El gobierno controlará las religiones islámica, evangélica y judía en las cárceles.

PREVENCIÓN CONTRA GRUPOS "EXTREMISTAS"
El Gobierno controlará las religiones islámica, evangélica y
judía en las cárceles

Los ministerios de Justicia e Interior preparan una normativa
con el objetivo de regular la actividad que llevan a cabo las confesiones
religiosas judía, islámica y evangelista (principalmente estas dos últimas) en
el ámbito de las instituciones penitenciarias, según fuentes gubernamentales.

Una comisión de estudio de la que forman parte ambos
departamentos cuentan ya con un borrador que establece una serie de líneas
básicas para desarrollar esta cuestión contenida en los acuerdos de cooperación
firmados en 1992 entre el Estado y las confesiones religiosas minoritarias.

Este borrador inicial, que se encuentra en fase de consultas
con las distintas partes afectadas, pretende garantizar el culto, normalizar y
controlar la práctica religiosa, especialmente en confesiones de importante auge
como el Islam, a raíz del incremento de la población inmigrante en España.

El documento consta de dos folios y establece aspectos como,
por ejemplo, la definición de un ministro de culto como "la persona designada
por la iglesia para dar asistencia religiosa en las instituciones penitenciarias
con conformidad a la normativa vigente", según fuentes conocedoras del texto.

Asimismo, se definen "los actos propios de la asistencia
religiosa" dentro de las actuaciones que se pueden llevar a cabo en el marco del
derecho a recibir este tipo de asistencia en las cárceles, así como un
procedimiento de nombramientos y ceses.

Sobre este último punto, el Ejecutivo pretende establecer un
sistema similar al de los profesores de religión en el ámbito educativo, de tal
manera que los ministros religiosos serán elegidos a propuesta de las
confesiones, si bien la última palabra sobre su nombramiento la tendrá la
Administración.

Igualmente, se prevé el cese de los ministros religiosos, en
el caso de que la Administración entienda que su labor no se adecua a las
labores propias de la asistencia religiosa o no respete las normas de
Instituciones Penitenciarias.

ISLÁMICOS Y EVANGELISTAS

Esta iniciativa ha sido acogida con optimismo por parte de los
islámicos y evangélicos. En declaraciones a Europa Press, el presidente de la
Comisión Islámica, Riay Tatari, considera que la regulación de la actividad
religiosa en las cárceles supone una oportunidad para "cooperar en la
reinserción social" y evitar que algunos presos puedan caer en "movimientos
extremistas".

Tatari considera que la labor 'pastoral' y de apoyo espiritual
no tiene porqué depender de imanes, sino en personas especialmente formados en
aspectos como ordenamiento jurídico español y valores constitucionales, al igual
que se pretende hacer con los profesores de religión.

Las Comisiones Islámicas también apuestan por regular otras
cuestiones como las comidas durante la época del Ramadan (este aspecto ya se
contempla en algunas cárceles), o la habilitación de locales para la oración del
viernes.

En la misma línea, el presidente de la Federación de Entidades
Religiosas Evangélicas de España, Mariano Blázquez, apoyó la iniciativa del
Ejecutivo. No obstante, en declaraciones a Europa Press, sugirió la posibilidad
de extender la regulación al colectivo de voluntarios de su congregación que
colabora en las prisiones en otros ámbitos para favorecer la reinserción social.

PLURALISMO Y CONVIVENCIA

El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, presidió
el pasado 25 de enero la constitución de la Fundación Estatal Pluralismo y
Convivencia, una institución encargada de financiar proyectos de carácter
cultural, formativo y de integración social de las confesiones minoritarias que
tienen firmados acuerdos de cooperación con el Estado o de notorio arraigo en
España. Para este año, dispondrá de un presupuesto inicial de tres millones de
euros.

El objetivo de esta fundación es favorecer un "mejor y más
igualitario" desarrollo de la libertad religiosa garantizada en la Constitución.
Los fondos se destinarán a actividades no relacionadas con el culto, sino con la
integración cultural, el estudio de las religiones, labores de apoyo a familias,
mujeres y jóvenes, entre otras.

Por otra parte, en el ámbito Educativo, Justicia, Educación y
las comunidades islámicas están trabajando en un proyecto para extender la
enseñanza del Islam en el ámbito educativo en aquellas comunidades autónomas de
mayor demanda. En la actualidad esta enseñanza se lleva a cabo en Ceuta y
Melilla.

Madridpress.com

El gobierno ordenará salir del país a los extranjeros que no logren regularizarse

EN 15 DÍAS, SEGÚN EL BORRADOR
El Gobierno ordenará salir del país a los extranjeros que no
logren regularizarse
EN ESPAÑA HAY UN MILLÓN DE IRREGULARES
Los extranjeros a los que se deniegue la solicitud de
regularización a través del proceso de legalización especial de trabajadores,
que el Gobierno abrirá el próximo 7 de febrero, recibirán una orden de abandonar
el país en los quince días siguientes a la notificación. Así consta en un
borrador de las instrucciones que la Administración dictará sobre aspectos
concretos para llevar a cabo este procedimiento.


