España y Marruecos han abierto una investigación para aclarar la muerte, en territorio marroquí, de un inmigrante camerunés. El fallecimiento se produjo, supuestamente, tras el asalto masivo que 300 subsaharianos realizaron la noche del domingo a la valla fronteriza que rodea Melilla. A las 19.10 del pasado lunes, 17 horas después del asalto, que fue rechazado por agentes de la Guardia Civil desde la ciudad autónoma y por guardias de la Mehanía desde Marruecos, un grupo de subsaharianos dejó el cadáver junto a la frontera de Melilla y aseguró que había muerto por golpes de la Guardia Civil.
El delegado del Gobierno en Melilla, José Fernández Chacón, declaró ayer: "No hay constancia, hasta el momento, de ningún indicio que permita establecer relación alguna entre la actuación de los miembros de la Guardia Civil de Melilla durante el intento de entrada masiva y en fuerza protagonizada por alrededor de 300 inmigrantes el pasado día 28 y el fallecimiento del inmigrante".
La primera noticia del fallecimiento no se conoció hasta las 19.10 del lunes, 22 horas después del asalto. Unos 30 subsaharianos trasladaron el cuerpo de su compañero desde los bosques situados en los alrededores de la ciudad autónoma, donde se refugian de las redadas de la policía marroquí, hasta el antiguo paso fronterizo de Tres Forcas. En ese lugar hay ahora dos casetas de vigilancia de las Fuerzas Auxiliares de Marruecos.
Dejaron en el suelo el cadáver, que iba tendido sobre una de las escaleras artesanales utilizadas en el asalto y cubierto por una manta. Los inmigrantes relataron que el fallecido era de Camerún, se llamaba Joe, tenía 17 años y había muerto a resultas de los golpes que le propinó la Guardia Civil durante el asalto de la noche del domingo.
Los agentes marroquíes avisaron a sus mandos. Hacia las ocho de la tarde se presentó en el lugar un coronel de la Gendarmería Real, al mando de un destacamento. En un francés rudimentario, uno de los gendarmes explicó lo que ocurría a los guardias civiles situados del lado español de la valla. "Ésa fue la primera noticia que tuvimos del suceso", aseguran fuentes oficiales.
Los gendarmes introdujeron el cadáver y a varios subsaharianos en un camión y se los llevaron a Nador, la ciudad marroquí más cercana a Melilla.
El delegado del Gobierno asegura: "Desde entonces estamos en contacto con las autoridades de Marruecos para aclarar este asunto. Les hemos ofrecido toda nuestra colaboración, pero son ellas las que llevan la investigación, pues la muerte ha ocurrido en su territorio".
A última hora de la tarde de ayer, el coronel jefe de la comandancia de la Guardia Civil de Melilla se trasladó a Nador para entrevistarse con el coronel de la Gendarmería marroquí. Las autoridades del Ministerio del Interior se hallaban a la espera de que sus homólogas marroquíes les comunicaran los resultados de la autopsia que practicaron al fallecido.
Fuentes de la Guardia Civil reconocieron a este periódico que los agentes que custodian el perímetro fronterizo "tuvieron que emplearse a fondo" para rechazar el asalto a la valla de Melilla en la noche del pasado domingo. "Usaron sus defensas y material antidisturbios, porque el asalto fue ilegal y muy violento".
Varias ONG se han hecho eco de la versión de los compañeros del muerto. Según ellos, el inmigrante fallecido se hallaba en el camino que discurre entre las dos vallas fronterizas y encajó varios golpes de los guardias antes de caer al suelo. Los agentes lo sacaron en volandas a tierra de nadie por una puerta de servicio. Los inmigrantes lo recogieron y huyeron con él a cuestas hasta el bosque. Sólo a la mañana siguiente descubrieron que estaba muerto.
El instituto armado rechaza esa versión y recuerda que siempre traslada al hospital de Melilla a los inmigrantes heridos. "Al final de la refriega del domingo hubo 10 guardias y cuatro subsaharianos heridos. Y estos últimos fueron trasladados al hospital. En lo que va de año, hemos llevado al hospital a 40 inmigrantes, generalmente con lesiones producidas al caerse desde las escaleras que utilizan para salvar el doble vallado".
El Ministerio del Interior ha ordenado abrir una investigación y estudiar las grabaciones de las cámaras de vídeo situadas en la zona del perímetro fronterizo donde sucedieron los hechos, por si pudiera hallarse en ellas algún detalle relacionado con la muerte del ciudadano camerunés.
40 agentes del instituto armado han resultado heridos desde enero al repeler los asaltosLa Guardia Civil se ha enfrentado entre el 26 y el 28 de agosto a tres intentos de entradas masivas de subsaharianos por la frontera de Melilla, mientras que la policía marroquí frenó una avalancha de otro centenar de africanos. Los asaltos, ejecutados de manera coordinada, han permitido la entrada ilegal en España de 100 inmigrantes que, según fuentes españolas, forman parte de un "grupo numeroso" de subsaharianos que se oculta en las inmediaciones de Nador. España ya pidió el día 29 a Rabat, horas antes del hallazgo del cadáver de un camerunés, que tomara medidas contra dicho grupo, de unas 500 personas.
Los asaltos de los últimos días se han producido de manera coordinada, por varios puntos y, en todos los casos, apoyados por maniobras de distracción de los asaltantes, según la Guardia Civil. El día 26, entre las 6.00 y las 6.15, la valla fronteriza fue asediada por unos 350 subsaharianos, que fueron rechazados por agentes del instituto armado. Un número indeterminado de agentes y de africanos resultaron heridos en la refriega, que fue aprovechada por 10 inmigrantes para penetrar en el territorio de Melilla.
El segundo asalto se produjo a partir de las 22.00 del día 28, cuando un grupo de 300 africanos inició el asedio en la zona conocida como Aguadú. Según el instituto armado, un total de 80 subsaharianos lograron burlar la vigilancia y entrar en España, ya que mientras se producía esta acción se inició otra escaramuza en la zona comprendida entre el paso de Farhana y el barrio Chino, que permitió que se colaran otros 10 subsaharianos.
Estas tres acciones masivas llevaron a las autoridades españolas a solicitar el 29 de agosto a las autoridades de Rabat que tomara medidas para impedir nuevas avalanchas de inmigrantes. España informó a Marruecos de que los sucesivos intentos de entrada masiva y los informes confidenciales de que disponía avalaban que en Nador se ocultaba "un grupo numeroso" de subsaharianos que organizaba y perpetraba el salto de la reja fronteriza. Las fuentes consultadas aseguran que el grupo está compuesto por unas 500 personas.
Justo el día 29, según informes españoles, la policía marroquí "se empleó con contundencia" para evitar un "maratón de entrada", como se llama a estas acciones masivas en la frontera, de un grupo de unos 60 inmigrantes subsaharianos. Tras ello fueron detenidos al otro lado unos 100 inmigrantes en varias intervenciones, fundamentalmente en la zona conocida como de Los Pinos. El cadáver del camerunés Ypo Joe fue llevado hasta las proximidades de la valla fronteriza (entre los puntos A-7 y A-8) el lunes, día 29, a eso de las 19.10, es decir, casi un día después del último asedio que fue repelido por la Guardia Civil.
