La salida de inmigrantes desde Melilla a la Península con el permiso de la Delegación del Gobierno se está convirtiendo en algo habitual y cada vez más frecuente. Es una medida para descongestionar la presión que en estos momentos se vive en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), que ha visto duplicarse su número de residentes en los últimos meses, sobre todo de subsaharianos seguidos de asiáticos.
Precisamente entre los inmigrantes que partieron ayer a la Península se encontraban diez subsaharianos, todos hombres a excepción de una mujer embarazada de ocho meses.
Esperanza La mujer, de nacionalidad camerunesa, afirma que su objetivo es salir de Melilla porque ha visto que otras mujeres subsaharianas llevan dos o incluso tres años en el CETI y "todavía no les han dado los papeles".
Sabe que el laissez-passer o salvoconducto que concede la Delegación del Gobierno a todos los que desean la salida voluntaria de Melilla no le da ninguna garantía para obtener documentación. De hecho, tiene una orden de expulsión, como el resto de los que le acompañan en esta salida, y el compromiso de abandonar el país al cabo de un mes.
Pero esta camerunesa, como los inmigrantes que abandonan Melilla con el laissez- passer, tiene otros planes."Espero darle a mi hijo en España una vida mejor que la que he tenido yo", afirma.
Se muestra ilusionada aunque confiesa que no sabe adónde se dirigirá cuando llegue a Málaga. Asegura que nadie en el CETI le ha informado de las organizaciones a las que puede acudir en la Península por si necesita ayuda. "Si Dios quiere, encontraré trabajo para alimentar a mi hijo", nos dice.
Los inmigrantes que partieron ayer, momentos antes de subir al barco
En los ocho primeros meses del año, las fuerzas de seguridad han interceptado a 6.361 inmigrantes cuando intentaban entrar en España a bordo de embarcaciones. La cifra supone un descenso del 37% respecto a los 10.042 detenidos en el mismo periodo del año anterior, que a su vez ya fueron un 9,2% menos que en 2003, y se sitúa en niveles desconocidos desde 1999. La caída ha sido mayor en Canarias (55%) que en la costa de Andalucía (24%).
La secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Consuelo Rumí, ha interpretado que el descenso en las llegadas de inmigrantes por segundo año consecutivo demuestra "que se está trabajando en la dirección correcta".
Las estadísticas muestran que el descenso coincide con el refuerzo de los medios de control de las costas y el clima de cooperación con Marruecos establecido tras la llegada de José Luis Rodríguez Zapatero al poder. Rumí ha declarado que esa cooperación "va a seguir intensificándose".
En Canarias, el mayor descenso se registró en la isla de Fuerteventura, adonde sólo llegaron 38 embarcaciones, frente a las 148 del mismo periodo del año anterior. En cuanto a los inmigrantes que viajaban en ellas, el descenso ha sido de 1.300, frente a los 4.186 de 2004 (69%).
Fuerteventura es la isla a la que llegan más subsaharianos, pues a ellos no les importa ser detectados por los sistemas de vigilancia electrónica de sus costas. Es más, les conviene, ya que así serán rescatados por las patrulleras. Confían en que las autoridades españolas no les podrán devolver a sus países de origen porque éstos no les reconocen como ciudadanos.
Los inmigrantes marroquíes, por el contrario, procuran eludir los radares de Fuerteventura y de Lanzarote y se dirigen al sur de Gran Canaria. Saben que si son detenidos estarán de vuelta en Marruecos en 24 horas. En esta última isla, el número de interceptados creció desde 96 en 2004 hasta 452 este año (371%).
En la zona del Estrecho llama la atención el aumento de llegadas en Melilla (156 frente a sólo cuatro en 2004) y en Ceuta (135 frente a 30).
La muerte de un inmigrante camerunés a las puertas de Melilla, tras el asalto perpetrado la noche del 28 de agosto a la valla fronteriza de la ciudad por 300 subsaharianos y la consiguiente carga de la Guardia Civil, plantea contradicciones e interrogantes que no han despejado las conclusiones del informe interno realizado por el instituto armado. Éstas son algunas de ellas:
- Identidad del fallecido. Los subsaharianos que a las 19.10 del lunes 29 -22 horas después del asalto- trasladaron el cadáver hasta un puesto de la Mehanía (Fuerzas Auxiliares Marroquíes) situado junto a la valla de Melilla dijeron que se llamaba Ivo (o Ipo) Joe. Sus compañeros que lograron entrar en la ciudad y se hallan en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes afirman que su nombre era Joseph Abunaw y que le llamaban Joe Yopo. Ambos grupos coinciden en que era de Camerún y tenía 17 años. Pero su identidad no ha sido confirmada oficialmente.
- Causa de la muerte. En un primer momento, los compañeros del fallecido dijeron que éste había caído muerto al ser apaleado en el interior de Melilla; es decir, cuando ya había cruzado la doble valla fronteriza, y que la Guardia Civil arrojó el cadáver al lado marroquí. Pero el único testigo en poder de la Gendarmería Real de Marruecos afirma que lo mataron de tres balazos de goma disparados a bocajarro entre las dos vallas y que sus compañeros lo llevaron al bosque en volandas. Además, un testigo citado por la ONG Médicos Sin Fronteras (MSF) dijo que le dispararon con balas de goma y le golpearon con la culata de un fusil y que falleció en el bosque de madrugada. Y varios testigos filmados en vídeo por la ONG Prodein declaran que le dieron tres culatazos en el estómago. A pesar de que Prodein afirma que fueron filmados el mismo lunes, la ONG no hizo públicos estos testimonios hasta cuatro días después, 24 horas más tarde de que los medios de comunicación difundieran que la autopsia realizada en Marruecos atribuía la muerte a una "explosión del hígado".
- Autopsia. Las autoridades de Marruecos no han proporcionado a sus homólogas españolas los resultados de la autopsia realizada al cadáver, a pesar de que éstas se la han pedido reiteradamente. Sólo han contado que el cadáver no tiene hematomas producidos por balas de goma, como afirmó MSF. Que tampoco tiene cortes, algo muy improbable si realmente saltó la concertina erizada de cuchillas de la frontera. Y que la muerte se produjo por explosión del hígado, a pesar de que el único hematoma que presenta está en el lado contrario a éste, en la zona subcostal izquierda.
- Los testigos. El doctor de MSF Giorgio Calarco, que se hallaba en Nador, declaró que los inmigrantes le avisaron entre las 15.00 y las 15.30 del lunes (dos horas más en España) de que había un muerto, se dirigió al lugar que le indicaron y no encontró el cadáver. El portavoz de la ONG Prodein, José Palazón, que se hallaba en Melilla, declaró que recibió el mismo aviso a las 16.00, y que encontró el cuerpo, lo fotografió y aconsejó a los subsaharianos que lo llevaran al puesto de la Mehanía. Extraña que el doctor Calarco llegara al lugar cuando ya había sido levantado el cuerpo, dado que se hallaba más cerca del lugar que Palazón, quien tuvo que cruzar la frontera y filmar a los subsaharianos antes de que fuera levantado el cadáver.
