La instalación del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) en la Costa no ha frenado la proliferación de pateras, aunque se supone que ha interceptado todas las que pretendían alcanzar clandestinamente las playas granadinas. Así se desprende del número de embarcaciones e inmigrantes irregulares interceptados en lo que va de año en el litoral con respecto a 2004: 302 extranjeros a bordo de nueve pateras hasta 31 de abril del año pasado, frente a los 527 inmigrantes interceptados en trece embarcaciones hasta ayer. La coordinadora del Equipo de Respuesta Inmediata de la Cruz Roja (ERIE) en Motril, María Ángeles Fernández, atribuye el aumento de las detenciones de irregulares, fundamentalmente a dos factores: el SIVE permite localizar un mayor número de pateras o casi todas; de otro lado, la apertura del periodo extraordinario de regularización ha provocado un nuevo efecto llamada.
Así, ayer de madrugada, la Guardia Civil detuvo a 56 inmigrantes magrebíes, entre ellos cinco menores y dos mujeres, cuando trataban de alcanzar tierra con una embarcación que fue detectada por el SIVE en torno a las 23.00 horas del viernes cuando navegaba a unas 12 millas de Almuñécar.
Los inmigrantes, que se encontraban en buen estado aunque mojados y alguno de ellos con una brecha ocasionada por un golpe en la neumática, llegaron al puerto de Motril pasadas las 02.30 horas del sábado a bordo de la Salvamar Mirfak, 49 de ellos, y de una embarcación del Servicio Marítimo de la Guardia Civil los siete restantes.
En el puerto de Motril, un dispositivo de la Guardia Civil, la Policía Portuaria y la Cruz Roja proporcionó a los inmigrantes una primera asistencia humanitaria y a varios de ellos se les facilitó ropa al estar mojados por la travesía.
A excepción de los menores, que han sido puestos a disposición de la Policía Autonómica, el resto de inmigrantes siguió el trámite habitual: fueron trasladados al centro de acogida con el que la Policía Nacional cuenta en el puerto de Motril, donde permanecieron hasta su repatriación.
De todas formas, según la responsable del ERIE, 2005 está resultando "algo más atípico" que en años anteriores, ya que la llegada se está produciendo por oleadas, como lo demuestra las dos llegadas de forma consecutivas en las últimas 24 horas con un total de 104, "mientras que la anterior patera la tendríamos que buscar a principio del mes de abril". Así, las mafias de la inmigración clandestina aprovechan cualquier oportunidad para seducir con la posibilidad de una fácil regularización, por encima de los riesgos de la travesía y las escasas posibilidades de introducirse en el litoral granadino sin ser detectados.
La última víctima de la tragedia de la inmigración clandestina en el Estrecho de Gibraltar fue enterrada ayer en Tarifa: el bebé subsahariano de cuatro meses y medio que el pasado martes fallecía en brazos de su madre como consecuencia de una severa hipotermia cuando intentaba ganar a bordo de una patera la costa tarifeña. En la embarcación neumática navegaban al menos 32 inmigrantes y, debido al frío, la expedición sufrió considerables cuadros clínicos de hipotermia, entre ellos dos niños más, uno de los cuales tuvo que ser ingresado en la UCI del hospital Punta Europa de Algeciras, donde logró recuperarse.
Por expreso deseo de su madre, de comunión cristiana, el bebé fue enterrado en el municipio al que intentó llegar en busca de un futuro mejor. La ceremonia fue oficiada por el obispo de la Diócesis de Cádiz y Ceuta, Antonio Ceballos Atienza, quien en su homilía destacó la necesidad de atajar de una vez por todas el drama humano de la inmigración ilegal.
La iglesia mayor de Tarifa registró una afluencia masiva de personas que quisieron dar su último adiós a la pequeña que se llamaba Hope Ibrahim, además de volver a denunciar con su presencia el drama humano de la inmigración clandestina.
Entre los asistentes se encontraban el coordinador del Estado en la comarca, José Andrés Hoyo; el subdelegado del Gobierno en Cádiz, Sebastián Saucedo; el alcalde de Tarifa, Miguel Manella, y varios concejales de la corporación municipal. También estuvieron muchos agentes de la Guardia Civil y miembros de Cruz Roja, quienes trabajan día a día por estas personas, rescatándolas de la muerte. A la misa asistieron muchas personas responsables de asociaciones que trabajan con y por el inmigrante. El grueso de la gente que acudió a la iglesia lo integraba la propia ciudadanía y la comunidad cristiana local.
Sobre las diez y cuarto de la mañana, el coche fúnebre llegaba a la puerta del templo donde le aguardaban numerosas personas. En un pequeño ataúd blanco llegaban los restos mortales de Hope Ibrahim. Tras él, su madre Aicha, rota de dolor, era conducida hasta el interior de la iglesia.
Una religiosa de raza negra inició la ceremonia en inglés -lengua que hablan la mayoría de los inmigrantes de origen subsahariano-, que también se desarrolló en castellano.
El obispo de Cádiz se dirigió a los congregados: "La muerte de Hope nos une a todos en una angustia casi insufrible. Ha muerto una niña de frío en estas costas tarifeñas que tanto saben de muerte. Esta muerte es un clamor al cielo. Digamos de una vez ¡Basta ya de muertes en el Estrecho!".
Ceballos insistió en que es necesario dar una solución y respuesta al fenómeno de la inmigración que se ha cobrado con el fallecimiento de Hope (Esperanza) la primera vida de un inmigrante en lo que va de año.
Acabadas las exequias, la comitiva se dirigió hasta el cementerio del Santo Cristo de las Ánimas, donde el bebé fue enterrado junto a otros tarifeños. En el cementerio, unas 200 personas quisieron dar el último adiós a la pequeña que fue sepultada entre las angustiosas lágrimas de su madre y el llanto de otro bebé, compañero de viaje de Hope, que corrió mejor suerte en la travesía.
Tarifa asistió ayer, una vez más, al tétrico espectáculo de la inmigración, que desde un 1 de noviembre de 1988, prólogo de una historia que aún no parece tener final, tiñe de luto las costas tarifeñas ahogando los sueños y esperanzas de los inmigrantes en las crispadas aguas del Estrecho.
