Entre julio de 2002 y diciembre de 2004, el Ministerio del Interior trasladó a 16.981 inmigrantes en situación irregular desde Canarias a la Península. El 72,4% de ellos (12.303) ingresaron en los centros de internamiento de extranjeros (CIE) situados en Madrid, Málaga y Murcia. Los sin papeles habían llegado a las islas en pateras y no habían podido ser repatriados porque sus países de origen no los reconocieron como ciudadanos. Los traslados se hicieron en virtud de los acuerdos adoptados por el Parlamento de las islas el 12 de diciembre de 2001 y por el Congreso de los Diputados el 16 de abril de 2002. En ellos se establecían medidas específicas para aliviar la presión migratoria que soportaba el archipiélago, cuyos centros de internamiento estaban saturados, y para evitar la concentración de extranjeros sin posibilidad de desplazarse.
Los acuerdos, firmados por el Gobierno autónomo que entonces formaban Coalición Canaria (CC) y el Partido Popular (PP) y por el Ejecutivo central, que presidía José María Aznar, fueron ratificados con motivo de los debates sobre el Estado de la Nación del 16 de julio de 2002 y del 1 de julio de 2003.
El 3 de julio de 2002 comenzaron a realizarse los traslados de inmigrantes, la mayoría subsaharianos, que fueron puestos en libertad a las pocas horas de su ingreso en los CIE de la Península, ya que habían cumplido el máximo de 40 días de reclusión que establece la Ley de Extranjería sin que hubiera podido llevarse a cabo su repatriación.
Según explicó el Gobierno en una respuesta parlamentaria al diputado socialista Antonio Hernando, en los últimos seis meses de 2002, el Gobierno del PP trasladó a 2.860 inmigrantes. La mitad (1.412) fueron llevados a Madrid. Una cuarta parte (710) fueron trasladados a Málaga y un quinto más (548), a Algeciras. A Barcelona sólo fueron llevados 59 inmigrantes; a Murcia, 74, y a Valencia, 57.
Cambio de distribución Durante 2003 se produjeron 6.911 traslados. El Gobierno de Aznar cambió su distribución, sobrecargando Málaga (1.843), que casi llegó a igualar a Madrid (2.061), y rebajando a 25 los inmigrantes llevados a Algeciras, cuyo CIE ya estaba saturado por las pateras llegadas a las costas de Cádiz. También crecieron los internamientos en Murcia (1.230) y Valencia (1.215) y, en mucha menor cuantía, en Barcelona (537). Los traslados a esta última ciudad cesaron completamente el mes de agosto de aquel año.
A lo largo de 2004, los inmigrantes trasladados desde Canarias a la Península crecieron hasta 7.210. La mayoría fueron llevados a Madrid (2.343) y Murcia (2.163). Les siguieron Valencia (1.748) y Málaga (956). Fuentes oficiales explicaron el descenso de traslados a esta última ciudad por el desplazamiento de las pateras que antes arribaban en Cádiz hacia las costas malagueñas y de la vecina Granada, lo que obligaba a disponer de plazas vacantes en el CIE de Málaga.
El aumento de trasladados a los CIE de Murcia y Valencia provocó hace unos meses la protesta de los Gobiernos autónomos de ambas comunidades, en manos del PP. Pese a los dos años y medio transcurridos desde que se aprobó el plan de traslados, éstos no fueron respaldados por una política integral hasta el pasado 28 de enero, fecha en la que el Consejo de Ministros aprobó un protocolo de actuación para atender y acoger a los sin papeles llegados desde Canarias.
El país de la Unión Europea que más derechos garantiza a los inmigrantes legales es Bélgica y el que cuenta con un marco más hostil es Dinamarca. No es una mera opinión; lo dicen también los números. Un nuevo índice, lanzado por entidades académicas de marcado acento anglosajón, convierte por vez primera en datos objetivos las distintas políticas europeas sobre inmigración. El informe refleja grandes diferencias dentro de la Unión y sitúa a España en el quinto lugar, por encima de países con larga tradición de acogida a extranjeros. El índice no mide el éxito o fracaso de la integración, sino hasta qué punto la legislación les trata como ciudadanos. Y se refiere sólo a los inmigrantes que están legalmente instalados en el país. Los sin papeles quedan, por tanto, fuera del estudio.
El motor del índice ha sido el British Council en Bruselas, junto con el londinense Foreign Policy Centre -ambas instituciones, en la órbita del primer ministro británico, Tony Blair- y el Migration Policy Group, con sede en Bruselas. Pero han participado también universidades e investigadores de todos los países de la UE de los 15. La intención de los promotores es que la próxima edición incluya los datos de los países que se han incorporado tras la ampliación. Personalidades como la ex comisaria Emma Bonino y la ex alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos Mary Robinson están también involucradas.
"El objetivo es aportar información clara y factual para facilitar el análisis y combatir los prejuicios", explicó el presidente del British Council, el ex comisario y ex líder de los laboristas Neil Kinnock, cuando se presentó el estudio. Los expertos examinan la legislación de cada país referente a casi 100 aspectos considerados esenciales para facilitar la integración, y en cada caso otorgan una calificación que oscila entre el 1, si el marco dificulta la integración, y el 3, si se considera que es el más favorable para el inmigrante.
Cinco bloques Los puntos analizados se agrupan después en cinco bloques: mercado laboral, obtención de la residencia, de la nacionalidad, agrupación familiar, y medidas antidiscriminación. En cada apartado los países obtienen una calificación media que también va del 1 (mala) al 3 (buena). Bélgica es, con diferencia, el país que ofrece un marco más favorable: logra 12,88 puntos sobre un máximo de 15. Si a la media de los 15 países analizados se les otorga el valor 100, Bélgica se sitúa holgadamente por encima, con el 117,25% respecto a la media (ver infografía). Holanda, donde el no a la Constitución europea se basó en parte en los recelos hacia la inmigración, ocupa el segundo lugar en la nueva clasificación entre los que mejor trato dispensa. En el extremo contrario se sitúa Dinamarca, que suma sólo 7,86 puntos sobre 15 y se queda en el 82,09% de la media comunitaria.
El estudio deja a España en quinto lugar, con una puntuación de 12,01, por encima de países con larga tradición en la acogida a inmigrantes como Alemania, Francia y el Reino Unido. Es el único país, junto con Bélgica, que en los cinco grandes bloques se sitúa por encima de la media, e incluso encabeza la lista referente al mercado laboral, en el que logra 2,78 puntos sobre un máximo de 3.
Este bloque del mercado laboral incluye aspectos muy diversos. Entre otros, el reconocimiento de los títulos obtenidos en el extranjero, las posibilidades de trabajar en el sector público, las facilidades para abrir un negocio o para renovar el permiso de trabajo, el acceso a la seguridad social, la igualdad de salario con los nacionales y los derechos sindicales.
El índice de 2005 no incluye la reciente regularización de 700.000 inmigrantes. El informe destaca precisamente que las altas estimaciones de trabajadores sin papeles hacen que el dibujo en este apartado sea parcial y que variaría si aflorase toda la economía invisible, parte de la cual está emergiendo como consecuencia de la regularización. Por áreas, las leyes de la UE en su conjunto son especialmente favorables a los inmigrantes en el mercado de trabajo. Donde la UE registra una cifra más baja es en el acceso a la nacionalidad. "Los Estados no han decidido si ven la inmigración como una solución temporal para los déficit del mercado laboral o como un fenómeno permanente con efectos positivos, por ejemplo sobre las pensiones", opinan los autores del índice.
