El Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú ha pedido a España el esclarecimiento de la muerte de un peruano en Madrid por el disparo de un policía, han informado en Lima portavoces oficiales. La Cancillería del país suramericano ha informado en un comunicado de que ha ordenado a su cónsul en Madrid, Diego Alvarado, que solicite al Cuerpo Nacional de Policía un informe sobre la muerte del peruano, limeño de 21 años, que el jueves por la noche recibió un tiro en la cabeza tras forcejear con un agente que se encontraba fuera de servicio.
El fallecido ha sido identificado por la Policía Científica como Israel Miguel G. Chapillicuen, con numerosos antecedentes policiales por robos con violencia, robo de vehículo e infracción de la Ley de Extranjería. Según fuentes de la investigación, el disparo se produjo "accidentalmente" cuando otro de los delincuentes que se encontraba con Israel Miguel agarró violentamente un brazo al policía.
Los hechos se produjeron en el distrito de Puente de Vallecas durante una operación policial en la que los agentes intentaban detener a un grupo de delincuentes presuntamente autores del robo de un automóvil.
La Dirección General de la Policía ha informado de que ha abierto una investigación interna para el esclarecimiento de los hechos.
El centro que cuenta en este momento con mayor número de inmigrantes es el de El Matorral, en Fuerteventura, que tiene una capacidad para 1.200 personas y acoge a 257 inmigrantes.
Asimismo, en el centro de internamiento de Tenerife, con espacio para 238 personas, hay actualmente 112 inmigrantes, la mayoría de ellos pertenecientes a un pesquero interceptado este martes cuando se dirigía a Tenerife.
En el de Gran Canaria se encuentran 75 inmigrantes, cuando su capacidad es de 180 plazas, mientras que el de Lanzarote acoge a ocho personas cuando puede llegar a las 200.
Las fuentes de la Delegación del Gobierno en Canarias indicaron que, tal como las cifras indican, los centros de internamiento de extranjeros del archipiélago se encuentran muy por debajo de su capacidad, a pesar de la llegada este martes a las Islas de 132 inmigrantes, 95 de ellos en el pesquero que se dirigía a Tenerife y 37 en una patera interceptada en la costa de Gran Canaria.
Igualmente, agregaron que los vuelos de repatriación de los inmigrantes a sus países de origen continúan como es habitual, una vez que se cumplen todos los trámites legales de expulsión de España.
El centro que cuenta con mayor número de inmigrantes es el de El Matorral, en Fuerteventura, con 257 inmigrantes que represetan el 21% de su capacidad
La Delegación del Gobierno aclara que los vuelos de repatriación de los inmigrantes a sus países de origen se efectúan una vez que se cumplen todos los trámites legales
Canarias Ahora .com EFE. Las Palmas de Gran Canaria
El Llano Amarillo, el monumento erigido en Ketama durante el Protectorado para recordar el juramento de levantarse contra la República que se habían hecho los oficiales que participaban allí el 12 de julio de 1936 en unas maniobras y que para los franquistas encarnaba la primera llamada concreta a la rebelión, ha aparecido esta semana cubierto de varias pintadas en las que los autores reclaman la supresión de los símbolos del Régimen franquista que quedan en las calles con leyendas como 'No monumentos facistas [sic]' y 'No más recuerdos de la barbarie'.
Los autores de las pintadas dibujaron una bandera republicana en el frontal del monumento. Casi setenta años después de que las piedras del Llano (trasladadas una por una a Ceuta para reconstruir la figura del águila que representa en la carretera de San Amaro tras la independencia de Marruecos) fueran utilizadas por cinco miembros del Partido Comunista de Tánger para exigir 'Amnistía' y 'Libertad' para los los presos políticos españoles, las pintadas aparecidas esta semana demandan, también desde el anonimato, que se siga llevando a cabo la eliminación de símbolos franquistas de las calles que el Gobierno inició en marzo al retirar la efigie del Generalísimo que se levantaba en Nuevos Ministerios (Madrid) y que apenas ha tenido nuevos episodios a continuación.
A pesar de que ni en Ceuta ni en Melilla se barajó la posibilidad de retirar de la vía pública ninguno de los monumentos franquistas que aún existen (el Llano y 'los pies de Franco' son los más sobresalientes en Ceuta), el PSOE ceutí planteó primavera en el Pleno de la Asamblea una propuesta, que no fue aceptada por el Gobierno de Juan Vivas, para acompañar con una nueva rotulación estos recuerdos de la dictadura franquista.
Fuera del ámbito político, diferentes especialistas vinculados a la investigación histórica como el Cronista Oficial de la Ciudad, José Luis Gómez-Barceló, o Francisco Sánchez han opinado que "la polémica sobre la retirada de los símbolos franquistas es un tema político que habría que diferenciar del patrimonial".
A juicio de Sánchez las huellas del mirador de San Antonio o el Llano Amarillo "se deberían adaptar, incluyendo una leyenda donde se explique que el levantamiento fue un Golpe de Estado para ajustarlos a la verdad histórica". "Desde el punto de vista artístico los monumentos no van a dejar de serlo porque el periodo que representen esté bien o mal visto. La propuesta de rotularlos de otra forma y dejarlos donde están es la más interesante", ha señalado Gómez-Barceló.
El combate se desató al regresar de la feria, y el autobús de la línea 17 se convirtió en su improvisado cuadrilátero. Un grupo de jóvenes -la mayoría de etnia gitana, y entre los que había menores de edad- apaleó a tres subsaharianos dentro del bus. Uno de ellos incluso amenazó a punta de cuchillo al conductor para que no hiciese más paradas hasta La Palmilla.
Los hechos ocurrieron sobre las seis de la madrugada del martes al miércoles. Al parecer, el vehículo recogió a unos y a otros en el Real de Cortijo de Torres y emprendió su recorrido habitual hasta La Virreina. Iba lleno. En total, unos 60 viajeros, la inmensa mayoría gitanos y al menos tres de origen subsahariano.
Ambiente caldeado
Por causas que se desconocen, los dos bandos empezaron a cruzar insultos. El ambiente se caldeó y, a la altura de la calle Luis Buñuel, llegaron a las manos. Según fuentes consultadas por este periódico, un nutrido grupo de gitanos propinó una paliza a los tres sujetos.
Al ver que la situación se le iba de las manos, el conductor efectuó una parada a la altura del centro comercial Rosaleda, donde abrió las puertas para ver si los implicados se bajaban y así acababa la pelea.
