Las cámaras del cuartel de la Guardia Civil de Roquetas de Mar (Almería) grabaron el 24 de julio, a las 17.16, el momento en que el teniente José Manuel R. golpeó con dos porras, una extensible y otra eléctrica, ambas no reglamentarias, a Juan Martínez Galdeano, de 39 años, que falleció poco después. Fuentes conocedoras de la investigación indicaron a EL PAÍS que en la imagen se aprecia cómo el teniente golpeó al detenido por espacio de dos minutos, unas diez veces, en diferentes partes del cuerpo, mientras éste, tumbado en el suelo y sujeto por otros agentes, intentaba zafarse. La Cadena SER adelantó ayer, parcialmente, la descripción del vídeo grabado por las cámaras perimetrales del cuartel de Roquetas entre las 16.10.52 horas y las 18.09.59 del pasado 24 de julio.
El documento, realizado por la Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil de Almería, explica secuencia a secuencia el contenido de las grabaciones, pero no recoge el momento de la muerte de Martínez Galdeano pues, "a las 17.17.56, el detenido desaparece del ángulo de visión de la cámara, arrastrado por uno de los agentes hacia la parte izquierda trasera del vehículo", al ser advertidos los guardias por otro compañero de que estaban siendo grabados.
No obstante, fuentes conocedoras de la investigación indicaron que, dos minutos antes, se aprecia cómo el detenido, que está esposado y en ropa interior, se escapa del vehículo en que los agentes intentaban introducirlo para trasladarlo a las dependencias de la Policía Municipal (con objeto de someterlo a la prueba de alcoholemia) y se apoya en la parte delantera del mismo.
En este momento es reducido por cuatro guardias que lo tumban en el suelo. Del interior del cuartel sale el teniente José Manuel R., vestido de paisano, con una porra en cada mano. En la derecha lleva la porra extensible y en la izquierda la eléctrica.
Según las mismas fuentes, en la grabación se aprecia cómo el teniente propina al menos diez golpes en diferentes partes del cuerpo durante unos dos minutos. Se ve también cómo Martínez se agita e intenta evitar los golpes, pero el teniente le vuelve a golpear con la porra eléctrica mientras le sujetan otros agentes.
"Fuerte forcejeo" La grabación se inicia a las 16.15.28 por la cámara número 1. "Se observa", dice el informe "la llegada de Juan Martínez Galdeano mirando en varias ocasiones hacia atrás como en estado vigilante entrando en las dependencias del cuartel. Se observa la camisa manchada a la altura del abdomen".
La cámara recoge la llegada y posterior marcha de la pareja con la que había discutido el agricultor. A las 16.33.08, "Juan intenta marcharse haciendo caso omiso de las indicaciones del guardia más veterano para que no lo haga". A las 16.33.50, se produce el primer forcejeo, cuando los agentes que están fuera piden ayuda para "intentar reducirlo y poder meter a Juan en las dependencias oficiales".
A las 16.35.30, se observa cómo uno de los agentes le entrega al detenido "el pantalón que se desprendió en el forcejeo para que se lo ponga". A las 16.40.06, "Juan entra en las dependencias por su propio pie, con el pantalón en la mano, rodeado por el resto de agentes, junto con el jefe de la unidad [el teniente]".
A las 17.10.01, "uno de los agentes se vuelve corriendo debido a algo inesperado y a continuación varios agentes se movilizan rápido hacia el lugar donde está el detenido". Es la cámara número 2 la que graba, a las 17.16.03, "un fuerte forcejeo entre los agentes y el detenido", en el que inicialmente intervienen cuatro guardias. Ese es el momento en que presuntamente el teniente golpea al detenido. Un minuto y 53 segundos después, el detenido es arrastrado fuera del ángulo de visión de la cámara.
A partir de ese momento, las cámaras no recogen lo que sucede en la zona donde está el detenido, hacia la que, a las 17.21.03, se dirigió un motorista y, a las 17.42.14, se encamina un agente con unos guantes de látex. La cámara número 2 recogió la llegada de una ambulancia a las 17.43.37, de la que descendieron dos sanitarios que se dirigieron al lugar donde estaba el detenido. La cámara número 3 rodó a las 18.09.54 el momento en que se marchó la ambulancia "sin llevarse a ninguna persona".
Matan a un joven en Llutxent y un grupo de vecinos culpa e intenta linchar a dos magrebíes
La confusión de los minutos posteriores al crimen desencadenó una situación de elevada tensión. Un grupo de exaltados intentó linchar a dos personas magrebíes que ocupaban una caseta desplegada en la explanada donde ocurrieron los hechos.
El tenderete fue destruido por la acción de los más violentos, aunque no llegaron a agredir a los dos inmigrantes por la rápida intervención de los agentes y de miembros de la corporación municipal, tal y como señaló el alcalde de Llutxent, José Miguel Aranda
Las autoridades ordenaron desalojar rápidamente el lugar, ya que, según apuntó un vecino, se estaba concentrando un grupo de gente ante el centro de salud con la intención de subir para destruir las casetas. La marcha de los vendedores evitó males mayores por la confusión.
Un comunicado emitido por el Ayuntamiento lamentó la muerte de nuestro vecino José Luis H. R. y expresó la más profunda condolencia a su familia.
El escrito condenó todos los actos de xenofobia y racismo que sucedieron en la noche de Sant Domènec. El alcalde también llamó a la calma de la población porque, según manifestó, las personas detenidas a consecuencia de los hechos son valencianas y nada tienen que ver los inmigrantes que han sido víctimas de brotes xenófobos.
Tres psicólogos de la Generalitat se trasladaron hasta el domicilio de la víctima para prestar asistencia a los familiares. Durante la mañana de ayer, se celebró un pleno extraordinario para condenar los hechos y se decretó tres días de luto. En la sesión se acordó suspender el festival internacional de música clásica que se viene celebrando en esta población.
Condolencias a la familia Salvador Górriz, alcalde de Nules, de donde son vecinos los feriantes detenidos, se enteró de lo ocurrido por la tarde. Lo triste es que haya fallecido una persona, aunque los autores sean de Nules. Acompañamos en el sentimiento a los vecinos de Llutxent. Jamás deberían de ocurrir este tipo de hechos,, lamentó.
Desconozco qué hacían allí los presuntos autores. Lo normal es que los vecinos de Nules estén aquí en estas fechas por las fiestas que hay en la comarca. Por el momento sólo se ha hablado de ciertas presunciones, no sabemos todavía si son naturales de Nules o si simplemente vivían aquí, apostilló.
Un repaso a la autopsia del cadáver de Juan Martínez Galdeano refleja la gran cantidad de lesiones que tenía el fallecido. Prácticamente en todas las zonas de su cuerpo los dos forenses del Instituto de Medicina Legal de Almería encontraron hematomas, equimosis (moratones) y erosiones. En la cabeza aparecen hematomas en las cejas, pómulos, mandíbula y frente, además de dos heridas en los labios, que indicarían "traumatismos" directos de cierta intensidad. El fuerte golpe en la nariz podría estar producido, según los médicos, al golpear la cabeza contra el suelo.
En el cuerpo, el principal signo de violencia es el esternón roto, así como la luxación de una costilla. Pero tanto el tórax, como las cuatro extremidades, se hallan llenas de hematomas y heridas, producidas con probabilidad, según los forenses, por el empleo de porras, caída al suelo del detenido y arrastre de su cuerpo.
Los médicos también aprecian un edema pulmonar e intensa congestión en esa zona. En la región lumbar aparecen cuatro lesiones producidas por "golpes con la base [del arma] de defensa".
"La causa de la muerte es una insuficiencia respiratoria o cardiorrespiratoria aguda", subrayan. Datan el momento de la muerte: "Aproximadamente, a las 17.44 del 24 de julio". Y concluyen: "Existe una relación de causalidad entre el fallecimiento y la situación de detención del sujeto".
