El acondicionamiento de la futura mezquita de Badalona no irá a cargo del Ayuntamiento, aseguraron ayer fuentes municipales. La mayoría de quienes se oponen al templo lo hacen porque, indicaron dichas fuentes, no quieren que el Consistorio gaste dinero público en equipamientos religiosos.
LA VANGUARDIA DIGITAL
BADALONA. L. Benvenuty
Un sector de los inmigrantes no ha esperado a que finalice el plazo
de regularización y ayer empezó un nuevo encierro para intentar que el Gobierno
flexibilice las condiciones para obtener el permiso de residencia a los sin
papeles. Unos 400 inmigrantes se concentraron a las siete y media de la tarde en
la plaza Universitat de Barcelona para guardar un minuto de silencio por los
fallecidos en el atentato del 11-M y posteriormente se dirigieron hacia
distintos locales donde tienen la intención de permanecer encerrados todo el fin
de semana. Otro centenar se encerró en Santa Coloma de Gramenet.
La vida para todos y Papeles para todos fueron los dos lemas
coreados por los concentrados en la plaza Universitat. Enrique Mosquera,
portavoz de la Asamblea para la Regularización sin Condiciones, que organiza la
protesta, afirmó que estaban concentrados para "recordar a las víctimas del
terror pero también de las guerras y de las injusticias".
Una de las pancartas decía en árabe: "No a la guerra, queremos paz".
Desde la plaza Universitat los convocados se dirigieron en metro -los
organizadores tuvieron sumo cuidado en que todos pasasen por taquilla- hacia el
polideportivo Sant Medir, del barrio de Sants. En el trayecto entre la estación
y el local numerosos vecinos escucharon sorprendidos desde los balcones los
gritos de "Papeles para todos". A la vista del número de asistentes estaba
previsto que los colectivos indios y bengalíes se quedaran en ese centro y los
pakistaníes y marroquíes se fuesen a un edificio de la Universitat Politècnica.
Un grupo reducido de búlgaros tenía previsto encerrarse en la parroquia de Sant
Medir del Port, en la Barceloneta. Otra portavoz, Norma Falconi, explicó que por
primera vez una docena de mujeres que se iba a encerrar también en el local de
la CNT (calle Joaquín Costa).Ala misma hora, otro centenar de inmigrantes se
encerraron en la parroquia de Sant Miquel y en el Ateneo Julia Romera de Santa
Coloma de Gramenet.
La Asamblea para la Regularización sin Condiciones ha remitido una
carta a las autoridades en la que plantean sus reivindicaciones ya conocidas:
supresión del contrato de trabajo como requisito indispensable para obtener el
permiso de residencia (proponen un permiso temporal de búsqueda de empleo o un
permiso temporal de residencia con autorización para trabajar o la admisión de
otros documentos que demuestren inserción social y laboral); admisión de otros
documentos que no sea el padrón para justificar la estancia en España; validez
de la solicitud del certificado de penales para poder iniciar la regularización;
ampliación de la fecha límite de regularización; reducción del periodo previo de
estancia en España, y suspensión de las expulsiones.
Mañana está previsto que cinco organizaciones de inmigrantes den a
conocer otro manifiesto en el que muestran su preocupación por quienes queden
excluidos de la regularización. Este manifiesto fue aprobado en una asamblea de
200 personas celebrada este sábado en la iglesia de la Mare de Déu del Carme de
Barcelona y organizada por la Casa de los Trabajadores Africanos, la
Coordinadora de Asociaciones Senegalesas, la Asociación Sociocultural Marroquí,
la Asociación de los Comerciantes Marroquíes y la Asociación de
Gambia-Senegaleses de Maresme. Estas organizaciones no se han sumado a la
protesta.
LA VANGUARDIA DIGITAL
JOSEP PLAYÀ MASET - 12/03/2005
BARCELONA
Tres autobuses con más de un centenar de ciudadanos
rumanos fueron interceptados hoy por la Guardia Civil en la provincia de Huesca
y obligados a volver a Francia al no poder acreditar que venían a España como
turistas o con contrato laboral, informaron fuentes policiales.
Según las citadas fuentes, dos de los autobuses fueron interceptados
por agentes de la Policía Nacional en la carretera N-240, en las inmediaciones
del paso fronterizo de Bielsa, y el tercero por miembros de la Comandancia de la
Guardia Civil oscense a escasa distancia de la localidad de Aínsa.
La operación, desarrollada conjuntamente por la Policía Nacional y
la Guardia Civil, es fruto de una actuación contra la entrada en la provincia
altoaragonesa de inmigrantes procedentes del Este de Europa.
Dos de los autobuses, los interceptados en Bielsa y Aínsa, podrían
haber penetrado en España a través del paso transfronterizo de Bielsa, mientras
que no se descarta la posibilidad de que el tercero se hubiera servido del paso
de La Junquera (Gerona).
Ninguno de los ocupantes de los autocares pudo demostrar
documentalmente los motivos de su desplazamiento a España (oferta de trabajo o
turismo) ni disponía de medios económicos, por lo que desde la Subdelegación del
Gobierno en Huesca se adoptó la decisión de acompañar a los autocares hasta la
frontera con Francia para su expulsión del país.
Las fuentes citadas no descartaron que los viajes estuvieran
organizados por mafias que ofertan a inmigrantes procedentes del Este de Europa
la posibilidad de entrar ilegalmente en España, ni que pudieran volver a
intentar entrar por otro paso fronterizo.
LA VANGUARDIA DIGITAL
11/03/2005
Huesca. (EFE)
El ex soldado nazi Paul Schäfer, de 83 años, fue detenido la
madrugada del viernes cerca de Buenos Aires por orden de la justicia chilena, de
la cual se hallaba prófugo desde 1997. De nacionalidad alemana, Schäfer era una
de las personas más buscadas por la policía de Chile. Se le acusa de abusos
sexuales contra 27 menores y de la desaparición de un joven izquierdista durante
la dictadura militar.