Fuentes del instituto armado en Melilla insisten en que ignoran la causa de la muerte del camerunés y, con consternación, afirman que se les está intentado "colgar el muerto". "El fallecido estaba en territorio marroquí, tras una intervención de las fuerzas del país vecino; el cadáver fue levantado por las autoridades de Marruecos, que lo llevaron hasta el depósito de Nador y, además, el cadáver fue trasladado a la zona por los propios inmigrantes casi un día después de nuestra última intervención", según miembros de la fuerza que participó en la violenta escaramuza.
"Este año, desde el mes de enero, hemos sufrido más de 50 agresiones, en las que hemos tenido 40 agentes heridos. De hecho, hacía algún tiempo que no venía a la zona el GRS (Grupo Rural de Seguridad) y ahora ha vuelto a venir para hacer frente a esta modalidad de entrada en España", aseguran las citadas fuentes.
Los inmigrantes que optan por este intento de entrada mediante avalancha suelen dividirse en dos grupos: "Unos son los que van a entrar y otros se dedican a hacer ruido para llamar la atención de los gendarmes y los guardias civiles. Los que hacen el ruido, según sabemos, son los que intentan la entrada al día siguiente", aseguran las fuentes consultadas. Las zonas en las que se suelen concentrar los intentos de paso son las de Beni-Enzar, Barrio Chino, arroyo Mezquita, las zonas de Hito y de Farjana y la de Mariguari. "Tenemos intervenciones casi a diario pero, por fortuna, no suelen ser de este tipo", añaden.
"Suelen venir en grupos de entre 50 y 300. Una facción suele atacar los elementos de vigilancia perimetral e intenta retrasar la llegada de la fuerza. Los otros agarran las escaleras que ellos mismos fabrican e intentan entrar", agregan las citadas fuentes, que aseguran que durante el año pasado detuvieron a 100 inmigrantes por participar con violencia en las maniobras de distracción. Este número no incluye a los "interceptados", es decir, los inmigrantes a los que se retiene por el mero intento de entrada ilegal, sin más connotaciones.
Este año ya han sido destruidos varios focos y cámaras de vigilancia, incluidas algunas de visión nocturna, y han quedado inutilizados o han tenido que pasar por el taller 15 vehículos patrulla del instituto armado, siempre según fuentes del cuerpo. También ha sido necesario reparar la valla en numerosas ocasiones, bien debido a cortes de la alambrada, bien porque ha sido derribada en algunos puntos.
A las 22.20 del domingo, 300 inmigrantes subsaharianos, provistos de más de 100 escaleras, se lanzaron por sorpresa al asalto de la valla fronteriza que separa Marruecos de Melilla. 10 de los 80 guardias civiles que intentaron rechazarlos resultaron heridos, y un número indeterminado de asaltantes logró introducirse en la ciudad.
En lo que va de año, los subsaharianos que acampan en los montes marroquíes que rodean Melilla han realizado más de una decena de asaltos multitudinarios a la ciudad. El último se produjo la madrugada del pasado viernes.
"Utilizan tácticas y estrategias militares", afirma el delegado del Gobierno en la ciudad autónoma, José Fernández Chacón. "No descartamos que entre ellos haya milicianos de las muchas guerras que sufre África".
El domingo, los inmigrantes estaban ocultos en los pinares situados entre Río Nano y Los Pinos, al norte de Melilla. A las 22.20 surgieron de la espesura en tres grupos de 100 hombres cada uno. A lo largo de un frente de un kilómetro, lanzaron sus escaleras, hechas de pino y cuerdas o tejidas con pitas, sobre la doble valla fronteriza, que en esa zona tiene tres metros de altura, más otro metro de alambrada.
El ataque sorprendió a los guardias. Sus prismáticos de visión nocturna y sus cámaras de infrarrojos no lograron penetrar la espesura. Además, la hora era inusual: los 12 asaltos masivos que había sufrido Melilla este año se produjeron de madrugada.
Desde las torretas, los reflectores iluminaron la noche, y todos los agentes que patrullaban los 12 kilómetros de perímetro fronterizo hicieron rugir sus todoterrenos al acudir a repeler el ataque.
Lo que ocurrió recuerda los asaltos a las fortalezas en la Edad Media. Los inmigrantes trepaban por las escalas y saltaban sobre la primera valla en sólo 15 segundos. Recogían entonces otras escalas que les lanzaban sus compañeros y salvaban la segunda verja como gatos. "Son atletas", explica el delegado del Gobierno.
Los guardias, equipados con material antidisturbios, se interponían y trataban de rechazarlos con sus escudos, pero se veían superados por los corpulentos asaltantes, que trataban de arrollarlos. Las oleadas duraron 45 minutos, durante los cuales un número indeterminado de subsaharianos logró introducirse en la ciudad. Los demás volvieron a esfumarse en la espesura. La policía marroquí detuvo ayer a 87 de ellos. Más de cien escaleras fueron recogidas por la Guardia Civil.
Cuando logran entrar en Melilla, los inmigrantes corren a la comisaría, donde la policía les abre expedientes de expulsión. Luego son trasladados al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI). En la mayoría de los casos, su repatriación es imposible, porque sus países no los reconocen como ciudadanos. Al Gobierno no le queda más opción que trasladarlos a la Península y ponerlos en libertad.
Observar los alrededores de Mazarrón es como contemplar una competición en la que un mar de invernaderos y una profusión de urbanizaciones pugnan por hacerse con el terreno. A un lado, Mohamed trabaja cubierto por los plásticos a una temperatura propia del infierno, mientras su compatriota Ahmed trata de salir a flote en su pequeña carnicería árabe de la calle Cartagena, y las hermanas Chango intentan hacer lo mismo en su bazar ecuatoriano. Al otro lado, Derek Smith y su mujer juegan al golf y saborean el sol en su chalet de Camposol, lejos de la nublada campiña inglesa. Son dos caras de distinta moneda, que sólo se juntan en las estadísticas oficiales. Esas que dicen que cuatro de cada diez mazarroneros son extranjeros.
Hasta 75 nacionalidades conviven en esta ciudad que ha crecido como la espuma. En el año 2000, Mazarrón tenía 18.847 habitantes y sólo 2.211 extranjeros, el 11,7% del total. Ahora, los mazarrroneros son ya 32.045, y de ellos, 13.045 han venido de otros países (el 42,4%). El fenómeno va al alza cada año. En 2004, los foráneos eran todavía el 31%, con lo que en doce meses el crecimiento ha sido de más de diez puntos.
Las cifras, siempre frías, se palpan en las calles. Sobre todo en las de urbanizaciones como Camposol, convertidas en una pequeña Unión Europea bañada por el sol mediterráneo. «Ingleses, franceses, belgas, holandeses, finlandeses, alemanes, escandinavos...
Aquí hay de todo», cuenta Olivier, un francés de padre murciano que dirige la oficina de la CAM en la urbanización. «Cada vez viene más gente, porque la situación económica es buena. Esto va para arriba, y en mi país las cosas van mal», explica.
Lugar de jubilación
Mazarrón, como el resto de la costa murciana, es refugio para pensionistas europeos dispuestos a disfrutar de lo ganado a lo largo de su vida. Por eso, oficinas bancarias como la que dirige Olivier no faltan en Camposol.
