La continua llegada de pateras a las costas andaluzas ha provocado que los centros de acogida estén al límite. Así, el Defensor del Pueblo andaluz, José Chamizo, advirtió ayer de que la capacidad de la Junta de Andalucía para acoger a inmigrantes menores de edad «se está agotando», por lo que reclamó ayudas de la UE y del Gobierno central y pidió a Marruecos que asuma la repatriación «con garantías» de estos chicos.
Chamizo explicó a Efe las dificultades de la repatriación de los menores inmigrantes, que han de ser reclamados por sus familias -algunas ni siquiera conocen su paradero o carecen de teléfono- y no pueden ser devueltos a Marruecos hasta que este país asuma los protocolos internacionales vigentes en esta materia.
Aseguró que el incremento en el número de mujeres embarazadas y de menores que llegan clandestinamente a Andalucía, la mayoría en pateras, no sólo responde «a la necesidad de aspirar a una vida más digna», sino que revela la existencia «de una cierta estructura de corte mafiosa». Pidió, por este motivo, al Gobierno marroquí «que investigue lo que ocurre, sobre todo en algunos poblados pequeños» de este país, donde, según Chamizo, algunas redes mafiosas engañan a las mujeres diciéndoles que una vez que lleguen a España podrán reclamar a sus hijos «lo cual no es cierto», según precisó.
Situación crítica
El Defensor del Pueblo opinó que la Administración autonómica asume lo mejor que puede la acogida de los menores, pero destacó que su «capacidad económica es limitada» y aseguró que ya sólo existen plazas libres para jóvenes inmigrantes en el centro de Almería, dada la saturación existente en las demás instalaciones. «Ya no deben de quedar muchas plazas libres para menores en los centros de acogida de la Junta de Andalucía; el tráfico de menores va en aumento y no hay medidas», apostilló.
De este modo, Chamizo aseguró que existe un riesgo de hacinamiento de estos menores y destacó que el número de los inmigrantes clandestinos menores de edad que llegan a Andalucía «va en aumento», lo que está consolidando «una situación casi de locura», por la falta de alternativas.
«Pasividad»
Antes de entrevistarse con la directora general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, y los 13 directores de los centros penitenciarios andaluces, denunció que los casos de tráfico de personas se incrementan sin que haya medidas para paliar la situación y destacó que «en poco tiempo, más de 150 menores han llegado y muchos han sido acogidos por la Junta». A su juicio, «es prioritario que se sienten (las administraciones) y que la UE intervenga porque no se puede seguir con esta pasividad», sentenció José Chamizo.
Trece inmigrantes, doce hombres y una mujer, que trataban de alcanzar las costas canarias fueron rescatados anoche en helicóptero de una patera que llevaba diez días a la deriva, según ha informado la Guardia Civil. La travesía la habían iniciado 24 personas, al parecer todos ciudadanos de Mali, pero 11 de ellos murieron a lo largo del trayecto y los cadáveres fueron arrojados al mar. Uno de los rescatados falleció de un infarto cuando era trasladado al hospital, ha informado la subdelegada del Gobierno en Las Palmas, Carolina Darias. Esta responsable ha explicado que los inmigrantes rescatados, de los que dos han sido dados de alta, han declarado ante la policía que comenzaron su travesía el 24 de mayo en las costas de Argelia y que durante el trayecto murieron 11 personas, que fueron arrojadas al agua. Al respecto, Darías ha comentado que no se descarta que los cadáveres de dos inmigrantes indocumentados encontrados durante los últimos días en las costas canarias perteneciesen a esta patera, ya que, entre otros aspectos, los chalecos que portaban son iguales.
El buque mercante Khalifeh Livestock, procedente de Brasil y cuyo destino era Gran Canaria, alertó a media tarde de ayer de la presencia de una patera a la deriva al suroeste de Gran Canaria, en la ruta que habitualmente siguen las embarcaciones que pretenden llegar al archipiélago con inmigrantes indocumentados. Los tripulantes del barco lanzaron a los inmigrantes un cable para que se mantuvieran sujetos a él y no naufragaran mientras llegaban los equipos de rescate.
Un helicóptero de Salvamento Marítimo, en el que viajaban submarinistas de la Guardia Civil del Grupo de Actividades Subacuáticas (GEAS), logró rescatarlos. Hacia las 22.00 horas, el helicóptero aterrizó en el aeropuerto de Gando y los inmigrantes fueron trasladados a los centros asistenciales de la capital grancanaria. Siete de ellos han quedado ingresados en el Hospital Insular y otros seis en el Hospital de Gran Canaria Doctor Negrín.
La comunidad musulmana de Manresa inauguró ayer después de un año de obras su nueva mezquita, ubicada en la antigua fábrica de la Aranya, en el núcleo antiguo de la población. A la inauguración asistieron representantes de la Generalitat y del Ayuntamiento de Manresa, así como miembros de las distintas comunidades religiosas con presencia en la capital del Bages y representantes de entidades y asociaciones. Ésta es la primera vez que asiste un cargo de la Generalitat a la inauguración de una mezquita, pese a existir unas 140 en Catalunya, lo que los asistentes valoraron como síntoma de normalidad. Además, tampoco ha habido rechazo vecinal ni conflictos. Para la directora de Assumptes Religiosos de la Generalitat, Montserrat Coll, ayer fue un día muy importante para las religiones del país. Coll hizo una llamada a los musulmanes que viven Catalunya a seguir trabajando para conseguir oratorios dignos y abiertos a los ciudadanos, ya que "la ignorancia es lo que provoca diferencias y malos entendidos". El presidente de la Unión de Comunidades Islámicas de España, Riay Tatary Bakry, agradeció el esfuerzo hecho por las comunidades religiosas de Manresa en normalizar una situación que "ayuda a mostrar que la convivencia entre las distintas culturas es posible". El alcalde de Manresa, Jordi Valls (PSC), también agradeció la invitación de la comunidad musulmana y destacó que a partir de ahora todo el que lo desee pueda rezar "con dignidad".
400 PERSONAS Al-Fath, que significa la llave, es el nombre de la nueva mezquita, ubicada en el barrio de las Escodinas, donde la presencia de inmigrantes es muy importante. El templo se ha construido gracias al trabajo del llamado Grupo de Diálogo Interreligioso de Manresa y que hace tiempo que trabaja para el mayor conocimiento entre los distintos cultos de la ciudad. El acto de inauguración se cerró con una plegaria conjunta de representantes de todos los cultos de la ciudad. La mezquita tiene una capacidad para entre 300 y 400 personas y dará respuesta a las necesidades de rezo de los musulmanes establecidos en Manresa y el Bages. El templo estará gestionado por la Asociación Cultural Islámica de la comarca, que adquirió dos locales de esta antigua fábrica por 330.500 euros.