"Había algo ilegal, algo raro" en aquella escena. Desde la cafetería situada frente al cuartel de la Guardia Civil de Roquetas del Mal (Almería), siete clientes y una camarera observaban como "cada vez salían más agentes" del edificio para unirse a la brutal paliza que estaban propinando a un individuo que les había "empujado y agredido". "Iba a matar a ese hombre", cuenta la camarera, pero nadie intervino "porque era la Guardia Civil". Tres cámaras del cuartel grabaron parte de lo que allí sucedió, pero no los golpes, porque un agente, señalando con el dedo una de ellas, indicó a sus compañeros que se llevaran a la víctima fuera de su alcance. "Con un poco de miedo".
La camarera, que ha contado lo que vio sin revelar su nombre a la agencia de noticias Efe "para ayudar a la familia" y pese a que le da "un poco de miedo", explica que el 24 de julio, poco después de las cuatro de la tarde, vio como un hombre "fuerte" "empujaba y agredía a los agentes". Ese hombre era Juan Martínez Galdeano, que murió a las 17.50 después de que cuatro guardias civiles lo tirasen al suelo y cayera sobre su pecho, para reducirlo a las puertas del cuartel, según la versión oficial del instituto armado. La juez Estefanía López, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de la localidad, ha citado como imputados a los nueve agentes que participaron o estaban presentes en el momento de la muerte.
Perseguido tras el accidente.
Martínez Galdeano, de 29 años, llegó al cuartel a las 16.30, muy excitado, según dijo porque llevaba consumiendo drogas varias horas. Contó a los guardias que había tenido un accidente de tráfico en el casco urbano de la ciudad (que tiene 28.000 habitantes, aunque en verano su población casi se triplica) con un grupo de gitanos, y que éstos le perseguían; en efecto, poco después aparecieron dos coches con varios supuestos implicados en el accidente, pero la Guardia Civil les conminó a marcharse. Luego los agentes le indicaron que iban a llevarle a las dependencias de la Policía Local para hacerle una prueba de alcoholemia.
La versión oficial de los hechos.
Fue entonces cuando, según la versión oficial, Martínez trató de huir, agredió a los agentes ("era un hombre de gran corpulencia, de 1,90 de estatura y unos 100 kilos de peso", según las fuentes consultadas por EL PAÍS). A las 17.15, arrestado por "atentado y resistencia a la autoridad", fue conducido esposado al exterior del edificio para meterle en un coche y llevarle ante la Policía Local. La versión oficial indica que el agricultor se zafó mientras un agente abría la puerta, derribó a dos guardias civiles y trató de huir de nuevo. Los funcionarios pidieron ayuda a sus compañeros; cuatro lograron derribarle de espaldas, y según la versión oficial ése pudo ser el momento de la muerte, cuando uno de los guardias cayó con la rodilla sobre el pecho del agricultor, le rompió posiblemente el esternón y comenzó a ahogarse.
"Muchos agentes frente a uno solo".
El relato de la camarera confirma el intento de agresión de Martínez Galdeano y cómo los agentes respondieron, según ella "con patadas y puñetazos". Fueron "muchos agentes frente a uno solo, porque cada vez salían más, por lo que acabaron ganando", añade; "no todos los agentes pegaban, pero sí la mayoría, que propinaba patadas y puñetazos, aunque no pude ver en qué parte del cuerpo porque estaba tirado en el suelo". Mientras, en el bar, "nadie hizo un gesto para que parasen hasta el final, cuando se llevaron las manos a la cabeza como diciendo '¡Dios mío! ¿Qué ha pasado?'". Según su relato, fueron 40 minutos de paliza, a los que siguieron otros 20 de maniobras de reanimación infructuosas.
Tres cámaras como testigos.
La actuación en el exterior del acuartelamiento ha quedado grabada en las cámaras de vídeo que vigilan el perímetro del acuartelamiento de Roquetas. La Cadena Ser ha tenido acceso a la trascripción de lo que en ellas se ve, un documento puesto ya en manos del juzgado, aunque en un primer momento la Guardia Civil anunció que lo había hecho sin que fuera así. La grabación recoge los hechos entre las 16.10 y las 18.20; dos de las cámaras estaban en el patio del cuartel, y la otra justo en la puerta de entrada.
Sin pantalones tras el forcejeo.
En las imágenes se observa como llega Martínez Galdeano, "con la camisa manchada a la altura del abdomen". Entre las 16.15 y las 16.35 se registra un forcejeo entre el agricultor y una pareja de agentes, que "intentan meterlo en las dependencias oficiales"; en el curso de esa pelea la víctima pierde sus pantalones. A las 16.38 aparece el "jefe de la unidad", el teniente José Manuel R., vestido de paisano.
Fuera del alcance de la cámara.
La cámara ubicada en la puerta de acceso de los vehículos oficiales empieza a grabar a las 17.09. Dos minutos después capta "el fuerte forcejeo" de los guardias civiles al tratar de meter en el coche al agricultor, y cómo éste se desploma. A las 17.17, uno de los "agentes arrastra al detenido hacia la parte izquierda trasera del vehículo, fuera del ángulo de visión de la cámara". Poco antes, "el guardia más veterano indica al resto la ubicación de la cámara que les está grabando". A las 17.42, 25 minutos después de salirse del ángulo de grabación, un agente sale del recinto con guantes de plástico en las manos y vuelve a entrar en el cuartel. La tercera cámara recoge la llegada un minuto después de la ambulancia, 45 minutos en llegar después de la paliza. A las 18.04 llega una UVI, que se retira cinco minutos después sin llevarse ningún herido. Para entonces Martínez Galdeano ya estaba muerto.
Medios "racionales y necesarios".
Tres de los nueve agentes imputados han explicado hoy a la juez que se emplearon medios "necesarios y racionales" para reducir a Martínez Galdeano, según ha dicho su abogado, Gustavo Arduán. "La mayoría de los miembros [de la Guardia Civil] que intervinieron usaron exclusivamente sus manos y la fuerza física de su cuerpo para tratar de reducir e inmovilizar" al fallecido, ha añadido Gustavo Arduán. El abogado de la acusación, José Ramón Cantalejo, afirma que se "autoexculparon" y dieron una versión sobre la "intervención directa" sin acusarse unos a otros.
La Guardia Civil ha interceptado esta noche en aguas del Estrecho un barco con al menos 145 inmigrantes indocumentados a bordo. Al parecer, se trata de un pesquero de unos 30 metros de eslora en el que podrían haber embarcado inmigrantes de origen indio en un puerto de Mauritania. En estos momentos, la Guardia Civil está remolcando la embarcación al puerto de Algeciras (Cádiz), donde llegará en torno a las 22.00. Efectivos de la Guardia Civil y la Cruz Roja han montado un dispositivo de ayuda en el puerto gaditano para atender a los inmigrantes, cuyo estado se desconoce.
Roquetas de Mar ya fue protagonista en 1981. Allí detuvo la Guardia Civil, el 10 de mayo, a Luis Montero, Luis Cobo y Juan Mañas, cuando viajaban en coche desde Santander. En época de plena actividad de ETA, un vecino les confundió con etarras. Hacía dos meses del 23-F y tres días del asesinato del general Valenzuela. El día después de la detención de los jóvenes, aparecieron sus cadáveres. Habían sido torturados en un cuartel almeriense abandonado. Los habían despedazado y metido en un coche, al que habían prendido fuego. Años después, el Supremo condenó al teniente coronel Castillo Quero, promotor del linchamiento, a 24 años de cárcel. Pero testimonios posteriores indicaron que no se había juzgado a todos los responsables.
Juan Martínez Galdeano, el agricultor fallecido el pasado 24 de julio en el cuartel de la Guardia Civil de Roquetas de Mar, ha sido enterrado esta mañana en un cementerio de esa localidad almeriense. El entierro ha culminado con abucheos al Instituto Armado a las puertas del cuartel y con peticiones de "justicia" ante el Juzgado de Instrucción número 1 que instruye el caso. Varias decenas de vecinos que regresaban del cementerio de San Jerónimo, donde descansan ya los restos del agricultor, se concentraron en la plaza del Ayuntamiento, donde mantuvieron cinco minutos de silencio y desde donde se dirigieron a las puertas del cuartel de la Guardia Civil. Allí, los manifestantes profirieron gritos de "canallas", "criminales", "asesinos" y "perros" contra los agentes del Instituto Armado, a quienes culpan de haber tratado a Juan Martínez "como a un perro", a pesar de ser "una persona trabajadora e inocente", según un portavoz de los concentrados.
