Los Mossos no descartan que pueda haber más de un agresor que utilizó armas blancas en la pelea campal en la que fue asesinado Josep Maria Isanta, tras haberse hallado dos navajas. Una de estas armas, modelo mariposa, tenía restos de sangre y fue encontrada debajo de un coche cerca del escenario del crimen, mientras que el segundo cuchillo lo llevaba encima uno de los arrestados. El examen de las heridas que presentaban tanto el fallecido como las otras tres personas con lesiones de arma blanca podría ayudar a identificar el tipo de navaja utilizada en las diferentes agresiones, tal y como indicaron ayer fuentes cercanas al caso.
Los once detenidos que son mayores de edad continuaban ayer en las dependencias de la comisaría de Berga y está previsto que empiecen a pasar ya a disposición judicial. Los siete que son menores (un octavo que tenía tan sólo 13 años ya fue entregado en custodia a sus padres) fueron puestos, por su parte, a disposición de la fiscalía de Menores la madrugada de ayer al no permitir la ley tenerlos detenidos en dependencias policiales más de 24 horas. Uno de estos menores, una chica, quedó en libertad al no haber pruebas contra ella.
La difícil misión de los investigadores es determinar ahora el grado de participación que tuvieron cada uno de estos sospechosos en la batalla campal que acabó con un muerto, tres heridos de arma blanca y varios contusionados. Grupos independentistas, que eran los que habían organizado el concierto donde ocurrieron los hechos, señalan a un hombre de 33 años -el de más edad de los arrestados- y que se llama Santiago como principal instigador de la pelea. Esta versión parece coincidir con la que tendrían los Mossos, que tras haber interrogado a decenas de testigos de esta pelea, al parecer han identificado a esta persona como uno de los líderes del grupo, aunque parecer ser que ningún testigo lo vio con una navaja en la mano. El presuntor autor material podría ser identificado en breve.
De las provocaciones se pasó a la pelea cuando el grupo se encaró, según indicaron ayer fuentes cercanas al caso, con el hermano menor de Josep Maria Isanta. Este último salió al parecer en su defensa y con la intención de poner paz, pero abandonó el lugar al ser amenazado y comprobar que la situación estaba ya fuera de control. Amigos de Isanta aseguran que varias personas le siguieron hasta darle muerte.
A la lógica indignación por una muerte tan absurda y fruto de lo que parece ser una violencia gratuita se añade, en este caso, una circunstancia que ha enervado mucho más el ánimo de los vecinos de lo que sería normal tras un crimen de estas características. El hecho de que los sospechosos de este asesinato tengan, en su mayoría, antecedentes, y sean ya conocidos en la población por otros hechos violentos, ha crispado los ánimos hasta tal punto que ayer se recogían ya firmas para exigir la expulsión de estas personas una vez se aclaren los hechos. La madre de algunos de los detenidos afirmó, por su parte, que sus hijos no han hecho nada y que deberán probar que son asesinos.
LA VANGUARDIA DIGITAL JAVIER RICOU - 30/05/2005 BERGA
Indignados, impotentes y desolados. Todos estos sentimientos se entremezclan ahora mismo entre los patumaires de Berga después de haber perdido, en plena celebración de su gran fiesta, a uno de sus miembros. Indignados porque no les cabe en la cabeza que la vida de Josep Maria Isanta, un joven de carácter tranquilo y poco dado a los problemas, haya tenido un final tan trágico. Impotentes porque algunos aseguran que la muerte de Isanta era como una crónica anunciada, pues son muchos los vecinos que piensan que hace ya meses que alguien habría tenido que parar los pies a algunas de las personas que ahora están detenidas por su supuesta implicación en este crimen. Y desolados, porque los amigos y familiares de Josep Maria saben que nadie puede ya devolverle la vida a pesar de que su muerte parezca tan absurda y fruto de una violencia gratuita sin ningún sentido.
Josep Maria Isanta no vivía en Berga. Residía con su compañera sentimental en una casa de payés en las afueras de esta ciudad, de 16.500 habitantes. "A él le gustaba el aire libre, vivir en el campo", afirma un veterano patumaire que le enseñó a bailar cuando era pequeño. Llevaba en el corazón la Patum (su misma madre y otros familiares son también patumaires)y estos días solía pasarlos en Berga, a pesar de no ser muy amante de las aglomeraciones humanas. "Los conciertos también le gustaban y por eso salió la noche del viernes", explica el mismo hombre.
Si hay alguna cosa en la que coinciden quienes le conocían es en "las muchas ganas de vivir la vida que tenía". La gente más cercana a él asegura que no tenía ninguna relación con las personas que ahora están acusadas de haberle causado la muerte. "Podía conocerles de vista, pero nada más que eso", señalan desde el entorno del joven. De ahí que la versión de que Josep Maria intentara poner paz en una pelea o salir en defensa de su hermano, que salió contusionado en la trifulca, sea la hipótesis más creíble a la hora de explicar qué empujó al joven a enfrentarse con ese grupo de personas violentas. "Con éstos, mejor ser amigos que tenerlos en tu contra", afirma, por su parte, un joven de poco más de veinte años al referirse a alguna de las personas detenidas por los Mossos como presuntos autores de este asesinato.
Otra prueba de que Josep Maria no era una persona agresiva sería, según han explicado algunos testigos de la batalla campal, su reacción al darse cuenta de que no podía convencer a sus adversarios para que abandonaran la violencia.
"Él huyó del lugar, se marchó al ver que no podía hacer nada y fue entonces cuando los otros fueron a buscarle y le mataron", insiste el veterano patumaire.
Cuando llegaron los Mossos al lugar ya había ocurrido prácticamente todo. La consellera Tura explicó que las primeras detenciones se practicaron en el mismo lugar donde se celebraba el concierto. "Allí se arrestó a los que intentaron huir o mostraron alguna actitud sospechosa", informó Tura. A lo largo de toda la madrugada -en la que media Berga no parece haber dormido- se practicó el resto de las detenciones. "En estos casos ha sido determinante la colaboración de testigos que nos han ayudado a identificar a algunos de los sospechosos", añade la consellera de Interior.
Tura pidió, asimismo, ayuda a todos aquellos que puedan aportar detalles de lo ocurrido durante esa batalla campal, consciente de lo difícil que puede resultar ahora determinar quién es el autor material de las puñaladas si no hay huellas en la navaja hallada en el escenario del crimen o algún testigo que haya visto la agresión. Los patumaires también han pedido, por su parte, calma a la población y un voto de confianza a las investigaciones de los Mossos antes de criminalizar a nadie o buscar la venganza.
Y mientras se hacían estos llamamientos, algunos ya anunciaban que la Patum vivirá hoy, domingo, una de sus jornadas más emotivas. Se espera que el cap de la colla de la comparsa de Josep Maria salga al centro de la plaza, aunque el grupo no baile, en recuerdo del joven.