Pero a los protagonistas de la reyerta no les pareció buena idea. Al parecer, un joven de etnia gitana se dirigió hacia el chófer y le colocó un objeto punzante (un cuchillo o un estilete) en el costado. Le ordenó que no volviera a repetir la maniobra y que no hiciese ninguna parada más hasta llegar a la última de la línea 17, en La Virreina.
Según relataron las fuentes, el individuo hizo ademán de clavarle la daga al conductor en repetidas ocasiones, y hasta le rompió la camisa de su uniforme.
El secuestro del autobús acabó en La Virreina, donde el pasaje abandonó el vehículo, incluidas las dos partes implicadas en el suceso, de las que se desconoce identidad y paradero. De hecho, los subsaharianos apaleados aún no han presentado denuncia.
La conflictividad que sufre la línea 17, que comunica el barrio de La Palmilla con el resto de la capital, motivó tiempo atrás la instalación de cámaras de vídeo dentro de los autobuses para controlar a los que causan problemas.
Los amigos de Roger creen que a él no le hubiera gustado que se organizara ningún acto en su recuerdo, pero ayer le rindieron tributo para que no se olvide la existencia de agresiones de este tipo. Joan es uno de los amigos de Roger que, impotente, le vio desangrarse aquella noche frente a la parada de metro de Fontana. Utiliza este nombre ficticio porque prefiere guardar el anonimato. Los ánimos estaban caldeados ayer, día que se cumplía un año de los hechos. En el ambiente pesaba también la denegación del permiso municipal para celebrar las fiestas alternativas de la plaza de Rovira, a las que concurrían buena parte de los okupas, como Joan y Roger. "Es increíble. Parece que digan que, como fuimos atacados y mataron a un compañero nuestro, somos un peligro para el orden público, porque podemos atraer a los fachas", señala Joan. Los hechos ocurrieron la noche del sábado 14 de agosto, a la una de la madrugada. La calle de Gran de Gràcia, en plena fiesta mayor, estaba transitada. En la acera de enfrente de la parada de metro un grupo de jóvenes de estética skin alcanzaron a otro de estética punk, en el que estaba Roger, y, levantando el brazo al grito de "Heil Hitler", les insultaron.
Cuchillo de degüelle Varios testigos confirman esta version y el posterior apuñalamiento en el cuello, por parte de uno de los neonazis, que atacó a la víctima con un cuchillo de degüelle (un puño americano con un pincho y una cuchilla incorporados), hiriéndole de muerte, aunque todavía permanecería en coma cuatro meses. Joan se encontraba a pocos metros de allí en ese instante, en la plaza del Diamant. "Me acababa de cruzar con los nazis 20 minutos antes. Nos miramos, pero decidimos perdernos entre el tumulto en la calle de Verdi y pasar de ellos". "Al cabo de un rato --prosigue Joan-- llegó un chaval gritando que habían apuñalado a un chico. En ese instante supe que eran los mismos de antes. Habían salido de caza a las fiestas de Gràcia". Cuando llegó a Fontana todavía pudo ver cómo algunos neonazis blandían un poste de la acera en actitud amenazante y a su amigo en el suelo, en un charco de sangre. La Guardia Urbana llegó al momento y pudo arrestar al agresor y al resto del grupo. "Algún vecino llamó diciendo que había una batalla campal, y ese término saltó a los medios, pero sólo fue una agresión de los nazis", puntualiza Joan. Días más tarde, el concejal de Gràcia, Ricard Martínez, tildó los hechos de "agresión fascista" y el distrito se personó como acusación particular. Un año después, el único detenido es el autor confeso de la puñalada, Aitor D.C., de Valencia, que se encuentra en prisión preventiva a la espera de juicio desde que la víctima falleciera el 10 de diciembre de 2004. Sus amigos y familiares se quejan de que no se dictara prisión preventiva hasta entonces. En septiembre, habrá nuevas vistas ante el juez, que deberá decidir si el agresor abandona la cárcel hasta la celebración del juicio.
Okupa y punk Según Joan, trifulcas de este tipo ocurren en Gràcia un par de veces al año, aunque no suelen acabar con resultados tan trágicos como en el caso de Roger. "Creo que la mayoría vienen de fuera de Barcelona, de Sabadell, Terrassa o Sant Feliu. Buscan a independentistas y a punks", explica Joan. "A Roger le han definido como okupa. Lo era, aunque él se hubiera calificado antes como punk", añade. "Venía de una familia de la zona alta y, pudiendo tenerlo todo, prefirió vivir en casas okupas. Era un coco de la informática y llevaba el mantenimiento de los ordenadores y las instalaciones eléctricas. Ahora, nos tenemos que espabilar sin él".
Dentro del rosario de conmemoraciones institucionales relacionadas con los diferentes aniversarios del restablecimiento de la democracia, ha habido siempre una fecha que la corrección política ha obviado, pero latente en la mente de muchos: el 20-N. El departamento de Relacions Institucionals se ha decidido a romper con el último tabú y se dispone a celebrar el 30° aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco. La conselleria, a través del programa del Memorial Democràtic, impulsa y financia un documental que será proyectado, el 20 de noviembre, en 30 localidades catalanas y en el extranjero. El Memorial Democràtic se dedica a impulsar la recuperación de la memoria histórica. Los homenajes a los deportados a los campos de concentración de Mathausen y Ravensbrück, en mayo, fueron una primera muestra. El Memorial, al final de esta legislatura, abandonará el departamento y se convertirá en una institución autónoma.