Desde las dependencias de la Guardia Civil, un grupo más reducido de personas se trasladó al edificio de los juzgados, donde pidieron a gritos "la verdad", mientras exigían "justicia" para que los presuntos responsables de la muerte del agricultor "no anden sueltos por ahí".
Previamente, en el camposanto se vivieron escenas de dolor cuando el cuerpo de Juan Martínez era sepultado y su viuda, de origen marroquí, tenía que ser atendida al sufrir un desvanecimiento. Durante la misa funeral, el párroco de la iglesia de Nuestra Señora del Rosario, Pedro Pérez, que ofició la ceremonia, destacó el suceso "imprevisible" que ha acabado con la "muerte inesperada" de este vecino del barrio de las 200 Viviendas, y consoló a "esposa, padres, hermanos y demás familiares del difunto". "En la vida hay momentos tristes y dolorosos, horas en las que el corazón llora, como éste que está viviendo la familia de Juan", comentó el sacerdote durante la homilía.
El cura añadió que "es muy difícil y, en estos momentos, es más difícil hablar a una familia que llora la muerte de un hijo" que ha pasado sólo "39 años entre nosotros". "Hace diez días dejaba este mundo en circunstancias realmente dolorosas", dijo, al tiempo que confió en que "su vida no haya acabado para siempre" porque "más allá de la vida corporal hay una vida verdadera". La eucaristía ha contado con la asistencia del presidente de la Asociación de Jóvenes Agricultores de Almería (Asaja), Francisco Vargas, y de representantes de formaciones políticas como el edil socialista Federico del Águila y el senador del PSOE por Almería José Miguel Peña.
El agricultor Juan Martínez Galdeano falleció a las 17.50 del 24 de julio minutos después de que cuatro guardias civiles lo tirasen al suelo y cayeran sobre su pecho para reducirlo a las puertas del cuartel de Roquetas de Mar (Almería), según la primera versión oficial de la Guardia Civil. Fue entonces cuando Martínez, que estaba esposado, empezó a sentir síntomas de asfixia. La juez tomó ayer declaración a tres de los nueve agentes que han sido citados como imputados, quienes han declarado que emplearon "la violencia proporcional a las circunstancias". Martínez llegó al puesto de Roquetas de Mar a las 16.30 del 24 de julio muy excitado. Les contó a los guardias que había tenido un incidente de tráfico en el casco urbano de la localidad (con una población de 28.000 habitantes, que casi se triplica en verano) con un grupo de personas de etnia gitana. Según fuentes oficiales de la Guardia Civil, Martínez, de 39 años, dijo que sus perseguidores le querían matar y que su excitación se debía a que "había consumido drogas desde el día anterior".
Minutos después llegaron al cuartel dos coches con varios de los supuestos implicados en el altercado de tráfico. Martínez se quedó en el interior de las dependencias, mientras los agentes conminaban a los perseguidores a marcharse y a que presentaran denuncia ante la Policía Local, al tratarse de un asunto circulatorio ocurrido en el interior del casco urbano. De regreso, Martínez fue informado de que iba a ser llevado hasta las dependencias de los agentes urbanos para ser sometido a una prueba de alcoholemia.
Según la citada versión, en ese momento el agricultor intentó huir y mostró una actitud muy agresiva. Los guardias de servicio, incluido el teniente que estaba al mando (José Manuel R.), lo redujeron y lo ataron de pies y manos. "Era un hombre de gran corpulencia, de 1,90 de estatura y unos 100 kilos de peso", según las fuentes consultadas. Fue en ese momento cuando, supuestamente, el teniente lo golpeó en varias ocasiones con una porra eléctrica, que no es ilegal pero no forma parte de la dotación de defensas del instituto armado desde 1991 y, por lo tanto, no es reglamentaria.
Sobre el pecho El agricultor pasó a estar detenido bajo la acusación de "atentado y resistencia a la autoridad". Poco antes de las 17.15, Martínez fue conducido esposado al exterior del acuartelamiento por tres agentes que pretendían introducirlo en un vehículo oficial para conducirlo a la Policía Municipal. La versión oficial explica que mientras un guardia abría la puerta, el agricultor se zafó, derribó a dos agentes e intentó huir. Los funcionarios pidieron ayuda y acudieron dos compañeros más de los nueve que en ese momento estaban en el puesto de Roquetas (la plantilla media de este acuartelamiento es de 60 miembros del instituto armado).
Los cuatro funcionarios lo derribaron al suelo. Martínez cayó de espaldas y sobre él se precipitaron los agentes. Los investigadores del asunto sospechan que fue en ese momento, posiblemente debido a que uno de los guardias cayó con la rodilla sobre el pecho del agricultor, cuando se produjo la fractura del esternón de éste. De hecho, fue en ese instante en el que, según esta versión, el detenido comenzó a sentir síntomas de asfixia.
Los informes del puesto de Roquetas de Mar aseguran que los agentes llamaron entonces al centro de salud de la localidad y al 061 hasta en cuatro ocasiones para pedir asistencia médica. Pero, indican, en ese momento no había ambulancias disponibles, por lo que un agente fue a buscar a un médico en un vehículo oficial. Finalmente, llegó la asistencia que, tras intentar reanimar a Martínez, sólo pudo certificar, a las 17.50, el fallecimiento por parada cardiorrespiratoria. Cuatro agentes fueron atendidos de mordeduras, fracturas de dedos y otros traumatismos.
Toda la actuación en el exterior del acuartelamiento ha quedado grabada en las cámaras de vídeo que vigilan el perímetro del acuartelamiento de Roquetas. Su visionado corroborará o desmentirá esta versión. La juez Estefanía López, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de la localidad, ha citado como imputados a los nueve agentes que participaron o estaban presentes en el momento de la muerte en el acuartelamiento; entre ellos, el teniente, quien ha sido apartado del servicio y al que se le ha abierto una investigación interna.
Ayer ya declararon tres de los agentes, quienes según su abogado, Gustavo Arduán, utilizaron contra el detenido "una violencia proporcional a las circunstancias" y que "no hubo agresividad activa". La autopsia al cadáver no ha establecido las causas exactas de la muerte, aunque sí refleja que el fallecimiento estuvo relacionado con la detención.
Según Arduán, la autopsia ni ha determinado que hubo agresión ni que el fallecimiento fuera directamente provocado por la actuación de los agentes. "Hay otras concausas", aseguró. Por el contrario, el abogado de la familia del fallecido, José Ramón Cantalejo, sostiene que hubo "una extralimitación de la Guardia Civil" y que la autopsia revela "que la muerte se debió a la paliza que le pegaron, porque el cuerpo presenta golpes en todos los miembros y es un verdadero recital de lesiones".
El fallecido, casado y con un hijo, será enterrado hoy en Roquetas de Mar, once días después del fallecimiento.
ELPAIS.es JORGE A. RODRÍGUEZ / MARÍA JOSÉ LÓPEZ DÍAZ - Madrid / Almería
El teniente de la Guardia Civil de Roquetas de Mar (Almería) que ha sido suspendido de forma cautelar por parte de la Dirección General de la Guardia Civil por el fallecimiento de un hombre en el cuartel de esta localidad fue objeto, en febrero, de una denuncia por maltrato. La denuncia la interpuso Juan Manuel San Martín, padre de Juan Antonio San Martín (21 años). El juzgado no ha tramitado ni una sola diligencia, según los denunciantes. La acusación del caso del agricultor fallecido el 24 de julio utilizará la denuncia de San Martín como prueba "para pedir responsabilidades a la justicia". Juan Manuel San Martín interpuso una denuncia por maltrato en el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de El Ejido (Almería) contra el teniente de la Guardia Civil de Roquetas José Manuel R. el 25 de febrero pasado. "Fui a El Ejido porque en el juzgado de Roquetas lo mangonea todo el teniente. Pero no se ha hecho ni una sola diligencia desde febrero", explica Juan Manuel. En la denuncia se deja constancia de que su hijo "fue detenido y maltratado por el teniente de la Guardia Civil de Roquetas de Mar" y que, estando esposado, "le pegaron todo lo que quisieron".
