El presidente de Melilla pide a los gobiernos autonómicos que acepten el envío de inmigrantes ante la avalancha que está sufriendo. Sin embargo, el presidente de La Rioja exige al Gobierno que "expulse" del país a todos los irregulares.
El presidente de Melilla, Juan José Imbroda (PP), anunció que se pondrá en contacto con todos los presidentes de comunidades autónomas para solicitar su colaboración para la "aliviar" la situación de Melilla ante las constantes avalanchas de inmigrantes que se vienen registrando sobre la localidad española del Norte de Africa.
En rueda de prensa, Imbroda dijo que apelará a la "solidaridad" de los mandatarios autonómicos porque denunció que Melilla "está desbordada" por la llegada de cientos de inmigrantes". Así, el dirigente melillense pedirá a cada uno de los presidentes de comunidades autónomas que "se ponga en marcha el acuerdo que se firmó con el Gobierno de la Nación para la acogida de subsaharianos".
La primera autoridad de la Ciudad Autónoma también anunció que se dirigirá al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para exigir "soluciones urgentísimas" porque "este problema ya trasciende de la Ciudad y la Delegación" porque en su opinión deber ser abordados de manera inmediata por los ministerios de Interior y Exteriores.
LA RIOJA: HAY QUE EXPULSAR A LOS IRREGULARES
El presidente del Gobierno riojano, Pedro Sanz, pide sin embargo al Gobierno nacional que "tome las medidas oportunas que anunció cuando abrió el proceso de regularización de inmigrantes" y "tome la decisión de expulsar a todas las personas que están ilegales en España".
Sanz realizó estas declaraciones ante los micrófonos de Onda Cero en el programa 'La Rioja en la Onda' a preguntas de su director, Oscar Briñas, y de la jefa de Informativos, Cecilia Romero, según un comunicado remitido por la propia emisora.
Para Sanz, La Rioja ha superado los "límites razonables" de población inmigrante, puesto que entre el once y el doce por ciento de los habitantes riojanos son inmigrantes. En este sentido, explicó que "como gobernante" tiene "la responsabilidad de pensar en el presente y el futuro de la comunidad". También, "de garantizar los servicios sociales básicos y la calidad de vida de todos los riojanos y de todos los acogidos".
Ante las avalanchas de inmigrantes subsaharianos en la frontera de Melilla, el secretario de estado de Seguridad, Antonio Camacho, anunció este miércoles la ampliación de los 130 sistemas de infrarrojos de la valla, la finalización en febrero de la elevación de la altura de la misma tres metros más, y el refuerzo de la presencia de la Guardia Civil con cuarenta agentes más.
Pero a la situación de Melilla se unió la noche de este miércoles el caso de Ceuta, donde una avalancha de inmigrantes acabó la madrugada de este jueves con cinco muertos por aplastamiento. En ese contexto, el Gobierno, que al parecer ya estudiaba la participación del Ejército en la vigilancia de la frontera terrestre hispanomarroquí, ha decidido dar ese paso.
Orden de Zapatero
Así, preguntado en los pasillos del Congreso por la situación de Ceuta y Melilla y por la posible participación de las Fuerzas Armadas en la frontera, Bono respondió esta mañana: "El presidente del Gobierno me ha dado la orden de que a partir de este jueves mismo la Guardia Civil sienta y tenga el refuerzo del Ejército y así se cumplirá".
La decisión del Gobierno coincide con la celebración en Córdoba y Sevilla de una reunión de alto nivel entre las autoridades de España y Marruecos, donde la cooperación en la lucha contra la inmigración ilegal será precisamente uno de los temas centrales de discusión.
Cinco muertos
La vicepresidenta primera y portavoz del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, anunció este jueves en Sevilla que el número de fallecidos por la avalancha de inmigrantes subsaharianos en Ceuta es de cinco, dos de ellos quedaron en territorio español y los restantes tres fueron encontrados en el lado marroquí de la frontera.
Además, 91 personas resultaron heridas, siete de las cuales han requerido hospitalización. De la Vega no quiso confirmar el uso de cartuchos de goma por parte de la Guardia Civil y prometió trasparencia en el futuro una vez se vayan conociendo los datos de la investigación abierta.
Fernández de la Vega confirmó la muerte de cinco inmigrantes en Ceuta, tres encontrados en el lado marroquí de la frontera y dos en la española
Fuentes médicas del Hospital Provincial de Tetuán declararon hoy que los muertos en el lado marroquí durante el asalto de la valla fronteriza con Ceuta esta madrugada fueron tres y que todos presentaban impacto de bala. Según un empleado del servicio de traumatología, fueron atendidos además en este centro 18 heridos, de los que 11 fueron ya dados de alta y posteriormente detenidos por la policía que custodia el hospital.
Del resto, cinco mostraban impactos de bala, hematomas o fracturas, y dos se encontraban en la unidad de reanimación de ese hospital, situado a unos 30 kilómetros de Ceuta.
Al menos uno de los inmigrantes subsaharianos presentaba heridas profundas en el estómago, causadas por cortes del alambre de espino que corona la valla que saltaron.
Las mismas fuentes añadieron que aún no se ha procedido a realizar las autopsias de los fallecidos, a la espera de que la fiscalía de Tetuán lo autorice, aunque se cree que podrían realizarse en el transcurso del día.
Según se indicó, los tres muertos son hombres adultos, y no niños o mujeres como algunos medios informaron a lo largo del día.
Otras fuentes indicaron a EFE que cinco inmigrantes subsaharianos heridos en el incidente fronterizo entre Marruecos y Ceuta hoy fueron internados en el hospital Mohamed V de Tánger, a unos 60 kilómetros del centro de Tetuán, y que uno de ellos se encuentra en estado grave mientras que un segundo padece un desgarro del globo ocular.
La Radio Nacional de Marruecos RTM informó de que los tres muertos por herida de bala en el lado marroquí de la linde fronteriza con Ceuta habían recibido los impactos desde la parte española, extremo en el que coincidió con la agencia oficial marroquí MAP.
La policía custodia el centro médico de Tetuán y no permite el acceso de periodistas.
El presidente de Coalición por Melilla (CpM), Mustafa Aberchán, solicitó ayer al presidente de la Ciudad Autónoma, Juan José Imbroda, que convoque "urgentemente" a todas las instituciones, autoridades de Melilla, y a los partidos políticos representados en la Asamblea local, con el objeto de buscar "una propuesta coherente" de las posibles soluciones a las avalanchas de inmigrantes y planteársela tanto al Gobierno central como a la Unión Europea (UE).
Aberchán consideró ayer que los continuos asaltos al perímetro fronterizo por parte de subsaharianos indocumentados es "un problema muy grave" que en Melilla "se hace más notorio y agudo" que en el resto del territorio europeo, debido a que "la superficie, la densidad demográfica y la situación geográfica" de la ciudad "están muy limitadas".
El líder cepemista apuntó que una de las primeras soluciones que habría que adoptar sería "dignificar la condición humana, en este caso de los inmigrantes". Además, recordó que CpM lleva planteando desde hace tiempo la conveniencia de que la UE coopere en la construcción de un Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) en Marruecos.
