El Gobierno local debe pronunciarse públicamente en relación a la moción sobre la eliminación de los símbolos franquistas que quedan en la ciudad. Esa es la petición de Coalición por Melilla que, al no obtener respuesta del Ejecutivo de Imbroda sobre la aceptación o no de su propuesta, considera que «se esconde de forma cobarde», tal y como aseguró en rueda de prensa el diputado cepemista Abdehamid Mohamed.
Esta es sólo una de las mociones que CpM presentó para que la Ciudad Autónoma las tramite y remita a las áreas correspondientes. Tres de ellas fueron aceptadas aunque, en opinión de Mohamed, de forma tardía, como la que versaba sobre el apoyo a la candidatura de Madrid para ser elegida sede de los Juegos Olímpicos de 2012, aunque al cierre de esta edición ya se conocen los resultados y se sabe que la capital española fue eliminada y que la organización de este evento correrá a cargo de Londres. La tardanza es, para CpM, reflejo de la falta de patriotismo de Imbroda.
Además, Mohamed aseguró que la propuesta cepemista de crear la Escuela Municipal de Teatro «ha tardado tanto tiempo en ser estudiada por la Mesa de la Asamblea porque el Gobierno ha intentado de algún modo apropiarse de ella».
Escuela de Seguridad
Por otro lado, el diputado denunció el «desprecio a la oposición» por la aprobación en en el último Consejo de Gobierno de las normas de ordenación y funcionamiento de la Escuela Pública de Seguridad, una aprobación que no pasó por ningún órgano en el que se hallasen representados otros partidos políticos, lo que «constituye una falta de transparencia absoluta por parte del Gobierno y en particular del presidente, Juan José Imbroda».
La alarma por el aumento del número de menores marroquíes no acompañados que llegan a Barcelona ya no sólo preocupa a los educadores de calle o a la Generalitat, sino que también es compartida por las autoridades marroquíes. Ayer una delegación de alto nivel del Gobierno de Marruecos expresó a la consellera de Benestar i Família, Anna Simó, su "preocupación" y su deseo de hallar salidas, aunque respecto a la posible creación de un centro de formación sociolaboral en Tánger -para menores repatriados y residentes no escolarizados- aplazó su respuesta hasta el mes de septiembre.
Oficialmente el comité ad hoc catalano-marroquí sobre menores inmigrantes no acompañados reunido ayer en Barcelona comparte el diagnóstico: los centros de acogida de Catalunya se encuentran en situación límite, con 563 menores no aompañados bajo protección de la Generalitat. A esta cifra se suman otros menores que deambulan por la calle, hecho negado por la Generalitat aunque confirmado por educadores de calle. Los menores acogidos tienen una edad promedio de 15,4 años, que cada año se reduce más, lo que dificulta el proceso de inserción laboral. La consellera lo resumió en una frase: "No podemos permitir que el actual ritmo de llegada ponga en peligro la protección de esos menores". Los recientes conflictos en los centros Castell, de Santa Perpètua de Mogoda, y Alcor, de Poblenou, son un síntoma.
Pero las soluciones no van a llegar rápidamente. Mohamed Talbi, director de l´Entraide National del Ministerio de Desarrollo Social, de la Familia y de la Solidaridad; Jaouad El Himdi, director de Asuntos Consulares del Ministerio de Asuntos Extranjeros, y Abdelhamid Begdouri, director de Integración Social de la Secretaría de Estado de la Familia, se mostraron muy prudentes, aunque avanzaron que su Gobierno estudia mejoras políticas de desarrollo humano y social para el 2007 y un Plan de Infancia. Extraoficialmente se sabe que Marruecos está dispuesto a invertir 1.000 millones de euros en cinco años, de los cuales un 60% serán aportados por el Gobierno, un 20% por los ayuntamientos y otro 20% por las empresas. Por la tarde, durante una visita al taller de día para menores marroquíes de la calle Riereta de Barcelona, gestionado por la asociación Apip, esas mismas autoridades reiteraron que se ha iniciado una encuesta para delimitar los déficits de servicios por provincias y reiteraron la ambición de los planes emprendidos, pero también pidieron cooperación ante las dificultades de un país donde el 60% de la población tiene menos de 20 años.
Hussin, un joven de 17 años que lleva 5 meses acudiendo al centro Riereta, y Ahmed, de 16 años, que lleva 4 meses en Barcelona, simbolizan la situación de esos menores. Ambos están contentos con lo que están aprendiendo -por la mañana clases de alfabetización, por la tarde, de pintura- en el centro, pero su deseo es poder trabajar cuanto antes mejor para poder enviar dinero a sus padres que han quedado en un pueblo del sur. "La comida es mucho mejor aquí", dice Ahmed, aunque se queja de la cama y del gran número de jóvenes que hay en el centro Alcor donde acude cada día a dormir. Pero lo que tiene claro es que no piensa volver. "Allí no hay trabajo para los diez hermanos que somos en casa", dice en una mezcla de castellano y francés.
También ayer, en Sevilla, el embajador de Marruecos en España, Omar Azziman, aseguró que su Gobierno presentará en la próxima reunión de otra comisión mixta hispano-marroquí propuestas "serias" para encontrar "salidas" al problema de los menores. El embajador se entrevistó con el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, y aseguró que "existe el riesgo de que estos menores puedan ser captados por redes de prostitución o de tráfico de drogas". Recalcó que "no tiene ningún fundamento" la idea extendida de que Marruecos no hace lo suficiente para evitar la salida de los menores de su país. No obstante, destacó que Marruecos ha pasado a ser un país de inmigración con el aumento de la llegada de subsaharianos que "se quedan en Marruecos y nuestra la economía no puede absorber ese flujo".
LA VANGUARDIA DIGITAL JOSEP PLAYÀ MASET - 06/07/2005 BARCELONA
La Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, a través de su Dirección General de Infancia y Familias, activó ayer el plan de emergencia en sus centros de protección para atender a los 58 menores y presuntos menores extranjeros no acompañados localizados en las pateras que han llegado en las últimas horas a las costas de Granada y Almería, 48 en el litoral granadino y diez en el almeriense. Durante el primer semestre de este año, se registraron 871 nuevos ingresos de menores inmigrantes en los centros de protección de la comunidad autónoma, que, sumados a los 486 que se encontraban en los centros al inicio de 2005, suponen que se ha atendido a un total de 1.357 menores extranjeros no acompañados entre el 1 de enero y el 30 de junio.