Schäfer es protagonista de una oscura historia. Tras la Segunda
Guerra Mundial, funda una misión evangélica en Alemania y no tardan en aparecer
las primeras denuncias de pederastia. En 1961 huye a Chile y constituye en el
sur del país la Colonia Dignidad, un reducto para alemanes que se acaba
asemejando a una secta con aires hitlerianos. Ejercía un control absoluto sobre
sus seguidores y existía un hermetismo total sobre lo que pasaba en el interior
del enclave. Tras el golpe de 1973, el alemán se convirtió en colaborador de
Pinochet y en sus terrenos la DINA instaló un centro de torturas donde Schäfer
entrenaba sádicamente a los agentes. Con la democracia, se suceden las huidas de
los hijos de los colonos y se destapan las violaciones a que fueron sometidos
durante años por el detenido.
LA VANGUARDIA DIGITAL
ROBERT MUR - 12/03/2005
Servicio especial SANTIAGO DE CHILE
Los ultras y neonazis lo tendrán más difícil para manifestarse en
las calles de Alemania. El Bundestag, el Parlamento federal, aprobó ayer por
amplia mayoría restringir el derecho de reunión, un derecho anclado en la
Constitución alemana, con un solo objetivo: prohibir las marchas ante los
lugares que honran la memoria de las víctimas del nacionalsocialismo.
La nueva ley, tramitada con una urgencia inaudita para el lento
sistema legislativo alemán, responde a la inquietud que ha causado en Alemania
el ascenso, en algunas elecciones regionales del este, de partidos de
inspiración neonazi.
Pero la ley, que también endurece las penas por apología del
nazismo, obedece a un motivo más inmediato.
Para el 8 de mayo, día en que se conmemorará el 60º. aniversario de
la capitulación de Alemania y el fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa, la
ultraderecha alemana ha anunciado una manifestación en Berlín con el lema:
"Sesenta años de mentiras de la liberación. Fin al culto de la culpa".
Ese día, los convocantes pretenden desfilar ante el monumento del
holocausto, que recuerda el asesinato de 6 millones de judíos en manos de la
Alemania nazi y que debe inaugurarse dos días después.
En Alemania, la extrema derecha es marginal y las manifestaciones
ultras nunca son masivas. Pero nada asusta más a los demócratas alemanes que la
posibilidad de que televisiones de todo el mundo retrasmitan imágenes de cabezas
rapadas ante el mar de columnas que componen el monumento, situado cerca de la
puerta de Brandemburgo, en el centro de Berlín.
La oposición democristiana y el ministro del Interior, el
socialdemócrata Otto Schily, fracasaron en su intento de incluir la puerta de
Brandemburgo en la zona prohibida para las manifestaciones.
La ley, al hacer referencia a los lugares donde estará prohibido
manifestarse, sólo nombra el monumento del holocausto. Serán los estados
federados, que en el Bundesrat le darán el visto bueno definitivo, los que
deberán precisar a qué otros lugares se aplica.
Mientras no hagan apología del nazismo ni exhiban símbolos nazis,
los ultras podrán seguir manifestándose. En la última marcha, celebrada el 13 de
febrero en Dresde para conmemorar el aniversario del bombardeo, los ultras
evitaron exhibir cualquier enseña sospechosa y se cuidaron mucho de lanzar
discursos antisemitas o de relativizar el nacionalsocialmismo.
Ayer, tanto los diputados socialdemócratas y verdes, de la coalición
gubernamental, como los democristianos apoyaron la ley. Votaron en contra las
dos diputadas poscomunistas y el grupo liberal. Los liberales creen que ley
supone un ataque a los derechos fundamentales y sostienen que la vía legislativa
no es la mejor para combatir el neonazismo.
En el 2003, el Tribunal Constitucional frenó el intento, por parte
de la mayoría de fuerzas políticas, de prohibir el Partido Nacional Democrático,
de inspiración neonazi.
LA VANGUARDIA DIGITAL
MARC BASSETS - 12/03/2005
Corresponsal BERLÍN
La policía incautó abundante material nazi, de ideología
ultraderechista y del movimiento skinhead, además de seis armas blancas de
diverso tamaño, en el domicilio de Fernando S. M., uno de los dos miembros de
las brigadas blanquiazules del Espanyol detenidos el pasado lunes por apalear a
dos periodistas y que ayer pasaron a disposición judicial.
LA VANGUARDIA DIGITAL
La comisión de disciplina de la liga italiana multó con 10.000 euros
al jugador del Lazio Paolo di Canio por saludar con el brazo alzado tras el
Lazio-Roma del 6 de enero. La comisión condena a Di Canio "por haber dirigido a
los hinchas del Lazio que ocupaban el gol norte un saludo con el brazo derecho
en alto, interpretable como "saludo romano". El Lazio ha recibido la misma
sanción por responsabilidad objetiva.
LA VANGUARDIA DIGITAL
La comisión de disciplina de la liga italiana multó con 10.000 euros
al jugador del Lazio Paolo di Canio por saludar con el brazo alzado tras el
Lazio-Roma del 6 de enero. La comisión condena a Di Canio "por haber dirigido a
los hinchas del Lazio que ocupaban el gol norte un saludo con el brazo derecho
en alto, interpretable como "saludo romano". El Lazio ha recibido la misma
sanción por responsabilidad objetiva.