Una patera ocupada por 62 personas llegó sobre las 08.00 horas del viernes a la Isla de Alborán, en Almería, en un intento de protegerse por el tiempo complicado que se registra en el mar, donde han sido atendidos por el destacamento de la Armada que se encuentra en el lugar, informaron fuentes de Salvamento Marítimo.
Las mismas fuentes explicaron que recibieron el aviso de que una patera se encontraba navegando por la zona de la Isla de Alborán de un pesquero que se encontraba en el lugar y que, más tarde, la embarcación, con 62 personas en el interior, llegó a la isla.
Los extranjeros se encuentran bien y las fuentes desconocen si en la embarcación viajaban mujeres o niños.
De inmediato, se desplazaron hacia la isla una embarcación de Salvamento Marítimo y otra de la Guardia Civil para trasladar a los inmigrantes hasta la península.
El cadáver de esta mujer fue hallado este miércoles cuando flotaba a cinco millas de la costa de Mogán, al suroeste de Gran Canaria, por una embarcación de pesca deportiva.
En un primer momento se pensó que la fallecida, de unos 20 años, tenía seis meses de embarazado, algo que ha quedado descartado tras la autopsia.
La víctima llevaba muerta dos o tres días y vestía un pantalón corto y una sudadera cuando fue encontrada en el mar.
No se descarta que esta mujer ocupara alguna de las pateras llegadas en los últimos días a esta zona de la isla.
Efectivos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas del instituto armado se encargaron de recuperar el cadáver del mar y trasladarlo en una embarcación tipo zodiac hasta el muelle del puerto de Mogán.
En un primer momento se pensó que la fallecida tenía seis meses de embarazado, algo que ha quedado descartado tras la autopsia
No se descarta que esta mujer ocupara alguna de las pateras llegadas en los últimos días a esta zona de la isla
Canarias Ahora .com EFE. Las Palmas de Gran Canaria
Según los primeros indicios, el cadáver, que fue recuperado pasadas las doce del mediodía, pertenece a un hombre que llevaba muerto unos cinco días, agregaron.
Los agentes de la unidad subacuática trasladaron el cuerpo hasta Muelle de Arguineguín y desde allí fue llevado al Instituto Anatómico Forense, donde se le practicará la autopsia.
Se trata del segundo cuerpo encontrado en dos días, ya que este miércoles fue encontrado en aguas de Mogán el cadáver de una mujer subsahariana de unos veinte años.
El cadáver ha sido trasladado al Instituto Anatómico Forense, donde se le practicará la autopsia
Canarias Ahora .com EFE. Las Palmas de Gran Canaria
La Policía Nacional de Algeciras informó ayer de que ha procedido a la detención del ciudadano marroquí A.M., de 26 años, como presunto autor de sendos delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y de homicidio imprudente en grado de tentativa, al ser el responsable de la patera que fue interceptada frente a las costas de Tarifa en la madrugada del pasado día 13 de junio, cuando transportaba 49 inmigrantes ilegales de nacionalidad marroquí, cinco de ellos mujeres, y que viajaban amontonados en una embarcación tipo zódiac. Como resultado de la investigación, los agentes policiales pudieron averiguar que uno de los marroquíes que viajaba en la patera, y que pretendía hacerse pasar por un simple inmigrante ilegal, era en realidad el patrón de la embarcación.
Asimismo, los inmigrantes declararon a los investigadores que el precio pagado a la red mafiosa que organizó la travesía estuvo entre 1.000 y 1.500 euros por persona. También manifestaron que instantes antes de que partieran de las costas marroquíes vieron cómo se hacía a la mar otra patera, claramente sobrecargada de inmigrantes subsaharianos, y que el patrón de su embarcación les dijo que les mandaban por delante como cebo, con la finalidad de que mantuvieran "entretenidos" a los servicios españoles de detección y salvamento marítimo, para que de esta forma los inmigrantes marroquíes pudieran tener más posibilidades de alcanzar la costa española y eludir la acción de los sistemas de vigilancia. Presumiblemente, esta patera sería la misma que naufragó frente a las costas de Marruecos en la madrugada del lunes, cuando viajaban en ella unos cien inmigrantes, resultando ahogados seis mujeres y seis niños de corta edad, todos ellos de origen subsahariano.
Por otra parte, el número de embarcaciones con inmigrantes que llegaron a las costas españolas en el primer trimestre de 2005 descendió un 60 por ciento con respecto al mismo periodo de 2004, según el subdelegado del Gobierno en Cádiz, Sebastián Saucedo.
Dos marroquíes que viajaban en la embarcación neumática interceptada por la Guardia Civil frente a las costas de Barbate ingresaban ayer en la prisión de Puerto II, como los supuestos autores de un delito continuado contra la libertad y la seguridad de los ciudadanos extranjeros, después de que la jueza de Barbate los considerara como los patrones de la embarcación semirrígida que fue rescatada frente a la playa de Los Castillejos, en Los Caños de Meca, con 65 personas a bordo entre ellos cinco bebés, varios hombres y mujeres al menos diez de ellas embarazadas. Los detenidos, para los que el fiscal pedía penas entre los tres y seis años son A.M, de 35 años y domiciliado en Tamlat Kaja, y H.E, de 31 años y con residencia en Larache. Ambos fueron arrestados por miembros de la Guardia Civil.
Durante la jornada de ayer, la Benemérita investigaba la identidad de ambos detenidos, ya que ninguno portaba documentos acreditativos, mientras que intentaba esclarecer si se trataba de habituales en esta práctica, una cuestión que debió quedar clara para que la jueza ordenase el inmediato ingreso en prisión de los dos.
La semirrígida fue interceptada el miércoles por Salvamento Marítimo y Guardia Civil después de que la viera el mercante Vernesga a tres millas de la referida playa.
Por otra parte, la llegada de esta embarcación a la costa de Barbate ha demostrado que el Equipo de Respuesta Inmediata de Emergencia (ERIE) de la Cruz Roja está preparado para prestar auxilio y asistencia a los inmigrantes, pero aún están pendientes muchas de las promesas realizadas por el PP en el Gobierno y el PSOE ahora.