LA VANGUARDIA DIGITAL JAVIER RICOU - 29/05/2005 Berga
Trabajaban de sol a sol y cobraban salarios ridículos. La Guardia Civil ha logrado detener en Huelva a dos empresarios que se aprovechaban de la situación irregular de 21 inmigrantes africanos para tratarlos como esclavos en una explotación agrícola.
Los detenidos son J.B.V, de 48 años y vecino de El Portil y una mujer, M.M.G., de 32 años de edad y nacionalidad colombiana. Él es el accionista mayoritario de la empresa intervenida y ella la administradora de la compañía. A ambos se les acusa de un delito contra el derecho de los trabajadores y ayer estaba previsto que quedaran en libertad con cargos.
Según el portavoz de la Benemérita en Huelva, Antonio Castilla, los inmigrantes no sólo no estaban dados de alta en la Seguridad Social sino que les obligaban a trabajar en condiciones infrahumanas, con sueldos mínimos y horarios excesivos.
Los responsables de la empresa retenían la documentación de los 21 inmigrantes bajo la falsa promesa de que le tramitarían su regularización en España, mientras tanto, ellos debían trabajar en una situación precaria.
La investigación se inició una vez que la Guardia Civil de Moguer averiguó que algo irregular estaba ocurriendo en la empresa ubicada en Gibraleón, las informaciones a la que tuvieron acceso les hacían sospechar sobre un posible caso de explotación a diversas personas de origen extranjero.
Condiciones lamentables
Ante las evidencias abrieron una investigación, primero localizaron la ubicación de la empresa olontense y certificaron, tras contactar con cuatro de los afectados, tres senegaleses y uno procedente de Ghana, que todas las sospechas eran fundadas. Los propios agentes que intervinieron en la operación comprobaron que los inmigrantes trabajaban de forma clandestina y en unas condiciones lamentables.
Ante la gravedad de los hechos, el pasado martes 24 de mayo, la Guardia Civil informó a Inspección de Trabajo del Ministerio que procedió a efectuar una supervisión de la empresa, momento en el que localizaron a los 21 inmigrantes y procedieron a la detención del principal accionista y de la administradora de la compañía.
La Policía Judicial de Moguer ha instruido las correspondientes diligencias que, junto a los detenidos, han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción número 4 de Huelva.
La presidenta de Huelva Acoge, María Luisa Vélez, abogó ayer por aumentar el número de inspecciones de trabajo, para evitar que se produzcan situaciones de explotación y maltrato a inmigrantes, como el producido presuntamente en esta finca de Gibraleón.
En declaraciones a Europa Press, Vélez consideró que este tipo de actuaciones hay que perseguirlas y por ello indicó que después de un proceso en el que se han podido normalizar a todos los inmigrantes que se encontraban en situación irregular, no vale continuar con esta problemática, por lo que incidió en la necesidad de aumentar el control sobre estas explotaciones.
El alcalde de El Ejido (Almería), Juan Enciso, afirmó ayer que tras la reunión mantenida en la noche del martes "se da el primer paso para la creación de un nuevo partido, cuyo nombre se consensuará entre todos" y descartó la posibilidad de que éste se integre en el Grupo Independiente por Almería (GIAL) porque "no buscamos alianzas con GIAL y, mucho menos, con el PSOE". Enciso insistió en que está dando los pasos necesarios para crear un nuevo partido porque "para mí el PP ya es pasado porque no es razonable cómo se han hecho las cosas, a pesar de lo mucho que he trabajado por el partido".
Además, anunció que enviará una carta a los militantes ejidenses del PP en la que indicará la decisión que ha tomado y los motivos de la misma y en la que explicó que les invitará "a que nos sigan", ya que "que es un honor el que me han dicho que están conmigo".
Enciso no se atrevió a dar cifras del número de posibles bajas de militantes del PP ejidense hasta el momento y sólo ratificó las de los 17 concejales, incluido él mismo, con los que contaba el PP en el Ayuntamiento. De todos modos, apuntó que irá dando a conocer la cifra de personas que decidan darse de baja en el PP y unirse a su proyecto.
También durante el día de ayer, los alcaldes de las localidades almerienses de Dalías y Tabernas, Jerónimo Robles y Rafael Valls, anunciaron sus respectivas bajas en el Partido Popular junto a varios de sus concejales.
La Guardia Civil de Huelva detuvo el pasado lunes a cinco responsables de la ONG Huelva Solidaria, entre los que se encontraba su presidente, Manuel Rodríguez, acusados todos de un delito contra las administraciones públicas y otro de estafa continuada a unos 40.000 inmigrantes socios de la organización, a los que realizaban trámites administrativos que son gratuitos a cambio de dinero. La operación, denominada Comuna, se inició hace un año a raíz de las denuncias presentadas por algunos de estos socios, de origen extranjero, en las que manifestaban haber sido estafados por Huelva Solidaria, que les cobraba ciertas cantidades de dinero por trámites administrativos que en realidad eran gratuitos y que en ocasiones no llegaban ni siquiera a realizarse. Debido al gran número de personas que han podido ser estafadas, hasta más de 40.000, la Guardia Civil ha instado a aquellos inmigrantes que se sientan damnificados a que presenten denuncia.
Las investigaciones siguen abiertas, por lo que no se descartan nuevas detenciones, al tiempo que ya se han instruido las correspondientes diligencias. Tras la aglomeración de denuncias del mismo tipo, según aseguraron fuentes de la Subdelegación del Gobierno, los agentes realizaron un registro por orden judicial en la sede de Huelva Solidaria donde, además de practicar las cinco detenciones, se incautaron de diversos documentos y de un ordenador para proseguir la investigación.
Los detenidos, tras prestar declaración ante la Guardia Civil, quedaron en libertad a la espera de que el juzgado que instruye el caso les cite si lo considera oportuno. De hecho, Manuel Rodríguez, el presidente de la ONG, se encontraba ayer en la sede de Huelva Solidaria, donde seguían acercándose inmigrantes para realizar algún tipo de gestión.
Huelva Solidaria está bajo sospecha de irregularidades desde hace tiempo. Tres integrantes de la ONG -entre ellos su presidente, junto con dos ex colaboradores- ya estaban siendo investigados por el Juzgado de Instrucción número 3 de Huelva, antes de que se ejecutasen estas detenciones, por otro presunto delito de estafa a inmigrantes de hasta 1.500 euros en concepto de viajes que nunca se realizaron. Fuentes cercanas al caso indicaron que el Juzgado de Instrucción número 3 de Huelva se encuentra en este momento a la espera de localizar a dos de los imputados por el anterior caso, que se encuentran en paradero desconocido y que deben ser juzgados, junto a Rodríguez, por un delito de estafa a inmigrantes.