El 24 de febrero, el joven San Martín conducía su vehículo por la carretera de Alicún, de Roquetas de Mar, cuando un vehículo de la Guardia Civil se puso tras él con la sirena encendida. "Ni siquiera me dio la señal de alto. Me siguió sin más y al pasar la rotonda me encuentro que me está apuntando con la pistola", explica el joven. Cuando paró, el teniente, según cuenta, le sacó del coche, le empezó a golpear y le puso los grilletes. Fue entonces cuando uno de ellos gritó: "Tíralo a la carretera y que le atropelle un coche". Según explican Juan Antonio y su padre, la presencia de varios testigos impidió a los agentes actuar en este sentido. "No lo mataron porque había testigos; si no, lo habrían hecho. Contamos con esos mismos testigos cuando se celebre el juicio algún día", asegura Juan Manuel.
"Allí mismo me pegaron una buena manta. Mi novia se asustó y el otro que iba con él la cogió y le tiró del pelo. Me subieron esposado al coche y me llevaron a un cañizo para pegarme más antes de llevarme a la Policía Local", narra Juan Antonio. El joven asegura que el teniente le seguía "pegando cates" mientras hacía la prueba de la alcoholemia delante de los policía locales. "En la misma policía me pegó con la porra en las costillas y yo ya no pude aguantar más y le di un cabezazo", reconoce. Juan Antonio San Martín, que exigió que le hicieran pruebas toxicológicas en el Hospital del Poniente, pasó tres días en el calabozo con palizas intermitentes a cuenta siempre del teniente, según relata. "En un cuarto que tienen en el cuartel el teniente me llegó a sacar la pistola y me la puso en la cabeza y en mis genitales. Era sólo él. Todos los demás guardias civiles me trataron muy bien. Me animaban y me daban cigarrillos", describe.
La intervención de un guardia civil subordinado al teniente evitó que Juan Antonio recibiera una nueva paliza al tercer día de arresto: "Era un guardia civil jovencillo, pero el más valiente de todos, porque le dijo: 'Mi teniente, como le toque otra vez le denuncio'. Y entonces fue cuando me amenazó de muerte con estas palabras: 'Sé dónde vives y te voy a encontrar. Si no voy yo mandaré a dos tíos para que te encuentren en una zanja". Este hecho también consta en la denuncia interpuesta en el juzgado ejidense.
Juan Antonio San Martín cuenta con partes médicos del hospital -exigió ir al centro médico después de cada paliza- así como análisis toxicológicos que dieron negativo. "A mí me puso en el expediente que iba conduciendo en zigzag, esquivando coches y con maniobras bruscas, que portaba una navaja y que llevaba una bolsa de coca. Todo falso, por eso exigí que me hicieran pruebas", explica. El joven se lamenta de que también fuera el teniente del cuartel de Roquetas el que hiciera la declaración a su novia. Además, el padre no pudo ver a su hijo hasta el día siguiente al arresto. "Fui a la policía municipal y no me lo dejaron ver. Al día siguiente, cuando amenacé con ir al juzgado de guardia, me dejaron verlo dos minutos. Le pedí que se bajara los pantalones y se quitara la camisa y estaba lleno de moratones", dice el progenitor. Juan Antonio salió al tercer día tras la llamada de su abogado.
La familia San Martín también denuncia que el teniente patrulla en sus guardias sin la identificación correspondiente a su rango y bajo un seudónimo. "Se hace llamar Sebastián y lleva uniforme raso, sin las dos estrellas que indican que es teniente", remachan.
La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) calificó a Marruecos de "país enemigo" y pidió, en una querella en marzo de 2004, el control "de individuos de raza árabe", tal como figura en el sumario del 11-M. Éste es uno de los motivos alegados por la Asociación 11-M. Afectados de Terrorismo en su recurso al auto del juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo, en el que el magistrado que instruye el caso de los atentados de Madrid indicaba que si la asociación de Pilar Manjón quería personarse como acusación popular debía hacerlo bajo la representación legal y dirección jurídica de la AVT. En ese auto, dictado el 26 de julio, el magistrado aludía a "una convergencia de intereses de todas las asociaciones personadas". La asociación presidida por Pilar Manjón, en el recurso de apelación, al que ha tenido acceso EL PAÍS, y que fue enviado el pasado viernes al juez, considera por el contrario que existe una "pública y notoria divergencia" en sus planteamientos respecto al proceso, que considera "inasumibles", y subraya una incompatibilidad "absoluta y radical" entre los intereses procesales y los puntos de vista de ambas asociaciones. Para justificar que "no existe ni la más mínima sintonía ni puntos de vista en común", los abogados de la Asociación 11-M hacen referencia en su escrito a "la única actuación procesal" de la asociación de Alcaraz en el caso de la que tienen constancia, y que está incluida en el sumario de los atentados de los trenes.
Se trata de una querella presentada el 12 de marzo de 2004, y rechazada por el juez del Olmo a finales de ese mismo mes, en la que la AVT pide la responsabilidad en los hechos de dirigentes de la organización terrorista ETA que se encontraban en prisión desde hace varios años, así como la responsabilidad "de quienes se amparan bajo las siglas de KAS y ETA con todo su entramado, asociaciones políticas, juveniles, sindicales, gestoras de familiares de presos ilegales y organizaciones afines".
La asociación de Manjón también se refiere a la ampliación de esta querella, el 23 de marzo de 2004. En ésta, la asociación de Alcaraz se refiere a "países de religión musulmana y enemigos del orbe cristiano" o "elementos marroquíes conceptuados siempre como enemigos de nuestra nación en todos los aspectos". Otras medidas que la AVT reclamaba son "la inmediata clausura de la mezquita de la M-30 , previa entrada y registro a cualquier hora del día y de la noche" y "la entrada y registro de todos aquellos locales que se denominen mezquitas o centros culturales islámicos".
Estricta vigilancia
Pero también se requería "el listado de todos aquellos individuos de raza árabe que legalmente hayan entrado en nuestro país, así como todos aquellos que hayan sido controlados como inmigrantes ilegales al acceder a nuestras costas desde un país enemigo como es Marruecos", y, por último, el control "de cualquier ciudadano marroquí en su entrada o salida, dando cuenta de ello a la Audiencia Nacional".
En su recurso, la Asociación 11-M considera estas posturas "radicalmente incompatibles" con sus ideas y advierte de los problemas que originarían estas posturas divergentes, de acudir de forma conjunta, a la hora de plantear recursos, valorar figuras como cómplices o encubridores, etc.
Manjón, que indicó ayer que acudirán a todas las instancias judiciales para que su recurso prospere, recalcó que la intención de sus asociados es conocer la verdad, saber qué pasó, quiénes son los culpables. "No queremos cerrar mezquitas ni que se siga intentado inculpar a ETA. El juez del Olmo no ha encontrado ni un solo vínculo de la banda con los atentados", agregó Manjón, que recordó también que muchos de sus asociados son musulmanes. Y zanjó: "No tenemos nada que ver con los planteamientos de la AVT. No vamos a jugar banderas partidarias, porque estamos hablando de que no tenemos con nosotros a 192 personas. Eso es lo que nos toca defender con una voz propia".
Los abogados de la Asociación 11-M también alegan que si en su día se constituyó una asociación específica y de carácter mayoritario "era porque ni los planteamientos éticos y jurídicos eran coincidentes con ninguna de las asociaciones existentes". La asociación de Manjón recuerda además que las posturas radicalmente diferentes mantenidas respecto a instituciones del Estado y "las posturas abiertamente enfrentadas" respecto a la Comisión del 11-M hacen imposible la personación bajo la representación legal de la AVT.
El recurso concluye que, de no atenderse su demanda, decenas o centenares de sus asociados "al no verse representados por la AVT, pueden acabar personándose de forma individual pudiendo provocar un auténtico y real colapso del procedimiento".