Fue el propio Sebastián Saucedo hace ahora un año, cuando relevó a su antecesor en la Subdelegación del Gobierno en Cádiz, Maximiliano Vílchez, el que dijo que "el módulo no lo es todo, aunque sí lo más inmediato" y que habría que reunir a la Empresa Pública de Puertos de Andalucía (EPPA), Junta, Diputación y otras instituciones para "colaboraciones complementarias" que todavía no son realidad".
Así, entre los proyectos incumplidos está la construcción de un pantalán junto al módulo sanitario de la Cruz Roja para que las embarcaciones de los cuerpos de seguridad y del propio grupo de voluntarios puedan acercar lo máximo posible a los inmigrantes para adonde son atendidos, y no ahora que son dejados junto a un surtidor de combustible y tienen que ser desplazados en ambulancias y vehículos patrulla.
El compromiso también recogía la instalación de otro módulo de almacenamiento de material junto al sanitario para no tener que traer equipos y víveres de Tarifa. Además se prometió el acotamiento y vallado de la zona de atención a los inmigrantes para facilitar la labor de identificación y control por parte de las fuerzas de seguridad, y tampoco se ha cumplido.
El número de embarcaciones con inmigrantes clandestinos que arribaron a las costas españolas durante el primer trimestre de este año descendió un 60 por ciento con respecto al mismo periodo de 2004. Así lo aseguró ayer el subdelegado del Gobierno en Cádiz, Sebastián Saucedo, a los periodistas antes quienes aplaudió la detención a cargo de la Guardia Civil de los marroquíes que patroneaban la embarcación que anteayer fue rescatada frente a la playa de Castillejo, en Barbate. El subdelegado manifestó además sobre la llegada de embarcaciones con inmigrantes indocumentados que la "labor fundamental" del Gobierno va encaminada contra "a los que organizan este tipo de traslados mercenarios". Saucedo resaltó la "prioridad" del Gobierno se basa en "buscar la responsabilidad y atacar a las organizaciones que se dedican este tráfico de personas".
Además, apuntó una subida "sustancial" los recursos destinados a la atención a los inmigrantes por parte de las ONG, y señaló al respecto que los 400.000 euros destinados, este año se ha subido a 2.400.000 euros. Además, según Saucedo, con fondos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales se atiende con recursos económicos (3.113.000 euros) para la formación y atención de estos inmigrantes.
Según los datos de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, el número de embarcaciones llegadas en 2004 a la provincia de Cádiz descendió con respecto a 2003 en un número total de 55, ya que pasó de 130 en 2003 a 75 en 2004. Algo similar ocurrió con los ocupantes detenidos, ya que se pasó de los 5.035 de 2003 a los 1.295 de 2004.
Una reforma casi olvidada aparejada a la ley de extranjería que se modificó en diciembre de 2003 amenaza con provocar un nuevo colapso en los ayuntamientos. Al menos 800.000 inmigrantes -todos los que no tienen residencia permanente- están ahora forzados legalmente a pasar por los consistorios para renovar su empadronamiento. Si no lo hacen, y los ayuntamientos no están obligados a avisar a los extranjeros, éstos serán inmediatamente borrados del padrón, perdiendo así prestaciones municipales, ayudas y la prueba del arraigo que a muchos pudiera llevarle a conseguir los papeles en el futuro.
La clave es el nuevo artículo 16 de la Ley Reguladora de las bases del régimen local. Esta norma se modificó junto a la ley de extranjería 14/03 con el consenso del gobierno del PP y el PSOE. El objetivo de los cambios era tener actualizados los padrones e impedir que inmigrantes que habían cambiado de municipio siguieran en los registros de sus anteriores ciudades.
Para ello, el nuevo artículo estableció que «la inscripción padronal sólo surtirá efecto (...) por el tiempo que subsista el hecho que la motivó y, en todo caso, deberá ser objeto de renovación periódica cada dos años cuando se trate de inscripción de extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente».
Según datos del ministerio del Interior, a 1 de enero de 2004 había en España 1.074.895 extranjeros, de los que sólo 274.547 personas tenían permiso de residencia permanente, es decir, que 800.348 extracomunitarios deberán 'reempadronarse' en los próximos seis meses. A esta cifra habría que sumar los inmigrantes irregulares que por entonces, aunque empadronados, no tenían permiso de residencia.
La situación es tan preocupante que el INE ha enviado ya urgentemente una circular a los 8.000 ayuntamientos del país para advertir de la avalancha. Estadística, que reconoce que esta forzada campaña «no resuelve totalmente» el problema de los extranjeros que siguen de alta en los municipios pese a haberse marchado, ya anuncia que todos los afectados que no acudan a las oficinas serán dados de baja desde el 22 de diciembre de 2005.
La Dirección General de la Policía comunicará mensualmente al INE los extranjeros a los que se haya otorgado autorización de residencia permanente, así como los que hayan perdido este permiso.
Estos listados se darán a cada consistorio con la advertencia de proceder contra los inmigrantes 'desempadronables', a los que denomina: Los ENCSARP (extranjero no comunitario sin autorización de residencia permanente).
Sin aviso previo
Estadística, que deja claro en su escrito desde el principio que los ayuntamientos no tienen siquiera obligación de advertir a los inmigrantes que pueden perder sus papeles, incide en que esta renovación no puede ser «un acto de mero trámite», sino que será «un acto expreso mediante el cual el ciudadano, o su representante, manifieste su voluntad expresa de renovar la inscripción». Por lo que, el INE exigirá actas notariales de representación a las personas que aspiren a representar a los inmigrantes.
Entre tanto, la mayoría de los ayuntamientos asegura que desconoce o no tiene disponibles las aplicaciones informáticas de las que habla el INE para 'desempadronar' o 'reempadronar' a los ENCSARP.
