Representantes de diversas ONG de inmigrantes advierten de que es necesario acompañar el proceso extraordinario de normalización de trabajadores extranjeros, cerrado el 7 de mayo, de toda una serie de medidas de integración. "Nada adelantamos con regularizar a la gente si no creamos espacios de integración y convivencia. Hacemos un llamamiento para que alcance cuanto antes un Pacto de Estado de inmigración", explicó Pedro Álvarez, del Voluntariado de Madres Dominicanas (VOMADE).
Se referían también a la necesidad de articular medidas de prevención que eviten situaciones de racismo como las que se están produciendo estos días en el madrileño barrio de Villaverde, a raíz del asesinato de un joven español presuntamente a manos de otro joven de nacionalidad ecuatoriana.
A su juicio, otros barrios de la capital española presentan un diagnóstico similar, que puede dar lugar a conflictos, como el distrito Centro, Tetuán y Usera.
Alvarez señaló que al barrio de Villaverde le faltan recursos para la implementación de medidas sociales que favorezcan una adecuada integración de todos y requirió más presupuesto a las autoridades en este sentido. Además, criticó la utilización que miembros de la extrema derecha hacen de estos hechos.
Por ello, tanto desde VOMADE, como desde la Asociación Española de Solidaridad con Colombia (AESCO), Asociación Hispano-Ecuatoriana Rumiñahui, Ari Peru, Aculco y Fenade, reclaman a las autoridades políticas "cuanto antes" un Pacto de Estado de Inmigración que equipare derechos.
VALORACIÓN POSITIVA DE LA NORMALIZACIÓN
Estas organizaciones valoran positivamente el proceso extraordinario recientemente terminado, aunque consideran que la Administración debería haberle dado una mayor flexibilidad, especialmente en lo que se refiere al empadronamiento por omisión.
"De haber tomado antes la decisión, podrían haberse beneficiado más inmigrantes de ella", aseguró Yolanda Villavicencio, de AESCO.
En cualquier caso, entienden que este proceso está exclusivamente dirigido a inmigrantes trabajadores y, por ello, ya se han puesto a trabajar en todas las vías que el Reglamento contempla para la regularización de extranjeros que no trabajan, como son los menores de 16 años, cónyuges y mayores de 64 años.
"Nuestras asesorías jurídicas se comprometen a estudiar las expectativas que abre el Reglamento de Extranjería para aquellos compañeros que no han podido entrar en este proceso, a fin de que puedan regularizar su situación de forma inmediata", recalcan.
Se trata de que estas personas, que permanecen en la irregularidad, y que el Gobierno ha cifrado en unas 400.000 aunque las ONG aseguran que son más, puedan beneficiarse de las figuras del arraigo social y laboral e incluso obtener un permiso por razones humanitarias.
La Guardia Civil proyecta ampliar el Sistema Integral de Vigilancia del Estrecho de Gibraltar (SIVE) a las costas de Murcia, Valencia y resto del Mediterráneo español al observar que las organizaciones de tráfico ilícito de personas y drogas desplazan su actividad hacia el norte. Así lo expresó el teniente coronel de la Guardia Civil Francisco Díez Ticio en la inauguración del seminario La cooperación de los servicios marítimos policiales y aduaneros, en el que participan representantes de 22 países de la UE y delegados de Europol.
El teniente coronel recordó que el SIVE está implantado en toda la costa andaluza, Ceuta, Melilla y Canarias, y añadió que su despliegue es "costoso" ya que supone el desembolso de 232 millones de euros para el periodo 2000-2008 (32 de ellos en el ejercicio 2004).
Gracias a los modernos sistemas técnicos que contempla, indicó que hasta el momento ha permitido "resolver" la amenaza de las organizaciones criminales que operaban en las costas que circundan el Estrecho. Sin embargo, explicó que "ese blindaje de la frontera sur" ha obligado a las organizaciones delictivas de tráfico de drogas y de personas a "intentar evadirlo" desplazándose "hacia el Mediterráneo y las costas de Portugal", ya que son zonas "que no están cubiertas por este sistema".
El teniente coronel admitió que la "idea" es extender el operativo "a todas las comandancias costeras" para afrontar este desplazamiento desde el sur incluso hasta las playas de Tarragona, aunque precisó que "depende de los presupuestos" y de la decisión política.
Por su parte, el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, abogó ayer por la creación de un fondo europeo para sufragar el coste que supone "el tan exigente y exigido" control de la frontera sur europea, así como por el impulso de programas de cooperación entre Andalucía y la UE en materia de inmigración. Chamizo subrayó que en Andalucía no existe previsión concreta alguna en cuanto a un régimen especial para esta comunidad como región fronteriza.
La ausencia de frutos en la negociación entre el alcalde de El Ejido (Almería), Juan Enciso y la dirección regional del Partido Popular para el cese de la junta local ejidense del concejal y presidente de la Diputación, José Añez, fue en la noche del pasado lunes la confirmación de la quiebra del partido en Almería. "El acuerdo pasa por cesar a Añez y les he dicho que no lo voy a hacer", aseguró ayer Enciso, quien se mostró dispuesto a asumir "todas las consecuencias" que se deriven de su decisión y que, casi con toda seguridad, pasarán por su expulsión del partido tal y como ya hiciese el Comité Nacional de Derechos y Garantías con Añez. El alcalde dijo que no le agradaría marcharse, pero precisó que si se ve obligado a hacerlo si irá, recordando que esta responsabilidad es "cosa de otros" ,en referencia a la dirección regional del PP-A. A juicio de Enciso, la cúpula andaluza del partido pretende que se "desprenda de Añez para que haya un enfrentamiento, debilitarlo como alcalde y empezar una persecución", una situación que -según dijo- "no voy a permitir".
Para el alcalde ejidense "no hay plazos", aunque a partir del jueves el PP podría constituir una gestora en el municipio, puesto que se cumpliría el plazo establecido en los Estatutos para acatar la resolución. Por el momento, según aseguró Enciso, no hay fecha para una nueva reunión que permita llegar al acuerdo, aunque no obstante se mostró dispuesto a mantener una nueva cita. "Si me llaman acudiré", sentenció.
El Real Madrid ha iniciado una investigación interna para depurar responsabilidades por la colocación de una pancarta racista en el fondo sur del Santiago Bernabeu durante el partido contra el Racing el sábado pasado. Fuentes de la entidad blanca aseguran que si se confirma que los autores son socios, serán expulsados. Los primeros datos de la investigación que maneja el club, según ha sabido este diario, señalan que una buena parte de los propios ultrasur no sabía de la existencia de dicha pancarta, en la que se venía a tildar de asesinos a los inmigrantes con ocasión de la muerte de un joven del barrio madrileño de Villaverde a manos de un dominicano.
En el club tampoco ha gustado nada que a la conclusión del partido Roberto Carlos se acercara a la banda para regalarle su camiseta al líder fundador de ultrasur, José Luis Ochaíta, si bien fuentes oficiales del Madrid prefieren no desvelar si se ha amonestado al jugador por el gesto. "Eso forma parte del régimen interno", explicó un portavoz.
José Luis Ochaíta protagonizó en su día un incidente violento en el Pabellón Saporta y fue condenado a cuatro años de prohibición de asisa cualquier recinto deportivo. Cumplió su sanción hace siete años y desde entonces perdió su condición de socio. En la actualidad, según la versión del club, Ochaíta no tiene ninguna vinculación con los actuales ultrasur, aunque frecuenta el fondo sur en los partidos.
El Madrid considera que en los últimos cinco años el número de hinchas radicales, los conocidos ultrasur, se ha reducido entre un 45% y un 50%. Su número se calcula entrete las quinientas y las mil personas. Para las mismas fuentes oficiales del club "los sucesos violentos o racistas han desaparecido casi por completo del Bernabeu en los últimos cinco años".
