Representantes del colectivo de musulmanes de Badalona criticaron ayer la poca voluntad de diálogo del Ayuntamiento para solucionar el conflicto abierto a raíz del cierre del templo del barrio de la Pau. El portavoz Taufik Cheddadi explicó que "hoy -ayer para el lector- hemos ido al Consistorio porque desde la reunión del jueves no ha habido más contactos, pero no nos han recibido. Cerraron el oratorio la madrugada del miércoles, queremos recuperar el material allí guardado, las puertas están soldadas. Allí, además de rezar, se organizaban clases de refuerzo para niños ¿quién va a pagar ahora el alquiler?".
Cheddadi agregó que "ya hemos pedido a los Mossos permiso para rezar de nuevo este viernes en la plaza de la Vila y hemos contactado con entidades de la sociedad civil badalonesa en busca de apoyo. Queremos organizar un gran acto ciudadano para denunciar esta situación: nadie nos dice nada y no sabemos dónde vamos a rezar". Desde hace un mes, la información municipal al respecto se ha suministrado en cuentagotas. De hecho, el Consistorio no ha aclarado aún cuándo se realizarán las obras de acondicionamiento de la nave industrial del Gorg, supuestamente destinada a acoger la única.
LA VANGUARDIA DIGITAL LUIS BENVENUTY - 02/03/2005 BADALONA
El Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol decidió ayer multar con 3.000 euros al seleccionador Luis Aragonés por sus comentarios xenófobos en los que se refirió al jugador Thierry Henry como "ese negro de mierda" en teoría para encorajinar a su compañero en el Arsenal José Antonio Reyes. Esos comentarios y otra sonada salida de tono en la previa del amistoso España-Inglaterra -Luis llamó racistas a los ingleses por su pasado colonial en África- obligaron a actuar al comité que, pese a multar al técnico, no piensa que sus gritos sean racistas.
El comité, que califica el hecho de "falta grave" cree "evidente" que carecen de todo "desvalor racista" pero que "no responden a las obligaciones de su cargo". Aragonés tiene diez días para recurrir el fallo pero es muy probable que no lo haga pues antes del partido de la selección ante San Marino ya dijo que acataría la sentencia
Amnistía Internacional denuncia "las bajas cifras de concesión de peticiones de asilo a los inmigrantes en España", con un 4% de resoluciones a favor de entre "el 50% de los casos que se admiten", según dijo la abogada especializada en derechos humanos contratada por la organización, Ana María Gallagher, que esta semana visita Ceuta para realizar una investigación sobre la situación de los inmigrantes y los refugiados que llegan a la ciudad y elaborar un informe que verá la luz en enero del año próximo.
En declaraciones a los periodistas, Gallagher precisó que las primeras impresiones de su estancia en Ceuta indican que "el Gobierno actual está mostrando un compromiso para proteger los derechos de la gente que llega", aunque denunció que han detectado "irregularidades en el procedimiento, porque los inmigrantes no conocen sus derechos, ni saben qué es el asilo, vienen con miedo", aseveró.
En este sentido, criticó que "los refugiados no están identificados todavía en España", aunque expresó su confianza en que "con el nuevo Gobierno AI pueda iniciar conversaciones y exponer sugerencias para que esto cambie".
Con este fin, la letrada de Amnistía Internacional se reunió hoy con el delegado del Gobierno en la ciudad autónoma, Jerónimo Nieto, y mañana lo hará con la directora del área de Extranjería para conocer los datos de peticiones de asilo político realizadas desde Ceuta.
Durante los tres días que ha permanecido en la ciudad autónoma, Gallagher ha visitado el Centro de Estancia Temporal (CETI) y hablado con los inmigrantes, muchos de los cuales se alojan en un antiguo colegio, San Antonio. En este sentido, la abogada pidió "más espacio" para acoger a este colectivo o bien que se traslade a los inmigrantes a los centros de internamiento o pisos tutelados de la península para evitar que tengan que vivir en la calle.
Gallagher exigió asimismo que se preste asistencia legal a los alrededor de 90 menores transfronterizos que permanecen en el centro de 'La Esperanza' para resolver los trámites de residencia, ya que "muchos de ellos tienen derecho a lograr la residencia en España y ahora existe un vacío".