El informe, de 330 páginas, presentado en rueda de prensa el 13 de mayo, incluye un breve resumen de cada caso de torturas y malos tratos recogidos por los diferentes organismos de la CPT. Los portavoces de esta Coordinadora aclararon que las denuncias totales en 2004 se elevaron a 1.200 el doble que en 2001, pero que sólo se han incluido en el dossier los casos más contrastados. Las denuncias abarcan el conjunto del Estado e implican a todos los cuerpos policiales y de seguridad existentes, a los funcionarios de prisiones, e incluso a las futuras policías autonómicas (gallega, navarra o andaluza). Según estos datos, extrapolables a los últimos años, el 62% de las denuncias se refieren a malos tratos en las calles (incluyendo intervenciones de antidisturbios), el 16% en cárceles y el 15% en comisarías. Andalucía es la comunidad donde más denuncias se han producido (30% del total) seguida del Catalunya (14%) y Euskadi (13%). Al respecto, los denunciantes de malos tratos o torturas provienen en un 31 % del movimiento sindical (231 denuncias), un 18% de los movimientos sociales y un 5% de personas a las que les fue aplicada la legislación antiterrorista. A la cabeza de las denuncias destaca la Policía nacional (42% de los casos), seguida de las policías municipales (23%) los funcionarios de prisiones (17%), la Ertzaintza (7%) y la Guardia Civil (5%). El informe (publicado en stoptortura.com) ha sido entregado a Ministerio de Interior y al Congreso español. La CPT denunció que estas torturas, en la mayoría de los casos van a quedar impunes. Esta realidad es la que ha rodeado a casos anteriores, porque el sistema judicial español no da respuesta adecuada a estos problemas: lentitud en la tramitación de las denuncias hasta más de 20 años en algunos casos, archivos sistemáticos de las causas, reconocimiento de las torturas pero sin condenar a los autores.... En este sentido, el informe de la CPT, que dedica un apartado a estas sentencias en los últimos cuatro años, constata que no sólo son pocos los miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado (FSE) condenados por estos crímenes, sino que, además, cuando la condena es firme, normalmente suelen ser indultados. Asimismo, la CPT reclamó la pronta aplicación por el Estado español del Protocolo Facultativo para la Prevención de la Tortura de la ONU, un mecanismo imprescindible para caminar hacia la erradicación de los malos tratos. A juicio de Ribera, este tratado supone un antes y un después y aunque recordó que el gobierno lo ha firmado en abril de este año queda ratificarlo e implantar los novedosos mecanismos de prevención que prevé. Para la CPT, lo más importante de este protocolo es que permite visitas privadas, sin restricciones y sin previo aviso a las personas detenidas, retenidas o presas, por parte de comités de vigilancia independientes que se formarían a nivel local, regional, estatal o internacional. Las personas y asociaciones que componen la CPT reclaman poder formar parte de esos comités de control y se comprometen a permanecer vigilantes y garantizar la transparencia de todo el proceso. La Coordinadora para la Prevención de la Tortura (prevenciontortura.org), que aprovechó la presentación del Informe para darse a conocer, está formada por 25 organizaciones del conjunto del Estado y agrupa un amplio abanico de organismos.
VILLAVERDE // EL ESTALLIDO SOCIAL EN ESTE BARRIO MADRILEÑO EVIDENCIA LA MARGINACIÓN Y LA POBREZA
Los hechos sucedidos en el distrito de Villaverde son un toque de advertencia sobre la extensión de la xenofobia y del racismo en el Estado español, como lo fueron con anterioridad los episodios de Can Anglada (Terrassa), El Ejido (Almería) o Totana (Murcia). En el caso de Madrid, el modelo de desarrollo desequilibrado, propiciado por el actual alcalde Alberto Ruiz-Gallardón y con anterioridad por Álvarez del Manzano, ha provocado que varios distritos del sur y este de Madrid hayan carecido de planes específicos de empleo y desarrollo. Muchos de ellos se han convertido en guetos marginales, con altos niveles de exclusión social y concentración de población inmigrante (el precio de la vivienda en Villaverde era hasta hace poco de los más bajos de Madrid) en porcentajes muy superiores a los de otros distritos de la ciudad. Según el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, lo sucedido en Villaverde no es más que un problema de orden público, de seguridad ciudadana. Para sorpresa de los políticos locales, es la madre del menor asesinado la que ha tenido que insistir en que influyen factores socioeconómicos, educativos y la masificación de inmigrantes en el aumento de la delincuencia en este distrito. Durante los últimos partidos de fútbol en el Santiago Bernabéu, se han podido ver pancartas entre los sectores ultras con lemas como Nos matan, justicia para España o Defendámonos contra el racismo antiespañol.
Racismo en alza Hechos como éstos justifican que la Comisión Europea contra el Racismo y la intolerancia (ECRI, institución dependiente del Consejo de Europa) esté desarrollando una evaluación del racismo en el Estado español. El rechazo hacia los inmigrantes creció del 8% al 32% en los últimos ocho años, según datos del CIS. Diversos analistas consideran que en estos momentos se dan ya las condiciones necesarias para el surgimiento de una fuerza política xenófoba (son cada vez más las candidaturas municipales xenófobas, las páginas web racistas y violentas, y la recluta de neonazis entre los jóvenes de clases medias y populares), así como un incremento sustancial de la violencia de tintes xenófobos. La difusión de películas, videojuegos y juegos de rol por parte de editores de ideas xenófobas, y la presencia notoria en la mayoría de los campos de fútbol de estos grupos configuran el mapa estratégico del odio, que encuentra en las actuales circunstancias internacionales un buen momento para su extensión.