LA VANGUARDIA - 11/03/2005
David Riera, conocido como Rocker entre sus amigos, fue el
líder de las Brigadas Blanquiazules, la peña ultraderechista del Espanyol, que
dirigió el domingo por la noche la agresión a dos periodistas del diario Blanc i
Blau, cuando éstos se dirigían al aparcamiento externo, sin iluminación y
desprotegido, donde los informadores deben dejar sus coches ante la prohibición
de poder estacionar en el interior del estadio Lluís Companys. Una fotografía
del agresor, en el Bernabéu, donde se le veía increpando a Kameni por ser negro
y rodeado de Ultrasur, fue el desencadenante del apaleamiento.
También participó otro dirigente del grupo neonazi, que se
llama Fernando San Mamés, y a quien todos conocen como Freddy. Sólo la mediación
de Sebas, el dirigente moderado del grupo, impidió males mayores. Josep Sánchez
y Jordi Sibina, editor y redactor jefe de fotografía del rotativo, fueron las
víctimas, que sufrieron diversas contusiones en varias partes del cuerpo.
Sánchez debió acudir al servicio de urgencias del hospital de Bellvitge debido a
los dolores en una pierna. "Afortunadamente, sólo fueron contusiones, pero
pasamos miedo. Nos tiraron al suelo, nos golpearon y nos dieron un montón de
patadas", comentó ayer Sánchez a este diario.
INSULTOS HABITUALES
La agresión del domingo fue la más grave sufrida por
informadores en las inmediaciones del estadio. Los periodistas deben aparcar en
unas plazas ubicadas en el lugar donde el grupo neonazi bebe alcohol antes y
después de los partidos. En anteriores ocasiones, las Brigadas Blanquiazules se
conformaban con insultar a los periodistas, que siempre intentan salir en grupo,
temerosos de alguna acción airada de la peña radical.
El domingo acudieron a Montjuïc un centenar de brigadas. Éstos
por primera vez evitaron insultar a los jugadores negros del equipo rival, o
incluso a Kameni, tras haber prometido al consejo de administración un buen
comportamiento en el estadio. Sin embargo, volvieron a exhibir banderas
españolas con el escudo anticonstitucional, lo que está prohibido por la ley.
CONDENA DEL CLUB
El consejo de administración se reunió ayer con carácter de
urgencia y emitió una nota en la que lamentó la agresión, tal como hicieron la
federación de peñas y la plantilla. El club prometió personarse como acusación
particular una vez se realice la pertinente denuncia. También anunció que no
podía expulsar a los sospechosos como miembros de la entidad, ya que no son
socios del Espanyol, pero gestionará delante de la Comisión Antiviolencia la
prohibición de la entrada a los estadios de los agresores. La Comisión les
podría imponer una fuerte multa económica.
Este año, las Brigadas Blanquiazules han radicalizado su
comportamiento. Con la visita del Barça causaron diversos destrozos e insultaron
la memoria del presidente Lluís Companys, que da nombre al estadio. Desde
entonces han protagonizado otras fechorías xenófobas. El grupo ha amenazado y
agredido a socios del Espanyol en varios desplazamientos. En este sentido, el
club no piensa facilitarles entradas para el próximo partido en Vila-real.
El Periódico
ma.8 mar. 2005
BARCELONA
Renace la oposición a la apertura de la gran mezquita de Badalona.
La asociación de vecinos del Gorg, que semanas atrás había dado su visto bueno a
la idea porque el templo se proyectaba en una zona industrial del barrio, se ha
enterado de que es posible que el Ayuntamiento pague los 60.000 euros necesarios
para dignificar la nave, y dicen que no les parece nada bien y que ya no quieren
un oratorio musulmán en el barrio. Ya se han visto las primeras pintadas y
pancartas a pocas de la firma, prevista para hoy, del convenio entre el
Consistorio badalonés y los musulmanes de la ciudad que hará posible la
inauguración del templo.
"A nosotros nos han recortado un cuarta parte las subvenciones, no
queremos que el Ayuntamiento gaste dinero público en templos religiosos; además,
la mayoría de los vecinos no quiere una mezquita en el barrio, y muchas de las
empresas de la zona tampoco. Por ello estamos ahora en contra del oratorio",
explicó ayer el presidente de la asociación de vecinos Gorg-Mar, Guzmán
Roger. La oposición al templo se organiza también en barrios
cercanos al Gorg, como el de Sant Jaume y Congrés, donde ya se ha iniciado estos
días una recogida de firmas bajo el lema Mezquita no.Dicen que ya tienen unas
dos mil.
En cualquier caso, la oposición al oratorio no es compartida por la
Federación de Asociaciones de Vecinos de Badalona, cuyo vicepresidente, Miquel
Jurado, denunció ayer que "detrás de muchos de los que se niegan a aceptar la
mezquita se esconde una actitud xenófoba. La federación está en contra de
templos, de cualquier religión, que puedan alterar la vida pública, pero la
Constitución garantiza la libertad de culto, en algún sitio tendrá que ponerse
la mezquita".
Por otro lado, un colectivo rumano pide al Ayuntamiento el mismo
trato que a los musulmanes. Dicen que ellos también necesitan un templo para sus
plegarias.
LA VANGUARDIA DIGITAL
L. BENVENUTY - 10/03/2005
BADALONA
La Asamblea por la Regularización sin Condiciones ha convocado
encierros este fin de semana en siete iglesias y sedes universitarias y
sindicales de Barcelona y Santa Coloma de Gramenet, para exigir al Gobierno
mayor flexibilidad en los requisitos del proceso de regularización de los
inmigrantes. En caso de que el Ejecutivo no acepte sus reivindicaciones, los sin
papeles advierten que, a partir del 2 de abril, irán a una huelga indefinida,
"hasta ganar o perder".