De igual modo, señaló que otra salida al fenómeno de las avalanchas sería el cumplimiento de los convenios firmados entre España y el país vecino, que "no sólo es obligatorio, sino que además sería más saludable para que estos problemas no los sufran ni los inmigrantes ni los ciudadanos melillenses".
Respecto a los convenios bilaterales entre ambos países, Aberchán indicó que "hay que buscar fórmulas imaginarias" para que "el perímetro fronterizo no sea una línea de esperanza para el inmigrante a pesar de las dificultades que conlleva cruzarla". De hecho, el presidente de CpM dijo convencido que "ésa es la clave" porque "mientras los inmigrantes piensen que saltando nueve metros de valla pueden encontrar todo lo que no tienen al otro lado, siempre existirá ese estímulo" de entrar a Melilla de forma ilegal.
Por este motivo, subrayó la importancia de "buscar fórmulas para solucionar esto" y anunció la intención de CpM de no hacer ninguna crítica al Gobierno local "que pudiera impedir que tome una decisión acertada" como "buscar una voz consensuada en algo tan importante como lo que está aconteciendo ahora".
Tema "muy peligroso" Aberchán consideró que las avalanchas de inmigrantes "puede ser un tema muy peligroso para los ciudadanos" porque "la solidaridad de un pueblo no puede estar arrinconada en 12 kilómetros cuadrados". Así, el diputado de CpM mantuvo que "los melillenses no tienen por qué soportar la solidaridad de todos los ciudadanos españoles y europeos".
Además, Aberchán criticó que las avalanchas se están empleando "para hacer política de cara a la galería" y advirtió del peligro que podría suponer que "los ciudadanos puedan perder un referente tan digno, que debe primar a la hora de efectuar cualquier represión sobre la inmigración, como es el respeto a los derechos humanos".
A primeras horas de la mañana, el centro de acogida de inmigrantes de la ciudad ofrecía una imagen desoladora. Decenas de jóvenes subsaharianos esperaban en fila su turno para ser atendido en la ambulancia instalada a las puertas del CETI.
El descampado que rodea al centro se había convertido en un improvisado campamento flanqueado por las diez tiendas de campaña instaladas por el Ejército para acoger a los más de 300 subsaharianos que lograron alcanzar suelo español. Todos estaban cansados y hambrientos, magullados y doloridos, pero esperanzados porque habían dejado atrás una pesadilla.
En esa estampa, similar al de los heridos en un campo de batalla, iban sumándose a la fila de los lesionados aquellos inmigrantes que por temor a ser expulsados después de haber entrado a Melilla se habían escondido en diferentes puntos de la ciudad.
La mayoría estaban heridos pero aún así habían tenido fuerzas suficientes como para aguantar el dolor durante más de ocho horas temerosos de que la Policía Nacional les devolviera a suelo marroquí. Al amanecer iban saliendo de sus escondites ante la mirada atónita y compasiva de los melillenses que se dirigían al trabajo.
Desde primera hora, los servicios del CETI repartieron mantas a todos los inmigrantes y les permitieron entrar al centro para desayunar.
Colapso El CETI en estos momentos tiene que atender a 750 inmigrantes dentro de sus instalaciones, repartidos en 480 plazas y en cinco tiendas de campaña del Ejército instaladas en su interior desde hace casi dos años que albergan a casi 300 subsaharianos. A estos se suman los más de 300 subsaharianos distribuidos en diez tiendas del Ejército al exterior del CETI.
El delegado del Gobierno, José Fernández Chacón, aseguró ayer que pese a esta situación, los servicios del CETI proporcionarán a todos los inmigrnates atención médica además de asistencia social y educativa.
Los Gobiernos de España y Marruecos celebran hoy en Sevilla y Córdoba la séptima edición de sus reuniones al más alto nivel (RAN). El encuentro tiene como trasfondo los graves incidentes que se vienen produciendo en las últimas semanas en la frontera de Melilla y que han causado ya tres muertos. La oleada de desesperados subsaharianos que asaltan con rudimentarias escaleras la valla de tres metros que separa el territorio marroquí de la ciudad autónoma española culminó el martes con dos asaltos de medio millar de inmigrantes cada uno. Dos centenares de ellos lograron colarse y fueron a parar al completamente desbordado centro de estacionamiento temporal de refugiados melillense.
La agudización de los incidentes se produce en vísperas de la RAN, y en un momento de ostensible falta de atención de la gendarmería marroquí. Eso, sin embargo, no tiene por qué ser considerado como una flagrante provocación justo cuando las relaciones bilaterales han mejorado desde la llegada de los socialistas al poder y la cooperación en materia de seguridad ha supuesto que se haya reducido en un 37% la llegada de pateras a la Península. Pero es difícil evitar las suspicacias respecto a Marruecos, un país que no cuenta con muchos medios para frenar el paso de subsaharianos y que no recibe estímulos suficientes a la hora de aplicar políticas de rigor con los inmigrantes que lo utilizan como paso para saltar a España y Europa. No es extraño, incluso, que utilice estas situaciones indeseadas para pulsar la temperatura política de España, y que se muestre dispuesto a desactivar el asunto obteniendo algo a cambio. El Gobierno de Rodríguez Zapatero cometería una equivocación si hiciera concesiones sobre otros asuntos bajo presión. Es evidente que el problema del flujo masivo de subsaharianos afecta a la estabilidad de los dos países, pero también lo es que a la larga puede dañar más los intereses españoles y poner en riesgo la autonomía de Ceuta y Melilla.
Acierta el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, al indicar que el problema no tiene solución a corto plazo, ni probablemente a largo, por mucho que se vaya a enviar 40 agentes al lugar, con lo que se aumenta hasta algo más de 700 el total de fuerzas de vigilancia españolas, y se haya decidido acelerar el recrecido de la valla de tres a seis metros. "Por muy alta que se ponga seguiremos intentándolo, porque es más fácil y menos peligroso saltar una alambrada que ir en patera", ha confesado uno de los que se quedó al otro lado de la frontera. Hay que asumir que la desesperación de estas gentes es tan grande que lucharán una y otra vez para huir del drama en busca de una vida mejor.
Es innegable que la inmigración clandestina es uno de los desafíos de la Unión Europea ampliada. Y España por su ubicación se halla en posición más sensible. Los controles de entrada no pueden resolverse sólo de manera bilateral. Y eso lo han empezado por fin a entender todos los socios comunitarios. Es un problema común que afecta a todos y que exige por tanto no sólo eficaces medidas policiales y judiciales conjuntas, sino otras de ámbito político y humano que comporten una mayor ayuda al desarrollo de esos países que alientan la huida de sus ciudadanos, su integración social en los países de acogida y la mejor colaboración y asistencia a los países de tránsito, en este caso, Marruecos. Y al respecto hay que confiar en que Bruselas convierta pronto en hechos la petición cursada por Rabat de asistencia técnica para reforzar el control de sus fronteras.
En la cumbre de hoy la representación española debe pedir acciones concretas a su vecino para controlar el flujo migratorio clandestino. Es positivo que haya voluntad marroquí para crear centros de acogida de menores. Sin embargo, resulta más que probable que todo ello no sea suficiente mientras la UE no se implique mucho más de manera conjunta, porque los Veinticinco deben entender que la valla de Melilla separa a la UE del entero continente africano.