En lo que va de año casi 90.000 personas han sido repatriadas desde España, frente a las 70.000 que lo fueron en el mismo periodo de 2003, lo que supone un aumento del 25 por ciento, dijo el sábado el Ministerio de Asuntos Sociales. "El aumento se debe en parte a las devoluciones de inmigrantes en situación irregular a Francia en virtud del Acuerdo de Readmisión", informó el ministerio.
Las readmisiones son expulsiones en virtud acuerdos con terceros países y entre enero y septiembre se han realizado 60.240, principalmente hacia Francia, frente a las 37.732 del pasado año.
Sin embargo, las devoluciones de personas que intentaron entrar ilegalmente en el país o, que habiendo sido expulsados, lo vuelven a intentar han disminuido ligeramente esta año (9.909 frente a los 10.853 del año 2003) por el descenso en la afluencia de pateras que arriban a las costas españolas.
Una mayor tendencia a la baja la registran los retornos (personas rechazadas en puestos fronterizos), principalmente en aeropuertos, al pasar de 12.399 el pasado año a casi 8.000 en lo que va de año.
"En este caso la reducción responde a que cada vez son menos los ciudadanos latinoamericanos que llegana España sin cumplir los requisitos de entrada", dijo el ministerio.
El Ministerio de Interior ha creado recientemente una Unidad Central de Expulsiones y Repatriaciones para reforzar la vigilancia en el aeropuerto de Madrid-Barajas, mientras que el plan SIVE (Sistema Integrado de Vigilancia Exterior) se dedica a reforzar la vigilancia de la frontera sur de la UE (Mediterráneo y Canarias).
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, afirmó en el Congreso, durante la sesión de control al Gobierno, que se están reforzando "absolutamente" todos los medios y efectivos en relación con el control de la inmigración irregular. Asimismo, manifestó la disposición del Ministro del Interior de explicar "con detalle" ante la Cámara todas las medidas que se están tomando en relación con el control de fronteras, para evitar la inmigración ilegal y también en relación con la UE, que "tiene una tarea muy importante en esta materia".
Zapatero respondía así a la pregunta del portavoz de CiU Josep Antoni Duran i LLeida sobre si el Gobierno piensa activar medidas especiales de control de fronteras, incluyendo el cierre del espacio Schengen, para evitar que este proceso implique una llegada de extranjeros que pretenda regularizar su situación en los próximos meses.
"No voy a discutir cuando hay efecto llamada porque la historia reciente de nuestro país da bastantes sorpresas --respondió el jefe del Ejecutivo--. Cuando se hicieron leyes para acabar con el efecto llamada hubo más inmigración ilegal en España que nunca".
NO HABRÁ REGULARIZACIÓN SOBREVENIDA
Asimismo, aseguró que el proceso de normalización tiene unos requisitos muy claros: "seis meses de residencia y acreditación de una relación laboral". "No estamos ante una situación que se pueda acreditar de forma sobrevenida bajo ningún concepto. Simplemente, estará llamada a los que efectivamente en este momento llevan un tiempo, seis meses en España, y tengan acreditada una situación de relación laboral", precisó.
A su juicio, este procedimiento, contemplado en la Disposición Transitoria Tercera del proyecto de Reglamento de la Ley de Extranjería debería ser compartido por "todo el mundo" porque permite "salir de una situación de ilegalidad y anormalidad de lo que pasa en el mercado laboral".
Zapatero insistió en que si se articula una política de ordenación racional de lo que pasa en España con el trabajo ilegal y se convierte en legal con los requisitos pactados, junto con el refuerzo del control de fronteras y la garantía de repatriación se conseguirá una inmigración mucho más ordenada, mucho más legal, con una garantía también de los derechos humanos.
Por su parte, Duran i Lleida manifestó su preocupación ante el "efecto llamada" que suponen los sucesivos anuncios del Gobierno sobre la regularización extraordinaria. "No es que discrepemos de esa regularización, la consideramos necesaria, pero en cualquier caso sí creemos que tiene un efecto llamada por el hecho de haberla anunciado tan de antemano", comentó.