La asamblea reclama que se tengan en cuenta otros documentos aparte
del censo y que se aumente el plazo del proceso, que acaba el 7 de mayo. Además,
pide que el imprescindible certificado de antecedentes penales "no caduque a los
tres meses" y "que se elimine el requisito del contrato". Para Norma Falconi y
Enrique Mosquera, portavoces de la Asamblea, estos son "filtros" que evitan la
regularización y demuestran que "la propuesta del PSOE era una farsa". Falconi
denunció que nunca se había exigido el certificado de empadronamiento ni el de
penales, y señaló que pedir un contrato es "el pez que se muerde la cola: sin
trabajo no hay papeles y sin papeles no hay trabajo".
Mientras en Madrid el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús
Caldera, informaba de que que las peticiones para legalizar la situación de
trabajadores inmigrantes sumaron 118.000 el primer mes (el 64% en Madrid,
Catalunya y Valencia) y 128.000 a día de hoy, Mosquera aseguraba que "a este
paso no vamos a llegar ni a las 400.000".
Según cifras de Caldera, han sido rechazados hasta la fecha 490
expedientes y 1.639 están pendientes de que se adjunte el certificado de
penales. Caldera se felicitaba en Madrid por la "excelente" marcha del proceso
mientras la Asamblea afirmaba en Barcelona que son un 20% las solicitudes
denegadas por ahora. "El escollo es el requisito de contrato, pues mucho
empresarios despiden a los inmigrantes", señaló Mosquera. "Si el patrón no
cumple los requisitos -añadió Falconi-, se castiga al inmigrante; no se persigue
nunca a la empresa ni a las mafias".
Los manifestantes prevén encerrarse tras una concentración
silenciosa mañana en la plaza Universitat, donde rendirán homenaje a las
víctimas del 11-M, y hasta las 21.00 del domingo. El polideportivo de Sant
Medir, en el barrio de Sants, y la escuela superior de Ingeniería Industrial de
la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), en la Diagonal, son los centros
que esperan mayores concentraciones. Otros locales disponibles son la iglesia de
Sant Miquel del Port, en la Barceloneta, el local de la CNT, en Joaquim Costa y
la sede del sindicato Cobas. Además, en Santa Coloma están disponibles la
parroquia de Sant Miquel y el ateneo Julia Romera.
LA VANGUARDIA DIGITAL
MARICEL CHAVARRÍA - 10/03/2005
BARCELONA
El incremento de los controles policiales que se vienen llevando a
cabo durante las últimas semanas en los pasos fronterizos de las comarcas de
Girona para evitar la entrada indiscriminada de inmigrantes que no disponen de
los necesarios permisos de trabajo o de residencia en España, ha comenzado a dar
sus frutos. Durante los últimos 15 días, la Policía Nacional han detenido en La
Jonquera a once conductores de autobuses que pretendían entrar en el país
transportando inmigrantes ilegales. Estos conductores, la gran mayoría de los
cuales son de nacionalidad búlgara o rumana, fueron detenidos por la policía
después de haber intentado ya en anteriores ocasiones entrar en el país y de
haber sido rechazados en los controles, según fuentes policiales. Cuatro de los
detenidos, según las mismas fuentes, han ingresado en prisión.
La subdelegación del Gobierno en Girona reconoció ayer que desde la
entrada en vigor del periodo de regularización para trabajadores extranjeros
residentes en España, se han incrementado los controles policiales en las zonas
fronterizas. Fuentes de la subdelegación señalaron también que las labores
policiales no se limitan a prohibir a las personas que no cumplen los requisitos
legales, sino que los agentes trabajan también ahora en la identificación de los
integrantes de las redes mafiosas que se dedican al tráfico de personas. Cabe
recordar que ésta fue una petición explícita del Fiscal General del Estado,
Cándido Conde Pumpido, después de que se detectara un incremento en la entrada
en España por las fronteras de Girona de inmigrantes indocumentados procedentes
de los países del Este.
La Fiscalía de Girona reconoce que el transporte de inmigrantes no
se reduce sólo a los autobuses y que se han detectado también personas que se
dedican a pasar extranjeros en sus coches particulares a cambio de una cantidad
de dinero.
LA VANGUARDIA DIGITAL
ANTONI F SANDOVAL - 10/03/2005
LA JONQUERA
En el primer mes del proceso de regularización de trabajadores
inmigrantes, los empresarios han presentado en Catalunya un total de 22.606
peticiones, según informó una portavoz de la Delegación del Gobierno. De estas
solicitudes, 14.821 fueron presentadas entre el 7 y el 28 de febrero, mientras
que las 7.785 restantes se presentaron entre el 1 y el 4 de marzo.
La portavoz de la Delegación destacó que, tal como reflejan las
cifras, en los últimos días "se ha intensificado" la presentación de solicitudes
y todavía se espera "que vaya a más". En la actualidad, reciben cerca de 2.000
solicitudes diarias. A partir del día 15, funcionarán otras cuatro oficinas en
la provincia de Barcelona para afrontar este proceso, a pesar de que hasta el
momento no se han producido colapsos.
La presidenta de la Asociación Catalana de Profesionales de la
Extranjería, Concha Par, aseguró ayer que los ayuntamientos "están emitiendo los
certificados de empadronamiento por distintos métodos y ritmos, por lo que la
documentación a presentar para la regularización no se ha acumulado". "Se están
presentado menos solicitudes de las esperadas y muchas son de inmigrantes que
trabajan para el servicio doméstico", señaló Par.
LA VANGUARDIA DIGITAL
09/03/2005
Europa Press. BARCELONA
La Asamblea por la Regularización sin Condiciones considera que el
proceso de regularización que actualmente está llevando a cabo el Gobierno es un
"engaño" porque "hoy no existe noticia de ningún inmigrante regularizado" y
porque de los 1,3 millones de sin papeles, cerca de un millón "no habrán
siquiera podido presentar su instancia por carecer de los documentos exigidos".