En todas las culturas se cuecen habas y no todo el inmigrante es tan malo como lo pintan. Arsenio Pancho sabe perfectamente de lo que habla. Lo comprueba cada día personalmente desde las puertas del hotel que custodia desde hace trece años en pleno centro de Barcelona. Es un experto en psicología turística y le entristece comprobar que en los dos últimos años ha crecido en Catalunya la intolerancia hacia los inmigrantes.
Arsenio, que nació en Guinea Ecuatorial, se exilió a España después de acabar sus estudios de Agronomía y Ciencias Empresariales en Cuba. Tras este inusual periplo aquí montó su familia y su negocio, que abandonó cuando éste dejó de funcionar. "A través de una amiga me enteré de que iban a abrir este hotel y presenté mi currículo", cuenta, aunque los planes de la empresa eran encontrar a una persona de carácter alegre capaz de cuadrar en la filosofía del hotel. Así es como Arsenio se ha convertido en la primera impresión y la última que los clientes del Claris tienen de este establecimiento. "Quería probar una cosa nueva. Sacarme de encima la saturación que arrastraba de mi fallido negocio, así que acepté y me fui a ver a los porteros del Ritz para que me explicaran un poco los secretillos de la profesión", recuerda.
Desde entonces vende una de las sonrisas más famosas entre los empresarios hoteleros de la ciudad. Sólo se le enturbia cuando algún cliente ha sufrido un percance en la ciudad, generalmente un robo, mayoritariamente perpetrado por un inmigrante. "Antes me lo explicaban directamente a mí, que era a la primera persona que veían al entrar en el hotel. Ahora van a la recepción y buscan a alguien del país. Eso nunca me había pasado y me entristece mucho", reconoce. Y lamenta profundamente que a todos los inmigrantes los pongan en el mismo saco, y casi nunca para bien.
Arsenio ha aprendido de la variedad de nacionalidades que hay en su hotel principalmente respeto. Respeto y conocimientos. "Gracias a eso ahora soy capaz de distinguir la nacionalidad de un cliente con sólo verlo entrar por la puerta", se jacta.
LA VANGUARDIA DIGITAL ARSENIO PANCHO GUINEA ECUATORIAL PORTERO DEL HOTEL CLARIS
Los organizadores del concierto antifascista donde se inició la pelea que acabó con la muerte de Josep Maria Isanta, el 28 de mayo en Berga, acusaron de mentirosa a la consellera de Interior, Montserrat Tura, por las declaraciones del miércoles en el Parlament, donde les acusó de falta de colaboración para evitar el asesinato. Las entidades responsables del concierto se mostraron ayer "indignadas" por las palabras de la consellera y la acusaron de confundir a la opinión pública contado "medias verdades, imprecisiones y exageraciones". Entre ellas destacaron que el concierto incumpliese medidas de seguridad y que tiraran piedras a la primera patrulla de los mossos. El concierto en el que se iniciaron los trágicos hechos que acabaron con la muerte de Isanta fue organizado por cuatro de los colectivos más activos de la ciudad: el Ateneu Llibertari del Berguedà, el Centre d'Estudis Josep Esther Borràs, el Ateneu Columna, Terra i Llibertat y el Casal Panxo. 16 de sus miembros comparecieron para dar su versión. "Estamos muy dolidos y no encontramos sentido a las críticas de la consellera. Se criminaliza a nuestros colectivos por la forma de pensar y nosotros no somos los responsables de la muerte de nuestro amigo", dijo un portavoz, David Cols.
MALA RELACIÓN Tura hizo el miércoles un relato exhaustivo de los ataques que han recibido los mossos desde que se desplegaron en el Berguedà. Aunque los jóvenes reconocen esta mala relación, creen que Tura descontextualizó las protestas "que obedecieron a unas situaciones muy concretas". Los jóvenes exigieron que se aclare de una vez lo sucedido la noche del 28 de mayo esa noche e insistieron en que en el lugar de la pelea había policías de paisano. Y desmintieron que el concierto no cumpliera con los requisitos de seguridad, como dijo Tura. "Nadie nos exigió vigilantes y cerca había un puesto de Cruz Roja", afirmaron.
ElAyuntamiento de Alcarràs acaba de iniciar una auténtica caza contra los agricultores que acuden a la población a buscar a temporeros sin papeles y se los llevan a sus fincas para explotarlos. El paso dado por el Consistorio es la prueba de la existencia de una importante bolsa de payeses sin escrúpulos que actúan como auténticos negreros y que tenían en Alcarràs su principal centro de operaciones.
Para acabar con esta práctica, el Ayuntamiento ha dado órdenes a la policía local de que controle a todas las personas de fuera de la población que recalen en las próximas semanas en Alcarràs y sean sospechosos de buscar esa mano de obra ilegal. La caza de estos negreros ha empezado y los Mossos han recibido ya las matrículas de algunos de estos vehículos sospechosos. El Ayuntamiento de Alcarràs parece más decidido que nunca a evitar que esta población vuelva a convertirse, durante la campaña de la fruta, en el principal centro de concentración de los temporeros que recalan en el Baix Segre en busca de trabajo y que no tienen ni papeles ni ofertas previas de mpleo.
La primera medida fue derribar la granja abandonada que había en las afueras de Alcarràs y en la que llegaron a hacinarse el pasado verano cerca de un millar de inmigrantes. Las condiciones de vida allí eran infrahumanas y este año esa imagen no va a repetirse, al menos en el mismo sitio, ya que la finca ha sido vallada y el suelo labrado.
Más tarde, el alcalde de Alcarràs, Gerard Serra, anunció que este verano el Ayuntamiento iba a recortar las ayudas a estos extranjeros para evitar que esta población se convierta, como otros años, en una especie de centro de peregrinación de los inmigrantes ilegales que recalan en esta zona en busca de esos servicios sociales que les ofrecían ropa, comida y todo tipo de ayuda.
El último paso dado por Gerard Serra para ahuyentar a estos temporeros ha sido la decidida e inédita ofensiva, dirigida desde el propio Consistorio, contra los payeses que buscan esa mano de obra ilegal. Estos agricultores tienen buena parte de culpa de la llegada de esos centenares de inmigrantes irregulares que, pese a ser plenamente conscientes de que van a ser explotados, buscan a esos negreros porque cuando llegan apenas les queda ya dinero para sobrevivir.
Gerard Serra apunta a las localidades vecinas cuando revela la existencia de estos agricultores que operan al margen de la ley y les advierte de que van a ser denunciados. Ese control ordenado a la policía local revela que a partir de ahora ya no se va a mirar hacia otro lado cuando lleguen a Alcarràs -como ocurre año tras año- esos vehículos que recogen, a punta de día, a temporeros sin papeles para llevárselos a fincas de pueblos vecinos y después regresan por la tarde para dejar a los temporeros en la misma población.
Gerard Serra no está solo es esta lucha. La directora general de Inmigración, Marta Rodríguez, se ha reunido con los subdelegados de Almería, Murcia y Málaga para evitar el efecto llamada que suele fomentarse en estas provincias animando a los inmigrantes a que se desplacen a Lleida con la promesa de que ahí hay trabajo para todos.