El más grave de los últimos incidentes tuvo lugar en el España-Inglaterra del pasado noviembre, cuando los futbolistas negros de la selección inglesa sufrieron un fuerte abucheo racista, pero el encuentro lo organizaba la Federación Española. Semanas después padecieron gritos racistas dos jugadores negros del Bayer Leverkusen en un partido de Champions. En esta ocasión el Madrid acusó de éstos a un grupo de rumanos que era la primera vez que pisaban el Bernabeu y que otras fuentes vinculan con una cadena de televisión inglesa que buscaba desprestigiar la candidatura de Madrid a los Juegos del 2012.
En cuanto al incidente racista del sábado, la colocación de la pancarta con el texto: "Nos invaden. Nos matan. Justicia para España. Justicia para Manu", el club señala que se trataba de una pancarta de papel muy fino, imposible de detectar en las puertas de acceso al estadio. "Nuestros guardas de seguridad la retiraron nada más aparecer".
El texto hacía referencia al joven madrileño Manuel G.C., asesinado la semana pasada por un inmigrante dominicano en el barrio de Villaverde. El suceso provocó disturbios y razzias contra los inmigrantes en la zona.
Desde el Madrid se valora muy positivamente que el público del Bernabeu reaccionara a la aparición de la pancarta con un fuerte abucheo dirigido a los ultras.
La Comisión Antiviolencia deberá decidir esta semana si propone una multa para el club. Fuentes del Madrid señalan que Roberto Carlos es precisamente el jugador que más gritos xenófobos recibe cuando el Madrid juega fuera de casa, y destacan en este apartado los que sufrió cuando el Madrid visitó en noviembre el Camp Nou o hace sólo dos semanas en Anoeta.
LA VANGUARDIA DIGITAL CARLOS NOVO - 11/05/2005 Madrid
Después del proceso de regularización más ambicioso emprendido nunca en España y de recibir casi 700.000 solicitudes, todavía quedan en el país una cifra indeterminada de inmigrantes sin papeles que pueden superar ampliamente los 200.000.
Así se deduce de los datos aportados ayer por el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, en el balance del proceso extraordinario de regularización que concluyó a las 12 de la noche del pasado sábado. Caldera explicó que el estudio detallado de las cifras del padrón correspondientes al 1 de enero de este año expone que en España residen 2.861.430 extracomunitarios, de los cuales 1.456.226 tenían permiso de residencia en esa misma fecha. La diferencia arroja un sal-do de 1.405.204 de extranjeros que al comenzar el presente año se encontraban en situación irregular. Teniendo en cuenta las 690.679 solicitudes presentadas en el proceso extraordinario y que no todos los inmigrantes que residen en España trabajan, el equipo de Caldera ha elaborado tres hipótesis sobre el número de personas que quedan en situación irregular una vez concluido el proceso.
Dependiendo de la tasa de ocupación real (número de personas en edad de trabajar que lo hacen o están apuntados en el paro), las cifras del ministerio oscilan entre 63.108 inmigrantes irregulares para una tasa del 65% y 179.076 sin papeles si la tasa es del 75%. Caldera explicó que la tasa de ocupación española es del 61%.No obstante, este índice entre el colectivo inmigrante es muy superior al español, pues en buena lógica sus motivos para emigrar son de índole económica. Es decir, una mayoría han venido a España sin sus parejas.
A ellos habrá que sumar las más de 20.000 peticiones que serán rechazadas por no cumplir los requisitos exigidos. Además, el cálculo efectuado por el Gobierno no ha tenido en cuenta que un número todavía indeterminado de inmigrantes se han acogido al proceso a través de la figura del empadronamiento por -por lo que no podían estar registrados en las cifras del INE- y que exite otro número difícil de precisar que no ha llegado a empadronarse nunca. A los que hay que sumar, lógicamente, quienes han llegado a España irregularmente desde el pasado 1 de enero.
En relación con qué va a pasar con todas estas personas, el ministro fue contundente: "Quien no pueda acogerse a la figura del arraigo será repatriado". Para solicitar la regularización mediante este supuesto deberá demostrarse la presencia en España durante tres años y la existencia de una situación laboral irregular durante un año.
Haciendo balance de los resultados, Caldera utilizó un tono triunfalista al afirmar que se ha tratado de un "proceso único en la historia de los países industrializados", que además ha supuesto "un reforzamiento del componente ético de la sociedad española".
El titular de Asuntos Sociales explicó que los más de 650.000 permisos de trabajo que se otorgarán no generarán un nuevo gasto social, pues los servicios ya se prestaban. Y, por el contrario, supondrán una fuerte inyección de ingresos a la Seguridad Social por el elevadísismo número de nuevos contratos registrados.
Jesús Caldera también fue contundente al asegurar que la práctica totalidad de las solicitudes presentadas se traducirán en altas a la Seguridad Social. Argumentó el ministro que ningún empresario iría a dar sus datos a la Administración sobre la existencia de una situación ilegal para después no concluir los trámites encaminados a normalizarla. El ministro también negó que se haya producido un incremento de la inmigración irregular durante el 2004.
Al tiempo, Caldera afirmó que ahora comenzará una intensa ofensiva de la Inspección de Trabajo para detectar las situaciones de fraude que no han querido acogerse a esta oportunidad para normalizarla. "A partir de ahora aplicaremos la ley con firmeza", señaló el ministro, quien apuntó directamente a las ciudades de Ceuta y Melilla, donde el número de solicitudes ha sido ínfimo en relación con el resto de las comunidades autónomas. "Nos vamos a volcar en inspecciones en Ceuta y Melilla", apuntó en su comparecencia ante los medios de comunicación.
Por su parte, el secretario general del PP, Ángel Acebes, advirtió ayer de "graves consecuencias" en poco tiempo si el Gobierno no ha previsto el impacto en la convivencia del proceso extraordinario de normalización de trabajadores extranjeros que se cerró el pasado sábado. A juicio de Acebes, Caldera ha conseguido todos los objetivos que se proponía: "Efecto llamada puertas abiertas y regularización masiva". La secretaria de acción social del PP, Ana Pastor, definió el proceso como "una campaña de ilegalización masiva". Pastor cifró el número de inmigrantes que todavía quedan en situación irregular en alrededor de un millón y aseguró que el empleo para extranjeros no comunitarios tras la normalización solamente ha crecido un 5%.
LA VANGUARDIA DIGITAL LUIS IZQUIERDO - 10/05/2005 MADRID
El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, calificó de éxito la cifra final de 690.679 peticiones de regularización de inmigrantes porque supone hacer aflorar más del 80 por ciento de la economía sumergida, dar derechos a esos trabajadores y "garantiza el futuro de nuestras pensiones". Mientras, el PP alertó de las consecuencias de las "puertas abiertas".
Caldera hizo hoy balance del proceso de regularización de trabajadores inmigrantes que concluyó el sábado con un récord de 54.744 peticiones y aseguró que los datos demuestran que obtendrá papeles el 80 por ciento o más de los extranjeros en edad de trabajar, a los que habrá que añadir sus cónyuges e hijos, que también podrán regularizar su situación.
Hasta ahora, subrayó, estas personas generaban gasto público y a partir de su regularización, a través del IRPF y de las cotizaciones a la Seguridad Social, generarán ingresos "ayudando a mantener el Estado del Bienestar y el sostenimiento del sistema de pensiones", insistió.
Caldera consideró "ridículo" pensar que hay empresarios que después de presentar la solicitud de regularización de su trabajador no van a darle de alta en la Seguridad Social, porque sería "como denunciarse a sí mismo".