El Gobierno estima que la bolsa de irregulares ronda el millón
de personas, pero también advierte de que no todos ellos podrán obtener los
papeles en el proceso. Primero, porque no todos tienen edad laboral y, segundo,
porque no todos podrán cumplir los requisitos: estar empadronado antes del 7 de
agosto de 2004 y encontrarse continuadamente en España, no tener antecedentes
penales ni en España ni en el país de origen, no tener prohibida la entrada en
el país y contar con un contrato de trabajo para los próximos seis meses (como
norma general).

Aunque el texto todavía no es oficial, establece que cuando la
resolución sea denegatoria incluirá la orden de abandonar el país en quince
días, salvo que concurran circunstancias excepcionales y se justifique que se
cuenta con medios de vida suficientes, en cuyo caso se podrá prorrogar el plazo
hasta un máximo de 90 días. De no abandonar el país, se considera infracción
grave y podrá abrírsele un expediente de expulsión en caso de ser detenido.

De esta forma, la Administración prevé aplicar en este proceso
extraordinario la norma general en caso de denegación de autorizaciones de
residencia, recogida en el artículo 158.2 del Reglamento de la Ley de
Extranjería, que entrará en vigor el mismo 7 de febrero. En cualquier caso, y
aunque el documento no lo especifique, la norma general también prevé la
posibilidad de recursos contra resoluciones denegatorias de este tipo.

REPRESENTANTES LEGALES DE LA EMPRESA

El documento, de 18 páginas más los impresos de solicitud,
concreta algunos aspectos de los requisitos exigidos para la regularización y
del procedimiento a seguir. Así, permitirá a los empresarios que deleguen los
trámites en la persona física que tuviera reconocida la condición de
representante legal por el Sistema RED de la Tesorería General de la Seguridad
Social.

Igualmente, establece que serán las administraciones y los
centros de atención e información de la Seguridad Social, así como las oficinas
del Instituto Social de la Marina, las encargadas de la fase de recepción y
grabación de las solicitudes. Concretamente, detalla que en la provincia de
Barcelona está previsto abrir 20 puntos de atención, de los que seis estarán
ubicados en la capital.

En cuanto a los requisitos, detalla que los empleados de hogar
discontinuos deben acreditar que prestarán sus servicios para varios
empleadores, en un periodo de seis meses, durante un mínimo de 30 horas a la
semana, que habrán de realizarse, al menos, durante 12 días en dicho mes.

Por otro lado, para ahorrarse trámites, los extranjeros pueden
autorizar expresamente que se recabe del Ministerio de Justicia el certificado
de antecedentes penales en España. De no ser así, deberán aportarlo ellos mismo
tras solicitarlo en el Registro Central de Penados y Rebeldes.

MOTIVOS DE DENEGACIÓN

Entre los motivos para denegar las solicitudes de
regularización, consta que el extranjero no esté empadronado en algún municipio
español antes del 7 de agosto de 2004; que tenga antecedentes penales en España
o sus anteriores países de residencia por delitos reconocidos en España; y que
las condiciones contractuales sean inferiores a las de la normativa vigente.

También se denegarán las solicitudes cuando la empresa haya
amortizado en los 12 meses anteriores a la solicitud los puestos de trabajo que
pretende cubrir por despido improcedente o nulo, en sentencia o acto de
conciliación; cuando el empleador haya sido sancionado por resolución firme en
los últimos 12 meses por delitos graves de la Ley de Extranjería; cuando no
garantice la actividad de seis meses como norma general (y las establecidas para
casos específicos); y cuando no acredite, siendo requerido para ello, medios
económicos, materiales y personales para su proyecto empresarial.

Igualmente, serán denegadas solicitudes que se hayan
presentado con documentos falsos o formulando alegaciones inexactas, mediando
mala fe; cuando se carezca de la titulación especial exigida; cuando conste
informe gubernativo desfavorable; cuando concurra causa de inadmisión a trámite
y no se haya apreciado antes; y cuando las empresas no hayan formalizado su
inscripción en la Seguridad Social o no se encuentren al corriente de los pagos.

INADMISIÓN A TRÁMITE

Las solicitudes también pueden ser inadmitidas a trámite en el
momento de la presentación, según el texto, cuando se aprecie falta de
legitimación del solicitante o insuficiente acreditación de la representación;
cuando se presente fuera de plazo; cuando se reitere una solicitud ya denegada;
cuando esté manifiestamente "carente de fundamento", o cuando no haya sido
presentada personalmente.

Igualmente, se entenderá por desistida la solicitud cuando
estando ésta incompleta (por falta de antecedentes penales del país de origen o
título profesional) se haya requerido al interesado y este no haya presentado
los documentos en el plazo de 15 días.

INDICIOS DE FRAUDE

Los órganos encargados de la tramitación darán cuenta también
a la Seguridad Social y a los servicios policiales de los indicios de fraude
cuando no conste que el empleador cuenta con los medios económicos y materiales
necesarios; cuando, por razones organizativas, se considere injustificado el
crecimiento de la plantilla; y en caso de contratación de varios empleados de
hogar por un mismo empleador cuando no conste que posee los medios para hacer
frente a estas obligaciones.

