La Comisión Islámica de España aprobó una 'fatua' (un dictamen religioso) "contra Osama Bin Laden, Al Qaeda y cuantos pretenden justificar el terrorismo, fundamentándolo en el sagrado Corán o la Sunna del profeta Mahoma".
Coincidiendo con el primer aniversario del 11-M, el dictamen, facilitado a Europa Press, subraya que "el Islam rechaza el terrorismo en todas sus manifestaciones, ya se trate de la muerte o el daño a seres humanos inocentes o a sus propiedades".
Este organismo, interlocutor de los musulmanes con el Estado Español para el desarrollo de los acuerdos religiosos, considera que el Islam es "la principal víctima de los atentados terroristas realizados por algunos grupos que falsamente se autodenominan islámicos".
Así, advierte de que "tales atentados no sólo se cobran la vida de numerosos musulmanes, sino que también dañan la imagen del Islam, hacen crecer los sentimientos de islamofobia y sirven a los intereses de sus enemigos".
La Comisión entiende que estos grupos "tratan de encubrir su extravío a través de interpretaciones falseadas y manipuladas de los textos sagrados, en un intento de ganarse apoyos entre los musulmanes o conseguir nuevos adeptos". "Este fraude tiene que ser denunciado con fuerza por los sabios y líderes islámicos de todo el mundo", subraya.
En este sentido, recalca que aquellos que cometen actos terroristas "violan las enseñanzas coránicas más básicas y se convierten así en apóstatas que han abandonado el Islam". "Es deber de todo musulmán luchar activamente contra el terrorismo, en consonancia con el mandato coránico que establece la obligación de impedir que se extienda la corrupción en la tierra" concluye.
El PP pide al Gobierno que no acepte "el chantaje de los encierros" de inmigrantes
El presidente del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Alberto Fernández Díaz, pidió al Gobierno que no acepte "el chantaje de los encierros" de inmigrantes y actúe con "firmeza", en alusión a los inmigrantes encerrados en varios locales de Barcelona para pedir su regularización. El dirigente popular señaló que la "ley prevé la expulsión de los que se encuentran en situación ilegal en nuestro país".
Fernández Díaz afirmó que "la delegación del Gobierno debe tener presente el cumplimiento de la ley, y más cuando se trata de personas que, además de estar en situación ilegal en nuestro país, tratan de presionar al Gobierno con estos encierros".
CUMPLIMIENTO DE LA LEY
El líder municipal del PP reclamó "firmeza" y "el cumplimiento de la ley, más aún frente aquellos que no sólo la infringen sino que se encierran para presionar al Estado de Derecho".
Fernández Díaz dijo que hay que ser "no podemos aceptar que haya dos formas de legalizar la inmigración en nuestro país: aquellos que cumplen la ley y otros que, incumpliéndola, presionan mediante encierros o protestas para que su infracción de la ley sea subsanada".
El dirigente popular reclamó a las administraciones --Gobierno central, Generalitat y Ayuntamiento-- que "actúen sin complejos en esta cuestión".
Por otra parte, El presidente municipal del PP recordó que en otros encierros, en 2001, "el alcalde de Barcelona, Joan Clos, declaró que si no fuera alcalde se encerraría con los inmigrantes en lucha y Pasqual Maragall, cuando aún no era presidente, reclamó que la Generalitat dialogara con estos inmigrantes".
LOS ENCIERROS NO PUEDEN SUPONER "UN BENEFICIO".
Fernández Díaz insistió en que "si la situación de ilegalidad de estos inmigrantes motiva su expulsión, que se proceda". "Los encierros no pueden representar un beneficio para no cumplir la ley, sino todo lo contrario, tiene que ser una exigencia más del Gobierno para hacer cumplir la ley y, si cabe, para proceder a la expulsión de aquellos que infringen la ley en nuestro país", añadió.
El presidente del PP en el Consitorio señaló que en Barcelona la proporción de población inmigrante es del 15% y supera las 230.000 personas.
En este sentido, recordó que esta población se ha multiplicado por cinco en cinco años y que este año los procesos de reagrupación familiar y la continuación del incremento del flujo de personas inmigradas obligan a que el Ayuntamiento impulse un plan de choque para garantizar la integración de las personas inmigradas y la suficiencia de los servicios sociales (sanidad, educación, guardería y vivienda) para todos aquellos que los necesiten, sean inmigrados o no.
Fernández Díaz remarcó que "la atención a las personas inmigradas no perjudique a las que no lo son pero que lo necesitan". El dirigente popular reclamó que el Gobierno "persiga la posible existencia de mafias detrás de estas protestas y las denuncias de sobreexplotación laboral a estas personas".
Cientos de inmigrantes 'sin papeles' se declaran en huelga de hambre en un encierro en Barcelona
Cientos de inmigrantes 'sin papeles' iniciaron este fin de semana encierros que tenían programados en varios locales de Barcelona y Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) para pedir al Gobierno que flexibilice los requisitos para acogerse al proceso de regularización, que finaliza el próximo 7 de mayo. Muchos de ellos se declararon en huelga de hambre. En una rueda de prensa el sábado, los inmigrantes han tachado de "fascista" la ley de extranjería y han afirmado que este proceso está "fuera de la realidad porque no está al alcance de los inmigrantes". Unos 300 inmigrantes se concentraron desde las 19 horas del viernes en la Plaza Universitat de Barcelona para desde allí distribuirse entre los distintas sedes eclesiásticas, sindicales y de organizaciones cívicas, que les han cedido sus propietarios. El grueso de los concentrados se dirigió al polideportivo de Sant Medir, en el barrio de Sants, donde celebraron una asamblea.