Asimismo, anunció encierros para la noche del 11 al 12 de marzo en Barcelona,
Cornellà de Llobregat y Santa Coloma de Gramenet.
La asociación aseguró ayer, en un manifiesto remitido a Europa
Press, que "el Gobierno sigue engañando al presentar su balance", en el que
decía que hasta ahora se habían presentado unas 100.000 solicitudes de
regularización, ya que "nada dice de la oleada de despidos que ha iniciado su
proceso de regularización".
"Los inmigrantes, que vivimos cada día la cruda realidad de buscar
nuestros documentos y reclamar nuestro contrato infructuosamente, estamos ya
desengañados", apuntó, y añadió que este proceso "nos mantiene sin derechos y
sometidos a la voluntad de los empresarios". Según el citado comunicado, "de
esta forma no se acabará con la economía sumergida y las mafias que venden
contratos, censos y certificados, seguirán enriqueciéndose".
Por todo ello, pidió al Gobierno que introduzca modificaciones en el
proceso de regularización, consistentes en admitir junto al censo otros
documentos que demuestren la estancia, ampliar los plazos y suprimir el contrato
como requisito imprescindible porque "deja a los inmigrantes en manos de sus
empresarios".
La Asamblea por la Regularización Sin Condiciones anunció que
llevaran un encierro en la noche del 11 al 12 de marzo "en locales de diferentes
organizaciones que han decidido cedérnoslos en solidaridad con nuestra lucha" en
los municipios de Barcelona, Cornellà de Llobregat y Santa Coloma de Gramenet.
Ayer, la Delegación del Gobierno en Catalunya informó que desde hoy
las solicitudes para la regularización de inmigrantes sólo se podrán presentar
en las oficinas del Instituto Nacional de la Seguridad Social de la Provincia de
Barcelona después de concertar una cita previa por teléfono. Esta medida, según
la delegación. se aplica con el objetivo de facilitar y agilizar las gestiones
para la regularización.
La exigencia de concertar una cita previa afecta sólo a las oficinas
del INSS, ya que en la de la Tesorería de la Seguridad Social y la del Instituto
Social de la Marina es optativo pedir hora por teléfono para los trámites de
regularización.
Precisamente la patronal catalana Cecot aseguró que el proceso de
regularización extraordinaria de inmigrantes en curso sólo beneficiará al 30% de
los sectores empresariales y recordó que sólo se han presentado en España un
total de 48.000 solicitudes, lo que equivale al 10% de los extranjeros
indocumentados que residen en España.
Cecot indicó que la gran mayoría de los trabajadores sin papeles que
"no están aflorando" se concentran precisamente en el servicio doméstico, la
atención a personas dependientes y la agricultura.
LA VANGUARDIA DIGITAL
07/03/2005
Agencias. BARCELONA
Si hay algo que define a los colombianos por encima de otras
características, es el sentido del ritmo. Una cualidad que no han perdido ni
siquiera quienes llevan muchos años en España, una tierra a la que se han
aclimatado muy bien a pesar de las pequeñas y no tan pequeñas diferencias
culturales y climáticas.
Quizá porque otras nacionalidades latinoamericanas son más numerosas
en España, la presencia de colombianos no es tan visible como la de los
ecuatorianos o peruanos, pero lo cierto es que las estimaciones más creíbles
sitúan el número de ciudadanos del país del café que residen al sur de los
Pirineos alrededor del medio millón.
Su llegada ha crecido al mismo ritmoq ue el resto de la inmigración
española y, con ello, su multiplicación se acentuó desde el año 2000. El 31 de
diciembre de 1992 el Ministerio del Interior tenía registrados en España 5.660
permisos de residencia a nombre de ciudadanos colombianos. Siete años después,
eran aún 8.188. Sólo tres años más tarde, las cifras oficiales contabilizaban
71.231 permisos de residencia. El último recuento oficial, de finales de
septiembre pasado, sitúa el colectivo de los nacidos en Colombia autorizados a
residir en España en 128.367.
Los todavía no autorizados son muchos más. Entre 350.000 y 400.000,
según las apreciaciones de la embajada colombiana en Madrid. Fuentes de la
propia legación diplomática cifran el número de los que podrán obtener
documentación en este proceso extraordinario de regularización alrededor de los
300.000. Dato que se obtiene en función del número de antecedentes penales
colombianos solicitados por sus nacionales. Sabido es que, por vez primera, se
solicita en este proceso un certificado de penales del país de origen del
inmigrante.
ANTECEDENTES PENALES. La propia embajadora, Noemí Sanín Posada,
explicó a La Vanguardia que esta medida es sumamente eficaz, pues en el caso de
los colombianos se ha constatado que el 99% de los que han delinquido en España
lo habían hecho anteriormente en su país. Su Gobierno ha delegado en Madrid a 20
funcionarios para expedir a este lado del Atlántico los certificados judiciales
en este sentido, para evitar que sus conciudadanos tuvieran que pedirlos a sus
familiares en el Nuevo Continente.
Claro que esos cálculos parecen demasiado optimistas a la luz del
recuento provisional de instancias presentadas en las oficinas de la Seguridad
Social durante el primer mes del proceso extraordinario de regularización.
Los colombianos que viven entre nosotros se dedican principalmente a
la hostelería, al servicio doméstico, a la construcción y a la agricultu-ra,
siendo especialmente apreciados en la enfermería. Sanín destaca el elevado nivel
formativo de los inmigrantes de su país, aunque muchos desarrollen tareas no
acordes con su formación por las dificultades para homologar sus títulos en
Europa. La embajadora destaca orgullosa que los empresarios que han trabajado
con inmigrantes de varias nacionalidades tienen un elevado concepto de los
colombianos, pues muestran un alto grado de profesionalidad y un bajísimo índice
de absentismo.