CERRAR SCHENGEN
A su juicio, tantos mensajes en este sentido provocan "efecto llamada innegablemente". Por ello, considera imprescindible reforzar el control de fronteras y, además, planteó la posibilidad de suspenderla aplicación del convenio Schengen, como en 2001 lo hizo Bélgica ante un proceso de regularización de inmigrantes.
"Necesitamos, no simplemente regularizar, sino limitar la inmigración en la medida en que esto tiene una consecuencia demográfica social y económica y hay que hablar claro --añadió--. Si no se hace, en el futuro habría problemas. A partir de ahora espero que a aquellos que no reúnen las condiciones el Gobierno también se les aplique las medidas oportunas en lo que conlleva no estar en España de madera legal".
Los árbitros no han tenido muy en cuenta las recomendaciones de la Comisión Nacional Antiviolencia de denunciar las actitudes racistas en los estadios. Sólo en 3 actas de los 230 partidos de Liga jugados hasta ahora en Primera División los árbitros han denunciado un comportamiento racista de los espectadores, y en dos de esos casos el colegiado ha sido el mismo, el cántabro Alfonso Pérez Burrull. Antiviolencia sólo puede recomendar sanciones en los casos en que el árbitro refleja una denuncia en el acta. La permisividad con la que siempre se ha tratado el racismo en el fútbol español se refleja también en las posiciones de los árbitros, poco dados a controlar aspectos que superen al terreno deportivo, aunque a finales del pasado año los colegiados recibieron órdenes precisas para actuar en estos casos. La directriz es clara: primero, hay que instar al delegado de campo para que, a través de la megafonía, ponga fin a cualquier cántico racista. Y, segundo, deben reflejarlo en el acta. "Yo sólo hice constar lo que había pasado, como era mi obligación", dijo ayer Pérez Burrull en declaraciones a este diario, extrañado de ser prácticamente el único en realizar estas denuncias.
LA EXCUSA DE CARMONA Mientras media España era consciente de los gritos contra el barcelonista Samuel Etoo en el partido del pasado sábado en la Romareda, Fernando Carmona Méndez, el árbitro que dirigió el Zaragoza-Barcelona, no reflejó nada en el acta de los insultos racistas ni de los ruidos imitando los sonidos del mono dirigidos a Etoo. "No me percaté de ellos. Tenía mil cosas que atender", aseguró el colegiado. El azulgrana Deco denunció la posición de Carmona Méndez después del partido del tsunami, que reunió el martes en el Camp Nou a la mayoría de las grandes estrellas del fútbol mundial. "En Zaragoza todos escuchamos los abucheos, no entiendo que no lo reflejase en el acta. Dijo que el comportamiento del público fue normal cuando todos vimos otra cosa. Es hora de tomar medidas".
SÓLO INCREPADO El colegiado madrileño Alfonso Pino Zamorano tampoco hizo referencia a actitudes racistas en el partido de la jornada 13 entre el Getafe y el Barcelona. Tan sólo reflejó en el acta que el público increpó a Etoo, sin hablar de racismo. La actitud de los aficionados dio pie a los comentarios de Etoo y también de Belletti de que no se pueden tolerar estas actitudes en una ciudad que aspira a unos Juegos Olímpicos como Madrid, lo que provocó una encendida polémica.
La mayoría de clubs de Primera División todavía no se ha aplicado a la hora de seguir las consignas, de obligado cumplimiento, dictadas por la Comisión Nacional Antiviolencia el pasado mes de enero, encaminadas a erradicar la ola de racismo que amenaza al fútbol español. Los últimos dos episodios, con insultos a jugadores por el color de su piel, se vivieron la pasada jornada en los estadios de La Romareda y Montjuïc, con gritos contra Samuel Etoo, por parte de la afición zaragocista, y, curiosamente, contra Carlos Kameni, por parte del sector ultra de la propia hinchada blanquiazul. La Comisión Antiviolencia remitió ayer a la Federación Española de Fútbol --cuyo presidente, Ángel María Villar, sigue de viaje y sin adoptar una resolución firme hacia Luis Aragonés por sus declaraciones sobre Henry-- el acta del coordinador de seguridad del partido de Liga Zaragoza-Barcelona, donde se recogen los insultos dirigidos a Etoo. La misma comisión instó también al mencionado coordinador a intentar identificar a las personas que protagonizaron dichos comportamientos xenófobos. La misma solicitud se hizo ayer extensiva al coordinador de seguridad del Espanyol.