Ante el elevado número de inmigrantes que hay en el polideportivo, cerca de medio millar, los organizadores de la movilización, miembros de la Asamblea para la Regularización sin Condiciones, decidieron distribuirlos entre el propio polideportivo y un edificio del Campus Nord de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).
Poco antes de las 22 horas, los concentrados empezaron a llegar a las distintas sedes. En el caso de los que acudieron al polideportivo de Sant Medir, utilizaron la línea 1 del Metro para desplazarse desde la Plaza Universitat. Un colectivo de inmigrantes realizaron un cordón de seguridad en las escaleras para que el resto de concentrados entrara de forma ordenada.
TODO EL FIN DE SEMANA
Entre los inmigrantes destaca la presencia de hindúes, marroquíes, pakistaníes y bengalíes. A pesar de que tienen previsto pasar todo el fin de semana encerrados, la mayoría acudieron a las sedes sin mantas ni sacos de dormir, a excepción de algunos concentrados que iban con mochilas y hasta una bolsa con comida.
A la misma hora, un colectivo de búlgaros iniciaron su encierro en la iglesia de Sant Miquel del Port, en el barrio de la Barceloneta de la capital catalana, mientras que en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), los 'sin papeles' utilizaron los dos locales disponibles: la Iglesia de Sant Miquel y el centro ateneo Julia Romera, situados en la localidad.
ENCIERRO DE MUJERES.
Paralelamente, una veintena de mujeres, la mitad de ellas inmigrantes, se encerró en la sede de la CNT, situada en la calle Joaquim Costa del barrio del Raval de Barcelona. Una portavoz del colectivo explicó a Europa Press que este encierro es "abierto", ya que las mujeres "pueden entrar y salir" cuando "lo deseen para cuidar a sus hijos y atender las necesidades familiares".
La mayoría de las inmigrantes que se han sumado a la convocatoria son marroquíes y latinoamericanas, mientras que el resto son mujeres que trabajan con entidades de apoyo a los 'sin papeles'. El hecho de que se hayan encerrado por separado se debe a la petición de un grupo de musulmanas, que "pidieron en una reunión no dormir con hombres que no fueran sus maridos", según la misma portavoz.
Sobre las 22 horas, las concentradas iniciaron una asamblea para decidir el calendario de actividades que llevaran a cabo durante el fin de semana, entre las que destacan charlas, debates y pases de vídeo. Los miembros de la Asamblea para la Regularización sin Condiciones ya han anunciado que abandonarán los encierros a las 21 horas del domingo.
Para llevar a cabo los encierros, los inmigrantes también tienen a su disposición la sede del sindicato COBAS en Barcelona y el auditorio de la facultad situada cerca de la Estación de Francia, de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), donde la pasada noche ya se encerraron medio centenar de estudiantes en solidaridad con los 'sin papeles'.
El acondicionamiento de la futura mezquita de Badalona no irá a cargo del Ayuntamiento, aseguraron ayer fuentes municipales. La mayoría de quienes se oponen al templo lo hacen porque, indicaron dichas fuentes, no quieren que el Consistorio gaste dinero público en equipamientos religiosos.
Un sector de los inmigrantes no ha esperado a que finalice el plazo de regularización y ayer empezó un nuevo encierro para intentar que el Gobierno flexibilice las condiciones para obtener el permiso de residencia a los sin papeles. Unos 400 inmigrantes se concentraron a las siete y media de la tarde en la plaza Universitat de Barcelona para guardar un minuto de silencio por los fallecidos en el atentato del 11-M y posteriormente se dirigieron hacia distintos locales donde tienen la intención de permanecer encerrados todo el fin de semana. Otro centenar se encerró en Santa Coloma de Gramenet.
La vida para todos y Papeles para todos fueron los dos lemas coreados por los concentrados en la plaza Universitat. Enrique Mosquera, portavoz de la Asamblea para la Regularización sin Condiciones, que organiza la protesta, afirmó que estaban concentrados para "recordar a las víctimas del terror pero también de las guerras y de las injusticias".
Una de las pancartas decía en árabe: "No a la guerra, queremos paz". Desde la plaza Universitat los convocados se dirigieron en metro -los organizadores tuvieron sumo cuidado en que todos pasasen por taquilla- hacia el polideportivo Sant Medir, del barrio de Sants. En el trayecto entre la estación y el local numerosos vecinos escucharon sorprendidos desde los balcones los gritos de "Papeles para todos". A la vista del número de asistentes estaba previsto que los colectivos indios y bengalíes se quedaran en ese centro y los pakistaníes y marroquíes se fuesen a un edificio de la Universitat Politècnica. Un grupo reducido de búlgaros tenía previsto encerrarse en la parroquia de Sant Medir del Port, en la Barceloneta. Otra portavoz, Norma Falconi, explicó que por primera vez una docena de mujeres que se iba a encerrar también en el local de la CNT (calle Joaquín Costa).Ala misma hora, otro centenar de inmigrantes se encerraron en la parroquia de Sant Miquel y en el Ateneo Julia Romera de Santa Coloma de Gramenet.
La Asamblea para la Regularización sin Condiciones ha remitido una carta a las autoridades en la que plantean sus reivindicaciones ya conocidas: supresión del contrato de trabajo como requisito indispensable para obtener el permiso de residencia (proponen un permiso temporal de búsqueda de empleo o un permiso temporal de residencia con autorización para trabajar o la admisión de otros documentos que demuestren inserción social y laboral); admisión de otros documentos que no sea el padrón para justificar la estancia en España; validez de la solicitud del certificado de penales para poder iniciar la regularización; ampliación de la fecha límite de regularización; reducción del periodo previo de estancia en España, y suspensión de las expulsiones.