Tras el sepelio, el alcalde de Tarifa señaló que "hay que hablar de negligencia por parte de las madres. No se puede exponer a los niños a las inclemencias del Estrecho que causan estas tragedias". El primer edil tarifeño confió en que "no sólo se persiga al patero -acusado de homicidio involuntario- sino que se actúe contra las madres que traen a los niños, que tendrían que pensar más antes de exponerlos a una travesía tan arriesgada". Mientras, la asociación andaluza Proderechos Humanos también quiso aprovechar el entierro del bebé para protestar contra la Ley de Extranjería.
La asociación Algeciras Acoge manifestó ayer su pesar por la muerte del bebé en aguas del Estrecho. Una portavoz de este grupo manifestó ayer que la muerte, la primera producida en lo que va de año, vuelve a ser una prueba más de la tragedia que es imposible de parar con medios técnicos. En opinión de Algeciras Acoge, el Sistema Integral de Vigilancia Exterior (SIVE) ha sido esgrimido por los dos gobiernos -el de Aznar y el de Rodríguez Zapatero- como la panacea que acabaría con la inmigración. "Los políticos sólo ven números, pero no hablan con la gente que quiere llevar a cabo un proyecto de vida fuera de su país. El SIVE no es capaz de disuadir a los inmigrantes", comentó Encarni, miembro de este grupo.
Algeciras Acoge celebrará el próximo viernes 23, a partir de las 20.30 horas, una concentración en la Plaza Alta de Algeciras como homenaje a los fallecidos en la peligrosa travesía. La concentración, a la que está previsto que acudan miembros de la Federación Andalucía Acoge, ya estaba prevista con anterioridad a la tragedia de ayer, pero ahora se tiñe nuevamente de luto.
Desde Algeciras Acoge se apuesta por la inversión para el desarrollo de los países que generan inmigración, así como una flexibilización de los visados y democratización de los gobiernos para acabar con las travesías irregulares en el Estrecho, abocadas, muchas de ellas, a finales trágicos como éste.
La Audiencia Provincial de Cádiz ha condenado a penas de siete años de prisión a los dos marroquíes acusados de pilotar una patera que cruzó el Estrecho en julio del año pasado con 47 personas a bordo, entre ellas tres niños y algunas mujeres embarazadas. La embarcación quedó a la deriva porque se agotó el combustible y fue rescatada por la Guardia Civil y Salvamento Marítimo cuando se encontraba a unas diez millas de Sancti Petri. El fallo coincide con lo solicitado por la Fiscalía. Las penas impuestas rozan la máxima posible por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros (ocho años). El tribunal explica en la sentencia que opta por penas elevadas porque considera que los procesados aumentaron el riesgo vital que corrían los inmigrantes al embarcarlos con una ausencia absoluta de medidas de seguridad y al no prever suficiente combustible para la travesía. También por haber embarcado a tres niños y por el deteriorado estado físico en que quedaron algunas personas cuando la patera quedó sin control y casi zozobra: de baja altura y con exceso de peso, con mar de fondo, en la embarcación neumática comenzó a entrar agua que era achicada por todos con latas.
Los dos procesados, Mohamed Bakali, de 25 años de edad, y Rachid Bakali, de 23, afirmaron en el juicio celebrado el pasado día 11 que ellos no pilotaban la patera: que formaban parte del grupo de inmigrantes que habían pagado unos 600 euros por la travesía del Estrecho.
La sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia, de la que ha sido ponente la magistrada Margarita Álvarez-Ossorio, considera que hay pruebas suficientes de que los dos marroquíes acusados eran los encargados de las tareas de pilotaje de la patera que partió de la costa de Larache la noche del 20 de julio de 2004 rumbo a la costa gaditana. En la zodiac neumática iban 20 personas de origen magrebí y 27 subsaharianos, entre ellos dos o tres mujeres embarazadas y tres niños.
Tras el rescate, dos de los inmigrantes señalaron a los dos procesados como los pilotos de la patera. Esos dos testigos no acudieron a testificar al juicio, pero en su día hicieron una declaración anticipada (válida para la vista oral) en la que identificaron a los acusados y dieron de ellos señas concretas: que uno llevaba una mano vendada y que el otro tenía una quemadura en la palma de una mano.
El tribunal estima creíble el testimonio de esos dos testigos y en cambio observa que las declaraciones de los procesados "están llenas de contradicciones". Así, anota la sentencia que uno de ellos dijo en una ocasión que se había quemado la mano en un restaurante en el que trabajaba en Tánger y, en otro momento, que había sido en casa de unos familiares.
La resolución señala como otro dato que sitúa a los procesados en el grupo que organizó el viaje el hecho de que uno de ellos se deshizo de la tarjeta del teléfono móvil que portaba. El tribunal cree que lo hizo para evitar que se conociesen los contactos telefónicos que tuvo desde la patera, antes del rescate.
Un bebé de unos tres meses de edad y de origen subsahariano falleció ayer a consecuencia de una severa hipotermia cuando, en compañía de su madre y de al menos una veintena de inmigrantes clandestinos más, intentaba alcanzar la orilla oeste de la costa tarifeña a bordo de una embarcación neumática. Asimismo, una niña de unos tres años de edad que viajaba también en la zódiac tuvo que ser ingresada en la UCI del hospital Punta de Europa de Algeciras con síntomas de hipotermia, hasta donde fueron trasladadas también dos mujeres en avanzado estado de gestación y con contracciones de parto.
Fuentes hospitalarias señalaron por la tarde que la niña evolucionaba favorablemente, por lo que era trasladada a planta. Asimismo, una de las inmigrantes embarazadas dio a luz a primera hora de la tarde a un niño por cesárea y ambos se encontraban en buen estado. La otra subsahariana en avanzado estado de gestación fue dada de alta tras someterla a un reconocimiento ordinario.
Eran las siete de la mañana cuando el Sistema Integral de Vigilancia Exterior (SIVE) localizó la embarcación a dos millas al sur de Punta Paloma en Tarifa. La cercanía de la costa descartó que el Servicio Marítimo de la Guardia Civil y de Salvamento Marítimo actuara, por lo que se optó por esperar a los inmigrantes en tierra. Los agentes no duraron en echarse al agua y facilitar el rescate para que la exhausta expedición alcanzara la orilla.
