El ministro del Interior de Reino Unido, Charles Clarke, ha anunciado hoy la detención de diez extranjeros sospechosos de representar una "amenaza para la seguridad nacional" y ha afirmado que serán deportados. Entre ellos se encuentra el clérigo musulmán Abu Qutada, considerado jefe espiritual de Al Qaeda en Europa, según la BBC. La deportación de islamistas radicales que inciten a cometer atentados es una de las medidas anunciadas el pasado viernes por el Gobierno británico para reforzar la lucha antiterrorista tras los ataques del mes de julio en Londres. "En virtud de mis poderes para deportar individuos cuya presencia en Reino Unido no es favorable para el bien público por razones de seguridad nacional, el servicio de inmigración ha detenido hoy a diez nacionales extranjeros que yo creo suponen una amenaza para la seguridad nacional", dice Clarke en un comunicado. "Ellos permanecerán detenidos en lugares penitenciarios seguros y no voy a revelar sus nombres", agrega. "Después de meses de trabajo diplomático, ahora tenemos razones para creer que podemos obtener las necesarias garantías de los países a los que haremos las deportaciones, de modo que (los arrestados) no estén sujetos a la tortura o los malos tratos", indica la nota.
La deportación de extranjeros potencialmente peligrosos es una de las medidas anunciadas el pasado viernes por el primer ministro, Tony Blair, como parte de una nueva estrategia para combatir el terrorismo tras los atentados del 7 de julio, que mataron a 52 personas, y del 21 de julio, que no causaron víctimas, en la red de transporte público de Londres. Reino Unido, como país firmante de la Convención Europea de Derechos Humanos, no puede deportar a nadie a países donde puedan sufrir torturas, pero Blair afirmó que espera cerrar acuerdos con diversos países para garantizar que los deportados serán tratados correctamente. Su Gobierno ya ha firmado un acuerdo con Jordania y está en negociaciones con varios países más, entre ellos Argelia, Túnez, Egipto y Líbano.
En la operación de hoy han participado cuatro cuerpos de seguridad -la Policía Metropolitana de Londres, la Policía de Leicester, de Bedfordhsire y de West Midlands- junto con agentes del servicio de inmigración británico.
Si bien el Gobierno no ha querido revelar las identidades de los retenidos, la BBC asegura que entre ellos se encuentra el clérigo musulmán radical Abu Qutada, de 44 años. Qutada es considerado el embajador de Osama Bin Laden en Europa y predicaba en la mezquita de Finsbury Park, en el norte de Londres, pero fue detenido en 2002. El clérigo es palestino de origen jordano y llegó al Reino Unido como refugiado político en 1993.
Desde el año 2002 Qutada estaba retenido sin cargos en la prisión de alta seguridad de Belmarsh, en el sureste de Londres, en virtud de unas leyes aprobadas por el Parlamento, pero en marzo pasado fue liberado para pasar al arresto domiciliario con medidas de control, en aplicación de la nueva Ley de Prevención del Terrorismo.
El juez español Baltasar Garzón llegó a calificar a Qutada como líder espiritual europeo de un grupo terrorista vinculado a Al Qaeda durante una investigación sobre las conexiones de los autores de los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra EE UU.
El canciller alemán Gerhard Schröder presentará el próximo 19 de agosto un disco con canciones de estrellas alemanas del hip-hop titulado Juntos contra la ultraderecha, destinado a combatir los comportamientos xenófobos. Schöreder, al que muchas encuestas dan como perdedor en las elecciones del 18 de septiembre que disputará a su rival democristiana Angela Merkel, apadrina esta iniciativa, en la que han participado rostros conocidos de la escena hip-hop alemana como Smudo, líder del grupo Die Fantatischen Vier.
El disco incluye piezas nuevas y otras ya conocidas por el público alemán y será distribuido en los distritos donde el ultraderechista Partido Nacional Democrático (NPD) tiene más apoyo.
Cuatro niños y cuatro adultos murieron en Berlín en la noche del lunes en el incendio más letal desde la II Guerra Mundial. El fuego se desató poco después de las once de la noche en la parte baja de la escalera de un edificio de viviendas en el barrio berlinés de Moabit, de población mayoritariamente extranjera. "Nada apunta a un atentado con motivación política o criminal", declaró ayer el senador (cargo equivalente a ministro) del Interior del Estado de Berlín, Ehrhart Körting, al visitar el edificio.
Además de las ocho víctimas mortales, al menos 15 personas resultaron heridas de gravedad, y dos de ellas se debatían ayer aún entre la vida y la muerte. Otras 10 resultaron heridas leves.
Los inquilinos del edificio, en su mayoría de origen árabe, balcánico y polaco, no entendieron las advertencias en alemán de que no bajaran por la escalera, según sostuvo ayer el jefe de bomberos, Albrecht Broemme. El fuego se extendía por ella como por una chimenea llena de gases tóxicos, y las temperaturas alcanzaban los 600 grados. El intento de huida por la escalera supuso la muerte para algunos de los inquilinos. Cuatro de los muertos formaban parte de una familia de origen polaco.
Los habitantes de la casa negaron, sin embargo, que hubiera un problema de idioma. "Aquí todos hablamos bien alemán", dijo un vecino. El dueño de un quiosco que está junto a la casa lo confirmó: "Salvo algunas personas mayores, todos saben alemán", dijo. "Las personas que actúan presas del pánico sólo pueden comunicarse en su lengua materna", explicó a la agencia de prensa alemana DPA Gerd Hoff, experto en aprendizaje intercultural. "En situación de pánico hay que hablar a las personas alto y claro para que comprendan", declaró un psicólogo a la misma agencia. "En caso de extranjeros, la dificultad es mayor", añadió.
Por el contrario, los vecinos criticaron las pocas indicaciones de los bomberos y la tardanza en el rescate, después de que el fuego quedara apagado en cuestión de 20 minutos.
"Tiraban cacerolas" "Pasó una hora y media hasta que los bomberos vinieron por la escalera a salvarnos", dijo el hijo de una familia griega, que explicó que en todos los balcones había gente esperando la evacuación. "Los de la cuarta planta tiraban cacerolas para llamar la atención de los bomberos", añadió. Otros vecinos aseguraron que no hubo indicaciones de ningún tipo por parte de los agentes.