LA VANGUARDIA DIGITAL JAVIER RICOU - 10/06/2005 Alcarràs
Las remesas enviadas por los inmigrantes extranjeros en España a sus familiares, que han quedado en los países de origen, han crecido espectacularmente en los últimos años. De los 520 millones de euros de 1997 se ha pasado a los 3.436 millones en el 2004. Esta cifra supera con holgura los 2.600 millones de euros que España dedica a la ayuda al desarrollo, tal como recuerdan Miguel Ángel de Prada, Carlos Pereda y Walter Actis, miembros del Colectivo IOÉ, en un artículo incluido en el primer número de la revista Panorama Social, de la Fundación de las Cajas de Ahorros.
Este aumento del 560% en tan sólo siete años explica que el número de agencias especializadas en el envío de remesas haya pasado también de 10 a 55 y que cuenten ya con 6.700 locales en todo el país. Aún así, el Banco de España considera que las remesas reales pueden doblar esa cifra y alcanzar los 6.500 millones de euros, aunque entre un 10 y un 15% se quedaría en manos de las entidades intermediadoras.
Son muchos los tópicos y equívocos que envuelven el fenómeno de la inmigración, especialmente en referencia a su aportación económica. Pese a la cuantía de esas remesas, actualmente los emigrantes españoles en el extranjero -menos ya de dos millones- siguen aportando a la economía de aquí más dinero del que extraen los inmigrantes (4.171 millones frente a 2.895, según datos del 2003). España gana también con los inmigrantes porque en su mayoría se trata de una población joven y sana, que aporta -vía cotizaciones sociales y consumo-más de lo que gasta -vía prestasociales o sanitarias-. Un 66,5% de los extranjeros empadronados en España tienen entre 20 y 49 años, por lo que no gastan en educación y poco en sanidad.
El estudio publicado es uno de los primeros análisis globales de la inmigración con los datos más recientes. De los casi 44 millones de habitantes empadronados a principios de este año, había 4.355.300 inmigrados (nacidos en otro país), de los cuales debían considerarse extranjeros (nacidos en otro país y no nacionalizados) 3.691.547. Del total de extranjeros, un 20,8% procede de países de la Unión Europea y un 2% de América del Norte y Japón, pero casi el 80% es originario del mundo menos desarrollado. Si hace una década, las mayores entradas procedían de la Europa comunitaria y de Marruecos, ahora son de Latinoamérica y Europa del Este. Los mayores incrementos porcentuales en los últimos cuatro años corresponden a bolivianos, rumanos y búlgaros, que son también los colectivos con más irregulares.
Existe un relativo equilibrio de géneros, aunque predominan las mujeres entre los colectivos de Colombia, Bolivia, Perú y Santo Domingo. Hay 516.500 menores de 15 años, con porcentajes altos entre marroquíes, ecuatorianos, chinos y dominicanos. En el otro extremo de la pirámide, entre las 270.000 personas de 60 años o más, los colectivos más numerosos son los ingleses y alemanes.
De momento la llegada de los hijos de los inmigrantes no ha servido para frenar la caída demográfica del alumnado español. Los datos provisionales del curso 2004-05 estiman en medio millón el número de alumnos en niveles no universitarios, lo que significa el 7,2% de la matrícula total.
Actualmente el 9% de los nacimientos son de parejas extranjeras y el 5%de parejas mixtas. El porcentaje de alumbramientos más alto procede de las mujeres marroquíes, que aportan el 26% de los nacimientos, y de las ecuatorianas, con el 20%. La fecundidad de las mujeres marroquíes y de las chinas duplica la media de las extranjeras.
Otro estudio de Inés Alberdi, incluido en Panorama social,explica los cambios profundos en la estructura familiar (hogares más pequeños, cambio de valores, nuevo reparto de funciones). En 1981, trabajaban un 28% de las mujeres de 30 a 40 años, mientras que en el 2003 son un 70% las mujeres activas.
LA VANGUARDIA DIGITAL JOSEP PLAYÀ MASET - 10/06/2005 BARCELONA
La Asociación de Vecinos Bermejales 2000 ha pedido una "reunión urgente" con los portavoces de los cuatro grupos políticos con representación en el Ayuntamiento de Sevilla -PSOE, IU, PP y PA- para que "se quiten la careta" y se posicionen sobre la construcción de la mezquita proyectada en el barrio por la comunidad islámica. La presidenta de esta entidad, Concepción Rivas, informó de que ha remitido un escrito a cada uno de los portavoces de los grupos municipales en el que les reclama una entrevista para abordar este asunto y les invita a la próxima asamblea vecinal que se celebrará el próximo martes. Concepción Rivas demandó que "se definan y digan si están de acuerdo o en contra de los vecinos" en esta materia e insistió en que el solar de propiedad municipal sobre el que se edificará el templo islámico debería destinarse a la instalación de servicios sociales.
La Sección Tercera de la Audiencia Provincial ha condenado a José Santiago M. S., el joven natural de Valencia acusado de disparar con una escopeta contra un ciudadano marroquí, en Peñíscola, por motivos racistas, a 13 años de prisión por un delito intentado de asesinato, con la agravante de actuar por motivos racistas, y a dos años de prisión, por de tenencia de armas prohibidas.
El tribunal considera probado que el acusado, sobre las 23.40 horas del 11 de abril del 2002, provisto con una escopeta con los cañones y la culata recortados "para aumentar su eficacia", se dirigió al bar Sabrina, sito en la avenida Papa Luna de Peñíscola. Allí se encontraba un primo del dueño, N. A., de nacionalidad marroquí, que trabajaba allí como cocinero y desde hacía unos días también realizaba funciones de vigilancia al haber sufrido el local un ataque en el que se incendió el bar y colocaron carteles y pintadas donde podía leerse "fuera moros" o "moros a la horca".
El procesado, aprovechando que en el exterior del establecimiento no había luz, y de forma sorpresiva, "conociendo que víctima no tenía oportunidad de defenderse" y que se dirigía hacia la puerta al apercibirse de la presencia de alguna persona fuera, "le disparó con la intención de acabar con su vida", efectuando varias detonaciones con la escopeta, algunas de las cuales impactaron en N. A., que cuando comprobó que la persona que le había disparado se había marchado, salió al exterior pidiendo auxilio y fue asistido por varias personas.
La víctima, presentaba tres orificios por arma de fuego a nivel de tórax, tres en abdomen; uno en el hombro y otro en la cadena derecha, fue trasladada a un hospital, donde recibió asistencia médica, "sin la cual hubiera fallecido".
Asimismo, según recoge la sentencia, el procesado, que no conocía a la víctima, "sentía desprecio por las personas de raza no europea, lo que motivó que disparara con la escopeta en un bar que él sabía regentado por marroquíes".
TATUAJES NAZIS José Santiago M. S. presenta varios tatuajes en su cuerpo, como águilas con la gruz gamada, la inscripción Europa Blanca o Heit Hitler, y en su domicilio hallaron recortes de prensa sobre noticias sobre nazis y sobre un procedimiento contra el mismo por haber dispararo contra niños de raza gitana, así como panfletos de simbología nazi, donde se podían leer frases tales como "disparar a gitanos y yonquis es un simple entretenimiento de feria; J. S. M. S. procesado por la gitanería", "inmigrantes, judios y gitanos, destructores de la raza blanca, invasores de naciones y ladrones de culturas, lenguas, idiomas y tradiciones".