Esta semana partirán a centros de internamiento de la Península 30 subsaharianos con orden de expulsión. Además de ellos, Delegación ha previsto enviar a territorio peninsular con permiso de residencia a 58 personas, repartidas en once familias argelinas y cinco subsaharianas, todas con niños menores de edad e incluso bebés.
El delegado del Gobierno, José Fernández Chacón, anunció ayer que el objetivo de estos traslados es aliviar la saturación que atraviesa el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) con 1.150 personas a las que atender frente a las 480 plazas de las que dispone.
Acción solidaria Ante este desbordamiento, el delegado del Gobierno apeló a la solidaridad de las Comunidades Autónomas con el fin de que acojan a los inmigrantes que vayan saliendo de Melilla. Fernández Chacón recordó que todas las comunidades suscribieron el plan de acogida de inmigrantes propuesto por el Gobierno central al inicio de la legislatura dotado con 120 millones de euros con el fin de reducir la saturación de inmigrantes en Ceuta, Melilla y Canarias, principales puntos receptores de inmigrantes.
En este sentido, la secretaria de Estado, Consuelo Rumí, manifestó en su visita a Melilla que "algunas Comunidades Autónomas no están cumpliendo este plan pese haber participado en el reparto de esos fondos".
Por otra parte, el delegado del Gobierno anunció que se está trabajando en un programa de traslado "más ambicioso" que se pondrá en marcha los próximos meses si bien no quiso adelantar más detalles al respecto. En los últimos meses, Delegación del Gobierno ha derivado a la Península a al menos un centenar de inmigrantes, en su mayoría subsaharianos solteros con orden de expulsión.
Cinco ecuatorianos de entre 25 y 36 años murieron en la madrugada de ayer, después de que un monovolumen Opel Zafira se saliera de la vía y diera varias vueltas de campana, en la carretera M-607, en el desvío sur hacia Colmenar Viejo (Madrid). Otros dos ocupantes, de unos 30 años, resultaron heridos muy graves, mientras el conductor del vehículo, de 22 años, sólo sufrió heridas de carácter leve. Éste dio positivo en la prueba de alcoholemia efectuada cuatro horas después de que se produjera el siniestro. Todos los implicados eran ecuatorianos y trabajaban en el túnel del AVE a Valladolid.
Los ocho ocupantes del Opel Zafira azul con matrícula de Barcelona (que cuenta con siete plazas) salieron de trabajar a las siete de la tarde, tras seis días seguidos trabajando 12 horas. Para celebrar los tres días libres que tenían a partir de entonces cenaron con otros compañeros en un restaurante asturiano de Colmenar Viejo.
El accidente se produjo a las 00.36 horas. Una mezcla de exceso de velocidad, un despiste del conductor, José Manuel P. M., y una falta de reacción de éste se mezclaron en el brutal choque, según la Guardia Civil. Y había bebido. En el primer análisis, a las cinco de la mañana, dio 0,48 gramos de alcohol por litro de sangre y en el segundo 0,44. Como habían pasado más de cuatro horas desde que ocurrió el accidente, fuentes de la Dirección General de Tráfico (DGT) indican que cuando subió al coche superaba los 1,5 gramos.
El monovolumen rompió un guardacarril en una zona con buena visibilidad y la velocidad limitada a 100 kilómetros por hora. El conductor perdió el control y el vehículo comenzó a dar vueltas de campana, cruzó el carril de incorporación a la M-607 y quedó boca arriba en un talud. Tres de los ocupantes salieron despedidos y murieron en el acto.
El resto quedó atrapado en el amasijo de hierros. Dos estaban ya muertos cuando llegaron los bomberos de la Comunidad de Madrid. Otros dos, César Oliveiro Moreta Cisneros, de 30 años, y Milton Fernando Lima Valencia, sufren traumatismos craneoencefálicos muy graves y fracturas. Los fallecidos son Luis Alberto Chamba Tituana, de 25 años; César Augusto Ochoa Jaramillo, de 26; César Antonio Guarnizo Cortés, de 35; Luis Eladio Haro y Ángel Esteban Reyes, ambos de 36.
Marruecos y España han decidido reforzar la vigilancia de la frontera de Ceuta y Melilla tras los últimos asaltos. Del lado español, Zapatero ha ordenado el despliegue de 480 soldados. Marruecos, por su parte, ha anunciado durante la cumbre que se celebra en Sevilla que enviará 1.000 agentes más a Melilla y otros 600 a Ceuta para controlar los avalanchas de inmigrantes.
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha explicado el plan, detallando que serán cuatro batallones -dos en Melilla y otros dos en Ceuta- de 120 efectivos cada uno los que apoyen a la Guardia Civil en la vigilancia de las fronteras. De la Vega ha precisado que los soldados "actuarán bajo coordinación y mando de la Guardia Civil". No se trata de tropas desplazadas de la península, sino de soldados que ya se encontraban en las ciudades autónomas. En concreto, en Melilla se desplegará un batallón de legionarios y otro de regulares, mientras que un tercero también de legionarios quedará de reserva. En Ceuta se desplegarán dos batallones de regulares y también habrá un tercer batallón de refresco.
El envío de soldados forma parte de un plan que será aprobado mañana en el Consejo de Ministros y con el que el Gobierno quiere mejorar la situación en la frontera con Marruecos que se basa en tres pilares: el refuerzo de la seguridad, en la que se enmarca el despliegue militar; la mejora de las condiciones de los Centros Temporales de Internamiento de los inmigrantes (CETI); y otra serie de medidas de carácter social que no ha detallado. La vicepresidenta ha informado de que la decisión se tomó ayer por la tarde en una reunión en el Palacio de La Moncloa, en la que Zapatero convocó a los titulares de Defensa e Interior junto con la vicepresidenta.
El plan es consecuencia de un fenómeno que se está viviendo en los últimos días en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, a las que cientos de inmigrantes tratan de acceder en ataques masivos organizados que desbordan las capacidades de los agentes de vigilancia. Esta misma madrugada se han producido dos nuevos asaltos en Ceuta y en Melilla en los que han participado casi un millar de inmigrantes.
A preguntas de los periodistas, la vicepresidenta ha negado que estos asaltos se deban a un efecto llamada por la legislación española sobre inmigración, y como prueba ha dicho que tanto el ingreso de inmigrantes a Ceuta y Melilla como la llegada de pateras a las costas españolas se ha reducido en un 40% en lo que va de año con respecto al anterior.
El despliegue de Marruecos ha sido anunciado por el ministro del Interior marroquí, Mustafá Sahel, que se ha reunido en Sevilla con su homólogo español, José Antonio Alonso. Fuentes del Gobierno español han informado de que ese dato que ha aportado a Alonso en la reunión que ambos mantuvieron durante la VII cumbre bilateral entre ambos países, que se celebra en Sevilla, ha sido repetido por el ministro del Interior marroquí ante el plenario de esa cumbre, presidido por el jefe del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, y el marroquí, Driss Jetú.
El secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, advirtió ayer en el Parlamento de que, si se repiten los asaltos de inmigrantes a la valla fronteriza de Melilla, "es altamente probable que, a pesar de una diligente, profesional y proporcionada actuación de los agentes policiales, puedan sobrevenir situaciones no deseadas, no sólo en la integridad física de los asaltantes, sino también de los agentes". Camacho compareció en el Congreso, a petición propia, sólo 13 horas después del último asalto masivo de inmigrantes al perímetro fronterizo de la ciudad, que se saldó con varias decenas de heridos.
El secretario de Estado había solicitado inicialmente comparecer ante la Comisión de Interior de la Cámara baja para explicar las muertes violentas de inmigrantes que se han producido en los últimos dos meses en la zona de Melilla. Pero como el martes se habían producido dos asaltos de 500 inmigrantes cada uno a la doble valla de la ciudad autónoma, durante los que al menos 300 subsaharianos lograron entrar en el territorio español, su intervención acabó centrándose en las medidas arbitradas por su departamento para frenar este tipo de avalanchas.
Camacho calificó la situación en Melilla como una "delicada, grave y compleja cuestión de Estado". A continuación, anunció que Interior ampliará a todo el perímetro fronterizo los 130 sensores de rayos infrarrojos que permiten a la Guardia Civil detectar los movimientos que se producen en algunas zonas de la valla, y que estudia la implantación de "sensores de presencia", que avisarían a los agentes cuando una persona se aproximara a la alambrada, lo que les daría un margen de tiempo mayor para reaccionar ante los asaltos.
También serán implantadas "medidas físicas" para frenar a los inmigrantes en zonas de la frontera que actualmente están poco protegidas. En concreto, se refirió a los acantilados de Aguadú, al norte de la ciudad, donde varios subsaharianos se han despeñado al intentar alcanzar la zona española, y los cauces de río de Oro y del arroyo de Beni Enzar, en la zona sur, donde también han muerto algunos inmigrantes.
A los 676 agentes de que dispone la comandancia de la Guardia Civil se les sumaron ayer mismo otros 40, repartidos en dos Módulos de Intervención Rápida (MIR).
Asaltos desde 1998
El secretario de Estado explicó que los rechazos de inmigrantes en la frontera de la ciudad se han venido duplicando en los últimos años (12.337 en 2002; 26.368 en 2003; 55.645 en 2004) y que los asaltos a la valla comenzaron ya en 1998.
El 8 de junio de aquel año, 30 subsaharianos ya intentaron saltar a Melilla por la zona de Rostrogordo -la misma en la que ayer se produjeron las avalanchas-, y poco tiempo después, otros 40 lo intentaron por la zona del Barrio Chino. En 2002 se produjeron tres asaltos, y el año pasado, siete. Pero esa práctica se ha disparado este año: sólo hasta el 5 de mayo se habían producido 21 asaltos, y desde el verano su número puede haberse triplicado.
Respecto a las muertes de al menos cuatro inmigrantes en la zona de Melilla en los dos últimos meses, Antonio Camacho se remitió a las investigaciones internas realizadas por la Guardia Civil para afirmar que, "hasta hoy, no existe ni un solo indicio" que relacione al instituto armado con los fallecimientos.
Explicó que esas investigaciones incluyeron una entrevista de los mandos de la Guardia Civil de Melilla con la Gendarmería Real de la vecina ciudad marroquí de Nador; una revisión de las filmaciones de las cámaras de seguridad del perímetro fronterizo; el interrogatorio de todos los guardias que participaron en las operaciones de aquellos días y las comunicaciones verbales sobre las conclusiones de las autopsias realizadas a uno de los fallecidos en Nador y a otro en Melilla. El secretario de Estado ofreció a los diputados realizar "cualquier otro tipo de investigación que propongan", pero ninguno de los presentes recogió la oferta.
Hay que recordar, no obstante, que además de la investigación de la Guardia Civil los jueces de Melilla y el fiscal de Nador han abierto sus propias investigaciones, cuyo resultado aún se desconoce.
El diputado del PP por Melilla Antonio Gutiérrez afirmó ayer que las heridas que presentaban los cuatro inmigrantes subsaharianos fallecidos en la zona de Melilla en los dos últimos meses "no son causadas precisamente por la Guardia Civil, sino por bayonetas y balas utilizadas por la Gendarmería marroquí".
Gutiérrez pronunció estas palabras como portavoz del PP, durante la comparecencia del secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, ante la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados.
El portavoz del partido que preside Mariano Rajoy culpó al "efecto llamada" provocado, según él, por el último proceso de regularización llevado a cabo por el Gobierno socialista, de los asaltos masivos a la valla de Melilla que están llevando a cabo en las últimas semanas inmigrantes procedentes de países subsaharianos, y pidió que se revise "todo" el proceso de regularización.
También mostró su desconfianza hacia la colaboración de Marruecos y pidió que "la política de contención" de la inmigración ilegal se lleve a cabo también en el país vecino. Razonó que es imposible que los inmigrantes se agrupen para saltar la valla y fabriquen las escaleras que utilizan "sin el conocimiento, al menos teórico, de las autoridades marroquíes", que, según dijo, mantienen "un control férreo" sobre la población.
Colaboración de Rabat
A las acusaciones contra el proceso de regularización replicó el portavoz del PSOE, Antonio Hernando, quien preguntó a Gutiérrez si en lugar de esa medida no sería la "extrema pobreza" en la que se vive en los países de origen, en comparación con España, lo que provoca la desesperación que desemboca en la emigración.
Hernando reconoció que a Marruecos "se le puede pedir más", pero defendió su implicación en que haya un 50% menos de pateras con rumbo a Canarias y un 37% menos en el Estrecho.
El portavoz de CiU, Carles Campuzano, dijo estar "absolutamente en desacuerdo con las explicaciones del Gobierno, por ser insuficientes" respecto a las muertes producidas en el entorno de Melilla, por lo que su grupo ha pedido por escrito al Ejecutivo el primer informe de la Guardia Civil y ver todas las grabaciones del perímetro fronterizo. Isaura Navarro, de Izquierda Verde, se sumó a esa queja y pidió una comisión internacional que trabaje tanto en Marruecos como en territorio español. Begoña Lasagabaster, de EA, instó a que no se intente "hacer de Europa una fortaleza", y Emilio Olabarria, del PNV, pidió que "se optimice la profesionalidad" de los guardias civiles.
Hace tres días, Boubacar Baldé, de 24 años, dormía en un campamento al raso en los bosques de Mariguari, al otro lado de la valla que separa Marruecos de Melilla. Ahora lo hace en una de las 10 tiendas de campaña que el Ejército ha instalado en el exterior del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), después de la entrada de cerca de 300 subsaharianos en las dos avalanchas masivas que se han producido desde la madrugada del martes.
Como la mayoría de los recién llegados, Boubacar permanece junto a las tiendas, donde recibe zumos o refrescos de las organizaciones humanitarias, y aprovecha la visita de los periodistas para pedir prestado un teléfono móvil con el que llamar a su familia y decirles que por fin ha logrado entrar en España.