La policía inició ayer una investigación para determinar las causas del incendio, que se cree que no fue accidental. "Descartamos la hipótesis de un atentado racista", declaró ayer el portavoz de la policía, Thomas Piotrowski. "No se trata de un albergue de inmigrantes, sino de un edificio normal de viviendas donde los vecinos se conocían y tenían buena relación", explicó. No se encontraron sustancias inflamables y nadie reivindicó la acción. "El incendio fue provocado, no sabemos aún si por un descuido o si hubo intención", añadió Piotrowski.
La policía encontró varios cochecitos de bebé calcinados que se cree que fueron el foco del incendio. En edificios antiguos sin ascensor es común en Alemania que las familias dejen el carrito del bebé en el zaguán. La casa es uno de tantos edificios de viviendas de los años treinta que abundan en Berlín, construidos básicamente en madera.
Han pasado 25 años y los autores materiales se encuentran en prisión desde hace tiempo, pero nadie sabe exactamente cuántos secretos quedan aún por desvelar. Aquel 2 de agosto de 1980, los trenes y andenes de la estación de Bolonia rebosaban de italianos que empezaban sus vacaciones. Una maleta en la sala de espera explotó a las 10 y 25 minutos. Una parte del edificio voló por los aires. Hubo 85 muertos y 200 heridos: la peor masacre causada por el terrorismo italiano. Dos fascistas cumplen cadena perpetua por aquel atentado: Valerio Fioravanti y Francesca Mambro, autores materiales. Luigi Ciavardini, que en 1980 tenía 17 años, fue condenado a 30 de prisión. Francesco Pazienza, intrigante personaje vinculado a los servicios secretos, fue condenado a 10 años por "calumnia grave", y Licio Gelli, fundador de la logia masónica P-2 que en esos años gobernaba Italia de forma oculta, recibió la misma pena por intoxicar la investigación. Algunos jefes del contraespionaje fueron apartados del cargo. "Traicionaron de manera desconcertante su uniforme y su misión", señaló Libero Mancuso, el fiscal que en la época dirigía las investigaciones. Desde entonces se han celebrado ocho procesos. Sin embargo, el secreto de Estado impide conocer toda la verdad y ayer, cuando, como cada año desde entonces, miles de personas se reunieron en la estación de Bolonia para "no olvidar", volaron de nuevo los abucheos contra los representantes del Gobierno.
Cazar a Gadafi "El espanto y la indignación permanecen vivos en la consciencia civil de los italianos", escribió ayer a la ciudad el presidente de la República, Carlo Azeglio Ciampi. Durante la manifestación, que recorre el centro de Bolonia y termina con el pitido de una locomotora en la estación, la gente guardaba silencio. "Es nuestro rito colectivo, que celebramos para reforzar nuestra identidad", leyó Sergio Cofferati, el alcalde progresista de Bolonia, quien citó las recientes masacres del terrorismo internacional, desde Nueva York hasta Sharm el Sheij pasando por Atocha. La mayor duda que los distintos sumarios guardan en sus páginas se refiere a que la masacre debía servir para "distraer" a la opinión pública de otra, ocurrida dos meses antes. Un avión DC-9 de la compañía Itavia con 81 personas a bordo cayó a la altura de la isla de Ustica, al sur de Nápoles; ningún proceso ha logrado esclarecer las causas del accidente. Desde entonces, los magistrados han denunciado numerosas intoxicaciones, como la reescritura del diario de a bordo de un portaviones de EEUU y la manipulación y desaparición de las cintas de los radares militares de media Italia. Según la reconstrucción judicial, no probada del todo, aquella noche del 26 de junio de 1980, en el cielo del mar Tirreno y en coincidencia con unas maniobras militares, se desarrolló una batalla para abatir --sin éxito-- el avión del líder libio, Muamar Gadafi. Un caza se escondió en la señal radar del DC-9 y los misiles dirigidos contra el primero habrían abatido el segundo. Bolonia debía sepultar la verdad.
El Atlántico expulsó el viernes los cadáveres de 23 subsaharianos a la playa de Duijla, unos 60 kilómetros al norte de El Aaiún. Su patera naufragó cuando navegaba hacia Canarias, según indicaron fuentes marroquíes. La fiscalía de la capital del Sáhara Occidental ha abierto una investigación sobre el trágico suceso. Todos los cadáveres pertenecían a varones cuya edad oscila, según estimaciones de la Gendarmería marroquí, entre 27 y 35 años. Eran originarios de Malí y de Senegal, a juzgar por el testimonio de dos ciudadanos de esos países que no pudieron embarcar porque la patera estaba ya atiborrada. Ambos fueron detenidos cerca de la playa. Las fuerzas de seguridad "han efectuado una amplia batida en la zona" de Duijla "y han apresado a dos grupos de 22 y 28 subsaharianos", declaró a este periódico Drais Cherki, wali (gobernador) de El Aaiún. Los subsaharianos detenidos en Marruecos son generalmente expulsados a través de la frontera con Argelia.
Paralelamente, la Guardia Civil detuvo en la tarde y noche del viernes a medio centenar de subsaharianos cuyas pateras llegaron a Fuerteventura y a Agaete, en Gran Canaria. Hasta ahora ninguna embarcación con inmigrantes se había ni siquiera acercado a la zona de Agaete.
El del viernes es el segundo mayor naufragio que se produce este año en la costa sahariana. El 12 y 13 de marzo pasados el mar expulsó los cuerpos de 30 subsaharianos candidatos a emigrar. Aparecieron en la misma playa de El Aaiún, prácticamente ante las puertas de la residencia del wali.
223 ahogados en 2004 El año pasado las fuerzas de seguridad marroquíes rescataron los cadáveres de 91 subsaharianos a lo largo de la costa del Sáhara Occidental, según la Asociación de Familiares y Víctimas de la Inmigración Clandestina con sede en Khouribga (Marruecos). Del lado canario, la Guardia Civil y Salvamento Marítimo calculan que el número de inmigrantes ahogados en las costas del archipiélago se elevó en el 2004 a 132.