De esta forma, se ha producido un incremento del 123 por ciento en el número de ingresos, 481 más que en el mismo periodo de 2004, y del 108 por ciento en el de las atenciones, 706 más que el año pasado, informó Igualdad en un comunicado.
La Consejería ha venido contando con 18 centros especialmente capacitados para atender a los menores extranjeros no acompañados, en los cuales se cuenta con 302 plazas. Estos centros, sin embargo, no están destinados exclusivamente a extranjeros, ya que, como el resto de los dispositivos de la red de protección, pueden acoger a menores nacionales y foráneos. Su especialidad consiste en que disponen de recursos personales -mediadores interculturales o especialistas de cocina- y técnicos -formación especializada en menores extranjeros no acompañados, interculturalidad e integración-.
Según la Junta, "como consecuencia de la saturación de los recursos que ha ocasionado esta nueva masiva llegada de menores inmigrantes", la Consejería se vio obligada a activar el plan de emergencia creado recientemente para responder a este tipo de situaciones.
Este plan consiste, fundamentalmente, en la puesta a disposición de estos menores del resto de los recursos residenciales del sistema de protección, tanto de los de atención preferente a extranjeros de otras provincias andaluzas, como del resto de los centros de protección de titularidad pública. Se unen así a los 18 centros mencionados otros once centros más, lo que supone un total de 29 con 540 plazas.
En virtud de la activación del plan de emergencia, y a pesar de las enormes dificultades que ocasionan estas situaciones, se garantiza la correcta atención a estos menores extranjeros no acompañados que llegan a las costas andaluzas y su ubicación en distintos centros de protección de la comunidad autónoma. El mayor contingente de inmigrantes que hasta el momento ha alcanzado las costas granadinas en el mismo día, un total de 129 inmigrantes marroquíes, de los cuales 48 son menores y seis mujeres, llegaron ayer sobre las 14,45 al puerto de Motril, después de ser interceptadas por la Guardia Civil las dos pateras en las que viajaban a unas 18 millas de la costa de Almuñécar (Granada).
Por otro lado, los diez menores inmigrantes, uno de ellos una menor embarazada y otro un niño de 7 años, que llegaron en la patera que arribó ayer a las costas de El Ejido (Almería) -en la que viajaban una treintena de inmigrantes más que habrían logrado escapar-, presentaban buen estado de salud, aunque el más pequeño se encontraba "algo asustado" y con "síntomas de hipotermia", mientras que la joven embarazada "tenía algunos mareos y vómitos" como consecuencia de su estado de gestación, según informaron fuentes de la Cruz Roja.
Los nueve centros de acogida de menores situados en Barcelona y sus alrededores están al límite. La llegada continua de nuevos inmigrantes menores de edad y sin ningún familiar de referencia ha generado una situación de alarma entre la administración y los educadores. Se calcula que desde el pasado mes de octubre cada día llega a Barcelona, como mínimo, un menor marroquí no acompañado.
"Desde finales del año pasado, quizás como consecuencia de la regularización, se ha producido un efecto llamada, especialmente entre los menores marroquíes" señala Imma Pérez, responsable de la dirección general de Atenció a la Infància i l´Adolescència (Dgaia) de la Generalitat. En los primeros cuatro meses del 2005 se ha producido un aumento del 51% de menores inmigrantes no acompañados (MINA). De mantenerse el ritmo actual, este año podrían llegar hasta 420 menores, que se sumarían a los que ya están aquí. Actualmente, la Generalitat cuenta sólo con 212 plazas disponibles en la red de centros de urgencias que se ven desbordados para atender la constante llegada de nuevos inmigrantes. Distintas fuentes coinciden en que el centro más saturado, que acoge a un número de menores muy por encima de su capacidad, es el albergue Alcor, en el barrio de Poblenou.
El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, prepara un informe sobre la situación actual, tanto en lo que se refiere al modelo de atención como a las condiciones de los centros y cómo se efectúan las repatriaciones. El problema principal se centra en los menores marroquíes. Según los últimos datos disponibles, la Dgaia atiende a 167 menores de ese país y únicamente a 20 rumanos y 13 ecuatorianos. Del resto de nacionalidades no hay en ningún caso más de tres representantes. Es verdad también que el número de jóvenes rumanos, en su mayoría de etnia gitana, que pasan por los centros es mucho mayor, pero acostumbran a tener familia y retornan a su núcleo de origen.
La situación se repite también en Andalucía y en Madrid. El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, ha calificado la situación actual de "locura" y ha advertido que la capacidad de la Junta de Andalucía para acoger a inmigrantes menores de edad "se está agotando", por lo que reclama ayudas de la UE y del Gobierno central y pide a Marruecos que colabore en la repatriación de estos chicos. La consejera para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta, Micaela Navarro, reconoció que todos los centros de acogida están al doble de su capacidad. Según los datos de la Cruz Roja, desde enero hasta ahora han llegado a la costa granadina unos 110 menores, frente a los 61 llegados en todo el año pasado. Anteayer mismo, arribaron once a Motril en una patera en la que viajaban 59 personas. Chamizo atribuye esta actividad a las mafias, aunque este extremo fue desmentido de inmediato por el cónsul general de Marruecos en Sevilla,Tarik Louajri, que lo explica por el reagrupamiento familiar.
Desde Catalunya, el fenómeno no sólo preocupa por el número de esos jóvenes sino también por su edad. Llegan ya con 11 y 12 años, y como sus predecesores, se han jugado la vida debajo de un camión o en una patera para entrar en España, aunque la mayoría llegan camuflados en coches de otras familias. Desembarcan en Andalucía, pero esa comunidad es sólo un lugar de paso, ya que su destino final es Madrid o Barcelona. "En Tánger y otras regiones de su alrededor existe una verdadera fascinación por Barcelona, que muchas veces tiene su origen en el Barça", explica Imma Pérez. La obsesión de estos chicos es venir a trabajar para poder enviar el dinero a sus padres. Nadie les explica que legalmente no pueden empezar a trabajar hasta los 16 años -en Marruecos pueden hacerlo desde los 14-. Actualmente en Catalunya el 42,7% de menores recién llegados tienen ya entre 13 y 15 años, mientras sólo el 37% tienen entre 16 y 18 años.