En la playa conocida como Punta Zumina -escenario de otras tragedias- el panorama era bastante dantesco: varias madres tenían a sus hijos de pocos meses de edad en los brazos, intentando resguardarles del frío. Los niños, según afirmó un responsable de Cruz Roja, tiritaban de manera sorprendente, y uno de ellos no se movía, y fue un agente quien intentó reanimar al pequeño que fue el que se trasladó en primer lugar hasta el hospital Punta de Europa donde se certificó su muerte, debido a un cuadro de hipotermia severa. El bebé fallecido, de tres meses de edad, -según efectivos de Cruz Roja- podría haber caído al agua cuando se acercaban a tierra, eso habría agravado aún más la hipotermia que le había causado la propia travesía a la intemperie.
En la arena y en las rocas se amontonaban varias mujeres embarazadas y otras tantas con sus hijos. Otro bebé corrió mejor suerte y tras ser atendido de hipotermia en el centro de salud local, fue trasladado junto a su madre hasta la isla de Las Palomas. En total la Guardia Civil consiguió interceptar a 22 inmigrantes: nueve mujeres, de las cuales cuatro se encontraban en estado de gestación; cuatro menores, entre ellos el bebé sin vida; y siete hombres, todos de origen subsahariano. La Guardia Civil también detuvo a dos varones de origen magrebí, uno de los cuales identificado como el patrón de la embarcación, una neumática de ocho metros y medio de eslora, que quedó destrozada por el oleaje. El patero pasó a disposición judicial y se le imputa un delito contra los derechos y libertades de los ciudadanos extranjeros.
El presidente de Cruz Roja, Juan Triviño, hizo ayer una descarnada valoración de lo ocurrido un día más en las playas del municipio. Triviño aseguró que las mafias han vuelto por sus fueros a realizar las antiguas rutas de paso entre las dos orillas, ya que, si por un lado el SIVE les delata y dan al traste con el intento de pasar de manera clandestina a Europa, otras rutas alternativas como la costa granadina o las playas de Canarias, son caminos más arriesgados y han hecho desistir a las mafias de continuar por esas otras rutas.
Triviño dijo que las inmigrantes subsaharianas llegan a España embarazadas, o con sus bebés, porque creen que es un salvoconducto para permanecer en el país, mientras que fuentes gubernamentales dijeron que se les abre un expediente de expulsión.
Según un informe, al menos tres bebés han perdido la vida en los últimos doce meses al intentar llegar sus padres a España en patera, el último ayer frente a las costas de Tarifa. En abril del año pasado, un bebé de nueve meses falleció tras el naufragio de una patera ante la costa de Fuerteventura. Otro pequeño falleció cerca del lugar en el que tuvo lugar ayer el accidente, frente a Tarifa. La Guardia Civil rescató su cadáver junto al de otros cinco inmigrantes, entre ellos el de su madre.
Los 22 inmigrantes en huelga de hambre en un local de la CNT en Barcelona desde hace más de tres semanas endurecerán su protesta y harán una huelga de sed, según informaron ayer los propios encerrados. La decisión la tomaron en una asamblea el viernes. El fin de semana, el 061 ha realizado 19 asistencias en el local de la calle Joaquim Costa y trasladó a nueve personas al hospital Clínic dados sus bajos niveles de glucosa.
La asociación cultural La Fábrika ha negado haber realizado acción alguna contra la sede de Falange, con los que, según aseguran, "no quieren problemas". Falange difundió un comunicado a través de Internet en los que acusaba a varias entidades de ser proetarras, sin dar nombres. Las alusiones hacen pensar a la asociación que se refiere a ellos (también han encontrado pintadas en las cercanías de su sede), a Brigadas Amarillas y a Autonomía Obrera. Por su lado, La Fábrika niega estas acusaciones rotundamente.
Pero Falange también ha denunciado que, tras el comunicado, su sede ha sufrido ataques. Desde la asociación se quiere dejar muy claro que no tiene nada que ver con estos actos vandálicos y que no desean polémicas con nadie.
Hace unos días, el colectivo La Fábrika fue noticia al confirmarse que la asociación cultural había sido multada por el Ayuntamiento de la ciudad con 3.000 euros por una fiesta considerada ilegal. La fiesta se celebró en la noche del 31 de diciembre en una nave de la Zona Franca, entre las calles Algeciras y Los Barrios, aunque la asociación argumentó que no era un cotillón, sino una fiesta de inauguración del local.
El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a través de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, ha remitido ya instrucciones a los órganos competentes para establecer en los últimos días del proceso extraordinario de normalización de trabajadores extranjeros "todo un operativo de recursos humanos y técnicos que haga posible que todo aquel empresario o empleador que esté en condiciones de entregar la documentación de un trabajador extranjero lo pueda hacer", según explicó la secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Consuelo Rumí.
"Hay unas instrucciones ya enviadas. El plazo finaliza el 7 de mayo y por tanto el 7 de mayo es el último día para la entrega de solicitudes. No me estoy refiriendo a cita previa, sino entregarlo esos días y de forma directa", dijo a falta de quince días de que se cierre definitivamente el proceso.
Este refuerzo se prevé especialmente para Madrid, donde además los días 1 y 2 de mayo son festivos. "En los días sucesivos si hay que ampliar horario se ampliará y si hay que poner más puntos de atención se pondrán. Está todo previsto", recalcó.
El tiempo es "suficiente", a juicio de la Administración, y por ello el Gobierno no va a plantear una prórroga del plazo previsto ni un cambio en los requisitos de la normalización o los documentos para el empadronamiento por omisión porque, entre otras cosas, "cualquier modificación de fechas o requisitos exigiría un cambio reglamentario".
"LA MAYORÍA DE ONG TRABAJAN, NO SE MANIFIESTAN"
Así respondía también a los inmigrantes que se manifestaron el 24 de abril en Madrid para requerir tres meses más de plazo y una ampliación de los documentos válidos para el empadronamiento por omisión de cara a la normalización. "La mayoría de las organizaciones y todas las que han participado en la elaboración del Reglamento y en el proceso de normalización están trabajando con la Administración. La mayoría de las organizaciones, por tanto, trabajan y no se manifiestan", recalcó Rumí.
En su opinión, "estas organizaciones minoritarias no han entendido lo que el Gobierno, junto con los agentes sociales, han querido reflejar: No se trata de regularizar sin más, no se trata de un proceso de regularización sin requisitos, de dar papeles a todas las personas que llegan a nuestro país".