Sin embargo, reconoció que no está satisfecho con las bajas cifras registradas en Ceuta y Melilla, donde se va a "volcar" la inspección, y avanzó también que se estudiará lo ocurrido en algunas provincias del interior donde el número de solicitudes es más bajo que la media en relación a los extranjeros empadronados. Esta misma semana se presentará a los agentes sociales el programa específico de inspecciones, 500.000 antes de fin de año.
A partir de ahora, añadió, los empresarios que contraten irregulares serán sancionados "severamente" y se aplicará la ley de extranjería "con toda integridad y firmeza" a los "pocos" que hayan quedado fuera del proceso: se beneficiarán del arraigo laboral y social si cumplen los requisitos y "se intentará repatriar en condiciones humanitarias" a quienes no los cumpla.
Según los datos del Ministerio, han podido quedar al margen del proceso entre 63.108 y un máximo de 179.076 personas en edad de trabajar.
El arraigo social comenzará a aplicarse a partir del agosto y Caldera avanzó que la comisión laboral tripartita se va a reunir de inmediato para fijar los criterios del catálogo de ocupaciones de difícil cobertura en cada provincia, que determinará las ofertas de trabajo que podrán dirigirse al extranjero.
En opinión del ministro, se ha llevado a cabo "un proceso único en la historia de los países industrializados" que "refuerza el componente ético de los españoles" y demuestra que la sociedad española es "generosa, solidaria y envidiada", por lo que el éxito es suyo.
Según los datos aportados por Caldera, el 88 por ciento de las peticiones ha sido admitido a trámite, el 3 por ciento no ha sido admitido y casi el 9 por ciento está pendiente de algún certificado. Más del 60 por ciento de las solicitudes de regularización se han presentado en Madrid (170.784), Catalunya (138.537) y la Comunidad Valenciana (106.711).
Ecuatorianos (139.714 solicitudes), rumanos (118.298) y marroquíes (85.969) suman cerca del 50 por ciento de los expedientes, seguidos de colombianos, bolivianos y búlgaros.
Por sectores de actividad, el servicio doméstico agrupa el 31,67 por ciento del total -217.627 peticiones de las que el 83,4 por ciento corresponde a mujeres- y le sigue la construcción, con 142.654 solicitudes y cerca del 95 por ciento de hombres. Ganadería y agricultura agrupan 100.408 peticiones; la hostelería, 71.202; el comercio al por menor, 32.778; y la fabricación de textiles, 17.700.
Del conjunto de peticiones, el 58,76 por ciento corresponde a hombres y el 41,24 a mujeres, aunque esta distribución presenta grandes variaciones por nacionalidades, ya que, por ejemplo, entre los marroquíes sólo hay un 15 por ciento de mujeres.
Se han resuelto ya todos los expedientes presentados hasta el 14 de marzo, el 31 por ciento del total, y el 90 por ciento con resultado positivo, añadió Caldera tras confiar en cerrar el proceso en dos meses y medio.
Según apuntó, se han registrado 548 denuncias individuales de trabajadores y 747 denuncias de sindicatos y ONG; se han abierto 770 expedientes en comprobación, se han emitido 525 informes, se han efectuado 700 requerimientos y se han abierto sólo 24 actas de infracción, datos que demuestran que el proceso ha sido "extraordinariamente limpio".
En opinión del titular de Trabajo, la ausencia de incidentes y la cifra final demuestra que el plazo fijado de tres meses era "perfectamente suficiente" y que había en España cuando el PSOE llegó al Gobierno cientos de miles de personas que trabajaban ilegalmente.
Caldera aseguró también el apoyo al proceso del Observatorio Europeo contra el Racismo y la Xenofobia y del comisario europeo de empleo y se mostró convencido de que el instrumento puesto en marcha en España "es el futuro" y "es lo que va a hacer Europa" a partir de ahora.
Insistió en este contexto en la característica que hace de este proceso un proceso único en la historia de España, la exigencia de un contrato de trabajo, con lo que "en vez de dar papeles, como hacía el señor Rajoy, lo que hemos hecho ha sido dar dignidad, contratos y altas en la Seguridad Social". Caldera se mostró convencido de que el 80 por ciento de los extranjeros regularizados por los Gobiernos del PP siguieron trabajando en la economía sumergida.
Críticas del PP Frente a su satisfacción, el secretario general del PP, Angel Acebes, calificó el proceso de "caótico" y consideró que el ministro ha conseguido "plenamente" sus objetivos si éstos eran "de irregularización masiva" y "puertas abiertas". Recordó que a los extranjeros residentes en España habrá que añadir los que pueden venir gracias a la reagrupación familiar y advirtió que habrá que ver las consecuencias cuando demanden servicios sanitarios o vivienda, al tiempo que pidió medidas para evitar "bolsas de marginalidad" que pueden generar xenofobia y enfrentamientos.
CC.OO anunció por su parte que promoverá la actuación de la Fiscalía para perseguir a los empresarios que contraten de modo irregular a inmigrantes y se aplique el Código Penal al considerar que no sólo se les debe sancionar desde el punto de vista laboral, sino también por "la explotación de seres humanos". El secretario general de este sindicato, José María Fidalgo, consideró "ambicioso y positivo" el proceso al permitir aflorar "una parte importante" de la economía sumergida, y la secretaria de Igualdad de UGT, Almudena Fontecha, coincidió con ese análisis al calificarlo de "muy satisfactorio" no sólo por la cifra de solicitudes, sino por implicar la regularización laboral.
Desde IU-ICV, Joan Herrera valoró el proceso, pero como varias ONG de inmigrantes pidió al Gobierno una solución para los trabajadores inmigrantes a los que sus empleadores "no les han ofrecido un contrato de trabajo o les han despedido" aunque cumplían con los demás requisitos. Su grupo parlamentario presentó hoy en el Congreso una proposición no de ley con ese objetivo y para "multiplicar e intensificar" la Inspección de Trabajo.
Por parte de CiU, Carles Campuzano consideró que el proceso ha sido la "expresión del fracaso del Gobierno del PP» y ha actuado de manera "contundente" contra la economía sumergida, aunque criticó la "improvisación" y la "insuficiente" vigilancia de las fronteras españolas que podría aumentar el número de inmigrantes irregulares.
La asociación hispano-ecuatoriana Rumiñahui pidió ayer un estatus temporal para la búsqueda de empleo para los inmigrantes despedidos en el transcurso del proceso y hoy la asociación de trabajadores marroquíes ATIME solicitó una alternativa "más allá" de las repatriaciones para quienes han quedado al margen.
El presidente de ATIME, Mustafá Mrabet, consideró que el principal problema han sido las ofertas de trabajo por parte de los empresarios y reclamó que se deje de utilizar con intereses partidistas.
La cifra no es definitiva, pero no se alejará mucho de la final. El proceso de regularización en Catalunya se ha cerrado con 139.992 emigrantes que han presentado sus papeles para legalizar su situación en España.
El delegado del Gobierno en Catalunya, Joan Rangel, ofreció ayer el primer balance del proceso, que, en su opinión, es un paso trascendental para el afloramiento de la economía sumergida.
Así, en Catalunya, entre estas casi 140.000 personas predominan los ecuatorianos, que son el 21%, seguidos de marroquíes (17%), bolivianos (8%) y rumanos (7%). En este apartado, existen diferencias respecto al resto de España, pues si bien también el primer colectivo es el ecuatoriano (21%), el segundo es el rumano (17%) y le siguen marroquíes (12%), colombianos (9%) y bolivianos (7%). Por provincias, en Barcelona se han presentado 101.875 solicitudes, prevaleciendo ecuatorianos y marroquíes; en Girona, 16.388, sobre todo marroquíes; en Tarragona 14.306; y en Lleida, 6.722. En estas dos últimas prevalecen los rumanos.
