que ganó Catalunya en el 2004 son extranjeros. La población total creció el año pasado en cerca de 171.000 personas y, de éstas, casi 153.000 son de otros países. Según los datos provisionales extraídos de los padrones municipales, el 1 de enero había unos 795.000 habitantes no españoles, lo que supone un 11,3% de la población catalana. Un año antes, este porcentaje era del 9,4%. Estas cifras confirman que el crecimiento demográfico catalán se mantiene gracias a los inmigrantes. Datos más recientes muestran que esta tendencia continúa al alza. Los tres primeros meses de este año, Catalunya ha crecido en unos 17.000 habitantes y 10.200 de ellos son extranjeros.
Por nacionalidades, según los datos recién publicados por el Instituto Nacional de Estadística, son los marroquíes los que tienen mayor presencia dentro del total de extranjeros residentes en Catalunya (21,3%). Les siguen los ecuatorianos (11,1%) y los colombianos (5,2%). Pero la novedad del último año es la creciente presencia de los rumanos, que le ha llevado a desbancar a los argentinos del cuarto lugar en el ranking de nacionalidades. Un 4,9% de los extranjeros son de Rumanía y un 4,4% de Argentina. En las Terres de l´Ebre los rumanos son el primer colectivo de inmigrantes, por delante de los marroquíes, y en el Camp de Tarragona y Lleida se sitúan como el segundo grupo. En la provincia de Barcelona este colectivo del Este es el que ha dado el salto más importante, al pasar de casi 11.000 a unos 16.000 en sólo un año. Los chinos, con 27.947 residentes (3,5% de los extranjeros) ocupan el sexto lugar. La presencia de habitantes de este país oriental ha crecido en el 2004 en un 42% y se ha convertido en una de las que más aumentan.
A pesar de que los marroquíes son la nacionalidad más numerosa, agrupados por continentes, los sudamericanos son el primer grupo de extranjeros en el global de Catalunya (uno de cada tres), seguidos de los africanos (28%).
Las comarcas de Barcelona, a pesar de ser las que concentran el mayor número de extranjeros en términos absolutos (más de medio millón), es la que menos tiene porcentualmente (11%). En el Camp de Tarragona viven más de medio millón de extranjeros, lo que supone casi un 12% de la población. En las Terres de l´Ebre el porcentaje es similar, un 12,58%, y es en una de las comarcas ebresenses, el Montsià, donde se han empadronado un mayor número de ciudadanos de otros países. La oleada de inmigrantes, procedentes mayoritariamente de Rumanía, y que se han establecido en Ulldecona ha disparado las cifras. En esta población de 6.600 habitantes un 26% son extranjeros. Sólo otro municipio de Tarragona supera este porcentaje. Se trata de Salou, donde los inmigrantes supo-nen un 30% del censo municipal.
Más del 15% de la población de las comarcas de Girona es extranjera. En esta demarcación está la comarca con más peso de la población foránea, el Alt Empordà, con cerca del 20% y la que tiene menos, el Ripollès (5,1%). Segarra y Val d´Aran encabezan, en lo que respecta a Lleida, los porcentajes más altos de extranjeros. En el caso de la primera comarca la mayoría de estos inmigrantes trabajan en la industria agroalimentaria (Guissona), mientras que en el Pirineo la mano de obra se requiere en el sector turístico y construcción.
En cuanto a nacionalidades, mientras en Lleida ciudad y el Segrià predominan los ciudadanos de origen magrebí, la inmigración del Este ha preferido otras comarcas, como Urgell o Pla d´Urgell, donde además de trabajar en la agricultura también se ha empleado en trabajos más especializados, como los soldadores contratados por Ros Roca. Estos ciudadanos europeos también se están repartiendo poco a poco por el Pirineo, junto con los inmigrantes de origen sudamericano.
Información elaborada por A. Justícia, Ó. Muñoz, J. Ricou, A.F. Sandoval y S. Sans
España se ha convertido ya en el cuarto país europeo con mayor porcentaje de población extranjera, sólo superado por Alemania, Austria y Bélgica. Según los últimos datos del padrón municipal, a 1 de enero del 2005, había en España 43,97 millones de habitantes empadronados, de los cuales 3,69 millones son extranjeros, lo que supone el 8,4%.
La presidenta del Instituto Nacional de Estadística, Carmen Alcaide, destacó el ritmo de crecimiento de la inmigración, tanto el año pasado, que fue de 650.000 nuevos inmigrantes, como en lo que va de año, en cuyo primer trimestre se han registrado 200.000 nuevos empadronamientos, aunque no descartó que una parte de esos nuevos inscritos ya estuviesen viviendo en España con anterioridad. Con los nuevos empadronamientos, la cifra de inmigrantes se acerca ya a los cuatro millones y al 8,8% del total de la población. España supera ya a Francia (8%) y se sitúa a la par que Bélgica (8,7%), sólo por detrás de Alemania (9%) y Austria (9,2%). Pero con esas cifras se coloca muy por delante de Países Bajos (4%), Reino Unido (3,5%) e Italia (2,5%), si bien en este país también hay mucha población irregular no contabilizada, Dinamarca (4,8%) y Suecia (5,5%).