Mañana está previsto que cinco organizaciones de inmigrantes den a conocer otro manifiesto en el que muestran su preocupación por quienes queden excluidos de la regularización. Este manifiesto fue aprobado en una asamblea de 200 personas celebrada este sábado en la iglesia de la Mare de Déu del Carme de Barcelona y organizada por la Casa de los Trabajadores Africanos, la Coordinadora de Asociaciones Senegalesas, la Asociación Sociocultural Marroquí, la Asociación de los Comerciantes Marroquíes y la Asociación de Gambia-Senegaleses de Maresme. Estas organizaciones no se han sumado a la protesta.
LA VANGUARDIA DIGITAL JOSEP PLAYÀ MASET - 12/03/2005 BARCELONA
La policía incautó abundante material nazi, de ideología ultraderechista y del movimiento skinhead, además de seis armas blancas de diverso tamaño, en el domicilio de Fernando S. M., uno de los dos miembros de las brigadas blanquiazules del Espanyol detenidos el pasado lunes por apalear a dos periodistas y que ayer pasaron a disposición judicial.
David Riera, conocido como Rocker entre sus amigos, fue el líder de las Brigadas Blanquiazules, la peña ultraderechista del Espanyol, que dirigió el domingo por la noche la agresión a dos periodistas del diario Blanc i Blau, cuando éstos se dirigían al aparcamiento externo, sin iluminación y desprotegido, donde los informadores deben dejar sus coches ante la prohibición de poder estacionar en el interior del estadio Lluís Companys. Una fotografía del agresor, en el Bernabéu, donde se le veía increpando a Kameni por ser negro y rodeado de Ultrasur, fue el desencadenante del apaleamiento. También participó otro dirigente del grupo neonazi, que se llama Fernando San Mamés, y a quien todos conocen como Freddy. Sólo la mediación de Sebas, el dirigente moderado del grupo, impidió males mayores. Josep Sánchez y Jordi Sibina, editor y redactor jefe de fotografía del rotativo, fueron las víctimas, que sufrieron diversas contusiones en varias partes del cuerpo. Sánchez debió acudir al servicio de urgencias del hospital de Bellvitge debido a los dolores en una pierna. "Afortunadamente, sólo fueron contusiones, pero pasamos miedo. Nos tiraron al suelo, nos golpearon y nos dieron un montón de patadas", comentó ayer Sánchez a este diario.
INSULTOS HABITUALES La agresión del domingo fue la más grave sufrida por informadores en las inmediaciones del estadio. Los periodistas deben aparcar en unas plazas ubicadas en el lugar donde el grupo neonazi bebe alcohol antes y después de los partidos. En anteriores ocasiones, las Brigadas Blanquiazules se conformaban con insultar a los periodistas, que siempre intentan salir en grupo, temerosos de alguna acción airada de la peña radical. El domingo acudieron a Montjuïc un centenar de brigadas. Éstos por primera vez evitaron insultar a los jugadores negros del equipo rival, o incluso a Kameni, tras haber prometido al consejo de administración un buen comportamiento en el estadio. Sin embargo, volvieron a exhibir banderas españolas con el escudo anticonstitucional, lo que está prohibido por la ley.
CONDENA DEL CLUB El consejo de administración se reunió ayer con carácter de urgencia y emitió una nota en la que lamentó la agresión, tal como hicieron la federación de peñas y la plantilla. El club prometió personarse como acusación particular una vez se realice la pertinente denuncia. También anunció que no podía expulsar a los sospechosos como miembros de la entidad, ya que no son socios del Espanyol, pero gestionará delante de la Comisión Antiviolencia la prohibición de la entrada a los estadios de los agresores. La Comisión les podría imponer una fuerte multa económica. Este año, las Brigadas Blanquiazules han radicalizado su comportamiento. Con la visita del Barça causaron diversos destrozos e insultaron la memoria del presidente Lluís Companys, que da nombre al estadio. Desde entonces han protagonizado otras fechorías xenófobas. El grupo ha amenazado y agredido a socios del Espanyol en varios desplazamientos. En este sentido, el club no piensa facilitarles entradas para el próximo partido en Vila-real.
Renace la oposición a la apertura de la gran mezquita de Badalona. La asociación de vecinos del Gorg, que semanas atrás había dado su visto bueno a la idea porque el templo se proyectaba en una zona industrial del barrio, se ha enterado de que es posible que el Ayuntamiento pague los 60.000 euros necesarios para dignificar la nave, y dicen que no les parece nada bien y que ya no quieren un oratorio musulmán en el barrio. Ya se han visto las primeras pintadas y pancartas a pocas de la firma, prevista para hoy, del convenio entre el Consistorio badalonés y los musulmanes de la ciudad que hará posible la inauguración del templo.
"A nosotros nos han recortado un cuarta parte las subvenciones, no queremos que el Ayuntamiento gaste dinero público en templos religiosos; además, la mayoría de los vecinos no quiere una mezquita en el barrio, y muchas de las empresas de la zona tampoco. Por ello estamos ahora en contra del oratorio", explicó ayer el presidente de la asociación de vecinos Gorg-Mar, Guzmán
Roger. La oposición al templo se organiza también en barrios cercanos al Gorg, como el de Sant Jaume y Congrés, donde ya se ha iniciado estos días una recogida de firmas bajo el lema Mezquita no.Dicen que ya tienen unas dos mil.