No habrá ampliación de plazo, por tanto, ni tampoco ha habido cambio de criterios al permitir el empadronamiento por omisión. "Lo que valoramos es que se podría utilizar una figura que ya existe en nuestro ordenamiento desde 1997, que es el empadronamiento por omisión. Quiero recordar que esta figura aparece en 1997 a instancias del director de Cooperación Territorial cuando entonces era ministro de esta competencia Mariano Rajoy. Esta figura podría dar respuesta a algunas situaciones reales de justicia que se podrían presentar", afirmó.
Los inmigrantes que se empadronen por omisión podrán presentar el resguardo de haber solicitado el certificado de empadronamiento en el expediente de normalización y aportar el certificado en el plazo de quince días si es que el consistorio no tiene capacidad para emitir el documento inmediatamente, según recordó. En todo caso, no será válido el abono transporte para que las Oficinas de Extranjería entiendan que se ha demostrado la residencia en España antes del 8 de agosto de 2004.
EXTRANJERÍA VERIFICA LOS EMPADRONAMIENTOS
"Me remito a la resolución del Consejo de Empadronamiento, donde aparecen siete documentos válidos --añadió--. Esos documentos tendrán que acompañar a la solicitud o al certificado de empadronamiento por omisión y serán verificados por las unidades de gestión, es decir, por las Oficinas de Extranjería".
Así, subrayó que "no sólo siguen siendo los mismos requisitos, sino que la garantía y la solvencia del proceso sigue siendo absolutamente la misma". En este sentido, aseguró que el fraude en las solicitudes es mínimo, en torno a un cinco por ciento, y que cuando aparece, se detecta, tanto en el caso de documentos falsos como en el caso de intentos fraudulentos de contratación.
"Cuando un empresario nos llama la atención, se estudia de forma individual y en función de la evaluación de ese estudio se le da el 'O.K.' o no. Se estudian todos los casos", aseguró la secretaria de Estado. Sin embargo, preciso que en ocasiones un empresario puede llamar la atención por su intención de contratar varios extranjeros y, en realidad, se debe al hecho de que antes sencillamente las trabas burocráticas le impidieron contratarlos. Además, recalcó que en el caso de que la solicitud sea fraudulenta la empresa queda detectada y, por tanto, la Inspección de Trabajo puede proceder a sancionar.
500.000 SOLICITUDES
"El éxito del proceso se ve todos los días --puntualizó--. Ya estamos rondando el medio millón de solicitudes y, por tanto, el medio millón de contratos que van a estar dentro de la economía formal. Cada empleo que arrancamos a la economía sumergida es un éxito de este proceso".
El mensaje del Gobierno para el periodo que se abre tras el 7 de mayo también es claro: "Aquellos empresarios que hoy no den el paso de normalizar la situación de sus trabajadores, tienen que tener muy claro que a partir del 7 de mayo no van a poder seguir utilizando mano de obra irregular porque la Administración va a ser inflexible con este tipo de situaciones", advirtió.
Para ello, ya se ha diseñado un mapa de actuaciones de la Inspección de Trabajo. "Evidentemente, se ha hecho un estudio geográfico de cuáles van a ser las primeras actuaciones que se van a realizar --enfatizó--. Qué zonas tienen más población irregular y qué zonas, por tanto, deberían de tener un número de afloración de economía sumergida importante en función de su población". No habrá tampoco, con el paso del tiempo, según aseguró, una "bajada de guardia" de la Administración en la Inspección.
NO HAY PREVISIÓN DE FUTURAS NORMALIZACIONES
Una vez cerrado el proceso, el Ejecutivo se centrará en la búsqueda del consenso para alcanzar un Acuerdo de Estado de Inmigración y el tercer paso será la reforma de la Ley de Extranjería, por la obligada transposición de directivas europeas. Pero el Gobierno no tiene previsto, según Rumí, abrir un nuevo proceso de normalización cuando se acometa esta nueva modificación.
"Un nuevo proceso de normalización no está en las previsiones del Gobierno. No está porque hay una política clara para luchar contra la inmigración clandestina e irregular y eso significa poner en funcionamiento otros instrumentos para que la llegada de inmigrantes a nuestro país se haga de forma ordenada y de forma regular", recalcó.
En cualquier caso, dejó para el momento en el que se acometa esta nueva reforma la necesaria evaluación del funcionamiento de la actual Ley con el fin de "ver aquello en lo que no ha funcionado y hay que reformar".
Tras poner en marcha la nueva campaña de regularización, al límite del plazo previsto, con siete nuevos documentos que justifican el empadronamiento (por omisión), esta ONG especializada en la atención y servicios al inmigrante, considera que los requisitos solicitados son "arbitrarios" y "discriminatorios" entre unos inmigrantes y otros.
"Ante la información recién proporcionada por el Consejo de empadronamiento relativa a los siete documentos oficiales que se admitirán para obtener el alta por omisión retroactiva en el padrón, (ACULCO), Organización No Gubernamental que colabora con la Administración en la información relativa al proceso de normalización, desea hacer las siguientes precisiones:
El objeto del actual proceso de normalización es conseguir la regularización del mayor número de extranjeros que cuenten en nuestro país con un contrato de trabajo. Aún siendo conscientes de que deben existir unos requisitos burocráticos mínimos, tienen que ser lo suficientemente flexibles como para permitir que cualquier extranjero con un contrato de trabajo válido, pueda cumplirlos.
El requisito del empadronamiento anterior al 8 de Agosto de 2004 ha sido hasta la fecha insalvable. Han sido inútiles la presiones de ONGs, agentes sociales e incluso del Defensor del Pueblo. Únicamente ahora, al final del proceso, y temiendo las autoridades que el número de solicitudes de normalización va a ser sensiblemente inferior al previsto, advierten de la posibilidad de un ALTA POR OMISIÓN CON EFECTO RETROACTIVO.
SORPRESA MAYÚSCULA
La sorpresa ha sido mayúscula al publicarse la lista de documentos oficiales que permitirán esa extraña ALTA: Los dos primeros tipos de documento tienen una mínima lógica; la posesión de tarjeta sanitaria sin empadronamiento previo o las solicitudes de empadronamiento denegadas o en curso..