Rangel cree que de todos los expedientes iniciados, tan sólo se rechazarán unos mil por falta de las condiciones requeridas.Apartir de ahora, valoró el delegado, se inicia una nueva etapa, donde la contratación debe hacerse en los países de origen.
De todas formas, el proceso concluyó con algunos problemas. A lo largo del día de ayer se aceptaron 13.500 solicitudes. Sobre las ocho de la noche de ayer, ante la sede de la Delegación del Gobierno comenzaron a concentrarse colectivos de sin papeles, causando aglomeraciones en las colas. Rangel evaluó que se tratarían de unas 1.300 personas, la mayoría pakistaníes y también marroquíes, muchos llegados "a última hora". La inmensa mayoría no cumplía ningún requisito para la legalización, insistió, y se trata de las mismas personas que protagonizan los encierros y las protestas. Muchos acuden engañados, con el argumento de que un pasaporte y dos testigos valían para la legalización, e incluso se dieron casos de intercambio de fotocopias en la cola. Rangel dijo que la policía tan sólo intervino para ordenar la cola y que no se practicó ninguna detención.
Por su parte, el portavoz de la Asamblea por la Regularización sin Condiciones, Enrique Mosquera, afirmó ayer que "en las colas no había ni orden ni concierto", informa Claudia Safont. Según Mosquera, el Gobierno había dicho que nadie que estuviera en la cola se quedaría sin poder ser atendido, "pero a las doce echaron a la gente ymuchas peticiones no fueron admitidas".
Las personas que el sábado se encerraron en la iglesia del Pi, a pesar de haber insistido en que se trataba de un encierro de apoyo independiente a los organizados por los inmigrantes, al final decidieron unirse a la manifestación de los inmigrantes encerrados y protestar con ellos en la sentada que tuvo lugar en plaza de Catalunya. Los encierros de inmigrantes en huelga de hambre continuarán al menos esta semana con la apertura de un nuevo centro en Sant Boi, aunque aún no han decidido qué harán en el futuro.
Joan Rangel insistió en que los que ahora no puedan legalizar su situación no tienen otro camino que regresar a su país y obtener un contrato de trabajo. Asimismo, informó de que durante el proceso de regularización la policía ha desarticulado varias redes de falsificación de documentos y se ha detenido a varias personas que introducían emigrantes ilegalmente en España.
LA VANGUARDIA DIGITAL SANTIAGO TARÍN - 09/05/2005 BARCELONA
Ríe más que habla. Es la sonrisa de alguien que acaba de ver cumplido un sueño que parecía inalcanzable: tener papeles. Yomaira Osorno Ramírez, de 24 años, natural de Barranquilla (Colombia), llegó a España en el 2001 con una carta de invitación por tres meses, pero no regresó a su país. Y así fue como se convirtió en una ilegal."Al principio, cuando veía a la policía temblaba. Pasé mucho miedo". Ha vivido los últimos cuatro años medio escondida.
En su vida clandestina Yomaira trabajó como camarera, cuidó niños, atendió ancianos y fue empleada doméstica. Ella fue de las primeras que acudió a pedir los papeles cuando se abrió el plazo, el pasado mes de febrero. "Cuando me dijeron que me los concedían rompí a llorar, no hay palabras para explicar lo que sentí en aquel momento", explica Yomaira. Aunque sí recuerda perfectamente lo primero que pasó por su cabeza sólo recibir la noticia: "Ahora ya no hay ningún impedimento para viajar a Colombia y visitar a mi madre, a la que no veo desde hace cuatro años", pensó. "Podré ir a mi país y volver como una persona normal sin que nadie me detenga ni expulse." Y esa libertad de movimientos es lo que más anhelaba, por encima de cualquier otra cosa, esta ciudadana colombiana que un día, con 20 años recién cumplidos, se percató de que "los comentarios que corrían en mi ciudad sobre lo fácil que era encontrar un trabajo y triunfar en España eran sólo una fantasía".
LA VANGUARDIA DIGITAL JAVIER RICOU - 08/05/2005 Lleida
La mezquita Tarik Ben Ziad de la calle Hospital de Barcelona, una de las más antiguas de la ciudad, abrió ayer sus puertas a los vecinos del barrio, políticos y periodistas, en la primera jornada de puertas abiertas de las mezquitas de Catalunya. El portavoz del Consell Islàmic Cultural de Catalunya, que organizó el acto, explicó que el objetivo era "borrar los estereotipos que envuelven el oratorio y la comunidad en general con la transparencia" y se comprometió en repetir la jornada anualmente.
La secretaria para la Immigració, Adela Ros; la directora general de Afers Religiosos, Montserrat Coll, y la Regidora de Relacions Institucionals, Kati Carreras, participaron en la jornada con respeto e interés. Adela Ros aseguró que "las mezquitas estan abiertas siempre; hemos venido hoy para pedir que sean una entidad más del barrio" porque "pueden aportar mucho".
Todos los presentes entraron en la mezquita después de quitarse los zapatos, para escuchar atentamente las palabras del imán, que explicó cómo rezan los musulmanes, las funciones de un reloj que marca las horas de la oración y las partes del edificio. Una vecina preguntó dónde estaban las mujeres, pero el portavoz rápidamente contestó que "no es el momento para un debate".
Fuera de la mezquita una decena de hombres estaban preparando una mesa con comida para picar. Tàmia, Humera y Zakira, tres chicas de 12 años, observaban con atención. Humera estudia primero de ESO y ha ganado cinco premios de los Jocs Florals. Le gustaría ser doctora y escritora. Por las tardes acude a la mezquita, donde recibe clases del Corán, "que a veces me aburren un poco". Adela Ros le dio la razón: "Yo me escapaba de las clases de catequesis".
LA VANGUARDIA DIGITAL MIQUEL CODOLAR - 08/05/2005 BARCELONA
El sindicato CCOO en Catalunya anunció al inicio del proceso de regularización que denunciaría a los empresarios que se negaran a contratar a sus irregulares. Ya ha cumplido su amenaza. Según desveló ayer el secretario de inmigración de la organización, Ghassan Saliba, hace unas semanas entregaron a la Inspección de Trabajo de Catalunya una lista de 90 empresas que se habían negado a participar en el proceso de regularización, pero continuaban empleando inmigrantes sin contrato. Saliba explicó que la inspección está actuando contra las empresas y muchas de ellas ya han recibido un requerimiento oficial para que normalicen su situación. Si siguenmanteniendo su actitud hasta el final del proceso, «el sindicato hará públicos los nombres» para que todo el mundo los conozca. Al margen de estas denuncias, CCOO ha contactado directamente con unas 30 empresas que también se negaban a contratar y ha conseguido convencerlos. «Les hemos amenazado con denunciarles e informar a la prensa y han acabado accediendo», explicó Saliba.
LA BOLSA QUE QUEDA
CCOO se felicitó también porque en Catalunya se vayan a poder regularizar unos 120.000 inmigrantes, pero coincidió con el sindicato UGT en lamentar que una cantidad equivalente, otros 100.000 trabajadores, vayan a «seguir en la economía sumergida». Jesús Husillos, presidente de la Asociación de Ayuda Mutua al Inmigrante en Catalunya (AMIC) de UGT pidió al Gobierno que aproveche otros instrumentos del reglamento de extranjería para regularizar a los inmigrantes que se han quedado fuera porque su empresario «no ha querido aprovechar la última oportunidad» que se le brindaba.
OTRAS VÍAS
El reglamento ofrece varias vías para los excluidos de la regularización: el arraigo laboral, que permite dar papeles a quien demuestre que ha trabajado un año de modo irregular, el arraigo social y la denominada «colaboración con las autoridades», cuyo alcance exacto el Gobierno aún debe precisar. Tanto CCOO como UGT han pedido también al Gobierno que «solucione» los casos de los inmigrantes que han sido despedidos recientemente porque sus empleadores no querían legalizar su situación y han lamentado las bajas cifras de solicitudes registradas en Lleida. «Los agricultores de estas comarcas no han trabajado bien el tema y siguen con la idea de los contratos en origen», criticaron.