Las mismas fuentes explicaron que las diligencias están "estancadas" desde hace meses. Los dos imputados desaparecidos por la justicia, ex colaboradores de Huelva Solidaria, son Carmen Mihaela y Ludwig Suárez. Según aseguró hace unas semanas el presidente de la organización, "se encuentran en Constanza (Rumanía) y en Bogotá (Colombia).
El juzgado onubense investiga también si, como aseguran algunos inmigrantes, Huelva Solidaria cobraba además por tramitar solicitudes de regularización que no cumplían ninguno de los requisitos exigidos. La ONG cobra a los inmigrantes una cuota mensual de 60 euros "sólo por pertenecer a la asociación", además de 10 para la inscripción por persona, cinco euros para la tarjeta de socio y otros cinco para la copia de estatutos, reglas y normas sociales, según consta en la Tabla de Cuotas Sociales de la ONG para 2005.
Según consta en este documento, los servicios de traductores de Huelva Solidaria cobran 20 euros por traducir una página en lenguas románicas, germánicas, anglosajonas y alfabeto latino; y hasta 30 euros si son lenguas árabes, eslavas o alfabetos no latinos.
Además, la ONG cuenta con un archivo de documentos de socios, de los cuales obtiene un euro al mes por cada documento custodiado. Desde Huelva Solidaria se calcula que "en estos momentos tiene que haber un mínimo de 7.500 expedientes personales de socios y usuarios y unos 20.000 documentos generales", de los cuales se obtiene un euro por mes y documento. Asimismo, en la sede de la ONG se dispone de cinco cabinas personales para que los socios puedan hablar y relacionarse de forma económica con sus gentes, amigos y resuelvan sus problemas a distancia, de los cuales también se obtiene beneficio.
Asimismo, la ONG dispone de salón social, que según se explica en sus estatutos, "viene a ser un lugar donde se darán comidas económicas para gentes migrantes y extranjeras, de estancia lúdica y de reuniones y celebraciones festivas y personales".
Además, se indica que la cuota de gestión es una cuota obligatoria que debe cumplirse expresamente por parte del asociado. "Aquellos socios que no paguen la cuota de socio que le corresponda, la asociación puede reclamar a través de los procedimientos estatutarios y los legales españoles los importes debidos, incrementados con los gastos e intereses correspondientes de acuerdo a la inflación económica que fije oficialmente la autoridad gubernativa". En el documento, se consideran como "cuotas voluntarias las que suscriba el asociado cada año en el mes de enero" y se consideran cuotas obligatorias "las que se aportan para encomendar las gestiones no propias de la ONG". Diario de Cádiz REDACCIÓN huelva.
Respondió así en el pleno del Congreso a la diputada del PP Ángeles Muñoz, quien se mostró convencida de que no se ha cumplido "ninguno de los objetivos" del proceso y preguntó al ministro cómo va a cumplir el Gobierno su compromiso de acabar con la irregularidad y las mafias.
Alonso aseguró que su departamento no se dedica a "especular con cifras" sino a combatir "con toda determinación" la inmigración irregular.
Según explicó, entre enero y abril han sido interceptadas ante las costas españolas 2.726 personas en patera, una tendencia a la baja especialmente clara en Canarias, donde supone un 49% menos que el año anterior; en la frontera con Francia se ha devuelto a 31.126 extranjeros durante el proceso; y en Barajas se ha rechazado a 2.206 inmigrantes en ese periodo, un 28% más que en 2004.
Estos datos demuestran la "máxima eficacia policial" y que los sistemas de control están funcionando "correctamente", destacó Alonso tras subrayar que se están potenciando todos los dispositivos en frontera.
Además de incrementar los controles en la frontera Norte -La Junquera, Port Bou, Canfranc e Irún- y en el aeropuerto de Barajas, recordó que el sistema integrado de vigilancia exterior (SIVE) se desplegará definitivamente en 2006 tanto en la Península como en Canarias.
El titular de Interior subrayó que la política de inmigración española "es coherente con el bloque comunitario: asumimos a los inmigrantes a los que podemos dar trabajo porque son los inmigrantes a los que podemos integrar en nuestra sociedad".
Sin embargo, la portavoz del PP insistió en la necesidad de saber cuántos inmigrantes han entrado de forma irregular durante el proceso de regularización porque, dijo, según la presidenta del Instituto Nacional de Estadística, el 1 de enero había 3,7 millones de extranjeros y "a fecha de hoy hay más de cuatro millones".
Alonso avaló los "cálculos de Estadística", pero consideró que la interpretación que la diputada hacía de ellos era "mala, pues no sabe si está hablando de extranjeros que han entrado o de gente que ya estaba y que ha aflorado" apuntándose al padrón.
Alonso asegura que su departamento no se dedica a "especular con cifras" sino a combatir "con toda determinación" la inmigración irregular
Hasta abril han sido interceptadas ante las costas 2.726 personas, una tendencia a la baja especialmente clara en Canarias, donde supone un 49% menos
La Asamblea para la Regularación de Inmigrantes denunció un "aumento de la presión policial" en Barcelona que "incluso" ha acabado con la detención de inmigrantes con la solicitud de papeles en trámite, pero sin certificado de empadronamiento. El 10 por ciento de las 7.000 empresas y particulares de Cataluña investigados por la Inspección de Trabajo durante el proceso extraordinario de regularización de inmigrantes habían presentado solicitudes de normalización fraudulentas, según informó en un comunicado la Delegación del Gobierno.
Un portavoz de la Asamblea, Jamal, criticó que "una cantidad importante" de inmigrantes en esta situación han sido detenidos y trasladados al centro de acogida de inmigrantes de la Verneda, donde muchos han recibido una orden de expulsión.
Los representantes de la asociación, que impulsó los recientes encierros de inmigrantes en Barcelona y su área metropolitana, pidieron a los agentes que respeten el plazo de la totalidad del proceso de regularización, que acabó el pasado 7 de mayo pero que hasta junio no hará público las solicitudes aceptadas.
Por ello, denunciaron que esta "presión policial", además de acabar con la expulsión de personas en trámite de regularización crea una situación de "miedo" a los inmigrantes.
NUEVA ASOCIACIÓN PARA LA LUCHA DE LA INMIGRACIÓN.
Además anunciaron la creación de una nueva asociación que constituya un "referente" en la lucha de la inmigración de forma "permanente" y "autoorganizada" y que, de este modo, aglutine un "más amplio apoyo social".
Uno de los portavoces, Rocco Rossetti, señaló que la nueva asamblea, "independiente" e "intercomunitaria", tendrá como objetivo "combatir el racismo" y garantizar "todos los derechos de los inmigrantes", más allá del de su regularización.