- Informe de la Guardia Civil. El informe interno del instituto armado no revela si los agentes que se enfrentaron al asalto dispararon pelotas de goma o utilizaron las culatas de sus fusiles para dominar a los inmigrantes. Los vídeos de las cámaras de seguridad que ha proporcionado la Guardia Civil recogen el comienzo del asalto, pero no su posterior represión.
- El segundo cadáver. MSF, Prodein y varios subsaharianos aseguran que hubo otro camerunés muerto, cuyo cuerpo habría quedado junto a la valla fronteriza y ha desaparecido. La Guardia Civil y la Gendarmería Real niegan haberlo visto.
AI y CEAR piden una investigación
Las ONG Amnistía Internacional (AI) y Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) emitieron ayer un comunicado conjunto en el que afirman que en el informe hecho público el lunes por la Guardia Civil "no se aclaran los hechos acontecidos entre la noche del 28 y la madrugada del 29 [en la valla fronteriza de Melilla]. Por ello, ambas organizaciones siguen pidiendo una investigación exhaustiva de dichas expulsiones ilegales con resultado de dos muertos y varios heridos".
Amnistía Internacional y CEAR se basan en el informe de otra ONG, Médicos Sin Fronteras (MSF), el cual recoge la versión de un inmigrante que afirma que dos cameruneses fueron muertos a golpes por la Guardia Civil. AI y CEAR consideran "imprescindible dar una respuesta rápida a estos hechos. Y por lo tanto, que se continúen las investigaciones hasta sus ultimas consecuencias, se hagan públicos los resultados y, en su caso, se sancione a los responsables y se garantice que se pone fin a estas prácticas, ya que vulneran de manera flagrante la legislación internacional de derechos humanos".
Ambas organizaciones piden que el Estado español solicite a las autoridades marroquíes toda la colaboración necesaria para aclarar los hechos.
Estas organizaciones denunciaron la inexistencia de una ley que regule el funcionamiento de estos centros, que son siete situados en Barcelona, Canarias, Madrid, Málaga, País Vasco, Tarifa (Cádiz) y Valencia.
Andalucía Acoge informó este lunes de que la anulación se produce por vulneración de los derechos de los inmigrantes y de que el fallo de la Sala Tercera del Supremo obliga a restituir derechos a los inmigrantes internados en estos centros.
En este sentido, se refirió a la restricción de visitas de familiares y abogados, los controles de la correspondencia y el decomiso de sus pertenencias personales.
Andalucía Acoge, Aspa y la Asociación de Mujeres Progresistas La Mitad del Cielo recurrieron y consideran que la sentencia "pone de manifiesto la actuación ilegal de los centros de internamiento desde 1999 a 2003, durante los que se hizo uso de la fuerza, aislamiento, restricción de derechos de visita y de petición de protección de personas inmigrantes que estaban dentro sin cometer delito".
Mantienen que la resolución puede afectar a decenas de miles de inmigrantes que pasaron por estos centros entre 1999 y 2003 y los que están en la actualidad recluidos.
Los colectivos lamentaron que los presos de cárceles españolas tengan una ley que los protege, pero no los inmigrantes recluidos en estos centros, por lo que creen que están en "una indefensión jurídica absoluta, pese a no ser delincuentes", ya que únicamente han cometido una infracción administrativa.
Estas organizaciones añadieron que "el vacío legal que existe somete a los inmigrantes a condiciones de vida más duras que los que se encuentran en prisión".
Recordaron que el PSOE en 2000 presentó una enmienda que pedía al Gobierno popular regular por ley el funcionamiento de estos centros, "pero desde que comenzó su mandato, no ha iniciado ningún tipo de acciones para llevar a la práctica esa exigencia".
Por ello, exigen al Ejecutivo que sea "coherente" con sus propuestas y reglamente mediante ley orgánica estos centros de internamiento con el consenso de todos los grupos parlamentarios.
Los tres artículos anulados se refieren a la restricción de visitas de familiares y abogados, los controles de correspondencia y el decomiso de pertenencias personales
La resolución puede afectar a decenas de miles de inmigrantes que pasaron por estos centros entre 1999 y 2003 y los que están en la actualidad recluidos
El desbordamiento que se vive en el interior del CETI desde la semana pasada empieza a tener sus primeras consecuencias.
Una hilera de mantas colgadas en uno de los laterales del centro constituye la única protección de la que disponen medio centenar de inmigrantes que viven a la intemperie hasta que el CETI cuente con una plaza para ellos. Con esas mantas y algunos cartones se protegen de los azotes del viento de poniente y de la tierra que trae consigo.
Envueltos en polvo y arena, algunos se quejaban ayer de que ni siquiera tenían agua o jabón para ducharse y asearse. "No hay plazas en el CETI". Es lo único que escuchan y la frase que les desespera. Llevan cinco días en esta situación y confían en que "alguien se acuerde de nosotros". La mayoría son subsaharianos y también hay cinco asiáticos.
Delegación de Gobierno asegura que "se les está atendiendo en la medida de las posibilidades del centro", que ahora soporta la mayor saturación desde 2004 con más de 800 inmigrantes en su interior, incluyendo bebés, para 480 habitaciones a las que se añaden cien plazas de las tiendas de campaña del Ejército que se instalaron el año pasado ante un caso de emergencia que todavía se prolonga.
Un inmigrante camerunés asegura que algunos compatriotas suyos del interior del CETI les llevan ropa y algo de comida que logran guardar de sus raciones diarias.
Otros voluntarios, como los miembros de la Iglesia Evangelista Bautista, también les ayudan en la medida de sus posibilidades.
Desde hace tres días, acuden al exterior del CETI con una una olla de cocina industrial llena de comida que la reparten en platos de plástico entre todos los inmigrantes. "Es lo único que podemos ofrecerles", afirma Francisco Casquet Arrabal, miembro de esta congregación religiosa. Reconocen que las necesidades de estos inmigrantes son muchas, por ejemplo, ropa y un lugar donde dormir porque ahora sólo se pueden guarecer con pocas mantas y cartones.
Algunos de estos inmigrantes no entienden lo que están viviendo. "Venimos de Marruecos donde lo hemos pasado muy mal, nos han perseguido, teníamos hambre, sed, frío, paludismo y ahora, estamos en España, y seguimos en la calle", aseguran. Piden "ayuda urgente" porque quieren terminar, de una vez por todas, "con esta vida de pesadilla que nunca acaba".