«Los papeles son como un trofeo» Butach dejó la Universidad de Tetuán hace tres años para trabajar de camarero en Barcelona.
Los últimos tres años han sido para Ismail Butach como una carrera de fondo. Se lo jugó al todo o nada. Abandonó sus estudios de Historia en la Universidad de Tetuán por un precario empleo de camarero en Barcelona. Después de tres años de obstáculos, le comunicaron hace unos días que su expediente había sido aceptado. «Los papeles son como un trofeo a mi lucha. Es lo más grande que me ha pasado en la vida», afirmó emocionado el miércoles Butach, de 24 años recién cumplidos. El marroquí no es el típico inmigrante que atraviesa el Estrecho en una patera. Proviene de una familia bien aposentada de Larache. Su padre es profesor de Historia en la Universidad de Fez y su familia vive en una vistosa casa de dos plantas, sin estrecheces económicas. Él llegó en avión para aprender español en la Universitat de Barcelona. Butach desveló que vino a Europa «en busca de experiencias nuevas». Escogió Barcelona, porque es muy parecida a Tánger, ciudad que le encanta. «Las dos son mediterráneas. No hay tanta diferencia entre ellas como la gente cree. El problema es que muchos hablan sin conocer Marruecos», sostuvo.
Salir de la clandestinidad
Ahora ya está en un país del Tratado de Schengen y eso le permitirá poder visitar a sus familiares en Londres o Dakar, o regresar a Marruecos de vacaciones. «Me comunicaba con ellos por internet lamentó, porque era un sin papeles» En Barcelona, vive con su hermano, que trabaja en la fundación árabe Alqantara, y la esposa de éste, en una bonita casa de Sant Joan Despí. A Butach le gusta la ropa cara, pero en España opta por ir discreto. «Si la gente ve que vistes como un pijo, se pregunta de dónde sacas el dinero y si te ven como un pordiosero, te llaman moro de mierda», criticó. Pese a ello, el joven marroquí dijo comprender algunas reacciones, que atribuyó a la falta de cultura. «Hay personas que hablan sin conocer a los árabes ni el islam», explicó. Butach reza a Alá cinco veces todos los días como buen musulmán que es y dice sentir pena por muchos de sus amigos españoles, por «descreídos y amorales». Y cuando trabaja junta todas las oraciones en una larga, por la noche.
JORDI CORACHÁN BARCELONA
«Me tiré dos años sin salir de casa» La boliviana Teresa Feliciano dice que quiere tener su primer bebé y poder comprarse un piso.
La boliviana Teresa Feliciano tiene 31 años y unos ojos grandes y rasgados que llaman la atención. Proviene de la pequeña ciudad de Oruco, donde nació en el seno de una familia muy humilde, según su propio relato. «Trabajaba sin papeles y me tiré dos años sin salir de casa». ¿Sin salir a la calle? «Mi esposo Alfredo Blanco, que trabaja de albañil y yo salíamos de madrugada a trabajar y cuando regresábamos nos encerrábamos en la casa. Me acostumbre a esconderme, a vivir sin papeles. Cada vez que veía a un policía temía por Alfredo, porque con las mujeres no suelen meterse mucho». Las únicas salidas furtivas eran al cine matinal o a la playa. «Salíamos a las ocho de la mañana y regresábamos a casa antes del mediodía. Y de noche, nada. No íbamos a bailar, que nos gusta mucho, por miedo a una bronca o a algún control. De noche no salíamos ni al portal, porque este barrio es un poco malo». La vivienda a la que se refiere está en una cuarta planta de un desconchado edificio del barrio de Sant Roc de Badalona. La casera es una india, que no habla una palabra de español, y que ha alquilado una habitación al matrimonio boliviano. Una decena de personas, incluidos tres niños, comparten el pisito, de apenas 50 metros cuadrados. El hueco de la escalera sirve para tender la ropa ante la falta de espacio. A partir de ahora, con los papeles en la mano, Teresa Feliciano confía en que las cosas transcurran de otra manera. «Desde que nos dijeron que el expediente estaba aprobado desveló, Alfredo y yo nos hemos puesto manos a la obra para tener nuestro primer bebé, ahora que se dan las condiciones para que venga al mundo».
El explotador y el salvador
El marido también ha conseguido los papeles y hoy trabaja en la rehabilitación de un hotel. Ella, hasta ahora, trabajaba en un restaurante- masía de Teià (Maresme), cuyo dueño se negó a sacarla de la clandestinidad. En cambio, el propietario de una casa de comidas del Arc del Triomf de Barcelona le ha firmado los documentos sin conocerla apenas. Hoy trabaja de lavaplatos. «Gracias a este señor podré pedir una hipoteca para comprar un piso y tener un bebé», sentenció Teresa.
La comunidad musulmana del badalonés barrio de Llefià invitó ayer a todo el que quisiera a conocer su mezquita y a degustar dulces y pastas típicas de Marruecos. Y, té, por supuesto. Un centenar de personas, un tercio españoles, participó en la lúdica jornada. La razón de la fiesta, explicó el portavoz de la segunda mezquita más antigua de Catalunya, fundada en 1991, Mohamed Tatoo, es tender puentes a la convivencia. "Demostrar que en nuestros oratorios no hay drogas, bombas ni terroristas, sólo paz; una mezquita es un templo del amor y la cultura, un punto de encuentro de la comunidad". La iniciativa, apoyada por la Generalitat y el Consell Islàmic de Catalunya, se repitió en numerosas localidades del país, donde se celebraron jornadas de puertas abiertas.
Isidro Ferreté, sacerdote de la cercana capilla de San Juan Bautista, dijo que estas fiestas deberían ser habituales. "Es necesario que tendamos puentes a la convivencia, porque hoy día no hay una coexistencia real, sino pacífica, al menos en este barrio. El único modo de vacunarnos contra el racismo es convertir a los inmigrantes en personas, es decir, dejar de verles exclusivamente como colectivo para empezar a mirarlos como individuos. Y para dar este salto, tenemos que acercarnos los unos a los otros".
Lección número uno: la Suna, conjunto de textos que recogen las enseñanzas del profeta Mahoma, dice que quien reza en comunidad consigue una misericordia divina 27 veces más grande que la que obtiene orando en soledad. De ahí que para los musulmanes sea tan importante acudir a su templo. De ahí que pidan que les dejen abrir pequeños templos en los barrios donde viven. "Las mezquitas son también centros sociales -retoma Tatoo-, el lugar donde te enteras de los problemas de los demás. Aquí también damos clases de árabe a los niños, y si tuviéramos un poco más de espacio enseñaríamos catalán y castellano a los recién llegados".
Pero la verdad es que la mayoría pasaba de largo y rehuía con amabilidad la invitación musulmana. "Estos son los primeros pasos", vinieron a coincidir el teniente de alcalde, el jefe de los Mossos y el vicepresidente de la Federación de las Asociaciones de Vecinos de Badalona. A la gente aún la mueve la desconfianza que trae consigo el desconocimiento, agregó Purificación Velázquez, del Observatorio Local de Violencia de Género. "Aún estamos en el punto de partida. El panorama social de muchos barrios ha cambiado de manera sustancial en muy pocos años. Ahora mismo no hay intercambio cultural, y tenemos que hacer pedagogía, integrar a los recién llegados en el movimiento asociativo. Si no, nos encontraremos con comunidades aisladas, y ahí estarán los conflictos sociales graves. Las administraciones deben implicarse más". Manuel Jordán, vecino del barrio, cree que "si las cosas se hacen con respeto y formalidad son buenas. Cuando llegué aquí hace 40 años también fue duro".