El resto de los documentos es totalmente absurdo e incluso arbitrario. La solicitud de escolarización de hijos menores ¿qué pasa con los que no tienen hijos menores? Los certificados de Informes de servicios Sociales ¿y todos aquellos que no fueron a suplicar a unos servicios sociales totalmente desbordados? Más increíble es el requisito del alta en la Seguridad Social ¿Pero cómo puede estar de alta en la seguridad Social un trabajador que no tiene permiso de trabajo? La solicitud de asilo anterior al 8 de Agosto ¿Por qué no la solicitud de permiso de trabajo y residencia, que es de lo que se trata? Pero la guinda son las notificaciones del ministerio del Interior... Así que todos los extranjeros que hayan tenido algún problema y hayan sido expulsados o detenidos, esos precisamente podrán beneficiarse en esta última oportunidad, mientras que todos aquellos y aquellas que no hayan hecho más que intentar pasar inadvertidos e ir de del trabajo a casa y de casa al trabajo, si no han tenido oportunidad de empadronarse en fecha, esos quedarán fuera, por más que estén honradamente trabajando y tengan pruebas fehacientes de que estaban en España antes del 8 de Agosto.
Desde esta ONG representativa del importante colectivo colombiano en España, se hace una llamada al sentido común y al tratamiento no discriminatorio entre unos extranjeros y otros, y se pide que, conscientes de la capacidad de presión de las autoridades sobre el Consejo de empadronamiento, se amplíe la lista de documentos inicialmente proporcionada con el fin de que, en beneficio de la sociedad española en general, puedan acogerse al proceso el mayor número de trabajadores posibles."
Caldera respondió en la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso de los Diputados a varias preguntas relacionadas con la inmigración.
El portavoz de CC, Paulino Rivero, expresó su preocupación sobre qué hará el Gobierno con los inmigrantes que no se regularicen en el proceso actual e incidió en que aún no se ha dado cumplimiento al acuerdo al que habían llegado los dos Gobiernos para impulsar un Plan específico de inmigración para las Islas.
Rivero le rogó a Caldera que "se interese por el borrador remitido" por su propio departamento al Gobierno regional, pues es "muy insatisfactorio" dado que es un documento que se "se plantea unilateralmente y no desde la cooperación y colaboración institucional".
Además, continuó el representante nacionalista, "no está temporalizado y carece de fichas financieras", por lo que pidió al ministro que "se implique directamente para hacer un seguimiento" de la elaboración del Plan.
Caldera, que le ofreció esa implicación, destacó que el Gobierno "continuará prestando atención especial" a las Islas dada su situación y apostilló que "el presidente de la comunidad tiene sobre la mesa un borrador", lo que "es el principio".
"Canarias -reconoció- necesita un programa integral de inmigración por ser un territorio de acogida con especiales características" y recordó que ya se ha "tomado una medida de traslado de inmigrantes de Canarias a la Península en situaciones humanitarias y con plazas de acogida".
Caldera pidió "la mejor cooperación" entre ambos ejecutivos y aseguró que el Ministerio pondrá los máximos recursos posibles.
"Y, por supuesto, le ofrezco la colaboración del Gobierno para hacer el mejor Plan para resolver los problemas que existen", manifestó.
El ministro destaca que el Gobierno "continuará prestando atención especial" a las Islas dada su situación
Uno de los tres detenidos el martes por el intento de agresión al exsecretario general del PCE Santiago Carrillo es un sargento en activo del Ejército de Tierra que presta servicio en Madrid, según fuentes policiales. Tanto el sargento, detenido en Sevilla, como los otros dos agresores arrestados, de 38 y 61 años, están acusados de un delito de desórdenes públicos por su presunta participación en el asalto a la librería Crisol de Madrid, donde Carrillo participaba en un acto y en la que cinco personas fueron heridas, entre ellas el historiador Santos Juliá. La Jefatura Superior de Policía de Madrid ha remitido informes de 16 posibles participantes en el incidente a la Audiencia Provincial y ha descrito el asalto como una acción "perfectamente organizada".
La policía cree que el intento de agresión al exsecretario general del PCE Santiago Carrillo, durante la presentación, el sábado, de un libro en Madrid, fue una acción «perfectamente organizada» y preparada, al menos, con un día de antelación, según fuentes de la investigación. Las citadas fuentes indicaron que la policía posee diversos elementos y «pruebas sólidas» que demostrarían que el intento de agresión al exdirigente comunista fue previamente organizado en las fechas inmediatamente anteriores al acto celebrado en la librería Crisol, situada en la calle de Juan Bravo de Madrid.
INTERROGATORIO / La policía ha identificado a varios de los individuos que urrumpieron el sábado en la presentación del libro Historia de las dos Españas, del historiador Santos Juliá, y a alguno de ellos incluso se le habría tomado declaración. Los ultras consiguieron golpear al autor del libro; al director general de Crisol, Andrés Galdón; al exministro socialista Claudio Aranzadi, y a la periodista María Antonia Iglesias, a la que intentaron meter unos panfletos en la boca. Además, destrozaron el local, arrojaron libros al suelo, rompieron las estanterías y tiraron panfletos y carne picada.
MARCHA ULTRA / Por otro lado, unas 2.500 personas secundaron ayer en el centro de Madrid una manifestación de la Falange en defensa de «la unidad de España» y en repulsa de «la política de separatismos impulsada por el actual Gobierno». Una pancarta con la leyenda «La respuesta de España», que portaba entre otros el presidente de la Falange, José Fernando Cantalapiedra, abría la manifestación, donde se corearon gritos en los que se tildaba a Carrillo de «asesino». Luego Cantalapiedra también se refirió al exlíder del PCE, a quien llamó «genocida», «asesino» y «carnicero de Paracuellos» ante la aprobación, con el brazo extendido, de los asistentes.
A las 8.30 de la mañana de ayer, y con dos días de retraso respecto al resto de España, se abrió en Barcelona la oficina de empadronamiento situada en el Parque de la Espanya Industrial. Según informó un portavoz de la Guardia Urbana, "sólo 15 inmigrantes han pasado la noche en el recinto". Al mediodía la cola ya contaba con más de un millar de inmigrantes, entre los que se hallaban los encerrados en huelga de hambre.