Desde el CETI, que está completamente desbordado con estas nuevas llegadas, se divisa, como un recordatorio de los que han quedado atrás, parte de la doble verja, aunque en esta zona ya se ha elevado su altura hasta los seis metros. Para llegar hasta este paraíso, donde duermen sobre mantas una treintena de subsaharianos en cada tienda, Boubacar ha atravesado media África y se ha dejado todos sus ahorros, unos 600 euros. Salió de su país natal, Guinea Bissau, en marzo de 2004. De ahí a Senegal, Malí, Burkina Fasso y Argelia. Para cada trayecto, tuvo que buscar distintos vehículos, normalmente todoterrenos, en los que asegura que viajaban hasta 30 personas.
De Argelia pasó a Marruecos caminando, hasta llegar a Mariguari, en la provincia de Nador, dos meses después. Este último recorrido, de unos 160 kilómetros, lo ha tenido que hacer seis veces más, las mismas que la Gendarmería marroquí le detuvo y le llevó hasta Oujda, en la frontera con Argelia, no sin antes golpearle y quitarle el dinero, según asegura. "Hay muchos problemas con la policía marroquí", dice, en referencia a las redadas y las palizas. Sin embargo, la Guardia Civil, aunque le envió de vuelta una vez cuando ya había logrado cruzar, nunca le pegó como han denunciado otros subsaharianos y asociaciones humanitarias en el último mes.
Boubacar, que se hizo heridas en el cuello, en un dedo y en una pierna al saltar, ha tardado un año y cuatro meses en lograr la primera parte de su objetivo. Y puede estar varios meses o años hasta conseguir la segunda: ir a Barcelona, donde viven algunos familiares, trabajar y enviar dinero a sus padres.
Y es que la única salida actual para los inmigrantes del CETI, con una orden de expulsión imposible de cumplir porque sus países de origen no los admiten, es ser trasladados a un centro de la Península, donde no se les puede retener, aunque tampoco tienen papeles que les autoricen a trabajar.
En Farine, la localidad de Guinea Bissau donde vivía con sus progenitores, el joven se dedicaba a comprar y revender zapatos y ropa en el mercadillo, aunque cuenta que tiene formación como mecánico, que también es la profesión de su hermano, de 18 años. "En mi país no ganaba dinero y no conseguía un buen trabajo", explica en inglés. "Si llego a Europa, puedo ganar dinero para mis padres, que no trabajan, para que se puedan comprar una buena casa y un coche pequeño", añade.
Para alcanzar este sueño, Boubacar ha malvivido en el bosque, comiendo lo que los habitantes de los pueblos marroquíes le daban. "La gente es buena, me daban dinero, comida y ropa". El joven asegura que los saltos masivos se producen normalmente cuando aumenta la presión de las fuerzas de seguridad marroquíes. La organización es, según él, cuestión del boca a boca, entre los distintos campamentos donde se agrupan los inmigrantes por nacionalidades. Por la noche, se encuentran a unos 20 metros de la frontera, y si no hay vigilancia, saltan la doble valla en las zonas donde aún mide tres metros de altura. "Yo lo hice en cuatro minutos".
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha anunciado esta tarde en Sevilla que España y Marruecos han acordado, en el marco de la cumbre hispano-marroquí, llevar a cabo de forma "inmediata" una "investigación conjunta" del trágico asalto masivo a la valla de Ceuta que se produjo la pasada madrugada, en el que murieron cinco subsaharianos. Tres presentaban orificios de bala que no se corresponden con las armas usadas por las fuerzas españolas.
Zapatero ha hecho este anuncio en la rueda de prensa que ha ofrecido junto con su homólogo marroquí, Driss Jettu, al término de la VII Reunión de Alto Nivel bilateral, celebrada en Sevilla. Ambos han expresado su dolor por los fallecidos en esa avalancha en la valla fronteriza de Ceuta, al tiempo que han garantizado que "con la máxima transparencia" se comunicarán los datos de esa investigación.
Ante las preguntas de los periodistas en torno a las informaciones contradictorias sobre la procedencia (de parte española o marroquí) de los disparos que tenían algunos de los fallecidos en la avalancha, ambos han explazado a esperar a los resultados de la investigación. Zapatero ha asegurado que su Gobierno no ha trasladado ninguna información definitiva sobre lo sucedido y que está a la espera de conocer los datos de esa investigación para aportar la información correspondiente "con todo rigor y transparencia". Por todo ello, ha calificado de "prematuro" establecer una conclusión.
Por su parte, el primer ministro marroquí ha coincidido con las palabras de Zapatero y ha subrayado que será después de la investigación judicial ya en curso cuando se pueda aportar una conclusión sobre las causas de los fallecimientos. "Los resultados serán comunicados en el momento oportuno, porque la investigación judicial acaba de empezar", ha insistido.
Por la mañana, el ministro español de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, y su colega marroquí, Mohamed Benaissa, han coincidido en la necesidad de reforzar la cooperación bilateral e involucrar a la Unión Europea (UE) y el resto de naciones mediterráneas en el control de los flujos migratorios procedentes de los países subsaharianos. Moratinos y Benaissa, que presidieron en Córdoba una reunión bilateral de la cumbre hispano-marroquí, dedicaron una parte de sus conversaciones a abordar el problema del "extraordinario crecimiento" de la inmigración del África subsahariana, según fuentes diplomáticas.
Sin analizar de manera específica la muerte de los cinco inmigrantes, los dos ministros compartieron la necesidad de impulsar "un mayor esfuerzo y coordinación" en esta materia entre los países de origen, los de tránsito y los de destino para controlar estos flujos y actuar contra las mafias que manejan el tráfico de seres humanos. Al término de su reunión, los jefes de la diplomacia española y marroquí se desplazaron a Sevilla para incorporarse a la reunión del plenario de la cumbre bilateral.
Tres de los cinco inmigrantes muertos esta madrugada cuando participaban en un asalto masivo en la valla de Ceuta fueron tiroteados con armas que no se corresponden a a las usadas por las fuerzas de seguridad españolas, según fuentes de la investigación. Así lo revelan las autopsias de los dos fallecidos en territorio español y la información de que uno de los tres muertos en suelo marroquí fue disparado con postas, munición que no usan los agentes españoles, según ha podido saber ELPAIS.es dichas fuentes.
Los facultativos que han practicado las autopsias de los dos muertos en territorio en territorio español han hallado en ambos fallecidos sendos orificios de bala, de entrada y salida, en el costado y en el glúteo, respectivamente.
Un informe de la policía nacional hecho público esta tarde coincide con este relato de los hechos. Según el documento, los miembros de la Gendarmería marroquí hicieron uso de sus armas de fuego contra los inmigrantes. Muchos de sus disparos impactaron en territorio español.
Sin embargo, Marruecos discrepa de esta versión y, a través de su agencia oficial MAP, ha anuciado que los disparos que han matado a los inmigrantes procedían de territorio español. En el asalto participaron al menos 500 inmigrantes. La avalancha es la primera de estas características que se produce en el perímetro fronterizo de Ceuta, pero en Melilla se han producido varias en los últimos días, que se han saldado con al menos tres muertes.
Desde Sevilla, donde participa en una cumbre hispano-marroquí con su homólogo, Dris Jettu, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha anunciado el inicio de una investigación conjunta entre ambos países para aclarar las muertes.