El ambiente está más tranquilo en Llefià desde hace 15 días. El Ayuntamiento cedió un polideportivo para los viernes. Ahora nadie encuentra musulmanes orando en la calle porque no caben en la mezquita. Hace poco, la Guardia Urbana precintó el segundo oratorio de la ciudad, y ahora los 10.000 musulmanes de Badalona tienen sólo 90 metros cuadrados para sus rezos cotidianos.
LA VANGUARDIA DIGITAL LUIS BENVENUTY - 08/05/2005 Badalona
El delegado del Gobierno en Madrid, Constantino Méndez, quiso restar importancia a los incidentes producidos el viernes por la noche en el barrio madrileño de Villaverde al calificarla de "una noche normal". Así justificó Méndez la falta de detenciones tras las agresiones a inmigrantes de y los destrozos a varios de sus negocios, causados el día anterior por decenas de jóvenes armados con palos y piedras a raíz de la muerte de un joven de 17 años a manos de un muchacho de 19 y de nacionalidad dominicana.
El suceso ocurrió el pasado día 2 de mayo. El menor, que perdió la vida de una puñalada, riñó primero con unos chicos por el uso de una una fuente pública. Los chavales le advirtieron que iban a llamar a unos amigos para que se "enterara", según informó la policía.
Después de la detención del joven dominicano, que ha reconocido los hechos, se han sucedido en lel barrio varios incidentes racistas contra inmigrantes. La noche del viernes, cuatro inmigrantes resultaron heridos al ser atacados por una multitud de jóvenes neonazis que también intentaron agredir a dos informadores gráficos.
El delegado del Gobierno señala, en declaraciones a la Ser, que la Policía "tiene instrucciones clarísimas de proceder contra cualquier brote de xenofobia que se produzca en la zona", además de prometer que mejorará la seguridad en el barrio.
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, rindió homenaje el domingo a los españoles que fallecieron en el campo de concentración nazi de Mauthausen (Austria), al afirmar que el sufrimiento de los más de 10.000 republicanos que pasaron por este lugar no quedó en balde y al subrayar que fue "injusto" que quedasen sin patria tras su salida de España.
El presidente del Ejecutivo tuvo un "homenaje, recuerdo, memoria y admiración" a todos los españoles que sufrieron en el campo de Mauthausen "en su lucha por la libertad y la dignidad", al tiempo que aprovechó el día para recordar tanto a los que no sobrevivieron a su paso por el centro nazi como a los que superaron "la muerte y la indignidad".
"Hoy es un día muy apropiado para volver a proclamar el lema que inundó la conciencia, la sensibilidad de tanta gente ante el Holocausto, la barbarie ante el horror, ante el totalitarismo, ante el fanatismo: nunca más, nunca más, nunca más, la opción totalitaria, el horror, el crimen por el crimen. Nunca más la guerra de la locura, nunca más el fascismo, el nazismo", enfatizó ante varios centenares de personas.
MEMORIA
Zapatero subrayó que el legado de dignidad y valentía de los prisioneros no fue en balde, pese a la tragedia. "No fue en balde lo que sufrieron los españoles republicanos aquí. No fue en balde lo que sufrieron tantos ciudadanos europeos. Dejaron un testimonio, una memoria que ha permitido que España sea hoy un país libre y Europa un continente en paz, libre y democrático", hizo hincapié.
A continuación, expresó su respeto a todos los prisioneros españoles en nombre de todo el pueblo español. "Os merecíais un reconocimiento, republicanos de Mauthausen, familiares de los republicanos. Por eso he querido estar aquí como presidente del Gobierno de España. Es el primero (homenaje), pero no será el último que os voy a hacer desde el Gobierno de nuestro país", prosiguió.
El presidente indicó que la generación a la que representa y las generaciones que vienen detrás "conocen lo que pasó". Por ello, dejó claro que casos como el de Mauthausen no se olvidarán. "No vamos a olvidarlo nunca, igual que no lo olvidáis vosotros. Nuestra tarea es que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos tampoco olviden nunca la barbarie, la indignidad de la condición humana como se vio aquí", manifestó en un discurso improvisado.
Dirigiéndose a la docena de supervivientes republicanos y sus familiares, les señaló que "su esfuerzo por llevar en el corazón y la conciencia la dignidad de la condición humana, de la libertad, de la esperanza y de la justicia" ha alimentado "muchos de los mejores corazones que hoy hacen que España vaya hacia adelante, libre y democrática, y sea un país en pro de la paz, de los derechos humanos y de la solidaridad".
Zapatero aludió a la controversia por las banderas republicana y constitucional que presidieron el acto en el monumento a los 7.000 españoles que murieron en Mauthausen. "Ni las banderas ni las nacionalidades pueden estar ni estarán jamás sobre algo que está por encima de todo, que es el ser humano, sus derechos, su libertad y su igualdad", manifestó.
Además, reconoció que los españoles que estuvieron en el campo de concentración sufrieron dos veces: en España con la guerra civil y luego en Mauthausen. "Defendísteis la libertad allí y aquí. Os dejaron sin patria injustamente porque una patria es sólo un país con justicia y libertad. Esa justicia y libertad es la que está en las banderas, en los lemas y en los eslóganes que habéis defendido. Esa justicia es la que hace hoy una España democrática, libre y de futuro", concluyó.
Miles de 'sin papeles' aguardaron en las colas, incluso durmiendo varios días en la espera, para entregar su solicitud dentro del plazo fijado por el Gobierno: las 21,00 horas del 7 de mayo. Más de 600.000 trabajadores inmigrantes han solicitado la regularización en el proceso extraordinario de normalización abierto durante tres meses por el Gobierno, que concluyó pese al reclamo de asociaciones, partidos políticos e Iglesia de prolongarlo.
De esta manera, más de medio millón de extranjeros con un contrato de trabajo bajo el brazo, un certificado de antecedentes penales limpio de su país de origen y un certificado de empadronamiento que acredite su entrada a España antes del 7 de agosto de 2004 incluido, están ya pendientes de la aprobación de su permiso de residencia y de trabajo en España por un año renovable, según datos oficiales provisionales. Sin embargo, esta cifra de solicitantes de papeles -que lideran ecuatorianos, rumanos, marroquíes y colombianos- que comenzarán a hacer aportes a la seguridad social, es inferior a la cantidad de sin papeles que viven en este país, donde según datos comparativos oficiales viven 1,7 millones de extranjeros en situación irregular.
Estos trabajadores que dejarán de trabajar en negro, aportarán un mínimo de 118 millones de euros mensuales a la seguridad social, según cálculos que publicó esta semana el diario El País.
El proceso de "normalización" de inmigrantes irregulares abierto por el gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero del 7 de febrero al 7 de mayo, fue fruto de un acuerdo con empresarios, sindicatos, asociaciones de inmigrantes y partidos políticos, excepto el PP, que criticó sin cesar esta medida.
EL NÚMERO DE INMIGRANTES SE HA CUADRUPLICADO DESDE 1996
El PP, en el poder entre 1996 y 2004, periodo durante el cual la cantidad de inmigrantes se cuadruplicó hasta 2,6 millones de personas, insistió en que el proceso de regularización provocaría un "efecto llamada".
Los ecuatorianos lideran la lista de solicitantes de papeles con 123.313 personas, según datos provisorios del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. De América Latina les siguen colombianos (48.745), bolivianos (33.121), argentinos (18.046), uruguayos (8.300) y brasileños (5.395).
Madrid, Cataluña y la Comunidad Valenciana son las comunidades autónomas que mayor cantidad de solicitudes recibieron en este proceso excepcional, el séptimo desde 1991 en España.