Horas después de producirse los hechos, los agentes encargados de la investigación le solicitaron autorizaciones para registra la vivienda, a lo que él accedió, y hallaron varios cartuchos y debajo de un sofá-cama la escopeta de cañones recortados, y le detuvieron.
Noticia del 30 de abril 2005 El Periódico Mediterraneo
La OSCE (Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa) advirtió ayer de que las decisiones de los Gobiernos nunca deben servir para justificar el racismo, la xenofobia o la discriminación de grupos sociales o religiosos y que los actos de terrorismo no deben ser identificados con ninguna religión, cultura o grupo étnico.
Estas son dos de las principales recomendaciones acordadas en la Conferencia de la OSCE que ha reunido en Córdoba a representantes de más de 50 países para analizar los avances en la lucha contra el antisemitismo, los perjuicios contra las religiones y otras formas de intolerancia. La elección de Córdoba -como advirtió el Rey Juan Carlos en el almuerzo de bienvenida- se debe a su singular historia, «símbolo de coexistencia en armonía de las culturas cristiana, judía y musulmana». La Declaración de Córdoba será ratificada hoy.
En esta ciudad, los representantes gubernamentales y numerosos expertos en conflictos sociales han subrayado la importancia de afrontar esta lucha de manera coordinada entre todos los países y, en especial, a través de la educación, para reconocer y atajar el problema desde el momento de su aparición. Todos ellos advirtieron sobre los peligros de una creciente falta de tolerancia e incomprensión entre grupos de distintas religiones, un fenómeno que, si bien no es nuevo, se ha visto incrementado a raíz de los atentados islamistas de Nueva York y Madrid, y a causa de un aumento de los movimientos migratorios de países musulmanes hacia Europa.
Planes específicos
Además, la conferencia, convocada con el objetivo de valorar los avances puestos en práctica por los distintos países, encomendó a la Oficina de Derechos Humanos de la OSCE la tarea de elaborar planes específicos para orientar a los países en el desarrollo de medidas como recolección y manejo de información, legislación e implementación, y diseño de programas educativos y de capacitación de funcionarios públicos.
En la jornada de inauguración, el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, subrayó que en la lucha contra la intolerancia «no valen las declaraciones» sino que hay que implantar «medidas concretas de carácter obligatorio» para acabar con la discriminación y para «acomodar» el hecho religioso en la sociedad. Así, Moratinos destacó la necesidad de implementar medidas para facilitar la integración de los musulmanes y evitar que haya quien «cae en la trampa de identificar al islam y a quienes lo practican con la intolerancia cuando no con el terrorismo».
En el turno de intervenciones, el representante israelí Michael Melchior advirtió sobre el resurgir del antisemitismo en el mundo y apostó por impulsar un «diálogo de civilizaciones» que promueva la educación y el diálogo para «vencer a la intolerancia».
Por su parte, el representante de Estados Unidos y gobernador del estado de Nueva York, George Pataki, propuso imponer penas más severas por actos de intolerancia religiosa, xenofobia o por discriminación sexual; fomentar la formación de policías y otros funcionarios en materia de tolerancia, y potenciar la creación de grupos comunitarios que «eduquen en la diversidad».
El viceministro marroquí de Exteriores, Taieb Fassi Fihri, expresó su preocupación por la «islamofobia» y las discriminaciones que sufren los inmigrantes musulmanes en los países europeos y apeló a la responsabilidad de los Estados para que contribuyan a luchar contra los fenómenos de segregación.
Por su parte, y en nombre de la Santa Sede, el arzobispo de Toledo, Antonio Cañizares, aseguró que «la intolerancia y la discriminación contra los cristianos es un fenómeno preocupante al que hay que poner fin con la misma determinación con que se combate el antisemitismo y la discriminación de los musulmanes».
Por último, el ministro luxemburgués de Exteriores y presidente de turno del Consejo de la UE, Jean Asselborn, expresó la determinación de la Unión de movilizar a los Gobiernos y las sociedades europeas para «luchar sin respiro» contra la «abominación» que supone «el resurgimiento del antisemitismo».
Un jurado encabezado por el presidente de la Xunta de Galicia, Manuel Fraga, otorgó ayer en Oviedo el Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales al escritor y analista político italiano Giovanni Sartori, por el "compromiso con las garantías y las libertades de la sociedad abierta" que ha regido su trabajo teórico. La organización SOS Racismo criticó el fallo y calificó de "racista" y peligroso para la convivencia el discurso de Sartori, que en los últimos años ha mostrado repetidamente su preocupación por la "inmigración incontrolada". El acta del jurado señala que el politólogo "ha reflexionado y alertado con particular agudeza sobre los problemas sociales e institucionales de nuestro tiempo y sobre el necesario equilibrio de los diversos poderes en las sociedades democráticas". También destaca el "extraordinario prestigio" del que goza en la opinión pública internacional. Sartori (Florencia, 1924), profesor emérito en la neoyorquina Universidad de Columbia, expuso sus puntos de vista sobre la inmigración en el polémico ensayo La sociedad multiétnica. Pluralismo, multiculturalismo y extranjeros, del 2001. Ayer, en conversación teléfonica, volvió a defender las tesis del libro. "Europa no puede acoger a toda esa invasión clandestina --señaló--. No se puede renunciar a controlar la inmigración irregular porque en África hay cientos de miles de personas que vendrían a Europa si no hay control". Esa corriente migratoria genera, a juicio del pensador italiano, graves problemas, no sólo en el ámbito económico o laboral, sino, sobre todo, en el terreno cultural. "Todo eso ha influido en Francia y Holanda", agregó, aludiendo al rechazo de los electores franceses y holandeses al tratado constitucional europeo.
RETIRADA DE IRAK También fue controvertida en su día la postura de Sartori respecto a la decisión del Gobierno socialista español de ordenar el regreso de las tropas deslpegadas en Irak, gesto que calificó de "cobarde". "Fui muy crítico con el comportamiento de Zapatero porque me parece una irresponsabilidad --insisitió ayer--. Sé que se trata de una promesa electoral, pero, a veces, las promesas deben dejarse. Creo que debemos ser capaces de salir de Irak, pero no irnos sin más, porque, de otro modo, dejaremos el estado iraquí en manos de los terroristas". El portavoz de la organización SOS Racismo, Diego Lorente, manifestó que la concesión del premio a Sartori es una decisión "muy poco acertada" porque, "aunque puede haber tenido una buena trayectoria", en los últimos años "su discurso de choque de civilizaciones es racista, xenófobo, injusto y perjudicial, y hace daño a la convivencia". El secretario general del Grupo Socialista, Diego López Garrido, señaló que el galardón es "del todo merecido" y calificó la obra del pensador italiano de "interesante", aunque agregó que sus declaraciones sobre la retirada de Irak fueron "muy desafortunadas".