Desde 2004 la presión migratoria desde Marruecos hacia España ha disminuido globalmente. La caída en el Estrecho es muy fuerte pero, en cambio, se ha producido un aumento entre las provincias de Alhucemas y Nador y la costa de Granada. El pasado lunes un marroquí murió como consecuencia de una herida de bala en una playa cerca de Nador, donde se produjo un enfrentamiento entre 72 candidatos a emigrar y una dotación de las Fuerzas Auxiliares, un cuerpo parapolicial.
La secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, subrayó ayer en declaraciones recogidas por las agencias, que en los dos últimos años ha disminuido la llegada de inmigración clandestina a través de pateras.
Rumí adelantó que, según los últimos datos de los que dispone, en los primeros siete meses de 2005 ha habido un descenso del 22% en el número de inmigrantes llegados en pateras a las costas españolas con respecto al mismo periodo de 2004, lo que supone unos 1.500 inmigrantes menos.
La secretaria de Estado remarcó que las mafias buscan cada vez nuevas rutas y sistemas de entrada en España "porque funcionan los controles". Además, reiteró que la comunidad internacional debe actuar económica y políticamente en el continente africano para trabajar en el origen de los movimientos migratorios, que se producen por miseria, hambrunas o inestabilidad política.
El portavoz socialista de Inmigración en el Congreso de los Diputados, Antonio Hernando, resaltó ayer, en relación con el pesquero interceptado en aguas del Estrecho con 135 inmigrantes indios y bangladesíes a bordo, que hay que apostar por que "la Unión Europea, y especialmente los países mediterráneos, sigan aumentando su colaboración para detectar este tipo de fenómenos y poder frenar así la inmigración ilegal".
A su juicio, hay que "fortalecer los contactos y relaciones con los países" de los que proceden estos inmigrantes "para poder articular convenios de colaboración en la materia".
Las drásticas medidas anunciadas por el primer ministro, Tony Blair, para hacer frente al terrorismo en el Reino Unido tras los últimos atentados, han alarmado a grupos de defensa de los derechos humanos, abogados y políticos liberales. "Que no quepa ninguna duda. Están cambiando las reglas del juego", advirtió Blair al presentar el viernes su batería de propuestas, destinadas a combatir a los islamistas fanáticos y facilitar su exclusión del suelo británico.
El líder laborista ha querido así hacer frente a quienes critican a su gobierno de no haber mostrado hasta ahora mano dura con esos "predicadores del odio", que le han valido a la capital británica en la prensa sensacionalista el mote de "Londonistán". Medidas
Entre las medidas propuestas figuran la tipificación como delito de la condonación o glorificación del terrorismo no sólo en el Reino Unido sino en cualquier país, la ilegalización de grupos radicales islámicos, poderes especiales para privar a extremistas de la nacionalidad británica y la ampliación del plazo de prisión preventiva, que es actualmente de catorce días.
Pero también incluyen la posibilidad de deportar a extranjeros por su vinculación a librerías, organizaciones o portales de Internet extremistas, así como el cierre de mezquitas tenidas por viveros de fanáticos. Blair justificó esas medidas, consideradas como draconianas por los defensores de los derechos humanos, por el deseo de los ciudadanos, después de los atentados del 7 y el 21 de julio, de que se promulguen nuevas leyes que permitan deportar a los fanáticos y extremistas que abusan de la tolerancia del pueblo británico.
Preocupación
Las propuestas del primer ministro han suscitado, sin embargo, inmediata preocupación en círculos del Partido Liberal Demócrata, que confiesa no haber sido informado previamente de su alcance en una reunión mantenida recientemente con el ministro del Interior. Su presidente, Charles Kennedy, afirmó que las nuevas propuestas podrían "inflamar las tensiones" en este país.
El propio alcalde de Londres, el laborista Ken Livingstone, criticó algunas de las medidas y dijo que de haberse aplicado, hace veinte años, el líder de la independencia surafricana Nelson Mandela habría visto denegada su entrada en el Reino Unido. El Consejo Islámico de Gran Bretaña expresó su temor de que las propuestas entrañaran la prohibición de cualesquiera manifestaciones de apoyo a personas que viven bajo una ocupación brutal, en clara alusión a la situación del pueblo palestino.
Bruce Holder, del colegio que representa a los abogados, manifestó a su vez su inquietud por las indicaciones de que Blair puede querer "suspender el artículo tercero de la ley de derechos humanos (que prohíbe la tortura)".
Las deportaciones
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El Primer Ministro dijo en efecto que consideraría la posibilidad de suspender los artículos de esa ley que pudiesen estorbar a la aplicación de las medidas propuestas aunque agregó que, en el caso de deportaciones, obtendría garantías de los gobiernos afectados de que no se sometería a los deportados a malos tratos.
Para Eric Metcalfe, del grupo de derechos humanos "Justicia", un tribunal inglés no aceptará jamás las seguridades diplomáticas que pueda dar un país que tortura a sus propios ciudadanos. "Una sociedad libre no combate a los terroristas deportándolos a otros países, sino que los persigue judicialmente aquí, en el Reino Unido", afirmó.
La abogada Shami Chakrabarti, directora del grupo de derechos humanos "Libertad", calificó también de "inaceptable" que se hable de deportar a gente a países donde las torturas son práctica habitual y agregó que criminalizar a quienes "condonan, glorifican o terrorismo dondequiera que sea, resulta muy peligroso". Quien está, sin embargo, de enhorabuena es el jefe de la Policía Metropolitana, Ian Blair, que se declaró "muy satisfecho" con el anuncio del Primer Ministro porque recoge la mayoría de las peticiones que su cuerpo le había planteado.