A las seis de la mañana había en el recinto más de 100 inmigrantes y el número fue creciendo toda la mañana. Cuando se abrió la oficina, en dos horas se atendió a unas 300 personas, según un portavoz de la Guardia Urbana. Sin embargo, de todos los inmigrantes atendidos, que a mediodía ya ascendían a 753, sólo el 35% consiguió el certificado de empadronamiento. El 65% restante no tenía la documentación necesaria para obtener el empadronamiento por omisión. La oficina tenía previsto poder atender a 1.279 inmigrantes antes de la hora de cierre y se han cumplido las expectativas.
Para facilitar los trámites, el Ayuntamiento de Barcelona cuenta con traductores e informadores a lo largo de la cola, que está dispuesta en forma de S para evitar problemas. De esta manera, según Màxim López, director del Servicio de Atención al Ciudadano, "los inmigrantes se pueden informar para no hacer la cola en vano". Una vez hecha la cola, los inmigrantes pasan a una primera sala "donde hay siete personas que a modo de filtro comprueban que la documentación que llevan es la correcta", explicó ayer López.
Si la documentación está en la lista de documentos válidos expedida por el INE y corrobora que llevan en España desde antes del 8 de agosto de 2004 o que se empadronaron con posterioridad a esta fecha, los inmigrantes pasan a otra sala donde diez personas se encargan de revisar los datos. Si sirven, "se les expide el certificado de empadronamiento al momento", dijo López.
La Delegación del Gobierno en Catalunya espera superar los 100.000 expedientes antes del 7 de mayo. Por su parte, la Cambra de Comerç de Barcelona considera positivo el proceso de regularización. Sin embargo, en un comunicado emitido ayer, instó a los empresarios a presentar solicitudes para regularizar a los trabajadores inmigrantes, ya que considera que es "la mejor forma de que se amplíe la transparencia en el mercado de trabajo, de asegurar la contribución equitativa a las cargas públicas y la competencia en igualdad entre los agentes económicos".
En el resto de España, las colas también son las protagonistas de este proceso de regularización. Concretamente, el Ayuntamiento de Huelva ha decidido abrir también por las tardes las oficinas de Estadística y Registro para poder responder a todas las demandas.
LA VANGUARDIA DIGITAL CLAUDIA SAFONT - 21/04/2005 BARCELONA
Los inmigrantes que mantienen en Terrassa la huelga de hambre para reclamar mayor flexibilidad en el proceso de regularización, se han trasladado esta tarde de los locales que ocupaban en la CGT a un aula cedida por la Universidad Politécnica de Catalunya (UPC).
A las 17.00 horas de esta tarde, los inmigrantes que forman el encierro en Terrassa han salido de los locales de la CGT con sus mantas y enseres para desplazarse hasta la oficina de empadronamiento de Terrassa, situada en la plaza Didó.
Allí han permanecido sentados durante más de una hora en señal de protesta y posteriormente, acompañados de los ciudadanos anónimos que los apoyan, se han dirigido hasta el campus de la UPC, donde continúan con la huelga de hambre y el encierro indefinido.
El portavoz de este grupo de inmigrantes, Driss Ait, ha explicado que el motivo de trasladar a la UPC es que "el campus de la universidad es un sitio conocido por todos y por lo tanto nuestras reivindicaciones pueden llegar mejor a la gente. Porque nosotros queremos dar a conocer lo que hacemos y que se solucione nuestra situación".
El portavoz también ha comunicado que, aunque se valora positivamente el paso dado por el Gobierno de ampliar los posibles papeles que acrediten su estancia en España desde el mes de agosto del 2004, para ellos, no es suficiente.
En un primer momento, el 9 de abril, 26 inmigrantes sin papeles iniciaron el que es el primer encierro que se vive en el Vallés Occidental. Todos son hombres, la mayoría jóvenes y procedentes de Marruecos. La mayor parte de ellos están viviendo en Terrassa.
Al encierro de Terrassa contra la ley de regulación de inmigrantes se sumaron inmigrantes de Barcelona que iniciaron esta misma lucha en la capital catalana el día 2 de abril.
El encierro de Terrassa ha movilizado a un grupo de ciudadanos que se han asociado bajo el nombre de Grupo de Ciudadanos y Ciudadanas de Apoyo hacia los Encerrados. Ellos se encargan de hacer llegar a los 26 encerrados y en huelga de hambre lo indispensable.
LA VANGUARDIA DIGITAL Terrassa (Barcelona). (EFE).-
Tres bebés más y cuatro embarazadas, una de ellas trasladada de urgencia a un hospital al ponerse de parto, viajaban en la travesía de la patera que alcanzó hoy la cota de Tarifa (Cádiz), en la zona de Puntazo de Mina, y en la que murió un bebé de tres meses por hipotermia, según informaron fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Cádiz.
La embarcación, de 8,5 metros de eslora, fue avistada por el Servicio Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) a las 7.05 horas de hoy a dos millas al sur de Punta Paloma, por lo que se dio aviso al Servicio Marítimo de la Guardia Civil, que no pudo finalmente abordar la patera debido a la cercanía en la que se encontraba de la costa.
Así, los tripulantes de la embarcación clandestina lograron alcanzar tierra, siendo encontrados hasta el momento un total de 15 personas, todas procedentes del África negra, a excepción del patrón o 'patero', de origen magrebí. En la expedición se hallaron tres bebés, además del fallecido, y seis mujeres, de las que cuatro se encontraban embarazadas, poniéndose una de ellas de parto en el momento de ser rescatada por la Guardia Civil, que la trasladó de urgencia hasta un centro sanitario y posteriormente al Hospital Punta Europa en Algeciras.
LA VANGUARDIA DIGITAL LVD - 19/04/2005 - 10.33 horas Actualizada: 19/04/2005 11.35 horas Cádiz. (EUROPA PRESS).-
El primer día en el que los inmigrantes sin papeles podían acudir a los ayuntamientos para pedir el llamado empadronamiento por omisión provocó colas y protestas en numerosas ciudades. La presencia de inmigrantes es desigual en los diferentes puntos, aunque destaca el caso de Andalucía. En Almería se registraron colas de hasta 4.000 personas y hubo inmigrantes que la noche anterior durmieron en la calle para poder ser los primeros en ser atendidos.