En los invernaderos, y en zonas del Puerto de Mazarrón como la calle Cartagena, la imagen es distinta. Ayat Ahmed lleva un par de años despachando a los clientes de la carnicería de su familia. «Nos compran marroquíes, pero también ecuatorianos, españoles y de todas partes», cuenta mientras sirve el pedido a Mohamed, un trabajador de los invernaderos que lleva once años en Mazarrón. «La situación es difícil; yo ahora vivo con mi familia en un piso, pero durante mucho tiempo lo he pasado mal. Vine solo y desde entonces trabajo en el campo. Todavía tengo que seguir luchando por un trabajo digno», dice con un español casi perfecto.
«La integración en Mazarrón es complicada. Hay gente que se abre y aprende el idioma, pero muchos se encierran en sí mismos. Además, ahora es más difícil que antes; muchos marroquíes sólo trabajan y viven con compatriotas. No entran en contacto con los españoles», dice.
Las hermanas ecuatorianas Sandra y Gabriela Chango tienen una visión más optimista, y representan a la inmigración más integrada. Andan ocupadas en el bazar que su familia tiene en la calle Cartagena. «Nos sentimos muy bien aquí; no se nos pasa por la cabeza volver a Ecuador», dicen. Gabriela es la hermana menor. Tiene 17 años y estudia Bachillerato. «Cuando vine a España entré en Segundo de la ESO. Fue algo complicado, pero terminé integrándome. Ahora estoy encantada», cuenta. «Soy mazarronera», sentencia.
Las principales organizaciones de inmigrantes ecuatorianos y marroquíes alabaron ayer al Gobierno, tras conocer que el 95% de los inmigrantes regularizados en el proceso de normalización llevado a cabo entre el 7 de febrero y el 7 de mayo han sido ya dados de alta por sus patronos en la Seguridad Social.
El portavoz de la Asociación hispano-ecuatoriana Rumiñahui, Raúl Jiménez, pidió al PP, único partido que sigue criticando el proceso, que reconozca "el trabajo efectivo del Gobierno".
Jiménez señaló que la cifra de altas en la Seguridad Social (435.990) "rompe con los datos contradictorios del PP, que auguraba un fracaso del citado proceso". Finalmente, pidió al Gobierno que sancione al empresario que no ha dado de alta en la Seguridad Social al inmigrante al que le ofreció un contrato.
Por otro lado, el vicepresidente de la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes en España (ATIME), Kamal Rahmouni, destacó la "eficacia" del Ejecutivo en la regularización.
"El ritmo con que está marchando la resolución del proceso está bien", declaró. Y añadió que "los datos vienen a confirmar lo que dijimos en su día, cuando terminó el plazo de presentación de solicitudes".
A su juicio, "se está demostrando que la regularización no sólo es buena para los inmigrantes y para los empresarios, sino para el conjunto de la sociedad, porque los inmigrantes van a poder cotizar y también disfrutar de sus derechos". ATIME estudia la propuesta que elevará al Gobierno para dar respuesta a los inmigrantes irregulares que han quedado fuera del proceso.
A las seis de la mañana de ayer se oyó un cuerno, y 250 subsaharianos surgieron de la maleza y se lanzaron al asalto de la valla que separa Melilla de Marruecos. Avanzaron en tres grupos de unas 80 personas cada uno. Portaban más de cien escaleras para salvar las alambradas. Cincuenta guardias civiles, pertrechados con material antidisturbios, tardaron tres cuartos de hora en rechazarlos. Una docena de los inmigrantes logró entrar en la ciudad autónoma.
El último intento de los inmigrantes subsaharianos que permanecen en Marruecos a la espera de una oportunidad para entrar en Melilla fue un ejemplo de estrategia militar. Eligieron uno de los puntos más vulnerables del perímetro fronterizo, la franja de 500 metros situada entre el Río Nano y Los Pinos, al norte de la ciudad y muy cerca del paso fronterizo de Farhana. Es una zona abrupta, en la que las autoridades españolas todavía no han duplicado los tres metros de altura de la doble valla que separa Melilla de Marruecos.
"Saben que su única posibilidad para salvar la alambrada y entrar en la ciudad consiste en un asalto masivo, y lo intentan cada vez con mayor frecuencia", explica un portavoz de la Guardia Civil. "Sólo en lo que va de año ya hemos sufrido más avalanchas de este tipo que en los ocho años anteriores".
No es la primera vez que los inmigrantes subsaharianos, que malviven acosados por las fuerzas de seguridad marroquíes en los montes que rodean Melilla, utilizan tácticas militares para entrar en la ciudad española. "En otras ocasiones han realizado asaltos de distracción, y mientras corríamos a rechazarlos, otro grupo atacaba por el lado opuesto de la valla", explica el instituto armado.
Dado que los teléfonos móviles no son suficientes para movilizar a tantas personas en una maniobra que debe ser masiva, rápida y precisa, los líderes de los inmigrantes hacen sonar un cuerno. En otras ocasiones han utilizado la llamada de los almuédanos a la oración para lanzar a sus compañeros al asalto.
Visores, cámaras y sensores
Esta vez se aproximaron a la valla amparados por la oscuridad y la maleza que crece en la zona marroquí. Los guardias apostados en las torres de vigilancia del lado español disponen de visores nocturnos y el perímetro fronterizo está erizado de cámaras y de sensores, pero los agentes no actuaron hasta el último momento, pues temían que los movimientos que atisbaban formaran parte de una maniobra de distracción.
Cuando el cuerno sonó, un ejército de subsaharianos salió de la vegetación. En ristre llevaban más de cien escaleras artesanales -algunas de 12 metros de altura- que habían construido en los bosques de los alrededores; las echaron sobre las alambradas y comenzaron a trepar por ellas. Los focos de las torres de vigilancia se encendieron y comenzó la batalla.
Fue como un asalto medieval. La frontera tiene dos vallas paralelas, entre las que corre una carretera de entre tres y cinco metros de ancho, denominada camino de ronda. Por ella llegaron, a bordo de varios vehículos todoterreno, los refuerzos de la Guardia Civil para auxiliar a sus compañeros, que habían descendido de las garitas e intentaban hacer frente a la avalancha desde el interior del perímetro, echando abajo las escaleras que colocaban los inmigrantes.
"Es la primera ocasión en que los subsaharianos se muestran agresivos", relata el portavoz de la Guardia Civil. "No quiero decir que nos atacaran, pero si se encontraban con un guardia que les impedía avanzar, se lo llevaban por delante, y si intentábamos detenerlos, se zafaban y seguían intentando pasar. Son fuertes y corpulentos, han aprendido que éste es un Estado de derecho y que no les vamos a pegar un tiro o a darles un mal golpe intencionado, y lógicamente aprovechan esa ventaja".
Entre 50 y 60 guardias, pertrechados con material antidisturbios, lucharon a brazo partido con los 250 inmigrantes. Intentaban echar abajo sus escalas y dispersarlos. Pero ellos procuraban mantenerse unidos, porque saben que sus posibilidades de vulnerar la frontera son tanto mayores cuando más compacta sea la multitud.
Después de tres cuartos de hora de enfrentamientos, una docena de inmigrantes había logrado entrar en la ciudad y los demás comenzaron a huir hacia Marruecos, con casi todas sus escaleras a cuestas. En la frontera dejaron tiradas 26. Dos subsaharianos fueron conducidos al hospital con heridas leves, al parecer causadas al caerse desde lo alto de las escalas.
No es el final de la historia. La Guardia Civil anuncia: "Lo volverán a intentar".