Cambio de enfoque La idea partió del Memorial con la intención de ser "una iniciativa institucional, pero realizada por la sociedad". Al principio, dice la coordinadora general del Memorial, Maria Jesús Bono, "se pensó" en impulsar una cinta de denuncia del franquismo, tipo Hay motivo, el documental crítico con la gestión del PP realizado en vísperas de las elecciones del 2004. La tentación, sin embargo, duró poco. Asesorados por la Universitat Pompeu Fabra, decidieron cambiar de idea. Se optó por plantearse el proyecto "en clave de futuro" con el objetivo de que "una generación que no vivió el franquismo reflexione sobre la figura del dictador". Esta mirada a través de los ojos de seis realizadores nacidos en 1975 o más tarde, evita, también, "impulsos revanchistas". Raúl Cuevas, Guillem López, Mònica Rovira, Juan Antonio Barrero y Elia Urquiza son cinco de los seis realizadores del documental. Todos ellos nacieron entre 1975 y 1980 y afirman que, con sus piezas, no quieren dar "una visión generacional" sobre Franco, sino una mirada "íntima y personal". El título provisional de la película, Franco i jo, es una invitación a que cada cineasta explique la primera vez que oyeron hablar del dictador. La suya es una visión distante --"es un personaje de los libros de historia, como Napoleón o Hitler", señala Cuevas--, aunque en absoluto ajena. Urquiza se lamenta de que "pocas veces algo tan cercano (la dictadura) queda tan lejano", a lo que Barrero apuntilla: "Existe una amnesia generacional heredada". El método de acercamiento a Franco se ha hecho, dice Rovira, "preguntando por casa" o, como uno de sus compañeros, consultando "alguna web ultraderechista". La búsqueda de datos "sobre una sociedad que no hemos vivido" es el principal escollo con el que se encuentra los cineastas, según López. Los cinco directores afirman seguir con más o menos interés la actualidad política. Esta primavera, por ejemplo, su atención ha estado en máximos tras la tensión derivada de la tanda de manifestaciones promovidas por el PP contra la gestión del PSOE en el Gobierno.
Actualidad política Barrero, el más lanzado de los cinco, cree que "en la transición existía más diálogo entre las distintas opciones políticas". Afirma que el PP ha sufrido "un proceso de derechización" que ha marginado a los sectores liberales del partido. El documental será bilingüe (catalán-castellano), ya que la mitad de los directores son catalanes y los otros tres del resto de España. Barrero es sevillano; Urquiza, navarro, y Sandra Ruesgas, madrileña. Según la productora Playtime, encargada de la producción ejecutiva, el rodaje, que se inició en julio, se prolongará hasta finales de este mes en Catalunya, Madrid, Bilbao, Sevilla, Burgos y Valladolid. Más allá de proponer el proyecto, la conselleria aportará 12.000 euros (10% del presupuesto), aunque, seguramente, la participación se doblará. Además, TV3 ha firmado un acuerdo de coproducción y en un futuro emitirá el filme. La obra será proyectada en 30 localidades catalanas, Lisboa, París (en el prestigioso centro Pompidou) y en Italia, "especialmente en el norte, donde ha despertado mayor interés", dice Bono, del Memorial.
Tres concejalías del Ayuntamiento de Murcia -Urbanismo, Sanidad y Servicios Sociales- han unido sus esfuerzos para denunciar ante el juez la situación insalubre de un caserón en el carril de los Valera, en la pedanía de San José de la Vega, donde malviven entre 40 y 60 inquilinos, la mayoría magrebíes. El dueño de un viejo caserón ha aprovechado los patios de luces en la parte trasera del inmueble para montar varios habitáculos, colocándoles puertas de chapa de madera y techos de uralita.
A las precarias condiciones de habitabilidad de las vivienda se une la suciedad de los alrededores de la casa, que están llenos de basuras, escombros y excrementos. La visión es aún más tercermundista cuando se repara en un pozo ciego colmatado por el que se desbordan los vertidos fecales y las aguas residuales inundando el terreno próximo. Estos vertidos provienen de de los desagües de las viviendas que no están conectadas con el alcantarillado.
Debido a la putrefacción de los vertidos, en la zona hay un olor nauseabundo y está infestada de insectos.
El Ayuntamiento ha tomado cartas en el asunto acudiendo al Juzgado de lo Contencioso para que autorice el desalojo del caserón, habida cuenta de la peligrosidad que supone para los inquilinos vivir en esas condiciones. Tanto los informes técnicos de la Gerencia de Urbanismo como los servicios de Salud de la Concejalía de Sanidad señalan que los habitáculos en que se ha dividido el viejo caserón del carril de los Valera no reúnen las mínimas garantías para sus ocupantes, además de que la suciedad y el pozo ciego por el que se desbordan las aguas fecales pueden dar lugar a infecciones y graves problemas de salud pública.
Los antecedentes de este asunto se remontan al año 2003, después de que el alcalde pedáneo de San José de la Vega se hiciera eco de las quejas vecinales y de que la Policía Local realizara un informe, tras realizar una inspección al caserón.
El pasado 9 de mayo de 2005 le fue notificado al propietario el decreto del concejal de Sanidad, Consumo y Cooperación, Fulgencio Cervantes, por el que se le requería para que en el plazo de un mes procediese al desalojo de todas las personas que se encuentran ocupando el inmueble, obligando a la limpieza, desratización y desinsectación, así como al cerramiento y limpieza del pozo ciego. Y se le apercibía que en caso contrario se recurriría al juez.
La Concejalía de Servicios Sociales está estudiando la situación de las familias para que el desalojo no sea traumático.
España está "en vías de negociación" para firmar acuerdos bilaterales de readmisión de extranjeros con Camerún, Gambia, Ghana,Mali, Senegal, Guinea-Conakry, informó el Gobierno en respuesta a una pregunta parlamentaria del grupo popular.
Dentro del continente europeo, España mantiene también en fase avanzada de negociación convenios de readmisión con Serbia y Montenegro, Bosnia-Herzegovina y la Ex República Yugoslava de Macedonia.
El objetivo de estos acuerdos bilaterales de readmisión es mejorar la cooperación entre países para "combatir la inmigración irregular" y "facilitar la repatriación" de una persona que se encuentre de manera irregular en territorio nacional.
Con este objetivo España ha firmado hasta el momento convenios de readmisión con Marruecos, Argelia, Guinea-Bissau, Mauritania, Bulgaria, Eslovaquia, Estonia, Letonia, Lituania, Francia, Italia, Portugal, Polonia, Rumanía y Suiza, y actualmente intenta mejorar su aplicación.
El barco remolcado este martes al puerto de Los Cristianos (Tenerife), con 95 inmigrantes de Costa de Marfil a bordo, es el cuarto buque que llega a Canarias con un número cercano al centenar de inmigrantes desde el año 2002.
EFE. Las Palmas de Gran Canaria
La llegada masiva de inmigrantes en un solo barco, como ocurrió con esta nave avistada este lunes al sur de Tenerife, no es frecuente que suceda en España, ya que la mayoría de los irregulares llega a las costas españolas en pequeños grupos y habitualmente en pateras.