La Fiscalía del Tribunal de Apelación de El Aaiún, en el Sáhara Occidental, ha ordenado hoy la apertura de una investigación judicial después del hallazgo de 23 cadáveres de inmigrantes subsaharianos en la playa de Tarfaya, según explica en un comunicado. Al parecer, los inmigrantes viajaban en una embarcación rumbo a las Islas Canarias cuando naufragaron, tal y como han contado dos personas, una de Senegal y otra de Mali, que lograron sobrevivir al siniestro y alcanzar la costa. Los cadáveres, hallados en la zona de Tah, en la provincia de El Aaiún, pertenecen a hombres subsaharianos, cuyas edades oscilan entre los 27 y los 35 años, según añade el escueto comunicado.
Sólo en las últimas horas, han sido detenidos en las islas de Fuerteventura y Gran Canaria 46 inmigrantes que han llegado a bordo de dos embarcaciones. Los dos contingentes han sido traslados ya a centros de internamiento. Por un lado, la Guardia Civil detectó la presencia de una patera con 16 personas de origen subsahariano a bordo alrededor de la pasada medianoche en la zona costera de la playa de Las Salinas, en Agaete, al noroeste de Gran Canaria, en una zona donde no es usual el desembarco de inmigrantes.
Cinco sufrían hipotermina
Al lugar se desplazaron cinco ambulancias de la Cruz Roja, una del Servicio de Urgencias Canario (SUC), así como efectivos de Salvamento Marítimo, Policía Local y Guardia Civil. Cinco de los 16 inmigrantes presentaban signos de hipotermia, por lo que tuvieron que ser trasladados al centro municipal de salud, según informa el Centro Coordinador de Emergencias 112.
Horas antes, a las 19.35 horas de ayer otra embarcación, esta vez con 30 inmigrantes a bordo, fue interceptada por una patrullera de la Guardia Civil a unas cinco millas de Fuerteventura. La barquilla fue remolcada hasta el cercano muelle de Puerto del Rosario, capital de la isla. Tras ser atendidos por miembros de la Cruz Roja, los ocupantes de la patera fueron llevados al centro de internamiento de El Matorral.
Eden Tzuberi, un soldado israelí desertor de 19 años, que mató a cuatro palestinos a balazos en el interior de un autobús, fue linchado posteriormente, por una muchedumbre árabe encolerizada, que le tiró piedras y botellas hasta la muerte. El terrible suceso hace temer una nueva oleada de violencia entre las dos comunidades. El comandante de la policía del distrito donde ocurrieron los trágicos hechos declaró: "La situación es sumamente grave y ya hemos movilizado fuerzas para hacer frente a cualquier eventualidad".
El joven Eden, que abrazó recientemente el extremismo religioso, había entablado una discusión con los pasajeros del autobús sobre el plan israelí de retirada de la franja de Gaza y de cuatro colonias judías del norte de Cisjordania. El joven se oponía a ese plan y defendía la permanencia de los colonos judíos en los asentamientos. Las palabras subieron de tono y el debate se agrió. Repentinamente Eden, vestido de uniforme, y con la kippa en la cabeza, comenzó a disparar fuera de sí.
Al parecer, el joven militaba en la organización ilegal ultraderechista Kaj. El autobús de la tragedia enlazaba las localidades de Haifa y Shfaram (Galilea) y el tiroteo tuvo lugar en esta última, justo al entrar en el barrio druso.
Los disturbios estallaron de inmediato entre los habitantes de Shfaram - árabes israelíes-. Las gentes enfurecidas rodearon el vehículo y al grito de "Ala Akbar" (Dios es grande), lincharon al militar radical, sin que la policía pudiera impedirlo. El ataque ha despertado el fantasma de una nueva oleada de disturbios, como en septiembre del 2000, lo que ha llevado a la policía a declarar situación de alerta máxima en todas sus unidades.
Entre las víctimas mortales figuran el chófer del autobús y dos chicas estudiantes y un habitante de Sharam. Entre los más de quince heridos se cuentan una decena de pasajeros que sufren impactos de bala, además de cinco policías que fueron atacados por una masa de jóvenes árabes.
Fuentes policiales confirmaron que Tzuberi, nacido con el nombre de Natan Zaada, era natural de la ciudad de Rishon Letzion, al sur de Tel Aviv, y que recientemente radicalizó sus posturas políticas, hasta la deserción para no tener que participar en la evacuación de Gaza.
El cadáver de Tzuberi seguía anoche en el interior del autobús, según algunas fuentes, custodiado por cientos de agentes de policía que impiden a los manifestantes acercarse.
Algunos políticos de la minoría árabe de Israel han acusado al Gobierno israelí de provocar el atentado. "Es la traducción terrorista de la constante ola de incitación contra la comunidad árabe y del antiarabismo que se ha apoderado de la sociedad israelí", dijo el diputado Ahmed Tibi.
Ariel Sharon describió el atentado como "un acto pecaminoso cometido por un terrorista sediento de sangre. Este incidente es un intento deliberado de dañar las relaciones entre los ciudadanos de Israel".
Diecinueve inmigrantes ilegales africanos se ahogaron el viernes cuando su desvencijada embarcación volcó en las costas del sur de Marruecos cuando se dirigían a las islas Canarias, informó la agencia de noticias estatal MAP. Sus cadáveres llegaron a la ciudad costera de Tarfaya, situada a 1.150 kilómetros al sur de la capital, Rabat, dijo la agencia, que añadió que dos inmigrantes sobrevivieron al naufragio.
MAP no dio detalles sobre las nacionalidades de las víctimas, diciendo únicamente que procedían de países subsaharianos.
Miles de ciudadanos marroquíes, subsaharianos e incluso asiáticos intentan cada año llegar a Europa desde las costas marroquíes en busca de una vida mejor. Centenares mueren en el intento.
Poco antes, otra patera con 34 inmigrantes a bordo fue interceptada sobre por una patrullera del servicio marítimo de la Guardia Civil. La embarcación fue localizada a 7 millas al sur del faro de Morro Jable (Pájara), en la isla de Gran Canaria.
Los ocupantes eran adultos, todos ellos de origen subsahariano. 27 procedían de Gambia y otros 7 de Mali.
La patera fue remolcada al muelle de Morro Jable, donde quedó atracada, informan fuentes de la Guardia Civil. Allí, sus ocupantes fueron atendidos por personal de Cruz Roja que les facilitó ropa, alimentos y asistencia médica.