Preguntado por el recurso, Alcaraz indicó: "No voy a entrar a hacer valoraciones". En su opinión, es la Audiencia, "que siempre ha actuado así -agrupando las distintas peticiones de acusación popular en una-, quien debe decidir si es esto es posible en este proceso". Sin embargo, en declaraciones a Servimedia manifestó que "acusación popular sólo hay una" y que ésta corresponde a la AVT.
El Gobierno ha tomado hoy varias medidas para hacer frene al escándalo desencadenado por la muerte de un detenido en el cuartel de la Guardia Civil de Roquetas del Mar (Almería). El teniente J. M. R., que se encontraba al mando en el momento de los hechos, ha sido suspendido de empleo durante seis meses, al igual que los otros ocho agentes imputados por el juez. A todos ellos se les ha abierto expediente. El ministro de Interior, José Antonio Alonso, comparecerá el 17 de agosto ante el Congreso para dar a conocer los resultados de la investigación sobre este suceso. El agricultor Juan Martínez Galdeano, de 39 años, falleció el 24 de julio después de que cuatro agentes le redujeran por la fuerza (le tiraron al suelo y cayeron sobre su pecho) a las puertas del puesto del instituto armado de esa localidad almeriense (con 28.000 habitantes), según la versión de la Guardia Civil. La autopsia relacionó de forma directa la muerte de Galdeano, que acudió al cuartel tras sufrir un incidente de tráfico, con su detención, y detalló marcas en su cuerpo que parecían fruto de haber recibido una paliza.
En un primer momento el Gobierno consideró que el cargo político que debía explicar en el Congreso estos hechos debía ser el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho. Sin embargo, las conversaciones telefónicas mantenidas hoy por el presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero (de vacaciones en Lanzarote), y los ministros de Defensa, José Bono, e Interior, José Antonio Alonso, han terminado con la decisión de que sea éste último el que acuda a la Comisión de Interior de la Cámara Baja el próximo 17 de agosto.
Además, Defensa e Interior han acordado suspender a los agentes implicados (el teniente, siete números y un alumno de la Guardia Civil) supuestamente en la muerte de Galdeano, en un intento de actuar "con la máxima firmeza y el máximo rigor" para "corregir conductas inaceptables en un Estado de Derecho", según han informado fuentes oficiales a la agencia de noticias Efe.
Es Defensa el departamento competente para imponer estas sanciones (debido a la naturaleza militar del instituto armado), aunque el pasado 26 de julio Interior suspendió "de manera fulminante" al teniente (entonces, por tres meses) y le abrió un expediente por usar dos armas no reglamentarias para reducir al detenido. De esta forma, el militar acumula dos expedientes. Además, en estos momentos hay dos investigaciones abiertas, una interna y otra judicial (en Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Roquetas, al cargo de Estefanía López); si la juez decidiera procesar al teniente, se paralizaría el trámite administrativo.
ELPAIS.es ELPAIS.es / AGENCIAS - Madrid / Roquetas de Mar
Los inmigrantes interceptados cuando intentaban alcanzar las costas españolas en patera disminuyeron un 17% en el primer semestre del año en relación con el mismo periodo de 2004. Una tendencia a la baja que se viene dando desde principios del año pasado, durante el cual el número de extranjeros detenidos cayó un 18%. El perfil de los ocupantes de estas embarcaciones ha variado. Llegan más mujeres y más menores. En lo que va de año han arribado a Cádiz 34 bebés. En los seis primeros meses del año, un total de 4.532 extranjeros fueron detenidos cuando intentaban alcanzar llegar a las costas españolas en estas embarcaciones. De ellos, 1.721 fueron arrestados en las Islas Canarias y 2.811 en la zona del Estrecho. El año anterior habían se habían contabilizado un total de 5.481.
Respecto a las zonas a las que llegan los extranjeros, los últimos datos facilitados por la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración indican que mientras el número de inmigrantes interceptados en Canarias desciende un 46%, en el Estrecho aumenta un 24%. El descenso del 17% del número de inmigrantes interceptados en el primer semestre esconde también un dato llamativo: la evolución en los últimos tiempos del perfil de los ocupantes de las barquillas. Mujeres, muchas veces en avanzado estado de gestación, menores y bebés, comienzan a ser una constante en este penoso método para llegar a España en busca de un futuro mejor.
Otros datos, en este caso facilitados por la Comisaría General de Extranjería, indican una avalancha de menores marroquíes no acompañados llegados en barquillas. En los seis primeros meses del año ya han salido del país vecino más extranjeros de menos de 18 años que en todo 2004. Un 123% más, hasta alcanzar los 365.
Una situación que ha colapsado los centros asistenciales de varias comunidades autónomas. El motivo de esta avalancha es que los menores, al contrario que los adultos, que son devueltos a Marruecos en 24 horas, están protegidos por una legislación nacional e internacional. Con esta legislación, los menores no acompañados son tutelados por la comunidad autónoma de acogida, en cuyos centros viven hasta que cumplen la mayoría de edad y obtienen el permiso de residencia, o bien hasta que las autoridades localizan a sus familiares y proceden a su repatriación.
Actualmente hay unos 9.150 menores no acompañados que viven en España bajo la tutela del Estado y de estos, unos 4.100 son marroquíes. Las redes mafiosas de tráfico de seres humanos, conocedoras de esta legislación, ofrecen a las familias el traslado de los menores con la seguridad de que es casi imposible que sean devueltos a su país.
También se ha detectado un aumento del número de bebés. Sólo en las costas de Cádiz, en lo que va de año, han sido interceptados 34 lactantes (incluidos los 10 llegados ayer), según informa Efe citando fuentes de Cruz Roja.
La mayoría de las mujeres que llegan a la costa gaditana con sus pequeños proceden del África subsahariana. Uno de los episodios más trágicos se vivió el pasado abril, cuando un bebé fallecía en los brazos de su madre durante el trayecto en patera.
Una vez que llegan a suelo gaditano, las madres y sus hijos son trasladados al Centro de Atención de Inmigrantes de Tarifa, dependiente de la parroquia de San Mateo de este municipio, donde se les proporciona ropa y comida hasta que tramitan su documentación.
El tráfico clandestino de seres humanos en el Estrecho resulta cada vez más desgarrador. La Guardia Civil interceptó el lunes una embarcación en la que viajaban 20 adultos y 10 bebés subsaharianos, que desembarcaron en una playa de Tarifa (Cádiz) pasadas las diez de la noche. Sólo una mujer embarazada de ocho meses necesitó atención médica especializada. Los pequeños y sus madres permanecen al cuidado de una ONG. En lo que va de año, Cruz Roja ha atendido en Cádiz a 34 niños lactantes (de menos de 24 meses) llegados en patera. Uno de ellos falleció en brazos de su madre en abril. Hace años que por el Estrecho ya no cruzan propiamente pateras, sino embarcaciones más rápidas y flexibles para navegar de orilla a orilla. Pero también ha cambiado el perfil de sus ocupantes. Si antes sólo viajaban adultos varones, al principio marroquíes, en los últimos tiempos ha crecido la cifra de mujeres, menores no acompañados y bebés, casi todos originarios de países de la llamada África subsahariana.
La barca interceptada el lunes por la Guardia Civil frente al litoral de Tarifa (Cádiz) transportaba 3 hombres, 17 mujeres (dos de ellas embarazadas) y 10 bebés, de entre 2 y 24 meses, que recibieron atención sanitaria de la Cruz Roja al llegar a tierra. Una de las ocupantes de la patera fue localizada posteriormente a 150 metros del lugar del desembarco.
Ninguno de los inmigrantes presentaba dolencias graves, según el responsable de los equipos de respuesta inmediata de Cruz Roja en Cádiz, Manuel Fénix, que les asistió en la playa Jabonera de Bolonia, donde desembarcó el grupo.
Sólo una de las mujeres, embarazada de ocho meses, fue trasladada al hospital Punta Europa de Algeciras debido a los mareos y a los síntomas de hipotermia que presentaba, aunque recibió el alta a primera hora de la mañana de ayer.