En caso de que la resolución fuera favorable, estaría
condicionada al alta en la Seguridad Social en el plazo de un mes. En ese mismo
plazo deberá procederse al pago, por el empresario o por el trabajador, de las
tasas correspondientes a las autorizaciones. La tasa por autorización de
residencia supone 5,26 euros; la tasa por autorización de trabajo inicial
asciende a 172,01 euros (retribución inferior al doble del salario mínimo) o
344,02 (retribución igual o superior al salario mínimo).

INFORMACIÓN DIARIA

La Seguridad Social facilitará diariamente a los órganos de
tramitación información sobre afiliaciones y altas de estos trabajadores, al
igual que los órganos de tramitación facilitarán a la Seguridad Social
diariamente información sobre las autorizaciones condicionadas.

Así, una vez confirmado que se ha producido el alta y
afiliación se procederá a emitir de oficio la resolución definitiva favorable,
que se comunicará al Ministerio del Interior a los efectos de emitir la Tarjeta
de Identificación de Extranjeros (TIE) y archivar los expedientes de expulsión
pendientes de resolución, así como a la revocación de oficio de las órdenes de
expulsión dictadas. El extranjero deberá solicitar la TIE en el mes siguiente y
abonar 6,31 euros por su obtención.

En el caso de que no se produzca el alta y afiliación en el
plazo de un mes se reactivará la resolución de expulsión archivada cuando se
admitió la solicitud a trámite.

Madridpress.com

Zapatero afirma que los controles serán estrictos y que no habrá regularización

ESPAÑA REFUERZA "ABSOLUTAMENTE" LAS FRONTERAS
Zapatero afirma que los controles serán estrictos y que no
habrá regularización sobrevenida
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero,
afirmó en el Congreso, durante la sesión de control al Gobierno, que se están
reforzando "absolutamente" todos los medios y efectivos en relación con el
control de la inmigración irregular. Aseguró que el proceso de normalización
tiene unos requisitos muy claros: "seis meses de residencia y acreditación de
una relación laboral".


Asimismo, manifestó la disposición del Ministerio del Interior
de explicar "con detalle" ante la Cámara todas las medidas que se están tomando
en relación con el control de fronteras, para evitar la inmigración ilegal y
también en relación con la UE, que "tiene una tarea muy importante en esta
materia".

Zapatero respondía así a la pregunta del portavoz de CiU Josep
Antoni Duran i LLeida sobre si el Gobierno piensa activar medidas especiales de
control de fronteras, incluyendo el cierre del espacio Schengen, para evitar que
este proceso implique una llegada de extranjeros que pretenda regularizar su
situación en los próximos meses.

SORPRESAS

"No voy a discutir cuándo hay efecto llamada porque la
historia reciente de nuestro país da bastantes sorpresas -respondió el jefe del
Ejecutivo-. Cuando se hicieron leyes para acabar con el efecto llamada hubo más
inmigración ilegal en España que nunca".

NO HABRÁ REGULARIZACIÓN SOBREVENIDA

Asimismo, aseguró que el proceso de normalización tiene unos
requisitos muy claros: "seis meses de residencia y acreditación de una relación
laboral". "No estamos ante una situación que se pueda acreditar de forma
sobrevenida bajo ningún concepto. Simplemente, estará llamada a los que
efectivamente en este momento llevan un tiempo, seis meses en España, y tengan
acreditada una situación de relación laboral", precisó.

A su juicio, este procedimiento, contemplado en la Disposición
Transitoria Tercera del proyecto de Reglamento de la Ley de Extranjería debería
ser compartido por "todo el mundo" porque permite "salir de una situación de
ilegalidad y anormalidad de lo que pasa en el mercado laboral".

Zapatero insistió en que si se articula una política de
ordenación racional de lo que pasa en España con el trabajo ilegal y se
convierte en legal con los requisitos pactados, junto con el refuerzo del
control de fronteras y la garantía de repatriación se conseguirá una inmigración
mucho más ordenada, mucho más legal, con una garantía también de los derechos
humanos.

EFECTO LLAMADA

Por su parte, Duran i Lleida manifestó su preocupación ante el
"efecto llamada" que suponen los sucesivos anuncios del Gobierno sobre la
regularización extraordinaria. "No es que discrepemos de esa regularización, la
consideramos necesaria, pero en cualquier caso sí creemos que tiene un efecto
llamada por el hecho de haberla anunciado tan de antemano", comentó.

CERRAR SCHENGEN

A su juicio, tantos mensajes en este sentido provocan "efecto
llamada innegablemente". Por ello, considera imprescindible reforzar el control
de fronteras y, además, planteó la posibilidad de suspenderla aplicación del
convenio Schengen, como en 2001 lo hizo Bélgica ante un proceso de
regularización de inmigrantes.

"Necesitamos, no simplemente regularizar, sino limitar la
inmigración en la medida en que esto tiene una consecuencia demográfica social y
económica y hay que hablar claro --añadió--. Si no se hace, en el futuro habría
problemas. A partir de ahora espero que a aquellos que no reúnen las condiciones
el Gobierno también se les aplique las medidas oportunas en lo que conlleva no
estar en España de madera legal".