NARCOTRÁFICO. Huyendo del tópico que une a los colombianos con el
narcotráfico -sabido es que Colombia es el principal productor de cocaína del
mundo-, la embajadora alude a un estudio realizado a finales del año pasado por
el sindicato Confederación Española de Policía en el que se define a los
colombianos que residen aquí como el colectivo de inmigrantes con un índice de
delincuencia más bajo.
SE QUEDAN. Otro rasgo característico de la inmigración de este país
es que la inmensa mayoría de quienes llegan a España lo hacen para ahorrar algo
de dinero y regresar, pero muy pocos lo hacen realmente pasados los años. Los
hombres que vienen solos tienen una elevada tendencia a encontrar pareja y
establecerse. Son sólo las madres, con serios problemas de disfuncionalidad
familiar, quienes terminan por volver con sus hijos cuando no encuentran la
ocasión de traerlos con ellas hasta aquí.
Pero los colombianos no ven sólo a España como una oportunidad de
prosperar económicamente. Para muchos artistas colombianos la madre patria es
especialmente una referencia intelectual. El cineasta Sergio Cabrera, los
columnistas Antonio Caballero y Daniel Sanperpisano o el director teatral Álvaro
José Reyes han escogido estas latitudes más templadas para establecer su
residencia sin perder el contacto con su país.
PATRIOTISMO. Y es que ninguno de los alrededor de medio millón de
colombianos llegados a España pierde del todo esa conexión. Prueba de ello es
que las últimas celebraciones del día nacional, el 20 de julio, han reunido en
Madrid a más de 24.000 compatriotas bailando durante horas a ritmo de vallenato.
Toda una demostración de nostalgia y patriotismo.
LA VANGUARDIA DIGITAL
LUIS IZQUIERDO - 06/03/2005
MADRID
La Federación DE Asociaciones de SOS Racismo del Estado Español denuncia la negativa de la Subdelegación del Gobierno en Almería para permitir un acto por la muerte de Azzouz
La Federación de Asociaciones de SOS Racismo del Estado Español se solidariza con La Plataforma Almeriense Iguales en Derechos que denuncia la actitud arbitraria del Subdelegado,denegando la realización de la concentración en el centro de El Ejido y pretende apartarla a un lugar aislado, alejado del centro de la localidad. La desautorización se fundamenta en unas supuestas obras en la Plaza Cervantes, que no existen, y en el absurdo de que la concentración interferiría la circulación en la vía pública, hecho implícito en cualquier tipo de reunión pública.
Esta negativa del representante del Gobierno en la provincia, que implica un cercenamiento desproporcionado e injustificado del ejercicio del derecho fundamental de reunión, responde a las presiones de las autoridades municipales de El Ejido y no busca sino silenciar y ocultar un fenómeno de inseguridad y acoso que viven muchos inmigrantes en el Poniente, y que a la larga sólo servirá para agravar las tensiones sociales que existen desde hace años en ese municipio.
Ante esta situación La Plataforma Iguales en Derechos solicita una reunión urgente al Subdelegado del Gobierno, Sr. Miguel Corpas Ibáñez en un escrito en que justifica la no aceptación de las modificaciones planteadas. Denunciamos la actitud antidemocrática y racista que supone la prohibición, por parte de la Subdelegación del Gobierno en Almería, de una concentración en el centro de El Ejido, cuyos objetivos compartimos plenamente:
- exigir el esclarecimiento de la muerte de Azzouz,
- el cese de las agresiones a inmigrantes y la convivencia pacífica entre tod@s l@s almerienses, nativ@s y extranjer@s.
Exigimos una posición clara de defensa de la convivencia y de intolerancia con los actos racistas y xenófobos". Consideramos esta prohibición un hecho de suma gravedad en cuanto supone un atentado al derecho democrático de libre expresión y, lo que es peor aún, un acto de racismo institucional que sólo puede servir para agravar la situación de tensión que se vive en la comarca. La prohibición de una concentración en El Ejido cuyos objetivos eran *exigir el esclarecimiento de la muerte de Azzouz**, el cese de las agresiones a inmigrantes y la convivencia pacífica entre almerienses, sean o no extranjeros, convierte a la Subdelegación del Gobierno en Almería en cómplice de actitudes racistas y xenófobas, compartidas por una minoría de la población, a la que dicha Subdelegación pareciera pretende encubrir y ocultar.
El asesinato de una persona por el hecho de ser inmigrante es un hecho muy grave al que es preciso dar una respuesta contundente dentro del marco jurídico que termine con el racismo y la xenofobia de una minoría que está actuando con total impunidad y que defienda una convivencia pacífica entre ciudadanos de distintos orígenes y culturas.
Nos dirigimos también a la Presidencia del Gobierno, al Ministerio del Interior, a la Delegación del Gobierno en Andalucía y a la Subdelegación de Almería, denunciando la actitud antidemocrática y racista que supone la prohibición de dicha concentración en el centro de El Ejido y exigiendo una posición clara de defensa de la convivencia y de rechazo a los actos
racistas y xenófobas.
Federacion de Asociaciones de SOS Racismo del Estado Español
Leganés cree que los atentados generaron "desconfianza" hacia
los inmigrantes
Los vecinos de Leganés Norte -barrio donde el 3 de abril se
inmolaron en un piso los siete presuntos terroristas islamistas del 11-M- y el
Gobierno local coinciden en señalar que el ambiente en la zona se ha visto
afectado durante este primer año por ambos acontecimientos.