El resto de los inmigrantes, incluidos los 10 bebés, sus madres y una segunda embarazada de pocos meses, no requirieron atención médica especial. "Todos vienen en buen estado, aunque algunos tenían malestar general y desnutrición", aseguró Fénix, que se sorprendió al observar cómo jugaban algunos niños tras el desembarco. "Desde luego, ellos están ajenos al peligro de cruzar el Estrecho", comentó.
Las 10 mujeres y sus bebés fueron trasladados a una casa tutelada por una ONG, según informó la Consejería de Igualdad y Bienestar Social. La expedición clandestina, a bordo de una lancha neumática semirrígida de unos siete metros de eslora, fue avistada cerca de la playa Jabonera a las 22.17 por un navegante que alertó a la Guardia Civil.
El delegado del Gobierno en Andalucía, Juan José López Garzón, explicó que el procedimiento administrativo que se sigue en estos casos será similar al de cualquier inmigrante procedente de países con los que España carece de acuerdo de repatriación: "Se les comunica la orden de expulsión y saben que desde ese momento permanecen en un país del que tienen que salir". En la práctica se convierten en inmigrantes que engrosan la bolsa de irregulares.
López Garzón descartó que la presencia de bebés, que ha aumentado en los últimos años, obedezca a una estrategia diseñada por las mafias que controlan el tráfico de inmigrantes entre Marruecos y España.
El defensor del pueblo andaluz, José Chamizo, calificó de "escandaloso" que "el tráfico de seres humanos derive cada día más en niños". Chamizo agregó que las autoridades marroquíes pueden realizar "más control" para evitar la salida de embarcaciones.
Por otra parte, la Guardia Civil interceptó ayer, a las 8.00, una patera con 24 inmigrantes a 20 millas al sur de rambla Guarea en Gualchos-Castell de Ferro (Granada), informa Efe. A bordo de la embarcación, interceptada por el SIVE (Servicio Integral de Vigilancia del Estrecho), iban adultos marroquíes, que permanecerán en un centro de acogida del puerto de Motril hasta su repatriación. Dos de lo inmigrantes recibieron asistencia médica por heridas de escasa gravedad.
En lo que va de año la Guardia Civil ha interceptado frente a la costa de Granada 1.500 extranjeros. La puesta en marcha del SIVE ha ayudado a incrementar la cifra de embarcaciones localizadas.
Pasadas las 13.00 horas han comenzado a declarar en el juzgado de Instrucción número 1 de Roquetas de Mar (Almería) tres de los nueve guardias civiles imputados por la muerte, el pasado 24 de julio, de Juan Martínez Galdeano, a quien el teniente J.M.R propinó una brutal paliza en un cuartel de esa localidad cuando estaba detenido. El Ministerio del Interior ha suspendido tres meses de su cargo al teniente. Según el abogado de la familia de la víctima, el agente fue denunciado en febrero pasado por unos hechos similares aunque sin resultado de muerte. El próximo viernes prestarán declaración otros tres imputados, entre ellos J.M.R, y el próximo lunes el resto. El teniente utilizó dos porras, una eléctrica y otra extensible, ninguna de las cuales son reglamentarias, para propinar la mortal paliza al fallecido. Por ello, el Ministerio del Interior ha abierto un expediente disciplinario al agente por los métodos utilizados.
Juan Martínez Galdeano, agricultor de 39 años, casado y con un hijo de 19, fue detenido y trasladado al cuartel tras una discusión sobre un accidente de tráfico en el que presuntamente estuvo implicado. Según la Guardia Civil, el hombre murió a consecuencia de un paro cardiaco. De acuerdo con esta versión, la víctima había estado ingiriendo una droga no especificada desde el día anterior al accidente, y reaccionó de forma violenta contra los agentes en el lugar del siniestro, por lo que fue reducido y detenido; una vez en el cuartel, volvió a alterarse y terminó muriendo de un paro cardiaco durante un forcejeo con agentes, algunos de los cuales resultaron heridos con mordeduras, fracturas en los dedos y erosiones. La familia de Juan Martínez Galdeano ha interpuesto una denuncia por "lesiones con resultado de muerte" y por el "trato degradante" que recibió la víctima.
Causa de la muerte
La autopsia al cuerpo sin vida de Martínez Galdeano concluye que "la causa inmediata de la muerte es una insuficiencia respiratoria o cardiorrespiratoria aguda -síndrome asfíctico general-", pero asegura que "existe una relación de causalidad entre el fallecimiento y la situación de detención del sujeto". El informe médico, hecho público por el abogado de la familia, José Ramón Cantalejo, añade que el hombre pudo morir por la presión recibida al ser sujetado de pies y manos con la espalda contra el suelo.
"No se descarta que una inmovilización del sujeto, con las manos y pies fuertemente asidos y traccionados, presionando la espalda contra el suelo y apoyándose encima puedan ser el precipitante final por restricción de movimientos en la caja torácica y anoxia consecuente del cuadro asfíctico observado", dice el informe, que no obstante precisa que "deben considerarse otras concausas que en mayor o menor medida pueden haber estado presentes".
Las otras causas que pudieron concurrir en esta muerte están siendo "sometidas a estudio". Sin embargo, el informe cita un cuadro de lesiones que incluye "numerosos infiltrados hemorrágicos que indican golpes de cierta intensidad", y añade que en la cara "son evidentes numerosos golpes, apareciendo hematomas externos bien visibles sobre la frente, el pómulo y el ojo derecho". La autopsia señala también que el fallecido fue sujetado con fuerza por el cuello, aunque sin provocarle asfixia; fue golpeado en el pecho o la espalda y en la boca; recibió entre tres o cinco golpes con una porra en el tórax y ocho más en la zona lumbar; y fue arrastrado por el suelo y lanzado contra el suelo boca abajo.
José Ramón Cantalejo ha señalado que la autopsia da la razón a la familia, y ha calificado de "salvajada" la paliza que recibió la víctima, que, según ha dicho, "estaba atada de pies y manos, tenía atados los tobillos y porrazos hasta en los pies". Cantalejo ha contado también, en declaraciones a la Cadena SER, que el teniente expedientado había sido objeto de una denuncia anterior. La denuncia fue presentada el pasado 25 de febrero en un juzgado de El Egido por un hombre que acusó al teniente de pegar fuertemente a su hijo mientras estaba detenido.
La secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Consuelo Rumí, apuntó ayer que el Gobierno calcula que en España quedan 120.000 extranjeros en situación irregular tras el plan de regularización del Ejecutivo. Rumí anunció la puesta en marcha de un plan estratégico para la integración, que atenderá también la situación de la inmigración cualificada, y avanzó que el Gobierno creará un observatorio contra el racismo y la xenofobia a partir de septiembre. También recordó que el presupuesto para políticas de inmigración asciende este año a 128 millones de euros, frente a los 7,5 millones del ejercicio anterior.
La secretaria de Estado insistió en que después del esfuerzo realizado por el Gobierno en el proceso de regularización de inmigrantes "es hora de políticas de integración". Rumí, que participó en el curso Inmigración, fronteras para la integración, organizado por la Universidad Complutense de Madrid, aseguró que tras el proceso de regularización que se desarrolló entre el 7 de febrero y el 7 de mayo pasados han quedado cerca de 120.000 inmigrantes en situación irregular. Una cifra que el Ejecutivo compara a la que existe en otros países de la Unión Europea como Francia o Italia.
Para los que no han podido aprovechar el proceso de regularización, Rumí explicó que sólo podrán atenerse a lo que dicta el Reglamento sobre la contratación en sus países de origen o acogerse al concepto de "arraigo social" contemplado en el Reglamento mediante la ley de acogida.
Respecto a la creación, el próximo otoño, de un plan estratégico de integración avanzó que éste contemplará programas de acogida, educación, empleo, igualdad de trato y sensibilización para los inmigrantes. El proyecto contempla un procedimiento administrativo para integrar a los extranjeros de alta cualificación para que se puedan quedar en España "en tiempo y forma", aseguró Rumí. También comentó que el observatorio contra el racismo y la xenofobia trabajará de manera preventiva "para abortar cualquier síntoma de racismo". Además, anunció, se creará un mapa de riesgos para actuar con tiempo y evitar que se produzcan este tipo de situaciones.