Así, señaló que el organismo se basará en la defensa permanente de los "plenos derechos, sin limitaciones, de toda persona que viva y que elija vivir en este país".
Además, la asamblea se propone aglutinar el máximo apoyo social "para hacer posible un cambio sustancial de la política migratoria", en el marco de la Ley de Extranjería, que "se basa en la expulsión", añadió.
CONTINUIDAD
De este modo, los miembros de la asociación darán "continuidad" a la lucha de los encerrados, que en Barcelona superaron las 400 personas a principios de este mes, señalaron ambos representantes.
Actualmente, los organizadores trabajan en la elaboración de las bases programáticas y el funcionamiento del nuevo ente, así como en las nuevas manifestaciones y movilizaciones.
Los representantes cifraron en 300.000 personas, el número de inmigrantes censados en Cataluña que no pudieron presentar su solicitud para acogerse al reglamento. En el resto de España, la cifra es de 800.000 personas, según la asamblea, que a su vez denunció una "manipulación" de los datos por parte del Gobierno.
Por ello, los portavoces se preguntaron por el futuro de los "centenares de miles" de inmigrantes que no serán regularizados y por los "centenares de miles" de personas que han legalizado su situación como empleados del hogar --el 62% en Cataluña-- a cambio de pagarse la Seguridad Social cuando se incorporen a otra rama de trabajo.
Con respecto a este último colectivo, los portavoces de esta plataforma trasladaron su preocupación por "la falta de concreción" de la Ley de Extranjería, que "no explica qué va a pasar con un inmigrante que se incorpore a otra rama de trabajo".
En adelante, la ley prevé como requisitos para la obtención de papeles el arraigo laboral de dos años y la demostración a través de una sentencia judicial o acta de inspección de llevar en España más de un año.
También contempla como alternativa el arraigo social, que exige tres años de estancia en el país, además de contrato de trabajo, relaciones familiares o certificado de arraigo social.
La Comisión Nacional Antiviolencia acordó proponer una multa de 10.000 euros y la prohibición de acCeder a los recintos deportivos durante cinco meses a cada uno de los siete seguidores radicales del Atlético de Madrid que el día 19 irrumpieron por la fuerza en el entrenamiento de la plantilla y amenazaron a los jugadores.
La Comisión señala en su nota que los siete seguidores han sido ya identificados por las fuerzas de seguridad y que el castigo se produce por "derribar la valla del recinto donde se entrenaba el equipo e intimidar, insultar y amenazar a los pofesionales". El club presentó la denuncia el viernes, pero en ésta sólo se hace mención a los insultos ("mercenarios, cabrones, no teneis huevos"), sin mencionar el derribo de la valla ni las amenazas de muerte que recibió el entrenador de porteros, Miguel Bastón.
Según fuentes de la Guardia Civil de Majadahonda, "los demandados soló podrán ser acusados de un delito de injurias leves, y tampoco está claro que el juez admita el procedimiento porque la denuncia debería haber sido puesta por los propios injuriados (jugadores y técnicos) y no a través de parte (el club)".
El Atlético ha anunciado que expulsará del club a los causantes del incidente y también, de paso, al presidente del grupo opositor Señales de Humo, José Luis Sánchez Ayuso, al que acusa de un altercado en las inmediaciones del palco del Calderón durante el último partido disputado, Atlético de Madrid-Betis.
LA VANGUARDIA DIGITAL CARLOS NOVO - 26/05/2005 MADRID
"Los gobiernos no están cumpliendo su promesa de establecer un orden mundial basado en los derechos humanos, sino que están siguiendo una nueva y peligrosa agenda en la que se utiliza el lenguaje de la libertad y la justicia para aplicar políticas de miedo e inseguridad", afirma la secretaria general de Amnistía Internacional (AI), Irene Khan, que ayer presentó en Londres el informe anual de la organización de defensa de los derechos humanos.
El informe anterior y la presentación que hizo entonces Kahn fueron demoledores al denunciar los efectos de la llamada guerra contra el terror. Exactamente un año después, AI corrobora lo dicho. "El mundo se ha vuelto más peligroso", decía Khan, por culpa del terrorismoy de la "agenda de seguridad global" promovida por Estados Unidos para darle respuesta, dando como resultado "el mayor ataque a los derechos humanos y el derecho internacional en más de medio siglo". Ayer, la secretaria general de AI insistió en que "los gobiernos rehúsan interrogarse sobre la ineficacia de su acción contra el terrorismo y se obstinan en aplicar estrategias manifiestamente inoperantes pero cómodas en el plano político".
En un año, el 2004, de nuevo trágico, los atentados del 11-M en Madrid y la escuela de Beslán, en territorio ruso, serían la prueba de que "EE.UU. y sus aliados persisten en estrategias ineficaces" contra el terrorismo, cuyo incremento supone "una verdadera escalada de la barbarie", como se ha podido constatar asimismo en "la decapitación televisada de cautivos en Iraq".
De la mencionada "nueva agenda" se desprende un elemento inquietante relativamente reciente: el uso de un neolenguaje que intenta "redefinir la tortura para hacerla admisible". Es decir, al alud de críticas y denuncias por la tortura de prisioneros en las cárceles de Abu Ghraib y Guantánamo, el Gobierno de Washington -al que Khan acusó de "bancarrota moral" y de "falta de liderazgo, de visión y de principios"- estaría legalizando la tortura mediante nuevas definiciones: "manipulación sensorial", "posturas estresantes" o "presión física moderada" encubren conceptos como no dejar dormir al prisionero, mantenerlo encapuchado y de pie durante horas o días, o simplemente golpearlo. Estas "técnicas de mejora de los interrogatorios", tienen su origen "en las practicadas en el Ulster en los años setenta o en Israel en los noventa", recordó ayer en la presentación del informe en Barcelona el presidente de AI-Catalunya, Alfonso López. "El propio fiscal general, Alberto González -el ministro de Justicia estadounidense-, ha hablado de presión medioambiental, y este tipo de mensajes está calando en países como Pakis-tán o Egipto, adonde se han trasladado presos de Guantánamo para ser interrogados". La prisión estadounidense en la isla de Cuba, por cierto, es definida por Irene Khan como "el gulag de nuestro tiempo".
Pero no todo fue negativo en el 2004. Amnistía destaca que instancias judiciales en Gran Bretaña y EE.UU. pidieron el fin de los encarcelamientos extrajudiciales. Los law lords -la alta instancia jurídica británica- han declarado "ilegal y disciminatoria" la detención de extranjeros sospechosos de terrorismo sin plazo, cargos ni proceso. Y en el haber de la defensa de los derechos humanos hay que anotar también nuevas adhesiones al Tribunal Penal Internacional y a la abolición de la pena de muerte, y avances legislativos en Turquía y Marruecos.