Tras comprobar que se encontraban en buen estado, los inmigrantes fueron trasladados al centro de retención de El Matorral. Madridpress.com
Un joven marroquí murió, el pasado lunes, por herida de bala durante un enfrentamiento entre candidatos a emigrar ilegalmente y fuerzas de orden público en la playa marroquí de Mrirt (Nador), según reconoció un comunicado del Ministerio del Interior en Rabat.
72 marroquíes que embarcaban en una patera se enfrentaron con armas blancas a las Fuerzas Auxiliares que repelieron la agresión disparando al aire. La fiscalía de Nador ha abierto una investigación.
La Asociación de Familiares y Víctimas de la Inmigración Clandestina afirma que en 2004 dos subsaharianos murieron en Nador en condiciones similares.
Desde el pasado 7 de julio, en que murieron 56 personas en Londres a causa de los atentados, la policía ha registrado 273 incidentes de índole religiosa, la mayoría contra musulmanes, incluyendo ataques físicos y daños contra la propiedad, indicó ayer Scotland Yard. A pesar de que decenas de agentes protegen las mezquitas y más guardias que nunca patrullan las calles y estaciones, los ataques en el último mes han sido mucho más numerosos que en el mismo periodo de 2004, cuando sólo se produjeron 40 "incidentes" similares. En los tres días posteriores al 7 de julio, la policía de Londres registró 68 denuncias por agresiones a causa de "odio religioso", mientras que en el mismo periodo del año anterior no se produjo ninguna.
"Ha habido un pequeño incremento de delitos relacionados con la religión tras el 7 y el 21 de julio", indicó un portavoz de Scotland Yard. "Pero ese aumento se puede deber a que la policía ha mejorado sus métodos estadísticos y ha desglosado los delitos raciales y los religiosos", añadió.
Desde el 6 de julio al 1 de agosto del año pasado los incidentes en Londres, tanto por odio racial como religioso, se situaron en 1.324 frente a los 1.432 en el mismo periodo de este año. Los incidentes por razones de fe (no sólo islamofobia) ascendieron de 41 a 273.
"Los delitos por cuestiones de religión se elevaron durante los días posteriores al 7 y 21 de julio, pero ya no se han vuelto a registrar las mismas cotas que tras el 7 de julio", indicó ayer un portavoz de Scotland Yard. "Queremos recalcar que no ha habido asesinatos, ni intentos de asesinatos, ni desórdenes, ni daños muy graves" desde los primeros atentados en Londres, añadió.
"Estamos trabajando estrechamente con los líderes de comunidades étnicas y religiosas. El incremento de las denuncias puede ser visto también como un reflejo de que las diversas comunidades de Londres tienen la suficiente confianza en la policía como para tomar en serio esos incidentes", señaló la citada fuente.
La mayoría de las denuncias, según Scotland Yard, se produjeron tras "agresiones verbales, daños físicos y otros hechos no violentos". Ninguna de esas agresiones fueron letales, pero la policía reconoce el "efecto desproporcionado que puede ocasionar en las víctimas", indicó la citada fuente. "Nosotros animamos a cualquiera que sufra o presencie cualquier tipo de agresión xenófoba a que nos llame. Todas las denuncias serán investigadas por agentes especializados en la materia y supervisada por un representante de la comunidad".
La publicación de estas cifras llega cuando aún se hacen eco los periódicos en sus primeras páginas del crimen de Anthony Walker, un estudiante de 18 años muerto en la noche del viernes al sábado de un hachazo en la cabeza en Liverpool cuando acompañaba a su novia a la estación.
La causa, según la policía, sólo es racial. Era negro. Dos hombres blancos, de 17 y 20 años, se entregaron ayer a la policía en el aeropuerto de Liverpool, al que llegaron desde Amsterdam, como sospechosos del asesinato. Uno de ellos, el más joven, es hermano del jugador del Manchester City Joey Barton, quien emitió un mensaje por televisión pidiéndole a su hermano que se entregase.
Por otra parte, un hombre de 23 años, Ismael Abdurahman ha sido el primer inculpado formalmente por la policía por los atentados del 21 de julio. Abdurahman, residente de Kennington en el sur de Londres, tendrá que comparecer hoy ante la justicia. La policía lo acusa de haber retenido "entre los días 23 y 28" informaciones clave para detener o perseguir a terroristas que perpetraron los atentados.
La policía ha detenido hasta el momento a 37 personas relacionadas con los ataques terroristas, de las cuales 23 fueron puestas en libertad sin cargos y 14 permanecen aún bajo custodia.
ELPAIS.es FRANCISCO PEREGIL (ENVIADO ESPECIAL) - Londres
Un informe publicado hoy por la organización humanitaria detalla el caso de Salah Nasser Salim Ali y Muhammad Faraj Ahmed Bashmilah, dos yemeníes detenidos durante 18 meses por EEUU en una prisión secreta de Jordania.
Encadenados sin ver la luz
AI asegura que los detenidos, residentes en Indonesia, están encadenados, sin ver la luz solar y sin poder contactar con familiares o abogados.
Ambos relataron a AI que fueron torturados durante cuatro días por los miembros del servicio de inteligencia jordanos antes de ser enviados por avión a prisiones subterráneas no identificadas donde permanecieron durante más de año y medio sin haber sido acusados de delito alguno.
Ahora se encuentran en una prisión de Yemen, detenidos por las autoridades del país, que -siempre según AI- reconocen que no se han formulado cargos contra ellos y que, por lo tanto, no hay razón para que tengan que permanecer encarcelados.
AI reclama la liberación inmediata de ambos, a no ser que sean inculpados por alguna infracción prevista por la ley y que sean juzgados a través de un procedimiento justo.
Nuemrosas detenciones secretas
"La situación de estos dos hombres es sólo un ejemplo más de las numerosas detenciones secretas que están llevando a cabo las autoridades estadounidenses en todo el mundo", aseguró la investigadora de AI, Sharon Critoph, que se ha entrevistado con los citados yemeníes.