Rumí calificó de "fracaso" las políticas de integración del anterior Gobierno del PP. Este año, indicó, el presupuesto para políticas de integración asciende a 128 millones de euros, frente a los cerca de 7,5 millones invertidos el año anterior, apuntó. Rumí precisó que tras el proceso de regularización, con más de 550.000 resoluciones positivas, ya se han afiliado a la Seguridad Social cerca de 360.000 extranjeros.
El 'efecto parabólica' Por su parte, el embajador de España en Marruecos, Luis Planas, señaló que en España viven cerca de 530.000 inmigrantes marroquíes, según su estimación. Planas señaló que muchos llegan por "el efecto parabólica", en referencia al medio por el que la información llega a Marruecos a través de la televisión, donde descubren la diferencia del nivel de renta.
El embajador, anunció la colaboración entre España y Marruecos para crear albergues o "centros de acogida" de menores marroquíes para "lograr un retorno familiar y una integración responsable". Y apuntó un cambio "radical" entre las relaciones de cooperación entre España y Marruecos en materia de inmigración, lo que se ha reflejado en un descenso del 17% en la llegada de inmigrantes en pateras en lo que va de año.
ELPAIS.es J. SÉRVULO GONZÁLEZ - San Lorenzo de El Escorial
Hace 60 años se produjo la liberación de los prisioneros del campo de concentración de Mauthausen. Entre los liberados se encontraban varios españoles, uno de ellos era José Ejea Pujante. Es miembro de la Amical Mauthausen y estuvo el paso mes de mayo en el homenaje del 60 aniversario del campo de concentración.
--Antes de ser apresado por los alemanes luchó en la Guerra Civil española. Usted nació en 1921, por lo que pertenecía a la quinta del biberón, ¿cómo lo recuerda?
--Cuando comenzó la guerra quise alistarme, pero mi padre no me dejó. Luego me reclutaron en el 38 y estuve luchando en el frente republicano, era muy joven pero estaba comprometido con mis ideales.
--Luego se exilió a Francia, ¿fue allí cuando lo apresaron los soldados alemanes?
--Sí. Los españoles que nos exiliamos dejamos un conflicto para entrar en otro, la Segunda Guerra Mundial. Yo estaba trabajando para el ejército francés cuando nos cogieron a mí y a otros dos españoles más. Pero un soldado alemán no tenía nada que ver con un fanático de las SS, los primeros nos trataban como prisioneros de guerra, pero los nazis nos maltrataron salvajemente.
--¿Cuando llegó al campo de concentración de Mauthausen?
--Fue el 27 de enero de 1941. Antes, estuve en un campo de prisioneros y un día nos metieron en un tren y nos llevaron a Mauthausen. Nos trasladaron en un vagón donde íbamos más del doble de la capacidad que tenía, no podíamos ni agacharnos.
--¿Cual fue la peor vivencia?
--La muerte de mi padre, estaba en el campo de concentración conmigo, no resistió. Murió en las Navidades de 1942. Pero en general todo el tiempo que estuve allí dentro fue un verdadero infierno que muchos compañeros no pudieron soportar.
--¿Cómo recuerda su vuelta a España en 1948?
--Volví con la dictadura de Franco. No tenía papeles, era un prófugo. Fue muy duro, tenía que esquivar a la policía, no podía abrir la boca. Tuve que sacrificar parte de mi vida hasta que murió el dictador.
--¿Se llega a superar el vivir en un campo de concentración?
--Estar en un campo de concentración nazi no se puede olvidar nunca. Ahora, lloro como un niño cada vez que veo en televisión que se maltrata a alguien o al comprobar las ínfimas condiciones que viven en algunos países.
--¿Cree que la gente joven se ha olvidado de estos episodios de la historia?
--Un poco. Y les diría que se comprometiesen más con la vida política del país. No puedo soportar cuando les oigo decir yo paso de política . No se dan cuenta que España no está bien políticamente, y que son ellos, los jóvenes, los encargados de hacer cambiar la política del país.
El Periódico de Aragón. DAVINIA LUMBRERAS 01/08/2005
Agentes de la Guardia Civil de Jumilla realizaron la noche del viernes 40 denuncias por diferentes motivos y se incautaron de 18 bates de béisbol y siete navajas de grandes dimensiones. Además, las fuerzas de seguridad detuvieron la tarde de ayer a un joven de 24 años como presunto autor de un delito de desorden público en los incidentes ocurridos en las puertas del ayuntamiento jumillano el pasado 19 de julio durante la visita del delegado del Gobierno. Según fuentes policiales, el joven es vecino de Jumilla y arrastra antecedentes por tráfico y consumo de drogras. Esta persona es el octavo detenido por los incidentes del 19-J.
La amenaza de un estallido de violencia continúa latente. 40 guardias civiles del G.R.S. número 1 de Madrid, además de cuatro patrullas Lince de la comandancia de Murcia, junto a los agentes del puesto de Jumilla, patrullan las calles de la ciudad. Los efectivos de los cuerpos de seguridad realizan diferentes controles y registros con el fin de evitar que se produzcan peleas y reyertas entre jóvenes españoles e inmigrantes. La noche de ayer se incorporó a este despliegue de medios, un perro antidroga de la Guardia Civil, con el fin también de perseguir el tráfico de drogas al menudeo que tiene lugar en la ciudad del Altiplano.
Importante desalojo En otro orden de cosas, agentes de la Guardia Civil de Jumilla procedieron el viernes al desalojo de una nave donde se refugiaban 50 inmigrantes y donde ya habían ocurrido diferentes peleas y altercados. el desalojo se produjo a consecuencia de una orden judicial dictaminada tras la pertinente denuncia realizada en su día por los propietarios de la nave, conocida en Jumilla como 'naves de Pergan'. El lugar cuenta en la actualidad con vigilancia las 24 horas del día.
La Guardia Civil rescató al mediodía de ayer el cadáver de un joven hindú que se había ahogado en uno de los acantilados de Melilla La Vieja, concretamente en las proximidades de la Boca del León, y que llevaba desaparecido desde principios de la semana pasada.
Según explicaron fuentes de la Delegación del Gobierno, la Sección Fiscal del Muelle de la Guardia Civil recibió una comunicación del avistamiento de un cadáver flotando sobre el mar, motivo por el que varias unidades del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) del Instituto Armado se desplazaron al lugar con una embarcación tipo zodiac.
El rescate entrañó algunas dificultades, según comentó uno de los testigos presenciales que se congregaron en la muralla del Pueblo para observar el trabajo de la Guardia Civil en la recuperación del cadáver. Al parecer, el cuerpo pesaba bastante al haber estado varios días a la deriva, por lo que los agentes no pudieron subirlo a la embarcación y optaron por remolcarlo hasta las instalaciones portuarias.
Patera con seis inmigrantes Un ciudadano hindú, que denunció la desaparición de su compatriota el pasado 28 de junio, fue el encargado de reconocer el cadáver al haber sido los dos ocupantes de una patera en la que llegaron a la zona española y que no consiguió alcanzar la costa.
Este inmigrante relató que en la embarcación viajaban ocho ciudadanos hindúes y dos marroquíes que la patroneaban. Sin embargo, cuando apenas quedaban 50 metros para llegar a la costa, los marroquíes obligaron a los hindúes a abandonar la patera y alcanzar la costa a nado, por lo que llegaron a tierra siete de los ocho inmigrantes.
A través de un comunicado de prensa, la Delegación del Gobierno apuntó que los GEAS de la Comandancia de Melilla hicieron un reconocimiento de la zona a la que llegó la patera con los inmigrantes, si bien este rastreo finalizó sin ningún resultado positivo.