LA VANGUARDIA DIGITAL FÉLIX FLORES - 26/05/2005 BARCELONA
Un efecto archisabido de la inmigración es que enriquece la realidad, aunque otros prefieren decir que la complica, la dificulta. Un sacerdote andaluz bromeaba hace unos días con el hecho de que si el matrimonio ya es de por sí difícil, peor será entre personas que profesan distintos credos. El caso es que la presencia de inmigrantes hace que cada día haya más parejas mixtas. Tantas, que párrocos de Huelva, donde los freseros promueven todas las primaveras la llegada de miles de mujeres de otros países, principalmente del Este, han pedido instrucciones al obispado sobre cómo actuar.
Lo primero que se observa en muchos pueblos con importante presencia de inmigrantes del Este y Sudamérica es que las parroquias han cobrado inusitada vida. Ya no son, como en los últimos años, sólo las personas mayores del pueblo las que acuden a misa. Dicen los párrocos que los andaluces son católicos, pero sólo para las celebraciones. En cambio, los inmigrantes son, en ese sentido mejores católicos, aunque muchos sean de credos diferentes al catolicismo. Las polacas son las más habituales, en especial si oficia la ceremonia un sacerdote que habla su idioma, pero también acuden decenas de ecuatorianos. Son ya muchas las bodas y los bautizos promovidos por inmigrantes.
Y entonces llegan las dudas. ¿Cómo se procede cuando uno de los contrayentes es católico y el otro ortodoxo? ¿Cómo, si uno de los dos reclama que la ceremonia se efectúe según los cánones del rito bizantino? ¿Puede un sacerdote católico casar a ortodoxos? ¿Bautizar a un hijo de padres ortodoxos? ¿Pueden casarse si ella es musulmana y él cristiano? ¿Qué papeles son necesarios? ¿Tienen que estar bautizados los contrayentes? ¿Un viudo perteneciente a la Iglesia ortodoxa puede volver a casarse? ¿Quién tiene que autorizarlo? Demasiadas preguntas para muchos párrocos cuya labor estaba casi siempre marcada por la rutina.
Hace años, cuando dos novios entraban por la puerta de la parroquia con intención de casarse, el sacerdote solía saber casi todo de ellos y, si no, tenía pocas posibilidades de sorprenderse. Seguro que estaban bautizados y casi la única duda era sobre su asiduidad a los actos religiosos de la parroquia. Tramitar los papeles era una rutina sin especiales complicaciones y, por supuesto, sin sobresaltos. Ahora las cosas han cambiado y muchos sacerdotes se encuentran ante situaciones inéditas. A veces desconocen los trámites, dónde pedir los certificados, cuáles son las normas de derecho, los ritos...
Los documentos son muchos y todos tienen que ir acompañados de una traducción oficial.Con frecuencia, a los párrocos locales no les queda más remedio que recurrir a sacerdotes de otras confesiones de los que suelen asistir a los inmigrantes. Sólo en la provincia de Huelva hay ya media docena de sacerdotes venidos de los países de Este, tres de ellos polacos. Cuando tropiezan con un problema mayor recurren a Teófilo Molvodán, patriarca ortodoxo que tra-baja como adjunto para los inmigrantes en la Conferencia Episcopal Española. La envergadura de estos asuntos ha llevado al Vaticano a designar al obispo ucraniano Halib Lonchyna como responsable de inmigración para España, Francia e Irlanda.
La mayoría de las bodas mixtas registradas en Huelva son entre hombres españoles y mujeres polacas, el colectivo más numeroso en la campaña de la fresa. En esos casos no hay más problemas que el trámite de los papeles, porque ambos son católicos. Más dificultades hay con las rumanas o ucranianas, generalmente ortodoxas de distintos panios triarcados. Incluso en Ucrania hay división: los adeptos al patriarca de Kiev y los del patriarca de Moscú, con normas y sistemas burocráticos diferentes. En estos casos, las bodas requieren autorización expresa del obispo de la diócesis y un largo y complejo papeleo que puede durar de tres a cinco meses, según las relaciones que mantengan las distintas jerarquías religiosas.
Los matrimonios encuadrados en diferentes ramas del cristianismo entran en lo que la Iglesia denomina "matrimoporque de mixta religión". En términos informáticos podría decirse que son sistemas compatibles.Más trabas encuentran quienes pertenecen a religiones diferentes, o incluso un no bautizado con una bautizada. Son lo que la Iglesia denomina supuestos "de disparidad de culto", en cuyo caso suele haber impedimento para que se produzca el enlace. En caso de ser autorizado requiere la mediación de una dispensa del obispo. De disparidad radical es el supuesto de un matrimonio entre un contrayente musulmán y el otro cristiano. Lo más probable es que no haya boda en una parroquia, sino en un juzgado. O, lo más probable, que la boda se celebre según el rito islámico.
Las dudas aumentan con los bautizos, que empiezan a proliferar, de niños cuyos padres profesan diferentes religiones. La complejidad y diversidad de casos ha obligado al obispado a organizar reuniones con los párrocos de los pueblos freseros (Palos de la Frontera, Lepe, Moguer, Cartaya.). Entre otras cosas les han distribuido un escrito con instrucciones sobre el procedimiento que seguir cuando unos padres ortodoxos piden a un sacerdote que bautice a su hijo.
Casi todo es posible con buena voluntad y paciencia para desentrañar la maraña burocrática. Las dificultades serán mayores cuanto más alejadas (y no sólo geográficamente) estén las iglesias de los contrayentes, en derecho, en dogmas o en ritos. El padre Dimitro Sauchuc, de origen ucraniano, celebra misas, bodas, bautizos y comuniones de rito bizantino en varias parroquias de Huelva, Córdoba, Sevilla y Cádiz. Sauchuc no es partidario de las bodas mixtas. De hecho, él pide a uno de los contrayentes que se pase a la religión del otro para evitar problemas futuros. La razón es que "tarde o temprano, las divergencias surgen y los hijos tienen que decidir entonces entre adoptar el credo de uno o de otro". Al final, lo más común es que impere el credo del cónyuge español por la influencia del entorno cultural y familiar. Así empieza la asimilación cultural.
La Policía Nacional ha desarticulado una trama de empresarios de la construcción de Sabadell que presuntamente extorsionaba a inmigrantes dándoles trabajo y ofreciéndoles regularizar su situación a cambio de dinero. La policía detuvo a dos españoles y tres magrebíes.
Según fuentes de la investigación, la policía detectó irregularidades en una obra en Santa Perpètua de Mogoda, de una conocida constructora y que tenía contratadas 25 empresas para la albañilería, pintura y electricidad. Una de las firmas, Construcciones Rachid, tenía siete trabajadores con el mismo número de identificación de extranjero. La policía les interrogó y dijeron que no tenían permiso de trabajo ni de residencia y que los empresarios lo sabían. Dos aseguraron que para regularizarlos los empresarios les exigieron 5.000 euros. Los detenidos son dos propietarios de la empresa, un autónomo que empleaba a trabajadores de dicha constructora (todos ellos ya en libertad con cargos tras prestar declaración ante el juez) y dos empleados de una gestoría, que deben declarar ante el juez.