Dos semanas antes del cierre del proceso, se registró un aluvión de solicitudes. Ante el incremento de más del 1.000%, la coalición Izquierda Unida advirtió que el actual plazo "no va a ser suficiente para que el proceso culmine adecuadamente", mientras el PNV consideró que si el gobierno flexibilizó el requisito del certificado de empadronamiento, los empresarios deberían, entonces, disponer de un mayor plazo para regularizar a sus trabajadores.
"Es imposible cambiar la fecha" de cierre del proceso, afirmó la secretaría de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, escudándose en que debería reformarse "un Real Decreto".
AHORA COMIENZAN LAS INSPECCIONES
Una vez concluido el proceso, comenzará a funcionar con rigor la inspección laboral para que no haya trabajadores en negro, reiteró Rumí, pues uno de los objetivos de este proceso fue justamente, según el gobierno, "acabar con el empleo ilegal".
No obstante, varias entidades llamaron la atención sobre la cantidad de despidos que se produjeron en estos meses por parte de empresarios que prefieren tener inmigrantes ilegales.
En España viven 3,69 millones de extranjeros -entre legales e ilegales-, es decir el 8,4% de la población total (43,97 millones), según datos provisionales oficiales al primero de enero de 2005.
El presidente del Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra, reclamó al delegado del Gobierno en Madrid, Constantino Méndez, que se lleven a cabo detenciones por los incidentes que vienen produciéndose en los últimos días en el distrito de Villaverde y alertó de la existencia de "cacerías de inmigrantes" protagonizadas por "grupos neonazis, ultras, xenófobos y racistas". En declaraciones a Europa Press, Ibarra se mostró convencido de que los incidentes que se produjeron en la colonia de Oroquieta, tras el entierro y el funeral de un menor de 17 años presuntamente asesinado por un joven dominicano, "no fueron cometidos por los vecinos de Villaverde, sino por grupos de neonazis que vienen de distintos sitios de Madrid y se dedican a protagonizar estas agresiones".
En este sentido, se preguntó "cómo es posible que, por segunda vez en una semana y estando allí desplegadas las fuerzas de seguridad, se produzcan agresiones y no haya ningún tipo de detención", a pesar de la "intensa agitación que se está produciendo en esta zona, repleta de carteles contra los inmigrantes".
En este sentido, exigió que "se detenga a los agresores" y reclamó a las tres formaciones políticas con representación en el Ayuntamiento y en la Asamblea de Madrid (PP, PSOE e IU) que "se manifiesten en contra de estos hechos racistas".
Lunas rotas, charcos de sangre y carteles de partidos radicales eran el rastro de los incidentes en Oroquieta. Los ataques a inmigrantes en Villaverde produjeron cuatro heridos tras el funeral por el menor asesinado en esta localidad del sur madrileño. Unos 300 jóvenes recorrieron las calles de la colonia armados de palos en busca de extranjeros. Las agresiones de venganza por el crimen de Villaverde han despertado el miedo. Núñez Morgades, Defensor del Menor, pide "prudencia" para evitar "los incipientes brotes racistas de unos pocos". IU condena los "actos vandálicos" y apela a "la unidad de todos frente a la violencia racista".
La colonia Oroquieta del distrito de Villaverde, en la que se registraron violentos incidentes entre grupos de jóvenes e inmigrantes del barrio tras el funeral de un menor de 17 años asesinado presuntamente por un joven de nacionalidad dominicana, amaneció el sábado con lunas de negocios rotas, charcos de sangre en el suelo y carteles de partidos de extrema derecha en las paredes.
El cristal del locutorio que regenta desde hace cinco años Víctor Hugo Faubla, un ecuatoriano que lleva más de ocho en España y es vecino de Villaverde, es uno de los que lleva varios días roto. Aunque ya ha comprado otro nuevo, prefiere no cambiarlo hasta que las cosas "se serenen en el barrio", porque si no, teme que se lo vuelvan a romper.
Faubla señaló a Europa Press que, según le contaron, "el cristal se rompió de una patada y la persona que lo hizo tuvo que ser ingresada al sufrir cortes". En el tiempo que Víctor lleva en Villaverde, nunca había sucedido nada semejante, ni había sentido miedo como el que le obligó ayer a cerrar su negocio para evitar desperfectos mayores o agresiones.
En su opinión, "no podemos pagar justos por pecadores", más aún cuando desde el colectivo de inmigrantes "entendemos el dolor de esa familia y nos sumamos a él".
Peor suerte sufrió Fernando, que ayer fue agredido por un grupo de jóvenes cuando se encontraba sentado en un banco en la calle. "Eran chicos jóvenes que llevaban bates y palos; se me echaron encima y me golpearon, y con un bate me dieron en la cabeza y tuvieron que llevarme al hospital".
La prueba de lo ocurrido a Fernando, un inmigrante que lleva más de diez años en España y que tiene casa propia en este barrio, es la enorme herida que luce en su cara, junto a su ojo izquierdo, y el moratón que lo rodea.
Fernando asegura que el mayor temor ahora no es por él mismo, sino por su hijo de nueve años que acude a un colegio público de Villaverde y el miedo a que sea objeto de otra agresión. "El niño está tan asustado que me dice que nos vayamos, vámonos de aquí, papá", dijo.
"LOS SENTIMIENTOS ESTÁN A FLOR DE PIEL"
No obstante, algunos vecinos españoles se muestran comprensivos con los sucesos de los últimos días. Así, una madre que se encontraba en el parque con sus tres hijos pequeños y la abuela de éstos, explicó que estos acontecimientos se deben a que "los sentimientos están a flor de piel porque el asesinato del chico está muy reciente".
Un señor que acompañaba a su hijo, afirmó que las tensiones vienen producidas porque los inmigrantes "no se adaptan a nuestra forma de vivir e intentan imponer la suya". No obstante, opinó que estas persecuciones a inmigrantes no son el modo de solucionar los problemas de convivencia, como tampoco incrementar la presencia policial "sin que luego hagan nada".
En el barrio también se han colocado carteles anunciando una manifestación contra la intolerancia promovida por las asociaciones de vecinos y comerciantes para el próximo martes a las 19:30 horas. Enfrente del lugar donde se han fijado estos anuncios, carteles del partido de extrema derecha Democracia Nacional se extendían por toda una fachada.
UNOS POCOS RADICALES
El defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, Pedro Núñez Morgades, pidió el sábado "prudencia" a "los muchos vecinos de Villaverde que han demostrado que éste es un distrito solidario" para evitar "los incipientes brotes racistas de unos pocos radicales que quieren en la confusión sacar un rendimiento que todos debemos impedir que se consolide".
Núñez Morgades señaló a Europa Press que "todos los madrileños deben estar unidos con los vecinos de Villaverde", en el que un joven español de 17 años fue presuntamente asesinado el pasado día 2 por otro de nacionalidad dominicana, para "evitar brotes que en otros países se han consolidado y tienen representación parlamentaria", en referencia al crecimiento de grupos ultra y de extrema derecha.
"Hay que evitar que unos pocos quieran ocultarse entre los muchos pero esos muchos no deben dar ocasión para que se puedan ocultar", afirmó el defensor, quien subrayó la "solidaridad demostrada siempre por los vecinos de Villaverde en episodios de integración como la desmantelación de los poblados chabolistas".
En este contexto, apostó por desarrollar políticas preventivas del delito entre los ayuntamientos, las comunidades autónomas y el Gobierno central. "Aunque suene a perogrullo, la mejor manera de evitar la seguridad ciudadana es evitar que haya delincuentes", afirmó.