LA REACCIÓN DEL ESPANYOL Los clubs recibieron a mediados de enero un escrito en el que se les exigía aplicar la ley y no tolerar ningún tipo de insulto racista hacia los jugadores. En el mismo informe se comunicaba a los responsables de seguridad que la policía podía intervenir si se producían incidentes de esta índole. Uno de los equipos que aplicó de inmediato la normativa fue precisamente el Espanyol. En el encuentro ante el Betis, la megafonía del Estadio Olímpico recordó a los espectadores que los comportamientos xenófobos estaban prohibidos por la ley. El domingo, ante el Getafe, el marcador electrónico de Montjuïc repitió el mensaje cuando los Brigadas Blanquiazules increpaban al camerunés Kome. La comisión ha constatado, de todas formas, la dificultad que representa tanto para los clubs como para la policía la identificación de los infractores. Hasta ahora sólo han podido aplicarse sanciones a cuatro espectadores. Para la identificación, en estos casos, se contó con la colaboración del público. En concreto, para poder castigar a los dos aficionados del Albacete que insultaron a Etoo y al seguidor rojiblanco que fustigó a Roberto Carlos en el derbi madrileño del Calderón.
EL DUELO DEL BERNABÉU La preocupación ya empieza a centrarse en el recibimiento que pueda tener el propio Etoo en la visita que el Barcelona efectuará al estadio Bernabéu el próximo 10 de abril. El delantero azulgrana recibió el martes el respaldo de las figuras mundiales que acudieron al Camp Nou para el partido benéfico en favor de las víctimas del tsunami asiático. Etoo, como protesta, celebró el pasado sábado un gol en Zaragoza imitando a un mono. El Espanyol también había expresado su malestar por el comportamiento de la misma afición hacia Kameni cuando jugaron en La Romareda. "Tendrían que pararse los 22 jugadores cuando escuchan los insultos. Algún día de estos algún jugador abandonará el terreno de juego cuando le insultan", indicó ayer Miguel Ángel Lotina, técnico del Espanyol.
El Periódico ju.17 feb. 2005 SERGI LÓPEZ-EGEA / LUIS MENDIOLA BARCELONA
El Ministerio de Interior ha reforzado el control de la inmigración ilegal en las fronteras con 147 nuevos puestos de trabajo con motivo del proceso de normalización de trabajadores extranjeros. "En toda la regulación del proceso se prevén mecanismos más que suficientes para que no exista el efecto llamada", aseguró el ministro de Interior, José Antonio Alonso, en el Pleno del Senado.
En diciembre, se amplió la aprobación del catálogo de puestos de trabajo en los principales puestos fronterizos con Francia y se creó el puesto de coordinación provincial de fronteras terrestres con sede en la Jonquera, para mejorar la eficacia y el control en la provincia de Gerona, además de incrementar el número de puestos de trabajo en el control fronterizo Madrid-Barajas.
En esta línea, Interior ha reforzado durante varios meses los puntos fronterizos con Francia con 40 nuevos integrantes de las unidades de intervención policial, ha añadido 15 nuevos funcionarios al Ayuntamiento de Barcelona, a los que se sumarán otros 15 en marzo, y cinco al aeropuerto de Reus (Tarragona).
"Todas estas actuaciones en materia de efectivos comportan un más complejo dispositivo de control fronterizo posibilitando en el marco de un adecuado control de fronteras el desarrollo del proceso extraordinario de normalización", manifestó Alonso en la sesión del control al Gobierno, tras recalcar que la orden por la que se impulsó este proceso prevé mecanismos se seguimiento y lucha contra la inmigración ilegal, incluso en los meses posteriores a su finalización.
En cuanto al control de los flujos de inmigración irregular que proceden del Norte de África, el Ejecutivo también trabaja reforzando las fronteras, principalmente el sistema de vigilancia del Estrecho y las islas Canarias y actuando en Europa para hacer posible el proyecto 'Omega', es decir, la ayuda a Marruecos para que desarrollen también sus propios procesos de control.