El 5 de diciembre de 2002 arribó a Gran Canaria el mayor grupo de inmigrantes indocumentados llegados a las Islas en una sola embarcación: 243 subsaharianos a bordo del barco Noé, con bandera y matrícula de Honduras.
Procedía de Senegal y realizó una escala de avituallamiento en la isla para seguir rumbo a Grecia.
El 15 de octubre de 2004, el pesquero M.V. Polar fue localizado al Este de Gran Canaria con 176 inmigrantes subsaharianos a bordo.
Ese mismo año, el 5 de febrero fue apresado frente a las costas de Tenerife el barco Ice D-Olomne con 227 inmigrantes a bordo, que aseguraron llevaban un mes navegando antes de recalar en la costa española.
Aunque no llegó a zarpar rumbo a Canarias, el 15 de agosto de 2004 fue interceptado en Freetown (Sierra Leona) el Hollgan Star, que estaba listo para viajar al Archipiélago con quinientos inmigrantes africanos que iban a ser abandonados en aguas españolas.
214 muertos al intentar llegar a las Islas
Desde julio de 1999, unos 214 inmigrantes africanos han muerto cuando trataban de alcanzar las costas de Canarias a bordo de pateras, mientras que otros 114 desaparecieron en naufragios o tras ser tirados al mar por compañeros de viaje o por patrones de barquillas.
El caso más grave de los ocurridos hasta ahora tuvo lugar el 13 de agosto de 2004 en aguas de Fuerteventura, cuando desaparecieron 32 inmigrantes al zozobrar la patera en la que navegaban unas treinta y nueve personas, de las cuales una falleció y otras seis fueron rescatadas por la Guardia Civil.
También cerca de Fuerteventura, el 16 de enero de ese mismo año 16 inmigrantes fallecieron y al menos tres desaparecieron al hundirse la patera como consecuencia de un golpe de mar, según relataron los nueve supervivientes rescatados.
Otros 16 inmigrantes, entre ellos un bebé de nueve meses, murieron tres meses después en el naufragio de dos pateras en aguas de la misma isla.
El 23 de diciembre de 2004, otra patera fue localizada a siete millas de Fuerteventura con trece subsaharianos muertos y 30 supervivientes, y el 19 de enero de este año una nueva embarcación fue avistada a 300 millas al sur de Canarias con diez cadáveres.
Las últimas muertes de personas que trataban de alcanzar las costas de las islas se produjeron el 31 de marzo de 2005, cuando se localizó a 130 millas al sur de El Hierro una patera a la deriva en la que viajaban 23 inmigrantes que dijeron haber tirado al mar durante la travesía una docena de cadáveres, la mayoría de mujeres y niños.
El pasado 17 de junio, cerca de Gran Canaria, murió un inmigrante y otros doce fueron rescatados de una patera en la que fallecieron otras once personas que fueron tiradas al mar durante la travesía, iniciada 25 días antes en las costas de Argelia.
Además, entre 2004 y el primer trimestre de 2005, tres inmigrantes menores de edad, uno de ellos de nueve meses, murieron ahogados en aguas canarias.
Aunque no llegó a zarpar rumbo a Canarias, en agosto de 2004 fue interceptado en Sierra Leona con 500 inmigrantes rumbo a las Islas
Desde julio de 1999, el caso más grave de naufragios es el de una patera con 39 inmigrantes a bordo, de la que desaparecieron 32 en Fuerteventura
CCOO exigió este martes "una instalación efectiva y completa" del Sistema Integral de Vigilancia Exterior (SIVE) en todas las islas del archipiélago canario que permita detectar la presencia de barcos con inmigrantes como el pesquero localizado este martes con 80, muchos de ellos heridos, a 23 millas de Tenerife.
EFE. Las Palmas de Gran Canaria
Tras conocerse estos hechos, el sindicato solicitó en un comunicado la ampliación de los convenios con los países subsaharianos de los que proceden "los ahogados y los muertos en las costas canarias".
Lamentó que "después de las reiteradas denuncias de CCOO Canarias, de nuevo llegue un barco en condiciones infrahumanas" y exigió asimismo "la aplicación y el cumplimiento del convenio firmado entre España y Marruecos para evitar las salidas y muertes de personas inmigrantes".
A juicio del sindicato, "la identificación del desencuentro con Marruecos por el contencioso saharaui, el desinterés en aquel país por el control de las salidas de pateras, y las travesías de barcos nodrizas en sus aguas, empiezan de nuevo a tener efectos y las consecuencias deplorables de llegadas y fallecidos".
CCOO mostró su rechazo a "las opciones gubernamentales de cierre de fronteras que conducen a la exclusión, marginación y el embarque en las pateras y los barcos de la muerte".
Al mismo tiempo, condenó "las medidas que realizan las redes de tráfico de personas por anteponer el afán económico y no tener en consideración las pérdidas de vidas humanas de las personas inmigrantes".
El sindicato también condenó "ciertas políticas de puertas abiertas y de falta de control de ciertos países subsaharianos que conducen a las llegadas en condiciones infrahumanas de los inmigrantes".
"El desencuentro con Marruecos por el asunto saharaui, el desinterés en aquel país por el control de las salidas de pateras empiezan a tener efectos" aclara el sindicato
El sindicato también condenó "ciertas políticas de puertas abiertas y de falta de control de ciertos países subsaharianos"EFE.
Una inmigrante marroquí ha denunciado al empresario para el que trabajaba, después de que presuntamente éste la agrediera en la vía pública en Guadalajara.
El hombre había empleado de forma irregular como limpiadora a la extranjera durante siete meses en el Hostal Galicia, según informa Efe. Éste no le pagó su sueldo durante este tiempo alegando que debía reembolsarle los 4.000 euros por los papeles de la regularización extraordinaria. Una tramitación que es gratuita.
Los hechos ocurrieron a la una y media de la tarde del pasado día 3 en el paseo de San Roque de la capital alcarreña, según informó la responsable de Inmigración de la Unión Regional de C
C OO, Concha Rojo.
En la denuncia, se explica que el hombre pidió a Naima E. H. que solicitara la baja voluntaria, sólo cinco días después de haberla dado de alta en la Seguridad Social. Al negarse, José María S. R. la "empujó dentro del establecimiento para luego agarrarla del brazo y sacarla a la calle, produciéndole lesiones de las que fue atendida en el centro de salud de la calle Ferial".