CONDENA DE LOS ACTOS VANDÁLICOS
La portavoz de Izquierda Unida (IU) en el Ayuntamiento de Madrid, Inés Sabanés, manifestó su "más absoluta condena" a los "actos vandálicos contra ciudadanos inmigrantes" que se produjeron ayer en el distrito de Villaverde y apeló a "la unidad sin fisuras de todos, tanto partidos políticos como organizaciones sociales y vecinales", para hacer frente a los "graves brotes de violencia racista" que se están produciendo en este distrito.
Tras apuntar que "éste es un grave problema de todos que debemos solucionar entre todos", Sabanés exigió la puesta en marcha "de manera inmediata" de medidas sociales y de seguridad, que, según recordó, "ya están contenidas en planes ya pactados pero que no se han desarrollado".
En concreto, se refería en el ámbito social al Plan Madrid de Convivencia y en el plano de la seguridad al Plan Territorial de Seguridad suscrito con la Delegación del Gobierno, que incluía a Villaverde como zona de atención preferente.
La portavoz de IU abogó por "ensamblar ambos tipos de medidas para que, por un lado, se lleve a cabo una labor preventiva en materia social con un aumento de educadores de calle o agentes tutores y, por otro, se refuerce la presencia policial en las zonas más calientes y los vecinos de esta zona puedan disfrutar de sus espacios públicos".
Los ánimos de numerosos vecinos de Villaverde se exaltaron tras la detención de un joven de origen dominicano como presunto autor del asesinato de un adolescente de esta población del sur madrileño. Después de los funerales, se produjeron asaltos y agresiones contra negocios latinos. Muchos inmigrantes lamentaron que por culpa de un caso aislado se produzcan ataques contra inmigrantes pacíficos que condenan asimismo la delincuencia y que manifiestan que su único propósito es trabajar y vivir honradamente en España.
Ramos de flores, escritos y velas recuerdan el lugar en el que murió asesinado un chico de la localidad. Una vez finalizado el entierro, decenas de jóvenes se concentraron para guardar un minuto de silencio.
Los vecinos señalaron que los ánimos entre los más jóvenes se calentaron durante las exequias del fallecido.
Un grupo de jóvenes incontrolado no tuvo que ir muy lejos para descargar su ira. Muy cerca se hallaba una calle conocida por la abundancia de establecientos latinomericanos. Rompieron cristales y agredieron a algunos extranjeros.
Los inmigrantes aseguran que tienen miedo: "no sé de que va esto y tengo miedo a que al volver de trabajo me maten y entonces ¿De quién es la culpa?", señaló uno, según informaba Antena 3.
En la población se pide calma "y que no paguen justos por pecadores". Los vecinos hablan de un antes y un después de la muerte del joven, Manuel González, en esta localidad del sur de Madrid.
Cientos de jóvenes aprovecharon el pasado viernes el funeral por un joven apuñalado presuntamente por un dominicano para sembrar el pánico entre los inmigrantes por las calles del barrio madrileño de Villaverde. Los incidentes, que fueron protagonizados por varios grupos de unas 15 o 20 personas, se saldaron con cuatro inmigrantes heridos de carácter leve y ninguna detención. El populoso barrio madrileño vive sumido en un ambiente de gran tensión desde que en la noche del pasado 2 de mayo se produjera el apuñalamiento del joven de 17 años Manuel G. C., que murió de dos cuchilladas. El suceso tuvo lugar después de que el fallecido discutiera con un grupo de adolescentes, de entre 12 y 14 años, por el uso de una fuente pública en un parque. La policía detuvo al día siguiente al dominicano de 19 años J. A. M., que se confesó autor de los hechos. La crispación acumulada durante la semana acabó desbordándose el viernes, cuando unos 300 chicos de entre 15 y 20 años decidieron vengar la muerte de Manu después del funeral. Una enorme columna de jóvenes, algunos de ellos en grandes motos, recorrió las calles principales del barrio profiriendo insultos y amenazas contra los inmigrantes. En su particular razzia, los alborotadores agredieron al menos a cuatro inmigrantes, que fueron atendidos de heridas leves.
GESTOS DE COMPLICIDAD / Uno de los agredidos, que trabaja como reportero del periódico colombiano Latino, tuvo que ser trasladado al hospital tras recibir una brutal paliza. Según varios testigos, algunos adultos que vieron levantarse al chico con la cabeza ensangrentada aplaudieron a los agresores. Éstos también la emprendieron a patadas y puñetazos contra dos periodistas que cubrían el suceso. La policía no actuó en ningún momento contra los autores de la agresiones, pese a que estaba desplegada por todo el barrio. La tardanza con que llegaban al lugar donde había incidentes impidió que se registrara alguna detención. Según fuentes policiales, entre los alborotadores había elementos de extrema derecha y de extrema izquierda. El presidente del Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra, pidió ayer al delegado del Gobierno que se lleven a cabo detenciones por los sucesos de Villaverde. Ibarra denunció que los incidentes fueron el resultado de «una perfecta guerrilla callejera» que contó con una «perfecta sincronización de gente que vino de distintos municipios» de Madrid. Ibarra calificó de «muy desafortunado» que la policía achacase los ataques a la extrema derecha y a la ultraizquierda. «Todos sabemos que estos incidentes siempre son protagonizados por grupos nazis», afirmó. El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Constantino Méndez, aseguró que la del pasado viernes «fue una noche normal» en Villaverde, y explicó que si no se había producido ninguna detención fue porque no se dio «ninguna de las circunstancias de alarma y de tensión» que lo justificaran.
El Alt Penedès ha recuperado este fin de semana parte de su pasado al homenajear a las personas de la comarca que sufrieron y murieron en los campos de exterminio nazis. La iniciativa coincide con la conmemoración del 60° aniversario de la liberación de los campos de la muerte. Los actos concluyeron ayer con la asamblea anual de la asociación Amical Mauthausen, celebrada esta vez en Vilafranca del Penedès, a la que acudieron más de un centenar de socios, entre ellos cinco supervivientes del horror.
La promesa La noche del sábado, el salón de plenos del ayuntamiento acogió un emotivo homenaje a Eusebi Pérez, nacido en Vilafranca en 1920, que sobrevivió a 57 meses de internamiento en el campo de Mauthausen, al que llegó con 20 años. Pérez se exilió en Venezuela en 1948, donde vive. "Cuando el 5 de mayo de 1945 el campo fue liberado, todos nos hicimos la promesa de explicar al mundo lo que habíamos pasado para que no se volviera a repetir jamás", dijo. El Ayuntamiento de Vilafranca inauguró ayer en el Parc de la Pau, en el barrio de La Girada, un monolito en el que constan los nombres de los 28 vecinos de la comarca que murieron en los campos nazis. Con una inscripción que dice contra la xenofobia, la intolerancia, el fascismo y los crímenes contra la humanidad, fue descubierto por el presidente de Amical Mauthausen, Enric Marco, acompañado de la superviviente del campo de Ravensbrük, Neus Català. "Recuperamos la dignidad que los nazis querían robarnos antes de matarnos", afirmó Marco, emocionado.
Solidaridad Entre los mas de 600 socios de Amical Mauthausen se encuentran familiares de deportados y también personas que sienten la necesidad de apoyar a la asociación. Este es el caso de Pere Pinyol, de Constantí (Tarragonès), que visitó Mauthausen acompañado por un amigo que estuvo allí y decidió entonces "respaldar a la Amical, que es lo mínimo que se puede hacer cuando se tiene conciencia del horror que vivieron los que pasaron por la terrible experiencia". Eusebi Pérez se mostró ayer muy agradecido por el homenaje de su ciudad natal y recordó que, en sus años de internamiento, nunca supo de la existencia de otros cautivos vecinos. "Luchamos para sobrevivir", precisó.
El Periódico JOSEP MARIA SOLER VILAFRANCA DEL PENEDÈS