"El Gobierno y el Ministerio de Interior sí han puesto en marcha una serie de medidas para mejorar el control de fronteras, que tienen un doble carácter estructural porque es prioridad política del Ministerio de Interior el control de flujos de inmigración ilegal y contigencial como motivo de este proceso extraordinario de normalización", agregó enrespuesta a una pregunta del senador del PP Dionisio García.
Finalmente, el titular de Interior explicó que el proceso abierto no es "en absoluto" un proceso de regularización incondicional de extranjeros en situación irregular, sino un proceso de normalización de la situación de aquellos trabajadores extranjeros que cuenten con un contrato de trabajo real, que hayan llegado a España al menos seis meses antes de la entrada en vigor del reglamento y carezcan de antecedentes penales. "Todo esto surgió de un amplísimo consenso entre las fuerzas políticas y sociales", dijo.
PP: ESPAÑA COMO 'CHOLLO' PARA INMIGRANTES
Sin embargo, el senador 'popular' consideró que el proceso de normalización impulsado por el Ejecutivo ha extendido "por todo el mundo" la idea de que España "es un país chollo para legalizarles" y que llegar a este país es garantía para obtener papeles, lo que está provocando, a su juicio, la llegada de miles de inmigrantes en los últimos meses, con lo que las fuerzas de seguridad "se encuentran absolutamente desbordadas". Por ello, demandó la necesidad de que las fronteras españolas dejen de ser un "coladero para falsos turistas".
"El Gobierno de España no tiene pensadas ninguna medida para controlar las fronteras que están sirviendo a que miles de inmigrantes entran en España para obtener papeles", afirmó García, tras acusar al ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, de poner desorden y al de Interior, de "acreditar falta de control" fronterizo.
EN MURCIA Tres marroquíes muertos al chocar su coche contra un muro cuando huían de la Policía
Tres súbditos marroquíes fallecieron y un cuarto resultó herido de gravedad al colisionar contra un muro el turismo en el que viajaban cuando huían de la Policía Local de Murcia, en una persecución que se prolongó desde el barrio de El Carmen de la capital hasta las proximidades de la pedanía murciana de Monteagudo.
Los hechos ocurrieron sobre las 23.10 horas del viernes, en la Plaza González Conde, del barrio del Carmen, cuando un vehículo Fiat Bravo, con matrícula italiana y ocupado por 4 personas, al percatarse de la presencia de una unidad de la Policía Local, emprendió la huída, sin motivo alguno aparente.
Así, la unidad policial inició la persecución del vehículo, el cual al llegar al cruce de la Avenida Infante Juan Manuel con Ronda Sur cruzó el puente en sentido contrario, e incluso intentó colisionar lateralmente con la patrulla de la Policía Local.
Posteriormente, el turismo, cuando ya circulaba por la carretera de Alicante, a gran velocidad y sin respetar los semáforos que se encontraban en rojo, apagó las luces, perdió el control y chocó contra un poste telefónico, una farola, un cartel indicador y finalmente un muro de una empresa.
A consecuencia del fuerte impacto, tres de los cuatro ocupantes del turismo, todos ellos de nacionalidad marroquí, fallecieron, mientras que el cuarto, que salió despedido del vehículo, sufrió heridas de gravedad y fue trasladado por una ambulancia de Cruz Roja hasta el hospital Morales Meseguer de Murcia.
La Policía Local halló en el interior del turismo documentación de cuatro personas, H.M, M.M, A.N y M.N, todas ellas marroquíes y cuyas edades se desconocen.
Además, hasta el lugar de los hechos se desplazaron un vehículo primera salida, un polisocorro, un vehículo auxiliar y un brazo articulado, con un total de 13 efectivos, del parque de bomberos del Infante; así como técnicos de la empresa municipal de agua, de Electromur, de Murtrafic y de Telefónica.
PROCESO DE REGULARIZACIÓN ONG advierten que un 25% de inmigrantes quedarán excluidos si sólo se admite el padrón TRAMITADAS MÁS DE 48.000 SOLICITUDES EN DOS SEMANAS Las ONG's relacionadas con los inmigrantes advirtieron en rueda de prensa celebrada en Madrid de que entre un 20 y un 25 por ciento de los extranjeros irregulares en España quedarán fuera del proceso de regularización, si el Gobierno sigue admitiendo únicamente el certificado de empadroanmiento para poder cursar la solicitud de acogerse al proceso.