El año pasado, la Generalitat repatrió a Marruecos 14 menores y ese año en tan sólo en cinco meses se han devuelto 11, que pronto serán 13. Imma Pérez lo llama "reagrupación familiar" y se indigna ante las críticas. "Niños de 12 a 14 años no hacen nada aquí, no pueden trabajar, no tienen interés en estudiar, se deprimen y su situación se deteriora. Tienen que volver a su casa, excepto que allí exista una situación de riesgo, pero en general estamos ante un problema de pobreza, no de malos tratos". La Generalitat asegura que en todos las repatriaciones se ha contactado con las familias de origen para garantizar su acogida. Pero las críticas contra esas repatriaciones arrecian.
El último informe de SOS Racismo basado en una encuesta a 28 jóvenes repatriados a Marruecos indica que ninguno de ellos fue consultado y sólo en dos casos su familia fue informada. De ellos, 21 tuvieron que llegar por sus propios medios a casa. También se señala que 7 volvieron a entrar ilegalmente en España y el resto se encuentran, o bien desorientados y deprimidos, o bien con ganas de volver. Hace escasos días Amnistía Internacional denunció el modo como se efectúan las repatriaciones desde Andalucía. Y en Catalunya varias asociaciones han lamentado que las expulsiones las realicen los Mossos d´Esquadra, y que vayan a buscar a los jóvenes sin avisarlos. También deploran la lentitud con la que se tramitan esos expedientes y la discrecionalidad que impregna todas las decisiones. Imma Pérez reconoce la existencia de repatriaciones y entiende la negativa de los jóvenes a ser devueltos, pero asegura que la mejor manera de defenderlos es que estén con sus familias. "Estas organizaciones no entrevistan a los jóvenes que se han quedado aquí, a los que han encontrado trabajo", añade. Y recuerda que sólo en el 2005 se han conseguido 77 autorizaciones de residencia para menores y que será el primer paso para entrar en la vida laboral.
LA VANGUARDIA DIGITAL JOSEP PLAYÀ MASET - 04/07/2005 BARCELONA
El pasado día 15 de mayo se abrió una parte del Castell de Can Taió, en Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Occidental), como centro de primera acogida para menores marroquíes no acompañados. Ocupan sólo una parte del amplio edificio, ya que en otras alas se atiende a mujeres maltratadas y se utiliza también como centro de régimen abierto y como centro de acogida para inmigrantes. Pero cuando aún no se había cumplido un mes desde su puesta en marcha por el Departament de Benestar i Família, se produjo un incidente que se saldó con muebles destrozados, varios heridos leves y un menor fugado.
El centro de acogida de Can Taió lo gestiona la cooperativa Gedi-Consop y, de hecho, funciona como sustituto de otro que existía en Tiana, gestionado por la Cruz Roja, y cerrado poco antes. El pasado 12 de junio se notificó al centro que uno de los 17 menores magrebíes que eran atendidos allí iba a ser repatriado. La alarma se extendió rápidamente y como sucede siempre en esos casos se creó un fuerte nerviosismo entre los jóvenes. Generalmente los Mossos d´Esquadra acuden de noche a los centros para evitar precisamente una protesta solidaria. Pero esta vez se presentó al centro, poco antes y por otros motivos, una patrulla de la policía local y los menores creyeron que iban a buscar a su compañero. Se produjo entonces un auténtico amotinamiento con el único objetivo de facilitar la huida del menor afectado. Los jóvenes lanzaron muebles y objetos de la cocina por las ventanas y la dirección del centro pidió un refuerzo policial. Esa demanda provocó la presencia de más policías locales, a los que se sumó una patrulla de La Llagosta y miembros de los Mossos d´Esquadra y de la Guardia Civil. El despliegue policial puso fin poco después de la una de la madrugada a una una pequeña batalla campal.
El resultado final fue la detención de cinco de los menores. Dos policías locales, un vigilante y un monitor del centro necesitaron atención sanitaria y el menor al que unas horas después iban a buscar los Mossos para enviarlo de retorno a Marruecos se había fugado.
Fuentes conocedoras del caso aseguran que el menor se habría trasladado a otra comunidad autónoma donde podría haber sido acogido en otro centro. Un educador que ha tratado distintos menores explica que cada comunidad autónoma mantiene criterios distintos y a menudo muy subjetivos, por lo que no puede descartarse que en otro centro evite su repatriación. "Y si tiene suerte podrá permanecer allí hasta que cumpla los 16 años y luego salir a buscar un trabajo, el objetivo que le trajo a España".
Este tumulto ha provocado una nueva queja de la alcaldesa de Santa Perpètua de Mogoda, Isabel Garcia Ripoll. El Ayuntamiento reclama a la Generalitat que elabore un plan especial de usos de las actividades del Castell que evite la inseguridad ciudadana que a su juicio acompaña este centro desde hace nueve años. Según el consistorio, a lo largo del año se ha tenido que desplazar hasta 16 veces una patrulla de la policía local a petición de la dirección del centro. Hace unas semanas una denuncia de una usuaria por un supuesto intento de agresión acabó también con una detención.
El Ayuntamiento considera que Can Taió no se halla en las condiciones adecuadas y además asegura que algunos de los internos han sido expulsados eventualmente, dejándolos abandonados. Estos problemas han sido trasladados tanto a los departamentos de Benestar y Justícia, como al Síndic de Greuges, que ya ha abierto un informe.
Este edificio, construido en el siglo XVII aunque reformado posteriormente, pertenece desde 1950 a la administración pública. Primero fue comprado por la Junta Provincial de Menors y convertido en orfanato. Actualmente es propiedad de la Generalitat y depende del Departament de Benestar.
También en Barcelona se han producido en los últimos días quejas vecinales contra otro centro de acogida. En el barrio del Poblenou se han iniciado movilizaciones, incluidas unas caceroladas, contra el centro Alcor, ya que a su juicio se ha notado en los últimos tiempos un número de pequeños delitos en la zona del pasaje Masoliver con robos de bolsos, rotura de cristales de coches y problemas de tráfico de drogas. Los vecinos han comenzado a recoger firmas y exigen que se desalojen y se tapien las casas abandonadas del pasaje Masoliver, entre las calles Llull y Pujades.
El presidente de la Asociación de Vecinos del Poblenou, Manel Andreu, se muestra prudente y aboga por crear una comisión de seguimiento. El centro acoge de noche a menores no acompañados y desde siempre ha ejercido una cierta función de acordeón, ya que es aquí donde se hace un primer informe sobre la situación de esos jóvenes.