EL conductor, al parecer de estética neonazi que se dio a la fuga, disparó al peatón tras enfrentarse por la preferencia en un paso de cebra en Tarragona. Un hombre de 43 años, S.E., de nacionalidad marroquí, que caminaba la tarde de ayer por el centro de Tortosa, resultó muerto cuando, tras discutir con el conductor de un vehículo, éste le ha disparado varios tiros y se dio a la fuga, según han informado fuentes policiales. Los hechos han ocurrido sobre las 18.15, cuando un trabajador de la construcción que cruzaba un paso de peatones en el cruce de la plaza Montserrat con la calle Montcada, en el casco antiguo de Tortosa, ha iniciado una discusión con el conductor de un vehículo sobre quén tenía la prioridad de paso. Aunque las circunstancias del trágico incidente no están aún claras, algunos testigos que el conductor del vehícula ha dado la vuelta con el coche y, sin mediar palabra, le ha disparado varios tiros, ocasionando la muerte en el acto del peatón, cuyo cuerpo, que presenta cinco impactos de bala, ha quedado tendido en medio del paso de cebra. El presunto homicida, al parecer un joven de origen español y de estética neonazi al que los vecinos habían visto anteriormente por el barrio, se ha dado a la fuga y aún no ha podido ser localizado, aunque podría ser identificado, ya que los testigos han apuntado la matrícula del coche cuando éste escapaba de la zona. Hasta el barrio en el que se produjeron los hechos, en el que se concentra una población importante de inmigrantes, muchos de los cuales conocían a la víctima, se han personado efectivos de la Policía Local, de los Mossos d'Escuadra y de la Policía Nacional, encargada de la investigación.
El alacalde pide tranquilidad. El suceso ha ocasionado una gran conmoción en el barrio ya que es la primera vez que se comete una muerte de estas características en las calles del centro de la ciudad, apenas a 100 metros de la principal zona comercial de la localidad y a plena luz del día. Por ello, el alcalde de Tortosa, Joan Sabaté, ha lanzado un "mensaje de tranquilidad" a la población y ha calificado de "hecho aislado" la muerte del hombre. Sabaté ha hecho pública una declaración institucional del Ayuntamiento de Tortosa en la que lamenta la muerte del ciudadano marroquí y recuerda que el barrio del Rastre de Tortosa, donde se han producido los hechos y que es "uno de los que alberga mas población inmigrante de la ciudad", es una "zona tranquila"
El Ministerio del Interior ha ordenado que se suspendan con carácter general los procesos de expulsión de las extranjeras en situación irregular que hayan denunciado malos tratos de su pareja y a las que el juez les otorgue una orden de protección. Además, ha instruido a la policía para que informe a las denunciantes de que, en el caso de recibir la tutela judicial, tienen el derecho a obtener un permiso de residencia temporal por motivos excepcionales. Si lo obtiene, la mujer no será expulsada; como mucho, será sancionada con una multa de menor cuantía por infracción de la ley de Extranjería.
La medida ha sido adoptada tras la constatación de que las denunciantes sin papeles -14.340 extranjeras presentaron denuncia en 2004- salían de comisaría con dos documentos, uno para protegerla de su pareja y otra para expulsarla del país.
La policía se había encontrado con un doble problema. La nueva ley de Medidas de Protección de la Violencia de Género, que entró en vigor el 29 de junio, obligaba a recoger la denuncia de la extranjera víctima de malos tratos y, a la vez, a abrirle procedimiento de expulsión en aplicación de la ley de Extranjería. "No podíamos hacer más que aplicar las leyes", aseguran fuentes de la Comisaría General de Extranjería y Documentación.
El Defensor del Pueblo y el Observatorio contra la Violencia de Género en Madrid ya protestaron a primeros de año por los casos de dos extranjeras que padecieron las contradicciones del ordenamiento. "No era fácil encontrar una fórmula para aplicar una ley sin incurrir en prevaricación por no aplicar otra ley", señalan las citadas fuentes.
El pasado julio, el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, dictó una instrucción de 10 folios para intentar conjugar ambas situaciones, que ha sido enviada a todas las comisarías de España. Lo prioritario, dice el documento, será prestar a la denunciante "las medidas de asistencia y protección" y enviar el caso al juez para, inmediatamente, informar a la denunciante "de su derecho a solicitar la autorización de residencia temporal tan pronto le sea concedida dicha medida [de protección] por el juez". Atendida la mujer, se iniciarán los trámites de la ley de Extranjería.
Es decir, hasta aquí todo seguirá funcionando como hasta ahora, por un motivo fundamental: que no se produzca una avalancha de denuncias de extranjeras que denuncien malos tratos ficticios para evitar su expulsión. La situación cambia en el momento en el que el titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer o Juzgado de Instrucción toma la decisión de otorgar o no la orden de protección.
Si la resolución es negativa, entonces el expediente de infracción de la ley de Extranjería sigue su curso, hasta acabar en la expulsión (y prohibición de entrada en la UE durante 10 años) o en multa. La novedad estriba en que si el juez resuelve conceder alguna medida de protección a la mujer, la apertura del posible expediente de expulsión queda suspendida durante un mes.
Ése es el plazo que se da a la mujer protegida para que tramite la solicitud de "residencia temporal excepcional". "Lo normal", aseguran las fuentes consultadas, "es que, una vez que se le diga a una mujer maltratada y con orden de protección que puede acceder a la residencia temporal, la solicite inmediatamente, porque ése es el objetivo número uno de los inmigrantes que llegan o viven irregularmente en España".
La presentación de la solicitud de residencia supone la inmediata suspensión del procedimiento de Extranjería hasta que la Administración decida concederla o no. Debido a la acumulación de trabajo en la Administración, esto supone para la extranjera una tregua de entre tres y cuatro meses.
La concesión de la autorización de residencia, que lleva aparejado el permiso de trabajo, supondrá, obviamente, que a la mujer protegida no se la podrá expulsar y que, como máximo, se le impondrá una multa "cuya cuantía será la inferior de las señaladas como posibles por la ley para la infracción cometida". Esta fórmula permite conjugar la aplicación de las dos leyes, "porque se aplican las dos y ambas de la forma legal más favorable para la mujer", según las antedichas fuentes.
Cabe la posibilidad de que la Administración no conceda el permiso de residencia. En ese caso, se abren dos nuevas posibilidades, una contenida en la instrucción y otra ya contemplada en el Reglamento de la Ley de Extranjería. La primera opción es que la mujer sea expulsada, "salvo que el instructor [policial] aprecie otras circunstancias que aconsejen la propuesta de multa". La segunda se abre en el caso de que el juez haya dictado sentencia favorable a la mujer en el caso de maltrato o violación denunciado, ya que entonces se aplicará el artículo 45.4.a del Reglamento, que prevé que pueda obtener la residencia por motivos humanitarios.
En el caso de que la mujer protegida no haya presentado en el plazo de un mes la solicitud de residencia, la policía reactivará el expediente sancionador por infracción a la ley de Extranjería, que puede conllevar la expulsión. La mujer recibirá entonces un documento de aviso, que contendrá la advertencia de que si pide la residencia temporal en el plazo de 48 horas el expediente quedará en suspenso hasta que aquella se le conceda o no.
Evitó consecuencias peores la rápida intervención de agentes de las policías Local y Nacional, alertados de inmediato por los vecinos del inmueble, un centro de la zona de Ciudad Alta de la capital donde ya hubo otros incidentes anteriores, incluso uno que se saldó con la muerte a puñaladas de un marroquí, según confirmaron fuentes próximas a la investigación del suceso.