Los inmigrantes duermen sobre cartones y refugiados bajo algunas mantas
La Guardia Civil ha detenido en poco más de 24 horas a 319 inmigrantes marroquíes y subsaharianos que llegaron a las costas españolas de Andalucía y Canarias a bordo de distintas pateras. Esta oleada de inmigrantes es la más grande de las registradas este año y se puede considerar como una de las mayores de los últimos cinco años. El 18 de agosto del 2001 fue el día en que se registró un mayor número de personas inmigrantes localizadas, al ser detenidas 503 personas en el estrecho de Gibraltar y 64 más en la isla canaria de Fuerteventura. A las costas de Andalucía llegaron en las últimas horas al menos 210 inmigrantes, de los que un total de 117 inmigrantes, entre ellos 33 menores y cuatro bebés, fueron localizados el sábado por la Guardia Civil a bordo de dos pateras, una de ellas frente a la costa de la localidad granadina de Salobreña, y otra cerca de la zona de Guadalmesí, en la localidad gaditana de Tarifa. En la noche del sábado se interceptó otra embarcación en La Rábita, también en Granada.
Ayer, frente a la costa granadina de Calahonda se localizó otra patera con 30 inmigrantes marroquíes a bordo, todos ellos en buen estado de salud y que fueron conducidos al puerto de Motril, que ayer se encontraba absolutamente colapsado por los inmigrantes.
Unos entraban por una puerta y otros salían por otra. Y es que, en sólo 24 horas, pasaron por estas instalaciones dos centenares de indocumentado, ya que la Guardia Civil de Motril detuvo horas después a 39 inmigrantes de los cerca del medio centenar que se cree que viajaban en una patera que desembarcó en una cala entre los anejos motrileños de Calahonda y Castel de Ferro.De los 39 detenidos, nueve fueron encontrados por una embarcación de recreo tendidos en la arena en una cala exhaustos y sin poder moverse.
Los centros de menores granadinos, hasta donde se trasladan a los menores llegados en pateras, estaban ayer colapsados y la Junta de Andalucía tuvo que activar de nuevo un plan de emergencia y repartir a los niños entre otras provincias.
En las islas Canarias se interceptó a otros 70 inmigrantes, incluida una mujer, cuando trataban de llegar a Fuerteventura a bordo de dos barcas que fueron localizadas por la Guardia Civil, que además identificó y detuvo a uno de los patrones.
Europa Sur P. F. / AGENCIAS granada / fuerteventura.
La asociación Huelva Acoge considera "prioritario" que, con los 2,5 millones de euros que el Gobierno va a conceder a la Junta de Andalucía para la construcción de albergues para inmigrantes en la comunidad, se cubran las necesidades de los inmigrantes de los municipios costeros onubenses como Palos o Moguer. La presidenta de Huelva Acoge, María Luisa Vélez, señaló que estos municipios, junto a Lepe y Cartaya, son los que reciben un mayor número de inmigrantes por las campañas agrícolas, aunque precisó que este último municipio tiene cubiertas sus necesidades con el albergue municipal. Insistió en que las mayores necesidades se concentran en la zona comprendida entre Palos, Moguer y Mazagón, si bien advirtió de que el número de inmigrantes que acude a trabajar durante la campaña agrícola a la zona del Condado "está aumentando de forma considerable".
Con todo, Vélez reconoció que la asociación "aún no tiene constancia del montante en concreto que va a llegar a Huelva para la construcción de los albergues que Huelva Acoge viene reclamando desde hace mucho tiempo ni sobre cómo se va a gestionar la construcción de estos servicios para inmigrantes". La presidenta de Huelva Acoge consideró que en la próxima reunión de la Mesa de la Inmigración "se nos informará de esta iniciativa y podremos acordar la forma de distribuir los albergues en función de las necesidades"
Hafida sonríe tímidamente antes de empezar a cantar. Todos esperan con atención este momento porque supone un salvavidas dentro del laberinto en el que se encuentran.
Esta joven de 14 años llegó a Melilla hace un año con su madre y su hermana mayor, de 17.
A los pocos meses, se dio cuenta de que las melodías que canturreaba en la habitación despertaban el interés de sus compañeras de cuarto. Pronto se corrió la voz y Hafida se ha convertido en un apoyo para los residentes del CETI. "Todos me piden que les cante, hombres y mujeres, subsaharianos, argelinos o asiáticos", afirma orgullosa.
Su repertorio, que es numeroso, incluye melodías árabes y canciones de amor en su mayor parte.
Los que la escuchan, aseguran que les anima a seguir hacia adelante en el duro camino de la inmigración. En muchos casos, Melilla se ha convertido en un escollo que no les permite avanzar para conseguir el objetivo de trabajar en España y esta situación contra la que no puede hacer nada, les deprime y les desespera. Pero aseguran que escuchando a Hafida "podemos seguir soñando porque sus canciones nos ayudan a tener esperanza", afirma una argelina acogida en el CETI.
Hafida sonríe. Le gustaría cantar en español y abrirse camino en el mundo de la música cuando consiga regularizarse. Es uno de sus sueños aunque afirma que lo primero es salir de Melilla y llegar a Valencia. Allí quiere comenzar con su familia una vida nueva, alejada de las penurias que les obligaron a abandonar su pequeña ciudad al sur de Orán. Mientras tanto, continuará ayudando a que los demás no decaigan a través de su voz privilegiada.
La Gerencia Municipal de Urbanismo y el imán de la mezquita han mantenido conversaciones para buscar a corto plazo una solución al cierre del templo religioso, decretado por el propio Ayuntamiento, tal y como se informó ayer, a raíz de una sentencia que obliga al Consistorio a cumplir un decreto del 2001 en el que ya ordenaba la suspensión de la actividad en los locales de la calle Jovellanos, 8.
Sin embargo, desde aquel año, el Ayuntamiento no ha ejecutado el decreto debido, entre otras razones, a que funcionarios del área de Aperturas consideraban que sentencias judiciales señalan que una mezquita no necesita de permiso municipal para ejercer la actividad religiosa.
El gerente de Urbanismo, Enrique Sanus, dijo ayer a Efe que se ha dado un plazo para la ejecución del decreto a partir de la fecha en que sea recibido. El presidente de la Comunidad Islámica de Alicante, Najed Khaden, aseguró que la notificación todavía no ha llegado, pero que en cuanto la reciban, su abogado la estudiará y la recurrirán si lo consideran necesario.
Khaden aseguró que ya se tramitó licencia y que se subsanaron casi todas las deficiencias del edificio, excepto la instalación de una nueva puerta de emergencias, que «no cumple al cien por cien» la normativa porque «los vecinos no dan permiso para llevar a cabo la obra». Khaden aseguró no entender la decisión judicial porque la actividad que se realiza en la mezquita, de tipo cultural y religiosa, «no es peligrosa». La mezquita congrega cada viernes unas 500 personas, una cifra que en ocasiones puede llegar a duplicarse.