LA VANGUARDIA DIGITAL JOSEP PLAYÀ MASET - 04/07/2005 Barcelona
El capitán del barco Sanie, de bandera chipriota, alertó ayer a la policía de la presencia del cuerpo sin vida de un hombre que habría viajado escondido en una de las tres bodegas de la embarcación, atracada desde el pasado sábado en el Puerto de Tarragona, según informaron fuentes de la Autoridad Portuaria. El polizón, del que se desconocía ayer su identidad, podría haber muerto por asfixia durante el viaje desde Abidjan, en Costa de Marfil. El cadáver fue localizado a las 10.30 horas de la mañana, mientras se estaban descargando las cerca de 4.000 toneladas de semillas de algodón que transportaba el barco.
Cuando han pasado 31 años desde su ejecución a garrote vil, el espíritu de Salvador Puig Antich parece haberse apoderado de los hombres y mujeres que preparan la representación de su via crucis. Al menos eso se pudo percibir ayer en la presentación del rodaje de Salvador, que empezará su andadura el próximo lunes y durará 13 semanas. Manuel Huerga será el encargado de dirigir a un macrorreparto de 85 actores encabezado por Leonor Watling, Leonardo Sbaraglia, Tristán Ulloa, Ingrid Rubio y Daniel Brühl, que interpreta al último ajusticiado por el franquismo. "Nos debemos a la historia y a una generación, la última que luchó por unos ideales y que ha sido eclipsada por una transición incompleta y chapucera", sentenció Huerga, que coincidió con Jaume Roures, máximo responsable de Mediapro, productora del filme, en destacar que "los jóvenes tienen no sólo el derecho sino el deber de ser rebeldes". Salvador, dijo el director, quiere ser un alegato contra la pena de muerte que explique la historia de "muchos otros Salvadores". Brühl, el protagonista de Good bye, Lenin!, aseguró estar "muy impresionado por la voluntad " de un personaje "riquísmo" en matices. Tras trabajar en Los edukadores, película que relata las peripecias de un grupo de jóvenes activistas que intentan cambiar la sociedad actual, destacó: "Antes sí que había mucha más espíritu combativo. Ahora, salvo contadas excepciones, la lucha casi no existe". Hijo de madre catalana y padre alemán, se mostró motivado y algo nervioso por protagonizar su primera película en castellano y catalán: "Ja veurem". Leonardo Sbaraglia, que interpreta a Jesús Irrure, el carcelero de Puig Antich, destacó "la contundencia ideológica de Salvador" y cómo su influjo fue calando en el personaje al que da vida. Por su parte, Ulloa y Watling reconocieron que desconocían la historia del anarquista del Movimiento Ibérico de Liberación (MIL) pero que les había conmovido enormemente. Citando al escritor Manuel Rivas, Ulloa, que se pondrá en la piel del abogado de Puig Antich, deseó que "esta película sirva para que no se duerman las conciencias en un momento en el momento en que la bestia está pegando sus últimos coletazos". Por su parte, Watling se mostró orgullosa de poder formar parte de "este tapiz que es su vida y en la que cada hilo lo afecta y cambia todo". Lluís Alcarazo, guionista de El cor de la ciutat, ha sido el encargado de adaptar Compte enrere, la novela de Francesc Escribano en la que se basa el filme. Huerga reconoció que, al principio, tenía dudas sobre cuál sería su rendimiento: "Primero pensé que tendría que subir dos o tres peldaños pero la verdad es que logra el objetivo de cualquier película: transmitir emociones". Alcarazo, que ha hecho 11 versiones distintas hasta dar con un guión de dos horas, aseveró: "Nunca volveré a escribir una película tan importante". Su intención primordial, como relató, ha sido "desposeer a Salvador del halo de héroe y mártir y mostrar su lado más humano". Una cuarta parte de la película es en catalán, idioma en el que se vehiculan la mayor parte de las relaciones familiares: "Sería imposible intentar mostrar esa época sin plasmar la represión que hubo sobre la lengua", afirmó Huerga. Precisamente la banda sonora lleva la rúbrica de uno de los pilares de la lucha por la lengua, Lluís Llach, que se implicó desde el principio en esta "venganza histórica" contra "un sistema caduco, viejo y durísimo". El tema central del filme será I si canto trist, canción que compuso en 1974 bajo el impacto de la muerte de Salvador, cuyo estribillo reza: "I si canto trist / és perquè no puc / oblidar la mort / d'ignorats companys".
España repatrió a un total de 81 menores de edad marroquíes no acompañados durante el año pasado, según consta en una respuesta parlamentaria del Gobierno al diputado del Grupo Catalán Carlés Campuzano i Canadés.Por otra parte, el Gobierno informa que, hasta el 21 de junio de 2005, España y Marruecos han realizado cuatro patrullas conjuntas en la zona del Estrecho, con una duración de 7 días por mes, combinando las modalidades marítimas, aéreas y terrestres.
En respuesta al diputado del PP Ignacio Gil Lázaro, explica que el Servicio Marítimo de la Guardia Civil de Las Palmas, con base en Fuerteventura, vienen realizando patrullas conjuntas con la Gendarmería Real Marroquí con una periodicidad mensual y una duración de siete días, tanto en la isla como en El Aaiún.
En esta última zona, las patrullas conjuntas realizaron vuelos de reconocimiento de las cosas con el fin de localizar posibles bolsas de inmigrantes preparados para partir hacia las costas canarias.
Dos años de prisión es la condena a la que el juzgado de lo penal número Dos de Ceuta ha condenado a un individuo que responde a las iniciales K.E.G., después de que el 12 de junio pasado fuera detenido en el puerto cuando pretendía embarcar en uno de los buques hacia Algeciras con un inmigrantes ilegal, lo que constituye un delito contra el derecho de los ciudadanos extranjeros. Los hechos se produjeron sobre las 11:30 horas de la mañana cuando el acusado se disponía a acceder al barco en su vehículo. Al requerirles la documentación, agentes de la Policía Nacional comprobaron que la persona que viajaba junto a K.E.G., una mujer, carecía de documentación para entrar en España. El acusado conocía esta circunstancia y había recibido una cantidad de dinero, no determinada, a cambio de trasladarla a la península, según dice la sentencia, que se dictó tras llegarse a un acuerdo de conformidad entre la defensa y el Ministerio Fiscal.