En su opinión, Washington debe revelar la identidad de todas las personas detenidas secretamente, concretar los lugares de encarcelamiento y permitir una inspección internacional en los mismos. También cree que los países que colaboran en estas violaciones son responsables de esta situación.
La muerte es la primera de este tipo desde que Marruecos elevó las medidas para luchar contra la emigración ilegal, en un intento de satisfacer las peticiones de la Unión Europea.
La víctima, no identificada, resultó muerta el lunes después de que miembros de las fuerzas de seguridad magrebíes dispararan al aire para poner fin a los enfrentamientos con un grupo "particularmente violento" de aspirantes a emigrar que estaban armados con espadas y cuchillos, dijo la radio estatal.
Los enfrentamientos estallaron después de que las fuerzas de seguridad impidieran un intento de zarpar a costas españolas de 72 marroquíes, desde un área cercana a la ciudad de Nador, agregó el medio.
La asociación Amigos y Familiares de Víctimas de Emigración Clandestina (AFVIC) dijo que el incidente fue el primero de este tipo tras enfrentamientos.
El portavoz de Inmigración del Grupo Socialista en el Congreso, Antonio Hernando, calificó ayer de "máxima gravedad" el hecho de que 10 bebés llegaran en patera a la costa de Tarifa. "Este suceso supone un agravamiento cualitativo, desde el punto de vista humanitario, del tráfico ilegal de seres humanos que desde las costas marroquíes llegan a España", dijo Hernando.
Para el diputado socialista, "es necesario que ambos Gobiernos, el español y el marroquí, aceleren las medidas que recientemente han acordado para impedir este tráfico diabólico de seres indefensos". Según Hernando, "es muy preocupante que las personas que deseen emigrar se estén jugando la vida en el Estrecho y en la costa canaria, pero es mucho más dramático que en ese intento de emigración ilegal se estén poniendo en peligro la vida de bebés recién nacidos que son mucho más vulnerables ante cualquier accidente que puedan sufrir las embarcaciones en las que son trasladados".
Hernando valoró positivamente que el tráfico de pateras con Marruecos "haya descendido un 18% respecto a años anteriores". "Pero mientras sigan ocurriendo hechos tan lamentables como éste, será necesario que se extremen las precauciones y los medios para evitar y prevenir posibles desgracias", aseguró.
Compromiso de Rabat El pasado 18 de julio, la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, se reunió con el director general de asuntos internos del Ministerio de Interior marroquí, Mohieddin Amzazi. De esa reunión salió el compromiso de Rabat de construir centros de acogida y formación para los menores marroquíes que las autoridades españolas repatríen. Para ello, contará con la ayuda técnica y financiera de España.
En opinión de Antonio Hernando, los Gobiernos de España y Marruecos deben aplicar con el máximo rigor la legislación en materia de tráfico de personas a las mafias que trafican con los inmigrantes, extorsionándoles y poniendo en riesgo sus vidas. "Considero necesario que al tratarse de tráfico migratorio de menores, la legislación penal de ambos países se aplique con la máxima severidad a las mafias que extorsionan y ponen en riesgo la vida de estos seres humanos", apuntó.
El presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, también pidió a principios de junio al ministro del Interior marroquí, Mustafá Sahel, que redoble sus esfuerzos en la lucha contra el paso de menores de edad en pateras. El portavoz del Ejecutivo andaluz, Enrique Cervera, aseguró entonces que la Junta "está profundamente preocupada" por el incremento de la llegada de menores.
El embajador de Marruecos en España, Omar Azziman, trasladó el pasado miércoles a las autoridades andaluzas el compromiso de su país para asumir la tutela de los menores que llegan solos a la Península, la mayoría en pateras, y para construir en el norte de su territorio centros de acogida en los que se instalen estos niños hasta localizar a sus familias. Éstas son algunas de las propuestas que se debatirán el próximo día 18 en la comisión hispano-marroquí sobre inmigración que se celebrará en Madrid y que, según la consejera de Gobernación andaluza, Evangelina Naranjo, mitigarán la llegada de menores inmigrantes a Andalucía y facilitará la labor humanitaria. Naranjo explicó ayer que, tras su reunión el pasado miércoles con el embajador, éste le hizo llegar el compromiso de su país. "Hay una disposición clara -apuntó la consejera- por parte de Marruecos" a asumir la tutela de los menores y a abrir centros de acogida.
"Al ser un país hermano y muy cercano se estudia que la tutela de estos menores pasen de la Junta al propio Gobierno marroquí antes de la reagrupación familiar", argumentó la consejera tras presidir la constitución del Comité Asesor del Plan Territorial de Emergencias de Andalucía. A su juicio, en la reunión con Omar Azziman, éste le hizo llegar que "el Gobierno marroquí está comprometido y firme" en esa colaboración.
Según la Junta, posiblemente se empezaría con la construcción de "tres o cuatro centros", si bien, Naranjo dijo no poder dar más detalles porque el tema lo tendrá que analizar la comisión, en la que participarán representantes de los gobiernos de Andalucía y Canarias.
Tras calificar de "cordial" la entrevista, la consejera detalló que en ella se abordó la política migratoria, especialmente la atención a menores no acompañados, y que no se trató el asunto del Sahara, puesto que es "competencia del Ministerio de Asuntos Exteriores".
Sobre los centros de acogida de menores de la comunidad, la titular de Gobernación sostuvo que están "en una situación delicada y compleja", sobre todo, después de las últimas llegadas y admitió que faltan recursos, fundamentalmente, de espacio.
Ante las declaraciones realizadas el pasado miércoles por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Augusto Méndez de Lugo, quien apuntó que estos centros pueden ser un canal hacia la delincuencia, Naranjo advirtió de que "sería muy grave" que en el caso de los menores se asocie "delincuencia e inmigración". "Este tipo de manifestaciones no se las recomiendo a nadie, por muy jefe del tribunal que se sea de cualquier zona de España y del mundo", espetó.
La responsable de la Consejería de Gobernación de la Junta defendió que los centros de menores no son "la puerta abierta a ninguna actitud de delincuencia ni de niños andaluces ni de extranjeros".