Madridpress.com

El futuro Estatut prevé que la Generalitat pueda fijar los cupos de inmigrantes

El borrador del Estatut plantea que la Generalitat pueda fijar los
cupos de inmigrantes en Catalunya y tenga competencias exclusivas en la
convocatoria de referendos y la promoción de las selecciones deportivas
catalanas en el ámbito de las competiciones internacionales, según la propuesta
de redactado de la segunda parte del futuro título quinto -el de las
competencias- que el Institut d´Estudis Autonòmics (IEA) ha remitido a los
miembros de la ponencia del Parlament. El nuevo texto del IEA quedó pendiente
cuando presentó la primera parte, en la que establecía la filosofía general de
las competencias y fijaba una lista de una cincuentena de materias sobre las que
la Generalitat ha de incidir -de las que aun así todavía queda media docena por
definir-, y llega a la ponencia en el momento en que ésta no ha hecho más que
empezar el debate del título competencial a un ritmo extremadamente lento.

La propuesta de articulado del IEA -que esta vez abarca dieciséis
competencias- tiene como puntos destacados el referido a la inmigración, en el
que, además de plantear la competencia exclusiva en materia de régimen de
acogida, prevé que la Generalitat tenga la competencia ejecutiva sobre régimen
laboral de los extranjeros y participe en las decisiones del Estado sobre
inmigración en cuestiones como las normas sobre extranjería y los acuerdos
internacionales en la materia. Esta participación, según detalla el IEA,
"incluye la intervención en el proceso de selección de trabajadores extranjeros
desde sus países de origen con destino a Catalunya", de manera que, "con
carácter previo a la fijación del contingente de trabajadores, la Generalitat
remitirá al Gobierno para que sea tenido en cuenta un informe sobre las
necesidades laborales de Catalunya referido tanto a los sectores que las
precisan como al número de personas".

El redactado supone, en la práctica, que la Generalitat, al tener
que ser tenido en cuenta su informe por el Gobierno, pueda fijar el cupo de
inmigrantes en Catalunya, aunque formalmente sea éste el que lo apruebe. Las
competencias en materia de inmigración se completarían con la transferencia a la
Generalitat de las facultades de ejecución de la legislación estatal sobre
régimen de residencia de los extranjeros y sobre régimen sancionador de
extranjería, con la única salvedad de las actuaciones del Estado en materia de
control de fronteras. El traspaso de estas facultades podría figurar en el
propio Estatut a través de una disposición adicional o bien producirse
recurriendo al artículo 150.2 de la Constitución.

Las competencias en inmigración no figuran en el actual Estatut y,
por tanto, serían completamente nuevas, y constituyen, de hecho, uno de los
aspectos en los que la mayoría de las fuerzas políticas -sobre todo CiU, PSC,
ERC e ICV-EUiA- han puesto más el acento a la hora de dibujar cómo debería ser
el nuevo mapa competencial de Catalunya para los próximos años.

El articulado propuesto por el IEA plantea, por otro lado, que la
Generalitat tenga competencias también exclusivas sobre la celebración de
referéndums y consultas populares en Catalunya, a excepción de las modalidades
que la Constitución prevé como referidas a decisiones políticas de
transcendencia especial. La competencia, sobre consultas de carácter tanto
autonómico como local, incluiría el régimen jurídico, el procedimiento y la
celebración de los referéndums, además de su convocatoria, salvo en los casos en
que ésta quedase reservada para el Rey. La autorización de la convocatoria de
referéndums es, en cualquier caso, una facultad reservada al Estado, por lo que
el IEA propone igualmente en este caso la posibilidad de utilizar la vía del
artículo 150.2 de la Constitución para tranaferirla a la Generalitat.

El borrador del Estatut incluye, además, que la Generalitat tenga
competencias asimismo exclusivas en la promoción de la presencia del deporte
catalán y de las selecciones deportivas catalanas en competiciones oficiales e
internacionales, así como en organismos estatales e internacionales cuando lo
permita su normativa. El IEA, de todos modos, se muestra cauto en este punto y
desaconseja que la Generalitat, junto a la promoción, pudiera también regular
todas las cuestiones relativas a la presencia internacional del deporte catalán,
con el argumento de que tanto las selecciones como los organismos
internacionales son privados y, por tanto, la regulación "tendrá efectos
limitados, si los tiene". El asunto fue precisamente motivo de controversia en
la polémica sobre el reconocimiento internacional de la selección catalana de
hockey sobre patines y la posterior marcha atrás.

LA VANGUARDIA DIGITAL
JOSEP GISBERT - 24/02/2005
BARCELONA

Caldera avisa que perseguirá a los empresarios que no legalicen ahora a sus trabajadores

Los empresarios tienen que aprovechar la oportunidad que le está
brindando el Gobierno para acabar con las contrataciones irregulares. Así se
resume la advertencia lanzada ayer por el ministro de Trabajo, Jesús Caldera:
cuando concluya en mayo el proceso de legalización de inmigrantes, perseguirán a
aquellos que sigan sin contratar a sus trabajadores. "A partir del 7 de mayo
-aseguró- habrá tolerancia cero con los defraudadores, perseguiremos las
conductas delictivas y las sancionaremos con la máxima severidad. No podemos
consentir que en España haya trabajo ilegal".