En cualquier caso, la oposición al oratorio no es compartida por la Federación de Asociaciones de Vecinos de Badalona, cuyo vicepresidente, Miquel Jurado, denunció ayer que "detrás de muchos de los que se niegan a aceptar la mezquita se esconde una actitud xenófoba. La federación está en contra de templos, de cualquier religión, que puedan alterar la vida pública, pero la Constitución garantiza la libertad de culto, en algún sitio tendrá que ponerse la mezquita".
Por otro lado, un colectivo rumano pide al Ayuntamiento el mismo trato que a los musulmanes. Dicen que ellos también necesitan un templo para sus plegarias.
LA VANGUARDIA DIGITAL L. BENVENUTY - 10/03/2005 BADALONA
La Asamblea por la Regularización sin Condiciones ha convocado encierros este fin de semana en siete iglesias y sedes universitarias y sindicales de Barcelona y Santa Coloma de Gramenet, para exigir al Gobierno mayor flexibilidad en los requisitos del proceso de regularización de los inmigrantes. En caso de que el Ejecutivo no acepte sus reivindicaciones, los sin papeles advierten que, a partir del 2 de abril, irán a una huelga indefinida, "hasta ganar o perder".
La asamblea reclama que se tengan en cuenta otros documentos aparte del censo y que se aumente el plazo del proceso, que acaba el 7 de mayo. Además, pide que el imprescindible certificado de antecedentes penales "no caduque a los tres meses" y "que se elimine el requisito del contrato". Para Norma Falconi y Enrique Mosquera, portavoces de la Asamblea, estos son "filtros" que evitan la regularización y demuestran que "la propuesta del PSOE era una farsa". Falconi denunció que nunca se había exigido el certificado de empadronamiento ni el de penales, y señaló que pedir un contrato es "el pez que se muerde la cola: sin trabajo no hay papeles y sin papeles no hay trabajo".
Mientras en Madrid el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, informaba de que que las peticiones para legalizar la situación de trabajadores inmigrantes sumaron 118.000 el primer mes (el 64% en Madrid, Catalunya y Valencia) y 128.000 a día de hoy, Mosquera aseguraba que "a este paso no vamos a llegar ni a las 400.000".
Según cifras de Caldera, han sido rechazados hasta la fecha 490 expedientes y 1.639 están pendientes de que se adjunte el certificado de penales. Caldera se felicitaba en Madrid por la "excelente" marcha del proceso mientras la Asamblea afirmaba en Barcelona que son un 20% las solicitudes denegadas por ahora. "El escollo es el requisito de contrato, pues mucho empresarios despiden a los inmigrantes", señaló Mosquera. "Si el patrón no cumple los requisitos -añadió Falconi-, se castiga al inmigrante; no se persigue nunca a la empresa ni a las mafias".
Los manifestantes prevén encerrarse tras una concentración silenciosa mañana en la plaza Universitat, donde rendirán homenaje a las víctimas del 11-M, y hasta las 21.00 del domingo. El polideportivo de Sant Medir, en el barrio de Sants, y la escuela superior de Ingeniería Industrial de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), en la Diagonal, son los centros que esperan mayores concentraciones. Otros locales disponibles son la iglesia de Sant Miquel del Port, en la Barceloneta, el local de la CNT, en Joaquim Costa y la sede del sindicato Cobas. Además, en Santa Coloma están disponibles la parroquia de Sant Miquel y el ateneo Julia Romera.
LA VANGUARDIA DIGITAL MARICEL CHAVARRÍA - 10/03/2005 BARCELONA
El incremento de los controles policiales que se vienen llevando a cabo durante las últimas semanas en los pasos fronterizos de las comarcas de Girona para evitar la entrada indiscriminada de inmigrantes que no disponen de los necesarios permisos de trabajo o de residencia en España, ha comenzado a dar sus frutos. Durante los últimos 15 días, la Policía Nacional han detenido en La Jonquera a once conductores de autobuses que pretendían entrar en el país transportando inmigrantes ilegales. Estos conductores, la gran mayoría de los cuales son de nacionalidad búlgara o rumana, fueron detenidos por la policía después de haber intentado ya en anteriores ocasiones entrar en el país y de haber sido rechazados en los controles, según fuentes policiales. Cuatro de los detenidos, según las mismas fuentes, han ingresado en prisión.
La subdelegación del Gobierno en Girona reconoció ayer que desde la entrada en vigor del periodo de regularización para trabajadores extranjeros residentes en España, se han incrementado los controles policiales en las zonas fronterizas. Fuentes de la subdelegación señalaron también que las labores policiales no se limitan a prohibir a las personas que no cumplen los requisitos legales, sino que los agentes trabajan también ahora en la identificación de los integrantes de las redes mafiosas que se dedican al tráfico de personas. Cabe recordar que ésta fue una petición explícita del Fiscal General del Estado, Cándido Conde Pumpido, después de que se detectara un incremento en la entrada en España por las fronteras de Girona de inmigrantes indocumentados procedentes de los países del Este.
La Fiscalía de Girona reconoce que el transporte de inmigrantes no se reduce sólo a los autobuses y que se han detectado también personas que se dedican a pasar extranjeros en sus coches particulares a cambio de una cantidad de dinero.
LA VANGUARDIA DIGITAL ANTONI F SANDOVAL - 10/03/2005 LA JONQUERA
En el primer mes del proceso de regularización de trabajadores inmigrantes, los empresarios han presentado en Catalunya un total de 22.606 peticiones, según informó una portavoz de la Delegación del Gobierno. De estas solicitudes, 14.821 fueron presentadas entre el 7 y el 28 de febrero, mientras que las 7.785 restantes se presentaron entre el 1 y el 4 de marzo.