Balas de goma
Según la Asociación pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) los subsaharianos que intentaron saltar la valla fronteriza de Ceuta esta madrugada se vieron cercados entre las balas de goma que disparaban los agentes de la Guardia Civil en la zona española y disparos procedentes de la parte marroquí, bien de la policía o del ejército. Esta versión se basa en el relato de los propios subsaharianos de Beniunesh.
Esta misma mañana, el delegado del Gobierno en Melilla, José Fernández Chacón, ha informado de que Marruecos ha abortado un nuevo asalto, de unos 300 inmigrantes esta vez, a la valla de Melilla. Según el delegado, unos 500 agentes y tres helicópteros han participado en un "despliegue espectacular" para impedir la entrada de los inmigrantes. En la operación, los agentes marroquíes han practicado 220 detenciones, lo que ha aliviado "extraordinariamente la presión", y no se han producido heridos.
"Tenemos cifras preocupantes sobre el número de mujeres inmigrantes maltratadas por su pareja, pero sabemos que muchas de ellas no se atreven a denunciarlo por su condición", señala Alejandro Erazo, portavoz de la Coordinadora de Entidades Inmigrantes de Catalunya. El temor aumenta cuando se trata de inmigrantes sin papeles y la última orden del secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, a la Policía y a la Guardia Civil, no ha hecho más que acrecentar esa sensación.
La orden a los cuerpos policiales es clara: a cualquier inmigrante sin papeles que acuda a denunciar una agresión se le deberá abrir, además de las diligencias previas por ese supuesto delito, un expediente sobre su situación. "Hasta ahora dependía de la voluntad del policía de turno, pero no había obligación de control", señalan desde SOS Racismo. Y aunque en virtud de la ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, la afectada podrá solicitar al juez un permiso temporal de residencia, entre las asociaciones de inmigrantes existe cierta desconfianza que tiene su origen en la propia ley de Extranjería.
De hecho, si el juez no considera delito la denuncia o si no concede ese permiso de residencia, la mujer se verá abocada a la expulsión. En el mejor de los casos, es decir, que prospere la denuncia y se le conceda el permiso, se le impondrá una sanción por la situación irregular en la que se encontraba. Las distintas asociaciones de inmigrantes reconocen que esa orden es perfectamente legal, pero no ven clara su aplicación. "El problema sigue siendo la ley de Extranjería", repiten. "Nuestra labor - dice Erazo- consiste en sensibilizar a las mujeres y si se produce una interpretación de la norma en sentido negativo para esas inmigrantes, presentaremos los recursos correspondientes para que no se ejecute su expulsión de España".
Desde SOS Racismo en Barcelona, su portavoz Begoña Martínez considera que "el tema es grave y es una nueva muestra de racismo institucional que vulnera los derechos fundamentales". En su opinión, "el temor a la expulsión es una espada de Damocles para los inmigrantes y en otros casos ya se ha demostrado que es un freno para las denuncias de explotación laboral, racismo o agresiones". Desde esa entidad, se asegura que en los últimos meses han recibido quejas por parte de inmigrantes expedientados tras efectuar una denuncia. "Incluso recientemente hubo una expulsión de una persona con un juicio pendiente por haber sido agredida".
Más contemporizadora se muestra Montserrat Comas Argemir, del Observatorio contra la Violencia de las Mujeres, quien asegura que esta circular responde a la necesidad de aclarar la confusión que en algunas comisarías y cuarteles se había suscitado con relación a qué ley primaba, si la de Extranjería o la de violencia sexista. Por esa razón, evalúa "positivamente" su contenido si se cumple estrictamente. Eso significa que toda mujer que acuda a denunciar un caso de agresión pueda acogerse a un permiso de residencia temporal. "En este sentido, es una circular províctimas, ya que va a priorizar la asistencia a las mujeres maltratadas".
Curiosamente, el criterio de la Asociación Independiente de la Guardia Civil (Asigc) a la vista de esta orden es muy crítico ya que teme que aquellas mujeres que estén en situación irregular en España "difícilmente denunciarán a su pareja o al proxeneta que las esté maltratando, salvo que su situación sea inaguantable o peligrosa para su propia integridad física y anteponga la posibilidad de expulsión a su propia seguridad". Para Asigc, en la práctica, el trato a los extranjeros ilegales es el mismo que se estaba dando a los inmigrantres por parte de anteriores gobiernos.
LA VANGUARDIA DIGITAL C. LÓPEZ J. PLAYÀ - 28/09/2005 MADRID BARCELONA
"Nosotros somos militares, somos verdaderos militares. Porque venimos andando hasta aquí, recorremos las montañas varias veces por donde están las serpientes, todos los peligros.
Nos esforzamos hasta llegar aquí, somos como militares". Así hablaba a La Vanguardia Musa, un joven de Costa de Marfil, el domingo por la tarde en el monte Marihuari, junto al perímetro fronterizo de Melilla. Musa fue uno de los 500 subsaharianos que, entre las cinco y las seis de la mañana de anteayer, intentaron acceder a Melilla en un asalto organizado con características militares. Apenas 18 horas después, los hechos se repetían casi al milímetro: otro medio millar de inmigrantes se abalanzó contra la valla.
Y si el lunes 85 desesperados consiguieron pasar a la ciudad autónoma, con un balance de 12 heridos, anoche otros 200 inmigrantes sin papeles les siguieron los pasos. Al cierre de esta edición, aún se desconocía a qué precio, aunque las ambulancias no daban abasto para trasladar heridos. Tanto en un caso como en otro los asaltos fueron protagonizados por sin papeles en grupos de hasta 100 personas a lo largo de los 12 kilómetros de la doble valla que les separaba de Europa. Fueron asaltos organizados, más allá de la iniciativa de un puñado de compatriotas en apuros.
En los conciliábulos de entre seis y diez personas que se paseaban por la zona la madrugada del lunes, en las horas previas al asalto, figuraban mezclados inmigrantes de varias nacionalidades. "Nos hemos unido; nuestra única salida es organizarnos e intentar entrar todos a la vez", apuntaba Yusef, agotado ante los sucesivos intentos de las últimas semanas y la presión a la que someten a los inmigrantes las fuerzas auxiliares marroquíes. "Hemos llamado a los malienses, los senegaleses,... todas las nacionalidades, para ser el mayor número posible de gente. Estamos preparados para dirigirnos hacia Melilla. Es la única manera de cansarles y de lograr que entre mucha gente. Estamos muy cansados".
A las 21 horas del lunes la Guardia Civil desplegó un gran dispositivo entre Río Nano y los Pinares de Rostrogordo (en los apenas 2 kilómetros del perímetro en los que aún no se ha elevado la valla de 3 a 6 metros). Por ahí se produjo parte de la avalancha, que los inmigrantes completaron junto a la aduana de Beni Enzar. Por allí, también, se repitió la avalancha de anoche, sin que los agentes, que volvieron a emplear material anti disturbios, pudiera frenar las sucesivas oleadas.