Empezamos en San Cristóbal en el mes de octubre, donde un accidente de tráfico (un atropello) sirvió de detonante para lanzar una campaña de alarma social por el nivel de violencia que existía en las calles de este barrio. En aquella ocasión, como ahora, cobraron especial relevancia los orígenes del conductor (inmigrante) y de la persona fallecida (española). Esta vez ha sido una pelea con navaja. De todas formas, que la información que se esté dando sea exagerada y que se ponga el énfasis del conflicto en el problema racial (pero sólo si la víctima es española), olvidando otros aspectos, no quiere decir que no existan problemas de convivencia en Villaverde. Es un distrito con 141.000 habitantes distribuidos en seis barrios de origen obrero que está viviendo una importante transformación, tanto por el cambio de población como de actividades económicas en los antiguos cinturones industriales (actualmente se está viviendo el problema del cierre de la Renault en el distrito). Villaverde es el tercer distrito con la Renta Disponible Bruta per cápita más baja, 8.674 euros (frente a los 12 768 de media en Madrid), y registra una tasa de desocupación laboral del 19% frente al 15% de media en Madrid. Los datos de vivienda (calidad y masificación) y educación (en especial en formación universitaria) también están por debajo de la media de la ciudad. Estos datos, de 2000 y 2001, no tienen en cuenta el efecto de la llegada de población inmigrante al distrito en los últimos 5 años. Si de 1991 a 2001 se pasa de una población censada de inmigrantes de 376 a 5729, en 2005 residen 21.948. Esta población se encuentra en su mayoría por debajo de los 45 años y ha producido un efecto rejuvenecedor en el distrito. El precio de la vivienda y los problemas de trabajo hacen que el aumento del censo en términos generales en el distrito contraste con el descenso de población española, que prefiere alejarse hacia el sur en busca de mejor vivienda. Esto provoca que la sensación de cambio en el distrito sea mayor, porque en los colegios, institutos y los espacios públicos (habitualmente ocupados por niños y jóvenes) la proporción de inmigrantes es mayor. Si a los problemas ya mencionados del distrito, les añadimos el efecto invasión que se vende en los discursos de los medios y de varios partidos políticos, ya tenemos un culpable, un chivo expiatorio para todos nuestros males. No debemos olvidar que no es la primera vez que surgen problemas de convivencia en Villaverde, la generación de la heroína o los realojos de población gitana en algunos de sus barrios también provocaron conflictos importantes en su época. La diferencia ahora es que se recubre todo de un discurso nacionalista, de identidad patriótica muy peligroso. Es curioso ver cómo varios chavales de diferentes nacionalidades se pueden pasar toda la tarde jugando juntos al ping-pong o al fútbol, y divirtiéndose, pero luego a la hora de buscar su grupo donde poder identificarse, lo hacen con los de su misma nacionalidad y los discursos que mantienen en muchos casos contradicen sus actuaciones individuales. La aparición de panfletos y carteles del partido fascista y xenófobo Democracia Nacional, haciendo un llamamiento a la identidad patriótica frente al invasor aprovecha este caldo de cultivo para encizañar más el ambiente. Es posible que en alguna de las últimas manifestaciones haya venido alguno de sus miembros para provocar disturbios y que éstos hayan actuado de detonante, pero no creo que se pueda simplificar que el problema viene generado desde fuera. La situación es delicada, y ahora resultaría muy sencillo dar un origen xenófobo a problemas derivados de la situación económica, social y laboral del distrito. Las administraciones reaccionan ante estos acontecimientos como era de esperar. Les entra la prisa por hacer algo visual que tranquilice a la población. Empiezan a manejar discursos donde aparecen palabras como interculturalidad, desarrollo comunitario, trabajo en red, que se traducen en planes. Planes hechos sin contar con el tejido asociativo, donde intervención comunitaria significa dar bastantes recursos a empresas de iniciativa social ajenas a los barrios para llevar a cabo planes de intervención de seis meses o un año. Es necesario que se dé estabilidad a los proyectos socioeducativos del distrito contando con las entidades que trabajan en los distintos barrios reforzando su labor, que mejoren las condiciones laborales y la situación de la vivienda para que problemas derivados de la convivencia no se conviertan en una cuestión de xenofobia.
Visados para alcanzar la ribera barcelonesa: este es el gran escollo con el que tropiezan los participantes del Foro Social del Mediterrani (FSMed) procedentes del Magreb y la ribera este. De las 350 personas de Marruecos inscritas, se calcula que sólo la mitad lograrán acudir a este encuentro de movimientos sociales que empieza hoy y que espera reunir, hasta el sábado, alrededor de 3.000 personas en el recinto ferial de Montjuïc. Los consulados marroquíes obran de modo arbitrario ante la petición de entrar en España para esta ocasión, mientras que de la vecina Argelia puede que alcancen esta orilla sólo 50 del centenar inscrito.
Un ponente procedente de Siria, el profesor universitario Sadamah Kaileh, cuya intervención estaba prevista el sábado en la conferencia sobre derechos económicos, sociales y culturales, ha sido detenido por la policía de su país, según informó la secretaría técnica del FSMed: "Existe una represión política del movimiento antiglobalización por parte del gobierno sirio", aseguran.
Uno de los 60 participantes de Palestina que esperan llegar a este lado del Mediterráneo fue arrestado tres días antes de viajar a Barcelona. Sus vecinos de Jordania, por su parte, verán reducida su delegación de 25 a 15 personas. Del Líbano se esperaban una veintena y de Siria unos diez. Las autoridades tampoco parecen haber contribuido a facilitar visados en Turquía: viajarán 25 personas. ¿Y Egipto? Al FSMed le consta que un ponente de una entidad campesina no lo conseguirá.
"En ocasiones no deniegan el visado pero lo retrasan hasta tal punto que es imposible encontrar pasaje asequible", asegura Luis Blanco, de la secretaría técnica del FSMed. Blanco constata que cada vez es más difícil viajar libremente al norte sin medios económicos ni avales políticos suficientes. "Se está poniendo en evidencia el concepto de Europa fortaleza cerrada a la inmigración -señala-, pues la negativa a conceder visados también ha partido de países del tratado de Schengen, de los que esperábamos más sensibilidad hacia los movimientos sociales y que al menos no limitaran el derecho a reunirnos, a analizar la situación del Mediterráneo y proponer nuestras alternativas". Con todo, concluye, llegarán los suficientes para que esto no sea un fórum euromediterráneo.
LA VANGUARDIA DIGITAL MARICEL CHAVARRÍA - 16/06/2005 Barcelona
La víctima, de unos 20 años, podría llevar muerta dos o tres días y vestía un pantalón corto y una sudadera cuando fue encontrada en el mar.
No se descarta que esta mujer ocupara alguna de las pateras llegadas en los últimos días a esta zona de la isla, y para determinar las causas de su muerte ha sido trasladada al Instituto Anatómico Forense de la capital grancanaria, agregaron.
Efectivos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas del instituto armado se encargaron de recuperar el cadáver del mar y trasladarlo en una embarcación tipo zodiac hasta el muelle del puerto de Mogán.
Podría haber ocupado alguna de las pateras llegadas en los últimos días a esta zona de la isla
La víctima, de unos 20 años, podría llevar muerta dos o tres días
Canarias Ahora .com EFE. Las Palmas de Gran Canaria
España necesitará al menos 1,1 millones de inmigrantes para cubrir en 2010 el déficit de mano de obra, que se estima en 2,5 millones de trabajadores, según un estudio de la empresa de trabajo temporal Allbecon, presentado durante la jornada empresarial 'Mercado de trabajo: retos y perspectivas 2005-2010'.
El informe parte de la base de que, con un crecimiento hipotético anual del 2,2%, en 2010 se tendrían que cubrir 3,1 millones de puestos de trabajo. Con las tasas de actividad registradas en 2001, se podrían cubrir 646.000 puestos de trabajo, con lo que el déficit superaría los 2,5 millones.