La portavoz de la Delegación destacó que, tal como reflejan las cifras, en los últimos días "se ha intensificado" la presentación de solicitudes y todavía se espera "que vaya a más". En la actualidad, reciben cerca de 2.000 solicitudes diarias. A partir del día 15, funcionarán otras cuatro oficinas en la provincia de Barcelona para afrontar este proceso, a pesar de que hasta el momento no se han producido colapsos.
La presidenta de la Asociación Catalana de Profesionales de la Extranjería, Concha Par, aseguró ayer que los ayuntamientos "están emitiendo los certificados de empadronamiento por distintos métodos y ritmos, por lo que la documentación a presentar para la regularización no se ha acumulado". "Se están presentado menos solicitudes de las esperadas y muchas son de inmigrantes que trabajan para el servicio doméstico", señaló Par.
LA VANGUARDIA DIGITAL 09/03/2005 Europa Press. BARCELONA
La Asamblea por la Regularización sin Condiciones considera que el proceso de regularización que actualmente está llevando a cabo el Gobierno es un "engaño" porque "hoy no existe noticia de ningún inmigrante regularizado" y porque de los 1,3 millones de sin papeles, cerca de un millón "no habrán siquiera podido presentar su instancia por carecer de los documentos exigidos". Asimismo, anunció encierros para la noche del 11 al 12 de marzo en Barcelona, Cornellà de Llobregat y Santa Coloma de Gramenet.
La asociación aseguró ayer, en un manifiesto remitido a Europa Press, que "el Gobierno sigue engañando al presentar su balance", en el que decía que hasta ahora se habían presentado unas 100.000 solicitudes de regularización, ya que "nada dice de la oleada de despidos que ha iniciado su proceso de regularización".
"Los inmigrantes, que vivimos cada día la cruda realidad de buscar nuestros documentos y reclamar nuestro contrato infructuosamente, estamos ya desengañados", apuntó, y añadió que este proceso "nos mantiene sin derechos y sometidos a la voluntad de los empresarios". Según el citado comunicado, "de esta forma no se acabará con la economía sumergida y las mafias que venden contratos, censos y certificados, seguirán enriqueciéndose".
Por todo ello, pidió al Gobierno que introduzca modificaciones en el proceso de regularización, consistentes en admitir junto al censo otros documentos que demuestren la estancia, ampliar los plazos y suprimir el contrato como requisito imprescindible porque "deja a los inmigrantes en manos de sus empresarios".
La Asamblea por la Regularización Sin Condiciones anunció que llevaran un encierro en la noche del 11 al 12 de marzo "en locales de diferentes organizaciones que han decidido cedérnoslos en solidaridad con nuestra lucha" en los municipios de Barcelona, Cornellà de Llobregat y Santa Coloma de Gramenet.
Ayer, la Delegación del Gobierno en Catalunya informó que desde hoy las solicitudes para la regularización de inmigrantes sólo se podrán presentar en las oficinas del Instituto Nacional de la Seguridad Social de la Provincia de Barcelona después de concertar una cita previa por teléfono. Esta medida, según la delegación. se aplica con el objetivo de facilitar y agilizar las gestiones para la regularización.
La exigencia de concertar una cita previa afecta sólo a las oficinas del INSS, ya que en la de la Tesorería de la Seguridad Social y la del Instituto Social de la Marina es optativo pedir hora por teléfono para los trámites de regularización.
Precisamente la patronal catalana Cecot aseguró que el proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes en curso sólo beneficiará al 30% de los sectores empresariales y recordó que sólo se han presentado en España un total de 48.000 solicitudes, lo que equivale al 10% de los extranjeros indocumentados que residen en España.
Cecot indicó que la gran mayoría de los trabajadores sin papeles que "no están aflorando" se concentran precisamente en el servicio doméstico, la atención a personas dependientes y la agricultura.
LA VANGUARDIA DIGITAL 07/03/2005 Agencias. BARCELONA
La Federación DE Asociaciones de SOS Racismo del Estado Español denuncia la negativa de la Subdelegación del Gobierno en Almería para permitir un acto por la muerte de Azzouz
La Federación de Asociaciones de SOS Racismo del Estado Español se solidariza con La Plataforma Almeriense Iguales en Derechos que denuncia la actitud arbitraria del Subdelegado,denegando la realización de la concentración en el centro de El Ejido y pretende apartarla a un lugar aislado, alejado del centro de la localidad. La desautorización se fundamenta en unas supuestas obras en la Plaza Cervantes, que no existen, y en el absurdo de que la concentración interferiría la circulación en la vía pública, hecho implícito en cualquier tipo de reunión pública.
Esta negativa del representante del Gobierno en la provincia, que implica un cercenamiento desproporcionado e injustificado del ejercicio del derecho fundamental de reunión, responde a las presiones de las autoridades municipales de El Ejido y no busca sino silenciar y ocultar un fenómeno de inseguridad y acoso que viven muchos inmigrantes en el Poniente, y que a la larga sólo servirá para agravar las tensiones sociales que existen desde hace años en ese municipio.
Ante esta situación La Plataforma Iguales en Derechos solicita una reunión urgente al Subdelegado del Gobierno, Sr. Miguel Corpas Ibáñez en un escrito en que justifica la no aceptación de las modificaciones planteadas. Denunciamos la actitud antidemocrática y racista que supone la prohibición, por parte de la Subdelegación del Gobierno en Almería, de una concentración en el centro de El Ejido, cuyos objetivos compartimos plenamente: - exigir el esclarecimiento de la muerte de Azzouz, - el cese de las agresiones a inmigrantes y la convivencia pacífica entre tod@s l@s almerienses, nativ@s y extranjer@s.