Por ello, Caldera avanzó que, al finalizar este periodo especial de
legalización de trabajadores, se pondrá en marcha un programa de lucha contra el
fraude laboral donde prevén que Inspección de Trabajo realicen medio millón de
actuaciones hasta final de año.

Durante el balance de los primeros 16 días del proceso de
regularización, el máximo responsable de Trabajo explicó que en la actualidad
los inspectores de trabajo que localizan a contratados ilegales "no están
levantado actas de infracción sino requerimientos" para que los empresarios
legalicen a sus empleados y así "aflore la economía sumergida".

Aparte de "animar" a los empresarios, Caldera recordó que el
reglamento de la ley de Extranjería establece la figura del "arraigo laboral"
por el que un inmigrante o un sindicato puede denunciar cualquier tipo de
irregularidad: "Si se puede demostrar que efectivamente ha habido una
vinculación ilegal, sancionaremos al empresario y legalizaremos al trabajador".

En cuanto a la presentación de las solicitudes, Caldera destacó que
el proceso se está desarrollando con "normalidad, orden y eficacia". En los 16
primeros días han recibido 48.247 peticiones, concentradas especialmente en
Madrid (15.378), Catalunya (8.306) y Comunidad Valenciana (6.304). Estas tres
autonomías han recibido más del 60% del total de peticiones. Según el Gobierno,
el 98% han sido admitidas y sólo el 1,57% están pendientes de algún documento.
"En contra de lo que se dice, el ritmo de las solicitudes está por encima de las
previsiones del Gobierno", afirmó, destacando que sobre todo en las últimas dos
jornadas se han entregado una media diaria de 7.702 peticiones frente a las
4.700 de la segunda semana y las 1.800 de la primera. Ante las denuncias de ONG
de la venta ilegal de contratos de trabajo, Caldera aseguró que el único recurso
es la denuncia y en su ministerio sólo ha recibido hasta la fecha una
reclamación "que ya se está investigando".

Ayer mismo las principales organizaciones de inmigrantes
denun-ciaron que entre un 20 y un 25% de los extranjeros irregulares podrían
quedar fuera del proceso de regularización en el caso de que el Ejecutivo
continúe admitiendo tan sólo el certificado de empadronamiento para demostrar
arraigo en España. Por esta razón, estos colectivos (Atime, Rumiñahui,
Asociación de Chinos en España, ARI-Perú y Asociación de Rumanos) solicitaron
"flexibilidad" a las autoridades para que permitan la presentación de otros
documentos, como el visado de entrada o la tarjeta sanitaria.

El presidente de Atime, Mustafa Mrabet, denunció además que "algunos
funcionarios se niegan a admitir la solicitud presentada por no tener el
certificado de empadronamiento cuando no tienen autoridad administrativa para
rechazar ´in situ´la solicitud". Sin embargo, el ministro de Trabajo sostuvo que
es posible "presentar los expedientes antes de la fecha límite aunque falte
algún documento, que se podrá entregar posteriormente".

Por su parte, el PP acusó ayer al Gobierno de falsear los datos y de
seguir una política de "oscurantismo".

LA VANGUARDIA DIGITAL
ALICIA RODRÍGUEZ DE PAZ - 24/02/2005
MADRID

El fútbol se compromete a erradicar los brotes racistas

El Consejo Superior de Deportes (CSD) se aseguró ayer el
compromiso de todos los estamentos del fútbol para avanzar de forma decisiva en
la erradicación de los brotes racistas y xenófobos que se repiten en los
estadios españoles. En breve plazo se redactará un protocolo de medidas contra
las conductas que lleven al racismo y a la xenofobia.
Esa nueva línea lleva implícita la aprobación de nuevas pautas
de actuación y la aplicación rigurosa de las normas que ya existen, tanto en el
ámbito de la Administración como en el de la Federación Española de Fútbol
(RFEF). A la firma del protocolo asistirán los presidentes de los clubs de
Primera y Segunda, los capitanes de los equipos y representantes de árbitros y
entrenadores.
"El fútbol debe ser un factor de integración; no un problema,
sino una solución", dijo el secretario de Estado para el Deporte, Jaime
Lissavetzky, tras reunirse con Ángel María Villar, presidente de la RFEF; José
Luis Astiazaran, presidente de la Liga Profesional (LFP); Rosario García,
directora general de Política Interior; Gerardo González Movilla, presidente de
la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), y Javier Durán, presidente del
Observatorio contra el Racismo y la Intolerancia.
Lissavetzky insistió en la aplicación de los medios técnicos
existentes para la identificación de quienes adopten actitudes racistas. También
destacó la importancia de la colaboración ciudadana, como ocurrió en el
Albacete-Barça, en el que dos personas fueron identificadas gracias a las
denuncias de otros espectadores.
A una pregunta en torno a la pasividad de la Administración
con las declaraciones de Luis Aragonés, el secretario de Estado argumentó:
"España no es un país racista, aunque haya brotes de racismo como en otras
partes. Aquí al menos no tenemos ningún partido político que lo propugne.
Simplemente, hemos llegado más tarde al proceso de mestizaje cultural y
recorremos el camino lo mejor que podemos".