El concejal de Seguridad Ciudadana y portavoz del Ejecutivo
Local, Antonio García Blázquez, manifestó que "la repercusión de los atentados
ha influido en la percepción de seguridad de la gente", sobre todo, en la de los
residentes de Leganés Norte.
No obstante, aunque el edil admitió que la población tiene
cierto recelo hacia los colectivos inmigrantes, subrayó que "no se han detectado
conductas no deseadas de los vecinos ante la población inmigrante de la zona".
"Creo que todos conviven -apuntó- y no hemos aplicado ningún seguimiento
especial, a excepción del que nos llegaba desde la delegación del Gobierno en
Madrid para casos puntuales", matizó.
En este sentido, el concejal se refirió a las últimas
detenciones practicadas en Leganés y relacionadas con el terrorismo
internacional -los hermanastros marroquíes Brahim y Mohamed Musaten, detenidos
por "colaboración con organización terrorista" en el barrio de Los Santos-, un
hecho que, a su entender, "ha refrescado la sensación de inseguridad".
Sin embargo, consideró que "más allá de eso, la convivencia es
normal". Así, opinó que incluso la tipología de la delincuencia habitual en el
municipio "no ha presentado ningún cambio por estos motivos".
NO HAY ANGUSTIA, PERO SÍ MÁS SENSIBILIDAD
Los colectivos vecinales, por su lado, comparten una
percepción similar de los sucesos del pasado año. El vicepresidente de la
asociación de vecinos de Leganés Norte, Diego Alhambra, cree que "no hay
sensación de angustia en la barriada", aunque sí advirtió que "alguno de los
vecinos de la calle Carmen Martín Gaite no volverán al inmueble reconstruido por
la sensibilidad e inestabilidad que ha generado la inmolación de los
terroristas".
En cuanto a la actitud vecinal ante los inmigrantes, el
representante vecinal es rotundo: "Creo que nuestra respuesta ciudadana ha sido
encomiable, pero si alguien alquila un piso en mi bloque, ya no actuamos igual".
De esta manera, Alhambra instó a las Administraciones públicas a que investiguen
los alquileres que puedan resultar sospechosos. "Hay que tomar medidas",
aseguró.
Y es que en la vecindad del barrio quedó grabada no sólo la
explosión, sino hechos posteriores, como los rastreos en busca de restos de
Goma-2 ECO, que obligó a los miembros de desactivación de explosivos (Tedax) a
desalojar hasta en tres ocasiones los inmuebles colindantes el día 12 de abril
para mantener "una distancia prudencial". Además, la Oficina de Atención a las
Víctimas atendió en los días posteriores a un total de 157 personas.
Efectivamente, tras la inmolación, la desconfianza se asentó
en Leganés este año. De hecho, a lo largo de estos meses, el alcalde, José Luis
Pérez Ráez (PSOE), advirtió en varias ocasiones del posible ambiente de
desconfianza hacia la población inmigrante -principalmente de origen marroquí-
que podrían haber generado los atentados, unos sucesos que, en palabras de la
concejal de Servicios Sociales, Margarita Pedruelo, habrían creado "cierta
alarma".
Por ello, el Consistorio leganense ha potenciado las campañas
de integración, sobre todo, en las escuelas públicas. Fruto de ello fue, por
ejemplo, el libro 'Los orígenes del arco iris de Leganés', documento editado por
el Consejo Municipal de la Infancia y la Adolescencia y las ONGs 'Migralia' y
'Save the children' que recoge a través de cuentos, dibujos y poesías la
percepción que tienen 60 escolares sobre la inmigración.
Este documento recogía que los niños inmigrantes que llegan a
Leganés se "sienten integrados" y "quieren mucho a España", según la
coordinadora del proyecto y presidenta de 'Migralia', Olga Gayón, quien reveló,
además, que los niños de la zona estudiada demuestran "una solidaridad general
con los inmigrantes".
Madridpress.com
El número de inmigrantes despedidos supera a los regularizados, según un estudio
La cantidad de inmigrantes despedidos por sus empleadores
superó en las primeras semanas del proceso extraordinario de regularización
abierto en España a quienes accedieron al plan para obtener papeles, según un
estudio publicado por el diario económico La Gaceta.
"Los primeros 16 días hubo 48.247 regularizaciones, pero hubo
58.974 despidos", afirma La Gaceta de los Negocios citando los resultados de una
investigación efectuada por la Asociación Profesional Española de Directores de
Recursos Humanos (APEDRRHH), en cuya opinión, "el proceso está fracasando".
Según la citada asociación, esa "tendencia" se mantiene.
"La investigación certifica que la tendencia continúa e
incluso aumenta", dice el texto, antes de afirmar que: "los empresarios
despedían abundamentemente a quienes les pedían que les regularizasen", indica
el periódico.
Cuando ese estudio se refiere a regularizaciones, queda claro
que son las solicitudes de regularización que empresarios, empleadores o los
propios inmigrantes, como los empleados domésticos, presentaron en las dos
semanas siguientes al 7 de febrero pasado, cuando se abrió el proceso de
"normalización" de inmigrantes sin papeles pero con trabajo.
LOS AGRICULTORES NO NECESITAN MANO DE OBRA POR LOS DAÑOS DE LA
OLA DE FRÍO
El estudio atribuye el resultado obtenido a dos motivos. A
raíz de la ola de frío que azota a España, los empleadores agrícolas "no
necesitan de mano de obra" y la segunda es que los empresarios tienen "miedo" de
que la inspección de trabajo los localice como empleadores que antes del proceso
de regularización tenían a inmigrantes trabajando en negro y que por ello, en el
futuro, se les hagan inspecciones.
