PROCESO DE REGULARIZACIÓN
ONG advierten que un 25% de inmigrantes quedarán excluidos si
sólo se admite el padrón
TRAMITADAS MÁS DE 48.000 SOLICITUDES EN DOS SEMANAS
Las ONG's relacionadas con los inmigrantes advirtieron en
rueda de prensa celebrada en Madrid de que entre un 20 y un 25 por ciento de los
extranjeros irregulares en España quedarán fuera del proceso de regularización,
si el Gobierno sigue admitiendo únicamente el certificado de empadroanmiento
para poder cursar la solicitud de acogerse al proceso.
Por este motivo, piden al Gobierno que "flexibilice los
criterios" y permita la presentación de visados de entrada, tarjetas sanitarias,
el abono transporte, o recibos de pago de alquiler de la luz, por ejemplo. "Si
no cambian las condiciones este proceso está abocado al fracaso, por lo que
exigimos al Gobierno que garantice el éxito del proceso de normalización",
reclamó el presidente de ATIME, Mustafá Mrabet.
En este sentido, estos colectivos --entre los que figuran
ATIME, Rumiñahui, Asociación de Chinos en España, ARI-Perú y Asociación de
Rumanos-- han solicitado una reunión urgente con el ministro de Trabajo y
Asuntos Sociales, Jesús Caldera, y con la secretaria de Estado de Inmigración y
Emigración, Consuelo Rumí, para evitar que este proceso sea un fracaso, y
pidieron también al PP que deje de realizar manifestaciones racistas y
xenófobas.
Los inmigrantes tienen "bastantes problemas" para obtener
certificados de empadronamiento, ya que "algunos funcionarios se niegan a
admitir la solicitud presentada y actúan como subdelegados del Gobierno, pero
los funcionarios no tienen autoridad administrativa para rechazar 'in situ' la
solicitud", dijo Mrabet.
De esta forma, al no poder presentar la solicitud no se podrá
recurrir posteriormente el rechazo, en caso de que se produzca, y quedarán en
situación irregular, expuso la presidenta de AESCO, Yolanda Villavicencio, quien
denunció la posible vulneración de la Ley de Procedimiento Administrativo. Uno
de los ejemplos de rechazo en ventanilla de la solicitud de certificado de
empadronamiento es que en la misma vivienda habiten más de 10 personas.
Además, pidieron al Gobierno que arbitre "mecanismos de
protección al inmigrante frente a algunos empresarios irresponsables que evaden
su obligación de contratación regular bajo intereses de mayor beneficio",
indicaron en el comunicado conjunto. En esta línea, denunciaron numerosos
despidos y criticaron que hasta agosto no se puedan denunciar estos despidos,
fecha de finalización del proceso de regularización.
DENUNCIAS AL DEFENSOR DEL PUEBLO
Las organizaciones anunciaron que en caso de que el Gobierno
no cambie sus criterios, presentarán al Defensor del Pueblo las denuncias de
presuntas irregularidades y despidos. Y llamaron la atención sobre la bolsa de
personas irregulares que habrá, en situación de explotación y fuera de la ley.
En el comunicado conjunto, las ONG's piden al PP que abandone
"el tono racista y xenófobo que crea alarma social y proyecta estereotipos de
inmigrante sinónimo de inseguridad y delincuencia" y que llegue a un Pacto de
Estado sobre inmigración con el Gobierno.
Finalmente, los colectivos abogaron por un proceso de
regularización porque "sigue creando riqueza, pero sobre todo igualdad y
justicia para acabar con la economía sumergida y por mantener los derechos de
todos y todas como trabajadores".
48.247 SOLICITUDES
Empresarios e inmigrantes han presentado un total de 48.247
solicitudes de regularización al proceso de normalización de trabajadores
extranjeros abierto el pasado 7 de febrero.
Así lo adelantó el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales,
Jesús Caldera, que facilitó datos de los primeros 16 días del proceso. Caldera
valoró muy positivamente esta cifra, que esta incluso por encima de las
previsiones del Gobierno, según comentó, y que se va incrementando el ritmo, a
medida que avanza el proceso, llegando en la actualidad a unas 8.000 peticiones
diarias.
Además, han sido admitidas a trámite el 98,06 por ciento de
las solicitudes, por lo que destacó la eficacia en la presentación de la
documentación. Las comunicdades de Madrid, Valencia y Cataluña, acaparan el 62
por ciento de las solicitudes presentadas. Un 37,16 por ciento de las
solicitudes corresponden a empleados de hogar.
INMIGRACIÓN IRREGULAR
Por otra parte, el ministro de Interior, José Antonio Alonso,
afirmó en el Senado que tanto el Gobierno como su Ministerio están haciendo el
"máximo esfuerzo" en el control de la inmigración irregular así como en la
represión de las mafias que la explotan, y anunció la voluntad del Ejecutivo de
ampliar el Servicio Integral de Vigilancia Exterior (SIVE) a mayor número de
costas en el archipiélago.
En el pleno de control al Gobierno en la Cámara Alta, el
titular de Interior aseguró que la voluntad del Gobierno es extender dicho
sistema de vigilancia del litoral más allá de las costas de Fuerteventura,
"donde está operativo y adonde llegan la mayor parte de la inmigración", y
anunció que entre las inversiones del programa para 2005 se cuenta la
adquisición de cinco nuevas unidades móviles de vigilancia, tres de ellas
destinadas al archipiélago canario, y que quedarán bajo el mando de la
comandancia de Las Palmas.
"El objetivo del Gobierno es ampliar las zonas del SIVE
--insistió--, pero además, para la vigilancia de las costas, en 2006 se
entregarán otras seis embarcaciones y nuevas unidades". Asimismo, añadió,
"próximamente se entregará una nueva patrullera de alta velocidad cuyo coste
asciende a 953.000 euros" y se potenciará el refuerzo del servicio en las costas
canarias con nuevos vehículos de tierra, medios de visión nocturna, y equipos
complementarios.
Por otra parte, Alonso comentó que se mejorará la colaboración
internacional con la ayuda de cuatro funcionarios de enlace nombrados por las
autoridades marroquíes, y recordó la creación de patrullas marítimas mixtas para
la vigilancia de las costas de Canarias y del Sáhara.
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