El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, se comprometió ayer en el Congreso a estudiar, a propuesta de CiU, la imposición de visado de turista a ciudadanos bolivianos para entrar en España cuando su estancia sea inferior a tres meses. El parlamentario de CiU Carles Campuzano recordó que los bolivianos han entregado 47.202 peticiones en el proceso de normalización y son el quinto país en presentación de solicitudes. También la diputada de PP Ángeles Muñoz afirmó que la policía ya ha alertado del incremento de ciudadanos que llegan a España desde Europa procedentes de Bolivia, Brasil y Venezuela.
Los datos del padrón de inicios del 2005 indican que el pasado año el número de ciudadanos de Bolivia registró un aumento del 84% y pasó de 53.345 a 96.800.
De las cuatro primeras nacionalidades solicitantes de la normalización, Ecuador, Marruecos y Colombia ya tienen obligación de solicitar visado de turista para evitar que los ciudadanos de estos países se conviertan en irregulares sobrevenidos que no abandonan España una vez expira el periodo en el que pueden estar sin visado. A los rumanos (segunda nacionalidad solicitante), por decisión europea, se les retiró la imposición de este visado ante su futura entrada en la UE.
"Nos vamos a encontrar con nuevos ciudadanos irregulares procedentes de Bolivia, que pueden venir a España sin visado y quedarse posteriormente, y, además, corremos el riesgo de que bajo el paraguas de Bolivia vengan también de forma irregular nacionales de Ecuador y Colombia", explicó Campuzano. "No sería prudente que adelantara ahora las posibles estrategias que se pudieran tomar o no en el futuro -respondió el ministro-. Además, usted sabe que estas decisiones no las puede tomar España sino que es una decisión conjunta de la UE. Pero recojo su planteamiento y el tema se estudiará".
El ministro de Trabajo explicó ayer que, del total de altas en la Seguridad Social procedentes del proceso de regularización, sólo hay un 2,71% que corresponde a contratos indefinidos. Además, el 31,7% del total de expedientes presentados tiene cabida dentro del régimen del hogar, lo que da una idea también de la precariedad de los empleos que se han generado.
Según Caldera, la Seguridad Social recaudará este año gracias a este proceso 750 millones de euros adicionales. Y para el 2006 calcula que se superará los 1.500 millones. También precisó que no habrá expulsiones para los menores sin papeles y podrán obtener un permiso de residencia a través de una nueva fórmula jurídica. Se trata del "arraigo de menores", al que podrán acogerse si demuestran dos años de residencia continuada en España y sus padres o tutores tienen los medios de vida y alojamiento exigidos para la reagrupación familiar.
El 60,28% de los nuevos cotizantes extranjeros tiene entre 25 y 39 años; el 20,5%, entre 41 y 65 años, y el 19,21%, entre 16 y 24 años.
LA VANGUARDIA DIGITAL Redacción y agencias. MADRID
Los menores extranjeros hijos de inmigrantes en situación legal en España podrán regularizar su situación si acreditan dos años de permanencia en España de forma continuada, y siempre que los padres o tutores cumplan con los requisitos de medios de vida y alojamiento.
Este arraigo de menores está incluido en el artículo 90.4 del Reglamento de Extranjería, según explicó ayer el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, y se trata de un "mecanismo permanente de regularización cuando se dieran las condiciones adecuadas". Caldera compareció ante la comisión de Trabajo y Asuntos Sociales del Congreso de los Diputados para hacer balance del proceso de regularización de extranjeros, que a fecha de 6 de junio de 2005 alcanzó las 160.000 altas en la Seguridad Social, lo que supone un 25 por ciento del total posible.
A juicio del ministro, se trata de un "número acorde con el ritmo de resolución de expedientes". A 3 de junio, las resoluciones de solicitudes de regularización alcanzaban las 323.600, lo que supone el 47 por ciento del total. Nueve de cada diez se han resuelto positivamente, por lo que Caldera calculó que, al final del procedimiento, las rechazadas oscilarán únicamente entre un 3 y un 5 por ciento. El objetivo es poner punto y final a todo el proceso "antes de las vacaciones de verano", precisó Caldera, quien insistió en el "éxito social" que ha supuesto el proceso de regularización, como a su juicio demuestran las 690.679 solicitudes presentadas.
Respecto a las altas en la Seguridad Social, el 46,85 por ciento corresponde a contratos de duración determinada y el 2,71 por ciento a indefinidos, mientras que no consta en el resto. Por sexos, el 51,66 por ciento son hombres y el 48,34 por ciento mujeres. Son mayoría, el 60 por ciento, los que tienen entre 25 y 39 años, seguidos del 20,5 por ciento que tiene entre 41 y 65, y el 19,2 por ciento que tiene entre 16 y 24.
Atendiendo a la nacionalidad de los que ya tienen papeles, los más numerosos son los ecuatorianos (46.345), seguidos de rumanos (26.370), colombianos (18.812) y marroquíes (18.161). Por regímenes, el 36,7 por ciento está trabajando en el hogar, el 18,5 por ciento en la construcción, el 13 por ciento en la agricultura y el 10 por ciento en la hostelería. Caldera calculó que los ingresos adicionales para el sistema de la Seguridad Social serán de 750 millones en 2005 y superarán los 1.500 millones el año próximo una vez concluido el procedimiento.
Es humillante que para cada papel que tenemos que entregar en la Administración, debamos hacer horas de cola en la calle, bajo el frío o el sol.A la explotación que sufrimos, a la frustración que tenemos por tantas cosas, se añade la falta de explicaciones y esas colas sin sentido, todo eso genera un rencor que un día se puede transformar en bronca". Lo dice a través de una llamada telefónica una mujer irritada que ha tenido que acudir tres veces a la comisaría de la calle Bosch, junto a Via Augusta, de Barcelona, para recoger su tarjeta de identidad tras cumplir todos los pasos del proceso de regularización y después de horas de cola le han dicho que por un problema informático su nombre no constaba aún como dado de alta en la Seguridad Social.
F.R. es psicóloga y uruguaya, llegó a Barcelona hace tres años y para obtener un permiso de residencia ha tenido que emplearse en el servicio doméstico. Su abuelo era italiano y cuando llegó a Montevideo le bastó con su pasaporte. A ella no y ahora se ha acogido a la regularización. El 9 de marzo supo a través de internet que su caso se había resuelto favorablemente, aunque no se le comunicó hasta el 15 de abril e inmediatamente después se dio de alta en la Seguridad Social. Tenía un mes para pedir el NIE (número de identificación de extranjeros). Fue a los tres días a la única comisaría habilitada para ese menester en Barcelona y le dijeron que volviese más tarde. Volvió al cabo de 15 días y le comunicaron que había un problema informático. "Incidencia. Volver en 15 días", le escribió sobre los papeles, a lápiz, un funcionario. Le dieron un teléfono para llamar pero está colapsado. Ayer acudió a la comisaría, poco antes de las 9 de la mañana, su marido. La cola daba la vuelta a la calle Guadalajara porque algunos -otros inmigrantes como ella- habían pasado la noche de guardia. Al salir del trabajo, poco después de las tres, ella le relevó. Pasadas las cuatro de la tarde, a menos de una hora del cierre de la comisaría, dio el penúltimo paso para su regulación. Ahora ya sólo le queda acudir dentro de quince días a otra comisaría, en la calle Mallorca, para tener su tarjeta digital NIE, "suponiendo que no haya problemas".