Además de Andalucía, donde también destacaron las largas colas que se formaron en Málaga, Lepe o Huelva, la presencia de inmigrantes en demanda de un nuevo empadronamiento se hizo muy patente en la Comunidad Valenciana y en Murcia. Al Ayuntamiento de Elx acudieron 700 inmigrantes, como en Murcia o Lorca. En Alicante y Cartagena fueron unos 500.
Este hecho ha puesto de relieve que algunos ayuntamientos han realizado en los últimos años una política activa de empadronamiento para tener una información más real. En esas ciudades el número de inmigrantes que podrán acogerse a ese empadronamiento retroactivo serán escasos, como sucede al parecer en Catalunya.
El ayuntamiento de Barcelona anunció ayer que mañana, 20 de abril, abrirá una oficina específica para el empadronamiento por omisión. Esta oficina estará ubicada en la Casa del Mig del parque de la Espanya Industrial, en la calle Muntades 1, en el distrito de Sants-Montjuïc, de lunes a viernes de 8,30 a 20 horas y los sábados de 9 a 14 horas. Según la concejal Assumpta Escarp, esta medida se ha tomado porque "los trámites son lentos" y de esa forma se evita el colapso de otros servicios.
Ayer por la mañana unos 130 inmigrantes, según fuentes de la Guardia Urbana, hicieron cola en la sede central del ayuntamiento de Barcelona, en la plaza Sant Miquel, para pedir el empadronamiento por omisión. La mayoría formaban parte del colectivo que está en huelga de hambre en diversos locales e iglesias de Barcelona en demanda de papeles para todos. El presidente del grupo del PPC en el ayuntamiento de Barcelona, Alberto Fernández Díaz, reclamó a la Delegación del Gobierno "que proceda a la expulsión de los inmigrantes" que ayer se concentraron, por considerar que están ejerciendo una presión ilegal.
Por otro lado, ayer el Gobierno anunció el traspaso a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos de un fondo de 120 millones de euros para impulsar políticas de acogida y de integración de los inmigrantes. Según informó la Generalitat, por primera vez, el traspaso de los recursos económicos destinados a las políticas de inmigración "se ha efectuado en base a las cifras de la población extranjera empadronada y no en función del número de personas con permiso de residencia". Según los cálculos de la Secretaria per a la Immigració, en Catalunya viven actualmente 809.110 personas de origen extranjero.
Las últimas cifras indican que a día de ayer las oficinas de la Seguridad Social habían recibido 386.173 solicitudes para la regularización de trabajadores inmigrantes, de las que 103.390 corresponden a ciudadanos ecuatorianos. El 33% de los expedientes corresponden al servicio doméstico.
LA VANGUARDIA DIGITAL JOSEP PLAYÀ MASET - 19/04/2005 BARCELONA
El primer día en el que los inmigrantes sin papeles podían acudir a los ayuntamientos para pedir el llamado empadronamiento por omisión provocó colas y protestas en numerosas ciudades. La presencia de inmigrantes es desigual en los diferentes puntos, aunque destaca el caso de Andalucía. En Almería se registraron colas de hasta 4.000 personas y hubo inmigrantes que la noche anterior durmieron en la calle para poder ser los primeros en ser atendidos.
Además de Andalucía, donde también destacaron las largas colas que se formaron en Málaga, Lepe o Huelva, la presencia de inmigrantes en demanda de un nuevo empadronamiento se hizo muy patente en la Comunidad Valenciana y en Murcia. Al Ayuntamiento de Elx acudieron 700 inmigrantes, como en Murcia o Lorca. En Alicante y Cartagena fueron unos 500.
Este hecho ha puesto de relieve que algunos ayuntamientos han realizado en los últimos años una política activa de empadronamiento para tener una información más real. En esas ciudades el número de inmigrantes que podrán acogerse a ese empadronamiento retroactivo serán escasos, como sucede al parecer en Catalunya.
El ayuntamiento de Barcelona anunció ayer que mañana, 20 de abril, abrirá una oficina específica para el empadronamiento por omisión. Esta oficina estará ubicada en la Casa del Mig del parque de la Espanya Industrial, en la calle Muntades 1, en el distrito de Sants-Montjuïc, de lunes a viernes de 8,30 a 20 horas y los sábados de 9 a 14 horas. Según la concejal Assumpta Escarp, esta medida se ha tomado porque "los trámites son lentos" y de esa forma se evita el colapso de otros servicios.
Ayer por la mañana unos 130 inmigrantes, según fuentes de la Guardia Urbana, hicieron cola en la sede central del ayuntamiento de Barcelona, en la plaza Sant Miquel, para pedir el empadronamiento por omisión. La mayoría formaban parte del colectivo que está en huelga de hambre en diversos locales e iglesias de Barcelona en demanda de papeles para todos. El presidente del grupo del PPC en el ayuntamiento de Barcelona, Alberto Fernández Díaz, reclamó a la Delegación del Gobierno "que proceda a la expulsión de los inmigrantes" que ayer se concentraron, por considerar que están ejerciendo una presión ilegal.
Por otro lado, ayer el Gobierno anunció el traspaso a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos de un fondo de 120 millones de euros para impulsar políticas de acogida y de integración de los inmigrantes. Según informó la Generalitat, por primera vez, el traspaso de los recursos económicos destinados a las políticas de inmigración "se ha efectuado en base a las cifras de la población extranjera empadronada y no en función del número de personas con permiso de residencia". Según los cálculos de la Secretaria per a la Immigració, en Catalunya viven actualmente 809.110 personas de origen extranjero.
Las últimas cifras indican que a día de ayer las oficinas de la Seguridad Social habían recibido 386.173 solicitudes para la regularización de trabajadores inmigrantes, de las que 103.390 corresponden a ciudadanos ecuatorianos. El 33% de los expedientes corresponden al servicio doméstico.
LA VANGUARDIA DIGITAL JOSEP PLAYÀ MASET - 19/04/2005 BARCELONA
Unos 130 inmigrantes 'sin papeles', según la Guardia Urbana, se concentraron hoy ante la oficina de atención al ciudadano del Ayuntamiento de Barcelona, en la plaza Sant Miquel, para solicitar el certificado de empadronamiento por omisión.
El trámite de este documento estaba previsto que se iniciara hoy, pero finalmente el Ayuntamiento de Barcelona ha decidido retrasarlo hasta el próximo miércoles. La mayoría de los inmigrantes concentrados dejaron por un momento los encierros en distintas sedes de Barcelona que iniciaron hace 15 días.