Por su parte, la directora general de Infancia y Familia de la Junta, Carmen Belinchón, reconoció ayer que por primera vez el Plan de Emergencia de acogida de inmigrantes "está al límite de sus posibilidades", por lo que instó al Gobierno central y al marroquí a reforzar su colaboración "porque la Junta no puede hacer más".
Este Plan de Emergencia consiste en poner a estos menores a disposición del resto de los recursos residenciales del sistema de protección, tanto de los de atención preferente a extranjeros de otras provincias andaluzas como del resto de los centros de protección de titularidad pública.
Y el presidente de Andalucía Acoge, Abderramán Essaadi, advirtió ayer de que detrás de la llegada masiva de menores inmigrantes a las costas andaluzas en pateras puede encontrarse una nueva técnica de las mafias que, en lugar de tentar a los adultos con un viaje a España, garantizan a las familias que los menores, tras cruzar el Estrecho, no podrán ser repatriados por su edad. Essaadi alertó de que este fenómeno es "muy reciente", puesto que "antes los menores llegaban en los bajos de los camiones, porque un viaje en embarcación hacia el litoral español resulta muy caro". Sin embargo, ahora estos inmigrantes "pagan más de 1.000 euros" por una travesía que, "probablemente" sufragan sus padres.
Los ministros de Interior del G-5 (Francia, Gran Bretaña, Alemania, Italia, y España) anunciaron ayer la organización de vuelos chárter conjuntos para devolver a inmigrantes sin papeles a sus países de origen. Esta propuesta fue presentada por España en la reunión celebrada en la ciudad francesa de Evian y fue aprobada por unanimidad por los ministros de Interior francés, Nicolás Sarkozy; británico, Charles Clarke; italiano, Giuseppe Pisanu, y español, José Antonio Alonso, y por el director general de la policía federal alemana, Gunter Kauser. En el marco de la lucha contra la inmigración ilegal, los ministros acordaron también la armonización de procedimientos y la instauración de sistemas biométricos en los visados. "Se trata de enviar una señal muy clara a nuestros ciudadanos: en nuestros países sólo entrarán los que tengan papeles", resumió Sarkozy. También propuso que cada año se fije un techo, "categoría por categoría", del número de extranjeros autorizados a entrar en el país, idea que encaja con la nueva política francesa de "inmigración escogida" en vez de "inmigración sufrida".
INTEGRAR A POLONIA Convencido de que "uno de los errores" en la Unión Europea ha sido considerar que todos los países tienen la misma importancia, Sarkozy también planteó la posibilidad de que "en los meses venideros" el G-5 se transforme en G-6, con la integración de Polonia. "Es también un gran país europeo y no sería inútil asociar a ese gran país del Este --de 40 millones de habitantes-- a nuestra reflexión común", recalcó Sarkozy. Reagrupar en un único vuelo los inmigrantes clandestinos originarios de un mismo país permite reducir el "esfuerzo financiero y político" de los países del G-5, subrayó Pisanu, quien explicó que se tratará de vuelos "con un destino único", que seguirán itinerarios "técnicamente y económicamente más convenientes". Serán "policías de los países interesados" los que acompañen a los inmigrantes en su viaje de vuelta. La medida se pondrá en marcha "en cuestión de días", afirmó Pisanu. "Somos ministros de Interior, no podemos esperar", añadió Sarkozy, quien definió la medida como "rápida, eficaz y pedagógica".
MIEDO A LA ARBITRARIEDAD SOS Racismo alertó del riesgo de adoptar decisiones arbitrarias en las expulsiones de inmigrantes sin papeles a través de vuelos conjuntos de varios países europeos y consideró "muy preocupante" que los ministros de Interior del G-5 sólo aborden medidas represivas, y no de integración. Para los ministros del G-5, la lucha contra la inmigración clandestina exige además una armonización legislativa y de métodos de control, por lo que se establecerá "un marco de referencia", tras realizarse un estudio comparativo de la situación en cada país. En el apartado de la lucha contra la delincuencia organizada, el G-5 acordó que deberá contar próximamente en Europol con una plataforma de intercambio de huellas genéticas y digitales y con una red de alerta sobre falsificaciones de documentos oficiales.
Los ministros del Interior de Francia, Reino Unido, Alemania e Italia han aceptado la propuesta del español, José Antonio Alonso, de fletar vuelos conjuntos para devolver a los inmigrantes ilegales a sus países de origen. La puesta en marcha del sistema se producirá en los próximos días. Esta y otras decisiones, como los sistemas biométricos en los visados, y el reforzamiento de controles por medio de patrullas conjuntas contra las redes de tráfico de inmigrantes y de drogas, fueron anunciadas en rueda de rueda de prensa por los participantes en la reunión del G5 (España, Francia, Alemania, Italia y el Reino Unido) en la ciudad balneario de Evian (Francia).
Esta posibilidad de formar un pool para las repatriaciones ya se ha realizado en alguna ocasión de forma bilateral (entre España y Francia o entre Italia y Alemania) y está esbozada en el acuerdo de Schengen III, firmado el pasado mayo, aunque allí solo se prevé que cuando un país organice un vuelo para expulsar irregulares, avise a sus socios para que puedan participar en él. Con el acuerdo de hoy en Evian lo que se pretende es superar la simple comunicación a posteriori por un plan previo y conjunto de los cinco países.
Lucha contra ETA
Además, Alonso y su colega francés, Nicolas Sarkozy, se han reunido por separado aprovechando la cita en Evian para hablar sobre la lucha contra ETA. Ambos han comprometido mantener su "máxima colaboración" y el francés viajará a Madrid el próximo día 15 para profundizar en la lucha contra el terrorismo.
Sarkozy ha dicho que "está completamente de acuerdo" en "seguir manteniendo el mismo tono de colaboración que hemos tenido con Francia y si es posible mejorarlo", dijo Alonso, quien hasta hace apenas un mes ha tenido como interlocutor francés a Dominique de Villepin.
Estados Unidos ha lanzado fuertes críticas a México por la emisión de una serie de sellos postales que muestran a un niño negro llamado 'Memín Pinguín', personaje de un cómic mexicano creado en 1940, que sigue publicándose y gozando de amplia popularidad entre los mexicanos.