Otros no tuvieron tanta suerte y tendrán que volver porque llegaron demasiado tarde o porque su nombre aún no está en el fichero. Es el caso de X.G., de origen chino, que lleva cinco años en Barcelona, aunque en su caso la cola la hizo para renovar su permiso de trabajo. O tres chicas ecuatorianas que ya se lo toman a broma. Una de ellas asegura que la última vez que vino y le dijeron que su nombre no les constaba como dado de alta le añadieron: "No le puedo dar un teléfono porque nos vuelven locos". Entre los propios policías se constata un cierto malestar por esa situación, por la falta de refuerzo de personal y por tener que realizar funciones informativas que no les corresponden.
Fuentes de la Delegación del Gobierno confirmaron a este diario que "se ha producido un problema informático que ha afectado en Barcelona a un paquete de personas, básicamente del servicio doméstico, pero ya está subsanado". Esas mismas fuentes han agregado que "todas las personas que cumplen los requisitos y ya están dadas de alta en la Seguridad Social no deben tener problemas para obtener la tarjeta digital aunque se rebase el plazo reglamentario de un mes, ya que se trata de un problema administrativo".
LA VANGUARDIA DIGITAL JOSEP PLAYÀ MASET - 07/06/2005 Barcelona
Uno de los obreros que quedó atrapado al derrumbarse un edificio en obras en Alicante falleció el sábado, mientras que el segundo trabajador rescatado por los bomberos de los escombros fue ingresado en estado grave vital en el Hospital General de Alicante, informaron fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias y del CICU.
El fallecido, identificado como M.H. de 28 años y de nacionalidad marroquí, permaneció atrapado en los escombros del edificio derrumbado desde las 13.49 horas, cuando esta finca de la calle Alfonso X el Sabio de Alicante se desplomó mientras unos obreros trabajaban en su rehabilitación.
El segundo trabajador rescatado, un hombre de 35 años, fue rescatado por los bomberos y trasladado al Hospital General de Alicante, donde permanece ingresado en estado grave vital, señalaron las mismas fuentes, quienes recordaron que la tercera persona que quedó atrapada por los escombros pudo salir sin heridas graves.
Carlos Arroyo, vocal de la junta directiva de Médicos del Mundo en Canarias, dijo en rueda de prensa que al Servicio Canario de la Salud (SCS) "le ha cogido desprevenido" este fenómeno y no ha asignado los recursos necesarios para atender esta situación, para la que hace falta "dinero, apoyos y mediadores culturales".
El SCS "da la espalda" a esta situación a pesar de que su responsabilidad es la atender a las personas, que tienen derecho a la asistencia sanitaria "por serlo" y no según "sus papeles, color de piel o si es colombiano o chino", denunció Arroyo.
José Pablo Pérez, coordinador de proyectos en Tenerife, informó de que Médicos del Mundo atendió en Canarias en 2004 a 1.017 inmigrantes que no tienen derecho a la sanidad pública, que sólo presta asistencia a un extranjero indocumentado si se trata de una urgencia, un embarazo o un menor.
"Hay una presión" para no integrar en la sanidad pública a este colectivo a pesar de que Médicos del Mundo ha propuesto en varias ocasiones al SCS un modelo de asistencia para inmigrantes irregulares que no le supondría un mayor coste, y que ya se aplica en Madrid, Andalucía, Galicia y País Vasco, explicó Pérez.
Carlos Arroyo detalló asimismo que en relación con los inmigrantes regulares se detecta una saturación en los centros de atención primaria, cuyo personal encuentra además dificultades con el idioma y desconocimiento de las características culturales de estos pacientes.
Por ello, Médicos del Mundo propone que el SCS imparta programas de formación específica en este ámbito, de manera que se eviten situaciones como la de prescribir determinados medicamentos a pacientes musulmanes en la época del ramadán, así como mediadores culturales que se encarguen de actividades educativas y de promoción de la salud en el colectivo de extranjeros.
Arroyo señaló además que hay "ausencia de patologías exóticas" en las consultas de atención primaria y "no hay en absoluto epidemias" ocasionadas por la llegada de inmigrantes a las Islas.
Sin embargo, como novedad se ha detectado el llamado síndrome de Ulises o duelo migratorio entre los inmigrantes que acuden a consulta, y que presentan síntomas de depresión y estrés emocional vinculados con su situación de trabajo precario, mala calidad en la vivienda, hacinamiento y promiscuidad, entre otros factores.
Las mujeres inmigrantes se encuentran además "doblemente discriminadas", pues a su situación añaden con frecuencia el ser víctimas de violencia sexual soterrada que se manifiesta en embarazados no deseados.
Médicos del Mundo considera además que es "paradójico" el hecho de que en los nueve años que lleva atendiendo a inmigrantes en España el número de foráneos se ha multiplicado por cuatro, pero en comparación con otros países de la Unión Europea este colectivo no ha alcanzado una cifra "alarmante", pues no llega al 10% de la población.
Carlos Arroyo señaló también que con el proceso de regularización acordado por el Gobierno español se ha normalizado a unos 860.000 extranjeros, pero aún quedan casi 700.000 en situación irregular, que por lo tanto carecen de tarjeta sanitaria, y puntualizó que la mayor parte de los foráneos acceden por aeropuertos, y no por patera.
José Pablo Pérez precisó asimismo que hay ayuntamientos tinerfeños que se niegan a empadronar a los inmigrantes, con lo que también se les niega el derecho a la asistencia sanitaria.
No ha asignado los recursos necesarios para atender esta situación, para la que hace falta "dinero, apoyos y mediadores culturales"
"No hay en absoluto epidemias" ocasionadas por la llegada de inmigrantes a las Islas, dice Arroyo
El Ministerio de Justicia y la Asociación de Ex Presos Sociales han iniciado conversaciones para que los gays y lesbianas perseguidos por el franquismo reciban una indemnización y una pensión igual que otros presos políticos. El primer encuentro ha sido mantenido esta semana por Fernando Flores, de la Secretaría de Estado de Justicia y el presidente de la asociación, Antoni Ruiz, según ha informado Carla Antonelli, de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays y Transexuales. Se acordó que, por un lado, todos los historiales policiales por homosexualidad serán archivados, pero por otro que los interesados podrán tener acceso a ellos para documentar la represión.
Ruiz aseguró que los representantes del ministerio se mostraron de acuerdo en conceder una indemnización y una pensión vitalicia a los afectados. La medida se extenderá a homosexuales y transexuales, y también a otras personas (prostitutas, gitanos) que fueron perseguidos por las leyes de Vagos y Maleantes y de Peligrosidad Social después.
La medida es un paso más después de que el pasado 15 de diciembre el Congreso aprobara una declaración en "reconocimiento a todas las personas que durante el régimen franquista padecieron persecución y cárcel por su orientación o su identidad sexual, y cuyo sufrimiento no ha sido aún reconocido".
El número de beneficiarios se desconoce, aunque historiadores como Arturo Arnalte lo cifran en menos de un centenar, porque "la mayoría ya han muerto o son muy mayores y no quieren revivir esa época".