La portavoz de la Asamblea para la Regularización sin Condiciones, Norma Falconi, aseguró hoy a Europa Press que los inmigrantes seguirán concentrados ante la oficina "hasta que el Ayuntamiento les de explicaciones por el cambio de fecha", que "sólo ha afectado a Barcelona".
Los inmigrantes se personaron ante la oficina de atención al ciudadano del Ayuntamiento sobre las 10.30 horas de la mañana y se encontraron con la "sorpresa" de que "un fuerte operativo policial estaba en la puerta de la oficina y no nos dejó entrar", explicó la portavoz de esta entidad.
Falconi criticó que el colectivo de inmigrantes de Barcelona vive una situación de "discriminación" respecto a la Subdelegación del Gobierno central en Cataluña y el Ayuntamiento de la ciudad. Así, denunció que el empadronamiento por omisión es una "trampa" y una "salida de última hora para engañar a la gente".
En este sentido, indicó que "no hay una voluntad política" para conseguir un proceso de regularización "real". "Nos quieren mantener en la economía sumergida en mayúsculas, porque a la economía española le conviene tener una bolsa de inmigrantes", añadió.
Falconi criticó que el Gobierno central "no ha tenido en cuenta toda la geografía española" a la hora de decidir qué documentos son útiles a la hora de solicitar el empadronamiento por omisión. Según Falconi, los 230.000 inmigrantes catalanes que quedan por regularizar "no disponen" de los documentos requeridos, como la orden de expulsión o la ficha de matriculación escolar de sus hijos. Para ello, propuso que se reconozca como válida la cuenta bancaria.
LA VANGUARDIA DIGITAL LVD - 18/04/2005 - 14.57 horas
La policía cuenta con pruebas y testimonios que apuntan que el intento de agresión, durante la presentación, el sábado, de un libro en Madrid, al ex secretario general del Partido Comunista de España (PCE) Santiago Carrillo fue una acción "perfectamente organizada" en los días anteriores a la celebración del acto según fuentes de la investigación. La policía posee diversos elementos y "pruebas sólidas" que demostrarían que el intento de agresión al ex dirigente comunista fue previamente organizado en las fechas inmediatamente anteriores al acto. La policía, que continúa trabajando en la investigación de los hechos, ha identificado ya a varias personas que podrían haber participado en los incidentes y ha recabado diversos testimonios.
El intento de agresión se produjo el sábado por la tarde en la citada librería madrileña durante el acto de presentación de la obra Historia de las dos Españas, del historiador Santos Juliá. En el transcurso de la presentación, un grupo de jóvenes radicales accedió a la librería e intentó agredir a Carrillo, que fue defendido por los participantes en el acto. El grupo de ultraderechistas, compuesto por varias decenas de exaltados que profirieron gritos de "asesino" contra el ex secretario general del PCE, agredió a quienes protegieron a Carrillo, entre otros el autor del libro, Santos Juliá, el director general de Crisol, Andrés Galdón, y el ex ministro socialista Claudio Aranzadi.
La agresión fue condenada de forma unánime por la totalidad de los partidos parlamentarios. Tanto el PSOE como IU reclamaron una intervención del alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, para que investigue el asunto y evite que se vuelvan a producir agresiones de este tipo.
Sin embargo, el presidente de La Falange, José Fernando Cantalapiedra, consideró ayer que el intento de agresión al ex líder del PCE, Santiago Carrillo, es una "reacción normal y lógica" de la gente, que protesta ante quien es "un genocida y un asesino" y a quien hoy se homenajea con actos que "son una provocación".
En declaraciones a los medios, al término de una manifestación convocada en Madrid por La Falange con el lema La unidad de España, Cantalapiedra aseguró que entre los ultraderechistas que protagonizaron el incidente en la librería Crisol de Madrid, donde Carrillo intervenía en un acto, "no había afiliados nuestros", pero justificó lo ocurrido "porque son reacciones evidentes ante una provocación". La manifestación de ayer concentró a 2.500 personas, según fuentes de la policía municipal.
Por su parte, uno de los agredidos, el director general de las librerías Crisol, Andrés Galdón, afirmó que le parece "absolutamente inconcebible que en abril del 2005 un grupo de 30 o 40 personas pueda agredir e insultar con muchísima violencia a personas que acuden a un acto cultural en torno a un libro".
LA VANGUARDIA DIGITAL Redacción y agencias. MADRID
El acusado también deberá indemnizar con 120.000 euros a los padres de la víctima, según la sentencia hecha pública este miércoles, en la que además se condena a 4 años de cárcel a su hermano Jonathan por un delito de lesiones y de homicidio imprudente, así como a pagar a los padres de Soufian una indemnización de 50.000 euros.
En la sentencia se señala que la pena impuesta a Óliver Vera se debe a la "gravedad de los hechos", ya que el acusado, tras un incidente inicial con la víctima y su hermano Outman, cogió un cuchillo de su casa y después de mantener una pelea en un bar con ambos, de la que estos salieron huyendo, cogió el arma y "no para hasta clavárselo y le sigue dando puñetazos y patadas junto con sus hermanos".
Al tercero de los hermanos implicados en la pelea, Alexis Vera Rodríguez, se le impone una pena de dos meses de multa con una cuota diaria de seis euros y con una responsabilidad subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas impagadas, y el pago de 450 euros a los padres del joven marroquí, según el fallo.
Los también acusados Jesús Iván Ramos Alemán, Rafael Tineo Díaz y Ángel Vicente Lemes Domínguez fueron absueltos de los delitos de cómplice de asesinato, el primero, y de encubrimiento los otros dos.
Ángel de Mendívil, abogado de Óliver Vera Rodríguez, manifestó su disconformidad con la sentencia y anunció que la recurrirá, mientras que el letrado de Jonathan declinó hacer declaraciones al respecto.
Óliver Vera también deberá pagar 120.000 euros a los padres de la víctima, mientras que Jonathan Vera ha sido condenado a cuatro años de prisión y pagar 50.000 euros
A Alexis Vera se le ha impuesto dos meses de multa, mientras que los otros tres acusados resultaron absueltos
Canarias Ahora .com EFE. Las Palmas de Gran Canaria