La presión migratoria sobre Melilla continúa reflejándose en las cifras de los residentes que acoge el CETI en la actualidad. El número de acogidos, cerca de 600, no ha variado en los últimos meses y sobrepasa en más de cien las plazas que puede ofertar este centro.
No obstante, el delegado del Gobierno, José Fernández Chacón, aseguró ayer que la situación "no es preocupante" porque los inmigrantes "están bien atendidos". El delegado insistió en que la situación es "asumible porque estamos preparados para ello" y auguró que en los próximos meses la cifra de inmigrantes disminuirá. Afirmó que uno de los propósitos de la Delegación del Gobierno con la llegada del PSOE a la Presidencia fue normalizar la vida en el CETI "y lo hemos conseguido".
Las tiendas de campaña instaladas el año pasado para erradicar las chabolas que se formaban alrededor del centro están ayudando a paliar esta situación que se ve agravada en los meses de verano por el incremento de las entradas clandestinas. La última y la más sonada de todo el año fue la del 24 de junio, con el intento de entrada masiva por la frontera de Beni-Enzar de cerca de 230 subsaharianos.
El equilibrio continúa entre las entradas de inmigrantes irregulares y las salidas de los que permanecen en el CETI durante meses sin que se resuelva su situación.
Estas salidas, a través de salvoconductos autorizados por la Delegación del Gobierno, les permiten llegar a la Península, ser acogidos un tiempo en un centro de internamiento para después tener que abandonarlo y buscar una vía de supervivencia, sin papeles y con todas las garantías de ser explotados o apresados por la Policía para expulsarles del país.
Pese a todo, siguen entrando a Melilla ocultos en coches previo pago a marroquíes, en pateras o bien saltando la valla metálica, opción ésta última más difícil que el resto debido a la elevación a seis metros de la valla y del refuerzo policial a lo largo del perímetro.
Subsaharianos se quejan de haber recibido "malos tratos" El suplemento 'Crónica' del diario EL MUNDO se hacía eco ayer de las quejas de varios subsaharianos que participaron en el intento de entrada masiva del pasado 24 de junio. Mostrando heridas y contusiones en el cuerpo, aseguran que los agentes españoles que evitaron su entrada les maltrataron rompiéndoles piernas y muñecas. En el artículo se hacía referencia a soldados de La Legión como parte de los autores de estos maltratos, si bien el Ministerio de Defensa afirma que, coincidiendo con las maniobras que realizaban en la zona, se limitaron a ayudar a la Guardia Civil con la iluminación y su presencia.
Los inmigrantes también relatan que, a pesar de suestado, la Guardia Civil les trasladó a la frontera y los entregó a la mehanía "por 50 euros cada uno".
Argelinos y subsaharianos siguen siendo los colectivos mayoritarios que residen en el CETI
Cerca de 80.000 fichas de represaliados por consejos de guerra instruidos durante el franquismo, conservadas en los archivos del Tribunal Militar Territorial Tercero de Barcelona, ya han sido informatizadas gracias a un convenio entre la Generalitat y el Ministerio de Defensa para modernizar el fondo documental, informa Efe. El consejero de Relaciones Institucionales, Joan Saura, visitó ayer los archivos donde se está llevando a cabo el vaciado de los consejos de guerra, fechados entre 1939 y 1978, de los que se hizo cargo el Tribunal Militar Territorial Tercero de Barcelona. Saura destacó la gran importancia histórica de los trabajos para convertir estos fondos documentales en un archivo "moderno, informatizado y fácil de consultar", al alcance "no sólo de los historiadores, sino de todas las personas que puedan necesitar esta información".
Según Saura, este trabajo, iniciado en mayo de 2003 y que podría finalizar en uno o dos años, se enmarca dentro de la "política de recuperación de la memoria histórica de Cataluña".
La documentación depositada en el archivo militar consta de 111.000 procedimientos judiciales, con más de 180.000 encausados, y más de la mitad de los casos corresponden a procedimientos fechados entre 1939 y principios de la década de 1940. Entre los consejos de guerra más destacados figuran el del último presidente de la Generalitat republicana, Lluís Companys, o el del anarquista ejecutado en 1974, Salvador Puig Antich.
El 37% de los 190 millones con que está dotado el Plan de Inmigración para Canarias, que firmaron hace una semana el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, y el presidente del Gobierno autónomo, Adán Martín, está destinado a la compra de material para luchar contra la inmigración ilegal por medio de pateras. Un avión, un helicóptero, una patrullera, cuatro lanchas rápidas y la ampliación del Sistema Integral de Vigilancia Electrónica (SIVE) a Lanzarote y Gran Canaria son algunas de las novedades que entrarán en funcionamiento antes de 2008. En este momento, el SIVE sólo cuenta con cuatro estaciones fijas en la isla de Fuerteventura. Están compuestas por una combinación de radares de alta sensibilidad y cámaras térmicas, que rastrean el mar y remiten la información en tiempo real a un centro de mando de la Guardia Civil.
El éxito de ese dispositivo en la interceptación de las pateras que salen desde las costas de Marruecos y del Sáhara Occidental hacia Canarias ha provocado cambios en la ruta de esas embarcaciones. Las continuas detenciones de sus patrones han llevado a las redes de inmigración clandestina a adoptar estrategias distintas para las lanchas cargadas de subsaharianos y para las ocupadas por marroquíes.
Los traficantes entregan el timón de las primeras a sus ocupantes, junto con una brújula que les marca el rumbo hacia Fuerteventura. En caso de que consigan alcanzar su objetivo, los subsaharianos serán encerrados en un centro de internamiento durante el máximo de 40 días que establece la ley. Dado que, en la mayoría de los casos, no pueden ser repatriados porque sus países no los reconocen como ciudadanos, acaban siendo puestos en libertad en la Península, con una orden de expulsión imposible de cumplir.
Pero la nula experiencia de los subsaharianos al timón acaba a veces en tragedia: empujadas por los vientos y las corrientes, las pateras se desvían de su ruta y, en el mejor de los casos, sus supervivientes son localizados por casualidad a muchas millas al sur del archipiélago.