Según la consultora, de esta cifra, 1,3 millones empleos se podrían cubrir con mano de obra autóctona siempre que las tasas de empleo alcanzaran los niveles más elevados de la UE. Así, entre los hombres tendría que llegar al 83% --frente al 79% actual-- y entre las mujeres, el 70% tendría que trabajar --frente al 55% de ahora--.
Si se consiguieran estas cifras, aún quedarían descubiertos más de 1,1 millones de puestos de trabajo, para los que habría que recurrir a extranjeros. El sector servicios es que el sufriría mayor déficit, con más de dos millones de puestos por cubrir, seguido de la construcción (669.000), la industria (529.000) y el sector agrario (135.000).
MÁS PESO DE LAS ETT
Durante las jornadas, el secretario general de la Asociación Estatal de Trabajo Temporal (AETT), Javier Lozano, pidió incrementar el peso de la contratación eventual que gestionan este tipo de empresas, ya que ahora sólo tramitan el 14% de la temporalidad que existe en España y que supone el 30% del total de contratos.
Asimismo, las ETT reclaman intervenir en otras parcelas relacionadas con la gestión de recursos humanos, como la externalización de este departamento, selección o formación, dado que en la actualidad están limitadas a la cesión de trabajadores a otras compañías.
La sección algecireña de la Audiencia Provincial dejó ayer visto para sentencia el juicio que se sigue contra el marroquí Abdelaziz ben Aissa por su presunta implicación en la muerte de tres inmigrantes cuyos cuerpos aparecieron abandonados en mayo del pasado año en las proximidades de Torreguadiaro. El fiscal solicita para el acusado una pena total de 14 años y 11 meses por la comisión de tres delitos de homicidio por imprudencia grave, un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, otro de omisión del deber de socorro y un sexto delito de lesiones por imprudencia grave. Los hechos que se juzgan se remontan al 25 de mayo de 2004, fecha en la que los clientes del bar 'Merci', en Torreguadiaro, alertan a la Guardia Civil del descubrimiento de los cadáveres de tres personas y de una cuarta malherida en una cuneta a la altura del kilómetro 134 de la A-7. Transcurridos varios días desde que se produjera el hallazgo, Ben Aissa, acompañado de sus padres, se presentó en el cuartel de la Guardia Civil para denunciar que los fallecidos formaban parte de una expedición clandestina que pretendía introducir en España a bordo de un vehículo a media docena de inmigrantes sin documentación. El acusado reconoció entonces ser uno de los ocupantes del automóvil. Uno de los fallecidos era su hermano.
Ben Aissa y su hermano, naturales de Jorf, una pequeña localidad de la Rachidia marroquí, se incorporaron en Mequinez a una expedición cuyo objetivo era el de transportar clandestinamente hasta España a media docena de inmigrantes. El acusado, residente legal en Francia, sostiene que su presencia en el vehículo tenía por único objetivo el de acompañar y proteger a su hermano, que había pagado a las mafias para que le facilitaran la entrada en Europa sin documentación. Precisamente, la defensa argumenta que Ben Aissa no organizó ni promovió la expedición y que viajaba en el vehículo tan sólo con la intención de velar por la seguridad de su hermano. La fiscalía, por su parte, considera que el acusado sí era partícipe y cómplice en la operación.
Uno de los protagonistas de la vista celebrada ayer en la sección algecireña de la Audiencia no se encontraba presente en la sala. Mohamed Jilali, identificado por la Guardia Civil como la persona que conducía el automóvil que transportaba a los inmigrantes, se encuentra huido y sobre él pesa una orden de busca y captura internacional. Jilali es conocido en la zona de la Rachidia por ofrecer sus servicios a los inmigrantes para introducirlos clandestinamente en España a cambio de grandes cantidades de dinero. "Jilali es conocido en Rachidia por sus actividades; cada quince días organiza un viaje", declaró durante la vista Ahmed Amraoui, hermano de uno de los fallecidos.
En su declaración, Ben Aissa explicó que, una vez que, ya de madrugada, el automóvil dejó atrás la aduana del puerto de Algeciras, Jilali detuvo el vehículo en el lugar donde finalmente fueron hallados los cadáveres. El acusado aseguró que, tras advertir el mal estado en el que se hallaban los inmigrantes, escondidos en un doble fondo practicado en el vehículo, fue amenazado con una pistola por Jilali, por lo que huyó en taxi para posteriormente tomar un tren que le condujo hasta Madrid y de allí, a Barcelona. Días más tarde, volvería a Torreguadiaro para personarse ante la Guardia Civil. La fiscalía, sin embargo, considera que el acusado ayudó a Jilali a descargar los cadáveres y participó en las manipulaciones para ocultar los cuerpos.
Ahmed Allioui, uno de los seis inmigrantes que viajaban en el vehículo, permaneció ingresado varios días en el hospital de La Línea con síntomas de hipotermia, insuficiencia respiratoria y una lesión en el costado izquierdo. Allioui explicó ayer en el juicio con detalle la penosa expedición que concluiría con la muerte de tres de sus compañeros. Según declaró el marroquí, Jilali organizó en Tánger la colocación de los inmigrantes en el doble fondo del vehículo. El superviviente de la tragedia explicó que, una vez embarcados, el hermano del acusado y otro de los inmigrantes comenzaron a gritar pidiendo ayuda, a lo que una voz respondió: "Os vamos a sacar". Allioui perdería poco después el conocimiento. "No recuperé la consciencia hasta llegar al hospital", aseguró.
Guillermo W. y su compañera llegaron el lunes a las 5 de la tarde al aeropuerto de El Prat con la intención de pasar un mes en España. Llevaban billete de vuelta en avión, 4.500 euros y una carta de invitación de un amigo de Palencia, sellada ante notario, tal como exige la normativa para poder entrar como turistas. Interrogados por el policía del control de aduana, éste encontró contradicciones en su presencia en Barcelona y su supuesta participación en unas jornadas gastronómicas, de manera que de conformidad con sus potestades les denegó la entrada en España. Ni la presencia de un abogado de oficio, ni sus llamadas a amigos argentinos, ni un fax de su anfitrión ni la gestión del consulado lograron evitar su repatriación, prevista para ayer por la noche. "Hemos tenido que pasar la noche en una habitación con otras personas también retenidas, no nos dieron comida caliente hasta pasadas 24 horas y los colchones estaban sucios, no hemos dormido nada y ahora nos envían de vuelta, es injusto", narra Guillermo. Según dice, no era la primera vez que venía a España pero ahora cuando llegue a Argentina va a denunciar el caso para que otros ciudadanos no se sientan perjudicados como él.