Este se inició, conforme a dichas fuentes, cuando varios jóvenes que perseguían a tres de los inmigrantes, al parecer tras discutir por un asunto de drogas en un parque cercano, llegaron a bordo de un coche a las puertas del hogar de acogida, dependiente del Cabildo de Gran Canaria y gestionado mediante convenio por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado.
Tras detener el vehículo, sus ocupantes, dos de ellos exhibiendo espadas japonesas de las denominadas katanas, saltaron a tierra y amenazaron a los menores inmigrantes, que respondieron sacando un cuchillo y dos destornilladores que esgrimieron como armas, de acuerdo al relato de testigos presenciales.
Las fuentes destacaron que en ese momento llegó una primera patrulla de la Policía Local, a la que pronto se sumaron agentes de la Nacional, y que su presencia evitó que el enfrentamiento llegará a más.
De hecho, varios de los implicados en la disputa huyeron al detectar la llegada de los policías, que finalmente sólo trasladaron a sus dependencias para tomarles declaración sobre lo ocurrido a tres de los chicos, un menor inmigrante y dos jóvenes canarios, que no fueron siquiera detenidos, explicaron.
Agregaron, en la misma línea, que fuentes policiales apuntaron que los hechos, al ser abortados en sus primeros momentos por los agentes de seguridad, son sólo constitutivos de una falta administrativa.
Tanto el gabinete de prensa de la Jefatura regional de la Policía Nacional, cuya Comisaría del Distrito Sur de Las Palmas de Gran Canaria tramita las diligencias del caso, como los mandos de guardia de la Policía Local aseguraron en cualquier caso no poder ofrecer información oficial por el momento sobre lo ocurrido.
Al parecer, tras discutir por un asunto de drogas varios jóvenes isleños llegaron a bordo de un coche a las puertas del hogar de acogida
Dos de los jóvenes canarios amenazaron con 'katanas' a los menores inmigrantes, que respondieron sacando un cuchillo
Canarias Ahora .com EFE. Las Palmas de Gran Canaria
La estética de una ciudad no es una cuestión de belleza o fealdad, sino de significados, dicen los urbanistas. Una ciudad no tiene que ser hecha para los ciudadanos sino por los ciudadanos. Es lo que ocurre con el parque del Poblenou, donde muchos de los nuevos habitantes de Barcelona protagonizan un picnic intercultural permanente, y más en verano. En las casi 12 hectáreas del parque , entre los árboles y escasos arbustos, ecuatorianos, peruanos, filipinos y chinos, además de gitanos autóctonos, comen, beben, juegan, se duermen complacidos en tumbonas portátiles o hamacas o se bañan en las playas cercanas, desde temprana hora y hasta muy entrada la noche. Muchos de los habitantes que conforman la nueva fisonomía urbana de Barcelona, permanecen allí tomando el fresco que no logran en sus pequeños pisos de un barrio obrero, el Poblenou, que poco a poco va perdiendo su carácter industrial de antaño para entrar en la nueva era tecnológica. "Nos escapamos del calor de nuestros pisos, aquí se está mejor", dicen unos hombres filipinos que llevan más de 20 años en Catalunya. Hablan en un castellano mezclado con el inglés mientras comen gambas con jugo de higos (ginataan hipon), un plato típico de su país. Los arquitectos Xavier Vendrell y Manuel Ruisánchez diseñaron el parque en 1992, con motivo de los Juegos Olímpicos, con la idea de hacer una conexión entre el núcleo antiguo del Poblenou y el mar. Incluso reprodujeron un paisaje propio del litoral marítimo: playas, dunas y arboledas. Las dunas van dibujando un perfil irregular. Desde los puntos altos, la playa y el perfil curvo de la Vila Olímpica son muy atractivos y la gente camina por unos pasillos de traviesas que están siendo sustituidas por cemento. En uno de los extremos, están semienterrados los restos de un barco naufragado. El parque, abierto las 24 horas, cuenta con un área de juegos infantiles, mesas de pimpón, cancha de básquet, pista de monopatín y espacio para perros. Mujeres que no quieren decir su procedencia han extendido sobre el escaso césped un montón de tablas de bingo y acumulan piedras de río o fichas de madera, que van colocando de acuerdo a las reglas del juego. En otra mesa, un grupo de tailandeses juegan un dominó con figuras chinas y son reacios a comentar nada. Un catalán casado con una tailandesa cuenta que llevan muchos años viviendo aquí, pero que aún no hablan castellano. Lo niños, en cambio, se desenvuelven con el catalán a la perfección. Un poco más adelante, dos viejecitas encabezan la reunión de la familia y amigos de Tony, el gitano, un cantaor de flamenco que ha grabado 22 discos y que se come un bocata de jamón serrano, mientras las mujeres gritan alegres sus desventuras amorosas y sus maridos juegan a las cartas y beben, sin musitar palabra. Han venido desde Verdum. Los niños rodean al fotógrafo y las dos abuelas, que quizá ya ni se enteran de lo que pasa a su alrededor, observan con una mirada profunda, sentadas en dos mecedoras de madera, a sus decenas de hijos, hijas, nueras, sobrinos, nietos y nietas. Unas mujeres ecuatorianas se cubren con una sombrilla y se niegan a dar datos personales. "Hemos venido a este parque durante muchos años, cada verano, porque podemos estar en la playa". Cuando se cansan, regresan y se recuestan en el césped reseco y contemplan a sus amigos o novios jugar al voleibol frente a ellas, sudados y alegres. Muchos de los que veranean en el Poblenou tienen algún familiar que vive cerca del barrio. Otros llegan desde Santa Coloma o de Sabadell, comenta Lorena, que es de Ecuador y los sábados y domingos está aquí porque a sus dos niños les gusta venir a jugar al parque. Ella vive en el Poblenou, pero su familia viene de otras comarcas de Catalunya. Su marido cuida a un señor mayor y ella hace la limpieza en algunas casas. "Hay que aprovechar porque aquí no se paga nada y como traemos la comida lengua horneada, un plato típico de Ecuador nos resulta barato. Y es que no podemos ir a ningún lado de vacaciones", afirma. Lorena ha observado a otros de sus vecinos, unos filipinos que también tienen un grupo grande a su alrededor. "Ellos sí que comen todo el rato, y huele muy bien lo que han preparado", dice. El Poblenou, como barrio obrero, tiene una larga historia de activismo y autoorganización. "El que vaya a este sector de la ciudad vivirá de cara al mar y rodeado de parques", dice la propaganda de las inmobiliarias. También vivirá rodeado de inmigrantes que se apropian de las áreas de una ciudad que sienten que cada vez más les pertenece.
Agentes de la Policía Nacional de la Jefatura Superior han detenido a seis jóvenes, con edades comprendidas entre los 19 y los 21 años, y todos ellos vecinos de La Raya, como presuntos autores de los daños ocasionados en un bar regentado por un boliviano y en la vivienda de un marroquí, ubicada en el mismo edificio, situados en la citada pedanía murciana.
Fuentes policiales indicaron que «no se trata de un enfrentamiento racista, ni xenófobo, como algunos han pretendido calificarlo, sino el enfrentamiento casual y esporádico entre el miembro de una peña y un ciudadano boliviano». Los seis detenidos, en unión al correspondiente atestado policial, han pasado a disposición judicial.