Según la Casa Blanca, citada por la BBC, los estereotipos raciales "no deben existir en el mundo moderno". Con anterioridad, el fundador de la Coalición Rainbow Push, una organización de derechos civiles, el reverendo Jesse Jackson, ya instó al presidente de México, Vicente Fox, a que retirara la distribución de los sellos, al considerarlos "ofensivos para los negros".
INSULTO
Los cinco sellos postales que muestran a 'Memín Pinguín', motivo de crítica en Estados Unidos, forman parte de una serie sobre 'La caricatura en México'.
"Es un insulto para los afro americanos en este país", indicó Jesse Jakcson. "Una cultura se expresa a través del arte. Y este arte es una afronta no sólo para los negros en Estados Unidos, sino para los negros en México y los de todo el mundo", señaló el reverendo, quien pidió al presidente Fox que se disculpe y que retire los sellos.
La historieta muestra a un niño de facciones y modales exagerados, labios amplios y ojos muy abiertos, que a menudo es motivo de burlas en la historieta.
COMPARADO CON SPEEDY GONZALEZ
Sin embargo, las autoridades mexicanas niegan que el personaje sea ofensivo. La Embajada de México en Reino Unido indicó, según informó la BBC, que la representación del sello postal es una imagen cultural sin significado y sin intenciones de ofender.
En México insisten en que, igual que Speedy González, el popular ratón de historieta con acento mexicano, creado en Estados Unidos, 'Memín Pinguín' no debe ser visto como una caricatura racista.
Por su parte, el hijo de la creadora del personaje ahora motivo de discordia, la escritora Yolanda Vargas Dulché, afirmó que la polémica se ha generado por ignorancia.
Malenick de la Parra Vargas, presidente de Editorial Vid, declaró al diario mexicano 'El Universal' que las fricciones que se han generado en Estados Unidos por este personaje "son producto de la ignorancia" "Imagínense que nunca más se tocara la canción o se transmitieran Speedy González o Pancho López, personajes y caricaturas creadas basándose en moldes mexicanos, barrigones, bigotones, flojones, con sombrero... Nunca nos hemos indignado, ni sentimos que nos están discriminando", afirmó.
"Es terrible que por desconocimiento se genere este tipo de discriminación hacia un personaje cariñoso, solidario, respetuoso y maravilloso, con el que todos los mexicanos nos identificamos y llevamos dentro", agregó.
Las policías de Génova y Milán informaron ayer del descubrimiento de una organización policial paralela, especializada en la lucha antiterrorista y formada por exfascistas, fascistas y miembros de las fuerzas del orden, como carabineros, policías nacionales, de aduanas y policía penitenciaria. La organización, llamada Departamento de Estudios Estratégicos y Antiterrorismo (DSSA), tenía su sede en Roma y entre sus agentes figuran españoles, franceses, alemanes, paquistanís, rusos, israelís y estadounidenses. El director y el subdirector de la organización fueron detenidos en la madrugada de ayer. Durante la operación, se efectuaron además 25 registros domiciliarios en nueve regiones italianas. La investigación se aceleró a partir de la presencia de varios vigilantes italianos en Irak, que trabajaban para sociedades norteamericanas como policías privados.
LA RED 'GLADIO' La DSSA empezó a funcionar el 26 de marzo del 2004, 15 días después de los atentados del 11-M de Madrid, con el supuesto propósito de investigar el fenómeno terrorista. Sus directores son Gaetano Saya y Ricardo Sindoca, fundadores también de la organización política Derecha Nacional-Nuevo Movimiento Social Italiano Saya y Sindoca se presentaban además como miembros de la estructura Stay Behind, corrientemente conocida como Gladio, la estructura paramilitar anticomunista fundada por EEUU después de la segunda guerra mundial y que actuó en Italia durante varias décadas.
Agentes de la policía francesa han detenido las últimas horas a seis personas como posible sospechosas de haber participado en el asesinato del ciudadano magrebí, Driss Ghaib, que tuvo lugar en pleno centro de la ciudad el último domingo del mes de mayo. Las detenciones se produjeron a principios de esta semana y el miércoles a última hora de la tarde.
Según fuentes policiales, la primera persona detenida por su supuesta vinculación con el asesinato a tiros de Ghaib fue arrestada durante los primero días de la semana pero no fue hasta la tarde-noche del miércoles cuando la policía francesa llevó a cabo la operación que culminó con la detención de los otros cinco supuestos implicados.
Un grupo de más de 20 agentes de los grupos especiales de intervención y de la policía judicial acordonaron el miércoles por la tarde una zona del barrio de Sant Mateu -lugar de residencia de la comunidad gitana de Perpiñán y también de numerosos magrebíes- situada muy cerca de donde se produjo el asesinato de Ghaib, que recibió cinco impactos de bala que le dispararon a corta distancia con una pistola unos desconocidos.
Los agentes, fuertemente armados y equipados con chalecos antibalas y material antidisturbios, registraron uno de los edificios de la zona, ocupado por miembros del colectivo gitano, y detuvieron a cinco personas cuya identidad no ha sido aún revelada. Antes de ponerlos a disposición judicial, la policía interroga a estos detenidos para intentar determinar si tuvieron alguna relación con el asesinato de Ghaib.
Los enfrentamientos entre las comunidades gitana y magrebí de Perpiñán provocaron a finales del pasado mes de mayo un fuerte estallido de violencia. La tensión existente entre las dos comunidades se agravó a raíz del asesinato del joven marroquí Mohamed Bey Bachir, a quien un grupo de jóvenes gitanos propinó una brutal paliza en plena calle. Una semana más tarde, y cuando los ánimos seguían encendidos por la muerte de Bey Bachir, unos desconocidos, que la comunidad magrebí relacionó con el colectivo gitano, acabaron con la vida de Ghaib, lo que provocó más disturbios en toda la ciudad.
LA VANGUARDIA DIGITAL ANTONI F. SANDOVAL - 01/07/2005 PERPIÑÁN