MULTAS A GETAFE Y MÁLAGA
El Comité de Competición impuso multas de 600 euros al Getafe
y al Málaga por las burlas racistas a Morales, de Osasuna, y a Kameni, del
Espanyol. También en el Levante-Zaragoza hubo gritos contra Ettien, pero el
árbitro no lo reflejó en el acta y el comité no entró en el asunto.

El Periódico
mi.23 feb. 2005
CARLOS F. MARCOTE
MADRID

Denunciados tres vigilantes del metro en Barcelona por agresión racista

Un hombre de Camerún, de 24 años, ha denunciado una agresión
racista supuestamente protagonizada por tres vigilantes del metro. El
denunciante asegura que los guardias le golpearon el pasado sábado porque se
negó a mostrarles el billete y que un perro de los que llevaban le mordió en una
mano.
Como es habitual en estos casos, las versiones son
diametralmente opuestas, y los guardias niegan haber golpeado al viajero. El
camerunés declaró en la comisaría del metro que viajaba tranquilamente en la
línea 3 cuando aparecieron dos guardias jurado, que le pidieron el billete
únicamente a él, pese a que el vagón iba repleto de gente. El hombre subrayó
ante la policía que consideró injustificada esa discriminación, por lo que no
les mostró el billete, aunque lo llevaba en la mano.
El denunciante aseguró que lo apearon del convoy de malos
modos y que lo llevaron por el pasillo golpeándolo. Según su versión, después
llegó otro guardia con un perro, al que azuzó para que le mordiera, como así
ocurrió.

LESIONES
Los vigilantes fueron acusados por la policía de un delito de
lesiones y declararon como detenidos. Su versión fue que el camerunés viajaba
tumbado sobre el asiento, por lo que le pidieron que se sentara bien. Luego, le
reclamaron el billete. Los guardias dijeron que el joven les golpeó a los tres y
que el bozal del perro saltó por los aires de una patada. Ésa es la razón,
dijeron, de que lo mordiera.

El Periódico
ma.22 feb. 2005
JORDI CORACHÁN
BARCELONA

La UE renuncia a prohibir los símbolos nazis en toda Europa por falta de acuerdo

a Unión Europea renunciaron ayer por falta de acuerdo a su proyecto
de prohibir en todo el territorio comunitario los símbolos nazis u otros que
inciten al odio y la violencia. El plan, debatido en el consejo de Justicia e
Interior de la UE, chocó con el rechazo del Reino Unido, Dinamarca y Hungría.
Sus ministros alegaron posibles perjuicios a la libertad de expresión y
señalaron que el complejo debate sobre esos símbolos podría impedirles
desbloquear la propuesta sobre lucha penal contra el racismo en la que
pretendían incluir la prohibición.De hecho, los ministros sí acordaron retomar
el borrador que, formulado en el 2001 y bloqueado desde el 2003 por Italia,
plantea armonizar la definición y penas mínimas para los actos de racismo, la
xenofobia y las negaciones o intentos de trivializar casos de genocidio o crimen
contra la humanidad.

La ministra de Justicia alemana, Brigitte Zypries, consideró
"lamentable" la retirada del proyecto de prohibición general de los símbolos
nazis -contra los que sólo existen leyes en su país y Austria-, pero precisó que
no insistiría en el asunto si ello hacía peligrar el plan de armonizar el
combate contra el racismo.

El asunto se había planteado a raíz del escándalo que el príncipe
Enrique de Inglaterra provocó el mes pasado al disfrazarse de nazi, brazalete
con la cruz gamada incluido, en una fiesta privada.

Un tanto oscura fue la actitud que mantuvo en el debate el italiano
Roberto Castelli, dirigente de la Liga Norte conocido por su línea dura contra
los inmigrantes. Tras defender la persecución de los símbolos nazis, el titular
de Justicia del Gobierno Berlusconi dijo en el consejo que no se oponía a
reanudar el debate sobre el proyecto general contra el racismo, que él tiene
bloqueado. Pero después declaró que no apoyará la nueva normativa si no ofrece
garantías claras a la libertad de expresión y si no se retoma el plan de
prohibir los símbolos nazis.

Lo cierto es que Roma tiene presentada desde 2003 una propuesta que
tiende a descafeinar la legislación contra la xenofobia. Al respecto, el
ministro de Interior español, José Antonio Alonso, anunció que no tolerará
rebajas en este campo.

El proyecto europeo, que según Alonso podría estar listo en mes y
medio, propone fijar en dos años de cárcel las penas mínimas para los delitos
más graves de racismo.

Director de Europol
Por otra parte, los ministros eligieron al alemán Max-Peter Ratzel
como nuevo director de Europol, y renovaron al español Mariano Simancas como
director adjunto, ambos para los próximos cuatro años.