Carmen Alcaide explicó que esta incorporación de extranjeros, junto a la registrada en los primeros meses del año y la de este último mes, en el que se ha permitido la inscripción "por omisión" para facilitar la regularización, le hace pensar que no pueden quedar "tantos ilegales sin empadronar".
Las comunidades autónomas que han registrado los mayores aumentos de población durante el 2004 son Catalunya (con 170.000 personas), Andalucía (con casi 142.000), la Comunidad Valenciana (con unos 129.000) y Madrid (con cerca de 116.000). En Extremadura se ha registrado un aumento de apenas 5.000 habitantes y en el País Vasco, de 8.000. En términos relativos, los mayores incrementos corresponden a Murcia (3%), Comunidad Valenciana (2,8%) y Baleares (2,6%). En esta última comunidad, el porcentaje de extranjeros representa ya el 15% del total de la población, aunque en ese caso un buen número corresponde a europeos jubilados. Le siguen Madrid, Murcia y Comunidad Valenciana, con un 12% de extranjeros, y Catalunya y Canarias, con un 11%.
Los datos provisionales del padrón dados a conocer ayer refuerzan la división entre una España que crece, en la zona Mediterránea y en Madrid, mientras que las comunidades del interior y del norte pierden peso poblacional en el conjunto del territorio.
Los empadronamientos del año pasado han provocado un vuelco en el ranking de las nacionalidades.
Los marroquíes, con 85.000 nuevos inscritos, vuelven a convertirse en el colectivo más numeroso en España y ya son más de medio millón (505.400), superando a los ecuatorianos, cuya llegada se ha frenado y se quedan en 491.800. Los rumanos pasan a convertirse en el tercer colectivo, por delante de los colombianos, gracias a la llegada de 106.000 compatriotas, lo que confirma las informaciones sobre una entrada masiva por las fronteras pirenaicas. De los 314.300 rumanos que hay en España, en los últimos doce meses han llegado el doble que el año anterior, y la mayoría lo han hecho por transporte terrestre a través de las fronteras de la Unión Europea.
También destaca la llegada de un importante contingente de búlgaros y ucranianos. A lo largo del año 2004 llegaron prácticamente el mismo número de ciudadanos latinoamericanos que de Europa del Este. El cuarto colectivo con un mayor crecimiento es el de los chinos, con 14.000 nuevos inscritos. También cabe destacar los empadronamientos de ciudadanos de la Unión Europea, en especial los 50.000 del Reino Unido, los 17.000 de Italia y 14.000 de Alemania.
LA VANGUARDIA DIGITAL LA VANGUARDIA - 28/04/2005 Redacción. BARCELONA
Siete Comunidades Autónomas tienen ya más de una décima parte de su población compuesta por extranjeros, en especial Baleares, donde el porcentaje sobrepasa el 15 por ciento, según el avance del Padrón Municipal publicado hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Ese avance señala que la población española a 1 de enero de 2005 se acerca a los 44 millones (43.975.375) tras incrementarse en más de 777.000 personas en el último año (un 1,8 por ciento).
Casi todo ese incremento (unos 657.000 habitantes) corresponde a población extranjera, que aumentó un 21,66 por ciento en el último año y supone ya el 8,4 por ciento sobre el total.
Por Comunidades, todas, excepto la Ciudad de Melilla, han ganado población, sobre todo Murcia, que la ha incrementado más de un 3 por ciento, la Comunidad Valenciana (2,85 por ciento), Baleares (2,66 por ciento).
Por lo que respecta a la llegada de población extranjera ha crecido también en el último año en todas la Comunidades, menos en Melilla, y lo ha hecho de forma especialmente intensa en Andalucía (casi un 30 por ciento) y en Castilla-La Mancha, Castilla y León y Cantabria, ambas por encima del 25 por ciento.
Tras esos crecimientos son ya siete las CC.AA. en las que la población extranjera supone más del diez por ciento del total: La Rioja (10,3), Canarias (11,2), Cataluña (11,4), Comunidad Valenciana y Murcia (12,3 en ambas), Madrid (12,9) y sobre todo Baleares (15,8 por ciento).
Ese nivel se supera incluso en la provincia de Alicante que conforme a los datos de avance del Padrón tiene entre sus habitantes más de un 18 por ciento de extranjeros.