Exigimos una posición clara de defensa de la convivencia y de intolerancia con los actos racistas y xenófobos". Consideramos esta prohibición un hecho de suma gravedad en cuanto supone un atentado al derecho democrático de libre expresión y, lo que es peor aún, un acto de racismo institucional que sólo puede servir para agravar la situación de tensión que se vive en la comarca. La prohibición de una concentración en El Ejido cuyos objetivos eran *exigir el esclarecimiento de la muerte de Azzouz**, el cese de las agresiones a inmigrantes y la convivencia pacífica entre almerienses, sean o no extranjeros, convierte a la Subdelegación del Gobierno en Almería en cómplice de actitudes racistas y xenófobas, compartidas por una minoría de la población, a la que dicha Subdelegación pareciera pretende encubrir y ocultar.
El asesinato de una persona por el hecho de ser inmigrante es un hecho muy grave al que es preciso dar una respuesta contundente dentro del marco jurídico que termine con el racismo y la xenofobia de una minoría que está actuando con total impunidad y que defienda una convivencia pacífica entre ciudadanos de distintos orígenes y culturas.
Nos dirigimos también a la Presidencia del Gobierno, al Ministerio del Interior, a la Delegación del Gobierno en Andalucía y a la Subdelegación de Almería, denunciando la actitud antidemocrática y racista que supone la prohibición de dicha concentración en el centro de El Ejido y exigiendo una posición clara de defensa de la convivencia y de rechazo a los actos racistas y xenófobas.
Federacion de Asociaciones de SOS Racismo del Estado Español
Leganés cree que los atentados generaron "desconfianza" hacia los inmigrantes
Los vecinos de Leganés Norte -barrio donde el 3 de abril se inmolaron en un piso los siete presuntos terroristas islamistas del 11-M- y el Gobierno local coinciden en señalar que el ambiente en la zona se ha visto afectado durante este primer año por ambos acontecimientos.
El concejal de Seguridad Ciudadana y portavoz del Ejecutivo Local, Antonio García Blázquez, manifestó que "la repercusión de los atentados ha influido en la percepción de seguridad de la gente", sobre todo, en la de los residentes de Leganés Norte.
No obstante, aunque el edil admitió que la población tiene cierto recelo hacia los colectivos inmigrantes, subrayó que "no se han detectado conductas no deseadas de los vecinos ante la población inmigrante de la zona". "Creo que todos conviven -apuntó- y no hemos aplicado ningún seguimiento especial, a excepción del que nos llegaba desde la delegación del Gobierno en Madrid para casos puntuales", matizó.
En este sentido, el concejal se refirió a las últimas detenciones practicadas en Leganés y relacionadas con el terrorismo internacional -los hermanastros marroquíes Brahim y Mohamed Musaten, detenidos por "colaboración con organización terrorista" en el barrio de Los Santos-, un hecho que, a su entender, "ha refrescado la sensación de inseguridad".
Sin embargo, consideró que "más allá de eso, la convivencia es normal". Así, opinó que incluso la tipología de la delincuencia habitual en el municipio "no ha presentado ningún cambio por estos motivos".
NO HAY ANGUSTIA, PERO SÍ MÁS SENSIBILIDAD
Los colectivos vecinales, por su lado, comparten una percepción similar de los sucesos del pasado año. El vicepresidente de la asociación de vecinos de Leganés Norte, Diego Alhambra, cree que "no hay sensación de angustia en la barriada", aunque sí advirtió que "alguno de los vecinos de la calle Carmen Martín Gaite no volverán al inmueble reconstruido por la sensibilidad e inestabilidad que ha generado la inmolación de los terroristas".
En cuanto a la actitud vecinal ante los inmigrantes, el representante vecinal es rotundo: "Creo que nuestra respuesta ciudadana ha sido encomiable, pero si alguien alquila un piso en mi bloque, ya no actuamos igual". De esta manera, Alhambra instó a las Administraciones públicas a que investiguen los alquileres que puedan resultar sospechosos. "Hay que tomar medidas", aseguró.
Y es que en la vecindad del barrio quedó grabada no sólo la explosión, sino hechos posteriores, como los rastreos en busca de restos de Goma-2 ECO, que obligó a los miembros de desactivación de explosivos (Tedax) a desalojar hasta en tres ocasiones los inmuebles colindantes el día 12 de abril para mantener "una distancia prudencial". Además, la Oficina de Atención a las Víctimas atendió en los días posteriores a un total de 157 personas.
Efectivamente, tras la inmolación, la desconfianza se asentó en Leganés este año. De hecho, a lo largo de estos meses, el alcalde, José Luis Pérez Ráez (PSOE), advirtió en varias ocasiones del posible ambiente de desconfianza hacia la población inmigrante -principalmente de origen marroquí- que podrían haber generado los atentados, unos sucesos que, en palabras de la concejal de Servicios Sociales, Margarita Pedruelo, habrían creado "cierta alarma".
Por ello, el Consistorio leganense ha potenciado las campañas de integración, sobre todo, en las escuelas públicas. Fruto de ello fue, por ejemplo, el libro 'Los orígenes del arco iris de Leganés', documento editado por el Consejo Municipal de la Infancia y la Adolescencia y las ONGs 'Migralia' y 'Save the children' que recoge a través de cuentos, dibujos y poesías la percepción que tienen 60 escolares sobre la inmigración.
Este documento recogía que los niños inmigrantes que llegan a Leganés se "sienten integrados" y "quieren mucho a España", según la coordinadora del proyecto y presidenta de 'Migralia', Olga Gayón, quien reveló, además, que los niños de la zona estudiada demuestran "una solidaridad general con los inmigrantes".