LA VANGUARDIA DIGITAL
FERNANDO GARCÍA - 25/02/2005
Corresponsal BRUSELAS

Delegado del Gobierno en Cataluña anuncia tolerancia cero contra los ataques nazis

El delegado del Gobierno, Joan Rangel, anunció ayer que la policía
aplicará una "tolerancia cero con los ataques de los skins", tras asistir en
Sabadell a la junta de seguridad local con el alcalde Manuel Bustos (PSC). Los
agentes detuvieron ayer en esa ciudad a cuatro de los cinco jóvenes ultra que
participaron en una agresión hace dos fines de semana. Todos tenían antecedentes
policiales por haber participado en agresiones anteriores.

LA VANGUARDIA DIGITAL
P . Arenós

La UE se compromete a no interferir en las políticas de inmigración que aplique cada país

Los Veinticinco quedaron ayer de acuerdo en impulsar un sistema de
información mutua sobre las medidas políticas que cada uno de ellos adopte en
relación con la regularización o gestión de la inmigración. El consejo de
ministros de Interior y de Justicia de la UE-al que asistió excepcionalmente
Jesús Caldera por tratarse de un asunto tan vinculado al proceso español de
normalización- asumió ayer la necesidad de una mayor coordinación e incluso de
reglas comunes en esta materia; sobre todo teniendo en cuenta las repercusiones
que las políticas de un socio en dicho ámbito pueden tener a veces en otros
países miembros. Los ministros reconocieron explícitamente, no obstante, el
carácter plenamente soberano de las decisiones que los distintos Estados toman
respecto a sus flujos migratorios: una de las áreas, cada vez menos numerosas,
donde las naciones de la UE mantienen competencias exclusivas.

La conveniencia de avisarse de las acciones de gran calado sobre
inmigración se debatió ayer en Bruselas a raíz de las quejas que el ministro
alemán de Interior, Otto Schily, dirigió hace un mes contra Madrid por no haber
informado a sus socios del proyecto orientado a normalizar la situación de los
inmigrantes que trabajan en negro en España.

Según Caldera, ni Schily ni ningún otro colega habló ayer de la
decisión española, si bien con anterioridad el ministro luxemburgués y
presidente de turno del Consejo, Nicolas Schmit, la había juzgado "positiva".

El titular germano sí señaló la importancia de coordinarse en este
asunto, "pero también ha reconocido que es un asunto nacional", subrayó el
ministro español de Trabajo. Caldera añadió irónico que tampoco se había citado
en el Consejo el caso alemán, en alusión al escándalo de los visados que Berlín
concedió sin control, en 2000, a cientos de miles de ciudadanos del Este.

Aunque nadie le atacó esta vez y si bien también él apoyo el sistema
de alerta mutua sobre regularizaciones de inmigrantes, que aún debe tomar cuerpo
mediante una propuesta formal de la Comisión Europea, Caldera no se resistió a
replicar las quejas de Schily sobre el supuesto efecto llamada que el proceso
abierto por el Gobierno podría tener en el resto del territorio comunitario. En
respuesta a los temores expresados por el ministro germano ante "la posibilidad
de que los inmigrantes regularizados en España pudieran trasladarse a Alemania o
a Francia", Caldera recordó que aunque la ley aprobada les permitirá
efectivamente circular con libertad por toda la UE, también les impedirá
trabajar en cualquier otro país socio durante cinco años. El ministro añadió:
"¿Creen que si un trabajador extranjero ve legalizada su situación laboral en
España va a irse a otro país donde pasará a ser ilegal y puede ser expulsado?"
Y, repitiendo una frase que atribuyó al presidente del Consejo, Schmit,
concluyó: "Quien se legaliza se queda".

La discusión de ayer se enmarcó en el inicio de los trabajos del
llamado Libro Verde sobre la inmigración por motivos económicos: un documento de
Bruselas que servirá como punto de partida para un debate público con todos los
agentes implicados. Las conversaciones deberán desembocar, a final de año, en
una propuesta sobre un enfoque comunitario de la inmigración.

LA VANGUARDIA DIGITAL
FERNANDO GARCÍA - 25/02/2005
Corresponsal BRUSELAS

Aparece ahorcado en su celda un sospechoso de planificar atentados islamistas en Madrid

El marroquí Mustafa Zanibar, uno de los presuntos terroristas
islamistas acusados de querer repetir la masacre del 11-M en Madrid, apareció
ayer ahorcado en su celda de la prisión de Zuera (Zaragoza). Zanibar fue
condenado en 1996 a 29 años de cárcel por quemar vivo a un compatriota en El
Ejido (Almería), estando en prisión celebró el 11-M invitando a café a sus
compañeros de módulo y el pasado mes de noviembre fue imputado por el juez
Baltasar Garzón por integración en organización terrorista.

Según la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, cuando
funcionarios de la prisión de Zuera se disponían a entregarle la comida, ayer
sobre las dos de la tarde, se encontraron a Zanibar sin vida, colgado de un
cinturón en la ducha de su celda. El interno se encontraba en la zona de
aislamiento de la prisión, debido a su peligrosidad y al radicalismo que
incrementó durante su previa estancia en la cárcel de A Lama (Pontevedra), donde
festejó el 11-M. Este régimen suponía que no compartía la celda con nadie, no
podía ir al comedor con los otros reclusos y sólo se le permitía salir al patio
durante cuatro horas al día.