La persecución de homosexuales y transexuales se prolongó hasta 1979, cuando se derogó la ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social. Esta situación impidió que los presos se beneficiaran de las dos amnistías de la transición. Sus historiales policiales tampoco fueron limpiados, por lo que las fichas siguieron reflejando los antecedentes de homosexualidad. La indemnización a estos perseguidos cerraría un proceso de reconocimiento que comenzó hace un par de años. Los gobiernos de Andalucía y Extremadura han realizado actos de desagravio en Huelva y Badajoz, donde hubo cárceles para homosexuales. El Gobierno de Canarias ha hecho un homenaje en el centro de prisioneros de Tefía (Fuerteventura), un "auténtico campo de concentración", según Octavio García, ex preso.
La VI convención que realizó Ciutadans pel Canvi (CpC) apostó ayer por que los immigrantes no nacionalizados tengan derecho a votar, propuesta que trasladará al Parlament y al grupo que comparten con los socialistas (PSC-CpC), con la intención de que los inmigrantes puedan ejercer este derecho no en función de su nacionalidad sino de la residencia. Si la propuesta se acepta, se trasladará al Congreso.
El presidente de CpC y conseller de Justícia de la Generalitat, Josep Maria Vallès, admitió que al principio "puede que surjan algunas reticencias" en la oposición e incluso en el seno del tripartito, pero añadió que "debe generarse un debate a fondo sobre el contenido de la proposición".
Por su parte, el diputado de PSC CpC Mohamed Chaib manifestó que "no es una idea descabellada que la iniciativa se empiece a votar en las elecciones municipales y que paulatinamente se vaya trasladando al resto de los comicios".
Mientras, y con la llegada del buen tiempo, prosigue el goteo de pateras. En Fuerteventura fueron detenidos un total de 67 inmigrantes irregulares de origen subsahariano que habían arribado en dos pateras en la playa del municipio de La Oliva. Los ocupantes de las dos barquillas eran todos varones y alcanzaron la costa en buen estado de salud.
En Almería fueron interceptados 37 inmigrantes, todos varones y de nacionalidad marroquí, que fueron avistados por la fragata "Reina Sofía" en aguas del mar de Alborán y que llegaron sobre las 15.00 horas al puerto de Motril (Granada).
En Melilla, agentes del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil interceptaron una embarcación de madera de seis metros de eslora ocupada por 14 inmigrantes magrebíes y orientales y detuvieron a su patrón. Éste tiene una orden de prohibición de entrada en España y posee un historial de 28 detenciones anteriores por tráfico de personas.
Los dos jóvenes de 15 años que fueron detenidos el pasado jueves después que amenazaran de muerte a dos alumnos de origen dominicano tras saltar la valla del instituto de enseñanza secundaria (IES) Margarida Xirgu de L'Hospitalet quedaron ayer en libertad vigilada con cargos. Los dos exalumnos prestaron declaración en la Fiscalía de Menores, según los Mossos d'Esquadra. Esas mismas fuentes desmienten que al menos uno de ellos hubiera estado implicado en la pelea que acabó a navajazos el pasado martes y que acabó con tres heridos y dos detenidos. Otros siete jóvenes fueron trasladados a la comisaría el jueves por la tarde tras responder a una convocatoria realizada a través de mensajes SMS para agredir a jóvenes suramericanos. Los menores fueron identificados y sus padres tuvieron que ir a recogerlos a la comisaría. Los dos menores puestos en libertad vigilada fueron expulsados del IES la semana pasada por acumulación de informes disciplinarios. Entre los dos acumulan 70 expulsiones. Al parecer, los dos adolescentes también habrían participado, junto a uno de los heridos en la reyerta, en el acoso a compañeros de clase.
UNA PELEA CADA SEMANA En el instituto se produce cada semana al menos una pelea, según fuentes del centro. Los docentes, 58 en total, admiten que tienen graves problemas para resolver conflictos entre estudiantes. Describen la violencia del centro como "doméstica" y dicen que un simple insulto puede acabar a puñetazos. El IES Margarida Xirgu, situado en el barrio de Collblanc, tiene 600 alumnos, aunque el absentismo escolar es considerable. Sin embargo, fuentes del centro consideran que los alumnos verdaderamente conflictivos no superan la docena. "Se trata sólo de un 2%", dijeron. El centro sufre la convulsión de la LOGSE y el fenómeno migratorio.
PRESUPUESTO "MÍSERO" Además, el instituto tiene un curso de adaptación para "repetidores conflictivos". Además de los 12 alumnos conflictivos considerados "irreconducibles" por los responsables del centro, hay otros 50 que apenas saben leer y escribir y 120 que necesitan una educación "más próxima", según las mismas fuentes. El instituto, que tiene un presupuesto "mísero" según las mismas fuentes, carece de profesor de educación especial.
Cuando su tío de Francia le regaló una bicicleta, Omar comenzó a soñar con salir de Marruecos. Este chaval de 15 años, segundo de seis hermanos, dejó de estudiar hace tres, cuando terminó la escuela primaria. Hasta mediados de abril, ayudaba a su familia en el campo, en una aldea cercana a Kela Sraghna (sur de Marruecos). Con la terquedad de un adolescente, pidió a sus padres que lo mandaran a España.
"Mi madre me decía que no, que era muy peligroso y costaba mucho dinero, pero yo ya no pensaba en otra cosa", dice el chaval. Harto de su insistencia, el padre vendió un terreno para poder pagar su viaje. Hace tres semanas, cogió un autobús a Alhucemas para contactar con las mafias de tráfico de personas, que le alimentaron hasta el momento del embarque. Omar les pagó 800 euros a cambio. Dos chicos de su pueblo zarparon con él.
El 21 de mayo, la Guardia Civil interceptó en Motril (Granada) una patera con 59 harragas (el equivalente a espaldas mojadas en árabe marroquí). De ellos, 33 eran menores -entre ellos Omar- y 17 se escaparon de los centros de acogida donde fueron internados, antes de que la policía determinara su edad. Fue una de las mayores expediciones infantiles registradas en España, según una fuente de la Policía Nacional.
Son 1.575 menores como éstos los que desembarcaron en España en 2004, según los datos de la Brigada de Extranjería. Casi todos procedían de Marruecos y 1.035 fueron a parar al servicio andaluz de protección de menores. Las cifras se han disparado en los cuatro primeros meses de este año, según la Junta de Andalucía, que sólo del 1 de enero al 30 de abril recibió a 445 chavales, un 53% más que en el mismo periodo del año anterior (328). Dejando a un lado las repatriaciones inmediatas (véase información adjunta), sólo 62 jóvenes fueron repatriados el año pasado, según Interior.
"Esos jóvenes suelen llegar desde zonas del centro y del sur de Marruecos, como Jeribga y Kela Sraghna, donde la emigración se ha convertido en una forma de vida", explica Abdelwahid Azibou, trabajador social marroquí y presidente de la asociación Tadamon, que organiza actividades de formación para menores desamparados en la región marroquí de Tánger-Tetuán. Azibou explica que hasta esas zonas, rurales y pobres, llegan los tentáculos de las redes de pateras. "No se puede hablar de mafias", asegura el marroquí. "Son más bien personas conocidas en los pueblos, comerciantes por ejemplo, que actúan como intermediarios y les dan contactos en la zona de Alhucemas".