LA VANGUARDIA DIGITAL LA VANGUARDIA - 23/05/2005 Europa Press. SABADELL
De la crisis a la ruptura total. El PP se ha quedado sin representación alguna en los ayuntamientos almerienses de El Ejido y Dalías después de que la totalidad de los concejales populares de ambos municipios se solidarizasen con sus respectivos alcaldes, Juan Enciso y Jerónimo Robles, y anunciasen su decisión de abandonar el partido tras los expedientes de expulsión abiertos el pasado viernes por la dirección provincial del PP a ambos regidores, los cuales ya se han dado de baja en el partido. Los 17 concejales del PP de El Ejido, que forman mayoría absoluta en el Consistorio, emitieron ayer un comunicado en el que señalaron que "el Ayuntamiento de El Ejido ya no lo gobierna el PP".
La decisión de los ediles populares se produce después de que el Comité Provincial del PP haya solicitado al Comité de Derechos y Garantías del partido "la baja cautelar de militancia" de Enciso por negarse a apartar de sus cargos en el Ayuntamiento y en la dirección local al presidente de la Diputación, José Añez, expulsado en abril del PP.
En la misma tónica, el alcalde de Dalías, Jerónimo Robles, afirmó que los concejales del gobierno municipal del PP secundarán la iniciativa de los ediles populares en El Ejido. En declaraciones a Europa Press, Robles explicó que sus concejales convocarán el próximo miércoles una rueda de prensa para "explicar los acontecimientos" relativos al expediente de expulsión impulsado por el PP almeriense en su contra por negarse a destituir al vicepresidente tercero de la Diputación, Ángel Díaz.
La dirección del PP-A optó por restar trascendencia a lo ocurrido. Mientras su presidente, Javier Arenas, declinó hacer declaraciones, su secretario general, Juan Ignacio Zoido, aseguró que "a partir de ahora no existe problema en el seno de la formación en El Ejido".
Los dos polizones que fueron detenidos en la tarde del domingo en el muelle de la ciudad, cuando trataban de entrar ilegalmente en España, fueron devueltos en la misma noche a Marruecos a bordo del buque en el que viajaron clandestinamente, según informaron ayer fuentes policiales y de la Guardia Civil. Los dos hombres, de nacionalidad marroquí, fueron detectados por agentes de la Guardia Civil que vigilaban las labores de descarga del buque Hornbeam, de bandera chipriota. Los polizones se arrojaron al mar y trataron de esconderse debajo de la rampa de acceso a los barcos. Uno de ellos subió al muelle por su propio pie, mientras que el segundo fue rescatado por un agente de la Guardia Civil.
Ambos hombres fueron trasladados al hospital Puerta del Mar, al sufrir heridas de carácter leve. Unas horas después, los dos embarcaron en el buque, con destino a Casablanca, para ser repatriados.
La secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, recalcó ayer que los inmigrantes sin posibilidad de acogerse a las vías de regularización previstas en el Reglamento de Extranjería deberán dejar el país, y avanzó que a partir de junio comenzarán los trabajos para elaborar el futuro plan de integración. Rumí explicó que si esas personas abandonan España "voluntariamente no se les aplicará la sanción que les impida volver en algunos de los contingentes que se establezcan para sus países de origen". Las expulsiones, dijo, "se hacen de manera totalmente discreta igual que se va hacer con la persecución de todo aquel que no cumpla las normas; tenemos un plan de choque de Inspección de Trabajo y todas estas acciones se realizarán de forma discreta, teniendo en cuenta la situación y dando la oportunidad de que estas personas se acojan" al arraigo laboral, arraigo social o a razones humanitarias.
Respecto al arraigo laboral (dos años de estancia y contrato), indicó que "lo puede hacer el inmigrante, a través de un proceso de una demanda, y también la Inspección de Trabajo va a denunciar a través de visitas a los centros de trabajo.
Reyertas y apuñalamientos en las puertas de las discotecas, altercados en los patios de los colegios, vandalismo en las calles de las grandes ciudades, incidentes en los campos de fútbol, peleas entre bandas juveniles y agresiones a minorías étnicas y homosexuales. Estas actitudes intolerantes cada vez son más frecuentes en España, una tendencia que se ha visto acentuada por la cada vez mayor presencia de inmigrantes en el país. A falta de estadísticas oficiales que recojan todos estos actos delictivos, Movimiento contra la Intolerancia elabora informes periódicos que demuestran, a través de los sucesos publicados y denuncias policiales, que el racismo, el antisemitismo y la delincuencia juvenil son problemas que requieren una respuesta por parte de la sociedad.
Según los datos recopilados por esta ONG, cada mes se registran una media de setenta incidentes graves de este tipo en España, un 10 por ciento en Andalucía. El análisis de todo el año pasado advierte que, fundamentalmente, se trata de actos vandálicos en zonas urbanas, seguidos de incidentes protagonizados por menores y bandas juveniles y agresiones discriminatorias hacia personas de otras etnias, prostitutas y homosexuales.
Uno de cada ocho incidentes tiene lugar, según el estudio, en las puertas de las discotecas, destacando especialmente los establecimientos de la Comunidad Valenciana, Castilla y León y Andalucía. Mientras que la violencia en el deporte es cada vez más creciente y, durante 2004, se registraron 20 incidentes en estadios deportivos.
En este sentido, el Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia advirtió hace unos meses del uso de esvásticas entre grupos de extrema derecha y seguidores ultras de equipos de fútbol, aunque los incidentes de carácter antisemita no son comparables con los registrados en Reino Unido, Francia o Alemania.
Los especialistas observan, además, que el fenómeno de la violencia tiene su reflejo en los conflictos escolares y casos de acoso en las aulas que han aflorado recientemente y, de hecho, el informe de Movimiento contra la Intolerancia recoge más de cuarenta incidentes protagonizados por escolares y alerta del importante incremento de los delitos cometidos por menores.
Las denuncias demuestran que los delitos de hurto y robo están dando paso a actitudes violentas de tribus urbanas cuyo fin único es el desprecio a los distintos. Los incidentes que tienen que ver con actitudes xenófobas y ataques raciales representan una cuarta parte de estos sucesos en España. De hecho, episodios violentos en el municipio almeriense de El Ejido y en las provincias de Huelva y Jaén, donde se concentra un importante número de inmigrantes, han puesto en alerta a las autoridades por el riesgo de nuevos brotes racistas que también han aflorado en zonas industriales del Levante, donde se concentran negocios y fábricas regentadas por inmigrantes de origen asiático.