Los hechos se remontan a las pasadas fiestas patronales de La Raya, cuando seis jóvenes, todos ellos pertenecientes a una de las peñas que participa de forma activa en la organización de las mismas, tuvieron un enfrentamiento con unos ciudadanos bolivianos.
Al parecer, todo comenzó con motivo de una discusión surgida entre un miembro de la peña y un boliviano por la propiedad de una botella de bebida, lo que degeneró en una pelea entre un grupo de vecinos de La Raya y otro de bolivianos, que salieron en defensa de su compatriota.
Estos últimos, ante el cariz que tomaban los acontecimientos, salieron corriendo y se refugiaron en un bar que regenta otro ciudadano boliviano, quien salió en su defensa, cerrando las puertas del bar.
Lanzaron carretillas
En la madrugada del 16 al 17 de agosto, aprovechando que en las fiestas es costumbre, desde hace años, usar y lanzar artificios pirotécnicos, fueron arrojadas diferentes carretillas contra el bar y la vivienda del ciudadano boliviano que lo regenta.
Una actitud en represalia, según la Policía, no sólo por defender a sus compatriotas, sino porque también el establecimiento es «foco de peleas, escándalos y molestias constantes, lo que genera y ha generado múltiples problemas entre los vecinos de La Raya, que se han quejado en numerosas ocasiones ante las autoridades municipales».
Los empleadores ya han dado de alta en la Seguridad Social a 435.990 inmigrantes, cifra que supone el 95% de las solicitudes de regularización aprobadas por el Ministerio de Trabajo hasta primeros de este mes. Fuentes de ese departamento atribuyen las resoluciones que no se han formalizado, el 5%, a las vacaciones estivales y a cambios en las circunstancias personales de los empresarios o de los extranjeros. El PP profetizó en su día que el proceso de normalización fracasaría porque los empresarios no inscribirían a los inmigrantes en la Seguridad Social.
El proceso de normalización de inmigrantes que residían en España de forma irregular pero disponían de un contrato de trabajo y carecían de antecedentes penales fue diseñado por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero para dar una salida al millón de sin papeles que dejó en herencia el anterior Gobierno del PP y, al tiempo, combatir la economía sumergida.
Durante los tres meses que duró el proceso, desde el 7 de febrero hasta el 7 de mayo, el PP cambió varias veces sus argumentos para atacar al Ejecutivo.
El presidente de ese partido, Mariano Rajoy, se refirió desde el principio a la regularización como "un error colosal". Y su secretario general, Ángel Acebes, la calificó de "despropósito".
Pero a medida que creció la afluencia de los empresarios a las oficinas de la Administración para regularizar a sus empleados, los líderes del PP corrigieron el tiro. Profetizaron entonces un número ridículo de contratos materializados con la correspondiente alta en la Seguridad Social.
Muy insistente en este sentido se mostró la secretaria ejecutiva de Política Social y Bienestar del partido, Ana Pastor, quien celebró varias conferencias de prensa para reclamar al Gobierno la cifra de altas en la Seguridad Social.
Pero el Ministerio de Trabajo no podía dársela por dos motivos. El primero era que el proceso de verificación de los documentos presentados por los empresarios y por los inmigrantes era lento y laborioso. El segundo radica en que, desde que reciben la autorización provisional de residencia y de trabajo para los extranjeros, los empresarios disponen de un mes para darles de alta en la Seguridad Social.
De hecho, la cifra de 435.990 altas es provisional. De las aproximadamente 690.000 solicitudes de regularización que los empresarios presentaron entre el 7 de febrero y el 7 de mayo, han sido resueltas hasta ahora 592.192 (el 85,62%). De las 99.400 que aún están por resolver, una parte importante se halla pendiente de algún documento, como el abono de multas de tráfico o de deudas con la hacienda pública por parte de los empleadores.
De las 517.617 solicitudes que Trabajo había fallado favorablemente hace un mes, y que suponen el 87,4% de las que había resuelto, los empresarios han formalizado con el alta en la Seguridad Social 435.990; esto es: el 95% de ellas.
Los empresarios que presentaron el 5% de resoluciones restante tendrán que explicar por qué no han inscrito a sus trabajadores en la Seguridad Social.
El Reglamento de Extranjería es claro al respecto. Una vez que el empresario o empleador que haya tramitado la regularización del inmigrante recibe la resolución favorable del expediente de éste, dispone de un mes para darle de alta en la Seguridad Social. El mismo plazo rige para los extranjeros que pretenden trabajar parcialmente y de forma simultánea para varios patronos en el servicio doméstico, los cuales tramitan su propio expediente.
Sólo cuando el empresario da de alta al inmigrante y abona las correspondientes tasas, que ascienden a 187,02 euros, comienza el periodo de vigencia del permiso de residencia y de trabajo del extranjero, que es de un año. El inmigrante deberá solicitar su tarjeta de identidad durante el mes posterior a esa entrada en vigor.
En el caso de que no se produzca el alta del trabajador en la Seguridad Social durante al mes siguiente a la resolución de su expediente, la autorización para residir y trabajar en España quedará sin efecto.
El Reglamento de Extranjería señala que, en ese caso, la Administración requerirá al empleador (o al inmigrante, en los casos de trabajo doméstico para varios patronos) para que indique las razones por las que no se ha iniciado la relación laboral. "Con la advertencia", señala el Reglamento, "de que, si no alegase ninguna justificación o si las razones aducidas se considerasen insuficientes, podrán denegarse ulteriores solicitudes de regularización que presente".
90 millones al mes
El proceso de normalización tiene dos vertientes. Una, humana, que está sacando de la explotación a cientos de miles de extranjeros. Y otra, económica, que supone ya una importante inyección de dinero a las arcas públicas: al menos unos 90 millones de euros mensuales, hasta ahora.
Este periódico ha calculado las aportaciones de los inmigrantes al Estado a partir del salario mínimo, fijado en 513 euros. La base mínima de cotización (es decir, la cantidad mínima por la que pueden cotizar trabajadores y empresarios) es, en ese caso, de 598,50 euros. Esa base mínima es, por ejemplo, la que tienen las empleadas de hogar. De ella, el empresario paga el 31,59% y el trabajador, el 6,40%. Si multiplicamos la cantidad resultante (227,37 euros mensuales) por las 435.990 altas en la Seguridad Social registradas hasta ahora, el resultado es de 90,1 millones de euros que ya está ingresando cada mes la Seguridad Social.
A esa cantidad hay que sumar otros 79 millones de euros que ya han abonado en tasas los empresarios y los inmigrantes que han formalizado sus contratos.
El detenido, identificado como A.K.B. y de 25 años de edad, ha ingresado en prisión acusado de un presunto delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, delito por el que ya están en la cárcel desde el pasado domingo, el capitán y el jefe de maquinas de origen caboverdianos.
Se da la circunstancia, de que A.K.B al parecer es el padre del único menor que se encontraba a bordo del barco y que permanece ingresado, junto a su madre, en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Hoya Fría. Este bebé, de 17 meses de edad, está recibiendo una atención diferenciada y acorde con su edad, informa la Delegación del Gobierno en un comunicado.
Asimismo, indica que las investigaciones realizadas por la Brigada de Extranjería y Comisaría del Sur del Cuerpo Nacional de Policía han podido determinar que A.K.B era el responsable no solo del cobro a los ocupantes, sino también de la contratación del barco pesquero y la tripulación.