La historia fue un calco de lo que había ocurrido la víspera, cuando grupos de hasta 100 personas asaltaron por turnos la valla, tanto por el tramo del bosque de Marihuari como por la recién estrenada valla de seis metros. Los agentes, que utilizaron material antidisturbios, intervinieron 270 escaleras artesanales abandonadas o arrebatadas a los inmigrantes durante la acción. Finalmente, en el primer intento lograron entrar 70 hombres, 10 mujeres y 5 menores. En el segundo, ayer, la cifra fue muy superior: unos 200.
A todos se les abrirá un expediente de expulsión que supondrá en la práctica que no podrán ser devueltos a Marruecos y que deberán ser acogidos en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) hasta que sean trasladados a la Península. El problema es que el CETI, con una capacidad para 480 personas, alberga a 750, a pesar de los traslados semanales a Andalucía. Con el registro y el expediente de expulsión, los extranjeros pueden pedir plaza en el CETI. Ayer, sin embargo, tuvieron que dormir a la intemperie, en los alrededores del centro, a la espera de plaza.
Los subsaharianos, con la orden de expulsión en la mano, tienen la esperanza de seguir los mismos pasos que sus compatriotas que, después de varios meses en Melilla, han logrado un salvoconducto para viajar a Málaga o Almería con el compromiso de volver a sus países de origen.
El último asalto masivo se produjo en varios puntos de la valla, en especial en la zona donde aún no ha sido elevada a seis metros. La avalancha se saldó inicialmente con un balance de nueves heridos, seis agentes y tres inmigrantes. Esta madrugada, sin embargo, esa cifra ya amenazaba con quedarse muy corta, a tenor de las idas y venidas de ambulancias con subsaharianos heridos, algunos con fracturas importantes y otras lesiones ocasionadas en la caída. Los inmigrantes se intentaron aprovechar del desconcierto de la Guardia Civil, cuyos agentes parecieron sorprendidos porque los inmigrantes eligieran la misma zona para dar el salto e hiciera caso omiso a la presencia policial.
El Gobierno de la ciudad autónoma de Melilla exigió ayer, antes de que trascendiera que la valla iba a sufrir una nueva acometida, la "máxima celeridad" para acabar con las avalanchas porque estos hechos "han pasado de ser un fenómeno a ser un problema de seguridad para Melilla". En opinión del Ejecutivo autonómico, fue el gobierno socialista de Zapatero el que "con su papeles para todos provocó un efecto llamada cuyas consecuencias sufrimos todos los melillenses".
La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) pidió también al Ejecutivo que aumente los medios materiales y el número de agentes encargados de la vigilancia de la valla fronteriza, además de exigir la colaboración de Marruecos para evitar nuevas entradas masivas.
Ante los reiterados intentos de entrada en Melilla, la AUGC considera necesario el "inmediato" refuerzo de las dotaciones y de los medios materiales e instalaciones para salvaguardar la integridad de los agentes que vigilan la valla fronteriza y que "corren serio peligro".
La asociación subraya que del mismo modo que "es responsabilidad del Gobierno" garantizar que las fuerzas y cuerpos de seguridad respetan escrupulosamente los derechos y libertades de los ciudadanos, también lo es garantizar la seguridad de los trabajadores de la Policía y de la Guardia Civil durante el ejercicio de sus funciones, "máxime si éstas se desarrollan en las dificilísimas condiciones que se reproducen cotidianamente en Melilla y Ceuta, donde hay que recurrir con habitualidad al empleo de medios antidisturbios".
LA VANGUARDIA DIGITAL CARLA FIBLA - 28/09/2005 Corresponsal. MELILLA / NADOR
Zulema, una dominicana que vive de lo que gana con la prostitución, recibe una paliza de uno de sus clientes, pero cuando su amiga Caye la anima a denunciarlo a las autoridades, le confiesa que no se atreve porque no tiene papeles. Teme que la policía se entere de su situación y la expulse de España. Ésta es una historia ficticia que ha llevado a la pantalla la actriz Micaela Nevárez, en el papel de Zulema, protagonista con Candela Peña de Princesas, película preseleccionada para el Oscar. Pero refleja un temor que hoy comparten miles de mujeres inmigrantes que no poseen la documentación para residir legalmente en España.
¿Qué pasa si una inmigrante sin permiso de residencia en España acude a denunciar una agresión? Hasta ahora los policías no lo tenían muy claro, pero en general se limitaban a abrir diligencias y a solicitar el nombre de la denunciante y su DNI o pasaporte, sin preguntar sobre la legalidad de su presencia en España. Pero, de acuerdo con la ley de Extranjería e incluso con la ley orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, los funcionarios policiales están obligados a abrir un procedimiento sancionador en los supuestos de estancia irregular, es decir, si tras comprobar su identidad descubren que carecen de papeles. De ahí que, según fuentes oficiales, desde ese mismo cuerpo se hicieran consultas a las altas instancias del Ministerio de Interior sobre cuál debía ser su actitud en estos casos. Y la respuesta ha causado preocupación porque viene a dar argumentos a todas las Zulema de la vida real y para justificar su negativa a entrar en una comisaría.
El secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, dictó el pasado 29 de julio una instrucción con el número 14/ 2005 sobre "actuación de dependencias policiales en relación con mujeres extranjeras víctimas de violencia doméstica o de género en situación administrativa irregular", y ésta ha sido publicada a principios de septiembre. Su objetivo es conjugar las obligaciones policiales respecto a las situaciones irregulares con el derecho de las mujeres maltratadas a ser protegidas y la posibilidad que en estos casos les ofrece la ley para obtener una autorización de residencia temporal. ¿Qué dice la instrucción emanada del Ministerio del Interior? En primer lugar establece como prioritaria la asistencia y protección de las mujeres que acuden a denunciar casos de violencia doméstica o de género. Inmediatamente señala que se le informará de su derecho a solicitar a la autoridad judicial una orden de protección. Ysi no tiene papeles se le indicará que en el caso de que el juez le conceda esa protección tiene derecho a solicitar un permiso de residencia temporal en nuestro país.
Tras esa aparente neutralidad se esconde un peligro. Según asegura la Asociación Independiente de la Guardia Civil, eso significa que a todas las denunciantes de malos tratos que acudan a la comisaría de policía o al cuartel de la Guardia Civil se les abre procedimiento de expulsión. En el mejor de los casos serán sólo sancionadas, pero su destino final puede ser la expulsión de España. Si piden una orden de protección, entonces se paraliza el expediente durante un mes y, si el juez se lo concede, pueden pedir la residencia temporal. Si obtienen ese permiso, el procedimiento abierto "proseguirá", pero el instructor "formulará propuesta de resolución sustituyendo la de expulsión por la de multa, cuya cuantía será la inferior de las señaladas como posibles por la ley para la infracción cometida". Si no se abren diligencias o si se inician pero no se adopta medida de protección por parte del juez, o si se dan esas medidas pero no se concede el permiso solicitado, en todos esos casos el instructor del expediente abierto propondrá la expulsión del país de la denunciante.
Cuando el director Fernando León de Aranoa rodó Princesas no conocía esa orden pero su guionista intuyó que ese era un problema real, o quién sabe si ya se lo había contado alguna mujer maltratada que en su paso por comisaría se enfrentó a un funcionario más quisquilloso que preguntó por sus papeles. Como en tantas ocasiones, la ficción se avanza a la realidad.