Zanibar estaba vinculado al grupo extremista Mártires de Marruecos,
que, dirigido por Mohamed Achraf -preso en Suiza y pendiente de extradición a
España-, habría tenido entre sus objetivos terroristas diversos edificios y
estaciones de tren de Madrid con la presunta intención de repetir el 11-M. La
Audiencia Nacional en primera instancia, y desde el estadio Bernabeu, la torre
Picasso, la sede del PP o la estación de Atocha en una segunda ofensiva.
Zanibar, según Garzón, habría estado implicado en esa retaguardia de Achraf
dispuesta a mantener viva la tragedia. El juez ordenó su detención -pese a que
ya estaba en la cárcel- en la segunda fase de la denominada operación Nova.

Nacido en Marruecos en 1963, la Audiencia de Almería le condenó el
asesinato de Youssef Bachir. Éste le invitó a cenar en su casa y, cuando se
quedó dormido, Zanibar le roció con gasolina, le prendió fuego y salió huyendo.

Zanibar ingresó en la cárcel de Almería en 1994. Dos años después
pasó a la de Topas (Salamanca). Ya en el 2003 se le trasladó a la prisión de A
Lama, donde radicalizó su intransigencia religiosa y también organizó una red de
extorsión de reclusos. Después estuvo en la cárcel de Nanclares de Oca
(Vitoria), donde le encontró el despliegue de la segunda fase de la operación
Nova. A la prisión de Zuera llegó el pasado noviembre.

LA VANGUARDIA DIGITAL
JUAN CARLOS MERINO - 25/02/2005
MADRID

Más de 150 musulmanes protestan en Badalona contra el cierre de su mezquita

El miércoles de madrugada el EAyuntamientode Badalona cerró la
mezquita de la calle Listz, en el barrio de La Pau. El jueves se reunió con los
portavoces de la comunidad musulmana para negociar el traslado de sus plegarias
a una nave industrial sin vecinos en el barrio del Gorg. Negociaciones
infructuosas: ayer a mediodía, más de 150 fieles de Alá rezaron frente al
Consistorio para exigir lo que consideran sus derechos constitucionales, una
normativa específica que regule la apertura de templos y que de una vez por
todas se les deje de lla-mar inmigrantes: "Somos catalanes musulmanes,
trabajamos, creamos riqueza, pagamos impuestos y somos tan vecinos como
cualquier otra persona. Somos ciudadanos". Ysi no les hacen caso estos días -no
hay previstas más reuniones con el Consistorio-, el viernes volverán a la plaza
de la Vila.

Taoufik Cheddadi, imán del oratorio de la calle Listz y portavoz de
los musulmanes colomenses en la crisis de la mezquita del Singuerlín, es ahora
representante de la comunidad. "Aceptamos ir al barrio del Gorg, a una gran
mezquita, como quiere el Ayuntamiento, pero sólo los viernes, que es el día de
obligada visita, y las fiestas importantes; para el resto de los días queremos
pequeños templos cerca de donde vivimos. Nosotros rezamos cinco veces al día. La
Constitución reconoce la libertad de culto; pedimos una normativa que regule la
apertura de que digan cómo tienen que ser y nosotros los abriremos. Así se hace
en el resto Europa". La mayoría de las mezquitas de Catalunya son, ante la ley,
meras sedes sociales de entidades culturales.

Los manifestantes también pidieron ayer que se les reconozca como
ciudadanos. "La asociación de vecinos pidió durante años el cierre de nuestro
templo, ¿y a quién representa esa asociación?", dijo Cheddadi a los congregados.
"Nosotros somos mayoría en la calle Listz y no hay ningún marroquí en esa
asociación, subvencionada por el Ayuntamiento. También nosotros somos vecinos,
catalanes musulmanes, no inmigrantes. Formamos parte de este país, que es de
todos. No queremos romper la convivencia, sino vivir como ciudadanos con
derechos y deberes.No somos terroristas, de nuestras mezquitas no salen bombas.
Queremos dialogar".

LA VANGUARDIA DIGITAL
LUIS BENVENUTY - 26/02/2005
BADALONA

Jornadas sobre Menores Inmigrantes

Jornadas sobre Menores Inmigrantes en Conil de la
Frontera

Durante los días 18 y 19 de Febrero, se celebran en Conil de la
Frontera (Cádiz) las IV Jornadas sobre Inmigración, que organizan la
Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía y el Ayuntamiento de Conil. En
esta ocasión las Jornadas van a versar monográficamente sobre la situación
de los menores inmigrantes.

Los temas que se van a abordar van a ser, entre otros, la
situación en Andalucía, análisis de las claves que intervienen en el ámbito
de la mujer y la familia, la situación de los menores en Tetuán y en
Tánger, el marco jurídico, las experiencias de trabajo concretas, la
relación entre el trabajo con menores y las madres, o la perspectiva global
sobre el proceso migratorio de menores inmigrantes.

Más información e inscripciones:

Apdha: [e-mail] Tfno 956474760

Ayuntamiento de Conil: Tfno. 956442534