No obstante, al margen de estos hechos constatables, el vínculo entre inmigración y delincuencia tiene también mucho que ver con la percepción de los propios españoles. Seis de cada diez jóvenes opina que la llegada de extranjeros provoca un aumento de los delitos, según las últimas encuestas del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Más del 80 por ciento considera que la violencia está bastante extendida en la sociedad y casi uno de cada cinco la percibe en su entorno cercano. Los sondeos revelan que, aunque seis de cada diez jóvenes no encuentran ninguna razón que justifique el uso de la violencia, casi una cuarta parte recurriría a ella para defenderse ante una agresión.
Jóvenes, agresiones, inmigrantes... todos estos elementos confluyen en el último capítulo violento vivido en España y que ha activado de nuevo las alertas de las autoridades ante el temor de una oleada de racismo: la muerte del joven de 17 años Manuel González a manos de un dominicano de 19 años en Villaverde (Madrid). "Este asesinato se produjo en el contexto de una pelea entre los dos jóvenes, originada tras un absurdo enfrentamiento al dar un cachete la víctima a otro menor de 13 años, primo del presunto asesino, porque le había mojado con agua de una fuente; ni fue un ataque de bandas latinas, ni un crimen por ser español, ni tuvo otra razón que la desgraciada violencia juvenil que se convierte en irreparable cuando se porta una navaja", comenta Esteban Ibarra, presidente de Movimiento contra la Intolerancia, que se sorprende de la ola racista provocada por esta muerte. Algo que, según la ONG tiene una clara explicación: Es un barrio con problemas sociales "abandonado" por las instituciones, los medios señalan a los grupos latinos, un impacto mediático que hace que grupos ultraderechistas y xenófobos propagan una campaña contra los inmigrantes a base de carteles, pintadas y contacto con jóvenes del barrio.
"Estos sucesivos actos racistas en Villaverde revelan, en definitiva, la gravedad de los hechos en sí, pero también las insuficiencias institucionales para prevenir y atajar los numerosos problemas sociales que concurren", comenta Ibarra quien, al igual que el Defensor del Menor, Pedro Núñez Morgades, coincide en señalar que la violencia urbana no es simplemente un problema policial, sino social y requiere actuaciones integrales.
El que fue subdelegado del Gobierno en Lleida con el PP, Joan Barios, y otros tres altos cargos de la Oficina de Extranjería entre los años 2001 y 2003 han sido encartados como imputados en una causa judicial que investiga la supuesta tramitación irregular de papeles a extranjeros.
Joan Barios y los otros ex altos cargos que tenían responsabilidades en Extranjería de Lleida cuando el primero era subdelegado del Gobierno en esta provincia se han visto salpicados en una investigación en la que están ya imputadas otras tres personas -consideradas intemediarios- a las que se acusa de haber cobrado entre 2.500 y 6.000 euros a inmigrantes a cambio de agilizar los trámites para su regularización. El juez que investiga el asunto debe aún determinar si las indicaciones que constan escritas a mano en más de 150 expedientes de regularización de inmigrantes son de Barios o de alguna de las personas a las que el ex subdelegado del Gobierno de Lleida nombró para dirigir la Oficina de Extranjería.
En caso de quedar probadas todas estas sospechas, los ex altos cargos del PP podrían ser acusados de los delitos de prevaricación, tráfico de influencias o de delito contra los derechos de los trabajadores. En las últimas semanas el juez de Lleida encargado de este caso ha interrogado a media docena de intermediaros -la mayoría extranjeros- que captaban a los inmigrantes y les ofrecían, supuestamente, la posibilidad de agilizar sus trámites en la Oficina de Extranjería a cambio de dinero. Barios ha asegurado, en declaraciones hechas al diario Segre,que está muy tranquilo de su gestión de 8 años al frente de la Subdelegación del Gobierno en Lleida.
LA VANGUARDIA DIGITAL JAVIER RICOU - 22/05/2005 LLEIDA
Esta antigua terminal aeroportuaria, que funcionó con estas funciones entre octubre de 1999 y diciembre de 2003, estaba preparada para acoger a unas 100 personas, y, sin embargo, llegó a albergar a más de 1.000.
Desde su apertura como centro de retención, la antigua terminal estuvo marcada por la polémica. Tal es así, que incluso llegó a denominarse Guantánamo 2, en referencia a la cárcel que Estados Unidos mantiene en Cuba para supuestos terroristas.
Organizaciones como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Médicos Sin Fronteras o Cruz Roja denunciaron las condiciones infrahumanas en las que se encontraban estas personas.
Los inmigrantes dormían en colchones o encima de las cintas transportadoras de equipaje, apenas había retretes o duchas y no existían sistemas de ventilación.
De centro de retención a estacionamiento de aviones
El derribo del inmueble se debe a las obras de ampliación que se están realizando en el aeropuerto.
En concreto, se trata de la segunda fase de construcción de la plataforma norte de estacionamiento de aeronaves.
El presupuesto para esta obra es de 6.283.912,56 euros y su plazo de ejecución es de 16 meses.
La nueva plataforma norte tiene unas dimensiones de 390 por 150 metros (58.500 metros cuadrados), y añadirá seis plazas de estacionamiento adicionales en el actual aparcamiento de aeronaves.
Las actuaciones de la segunda fase incluyen obras complementarias como: márgenes y vías de servicio, balizamiento, iluminación, señalización horizontal y vertical, tratamiento de aguas hidrocarbonadas y reposición de servicios afectados.
El proyecto contempla también la construcción de una nueva terminal, torre de control y nuevos estacionamientos.
Los inmigrantes dormían en colchones o encima de las cintas transportadoras de equipaje, apenas había retretes o duchas y no existían sistemas de ventilación
Organizaciones como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Médicos Sin Fronteras o Cruz Roja denunciaron las condiciones infrahumanas en las que se hallaban estas personas
Canarias Ahora .com EFE. Puerto del Rosario (Fuerteventura)
El presidente de la Asociación de Trabajadores e Inmigrantes Marroquíes (ATIME), Mustapha el Mrabet, calificó de "muy positiva" la aprobación en el Consejo de Ministros de una partida de 120 millones de euros para el Fondo de Integración de Inmigrantes, "para ayudar a las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos a reestructurar unos servicios públicos que tienen que cubrir las necesidades de una población que ha aumentado debido a la inmigración".
Según Atime, algunos ayuntamientos con una masa de población inmigrante importante necesitan estos fondos para "equilibrar la balanza" y seguir prestando los servicios "sin provocar la sensación de que los más beneficiados de las prestaciones son los inmigrantes y los hijos de los inmigrantes". Como es el caso de ayuntamientos de Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía que recibirán casi el 70% del presupuesto, ya que reciben mayor número de inmigración.