LA VANGUARDIA DIGITAL JOSEP PLAYÀ MASET - 27/09/2005 BARCELONA
La secretaria de Estado para la Inmigración, Consuelo Rumí, no entró a valorar si en el último año y medio ha existido o no colaboración por parte de Marruecos en el tema de la reintegración de los menores extranjeros no acompañados como denuncia la Ciudad Autónoma, que apostilla que a lo largo de este tiempo no se han producido devoluciones.
Mantiene la Ciudad Autónoma que este ha sido uno de los motivos que han conducido a la saturación actual que padecen los centros de acogida, un hecho que se ha visto agravado en los últimos meses por una entrada importante y continua de niños del país vecino.
Cifras La portavoz de Inmigración, que reconoció que se están produciendo estas entradas continuadas y que es necesario acabar con estas avalanchas, señaló que el número de menores extranjeros acogidos por la Ciudad Autónoma es de 172, cifra muy inferior a los 372 niños tutelados en 2003. "Estos datos nos hablan de cuál es la realidad actual". No obstante, aseguró que "estamos avanzando en el ámbito de la repatriación asistida de los menores extranjeros no acompañados con Marruecos".
De hecho recordó que a comienzos de verano, el grupo de trabajo hispano-marroquí creado para abordar temas de inmigración, adoptó una serie de acuerdos. El primero de ellos hizo posible que una delegación marroquí, en la que se incluían ONGs que trabajan con menores, conociera distintos centros de acogida de niños y niñas de la península para recabar información sobre su funcionamiento. En segundo lugar, se acordó "elevar el rango" del memorando firmado por ambos gobiernos "para el fortalecimiento de las garantías" legales y constitucionales "de la repatriación de estos menores".
Y en tercer lugar se comprometieron a la construcción de forma conjunta de centros de acogida en territorio marroquí. El tercero de estos acuerdos sigue a buen ritmo porque en octubre, según aseguró Consuelo Rumí, habrá una nueva reunión para "estudiar los posibles terrenos" y para hablar de la financiación de las obras.
Devoluciones La secretaria de Estado para la Inmigración, que dejó claro que la patria potestad y tutela de los menores extranjeros no acompañados acogidos es competencia de las comunidades autónomas y no del Estado, aseguró que tanto España como Marruecos, tal como queda reflejado en el memorando y en los acuerdos internacionales suscritos por ambos países, la primera de las prioridades es que los menores "sean devueltos a sus familias y en el caso de que no sea posible, que las autoridades del país se hagan cargo de los mismos".
Afirmó Consuelo Rumí que el Gobierno central está trabajando con las comunidades autónomas y con la Fiscalía de Menores para hacer posible que la devolución o reintegración de estos menores se haga "con todas las garantías".
La secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, apuntó ayer que algunas Comunidades Autónomas no están cumpliendo con su compromiso de acoger a inmigrantes derivados de las islas Canarias y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla dentro del plan diseñado por el Gobierno socialista para evitar la saturación de inmigrantes irregulares en estos tres puntos de la geografía española.
Rumí recordó que cuando se presentó este plan todas las Comunidades Autónomas quisieron suscribirse y participar en el reparto de los 120 millones de euros reservados como fondo para el citado plan.
La representante ministerial confirmó que "ha habido quien no ha cumplido sus compromisos" y ello se evaluará en la Comisión correspondiente que pretende convocar en los próximos meses.
Rumí contestaba así a las críticas vertidas por algunas comunidades autónomas que se quejan de la continua llegada de inmigrantes irregulares procedentes de Melilla.
En este sentido, la política que está llevando a cabo la Delegación del Gobierno desde hace meses es la de derivar a la Península a la mayoría de inmigrantes llegados a la ciudad de forma clandestina en grupos de 30 cada semana. Delegación les concede un salvoconducto o 'laissez-passer' con el compromiso de abandonar territorio español al cabo de un mes. Esta política es empleada especialmente con los subsaharianos y los asiáticos ya que los argelinos solteros suelen ser expulsados. Las familias son las que suelen obtener los permisos de residencia.
Izquierda Verde pide al Defensor que comparezca
Izquierda Verde ha solicitado la comparecencia del Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, ante la Comisión Mixta Congreso-Senado para que aporte los datos e informes que tenga en su poder sobre la situación de los inmigrantes en las zonas fronterizas de Marruecos con España. La petición se ha hecho coincidiendo con la visita a Melilla de los secretarios de Estado de Seguridad e Inmigración y Emigración, Antonio Camacho y Consuelo Rumí. Esta formación quiere saber más por qué desde el pasado tres de agosto se ha registrado la muerte de tres inmigrantes "después de haberse repelido intentos de entrada", señala la formación de izquierdas.
El secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, compareció ayer ante los medios acompañado de la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, y de parlamentarios y portavoces del Congreso después de visitar el perímetro fronterizo que separa Melilla de Marruecos, el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) y de reunirse con mandos policiales y de la Guardia Civil así como con representantes de algunas ONG's.
Camacho afirmó que las avalanchas de inmigranes que se están produciendo en la doble valla son "un problema de Estado" que el Gobierno central va a tratar "con absoluta transparencia". El secretario de Estado de Seguridad reconoció que la situación que está atravesando Melilla en materia de inmigración es "complicada" si bien apuntó que "no es nueva". Recordó que la presión migratoria sobre Melilla se remonta a los años 80 aunque en los últimos meses se ha intensificado el método de entrada masiva "especialmente violenta por el número de personas que acuden al perímetro y por la forma en la que se lleva a cabo".
Más medios Camacho reconoció la "magnífica labor" que están llevando a cabo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para controlar estas avalanchas y anunció que el Gobierno central apoyará esta vigilancia con medios humanos. El mandatario estatal apuntó que ya se ha aumentado en un 10% la plantilla de la Guardia Civil, incrementándose en más de cien personas desde el año 2003.
Asímismo, apuntó que los medios materiales destinados a la Benemérita estuvieron contemplados en una partida presupuestaria que volverá a reservarse en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2006.
Camacho también recordo las obras que comenzaron el año pasado para recrecer la doble valla de tres a seis metros con el fin de evitar la entrada de inmigrantes subsaharianos.
Este proyecto se está ejecutando de manera urgente en los dos tramos que quedaban pendientes de elevación, uno en la zona norte del perímetro situado en los Pinares de Rostrogordo y otro en la zona sur entre la frontera de Beni-Enzar y barrio Chino.
Las obras "terminarán en los próximos meses", dijo Antonio Camacho.
Un problema "humano y global"
El secretario de Estado de Seguridad apuntó que las avalanchas sobre Melilla, además de ser un "problema de Estado", son un "problema humano". En este sentido, manifestó que la voluntad del Gobierno central es seguir aplicando políticas de control de fronteras, encauzar la inmigración dentro de la legalidad, asegurar la integración de los inmigrantes y cooperar en todos los ámbitos para proteger los derechos y libertades de los extranjeros que residen en España y los que vendrán en un futuro. También definió los intentos de entrada masiva como un "problema global" que debe abordarse en foros internacionales en el ámbito de la UE y de las relaciones bilaterales entre los países en los que se generan flujos de inmigración.