El número de inmigrantes despedidos supera a los regularizados, según un estudio La cantidad de inmigrantes despedidos por sus empleadores superó en las primeras semanas del proceso extraordinario de regularización abierto en España a quienes accedieron al plan para obtener papeles, según un estudio publicado por el diario económico La Gaceta.
"Los primeros 16 días hubo 48.247 regularizaciones, pero hubo 58.974 despidos", afirma La Gaceta de los Negocios citando los resultados de una investigación efectuada por la Asociación Profesional Española de Directores de Recursos Humanos (APEDRRHH), en cuya opinión, "el proceso está fracasando".
Según la citada asociación, esa "tendencia" se mantiene.
"La investigación certifica que la tendencia continúa e incluso aumenta", dice el texto, antes de afirmar que: "los empresarios despedían abundamentemente a quienes les pedían que les regularizasen", indica el periódico.
Cuando ese estudio se refiere a regularizaciones, queda claro que son las solicitudes de regularización que empresarios, empleadores o los propios inmigrantes, como los empleados domésticos, presentaron en las dos semanas siguientes al 7 de febrero pasado, cuando se abrió el proceso de "normalización" de inmigrantes sin papeles pero con trabajo.
LOS AGRICULTORES NO NECESITAN MANO DE OBRA POR LOS DAÑOS DE LA OLA DE FRÍO
El estudio atribuye el resultado obtenido a dos motivos. A raíz de la ola de frío que azota a España, los empleadores agrícolas "no necesitan de mano de obra" y la segunda es que los empresarios tienen "miedo" de que la inspección de trabajo los localice como empleadores que antes del proceso de regularización tenían a inmigrantes trabajando en negro y que por ello, en el futuro, se les hagan inspecciones.
La asociación considera que el actual proceso de regularización "está fracasando, ya que las mafias han identificado los flancos débiles del proceso", aunque no brinda más detalles al respecto.
DESPIDOS EN MADRID, CATALUÑA Y VALENCIA
Madrid, Cataluña y Comunidad Valenciana, son las regiones autónomas donde más despidos se han registrado, siempre según el mismo estudio.
El estudio se basa en una encuesta electrónica a la que respondieron cerca del 70% de unos 3.000 directores de recursos humanos.
El proceso excepcional de regularización que concluirá el 7 de mayo está dirigido a unos 500.000 inmigrantes, según el Gobierno Madridpress.com
Los usuarios de la mezquita recientemente clausurada del badalonés barrio de la Pau aceptan la propuesta municipal de trasladar sus rezos al barrio del Gorg, a una zona sin vecinos. A cambio, y mientras se llevan a cabo las obras de acondicionamiento de la nave industrial de la calle Sant Lluc, el Ayuntamiento se compromete a encontrar un local alternativo para la comunidad. Además, elaborará una normativa que regule la apertura de templos religiosos.
Este es el acuerdo alcanzado ayer por la mañana entre representantes musulmanes y del Consistorio, cuyo primer fruto fue la suspensión de la protesta prevista para ayer en la plaza de la Vila. El primer teniente de alcalde, el socialista Eduard Tortajada, dijo que a finales de la semana que viene se suscribirá el acuerdo mediante la firma de un convenio. Entonces, según el edil, se sabrá quién paga los 60.000 euros necesarios para adecentar la nave industrial, cuánto tiempo duran los trabajos y cuál será el emplazamiento transitorio de las plegarias.
Con todo, el Consistorio sigue sin desmentir ni confirmar que el Gorg es el destino definitivo de los musulmanes, únicamente se refiere a él como "un lugar digno para usos religiosos que no origine problemas vecinales".
LA VANGUARDIA DIGITAL LUIS BENVENUTY - 05/03/2005 BADALONA
El capitán de un gran barco portacontenedores de línea regular que opera entre Casablanca y Barcelona fue detenido el miércoles por la policía acusado de tráfico ilícito de seres humanos, o lo que es lo mismo, de permitir la presencia a bordo de polizones marroquíes, de tratar de hacerlos pasar ante las autoridades españolas por tripulantes, de dejarlos desembarcar clandestinamente en el puerto y, supuestamente, beneficiarse de ello.
Con el capitán, W.W.B., un ciudadano polaco de 60 años, también fue detenido un presunto cómplice. Se trata de F.B., marroquí de 40 años, mecánico engrasador del barco.
El capitán ha quedado en libertad con cargos y su buque ha zarpado de nuevo con permiso del juez, que no quiere causar perjuicios ni a la compañía consignataria, ni a los clientes que le confían sus mercancías.
No se sabe cuántos inmigrantes ilegales han llegado a Barcelona como polizones supuestamente consentidos a bordo de este enorme buque. Pero los investigadores sí tienen claro que el barco se ha caracterizado, desde el 2001, por transportar a viajeros clandestinos que se ocultaban en contenedores de doble fondo descubiertos por la policía. Por su parte, el capitán siempre ha negado conocer la existencia de tales contenedores trucados.
Pero fue el pasado verano cuando las cosas se pusieron más serias para el capitán W., después de que agentes de la comisaría del puerto detectaran a un grupo de inmigrantes ilegales que trataban de salir del recinto portuario y perderse por la ciudad. Los detenidos explicaron que habían llegado en el barco y que habían embarcado en Casablanca, relato que ya se repetía con demasiada frecuencia para ser casualidad. Entonces, de acuerdo con la ley vigente para estos casos, los polizones fueron devueltos al barco y el capitán se libró de ser detenido al afirmar que no tenía ni idea de la presencia de esos viajeros en su barco. Pero la vigilancia policial en torno al buque y al capitán se reforzó. De este modo, cada vez que el mercante atracaba en el puerto, los agentes lo observaban discretamente. Y así fue como esta semana detuvieron a un tripulante cuando intentaba desembarcar de forma ilegal a dos polizones, haciéndolos pasar por marineros con documentos que llevaban supuestos sellos oficiales del barco.