La mujer reclamó al denunciado que le comunicara el despido por escrito y que le entregase 500 euros que éste se había comprometido de forma oficiosa a pagarle. En su denuncia, Naima indicó que el hombre profirió insultos contra su origen y le espetó "que tenía personas que harían el trabajo" de echarla de España.
Tres 'sin papeles' en un yate En Cádiz, agentes del Servicio Marítimo de la Guardia Civil detuvieron en la noche del pasado sábado a dos ciudadanos holandeses, uno de ellos reclamando por la Interpol desde Bélgica, cuando viajaban en un yate con tres inmigrantes a bordo, informa Europa Press.
Las patrullas de noche del instituto armado interceptaron un yate de recreo holandés, de siete metros de eslora, a cinco millas al este de Sotogrande, San Roque (Cádiz), donde viajaban los dos tripulantes, S. A. M., de 51 años, y F. J. H. A., de 30.
El primero de ellos fue detenido al estar reclamado por la Interpol, y el segundo también, dado que en la embarcación viajaban tres marroquíes indocumentados, dos mujeres, de 32 y 26 años y un hombre de 27. Todos fueron puestos a disposición judicial en el Juzgado número 2 de La Línea de la Concepción (Cádiz).
Por otra parte, los inmigrantes de origen subsahariano han dejado de ser los más numerosos en el Centro de Estancia Temporal (CETI) de Ceuta, pasando los de procedencia asiática a ser los que ahora ocupan la mayoría de las 500 plazas que tienen las instalaciones que gestiona el Imserso.
Según las cifras facilitadas por la Delegación del Gobierno en Ceuta, a día de hoy, "el 50 por ciento" de los acogidos es de origen oriental, lo que se traduce en unas 200 personas. El resto, se reparten entre subsaharianos, un 40%, y magrebíes, un 10%.
Salvamento Marítimo ha localizado esta madrugada frente a las costas de Tenerife un barco de madera en el que viajan algo más de cien inmigrantes irregulares, entre los que hay dos personas fallecidas. La nave, que lleva mucho tiempo a la deriva, está en tan malas condiciones que los servicios de emergencia no han podido abordarla por lo que está siendo remolcada al puerto de Los Cristianos, 70 kilómetros al sur de Santa Cruz. La voz de alarma se dio desde el buque escuela Eagle, que alertó a Salvamento Marítimo. La nave, de 20 metros de eslora, está ocupada por algo más de cien personas, entre las que figura algún niño de corta edad. Los servicios de rescate se han comunicado con ellos de viva voz, aunque no han querido abordar el barco ante el temor de que pudiera romperse.
El mal estado de la mar ha impedido también que se realice el rescate por medio de un helicóptero. Tampoco ha sido posible hacerles llegar las 140 botellas de agua que se habían enviado a la zona. En estos momentos, el barco está siendo remolcado a tierra a muy baja velocidad para evitar que sufra daños. Entre las nueve y las diez de la mañana arribará a puerto.
En el muelle se ha desplegado un amplio dispositivo de atención a los inmigrantes con 40 voluntarios, varias ambulancias, mantas, líquido y comida, así como efectivos policiales.
La llegada de este barco se produce pocos días después de que otra embarcación con 140 inmigrantes de origen indio y paquistaní a bordo fuera interceptada cuando navegaba por El Estrecho y fuera trasladada al puerto de Algeciras.
ELPAIS.es JUAN MANUEL PARDELLAS - Santa Cruz de Tenerife
Ceuta y Melilla serán "objetivos prioritarios" de los entre 200 y 300 agentes que la Comisaría General de Información (CGI) ha escogido para trabajar exclusivamente en el control y vigilancia de la actividad en las principales mezquitas de Madrid, las comunidades del arco mediterráneo (Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana) y las dos ciudades autónomas. Este nuevo contingente dedicado a la lucha contra el terrorismo islamista se desplegará a partir de septiembre, "cuando hayan terminado las vacaciones", y su dotación en cada región oscilará "en función de las investigaciones internas que se vayan realizando", según han detallado fuentes del Comité Nacional del Sindicato Unificado de Policía (SUP) en Madrid."Hasta el 11-M todos los esfuerzos, tanto humanos como materiales, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se habían concentrado para combatir el terrorismo 'doméstico', a ETA, pero ahora nos enfrentamos a otro terrorismo, el de raíz islamista, que quizá es aún más peligroso porque busca causar muchas más muertes", han argumentado esas mismas fuentes, que se han confesado "muy satisfechas" con el aumento de personal y han valorado "muy positivamente" el "cambio de rumbo" aplicado a la lucha contra el terrorismo.
Las 300 nuevas plazas convocadas por la CGI en el concurso de primavera se han cubierto mediante un "concurso de libre designación" en el que además de "una trayectoria y una preparación especiales" los candidatos han tenido que mostrar interés por desempeñar este trabajo y contar con el visto bueno de la Comisaría General de Información, ya que "estas vacantes no se cubren con un concurso de méritos al uso", según han explicado desde el SUP.
Puestos sensibles "Ha habido otras ampliaciones recientemente [el ministro del Interior anunció el pasado 14 de junio la última, en la que se incorporaron a la CGI de otros 300 nuevos agentes], pero aún con la convocatoria de puestos de trabajo formulada en marzo, en la que se ofertaron 840 plazas en distintas unidades, el área de terrorismo internacional de la CGI deberá reforzarse aún más, especialmente en puestos sensibles como el de traductores", opinan en el sindicato policial.
El número de agentes que serán destinados a Ceuta no se ha concretado, ya que según el SUP variará en función de "las investigaciones internas que se vayan realizando". No obstante, para el sindicato está claro que las dos ciudades autónomas serán "objetivos prioritarios", ya que a su juicio "son dos enclaves fundamentales tanto por su gran número de ciudadanos musulmanes como por su posición como puntos de tránsito hacia la Península".
Su lema, 'Saber para proteger'
La Comisaría General de Información (CGI) está encuadrada dentro de la subdirección operativa del Cuerpo Nacional de Policía y es la encargada de "la captación, el tratamiento y la distribución de la información antiterrorista de interés para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado". La CGI cuenta actualmente con 2.239 efectivos, 575 en los servicios centrales en Madrid y el resto destinados en las unidades periféricas y en las Brigadas Provinciales de Información repartidas por toda España. Tras los atentados del 11-M la CGI incorporó 150 efectivos en julio de 2004 (90 fueron a las comisarías de Melilla, Ceuta, Almería, Granada, Murcia, Alicante, Málaga, Badajoz y Logroño), y otros 150 en primavera (ubicados en Madrid, Valencia, Sevilla, Aragón, Cantabria, Valladolid y Vigo). Con el concurso convocado en marzo para cubrir un total 840 plazas el contingente dedicado al terrorismo islamista se reforzará con unos 300 de agentes más, acercándose así al objetivo fijado por el Gobierno de que sean más de 1.000 los policías dedicados a este cometido cuando termine la legislatura en curso.