Su llamamiento coincide con el que hacía anteayer el embajador uruguayo Álvaro Portillo en declaraciones aRadio el Espectador recogidas por la agencia Efe: "En este momento, solamente por situaciones extremas y tal vez ineludibles se hace aconsejable viajar a España". Las declaraciones de ese embajador para los uruguayos emigrantes se producían tras las expulsiones de España de dos ciudadados de ese país por no contar con una carta de invitación firmada por un notario.
El presidente de la asociación Fedelatina, Javier Bonomi, denunció también "la situación de inseguridad jurídica" que se ha creado en los últimos meses. "Hay que evitar la discrecionalidad de los funcionarios públicos de fronteras porque con sus decisiones pueden dañar económica y moralmente a muchos turistas". Bonomi considera además que la sala de tránsito para esos pasajeros retenidos en aeropuerto de El Prat no reúne las condiciones adecuadas y dignas.
LA VANGUARDIA DIGITAL JOSEP PLAYÀ MASET - 15/06/2005 BARCELONA
IU, que solicitará la comparecencia de la consejera de Gobernación, Evangelina Naranjo, por las muertes de inmigrantes ocurridas en las costas de Tánger (Marruecos), denunció ayer que las políticas migratorias de Junta y Gobierno basadas en el "bloqueo costero propician continuas tragedias" en el Estrecho. El diputado de IU José Cabrero exigió a la Junta y al Gobierno que pongan fin a esa política migratoria y aseguró que la tragedia de Tánger "es un drama que, por desgracia, no es la primera vez que ocurre, ni será la última, de continuar esta política insolidaria de la que es en gran parte responsable el Gobierno andaluz".
Cabrero exigirá que "nuestro territorio y nuestras costas dejen de ser una frontera blindada de modo que puedan evitarse más muertes" en el Estrecho, y criticó que se están "limitando las alternativas de emigración a la práctica mafiosa y clandestina".
"Las políticas migratorias impuestas por el Estado español y la UE no están garantizando los derechos humanos de aquellas personas que deciden abandonar sus países", afirmó el parlamentario, que dijo que "con la extensión del SIVE a todas las costas andaluzas y canarias están convirtiendo nuestro territorio en una fortaleza".
El naufragio de la patera en las cercanías de Tánger, a 300 kilómetros al norte de Rabat, causó el lunes doce muertos, seis mujeres y seis niños de corta edad.
En la lancha neumática viajaban unas 91 personas, de las que quince eran marroquíes y el resto subsaharianos.
Por otra parte, la Fiscalía del Tribunal de Apelación de Tánger confirmó ayer oficialmente la detención de cuatro agentes de las Fuerzas Auxiliares Marroquíes, sospechosos de estar implicados en el naufragio de la patera.
Según fuentes extraoficiales, los detenidos podrían haber percibido hasta 90.000 dirhams (unos 9.000 euros) por permitir que la sobrecargada patera se hiciera a la mar en el Estrecho.
La Red de Asociaciones del Norte de Marruecos -Chabaka- y la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía -Apdha- quieren expresar su dolor ante la muerte de catorce personas en el intento de encontrar una vida más digna.
Asimismo su solidaridad con todas las personas que están padeciendo enormes sufrimientos para ejercer su derecho a emigrar, como recoge el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos
La política de convertir a Europa en una verdadera fortaleza, con la extensión del SIVE por las costas andaluzas y Canarias o la impermeabilización de las fronteras de Ceuta y Melilla, está provocando situaciones trágicas como la vivida esta madrugada en las costas de Tánger. El traslado de la frontera Sur de la UE a Marruecos, convirtiéndolo en un verdadero gendarme de Europa, con el incremento de la represión sobre los subsaharianos o el cerco de campamentos como el de Benyunesh, está llevando a estas personas a una situación desesperada. Personas que han tenido que atravesar media África pasando grandes penalidades.
No es de extrañar pues que se arriesguen a subir a una patera hasta 105 personas, provocando la muerte de 14 personas, entre ellas 6 menores de corta edad, lo cual añade si cabe todavía mayor carga trágica a lo sucedido.
Con estas 14 muertes son ya 136 las víctimas de la emigración clandestina en el entorno del Estrecho. De ellas 81 han perecido en las costas del norte de Marruecos y del Sahara. La Unión Europea y los gobiernos español y marroquí consideran cínicamente a estas víctimas como "daños colaterales" del control de las migraciones. Pero se trata sin duda de un grave atentado a los derechos humanos, empezando por el derecho a la vida. Y sin embargo el intento de buscar una vida digna, aún en medio de grande sufrimientos va a continuar.
Tanto la Apdha como Chabacka, rechazan de plano esta política de convertir a Europa en una fortaleza. Rechazan asimismo la política marroquí de convertirse (quien sabe a cambio de qué) en gendarme europeo para las migraciones en el Norte de África.
Chabacka y Apdha exigen que se respeten los Convenios Internacionales de los que son firmantes ambos países, y por tanto que se permita a estas personas solicitar asilo en su caso, o encontrar fórmulas para poder emigrar sin verse condenados a situaciones infrahumanas en campamentos como los de Benuynesh, a la desesperación y a dejar la vida en el intento de la emigración clandestina.
Chabaka - Apdha 13-06-05 Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía Red de Asociaciones del Norte de Marruecos Chabacka
Ninguno de los seis bebés superaba los dos años y medio. Habían embarcado ayer lunes en una atestada patera en brazos de sus madres en una playa cercana a Tánger. Era el punto y final de un largo viaje por media África hasta alcanzar las costas del Mediterráneo, y de allí a España. Junto a los malogrados bebés fallecieron seis mujeres, alguna de ellas madre de los niños, y dos varones. Todos ellos eran subsaharianos.
La tragedia se gestó a primera hora de la mañana de ayer, cuando en torno a un centenar de inmigrantes -hombres, mujeres, niños y bebés- abordaron con las primeras luces del alba una 'zodiac' de apenas siete metros de largo. El numeroso contingente había embarcado en una playa cercana al Cabo de Malabata, frente a las costas de Tarifa, una zona azotada, también ayer, por el fuerte viento y situada a una veintena de kilómetros al este de Tánger.