Por otro lado, Sanús recordó que desde la Concejalía de Hacienda se viene trabajando en un proyecto para la construcción de un centro ecuménico y cultural que aglutinará a varias religiones y en el que se podrá ubicar el centro islámico de Alicante.
Por otra parte, la portavoz del grupo municipal de Esquerra Unida-l'Entesa, Susana Sánchez, responsabilizó al Ayuntamiento de que «la situación haya llegado a donde ha llegado, cuando sabían desde hacía meses el contenido de la sentencia». La edil recordó a la Administración «su responsabilidad para garantizar el derecho al culto, sea cual sea la religión». Sánchez cree que «los responsables municipales deberían haber mantenido las reuniones que fueran necesarias para consensuar una alternativa al edificio de la calle Jovellanos».
La mezquita de Alicante permanecerá abierta hasta que el juez resuelva el recurso que la Gerencia Municipal de Urbanismo está preparando contra la sentencia que obliga al cierre del centro religioso, según explicaron fuentes municipales.
El equipo jurídico de la Gerencia de Urbanismo está estudiando la forma para evitar el cierre de la única mezquita de la ciudad, obligado por una sentencia. La posibilidad que los letrados consideran más viable es la de presentar una «incidencia de sentencia», según explicaron fuentes municipales.
Esta fórmula obligaría al juez a pronunciarse sobre qué decreto debe de aplicarse, si el del 2001, que ordenaba la clausura del recinto, o el del 2004, que daba permiso para seguir practicando el culto.
Mientras el juez da una nueva resolución, el Ayuntamiento no tendría que cerrar la mezquita, por lo que habrá culto este viernes «sin ningún problema», confirmaron desde la Concejalía.
La Gerencia de Urbanismo ya ha comunicado a la comunidad islámica la sentencia judicial a través de correo certificado, con acuse de recibo. Los responsables municipales esperan que la carta llegue a sus destinatarios hoy mismo.
A la recepción de este envío, la mezquita tendría que cerrar en un plazo de quince días hábiles, sobre el 20 de septiembre. Para evitar esta situación, el Ayuntamiento interpondrá este recurso que «paralizará todo el proceso», indicaron fuentes municipales.
De todas formas, los vecinos del edificio Yoraco, donde se sitúa la mezquita, interpusieron un segundo contencioso-administrativo contra el centro religioso, que todavía no se ha resuelto.
Para desbloquear el actual conflicto y buscar nuevas soluciones, el gerente de Urbanismo, Enrique Sanus, mantendrá hoy una entrevista con el responsable religioso de la comunidad islámica en Alicante, el imán Najed Khaden.
Una coalición formada por trece Organizaciones No Gubernamentales (ONG), así como diversas asociaciones de inmigrantes de la Comunidad Valenciana, han mostrado su preocupación y su rechazo a la propuesta presentada por la Comisión Europea para regular la repatriación de los inmigrantes ilegales.
La propuesta de directiva prevé, entre otros aspectos, la prohibición de regreso a cualquier país miembro de la UE para todo aquel inmigrante ilegal que haya sido expulsado de algún país comunitario.
Es aberrante, carente de sentido común, y va en contra de la Carta de los Derechos Humanos suscrita por la propia UE, exclama Mouloud Talbi, miembro de la asociación de argelinos de la Comunidad Valenciana. La UE se está convirtiendo en una fortaleza en la que nadie puede entrar, sentenció.
Nos cuesta pensar que estamos en la Europa que habla del Estado de derecho, añade por su parte León Tachjian, que preside la asociación de uruguayos de la Comunidad Valenciana. A Uruguay llegaron decenas de miles de españoles que viven en perfectas condiciones. Tienen acceso a un trabajo, educación y una vivienda digna, tal y como establece la Carta de Derechos Humanos de la ONU, comenta.
Los Gobiernos permiten que las multinacionales succionen a nuestros países, continúa Tachjian, nos roban las materias primas como en la época de las colonias, y luego ponen trabas a los inmigrantes que vienen buscando unas mejores condiciones de vida, señala indignado, y hace una puntualización para incluir al Gobierno español, el europeo, pero también a los Gobiernos corruptos de América Latina.
Trece oenegés, entre las que se encuentran Caritas Europa y Amnistía Internacional, han manifestado en un comunicado conjunto que la propuesta se basa en una lógica represiva y que la expulsión debería ser el último recurso para afrontar la inmigración ilegal.
Alrededor de cincuenta inmigrantes subsaharianos continúan durmiendo a la intemperie en los aledaños del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), a la espera de que la Jefatura Superior de Policía les abra el correspondiente expediente de expulsión y se les facilite una plaza en el interior del recinto.
El grupo, integrado en su totalidad por varones, se encuentra en Melilla desde el pasado fin de semana, cuando consiguieron sortear los controles establecidos por la Guardia Civil y acceder a través de la modalidad de avalancha a territorio español.
En cualquier caso, y a pesar de que desde la Delegación del Gobierno se vienen organizando frecuentes traslados de inmigrantes a la península, las instalaciones del CETI se han visto desbordadas y albergan, en estos momentos, a casi 800 personas, 300 más de las que puede acoger.
Presión
Sin embargo, la situación no presenta visos de mejorar, ya que en los alrededores del monte Gurugú aún se encuentran hacinadas cientos de personas con la intención de acceder a territorio español. De hecho, un helicóptero realizó ayer, con el premiso de las autoridades marroquíes, varios vuelos sobre las zonas más conflictivas para tomar fotos aéreas y recabar información sobre la situación a la que deben hacer frente las autoridades.
LO último de lo que un europeo desearía desprenderse al entrar en un país africano sería de su pasaporte. A la inversa, la cosa cambia. En los alrededores de la frontera melillense-marroquí, el primer mandamiento para un subsahariano que aspira a cruzar la verja (con riesgo de la propia vida si es preciso) le exige deshacerse de toda documentación que permita acreditar su procedencia.
Paradójicamente, la ausencia de papeles es el salvoconducto inmediato y más seguro para garantizarse la no expulsión, si bien, antes es preciso lograr otro objetivo bastante más difícil que quemar un pasaporte, como es poner los pies de este lado de la verja para luego dejarse atrapar.
Parece un sinsentido: primero se esconden para no ser vistos, luego saltan la verja despavoridos y tratan de evitar la captura y, acto seguido, una vez alcanzado suelo español, se dejan coger dócilmente por la Guardia Civil para ser trasladados con comodidad en un vehículo hasta la comisaría de policía, en el centro de la ciudad, donde los guardias civiles les ayudarán a rellenar un expediente de expulsión ininteligible para los detenidos pero que no podrá demostrar su nacionalidad, lo que les impedirá ser repatriados. Esa es la ley. Y los subsaharianos se la saben de memoria.