Con estos tres ingresos en prisión ya son seis los detenidos por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros en lo que va de año. Las tres detenciones anteriores también se produjeron en Tenerife tras la llegada el pasado febrero a las costas de Arico del Ice D-Olomne, con 227 inmigrantes subsaharianos a bordo, tras pasar por varios puntos de la costa africana.
El capitán y el jefe de maquinas de origen caboverdianos están en prisión desde el pasado domingo
Con estas tres detenciones, ya son seis por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros en lo que va de año
Una delegación de políticos belgas compuesta por dos parlamentarios, un senador y otro parlamentario europeo visitarán Ceuta y Beliones entre el día nueve y el día 12 de septiembre con la intención de elaborar un informe que expondrán en sus respectivas cámaras a su vuelta, según explicó el adjunto a la Secretaría de Migraciones de la confederación nacional de Comisiones Obreras, Mohamed Haidour. La intención con la que acudirán a la ciudad y a Marruecos es la de conocer de primera mano la frontera de la Unión Europea en África y visitar los campamentos de inmigrantes en Beliones para conocer cuál es la situación humanitaria que allí se vive para después trasladar sus conocimientos a los parlamentarios y senadores de su país y de la eurocámara.
El campamento de Beliones es uno de los puntos de interés de la visita. Durante su visita a Ceuta tienen intención también de mantener un encuentro con el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, el delegado del Gobierno, Jerónimo Nieto, así como con otras fuerzas e instituciones sociales.
Al parecer los parlamentarios han mostrado un especial interés en la situación que se está dando en el campamento de Beliones, pero también en conocer la repercusión que la inmigración tiene sobre la frontera ceutí, que no olvidan es la de todos los europeos en África.
La iniciativa surgió al tener conocimiento de la situación que se está viviendo en Beliones y la repercusión de la inmigración sobre Ceuta por otras iniciativas que partieron de la sociedad civil en otros países vecinos como Francia y Holanda.
Bélgica es uno de los países europeos en los que se instala un mayor número de inmigrantes magrebíes cuando logra acceder a Europa y también de los que provienen de más al sur del Sáhara, junto con Francia.
La edición de esta semana de la revista 'Interviú' destaca en sus páginas un reportaje sobre la nueva estrategia que los inmigrantes llevan poniendo en práctica desde hace varios meses para lograr acceder a Melilla de forma ilegal, y que por el momento no les está dando un mal resultado.
Se trata de los saltos al perímetro fronterizo de grupos organizados de inmigrantes a modo de avalancha, una táctica con la que intentan desbordar la capacidad de las patrullas de la Guardia Civil que se encargan de custodiar la doble valla.
Según indica el reportaje de la revista 'Interviú', titulado 'Escalera hacia el cielo', 495 extranjeros han logrado acceder al territorio nacional con este sistema en los primeros seis meses, de un total de 6.500 que lo intentaron en ese periodo temporal, lo que supone un 7,61 por ciento del total.
Asimismo, 'Interviú' destaca en su artículo que la elevación de la valla hasta los seis metros en un tercio del perímetro ha propiciado que los inmigrantes hayan trasladado sus intentos a las zonas lindantes con los bosques de Marruecos.
El reportaje, elaborado por Daniel Montero, viene ilustrado con fotografías cedidas por el Ministerio del Interior, captadas por las cámaras de seguridad que la Guardia Civil tiene habilitadas en varios puntos del perímetro fronterizo. En una de las imágenes se pueden observar claramente dos grupos de inmigrantes separados por varios metros, que se valen de las escaleras para escalar por la alambrada en la zona central de la doble valla.
"No deja de ser una payasada que se piense lo contrario" pues, que una parte de estas personas decida abandonar sus países para mejorar sus condiciones de vida, "es una verdad histórica incontrovertible: vaya unos genios aquellos que dicen que llegaran barcos", aseveró en una entrevista a la Cadena Cope.
"Y quien diga lo contrario está mintiendo cínicamente", aseveró. Segura considera que la situación hay que afrontarla con un "profundo sentido solidario para salvar vidas", porque no se puede "hacer otra cosa".
Por ello, ante la petición de nuevos equipos de detección de pateras y barcos, como los radares móviles que comenzarán a llegar en los primeros días de septiembre, manifestó que ayudarán a evitar catástrofes en el mar, "qué duda cabe, vaya una simplonería", apostilló.
Segura pidió "seriedad" a quienes se refieran a los acontecimientos relacionados con la inmigración, pues no comparte las críticas vertidas sobre el rescate de 95 de inmigrantes que llegaron en pésimas condiciones a Tenerife la pasada semana.
A su juicio, fue una operación "impecable", como lo fueron las efectuadas en noviembre de 2004 cuando llegó una embarcación con 170 personas a Gran Canaria y en febrero cuando arribó otro con más de dos centenares de inmigrantes a Tenerife.
La última actuación, así como la coordinación de los cuerpos que intervinieron, "funcionó milimétricamente", por lo que el delegado afirmó que no presta atención a las críticas por su "falta de rigor y de seriedad". Por otra parte, recordó que próximamente se aprobará el nuevo Plan Nacional de Instalación Penitenciarias, que incluirá la segunda cárcel de Gran Canaria, aunque insistió en no referirse a su ubicación definitiva.
El delegado asegura que es "una verdad histórica incontrovertible" puesto que hay dos millones de pobres en África
Segura defiende la actuación en la operación que detuvo al barco negrero ante las críticas a las que tacha de "falta de rigor y de seriedad"
Canarias Ahora .com EFE. Las Palmas de Gran Canaria
En concreto, en las distintas operaciones contra la inmigración irergular llevadas a cabo entre enero y junio de 2005 por el Cuerpo Nacional de Policía se detuvo a 180 personas vinculadas a 67 redes dedicadas a la entrada clandestina de inmigrantes en nuestro país. Por su parte, la Guardia Civil detuvo a 247 integrantes de organizaciones especializadas en este mismo delito, según datos facilitados por el Ministerio del Interior
En el caso de la falsificación de documentos, la Policía detuvo en los seis primeros meses del año a 116 personas vinculadas a 31 redes dedicadas a este tipo de fraude, mientras la Guardia Civil detuvo a 133 relacionados con distintas organizaciones.
Asimismo, agentes del Cuerpo Nacional de Policía detuvieron a 103 personas vinculadas a 37 redes de explotación laboral de extranjeros y la Guardia Civil a 245 miembros de esta clase de organizaciones delictivas.
Las detenciones del 'Olomine', entre las principales operaciones
Entre las principales operaciones realizadas, el ministerio destaca la desarrolada el pasado mes de febrero en Tenerife, con el ingreso en prisión de los tres tripulantes del Ice D'Olomne, el barco pesquero que trasladó hasta las costas del municipio de Arico a 227 inmigrantes irregulares.
Asimismo, se destaca la operación desarrollada en enero por la Unidad Contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsificación (UCRIF) de Barcelona que permitió la desarticulación de una red internacional dedicada a la explotación laboral de ciudadanos extranjeros procedentes de Marruecos.
En la operación se detuvo a tres ciudadanos españoles y tres marroquíes integrantes de la organización, que además se dedicaba además a la estafa mediante el cobro de elevadas cantidades de dinero para la tramitación de ofertas de trabajo en distintas empresas, que después no presentaban.