La asociación considera que el actual proceso de
regularización "está fracasando, ya que las mafias han identificado los flancos
débiles del proceso", aunque no brinda más detalles al respecto.
DESPIDOS EN MADRID, CATALUÑA Y VALENCIA
Madrid, Cataluña y Comunidad Valenciana, son las regiones
autónomas donde más despidos se han registrado, siempre según el mismo estudio.
El estudio se basa en una encuesta electrónica a la que
respondieron cerca del 70% de unos 3.000 directores de recursos humanos.
El proceso excepcional de regularización que concluirá el 7 de
mayo está dirigido a unos 500.000 inmigrantes, según el Gobierno
Madridpress.com
El lunes por la noche, la juez Joan Lefkow se encontró los cadáveres de su marido, el fiscal Michael Lefkow, y de su madre en su casa de Chicago cuando regresó del trabajo. La juez había sido amenazada de muerte por un activista racista blanco hace dos años.
Lefkow llevó el caso de Matthew Hale, de Illinois, condenado el año pasado después de que intentara contratar a un asesino a sueldo para que matara a la juez, en venganza por haberlo declarado en desacato. El motivo es que Hale usaba para su organización el nombre de Iglesia Mundial del Creador, algo que tenía prohibido porque otro grupo de Oregón ya lo tenía registrado. La policía está investigando si el asesinato del marido y la madre está vinculado con estos antecedentes.
El Periódico
mi.2 mar. 2005
CHICAGO
La cacería comenzó el 7 de febrero. Aquel día, varias decenas
de gendarmes, policías y agentes antidisturbios bloquearon todas las entradas al
campamento que 1.500 inmigrantes subsaharianos tienen en los montes de Belyones
y de donde, desde hace años, parten en sus intentos para saltar la frontera que
separa Marruecos de Ceuta, situada a apenas 500 metros de allí. Por si el cerco
no bastara, las fuerzas de seguridad se han apostado en la fuente donde los
inmigrantes se aprovisionan de agua.
Se trata de una guerra por agotamiento basada en cerrar los
accesos al campo para evitar que los inmigrantes pudieran conseguir comida, agua
y medicamentos, y así ir arrestando sin problemas a aquellos que abandonan el
recinto agotados por el hambre y la sed.
Un invierno muy duro
"Nos están aplicando una estrategia de guerra pero nosotros no
somos más que civiles desarmados", explica en una conversación por teléfono
móvil un inmigrante congoleño que se encuentra en el campamento. "Antes
bajábamos a la ciudad a buscar comida o a mendigar, pero ahora estamos rodeados
de agentes", relata este joven, que pide socorro a la comunidad internacional:
"Ayúdennos. Esto es un drama humanitario. Ya no nos queda comida y entre
nosotros hay mujeres, algunas de ellas embarazadas, y niños, que ya están en muy
mal estado tras haber tenido que pasar un invierno muy duro".
"Preferimos morir rodeados a rendirnos", anuncia este
congoleño que asegura que hace unos días dos inmigrantes intentaron esquivar el
cerco para ir a buscar comida, pero que fueron arrestados por las autoridades.
Según Hicham Rachidi, vicepresidente de la Asociación de
Amigos y Familiares de las Víctimas de la Inmigración Clandestina, "las
autoridades están poniendo en práctica este cerco porque saben que no pueden
entrar a saco en el campamento". "Al haber tantos inmigrantes, muchos de los
cuales ya no tienen nada que perder, las fuerzas de seguridad temen encontrarse
con una fuerte resistencia", explica.
La AAFVIC y otras ONG, tanto marroquís como europeas, han
denunciado la terrible situación que se vive en el campo de Belyones desde que
ha sido sitiado por las autoridades y han pedido "el fin inmediato de ese
cerco". "Las autoridades impiden a las ONG llevar víveres y agua al campamento",
denuncia la AAFVIC, dos de cuyos miembros fueron detenidos por intentar llevar
alimentos al campamento.
Las ONG denuncian que un 45% de los 1.500 subsaharianos que
viven en el campamento son refugiados venidos de países en guerra (Congo y Costa
de Marfil) que han pedido asilo político en Marruecos, sin que las autoridades
de este país ni la Alta Comisaría de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)
atienda sus peticiones.
El cerco al campamento de Belyones se enmarca en la campaña de
redadas que desde hace meses está llevando a cabo el Gobierno de Marruecos por
todo el país y que persigue acabar con la presencia en su territorio de
inmigrantes subsaharianos. Presionado por los Gobiernos europeos, especialmente
el español, Rabat está practicando detenciones masivas en las que no siempre se
respetan los derechos humanos de los inmigrantes que, tras ser arrestados, son
expulsados a Argelia.
Despliegue de militares
La presión sobre los subsaharianos es tan fuerte que, sólo
desde el 19 de febrero, han sido detenidos 60 inmigrantes en redadas en Nador,
Taurirt, Tan Tan, Alhucemas, Chauen y El Aayún. En el 2004, la cifra de
subsaharianos detenidos ascendió a 14.000.
Además de esas redadas, las autoridades marroquís van a poner
en práctica una estrategia para intentar cerrar el país a la entrada de
subsaharianos. El primer paso será el despliegue de entre 2.000 y 3.000
militares que formarían un cordón humano en el tramo norte de la frontera con
Argelia, el principal punto por el que los subsaharianos entran en Marruecos.
Para poder blindar esa frontera, Rabat contará con el apoyo de
la Unión Europea que, asesorada por España, instalará en esa línea fronteriza el
Sistema Integral de Vigilancia Exterior (SIVE), un complejo mecanismo de alta
tecnología integrado por radares, infrarrojos y cámaras térmicas.
El Periódico
lu.28 feb. 2005
ANTONIO BAQUERO
RABAT