Los hospitales españoles registran una media de 1.205 nacimientos cada día, de los cuales 146 son hijos de mujeres extranjeras. Según datos facilitados por la Federación de Planificación Familiar de España, durante el año 2003 se produjeron 53.306 nacimientos de madres inmigrantes, lo que supone el 12,1 por ciento del total de nacimientos registrados en el país ese mismo año (439.863). La Comunidad de Madrid es la región donde se dan más casos, con casi 11.000 nacimientos cada año. Uno de cada cuatro niños de madre extranjera nace en Madrid, seguida de Cataluña (con el 22 por ciento de los nacimientos) y la Comunidad Valenciana (11 por ciento). Ocupa el cuarto lugar Andalucía, donde cada año vienen al mundo -casi siempre un mundo mejor al que sus madres dejaron atrás- unos 4.500 niños de procedencia extranjera (el 9,77 por ciento del total).
El fenómeno de la inmigración ha llevado a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a destacar entre las prioridades sanitarias las necesidades de atención de los inmigrantes y de las minorías étnicas y culturales como colectivos especialmente vulnerables.
Isabel Serrano, ginecóloga de la Federación de Planificación Familiar de España, informó de que en casi la mitad (el 45,2 por ciento) del total de nacimientos de mujeres inmigrantes en 2003, la madre procedía de algún país del continente americano. Ecuador fue el principal país de origen de las madres (19,5 por ciento), seguido de Colombia (9,27) y Argentina (3,4 por ciento).
Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), 3.900 americanas dieron a luz en España en 1998. Cinco años más tarde, en 2003, la cifra ascendía ya a 23.720, pasando en este periodo del 1 al 5,4 por ciento sobre el total de los nacimientos registrados en España.
Tras América, África, Europa y Asia son, por este orden, los continentes de las mujeres que dan a luz en los hospitales españoles, destacando Marruecos, Rumanía, China y Filipinas entre los países de origen de las madres.
En la actualidad, el 10,3 por ciento de los habitantes de la Comunidad de Madrid es extranjero. En total, 589.215 inmigrantes habían fijado su residencia en esta región a finales de 2003, muy lejos de los 60.163 empadronados en 1991, cuando la tasa de extranjeros sobre la población autóctona apenas superaba el 1 por ciento.
Un total de 1.249.418 mujeres inmigrantes vivían en España a principios del año pasado. Por comunidades, la mayor concentración se registraba en Madrid (297.480), Cataluña (241.240), Valencia (191.885) y Andalucía (131.618), seguidas de Murcia (43.812).
En cuanto a su procedencia, los principales países de origen eran Ecuador (195.900) y Colombia (138.737), si bien un importante número de mujeres venían de Rumanía (57.330), la República Dominicana (29.435) y China (21.346). Marruecos, por su parte, era el país de 11.109 mujeres residentes en España.
Para dar respuesta a esta nueva realidad social, Isabel Serrano propone algunas estrategias en el campo de la salud sexual y reproductiva. Por ejemplo, la ginecóloga señala la importancia de ofrecer una buena formación intercultural a los profesionales de la sanidad, así como crear espacios y tiempos de consulta adecuados, entre los que apunta la posibilidad de habilitar horarios especiales (también los fines de semana) para la atención de un colectivo cada día más numeroso.
En la necesidad de formación específica ha insistido recientemente la Asociación Andaluza de Matronas al poner de manifiesto la necesidad de más medios y nuevas figuras profesionales (tales como traductores) en las consultas de ginecología.
En este sentido se ha pronunciado también la OMS, que ha propuesto disminuir las desigualdades en el acceso a los servicios y organizarlos evitando barreras culturales, religiosas, raciales y de lenguaje, además de informar adecuadamente y proteger especialmente a los colectivos más desfavorecidos practicando la discriminación positiva.
«Por lo menos ya están recogidos», comentaba ayer una mujer de 88 años, familiar de uno de los 44 fusilados que hubo en Casares en 1937 y que permanecen en dos fosas comunes de la localidad. El pueblo casareño, después de que el pasado enero se aprobara por el pleno de la corporación municipal dar un reconocimiento moral a sus víctimas de la guerra civil, homenajeó ayer a los fusilados de la guerra por el bando nacional con el levantamiento de dos monumentos en los dos parajes en los que se sucedieron los hechos hace ya 68 años.
Los vecinos de Casares siempre se han manifestado en contra de mover los restos de sus familiares, por ello fue aceptada por unanimidad la propuesta municipal de levantar en su recuerdo dos monolitos en el que se detallen los nombres y apellidos de los fusilados.
Nombres y versos
El Cerro de la Horca y Arroyo Marín son los lugares donde se encuentran las fosas comunes y donde ayer, el alcalde del municipio, Juan Sánchez, descubrió los monumentos con los nombres de todas las personas que yacen en cada uno de los parajes y con unos versos del poeta Miguel Hernández: «Aquí estoy para vivir, mientras el alma me suene, y aquí estoy para morir, cuando la hora me llegue». Las esculturas son obra del artista malagueño Rafael Salvatierra.
A las diez y media de la mañana tuvo lugar el primero de los homenajes, en el Cerro de la Horca, donde el 17 de febrero de 1937 fusilaron a nueve hombres de entre 28 y 52 años. Decenas de personas, todos ellos hijos, nietos, e incluso biznietos, de los fusilados, acudieron al lugar, con unas privilegiadas vistas del término municipal, para, en un sencillo acto, homenajear a los caídos y depositar flores en honor a su memoria.
Más multitudinario fue el homenaje en Arroyo Marín, donde se ubica la fosa común con 34 personas de entre 18 y 70 años, 13 de ellas eran mujeres. El 5 de mayo de 1937 se produjo el fusilamiento de estos casareños en una curva de obligado paso para llegar hasta la localidad. Bajo un árbol yacen sus restos.
«No iba a venir...»