Ouma, un bambara de la región de Mopti (Mali), lo consiguió la noche del domingo pasado, el 28 de agosto. Era su sexta tentativa de asalto en el último mes. Tuvo suerte, pues sólo llevaba mes y medio -algunos llevan años y aún no lo han logrado- deambulando por los alrededores del monte Gurugú y por los pinares de Farhana y Marihouari, colindantes con la verja de Melilla. Ouma atravesó el desierto maliano y argelino en coche. El resto del viaje, a través de Marruecos, lo hizo a pie. Durante el mes largo que pasó en Marruecos vivió de la caridad, narra. Cuando le pregunto si es musulmán, responde sonriente y lleno de ironía: «Quand même!», algo así como «¿Por supuesto!», o «¿Faltaría más!», expresando de ese modo que tal vez sería budista si las circunstancias se lo hubiesen exigido. Ambos nos reímos a carcajadas.
Avalancha humana
Lo cierto es que aquella noche, sobre las 22:20 horas, al igual que otras muchas del verano de 2005, se convirtió en una avalancha de personas, como si la feria, que en estos días se celebra en el bonito Parque Hernández de la ciudad autónoma española, se hubiese trasladado a los alrededores. Dos nutridos grupos de inmigrantes de distintas nacionalidades (Nigeria, Ghana, Mali, Camerún ) emprendieron el asalto coordinado por sendos puntos de la valla de defensa de 12 kilómetros de largo que rodea a la ciudad. El primer grupo, el más pequeño, por la zona sur, la del barrio chino, quizá se tratase de una maniobra de distracción; el segundo, el más numeroso, de unos 300 inmigrantes, por el norte, por el pinar que del lado marroquí se nomina de Marihouari, y de este otro de Rostrogordo. En esta última parte, la dos vallas paralelas tienen aún la misma altura, poco más de dos metros, mientras que en la mayor parte del trazado la segunda alambrada se alza ya por encima de los seis metros de altura, lo que dificulta las posibilidades de éxito de los inmigrantes.
Ese día, Ouma no llevaba reloj, como tampoco ninguno de sus compañeros. En realidad, Ouma, como el resto, no ha tenido jamás un reloj de pulsera, pero la voz de los muecines de las mezquitas en los pueblos que rodean a Melilla era la señal prevista para el asalto. «Han llegado a usar -relata un guardia civil- un cornetín para darse aviso del momento indicado». Como siempre, los asaltantes iban pertrechados de decenas de escalas rudimentarias fabricadas con troncos y cuyos peldaños, a falta de cuerdas u otro material, fijan a base de paciencia y precisión con tiras de goma de neumático y jirones de tela. Ahora hay incluso un cementerio de esas escalas ubicado al pie de una de las garitas de vigilancia de la Guardia Civil.
El factor sorpresa es clave en tales casos, pero para ello se hace imprescindible, cuanto menos, la indiferencia de los puestos de vigilancia de la Mehaznía, cuerpo auxiliar del Ejército de Marruecos temido hasta extremos insospechados por la población local por su brutalidad extrema y que, según han podido constatar estos enviados especiales esta semana durante un recorrido por la zona, cuenta con numerosos puestos de observación semiocultos en torno a la valla melillense. «A veces, desde este lado de la valla, relata un guardia civil, vemos los golpes que la Mehaznía reparte entre los subsaharianos. A mí me dan un golpe así y te aseguro que no me puedo levantar, pero esa gente lo aguanta casi todo. Son muy fuertes y lo demuestran cuando se enfrentan con nosotros. Si saltan pocos no se atreven, pero cuando lo hacen en masa se ponen agresivos y pelean duro. Los que han sido capaces de llegar hasta aquí es porque resisten lo indecible y nos las vemos y deseamos para atajarlos, expuestos, ellos y nosotros, a cualquier cosa».
Ouma, tendido ahora a las puertas del Centro de acogida Temporal de Inmigrantes (CETI), ríe feliz al recordar lo sucedido aquella noche, pero guarda un silencio impenetrable cuando se le pregunta por el fallecido que apareció al día siguiente en el lado marroquí o por el número de asaltantes que lograron pasar. Otros compañeros suyos escuchan la conversación y lo mejor, al parecer, es callar, parece pensar Ouma.
Nadie da certeza de cuántos subsaharianos traspasaron esa noche la verja, aunque se habla de unos 80 por el norte y quizá 10 más por el sur. De lo que no hay duda es de que los focos instalados a lo largo del perímetro se encendieron, las patrullas hicieron acto de presencia y las cámaras térmicas grabaron el asalto y la refriega. El parte de batalla llegó al día siguiente: una decena de miembros de la Benemérita heridos de diversa consideración, anunció la Delegación del Gobierno. El del otro lado no se hizo esperar. Médicos Sin Fronteras, que ofrece desde hace algunos meses asistencia a los subsaharianos que llegan a la zona, dijo haber atendido en el hospital de Nador, en Marruecos, a una veintena de ellos con heridas diversas, la mayoría fracturas o contusiones en el intento de saltar la doble valla.
Horas después, en la tarde de ese lunes, José Palazón, miembro de Prodein, asociación pro-derechos humanos que opera en Melilla, relató que un grupo de inmigrantes depositó junto a la alambrada, pero del lado marroquí, el cadáver de un inmigrante que participó en el asalto. El propio Palazón distribuyó una foto, que en la mayoría de medios apareció firmada por Prodein, en la que se aprecia a un subsahariano tumbado boca abajo, con la frente apoyada en uno de sus antebrazos y rodeado por inmigrantes.
Discrepancias
No parece la posición normal de un cadáver, desde luego. Tampoco por la postura de sus manos, pero Médicos Sin Fronteras (MSF) confirmó la existencia de un muerto (imposible saber si era el de la foto o si ésta era apenas un montaje), al cual lo trasladó al cercano hospital marroquí. Incluso apuntó la posible existencia de otro más en la morgue de dicho centro sanitario, pues así lo aseveró un presunto testigo, inmigrante, que les acompañó en el traslado, el cual atribuyó la muerte de su compañero a los golpes que supuestamente le propinó la Guardia Civil antes de devolverle la noche de autos a través de una portezuela a territorio marroquí. En el informe remitido al Defensor del Pueblo para que investigue los hechos, ese testigo es identificado por MSF como M.
La Gendarmería marroquí, sin embargo, se apresuró a exculpar tajantemente a la Guardia Civil y los informes forenses, así como lo que se conoce de la autopsia, cuestionan en lo esencial la versión que MSF recogió de M., el presunto testigo presencial.