La ruta de los marroquíes En cuanto a las lanchas ocupadas por marroquíes, han variado su ruta. Para evitar un apresamiento que supondría la inmediata repatriación de sus ocupantes, en virtud de los acuerdos migratorios vigentes entre España y Marruecos, y la condena de los patrones a penas de hasta seis años de cárcel, ahora zarpan de Cabo Bojador o de Dajla (antigua Villa Cisneros), al sur de El Aaiún, rodean la isla de Fuerteventura y atracan de noche en las playas del sur de Gran Canaria, donde sus ocupantes se esfuman. La Guardia Civil se entera de sus llegadas al día siguiente, cuando encuentra las pateras varadas.
Para afrontar estos nuevos retos de la inmigración clandestina, el Plan Canarias ha previsto un amplio dispositivo de control de las aguas que rodean el archipiélago.
El Ministerio del Interior ampliará el SIVE a las islas de Lanzarote y Gran Canaria. En la primera instalará dos estaciones fijas de vigilancia, con su correspondiente centro de mando (la inversión prevista es de 6,3 millones). En la segunda desplegará cuatro estaciones fijas (presupuestadas en 7,7 millones) y una móvil (un millón). La Guardia Civil cree que de este modo quedarán blindadas las islas orientales en 2008.
En previsión de que las pateras elijan rutas más largas y peligrosas para eludir los nuevos controles, con el consiguiente riesgo de naufragio, el Ministerio de Fomento aportará un avión de ala fija fabricado por la empresa CASA y equipado con tecnología de última generación, capaz de detectar las lanchas hasta a 800 millas náuticas de su base, en el aeropuerto de Gando, al norte de Gran Canaria. El aparato está valorado en 28 millones.
Fomento también llevará a Canarias un helicóptero (11 millones) y cuatro lanchas rápidas de salvamento marítimo, valoradas en 5 millones de euros.
Llevaban tres días en alta mar cuando les sorprendió la patrullera de la Guardia Civil a 30 millas de la costa de Nerja pasadas las ocho de la mañana. Un total de 28 inmigrantes, entre ellos dos mujeres, un niño y un joven que también podría ser menor de edad, de origen marroquí, viajaban adocenados en una embarcación neumática donde apenas pudieron cambiar de postura durante las aproximadamente 72 horas que estuvieron en alta mar. De hecho, dos de los tripulantes de la embarcación sufrieron traumatismos en las piernas y otro de ellos tuvo que ser trasladado al hospital Carlos Haya de Málaga por una cefalea con vómito. Un cuarto sufría una fuerte reacción alérgica en las manos. Y todos estaban afectados por el viaje frustrado y evidenciaban síntomas de desnutrición, ya que venían muy abrigados, pese al calor abrasador que ayer caía sobre el puerto de Málaga a las once y media de la mañana.
Cuando la lancha de Salvamento Marítimo que los trasladaba dede Nerja llegó a Puerto, les aguardaba todo un dispositivo de fuerzas de seguridad y asistencia médica. Un total de 12 voluntarios de Cruz Roja, al menos ocho agentes de la Guardia Civil y otros tantos de la Policía Nacional, tres intérpretes, además de cámaras de televisión, fotógrafos y periodistas.
Tras una primera atención médica y de haber repuesto fuerzas con algo de comida y bebida, los inmigrantes iban siendo introducidos en el furgón de la Policía, que los llevaría hasta comisaría marcados con un número a rotulador en la mano. Ayer mismo fueron devueltos a su país. Todos, a excepción del pequeño, de unos 11 años, que miraba a todos lados asustado y no dejaba de comerse las uñas. Ahora, pasará a un centro de protección de menores de la Junta de Andalucía, hasta que la Administración localice a sus familiares. Si no es así, permanecerá en España hasta que cumpla la mayoría de edad. En esta ocasión, tanto la Policía como Protección Civil mandaron intérpretes para que atendieran las necesidades de los inmigrantes y obtuvieran los detalles del fatídico viaje.
La consejera para la Igualdad y el Bienestar Social, Micaela navarro, desmintió que las mafias estén enseñando vídeos de las comodidades de los centros de menores, para incitarlos a que viajen a España
Los vecinos del barrio Instituts-Sant Ignasi de Lleida, en el que residen unas 1.700 personas, anunciaron ayer movilizaciones en contra de la decisión del ayuntamiento de habilitar un oratorio musulmán durante los meses de julio y agosto en el instituto de secundaria Màrius Torres. El gimnasio del centro educativo se adaptaría como mezquita de verano durante ocho viernes para acoger a los inmigrantes que han llegado a la ciudad con intención de trabajar en la cosecha de fruta. La polémica centró ayer el pleno del ayuntamiento, donde el portavoz de la oposición, Isidre Gavín (CiU), aprovechó para criticar la falta de diálogo mostrada por el equipo de gobierno (PSC, ERC e ICV).
La gendarmería real marroquí ha detenido, en la provincia de Settat, que se encuentra a unos 200 kilómetros al sur de Rabat, a un grupo de 53 emigrantes de países subsaharianos, acusados de preparar una tentativa de emigración ilegal a España. Se trata de personas originarias de Malí, Costa de Marfil, Guinea-Bissau, Senegal y Togo que entraron en Marruecos desde las fronteras argelinas y se pusieron en contacto con un marroquí, que les había prometido un viaje colectivo a Tánger para atravesar el estrecho de Gibraltar de manera ilegal.
Por otra parte, Salvamento Marítimo interceptó en la mañana de ayer una patera frente a la costa de Nerja (Málaga) con 28 inmigrantes magrebíes a bordo, entre ellos dos mujeres y un menor. La barca llevaba tres días en el mar, según contaron sus ocupantes, que presentaban síntomas de deshidratación.
En Motril (Granada), la Guardia Civil detuvo a un inmigrante y dos menores que desembarcaron de otra patera, y proseguía la búsqueda del resto de ocupantes, una veintena.
Aproximadamente dos centenares de trabajadores inmigrantes, pertenecientes en su mayoría a la empresa pachequera Trasercan, protestaron ayer junto al edificio del Centro de Extranjeros de Barriomar en Murcia por el retraso en la gestión de sus expedientes de regularización. La situación ha paralizado la actividad de esta firma, que explota unas 60 hectáreas de cultivo de pimiento, cebolla, melón y lechugas, además de proporcionar mano de obra a otras fincas del área del Campo de Cartagena.