AUMENTO DEL PIB
Asimismo, recomendó que esta aportación no se presente ante la opinión pública como "el dinero que nos cuestan los inmigrantes", más aún ahora que los datos económicos han puesto de manifiesto la aportación de su trabajo al crecimiento del PIB nacional, ni como objeto de confrontación política, ya que "debería ser motivo de orgullo el que los inmigrantes, incluso en situación irregular, puedan beneficiarse en España de asistencia sanitaria".
Por último, pidió al Gobierno que vaya incrementando estos fondos al ritmo de las necesidades y en función de los aumentos de la población, para evitar polémicas. "No queremos que se genere un debate en el que se parta de la base de que los inmigrantes colapsamos los servicios, porque esto no es así", dijo. Para ello, sugirió que en la distribución de estas ayudas se cuente con las asociaciones de inmigrantes que existen en España y que conocen de primera mano sus problemas y necesidades.
La última regularización de inmigrantes ha provocado un efecto llamada. Lo reconoce la Delegación del Gobierno en Catalunya y es una evidencia en la calle. La Rambla del Raval estaba el viernes llena de inmigrantes llegados a Barcelona hace tan sólo unas semanas en busca de papeles --sin fortuna, por el momento--. Muchos de ellos llevaban ya algún tiempo en Europa. La mayoría residía en algún país del denominado territorio Schengen --Francia, Italia y Bélgica, principalmente--, que ha suprimido las fronteras interiores desde hace una década. En el Raval se encontraba el paquistaní Rayach R., de 31 años, que llegó hace cinco semanas procedente de Bélgica, donde tiene a su familia más allegada. "Estaba en Bruselas cuando escuché lo de la regularización en España", admitió sin reservas en la terraza del bar de un compatriota suyo. Allí, aunque no tenga dinero, no le falta un shawarma ni un Seven Up.
Mensaje de las mafias El inmigrante paquistaní vive hoy en un pisito de Badalona junto a otros 12 compatriotas, procedentes de Italia, Francia y Grecia. Todos han venido por idéntico motivo. Rayach afirmó no albergar ninguna esperanza de que le den la residencia, porque "sería como ganar en la bonoloto". Sin embargo, dijo que no pensaba irse, aunque tenga que malvivir un tiempo en la economía sumergida: "Además, todo el mundo sabe que en España hay una regularización cada dos o tres años". Es el mensaje que difunden las mafias para no perder clientela. Pau González, portavoz de CCOO, se quejó de la orfandad de datos oficiales y aseguró que por la frontera de La Jonquera han entrado recientemente más de 60.000 inmigrantes. Una cantidad similar es barajada por entidades sociales y asociaciones de inmigrantes. Otros extranjeros han entrado en el país en avión o barco con los documentos de algún familiar residente en España, y una vez aquí tratan de conseguir los suyos. Los documentos del pariente acostumbran a enviarse primero a Marruecos --o cualquier otro país-- con algún amigo que hace de enlace o, sencillamente, se mandan por mensajero o a través de Correos. Es el caso de Mohamed J., de 22 años. "Mi hermano me escribió una carta durante la fiesta del cordero, que celebramos en febrero, después de Ramadán. Dentro estaba su permiso de residencia y su pasaporte. Fue una gran alegría para mí. No me lo pensé ni un segundo. Hice la maleta y me vine", relató.
Economía sumergida Han pasado poco más de dos meses y las cosas han cambiado poco para Mohamed J.. No ha conseguido los papeles en esta última regularización, pero confía hacerlo en una próxima. "Mi hermano los consiguió a la tercera. Lo importante es estar en Europa para poder buscarte la vida". Mientras tanto, Mohamed trabaja sin papeles. Mejor dicho, con los papeles de su hermano. Se da la circunstancia de que la misma documentación sirve para que Mohamed trabaje de panadero, de una a tres de la tarde, y para que su hermano haga de albañil durante todo el día. Es decir, formalmente, hay un marroquí que trabaja día y noche. Las jornadas se solapan. Hay dos cotizaciones en la Seguridad Social. "Sí, figura que mi hermano trabaja 24 horas y que yo estoy en Marruecos", subrayó con cierta socarronería. Se pone más serio cuando aborda las duras condiciones laborales por apenas 600 euros al mes. "Claro que en mi país cobraba 150 ", agregó. Mohamed J. comparte mesa y patatas fritas en un bar de Ciutat Vella con Hohssine Habul, un estudiante marroquí de 21 años que ha conseguido los papeles en el último momento. El joven explicó su infierno de tres años. Trabajó unos meses en una panadería cerca de Arenys y le pagaban unos 350 o 400 euros por 14 horas diarias. No le quisieron firmar los papeles y fue a buscar ayuda en su familia de Terrassa. Tiene parientes con empresas constructoras y de hostelería. También quisieron explotarle, denunció: "Me exigieron 5.000 euros por una firma y 3.000 más para pagar la cotización de la Seguridad Social". Cuando el tiempo se extinguía apareció un hombre que le pareció caído del cielo, Jaume Serra, vicepresidente de los hoteleros de Catalunya, que le dio trabajo en el Hotel Barceló Sans. El martes comienza como camarero y con el carnet de residencia en la mano. Habul comparte mesa con Zakaria H, de 19 años, mecánico de coches; Ismael Z., de 30, estudiante de Derecho, y Najat K. de 23, camarero, que han llegado en las últimas semanas. Dicen estar dispuestos a "vivir en la clandestinidad" hasta que les normalicen. Dentro de un año, dos o los que sean.
El Periódico do.22 may. 2005 JORDI CORACHÁN BARCELONA
La irrupción, el jueves, de un grupo de 11 ultras del Atlético de Madrid en un entrenamiento de su equipo para increpar y amenazar a jugadores y técnicos es otro episodio más en la peligrosa escalada de la violencia en el fútbol español. Lo peor en este caso, como en otros precedentes, ha sido la tibia reacción de la directiva de la entidad y de las autoridades deportivas ante unos hechos gravísimos en los que se puso en riesgo la integridad de los profesionales del Atlético. Resulta a estas alturas muy desalentador que haya clubs que sigan amparando a grupos violentos de ideología de extrema derecha. Es el caso del Atlético de Madrid, que ha tardado 24 horas en presentar la oportuna denuncia por los hechos del jueves. Todos en el club saben quiénes eran los energúmenos que rompieron las vallas y, en actitud chulesca, amenazaron a jugadores y técnicos, pero nadie se ha atrevido a dar sus nombres, tal vez porque forman parte de un grupo, el Frente Atlético, que ha prestado sus servicios durante años a los dirigentes. Algo parecido ocurría en el Barça, y el actual presidente lucha por evitarlo, incluso con riesgos personales. La de Laporta es la buena senda para acabar con los actos fascistas en los estadios.