En Melilla (aún peor en Marruecos) es difícil, muy difícil, saber toda la verdad sobre sucesos como éste, pero, en cambio, es fácil percibir que casi todas las partes callan algo, empezando por los inmigrantes. Del análisis del agravamiento de la situación, así como de la reciente aparición del tráfico de pateras, fenómeno casi desconocido en Melilla hasta hace poco, el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan José Imbroda (PP), se pregunta «en qué cifra tasa el PSOE su concepto de solidaridad, ¿a cuántos inmigrantes equivale? ¿Cuántas mujeres embarazadas más tienen que llegar? ¿Cien más? ¿Cien mil?» Y añade: «Esto es absurdo. La política de inmigración del PSOE se ha hecho a costa de generar un efecto llamada evidente. Me alegro -ironiza- de que las relaciones con Marruecos sean tan buenas, pero lo que tiene que hacer el Gobierno español es exigir a Marruecos mayor colaboración para combatir a las mafias que traen a los subsaharianos hasta esta frontera e investigar el grado de implicación o participación de ciertas organizaciones que se hacen llamar ONG», en clara referencia a Prodein, presidida por Palazón, que levanta toda clase de suspicacias entre los periodistas y autoridades de Melilla.
Carlos Ugarte, coordinador de MSF en la zona, prefiere no especular y defiende que la Guardia Civil realice la tarea que tiene encomendada de vigilancia de la frontera, «siempre y cuando -dice- actúe con los medios y la proporcionalidad exigibles para que no se produzcan males mayores no deseados por nadie». El propio Ugarte confirmó a este periódico que, a raíz de estos sucesos, la Gendarmería y la Mehaznía han venido llevando a cabo redadas de subsaharianos en el Gurugú y sus alrededores para enviarlos a Oujda, en una 'zona de nadie' en la frontera con Argelia. «Nuestra misión -explica Ugarte- no es investigar los hechos, sino hacer Medicina, pero pedimos que se aclare la verdad de lo ocurrido».
Con móviles
Por su parte, un guardia civil relata que los asaltantes llegan muy bien organizados: «A veces traen un teléfono móvil para cada grupo de una nacionalidad. Saben los medios de los que disponemos a la perfección porque les informan de ello algunas ONG. Lo hacen con buena intención, pero de ese modo no contribuyen a atajar el problema». La cuestión, según fuentes de la Guardia Civil, es que las batidas de la Mehaznía en la frontera se hacen apenas cuando llega dinero fresco de la UE en forma de ayudas a Marruecos, y sólo durante un corto período, o cuando los mandos superiores visitan la zona: «Da igual el partido político que gobierne. Para Marruecos todo se reduce a si les llega dinero de España y de Europa o si no les llega. No hay más», dice otro patrullero de la Guardia Civil.
Pero la realidad en Melilla esta semana fue que al amanecer el pasado viernes, otra vez guiados por la involuntaria señal del muecín, unos 50 subsaharianos se lanzaron a la carga, de los cuales 20 lograron su objetivo y llegaron a territorio español. Cerca de un centenar de ellos duerme ya a la intemperie a las puertas del CETI, creado en tiempos del Gobierno de Aznar y que cuenta con unas instalaciones más que dignas pero actualmente desbordadas.
Allí se registra últimamente una actividad muy por encima de lo normal, dado que a estas alturas el centro está saturado, con más de 700 inmigrantes, pese a que, según fuentes de la Guardia Civil, está previsto para un máximo de 450. Por este motivo, se han instalado tiendas de campaña en los espacios ajardinados del centro y ahora los que están dentro presionan y se oponen a la llegada de nuevos inquilinos subsaharianos, porque empeoraría la calidad de vida de los que ya están. «Esta gente, en cuanto se instalan y se sienten seguros aquí, cuenta un guardia civil, comienza a montar sus propias mafias, incluso prostíbulos propios. Algunos son muy chulos y desafiantes. Otros no, pobre gente. Claro que nos dan pena casi siempre, ¿cómo no!, pero ¿qué podemos hacer nosotros? Yo, si tengo algo para darles les doy a veces, pero nuestra misión es impedirles que entren de forma ilegal».
Por su parte, el centro de menores se encuentra a punto de alcanzar su máxima capacidad, ocupado sobre todo por niños marroquíes y argelinos, aunque desde hace varias semanas cuenta ya con los tres primeros casos de subsaharianos, procedentes de Camerún. Le hablo a Ouma de Kanouté, el delantero maliano que ha fichado esta temporada el Sevilla F.C., y entonces recupera la sonrisa y se interesa vivamente. Le pregunto en qué país europeo le gustaría instalarse y le cito algunos nombres: España, Francia, Italia, Alemania Al nombrarle cada uno de ellos, repite divertido: «Quand même!... Quand même», y otra vez ríe a carcajada limpia.
Nuevo episodio del drama migratorio en el estrecho. El Servicio Marítimo de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo interceptaron en la madrugada de ayer una embarcación ilegal en las costas de la localidad con una cincuentena de indocumentados a bordo. De ellos, siete eran menores de edad. La expedición fue interceptada sobre las 5.30 horas, a unas dos millas y media de Guadalmesí, siendo posteriormente trasladada al puerto Tarifa adonde llegaron en torno a las 7.30 de la mañana.
La embarcación, una lancha neumática con ocho metros de eslora y motor de 20 caballos, fue detectada por el Sistema Integral de Vigilancia Exterior (SIVE) en torno a las 4.40 horas a unas seis millas de la costa tarifeña.
En la patera viajaban 50 indocumentados, de los cuales 29 de ellos eran varones marroquíes y otros seis, subsaharianos. También había dos mujeres marroquíes y seis subsaharianas, así como siete menores de edad, cuatro de ellos bebés subsaharianos y tres, menores marroquíes.
A su llegada al puerto de Tarifa, algunos de estos inmigrantes fueron atendidos por la Cruz Roja y Protección Civil por casos de hipotermia, aunque ninguno de ellos precisó, inicialmente, el ingreso en centros médicos.
Pero no fue la única expedición que arribó en costas andaluzas. Otra embarcación con 67 inmigrantes, de ellos seis mujeres y una treintena de menores, fue interceptada frente a las costas de Granada. La lancha fue localizada sobre las 9.30 horas a unas doce millas de la costa de Salobreña después de ser detectada por el SIVE y una lancha de recreo. Sólo dos de los expedicionarios necesitaron asistencia médica.