Su gerente, Vicente García, señaló que «contamos con unos 300 trabajadores inmigrantes, de los que unos 60 quedaron legalizados en una primera tanda, así que no comprendo por qué el resto sigue aún sin sus papeles cuando tienen similares características». García añade que la protesta ha sido provocada «por la falta de respuesta de la Administración regional, que nos lleva de un despacho a otro sin darnos una solución a este problema».
Problema acuciante
El «problema» empieza a ser acuciante para Trasercan, ya que la cosecha de melón debería empezar a recogerse la próxima semana. «Nos han prometido que tal vez a lo largo de los próximos días se solucione, pero ya estamos perdiendo dinero y hemos tenido que decir a algunos empresarios que no podemos darle mano de obra para, por ejemplo, la recogida de la patata». Según García, otras firmas de Torre Pacheco están sufriendo este problema.
A la protesta en el Centro de Extranjeros se sumaron espontáneamente varias decenas de inmigrantes que desde que se abrió el proceso de regularización hacen cola durante horas para solucionar los trámites burocráticos para su legalización. «Estoy cumpliendo con la ley», añade el gerente de Trasercan, «creo que esto es bueno para la empresa y para mi país, y me encuentro con estas trabas, y además nadie me da explicaciones. No lo entiendo».
García ha anunciado que si para finales de la próxima semana no se «arregla la regularización, tendré que volver a protestar. Y al final tendré que recoger la cosecha, con legales o no».
La Asociación Pro-Derechos Humanos ha denunciado públicamente las precarias condiciones de vida que sufren los inmigrantes que durante los días de Feria se dedican a la venta ambulante en los aledaños al polideportivo El Calvario. La asociación asegura que estos inmigrantes, en su mayoría orientales, subsaharianos y sudamericanos, padecen durante su estancia en la ciudad unas condiciones de vida precarias. "Gran número de ellos duermen en el suelo, en cartones, hamacas o tiendas de campaña en soportales de bloques de edificios, entre vehículos o en los bajos de los locales sociales y comerciales de La Reconquista", denuncia la asociación en un comunicado de prensa. Además, Pro-Derechos Humanos muestra su particular preocupación por los numerosos niños que viven en estas duras condiciones. "Los comerciantes inmigrantes hacen de comer en plena acera, junto a sus puntos de venta, soportando altas temperaturas -continúa el comunicado de Pro-Derechos Humanos- Los menores hacen su vida ne la calle, acompañando a sus padres y realizando parte de su aseo en las calles de la barriada; muchos de ellos pasan las horas sentados o reposan en los jardines de los edificios situados frente al polideportivo El Calvario".
Pese a sus denuncias, Pro-Derechos Humanos aplaude el esfuerzo que la Concejalía de feria y Fiestas ha dedicado este año a facilitar la estancia de vendedores ambulantes y feriantes durante la semana de fiestas. La Concejalía trasladó a los feriantes que en años anteriores se hacinaban en las calles de la barriada San Bernabé hasta el Llano Amarillo, donde se les proporcionó todo tipo de servicios. Además, el Ayuntamiento abrió los servicios del polideportivo El Calvario para su uso por los inmigrantes. "Pese a todo, queda mucho por hacer en la atención a los inmigrantes-comerciantes de la Feria Real de Algeciras y con especial atención a los menores que les acompañan en este duro trabajo, siendo esta atención deficiente en la actualidad", objeta la asociación.
Pro-Derechos Humanos ha agradecido el trato que los vecinos de La Reconquista han dispensado a estos trabajadores inmigrantes durante su estancia en la ciudad. La asociación ha anunciado que solicitará por escrito al Ayuntamiento y al Defensor del Pueblo Andaluz medidas para evitar que situaciones como las denunciadas se repitan en un futuro.
Los empresarios que deseen contratar a determinados extranjeros no comunitarios en su país de origen pueden reclamarlos desde ahora, con nombre y apellidos, siempre que el puesto de trabajo que vayan a ocupar figure en el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura de su provincia. Los inmigrantes obtendrán un permiso de residencia y de trabajo de un año. El catálogo, que fue presentado ayer por la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, y el secretario general de Empleo, Valeriano Gómez, abre una vía legal para la ordenación de los flujos migratorios. El catálogo aparece regulado en el Reglamento de Extranjería, y contiene las ocupaciones en las que los servicios públicos de empleo han encontrado dificultad para gestionar las ofertas que los empresarios les presentan cuando intentan cubrir puestos de trabajo vacantes.
Es elaborado cada trimestre por el Servicio Público de Empleo Estatal-Inem, de acuerdo con la información suministrada por los servicios públicos de empleo autonómicos, y previa consulta a la Comisión Nacional Tripartita de Inmigración, integrada por la Administración, los empresarios y los sindicatos.
Está desagregado por provincias, islas en el caso de Baleares y de Canarias, y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Su vigencia se extiende desde el primero hasta el último día laborable del trimestre natural siguiente al de su publicación. En este caso, desde el próximo lunes, día 4, hasta el viernes 30 de septiembre.
Entre las ocupaciones de difícil cobertura más significativas para este período figuran empleado de hogar (reclamada en 36 provincias), cocinero (reclamada en 25), estuquista (en 25), conductor de camión (en 24), carpintero de aluminio y PVC (en 23), pastor (en 22), camarero (en 20), albañil (en 20), fontanero (en 19), carpintero (en 18), instalador electricista (en 16) y peón de la construcción (reclamada en 16 provincias).
Los empresarios sólo necesitan consultar el catálogo (disponible en Internet en la dirección www.inem.es), en el que aparecen las relaciones de ocupaciones para las que existe dificultad, constatada por los servicios públicos de empleo de cada provincia, de encontrar candidatos.
Si la ocupación para la que el empleador necesita cubrir uno o varios puestos aparece en el catálogo, puede solicitar las autorizaciones de residencia y de trabajo de los extranjeros no comunitarios que elija, sin necesidad de presentar una oferta de empleo. Sí deberá demostrar su solvencia. En cuanto al inmigrante, deberá hallarse en su país de origen, tramitar un visado, carecer de antecedentes penales y presentar un certificado médico. Finalmente, el empleador deberá comunicar la firma del contrato a los servicios públicos de empleo. El tiempo estimado entre la presentación de la solicitud y la llegada a España del trabajador elegido es de un mes.