Ayer el lugar estaba cubierto de pétalos de rosas y algunos hijos de los que allí yacen (que ya superan los 70 y 80 años de edad) no podían reprimir las lágrimas de emoción, pues fueron testigos directos y también víctimas de los desastres y matanzas que se produjeron en la guerra civil española. «No iba a venir, pero le he echado fuerza de voluntad y aquí estoy, por ella», apuntaba ayer una emocionada mujer, familiar directo de la mujer más joven que yace en la fosa común de Arroyo Marín. Ninguno de los allegados allí presentes, ni el propio investigador de la memoria histórica de Casares, que comentaban ayer los hechos ocurridos en 1937, quisieron ayer que se les nombrara, pues era un día para el reconocimiento y dignificación moral de los vecinos caídos. «Sólo digo una cosa, que los jóvenes que se están criando ahora no pasen jamás por lo que nosotros pasamos entonces», deseó una casareña de 78 años, familiar de uno de los fusilados en 1937.
Ya han pasado dos meses y medio del asesinato de Josep Maria Isanta durante las fiestas de la Patum, pero la herida continúa abierta. La ciudad vive estos días momentos de mucha tensión y, según muchos habitantes del municipio, "en cualquier momento puede pasar cualquier cosa". Amigos del fallecido, pero también familiares de los detenidos, continúan denunciando amenazas. La ciudad está dividida en dos bandos. Y la plataforma que iba a restablecer la convivencia está sumida en una grave crisis. Con tan sólo un paseo por Berga se palpa el conflicto. En muchas calles siguen colgados carteles que exigen "justicia" o que reclaman una mayor implicación del ayuntamiento, del que muchos sectores jóvenes critican su pasividad. La consellera de Interior, Montserrat Tura, también es la protagonista de algunas pancartas, en las que se la acusa de "fascista" y se reclama su dimisión. En el sitio donde murió el joven bergadano, en la calle de Lluís Millet, aún hay flores, velas y una pancarta de recuerdo.
Temor a incidentes Lo peor es el clima social enrarecido que padece la ciudad desde que el pasado 28 de mayo Isanta fuera asesinado. Hace una semana, la Plataforma por la Convivencia del Berguedà volvió a convocar una concentración para denunciar amenazas por parte del entorno de los detenidos. Según Josep Sensada, portavoz de este colectivo, las amenazas son verbales y "se producen en cualquier lugar de forma indiscriminada, sobre todo a gente que ellos han visto en las concentraciones". La plataforma reivindica que se tomen medidas y teme que haya incidentes violentos. Familiares de los detenidos desmienten a la plataforma. Según éstos, ellos son los que están recibiendo amenazas y a quien la gente de Berga hace la vida imposible. Es el caso de Cristina Ballesteros, la madre de uno de los detenidos y la matriarca del que en la ciudad se conoce como el clan de los Catoños. "Nos están provocando para ver si estallamos", afirma Ballesteros. Esta mujer y miembros de su familia han interpuesto en los últimos días seis denuncias por incidentes en la calle. La última, la semana pasada, cuando la responsable de una panadería se negó a vender unos pasteles a dos niños de 8 y 9 años, porque eran de su familia. "Se niegan a vendernos en las tiendas, nos insultan, nos miran mal y recibimos llamadas anónimas a todas horas. Son peor ellos que los que están en la cárcel. Nos quieren echar de la ciudad al precio que sea", explica. Familiares de los detenidos por la muerte de Isanta han recibido escritos amenazantes, que recoge el sumario como prueba. Una de ellas dice que no se atentará contra sus vidas, aunque añade: "Pero sí contra vuestra integridad física, provocando minusvalías o la pérdida de la capacidad de razonamiento. En Berga, cualquier esquina es peligrosa". Ballesteros quiere que los que mataron a Isanta paguen por su crimen, pero exige que sea la justicia quien diga quiénes son y reclama su derecho y el de su familia a vivir en Berga con tranquilidad. En medio de todo este clima, la Plataforma por la Convivencia, que surgió horas después del asesinato de Isanta, vive una fuerte crisis, ya que diversas entidades la han abandonado en desacuerdo con su actuación. Esta plataforma agrupa a un centenar de entidades muy diversas y se creó con el objetivo de buscar canales para potenciar la convivencia tras los incidentes por el asesinato de Isanta. Entidades como el colectivo de asociaciones de padres y madres de alumnos y algunas asociaciones de vecinos han hecho pública su decisión de dejar temporalmente la plataforma. Creen que se ha alejado de sus objetivos iniciales y que sólo deseen pedir destituciones. El juez continúa con las diligencias del homicidio, por el que están encarcelados nueve mayores de edad y cuatro menores.
Unos dos millones de mujeres son víctimas, de manera esporádica o continua, de la violencia en los hogares españoles. Sin embargo, sólo 700.000 de ellas se reconocen como tales, según el Instituto de la Mujer. Su directora, Rosa Peris, considera que la batalla contra la violencia de género comenzará a ganarse cuando los agresores se sientan aislados en la sociedad y empiecen a ver que "no tienen espacio, ni oxígeno que respirar, ni complicidades, ni risas en el bar o en el trabajo".
Peris reclama un "rechazo colectivo" de la sociedad hacia quien "se permite o cree que puede maltratar, pegar o agredir a una mujer", en una "batalla" que en España ya ha empezado porque "hemos dejado de pensar que el maltrato es un problema privado".
La violencia de género es, para la directora del Instituto de la Mujer, un fenómeno "muy complejo" que es necesario entender, "sobre todo, para no culpabilizar a las mujeres" que cada vez deben ser más conscientes de que "es posible vivir sin violencia y que no tienen por qué ser víctimas ni aguantar ningún tipo de agresión psicológica o física".
La sociedad debe "alentar" a las víctimas para que no sigan "bajo el sometimiento" y sepan que "hay una salida, y que las administraciones están para ayudarlas", declaró Peris, quien reconoce la dificultad de que muchas mujeres admitan el problema porque en demasiadas ocasiones están "anuladas" y "degradadas"; no tienen independencia económica o consideran que "el insulto, la vejación y la bofetada entran dentro de la lógica".
El maltrato es un problema que afecta a todas las capas sociales y a mujeres de toda condición, donde el único perfil del agresor "es el hombre que entiende que la mujer es una pertenencia propia y, por lo tanto, en cualquier momento se siente con derecho a agredirla y a someterla".