La Boca del León fue el escenario de la recuperación del cadáver
ERC pedirá la comparecencia de los ministros de Interior y Defensa para que expliquen los pormenores de la operación llevada a cabo por la Guardia Civil durante la madrugada del 23 de junio, cuando hubo un intento masivo de entrada de inmigrantes por la frontera melillense
Los republicanos Rosa María Bonás y Joan Tardá durante su comparecencia ante los medios. Eder barandiaran mELILLA
El grupo parlamentario de Ezquerra Republicana de Catalunya (ERC) pedirá la comparecencia de los ministros de Interior y Defensa para explicar lo sucedido durante la madrugada del 23 de junio, cuando un grupo muy numeroso de subsaharianos trataron de entrar en territorio español a través de la frontera de Melilla, tal y como explicaron ayer a los medios los parlamentarios de esta formación, Joan Tardá y Rosa María Bonás, que han estado visitando la zona. "Hay indicios de que hubo uso de fuerza desproporcionada por parte de la Guardia Civil y de la Legión", señaló Bonas, que afirmó contar con fotografías en las que se ve a inmigrantes con roturas de brazos y piernas.
La catalana explicó que su formación desea la comparecencia de los responsables de Interior y Defensa "para que expliquen los hechos y si hay que esclarecer responsabilidades por una mala actuación de la Guardia Civil, de la Legión o de ambos".
Los miembros de ERC se mostraron a favor de que el Instituto Armado proteja las fronteras, "pero siempre dentro del marco de la ley y del estado de derecho" y pusieron de manifiesto que "lo que no se puede hacer es el abuso de la fuerza y el maltrato de las personas".
Entre las preguntas, que ya están presentadas en el Congreso y que deberán ser respondidas durante este mes, consta la de si "estaba debidamente autorizada" la utilización de una "unidad militar de la Legión" para repeler el intento masivo de entrada en territorio nacional, si el Gobierno "tiene conocimiento de que se sobornó a fuerzas auxiliares marroquíes para expulsar a los heridos en lugar de trasladarlos a hospitales", o si el Gobierno conoce "si esta práctica de sobornos es habitual en la expulsión de los inmigrantes de Melilla", entre otras. Las comparecencias de ambos ministros se producirán cuando se reanuden las sesiones del congreso, en el mes de septiembre.
Guerra del Rif En otro orden de cosas, los republicanos presentarán en el Congreso una proposición no de ley para que se estudie y clarifique si se usó material químico contra la población civil por parte del ejército español durante la guerra del Rif. "Era obligado conocer in situ el escenario geográfico y entrar en contacto con las entidades y asociaciones rifeñas que desde hace años reivindican su memoria y el reconocimiento de su holocausto", justificó Tardá.
El independentista, que relató que han visitado a una treintena de entidades de Anual y Nador, espera que en Madrid "se entienda que nuestra demanda no es una excentricidad, sino que responde a un discurso político de recuperación de la memoria" y para ello aseguró que esperan poder ir acompañados de "colectivos y personas rifeñas".
En palabras de Tardá la proposición no de ley pretende "el reconocimiento de las responsabilidades ante el uso de armamento prohibido en la década de los veinte" y aseguró que "el Estado español debe reconocer sus responsabilidades". Con ello, ERC pretende "dar todas las facilidades, para que triunfe la verdad y eso significa que los archivos se abran a los investigadores" para conocer "exactamente la magnitud" del caso.
El diputado independentista afirmó que, "si es el caso, el Estado Español deberá plantearse de qué manera se recupera y se restituyen los honores" de los rifeños, así como los posibles daños ocasionados ya sea a través de cauces "de carácter económico" o bien "en forma de cooperación sanitaria", ya que, según el catalán, diversos estudios "van confirmando" la relación causa efecto entre las enfermedades cancerígenas en algunas zonas del Rif y el "uso masivo de armas químicas" en determinadas zonas.
Tardáa aseguró que existe una "una relación histórica de solidaridad entre el independentismo catalán y las aspiraciones de la nación amazigh. Por ello, insistió en que "sin ningún complejo afirmamos que para nosotros es un orgullo poder ayudar y contribuir a la reivindicación de la memoria del pueblo rifeño".
Durante el primer semestre de este año se registraron un total de 871 nuevos ingresos de menores inmigrantes en los centros de protección de la comunidad andaluza que, sumados a los 486 que se encontraban en estos centros al inicio de 2005, supone que se ha atendido a un total de 1.357 menores extranjeros no acompañados entre el 1 de enero y el 30 de junio. De esta forma, se ha producido un incremento del 123 por ciento en el número de ingresos, 481 más que en el mismo periodo de 2004, y del 108 por ciento en el de las atenciones, 706 más que el año pasado. La realización de las correspondientes pruebas radiológicas ejecutadas a los 58 presuntos menores extranjeros no acompañados que llegaron ayer a las costas de Granada y Almería determinó que sólo son realmente menores de edad 48 de ellos, de los que 38 fueron localizados en la provincia granadina y diez en la almeriense. Estos inmigrantes han sido realojados en diferentes centros de la comunidad autónoma. De este modo, 13 permanecen en Granada, 19 han sido trasladados a la provincia de Cádiz (seis de ellos niñas) , cuatro a Huelva, dos a Jaén, siete a Málaga (dos de ellos niñas) y tres a Sevilla.
El departamento coordinado por Micaela Navarro ha venido contando con 18 centros especialmente capacitados para atender a los menores extranjeros no acompañados, en los cuales se cuenta con 302 plazas. Estos medios, sin embargo, no están destinados exclusivamente a extranjeros, ya que, como el resto de los dispositivos de la red de protección, pueden acoger a menores nacionales y foráneos. Asimismo, los mencionados núcleos disponen de recursos personales -mediadores interculturales y especialistas de cocina, entre otros- y técnicos -como formación especializada en menores extranjeros no acompañados o interculturalidad e integración-.
La Junta indicó que a consecuencia de la "saturación" de los recursos que ha ocasionado esta "nueva llegada masiva de menores" inmigrantes, se ha visto obligada a activar el plan de emergencia creado recientemente para responder a este tipo de situaciones.
El proyecto consiste, fundamentalmente, en la puesta a disposición de estos menores del resto de los recursos residenciales del sistema de protección. Se unen así a los 18 centros mencionados otros once más, lo que supone un total de 29 con 540 plazas.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Augusto Méndez de Lugo, planteó ayer la necesidad de que Marruecos mantenga un "compromiso serio" para paliar la "calamitosa" situación de los menores llegados a las costas andaluzas de manera irregular.
Méndez de Lugo hizo estas declaraciones tras reunirse con el presidente andaluz, Manuel Chaves, en alusión a la decisión de la Junta de activar un plan de emergencia para atender al medio centenar de menores que llegaron a las costas andaluzas en tres pateras en las que viajaban 170 inmigrantes, que fueron atendidos en Almería y Granada.
Según aseguró, es "básico" que España y Marruecos alcancen un "protocolo serio" y que el país vecino se comprometa "de alguna manera" con la situación de estos menores y que acepte su tutela hasta que se encuentren a sus familias, para que "no tengamos que acogerlos nosotros" en centros en donde ni siquiera estos jóvenes "están extremadamente a su gusto".
Asimismo, añadió que pueden ser un "canal de delincuencia" y recordó que las mafias "tienen mucho que decir en esto" porque en ocasiones anima a las familias a que sus hijos se trasladen a España. "Me gustaría un compromiso serio de Marruecos para paliar la desastrosa y calamitosa situación" de estos menores llegados a las costas en pateras, como el caso de los interceptados en la costa granadina", indicó .
El presidente del alto tribunal andaluz analizó con el presidente de la Junta, por otra parte, otros temas de actualidad como el relativo a los efectos de la futura reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía en materia de justicia.
Por otra parte, las principales rutas -nueve en total- que utilizan los inmigrantes subsaharianos para ir a las costas del Sáhara antes de embarcarse en pateras hacia las Islas Canarias, confluyen todas ellas en la capital administrativa, El Aaiún. Desde Senegal parte una que cruza Mauritania. Desde la vecina Mali surgen tres vías que pasan por Mauritania, Argelia y Marruecos. Por último, desde Nigeria salen el resto: la primera cruza Mali y Mauritania, la segunda es vía Níger, la tercera a través de Argelia y, finalmente, las dos últimas entran por Marruecos.