La Asamblea Local de IU ha lamentado el rechazo a su oferta de diálogo que según ellos ha mostrado el alcalde de Cartaya, Juan Antonio Millán, mediante unas declaraciones en las que ha achacado al problema de la movida juvenil, las palizas sufridas por 4 inmigrantes marroquíes el pasado fin de semana por un grupo de jóvenes. La oferta de diálogo lanzada el pasado viernes por IU al alcalde de Cartaya, "tenían el objeto de poner fin a conductas racistas y xenófobas como las que se dieron el pasado fin de semana en nuestra localidad y con ese fin, propusimos la elaboración por consenso y de forma participativa de un Plan Integral de Integración y para la convivencia del municipio".
IU considera por tanto que el alcalde con esas declaraciones "está huyendo del problema atribuyendo las agresiones a la movida juvenil" y no al carácter "racista y xenófobo".
La organización política Coalición por Melilla (CpM) pidió el jueves que no se vulneren los Derechos Humanos en el control de la inmigración después del fallecimiento de un inmigrante subsahariano al producirse un intento masivo de salvar la frontera de la ciudad autónoma y elevó a dos el número de fallecidos, aunque no existe constancia oficial de este extremo.
En rueda de prensa, la vicepresidenta segunda de la Asamblea de Melilla y diputada de CpM, Jaddu Driss, calificó de "lamentable" la muerte del inmigrante y, en referencia a los hechos ocurridos en la frontera que separa Melilla de Marruecos, habló del fallecimiento de dos jóvenes cameruneses, uno de 17 años y otro de 21, si bien no hay constancia oficial de este segundo fallecimiento.
Driss recordó que la obligación por parte de las autoridades y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "es velar para que no se vulneren los Derechos Humanos".
La parlamentaria señaló la necesidad de esclarecer esta muerte "lo antes posible, por el buen nombre de la Guardia Civil".
Al mismo tiempo, criticó las declaraciones del diputado por Melilla (PP), Antonio Gutiérrez, ya que "en lugar de destacar la problemática de la inmigración y apoyar a la Guardia Civil, debería preguntarse qué hizo el PP en los ocho años que estuvo en el Gobierno y qué alternativas presenta como diputado".
Agentes del Cuerpo Nacional de Policía detuvieron anoche en Roquetas de Mar (Almería) a Juan Alberto G. D., de 37 años, por su presunta implicación en la muerte de un marroquí al que supuestamente tiroteó el pasado día 30 de agosto tras una discusión, que se originó porque el arrestado no respetó la preferencia del extranjero en un paso de peatones en pleno centro de Tortosa (Tarragona).
Agentes del Cuerpo Nacional de Policía detuvieron anoche en Roquetas de Mar (Almería) a Juan Alberto G. D., de 37 años, por su presunta implicación en la muerte de un marroquí al que supuestamente tiroteó el pasado día 30 de agosto tras una discusión, que se originó porque el arrestado no respetó la preferencia del extranjero en un paso de peatones en pleno centro de Tortosa (Tarragona). El detenido se encontraba anoche en dependencias policiales en la localidad almeriense y en las próximas horas será puesto a disposición judicial. El caso se encuentra bajo secreto de sumario.
Un equipo de buzos del Cuerpo Nacional de Policía que inspeccionaba el río Ebro localizó ayer por la mañana la pistola con la que presuntamente disparó a Sallem E., un ciudadano marroquí de 36 años. Los buzos de la policía hallaron una pistola de un calibre de 9 milímetros parabellum, que el asesino supuestamente arrojó al río tras huir del lugar de los hechos. Tras desprenderse de la pistola, el fugado también abandonó su vehículo, un Renault Espace, que se halla en manos de la policía desde la mañana siguiente al suceso.
Por otra parte, unos 300 manifestantes a juicio de los organizadores y 200, en opinión de la Policía Local de Tortosa, se concentraron ayer por la tarde en el núcleo histórico de la ciudad e iniciaron un recorrido hacia la comisaría de policía. La práctica totalidad de los manifestantes eran miembros de la numerosa comunidad musulmana de la ciudad -unas 3.000 personas respecto de los 35.000 habitantes totales- y gritaron toda clase de consignas condenando el hecho y reclamando la detención del agresor.
El Grupo Municipal de IU en el Ayuntamiento de Cartaya remitió el pasado martes un escrito al alcalde de la localidad, el socialista Juan Antonio Millán, en el que propone la elaboración de un Plan Integral de Integración Sociocultural y por la Convivencia, al objeto de contrarrestar episodios "xenófobos y racistas" como los registrados el pasado fin de semana en el municipio, donde un grupo de personas agredieron a cuatro inmigrantes. En rueda de prensa, el portavoz de la coalición en la Corporación cartayera, Miguel Ángel Gea, aseguró ayer que la última reyerta "no es un hecho aislado" y añadió que estas acciones provienen de "una minoría de la población autóctona que es racista y xenófoba".
Gea consideró que esta situación de conflicto "no se hubiese resuelto de esta forma violenta si se hubiese dado entre dos grupos de españoles" y estimó que estas acciones se dan porque "no existe comunicación y conocimiento entre las culturas que conviven en la localidad".
El portavoz de IU mostró su preocupación porque este tipo de conflictos -que se saldó con 13 jóvenes detenidos, entre ellos varios menores-, se repiten de forma continua desde hace unos dos años y apuntó que, en lo que va de 2005, "se ha apaleado a varios inmigrantes, incluso la Guardia Civil desarticulóp a una banda de jóvenes que se dedicaan de forma literal a la caza del moro".
En este sentido, recordó que, en 2002, un vecino de Cartaya inició una recogida de firmas contra los inmigrantes, a los que acusaba de cometer crimenes y también destacó que, durante este año, "varios vehículos de marroquíes han sido quemados, algunos de ellos delante del bar que frecuentan en la localidad", además de denunciar que existen algunos establecimientos de hostelería que cobran hasta tres veces más por una consumición si se trata de inmigrantes".
Gea insistió Gea en que no considera que Cartaya sea xenófoba o racista, pero resaltó que "sí existe una minoría que lo es" y estimó que, "si hubiese una política potente de integración o se diesen recursos a las ONG para que se conozcan las diferentes culturas, estos hechos no se verían con tanta impunidad".
En este contexto, el portavoz de IU ha presentado una moción para que se elabore un Plan de Integración y Convivencia en el municipio, ya que, aunque reconoció que se han dado "importantes avances en las mejoras de las condiciones laborales y de vida de los inmigrantes que acuden, sobre todo, a trabajar en la campaña de la fresa, es necesario que se coordinen todas las políticas y que estas personas no se consideren sólo en clave de mano de obra, sino como personas que tienen todo tipo de necesidades".
Gea se dirigió a "todos los que tienen algo que decir en este tema" para que, "aunque no se trata de sacar de madre esta situación, tampoco se puede obviar que, desde hace unos años, se están dando casos en la localidad que no corresponden a un estado de derecho", por lo que también ha dirigido una carta al alcalde de Cartaya, Juan Antonio Millán (PSOE) para alcanzar una posición común y adoptar medidas consensuadas sobre este asunto.