En la mayoría de los casos, fueron sus padres los que pagaron el 'billete', según Amina Bargach, psiquiatra infantil marroquí que colabora en la formación de los equipos de servicios sociales de Cataluña. "Desde la perspectiva de un país desarrollado es difícil entender a estas familias, que sufren tremendas carencias económicas, educativas, culturales e ideológicas", prosigue la psiquiatra. Es tan grave su situación que llegan a creer que mandando a sus hijos a Europa pueden solucionar sus problemas. Es parecido a los padres españoles que durante la Guerra Civil enviaron a sus hijos a la URSS sin saber qué sería de ellos".
La carencia de recursos de esas familias no explica, sin embargo, el aluvión de menores de este año. La Secretaria de Estado de Emigración e Inmigración, Consuelo Rumí, cree que puede deberse a que las mafias se han adaptado al sistema de vigilancia de costas -el Servicio Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) detecta el 99% de las pateras-. "Saben que es casi imposible entrar y que los mayores son repatriados de inmediato, así que cargan las pateras de niños", asegura Rumí.
Una vez interceptados, los agentes se aseguran de que son menores mediante pruebas oseométricas que se hacen en los hospitales. Si demuestran que lo son, pasan a los servicios de protección autonómicos. Los de la Junta de Andalucía cuentan con 2.510 camas repartidas en 265 centros con un presupuesto global de 5,6 millones de euros. Darles alojamiento, comida, ropa y estudios, cuesta 70 euros al día, según la Consejería de Igualdad y Bienestar Social, que el pasado 1 de mayo tenía a su cargo a 931 marroquíes.
Si están en edad escolar, se les matricula en un colegio público, y si la superan, participan en talleres de formación donde aprenden cocina, carpintería, albañilería, español... Cada fin de semana reciben su paga que asciende a tres euros para los mayores de 14 años, y diez para los que superan los 16. Después de tres meses en un centro de acogida, pasan a otro de tipo residencial donde pueden permanecer hasta los 18 años. Casi todos cuentan con pistas deportivas. Algunos, hasta tienen piscina.
El Reglamento de Extranjería obliga a Interior y al personal de esos centros a buscar a sus parientes para devolverlos a Marruecos. Los agentes, trabajadores sociales y educadores aseguran que casi siempre lo consiguen. Pero, desde 2001, ningún menor ha vuelto a su casa desde Granada por esa vía. Sólo 62 lo hicieron desde el resto de España el año pasado. Manuel Robles, jefe de la Brigada de Extranjería de Granada, acusa a Marruecos de "falta de colaboración". "Se niegan a darnos el laissez passer a pesar de que los tenemos identificados y hemos localizado a sus padres", prosigue.
La solución, según Consuelo Rumí, pasa por la apertura de centros de tutela que acojan a los niños errantes en territorio marroquí, una decisión pendiente de una reunión que próximamente mantendrán los gobiernos de España y Marruecos. España colaborará en su financiación y en la formación de su personal con el fin de que ofrezcan los mismos servicios que cualquier centro de acogida español. "Tendrán apoyos educativos y programas de formación profesional y les buscarán trabajo en su país cuando salgan", asegura la secretaria de Estado que cree que la medida "será un éxito".
María, mediadora cultural del centro de acogida que se ocupa de los chicos que llegaron con Omar, se sienta en su despacho con Ahmed (16 años). "¿Tú qué harías si te mandaran a un centro como éste que estuviera en Marruecos?", le pregunta. "No, no, no, para mí no", le responde en su precario castellano. "Sólo iré a Marruecos cuando tenga papeles", añade. "Si me mandan, volveré otra vez".
El precio de la ley
España expulsó de forma inmediata a todos los menores marroquíes de más de 16 años que llegaron en pateras entre el 23 de octubre de 2003 y el 26 de noviembre de 2004. Durante esos 11 meses, la policía los entregó en menos de 48 horas en la frontera de Marruecos aplicándoles el procedimiento de retorno previsto para los extranjeros mayores de edad. Interior nunca ha revelado cuántos fueron.
La norma que avalaba la medida era una instrucción del anterior fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, en la que ordenaba a los fiscales de Menores que dictaminaran a favor de su retorno a su punto de origen "a la mayor brevedad posible". La orden consideraba emancipados a los mayores de 16 y entendía que en ellos no concurría la situación de desamparo. La disposición fue criticada por las asociaciones de defensa de los derechos humanos. El actual general, Cándido Conde-Pumpido, derogó esa instrucción el pasado 26 de noviembre y dictó una que volvió a conceder el estatus de menor a todo inmigrante que no tenga aún 18 años y emplaza a los fiscales de Menores a ponerlos "sin dilación a disposición de los servicios de protección de menores". "La balanza del interés superior del menor puede inclinarse en pro de su permanencia en nuestro país", decía su texto.
Fiscales, policías y trabajadores de los centros de acogida coinciden en que esa instrucción está detrás del incremento en la afluencia de menores pero, al mismo tiempo, consideran que se ajusta mejor a la ley.
Jawad y Mohamed estaban, el pasado domingo por la tarde, mirando un partido de fútbol en las pistas de atletismo de Manlleu cuando llegó una mujer pidiendo auxilio. Un coche con cinco ocupantes acababa de caer al canal industrial. Jawad y Mohamed no lo pensaron dos veces. Corrieron, se quitaron la ropa y se tiraron al agua para rescatar a tres de las víctimas, dos mujeres y un niño, que habían quedado atrapados en el coche. Así fue como Jawad Judar, de 26 años, y Mohamed Buaza, de 32, arriesgaron sus vidas para salvar otras. Eran las cinco de la tarde cuando un Ford Orion en que iban cinco ecuatorianos, dos parejas y el hijo de una de ellas, cayó al canal. Según la Policía Local, el coche se precipitó al agua porque se arrimó demasiado al borde para dejar pasar a otro vehículo que venía en sentido contrario, junto al puente de la Cantina. El accidente fue presenciado por numerosas personas que paseaban junto al río Ter. "Si no hubiera sido por los dos hombres que se tiraron al agua, estaríamos hablando de una tragedia". Así describe el sargento de la Policía Local Jesús Calvo la actuación de Jawad y Mohamed. "Tuvieron una actitud heroica --añade-- porque la corriente es fuerte y lanzarse es peligroso". El canal de Manlleu tiene 1,80 metros de profundidad y en el fondo hay lodos. Según el relato policial, tras caer al canal, los dos hombres que iban en los asientos delanteros pudieron salir por la ventana, y las dos mujeres y el niño quedaron atrapados detrás. Jawad y Mohamed se zambulleron y sacaron primero a una de las mujeres y luego al niño. Se percataron de que aún quedaba una quinta persona, a la que también rescataron. Cuando los bomberos llegaron, sacaron a los cinco ecuatorianos y a los dos marroquís del agua. Mohamed tuvo que agarrarse a unas ramas para que no se lo llevara la corriente.
Cortes en todo el cuerpo Jawad y Mohamed aseguran que se tiraron sin pensar mientras varias personas miraban. "La verdad es que no tuvimos miedo", afirman. Desde que se tiraron al agua hasta que llegaron los bomberos pasaron unos minutos que se les hicieron "muy largos". Ahora, con marcas y cortes en todo el cuerpo, pero con la sonrisa en los labios, dicen: "Damos gracias a Dios. Si han vivido todos, estamos contentos".