Funcionarios detenidos
El vasto grupo dirigiéndose a la playa no pasó desapercibido para las fuerzas de seguridad marroquíes, que, según las primeras investigaciones, hicieron la vista gorda. De hecho, al menos cuatro funcionarios de las fuerzas auxiliares marroquíes ya han sido detenidos por permitir el embarco masivo. Están acusados de haber cobrado 90.000 dirhams, unos 9.000 euros, por no bloquear el paso a los subsaharianos.
Los inmigrantes, pagado el chantaje, embarcaron para un viaje que no duró más que minutos. La sobrecarga, el viento y el oleaje terminaron de inmediato con la travesía. La barca volcó a escasos metros de la playa, lo que a la postre salvó la vida a 91 de los pasajeros, la inmensa mayoría de los cuales no sabía nadar.
Sin embargo, los más débiles no pudieron hacer nada: los bebés fueron los primeros en irse al fondo sin que sus madres o los inexpertos nadadores que les acompañaban pudieran hacer nada, más allá de intentar salvar sus propias vidas. Seis mujeres y dos varones tampoco lograron mantenerse a flote a pesar de que tenían ante sus ojos la tierra firme que acaban de abandonar hacía sólo unos instantes.
Cuando las asistencias marroquíes llegaron a la playa, los 91 supervivientes habían ganado a nado la costa por sus propios medios y el mar había devuelto a tierra firme a la mayoría de los cuerpos de los fallecidos. A los médicos y sanitarios del país vecino sólo le restó atender a los heridos y llevar los cadáveres a una morgue cercana.
Y la suma sigue. La Guardia Civil interceptó en madrugada, a las 4.00 horas, una patera ocupada por 49 'sin papeles', cinco de ellos mujeres, a una dos millas de las costa de Tarifa (Cádiz). Los inmigrantes, que se encuentran en buen estado de salud, fueron atendidos en el centro para la atención de inmigrantes de Isla de Las Palomas, un lugar más que concurrido a partir del verano.
Alerta de Cruz Roja
La larga lista de inmigrantes que intentan acceder de forma ilegal a España no para de crecer. Según un informe de la Cruz Roja presentado en Granada -donde el domingo se interceptó otra patera en Motril con 37 inmigrantes marroquíes, hasta la fecha son 1.087 los 'sin papeles' que han intentado llegar a España a través del litoral granadino. La cifra supone el doble de la registrada el año pasado durante el mismo período. El informe de la Cruz Roja destaca que sus efectivos no dan a basto para recibir tal oleada de inmigrantes y subraya que las pateras cada vez llegan más cargadas de personas. Si antes la media de personas que intentaban llegar a España en una patera era de 30, ahora se ha subido hasta 50.
Diario SUR Digital
==================================================================================== Es difícil comprender cómo 91 personas pretendían llegar a las costas españolas en una zodiac de apenas 7 metros de eslora. La respuesta está quizás en la desesperación que lleva a estos inmigrantes a arriesgar su vida porque en Marruecos, país de tránsito hacia Europa, la situación es insostenible. Pero al final lo intentaron y el resultado es que 12 de ellos fallecieron ahogados, entre las cuales había seis niños de menos de dos años y medio.
Según fuentes oficiales locales en Tánger, la zodiac partió de madrugada de la playa de Sidi Kankus, una pequeña población entre Tánger y Alcazarquivir, y a los pocos metros de la costa, en una zona poco profunda pero muy rocosa, el sobrepeso de la embarcación y las olas provocaron el naufragio. El equipo de salvamento marroquí localizó ayer 12 cadáveres que corresponden a seis mujeres y seis bebés. Muchos de los menores fallecieron junto a sus madres.
Además, las autoridades marroquíes informaron de que otras 79 personas lograron alcanzar la costa y fueron trasladadas dependiendo de su estado al hospital civil o a la comisaría. De estos supervivientes, 64 son subsaharianos y los otros 15 son marroquíes. Una mujer senegalesa explicó que una gran ola hizo volcar la lancha. Según ese relato, "las mujeres, muchas de las cuales iban con sus hijos, fueron las que tuvieron más dificultades para ganar la orilla y algunas no lo consiguieron".
De momento no hay una explicación oficial sobre la elevada cifra de inmigrantes que se encontraban en la embarcación (esa zodiac tiene una capacidad máxima de 50 personas) y tampoco se descarta que alguno de los detenidos pudiese formar parte otra expedición.
La zona en la que se hundió la embarcación no es profunda, aunque sí muy rocosa. Además de la sobrecarga, en la madrugada de ayer había un fuerte viento.
La agencia Efe citó también fuentes extraoficiales en Tánger para informar de que cuatro agentes de las Fuerzas Auxiliares marroquíes, el cuerpo que se encarga de vigilar las costas del país para impedir este tipo de salidas, fueron detenidos por haber percibido unos 9.000 euros a cambio de permitir a la lancha zarpar de las costas marroquíes.
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía y la Asociación Chabacka (federación de ONG del norte de Marruecos) denunciaron que con estas 12 víctimas son ya 134 los fallecidos en la zona del Estrecho este año, de ellos 81 en la costa norte de Marruecos y en la del Sahara, informa José Bejarano. Estas asociaciones denuncian que el control migratorio del sur de Europa se ha trasladado a Marruecos, por lo que los naufragios se producen ahora en sus costas.
El pasado 30 de mayo, organizaciones de derechos humanos de Francia, Bélgica, España y Holanda lanzaron un llamamiento de socorro, alertando de la situación de los inmigrantes subsaharianos, muchos de ellos refugiados políticos, en Marruecos. Durante las últimas dos semanas, las Fuerzas Auxiliares, con el apoyo en las ciudades de la policía de proximidad y los gendarmes (similar a la Guardia Civil en España), han acentuado el acoso y las redadas en zonas donde los inmigrantes de África subsahariana esperan para alcanzar las costas españolas. Cuando las fuerzas del orden marroquíes los detienen, pasan por un juicio expeditivo en árabe y son dirigidos inmediatamente a Uchda, la frontera entre Argelia y Marruecos, donde son expulsados ilegalmente. La angustia con la que esperan ser aprehendidos en cualquier momento y desplazados más lejos todavía de su objetivo está provocando que lo arriesguen todo en travesías con tan poco futuro como la de la madrugada del lunes.
LA VANGUARDIA DIGITAL CARLA FIBLA - 14/06/2005 Servicio especial RABAT