El portavoz de IU quiso dejar claro que la propuesta de realización del citado Plan "no la hacemos en clave de oposición, sino como una obligación que tenemos los partidos políticos y la ciudadanía en un Estado de Derecho".
En este sentido, IU propone que el Plan esté elaborado y aprobado antes del 31 de diciembre de 2005, que en los presupuestos del año próximo se recoja una partida presupuestaria para llevarlo a la práctica y que, para su aplicación, se cree una mesa de seguimiento.
Por su parte, el coordinador provincial de IU, Pedro Jiménez, anunció que solicitará al subdelegado del Gobierno, Manuel Bago, que reúna a todas las administraciones y agentes sociales y económicos para analizar estas situaciones, que "se registran en municipios del entorno de la capital que acogen población inmigrante" porque "más que el balance económico de las campañas, es fundamental velar por la integración de la población inmigrante".
Jiménez lamentó, además, el silencio que, "de forma electoralista, mantienen sobre estos hechos el PSOE y el PP, que no los condenan" y apostó por la necesidad de que todas las formaciones "pongan el dedo en la llaga para evitar que estas situaciones vayan a más". A su juicio, "es necesario condenar estos hechos, se produzcan donde se produzcan, porque no se está condenando una acción de Gobierno, sino actos provenientes de bandas nazis que proliferan en la provincia, a los que es necesario aislar política y socialmente".
Por su parte, la presidenta de la asociación 'Huelva Acoge, María Luisa Vélez, mostró ayer su "preocupación" por que reyertas como la registrada en Cartaya están protagonizadas por españoles "muy jóvenes" en contra, en su mayoría, de ciudadanos marroquíes.Vélez lamentó que en Cartaya se haya producido más de un incidente similar entre marroquíes y jóvenes españoles que "dan que pensar, aunque no ocurran todos los días, porque Cartaya es una localidad que recibe y seguirá recibiendo a mucha población inmigrante".
Por último, el presidente de la Asociación de Inmigrantes 'Alminar-Huelva', Hassam Amirou, condenó ayer las agresiones a ciudadanos magrebíes y abogó por adoptar "medidas de urgencia", ya que, según aseguró, "no es la primera vez que ocurren estos desagradables hechos racistas, no se trata de un caso aislado". "En esta zona de la provincia están ocurriendo ya muchas cosas juntas", recordó.
España es el país de la UE con más expulsiones forzosas (27.600 en 2004), seguido de Alemania (21.614), Italia (17.200) y Reino Unido (16.918), según datos de Bruselas. En 2004 se dictaron 650.000 órdenes de expulsión y se produjeron 164.000 retornos forzosos y 48.000 retornos voluntarios en la UE. La Comisión Europea propuso ayer un catálogo de reglas comunes "claras y transparentes" en materia de repatriación de los inmigrantes irregulares, el uso de la fuerza, la custodia temporal y la readmisión, que establecen también criterios de respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales de los expulsados.
"Las personas que se encuentran de forma ilegal en la Unión Europea tienen que volver a sus países de origen, pero al mismo tiempo, si no garantizamos a los inmigrantes ilegales un regreso eficaz y digno, la credibilidad de nuestras políticas quedará cuestionada", dijo el vicepresidente del Ejecutivo comunitario y responsable de Justicia e Interior, Franco Frattini, al presentar esta iniciativa.
Frattini explicó que sus propuestas no incluyen disposiciones específicas para los sospechosos de participar en actividades terroristas. "No podemos introducir el principio de que los Estados miembros deben expulsar a los presuntos terroristas porque no siempre es la opción más interesante. A veces, puede ser preferible presentar cargos contra el sospechoso o mantenerlo bajo vigilancia en un Estado miembro. Sería un error introducir la expulsión obligatoria", dijo.
No obstante, Frattini explicó que cualquier país puede expulsar a un sospechoso de terrorismo por razones de orden público y seguridad retirándole antes el permiso de residencia, algo que ya permite la legislación comunitaria en materia de asilo e inmigración.
Todos los policías disponen ya de la fotografía de Juan Alberto Gabarri Díaz, el hombre de 37 años que el martes pasado presuntamente mató de cinco disparos a un marroquí en Tortosa, tras una absurda discusión de tráfico. La colaboración ciudadana permitió identificar al asesino escasas horas después del crimen. El sospechoso, un gitano vecino del barrio tortosino de Remolins, pertenece, según los investigadores, a un poderoso clan dedicado al tráfico de estupefacientes. Sin embargo, nunca ha estado detenido. Desde el martes no ha vuelto a su casa. Pero no ha huido solo. Gabarri se ha fugado con toda su familia. La ausencia de antecedentes policiales ha forzado a los investigadores a trabajar con la fotografía del DNI. Su orden de búsqueda y captura por un homicidio doloso consta desde el miércoles en la BSN (Base de Señalamientos Nacionales). Así, cualquier policía que identifique rutinariamente al sospechoso, en cualquier rincón de España, si introduce sus datos en el ordenador, descubrirá que lo están buscando.
REFUERZOS El miércoles se desplazaron hasta Tortosa un inspector y varios agentes del Grupo de Homicidios de la policía de Barcelona para colaborar con la comisaría local en la investigación del homicidio. Sin embargo, quedan pocos detalles por esclarecer. El martes por la tarde, Salam E., de 36 años, discutió con el conductor de una furgoneta Renault Espace. Muchas personas presenciaron la escena. Algunos testigos llegaron a memorizar la matrícula del vehículo mientras su conductor disparaba a bocajarro, sin bajarse del coche, cinco balas contra Salam. La policía no confirmó ayer si el vehículo estaba a nombre del sospechoso. Pero los diferentes testigos interrogados por los investigadores no dudaron ni un momento en reconocer, en la foto del DNI de Gabarri, la cara del asesino del marroquí. Los inspectores de Tortosa conocen bien a Gabarri. Nunca lo han detenido antes, pero sospechan que participa, junto con otros miembros de su familia, en el tráfico de drogas. Su casa de Remolins está vigilada las 24 horas del día. Aunque tampoco volverá. Tiene familia en numerosas ciudades, aunque los vínculos más fuertes los tiene en Valderrobres, en la provincia de Teruel. "No tardará en caer. Son demasiados para esconderse", indicó confiado un investigador. A partir de hoy, buzos especialistas del Cuerpo Nacional de Policía se sumergirán en las aguas del Ebro para tratar de localizar el arma homicida. Varios testigos han asegurado a la policía haber visto al hombre arrojarla el martes, en un punto concreto del río. Por otra parte, la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes en España (ATIME) se personará como acusación particular en el proceso judicial abierto por el asesinato. Exigen justicia.