Con la aprobación de la Ley Integral contra la Violencia de Género, "tenemos el mejor instrumento para luchar" contra este problema "y es el mejor camino que podíamos emprender", aunque sus efectos "no van a ser inmediatos" » , ya que la parte más importante de esta norma es la que se refiere a la sensibilización social y al cambio de mentalidad; "y eso, desgraciadamente, no ocurre de la noche a la mañana", admite Peris, que ha participado en un seminario celebrado en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).
Aunque "con las leyes que hoy tenemos es imposible que nadie discrimine a una mujer", la realidad "nos da de narices todos los días" porque "las mujeres nos encontramos con trabas que sólo obedecen a estereotipos y roles que nos han colocado en una situación de inferioridad". Uno de los ámbitos donde se percibe más claramente la desigualdades el laboral. Las mujeres siguen cobrando un 30% menos de salario por el mismo trabajo que realizan los hombres. Reducir la discriminación en el ámbito del empleo es unaprioridad para el Instituto de la Mujer, explica su directora.
La Asociación de Trabajadores e Inmigrantes Marroquíes en España (ATIME) denunció la muerte o desaparición de 163 inmigrantes en aguas magrebíes en lo que va de año cuando viajaban en patera. Asimismo, criticó "la falta de voluntad política" del Gobierno marroquí para afrontar este drama.
El presidente de ATIME, Kamal Rahmouni, ha denunciado en rueda de prensa en Sevilla, que esta cifra de víctimas es "muy inferior" a la real, ya que algunos naufragios no trascienden a la opinión pública.
Asimismo, además, criticó que el Gobierno marroquí "no haga nada, alegando falta de medios", y pretenda que estas muertes se conviertan en un hecho habitual.
NORTE DE ÁFRICA
Según Rahmouni, desde enero se han comprobado 126 fallecimientos en naufragios de pateras en Túnez (62 muertos); Argelia (37 fallecidos); Aaiún (15 muertos) y Tánger (12 víctimas mortales), así como la desaparición de otras 37 personas.
Rahmouni ha criticado que en la reunión celebrada en Madrid por el grupo permanente hispano-marroquí sobre inmigración, Marruecos enviara al director general de Asuntos Interiores, Mohieddine Amzazi Walli, y no a la responsable de inmigración: ?Esto evidencia el enfoque policial con el que el Gobierno de Rabat responde a este problema?.
La delegación provincial de Alicante de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) emitió ayer un comunicado en el que defiende la actuación de los agentes procesados por torturar supuestamente en 1999 a un detenido en el cuartel de San Juan. El hombre arrestado posteriormente falleció.
La asociación de la Benemérita considera que no se debe comparar este caso con el recientemente acaecido en Roquetas de Mar, pues ambos tienen sus peculiaridades.
Además, hacemos hincapié en que en San Juan se actuó cumpliendo de forma estricta con el protocolo de detención de personas que reglamentariamente se establece, afirma AUGC.
Los hechos se remontan a septiembre de 1999, cuando la Guardia Civil arrestó a Juan Martínez Cano y a su sobrino como supuestos autores de un delito de tráfico de drogas y otro de amenazas.
Escapó del cuartel Martínez Cano se escapó del cuartel, pero fue capturado de nuevo y al día siguiente se desplomó durante su comparecencia en el juzgado número 3 de San Vicente del Raspeig.
El hombre tuvo que ser intervenido de urgencia debido a una hemorragia interna masiva causada por la rotura del bazo, y quedó en estado vegetativo hasta su fallecimiento en abril de 2001.
AUGC recuerda en su escrito que ni el ministerio fiscal ni el juez vieron indicios de delito en la actuación policial. Sin embargo, el instructor de la causa emitió en julio del año pasado un auto por el que procesa a cuatro guardias civiles por torturar supuestamente al detenido y no prestarle la debida asistencia.
El abogado de la acusación particular, que amplía la causa a otros cuatro agentes y pide para los ocho un total de 46 años y medio de prisión, comparó el caso de San Juan con el de Roquetas de Mar para quejarse de la falta de actuación de la Fiscalía y del anterior Gobierno.
AUGC afirmó que a Juan Martínez Cano se le realizó un exhaustivo reconocimiento médico en presencia de un abogado de oficio en el momento de iniciar las diligencias.
Y no hallamos motivos para poner en tela de juicio la inocencia de los agentes, todo ello subordinándonos a la decisión judicial, agregó AUGC. Para la asociación, resulta demasiado fácil hacer leña del árbol caído y crear una falsa sensación de torturas en las miles de actuaciones diarias de los 70.000 guardias civiles que dedican su labor al servicio del ciudadano.
La Policía Nacional ha detenido en Murcia a dos empresarios por delitos contra los derechos de los trabajadores y falsedad documental, al contratar con la documentación de un ciudadano ecuatoriano, usurpando su identidad, a un argentino que murió en accidente laboral trabajando en una obra en Patiño el pasado 25 de julio.
Según informa en una nota este cuerpo policial, los detenidos son Oliverio Jesús T.C., de nacionalidad ecuatoriana -quien contrató al argentino que luego falleció- y Pedro C.P, español que regentaba la firma E.R. Obras. Ésta subcontrató los servicios de ese trabajador a través de la empresa del ecuatoriano arrestado.
Cuando el trabajador murió fue identificado primero como Jaime Rodrigo C.M., de nacionalidad ecuatoriana, pero entre sus efectos personales se halló un pasaporte argentino a nombre de Juan Carlos Condori, que resultó ser su identidad tras las pruebas realizadas por la Policía Científica.
Repatriarán el cadáver
Las declaraciones de los compañeros de trabajo del fallecido llevaron primero hasta el empresario español, para quien decían trabajar, pero las investigaciones policiales determinaron que en realidad lo hacían para el ecuatoriano, cuya empresa tenía su sede social en Jumilla y cuya actividad principal era la prestación de mano de obra en subcontrata a otros empresarios.
La Policía comprobó también que el fallecido había sido contratado con la documentación de Jaime Rodrigo C.I., que le había sido facilitada por el empresario detenido, que había contratado anteriormente al ecuatoriano y de quien conservaba fotocopias de sus permisos de trabajo y residencia, que le dio al argentino.
El cadáver de Juan Carlos Condori será repatriado a Mendoza, la provincia argentina en la que vive su viuda y sus tres hijos gracias a la aportación de sindicatos, organizaciones empresariales y Cáritas. El coste superará los 4.500 euros.