En febrero, la Brigada Central de Falsedades Documentales, en colaboración con la Brigada Central contra las Redes de Inmigración Ilegal de la Policía desarticuló una organización internacional de delincuentes dedicada a la falsificación de documentos de identidad y de viaje, así como a la realización de estafas en la zona de Madrid a través de la manipulación de tarjetas de crédito. Se detuvo a 9 personas (5 chilenos, 2 peruanos, un dominicano y un español) y se intervino abundante material informático y numerosos documentos falsificados.
También en febrero, en una operación llevada a cabo en Córdoba por la Guardia Civil, se detuvo a cuatro súbditos rumanos que formaban parte de una organización dedicada a introducir a ciudadanos de su mismo país en territorio español, a los que proporcionaban trabajo y cobraban una parte de su salario en concepto de gastos de traslado. Además, en un registro domiciliario se localizó a 11 personas de nacionalidad rumana que vivían en condiciones infrahumanas.
En abril, la UCRIF de Madrid desarticuló una red internacional dedicada a la estafa y a favorecer la inmigración ilegal de ciudadanos peruanos, a los que se les proponían ofertas de trabajo fraudulentas para sus familiares a cambio de importantes cantidades de dinero. Se detuvo a 9 personas (3 españoles, 4 peruanos, un ecuatoriano y un argentino).
En ese mismo mes, la UCRIF de Madrid desarticuló una red internacional dedicada a introducir en España a personas procedentes de Bolivia, tramitando su documentación a cambio de desproporcionadas cantidades de dinero.
En mayo, la Guardia Civil y la Policía marroquí desmantelaron una red dedicada a introducir inmigrantes ilegales en España, a los que introducía a través del aeropuerto Madrid-Barajas. Se detuvo a 19 personas (4 españoles y el resto marroquíes).
Igualmente, en ese mes la Guardia Civil detuvo a los 5 responsables de una ONG de Huelva por estafar a más de 40.000 inmigrantes a los que cobraba diferentes cantidades de dinero por realizarles trámites administrativos que en realidad eran gratuitos.
Los detenidos dedicados a la entrada clandestina de inmigrantes en nuestro país son 427
En el caso de la falsificación de documentos, la Policía detuvo a 116 personas vinculadas a 31 redes y la Guardia Civil a otras 133
N.T.F. y M.S.V., capitán y maquinista, respectivamente, del barco Alianca, ambos de nacionalidad caboverdiana, fueron detenidos tras la operación de rescate llevada a cabo por Salvamento Marítimo en colaboración con la Guardia Civil.
Cuando el barco, que podía llevar unos dos meses en la mar, fue localizado por un buque escuela británico, no tenía timón ni motor y a bordo no había agua ni alimentos, según informó el delegado del Gobierno en Canarias, José Segura.
El barco fue remolcado hasta el puerto de Los Cristianos, donde el capitán y el maquinista fueron detenidos, tras lo que pasaron a disposición judicial.
El ministro del Interior, José Antonio Alonso, ha insistido, según un comunicado de este departamento, en que la lucha contra el tráfico de seres humanos y la inmigración irregular es una "prioridad absoluta", por lo que es imprescindible seguir reforzando la cooperación policial y judicial a nivel internacional.
El Ministerio recuerda que el pasado 5 de febrero llegó a Tenerife, tras pasar por varios puntos de la costa africana, otro barco de estas características, el Ice D-Olomne, con 227 inmigrantes subsaharianos a bordo y cuyos tres tripulantes pasaron a disposición judicial y posteriormente ingresaron en el centro penitenciario Tenerife II.
El ministro de Interior recuerda que que la lucha contra el tráfico de seres humanos y la inmigración irregular es una "prioridad absoluta"
Añade que es imprescindible seguir reforzando la cooperación policial y judicial a nivel internacional
La repatriación de los 97 africanos indocumentados que llegaron el pasado martes a Canarias a bordo del pesquero Alliança costará al Estado 120.000 euros. El Ministerio del Interior tendrá que fletar un avión para conducirlos hasta sus respectivos países, siempre fuertemente escoltados por agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP). El año pasado España se gastó más de 2,5 millones de euros en fletar aviones sólo para devolver a sus países en un total de 22 vuelos a más de 2.000 nigerianos que llegaron en patera a las costas españolas.
El alto coste de las repatriaciones así como la necesidad de que los inmigrantes vayan fuertemente escoltados ha llevado al Gobierno a crear una unidad central de expulsiones y repatriaciones, adscrita a la Comisaría General de Documentación y Extranjería. La unidad comenzó a constituirse en el primer trimestre de este año pero, según las fuentes consultadas, "ya se encuentra plenamente operativa". El grupo ha participado en expulsiones hacia países de América, África y el este de Europa. Los traslados a esta última zona, fundamentalmente de rumanos, suelen hacerse en cooperación con las autoridades francesas.
El traslado hasta África, sin embargo, no es de los más caros. Por ejemplo, fletar un avión para trasladar a irregulares colombianos y ecuatorianos cuesta más del doble. El año pasado se fletaron siete aviones para devolver a Bogotá y Quito a un millar de inmigrantes, con un costo de 363.000 euros el más barato y 396.000 euros el más caro. Este último fue el fletado el 15 de diciembre de 2004 y el aumento del precio se debió al incremento del precio del combustible. Además, también fue alquilado otro avión sólo para Ecuador, cuyo coste se elevó a 288.000 euros.
España está negociando convenios de readmisión de inmigrantes con Camerún, Gambia, Ghana, Guinea-Conakry, Malí y Senegal. A los anteriores, se unen los que también están en vías de concluirse con Serbia y Montenegro, Bosnia-Herzegovina, y la Ex República Yugoslava de Macedonia.
Miembros del Servicio Marítimo de la Guardia Civil y de Salvamento Marítimo han interceptado hoy, al sudeste de la isla de Alborán, una patera con 57 inmigrantes marroquíes a bordo. Tras pasar cinco días a la deriva, todos los inmigrantes se encuentran deshidratados y sufren quemaduras de distinto grado por el sol, 13 de ellos de mayor gravedad. Estos 13 inmigrantes, entre ellos dos mujeres, que se encontraban en peor estado de salud, han llegado al puerto de Motril (Granada) sobre las 15.00 horas en la embarcación rápida Río Aragón del Servicio Marítimo de la Guarida Civil. Una hora más tarde y embarcados en la Mirfak de Salvamento Marítimo, han arribado al mismo puerto los demás inmigrantes, que también sufren problemas de salud aunque de menor gravedad.
En el puerto les aguardaba un dispositivo del Equipo de Respuesta Inmediata de la Cruz Roja que les ha atendido, sin que ninguno haya requerido internamiento hospitalario. La patera, que viajaba sin rumbo y tenía el motor averiado, ha sido avistada sobre las 10.30 horas de hoy por una embarcación que pasaba por la zona, e interceptada poco después a unas 52 millas de la costa granadina.
Los agentes, al comprobar el mal estado de los inmigrantes, les han dado de beber el agua que portaban para su propio consumo y han recogido más botellas del destacamento militar de la isla de Alborán, ya que estaban "prácticamente deshidratados porque llevaban varios días sin beber nada", según han explicado fuentes del instituto armado. Se cree que la patera provenía de la zona de Alhucemas o Nador, en el norte de Marruecos.