Tripulante y polizones pasaron a disposición judicial, pero las pesquisas continuaron con el fin de esclarecer cómo se habían confeccionado los falsos documentos que contaban con unos sellos cuya custodia es responsabilidad del capitán; un dato que le convirtió en sospechoso número uno. Sin embargo, el capitán no estaba ya en Barcelona, pues mientras se desarrollaban los interrogatorios y las indagaciones el barco había zarpado bajo su mando. Los agentes sólo tuvieron que esperar: una semana después, el barco estaba otra vez de vuelta y el capitán fue citado en la comisaría, de la que salió en libertad con cargos.
LA VANGUARDIA DIGITAL E. MARTÍN DE POZUELO - 05/03/2005 BARCELONA
El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, informó ayer de que se han superado ya las 100.000 peticiones de normalización de trabajadores inmigrantes, e indicó que de seguir la actual tendencia se rebasarán las 300.000, pero "no hago ninguna apuesta".
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Caldera señaló que el Gobierno "nunca" ha hecho previsiones sobre el posible número de legalizaciones: "Siempre dijo que había un número de personas, de acuerdo con el padrón, que eran irregulares en España, pero todas ellas no están en disposición de trabajar, son bastantes menos".
"Cada día se ha ido incrementando sistemáticamente el número de peticiones y ayer superaron las 100.000, y las 10.000 diarias, en un solo día; de continuar esta tendencia seguramente se superarán los 300.000, pero en todo caso yo no hago ninguna apuesta, serán las que se presenten", agregó.
Por otra parte, se refirió al refuerzo de medios humanos y materiales de la red diseñada para el proceso de regularización en la capital madrileña, debido a la fuerte demanda de peticiones en algunos de sus barrios. Desde ayer mismo, explicó, el número de operarios que atienden el teléfono de la Seguridad Social de Madrid ha aumentado de 12 a 50 y se ha pasado de uno a tres servidores, "hoy ya no ha existido ningún problema y la red recibe las llamadas sin ningún bloqueo".
El volumen de llamadas a este nuevo número ascendió el primer día -1 de marzo- a 90.000; a 40.000 en el día de ayer y "esta mañana en las dos primeras horas hubo unas 7.000",
Por su parte, la Confederación Empresarial de la Comarca de Terrassa (Cecot) cree que la regulación de inmigrantes tiene una baja incidencia en las empresas a las que representa porque la mayoría de las solicitudes en esta zona son de servicio doméstico, de atención a la dependencia y agrícola.
Según la patronal Cecot, sus datos coinciden con los hechos públicos por el Ministerio de Trabajo y ponen de manifiesto que el proceso tiene una baja incidencia en las empresas a las que representa.
El Ministerio de Trabajo ha anunciado que se han realizado 48.000 solicitudes que corresponden a sectores a los que la Cecot no representa como patronal, como son el servicio doméstico, de atención a personas con dependencia o el agrícola.
Según datos facilitados ayer por Cecot, existe un gran número de inmigrantes que no están regularizando su situación ya que trabajan en la economía sumergida. La patronal de Terrassa ha pedido a las administraciones que, finalizado el actual proceso de regulación, se endurezcan las leyes y se persiga a las empresas que perjudican a la competitividad de otras empresas que actúan de manera responsable, pagando sus impuestos, y cumpliendo la normativa vigente.
LA VANGUARDIA DIGITAL 05/03/2005 Efe. MADRID / TERRASSA
El Deportivo de A Coruña deberá pagar una multa de 600 euros por los gritos racistas y los gestos simiescos que profirieron a Roberto Carlos durante el partido de Liga que el Real Madrid jugó en Riazor. Se ha aplicado la menor de las sanciones considerando que tras parar el partido el árbitro para hablar con el delegado de campo, las provocaciones cesaron
El diputado y vicepresidente de ICV Jaume Bosch hizo ayer un llamamiento a la dirección de CiU para que "tome medidas inmediatas" para frenar la "tolerancia y los contactos discretos" que su partido mantiene con "la formación de extrema derecha, xenófoba y racista" Plataforma per Catalunya en el Ayuntamiento de Vic (Barcelona).
Esta relación, según denunció Bosch, "ha permitido que los presupuestos del 2005" del Consistorio, gobernado por CiU con diez concejales, "pudieran ser aprobados gracias a la abstención" del concejal de Plataforma per Catalunya, Josep Anglada, dado que hay un empate de votos entre los concejales de CiU y los de PSC (cinco), ERC(cuatro) e ICV-EUiA (uno). Bosch dijo que este episodio está en la línea iniciada por el portavoz de CiU en Vic, que "ya asistió como invitado al congreso de Plataforma por Catalunya".
Por ello, reclamó a CiU que "tome medidas para que se abran negociaciones inmediatas" con las demás formaciones "para ver cómo aislar" al partido de Anglada, que "pleno tras pleno presenta mociones xenófobas". Bosch recordó que en Francia, cuando el ultraderechista Frente Nacional llegó a las instituciones, las fuerzas democráticas se comprometieron a no aceptar sus votos activos o pasivos y hubo dimisiones por contravenir este pacto.
LA VANGUARDIA DIGITAL 03/03/2005 Redacción. BARCELONA