Hasta ahora, la Ley de Extranjería obligaba a los empresarios a presentar previamente a cualquier otra gestión una oferta de trabajo ante los servicios públicos de empleo. Los empleadores sólo podían solicitar las autorizaciones de residencia y trabajo para los extranjeros en el caso de que el Inem certificase la imposibilidad de encontrar candidatos. Esa certificación era muy difícil de obtener, ya que en las listas del paro figuran todo tipo de profesionales, por más que su residencia en otra provincia o incluso su falta de disposición a cubrir la oferta impida contratarlos.
Vías alternativas No obstante, el sistema anterior sigue vigente para los casos en que el puesto de trabajo no figure incluido en el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura. En tales situaciones, los empresarios deberán presentar su oferta en el Servicio Público de Empleo. Sólo si éste certifica la insuficiencia de candidatos, podrán gestionar la solicitud de residencia y trabajo para los extranjeros que deseen contratar.
La principal diferencia del nuevo método con el del contingente anual de trabajadores extranjeros, que sigue vigente, es que la contratación en origen es nominal; es decir, con nombres y apellidos. El proceso de reclutamiento y selección queda en las manos del empresario, quien de todos modos podrá reclamar la ayuda de los servicios exteriores del Estado y de sus agregadurías laborales para hacer saber en el país elegido sus necesidades de mano de obra.
La secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, insistió en que la vía abierta con el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura sólo atañe a trabajadores que no se hallen en España. Es decir, no permite regularizar a los inmigrantes sin papeles. Rumí insistió en que la vía abierta es "un instrumento innovador para apostar por canales de inmigración regulares y disuadir a la inmigración clandestina".
Las mafias que ofrecen a las familias más desfavorecidas de Marruecos, previo pago, trasladar en pateras a sus hijos hasta las costas andaluzas les enseñan vídeos de los centros de acogida de la región para convencerles de que en ellos tendrán una vida mejor, según cuentan los propios menores al llegar. La pobreza y la falta de expectativas de futuro para sus hijos lleva a muchas de estas familias a pagar por un arriesgado viaje con la esperanza de que lleguen vivos al litoral andaluz y allí puedan optar a una mejora de su calidad de vida.
Esta práctica mafiosa está en auge, como lo demuestra la saturación de los centros de acogida de menores extranjeros de la Junta, que están por lo general al doble de su capacidad, lo que ha llevado al Gobierno andaluz a activar un plan de emergencia.
Las instalaciones de Granada, Málaga y Cádiz soportan una mayor presión migratoria, y en el caso de la capital granadina se ha tenido que recurrir a enviar a menores a otros centros de acogida andaluces, explicó la delegada provincial para la Igualdad y Bienestar Social, Rosario Quesada.
Esta saturación ha obligado a la Delegación Provincial de Igualdad a buscar plazas en otros centros andaluces, por lo que ayer salieron para Jaén y Córdoba seis menores, indicó su titular.
Cuando estos chicos llegan a España "su vida cambia radicalmente", dijo Quesada, quien explicó que la mayoría trae números de teléfono para contactar con sus padres e informarles de que el viaje ha ido bien "y cuando no lo consiguen lloran desesperadamente".
Una muestra más de que esta nueva modalidad de inmigración infantil está movida por la pobreza es que cada vez llegan más que hablan dialectos como el bereber -lengua materna de los habitantes del Rif- "lo que dificulta su entendimiento con los educadores", que por lo general hablan árabe, dijo Quesada.
"Es muy lamentable lo que ocurre con ellos, que tengan que ser sus propias familias las que, por cuestiones económicas, los envíen en arriesgados viajes", apuntó.
Según los datos de Cruz Roja, desde enero hasta mediados de junio habían llegado a la costa granadina 1.087 inmigrantes indocumentados, 300 más que durante el mismo periodo de 2004, entre los que viajaban 92 menores, frente a los 61 llegados en todo el año pasado, a los que hay que añadir más de una veintena interceptados en la última quincena.
Esta tónica, que se repite en el resto del litoral andaluz, ha hecho que se dupliquen los gastos destinados por la Junta.
Un mes después del asesinato del joven Josep Maria Isanta durante las fiestas de la Patum de Berga, la instrucción del caso entra en una fase decisiva. Entre hoy y mañana se espera que pasen 83 personas por los juzgados de Berga para participar en las ruedas de reconocimiento que ha ordenado el juez que lleva el caso. El lunes empezarán las declaraciones de testigos. El juez José Villodre --que es el titular del juzgado y sustituye a Gabriela Sagrado, que estaba de guardia cuando ocurrió el suceso-- tiene previsto tomar declaración, como mínimo, a unos 70 testigos. La gran mayoría estaban en el concierto donde se inició la pelea que acabó con la vida del joven de 22 años.
SECRETO LEVANTADO Villodre levantó el martes el secreto del sumario por el homicidio e hizo llegar a todas las partes los 1.300 folios redactados en la primera fase de instrucción. En el documento se apunta que la mayoría de los detenidos tuvieron participación directa en la agresión mortal, aunque habrían actuado en dos grupos diferenciados, eso sí, con un mismo objetivo. Las investigaciones también han aclarado que Isanta recibió tres navajazos y no dos. La muerte a cuchilladas del joven podría ser, por tanto, obra de más de una persona o incluso de la mayoría de los 12 detenidos, según el sumario. La investigación apunta la teoría de la "autoría adhesiva", según la cual buena parte de los detenidos habrían tenido conocimiento de la intención de agredir a Isanta. Es decir, no importaría tanto quién apuñaló al fallecido como que varias personas participaron en la agresión. A partir de este principio, la Audiencia de Barcelona condenó en abril a tres detenidos por el asesinato de Ronny Tapias en los alrededores de un instituto de Barcelona. El sumario también revela que, además de las dos navajas halladas tras los hechos, la policía ha localizado otras que también se habrían utilizado aquella misma noche. El hecho de que se considere la autoría colectiva ha suscitado críticas de los abogados de algunos detenidos. Ramon Cobas, letrado de siete de los encarcelados, afirma que "no puede ser que alguien que ha dado un puñetazo pueda ser condenado a 30 años". Cobas está convencido de que hay un autor material y que no se puede incriminar a todos los detenidos de la misma forma.
LOS DETENIDOS Por el homicidio de Berga se encuentran en prisión preventiva ocho personas acusadas por igual de los delitos de asesinato, intento de homicidio y lesiones. Cuatro menores de edad presuntamente implicados en el crimen permanecen en centros de internamiento en régimen cerrado, y otro detenido está en libertad con cargos.