Por este motivo, piden al Gobierno que "flexibilice los criterios" y permita la presentación de visados de entrada, tarjetas sanitarias, el abono transporte, o recibos de pago de alquiler de la luz, por ejemplo. "Si no cambian las condiciones este proceso está abocado al fracaso, por lo que exigimos al Gobierno que garantice el éxito del proceso de normalización", reclamó el presidente de ATIME, Mustafá Mrabet.
En este sentido, estos colectivos --entre los que figuran ATIME, Rumiñahui, Asociación de Chinos en España, ARI-Perú y Asociación de Rumanos-- han solicitado una reunión urgente con el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, y con la secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Consuelo Rumí, para evitar que este proceso sea un fracaso, y pidieron también al PP que deje de realizar manifestaciones racistas y xenófobas.
Los inmigrantes tienen "bastantes problemas" para obtener certificados de empadronamiento, ya que "algunos funcionarios se niegan a admitir la solicitud presentada y actúan como subdelegados del Gobierno, pero los funcionarios no tienen autoridad administrativa para rechazar 'in situ' la solicitud", dijo Mrabet.
De esta forma, al no poder presentar la solicitud no se podrá recurrir posteriormente el rechazo, en caso de que se produzca, y quedarán en situación irregular, expuso la presidenta de AESCO, Yolanda Villavicencio, quien denunció la posible vulneración de la Ley de Procedimiento Administrativo. Uno de los ejemplos de rechazo en ventanilla de la solicitud de certificado de empadronamiento es que en la misma vivienda habiten más de 10 personas.
Además, pidieron al Gobierno que arbitre "mecanismos de protección al inmigrante frente a algunos empresarios irresponsables que evaden su obligación de contratación regular bajo intereses de mayor beneficio", indicaron en el comunicado conjunto. En esta línea, denunciaron numerosos despidos y criticaron que hasta agosto no se puedan denunciar estos despidos, fecha de finalización del proceso de regularización.
DENUNCIAS AL DEFENSOR DEL PUEBLO
Las organizaciones anunciaron que en caso de que el Gobierno no cambie sus criterios, presentarán al Defensor del Pueblo las denuncias de presuntas irregularidades y despidos. Y llamaron la atención sobre la bolsa de personas irregulares que habrá, en situación de explotación y fuera de la ley.
En el comunicado conjunto, las ONG's piden al PP que abandone "el tono racista y xenófobo que crea alarma social y proyecta estereotipos de inmigrante sinónimo de inseguridad y delincuencia" y que llegue a un Pacto de Estado sobre inmigración con el Gobierno.
Finalmente, los colectivos abogaron por un proceso de regularización porque "sigue creando riqueza, pero sobre todo igualdad y justicia para acabar con la economía sumergida y por mantener los derechos de todos y todas como trabajadores".
48.247 SOLICITUDES
Empresarios e inmigrantes han presentado un total de 48.247 solicitudes de regularización al proceso de normalización de trabajadores extranjeros abierto el pasado 7 de febrero.
Así lo adelantó el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, que facilitó datos de los primeros 16 días del proceso. Caldera valoró muy positivamente esta cifra, que esta incluso por encima de las previsiones del Gobierno, según comentó, y que se va incrementando el ritmo, a medida que avanza el proceso, llegando en la actualidad a unas 8.000 peticiones diarias.
Además, han sido admitidas a trámite el 98,06 por ciento de las solicitudes, por lo que destacó la eficacia en la presentación de la documentación. Las comunicdades de Madrid, Valencia y Cataluña, acaparan el 62 por ciento de las solicitudes presentadas. Un 37,16 por ciento de las solicitudes corresponden a empleados de hogar.
INMIGRACIÓN IRREGULAR
Por otra parte, el ministro de Interior, José Antonio Alonso, afirmó en el Senado que tanto el Gobierno como su Ministerio están haciendo el "máximo esfuerzo" en el control de la inmigración irregular así como en la represión de las mafias que la explotan, y anunció la voluntad del Ejecutivo de ampliar el Servicio Integral de Vigilancia Exterior (SIVE) a mayor número de costas en el archipiélago.
En el pleno de control al Gobierno en la Cámara Alta, el titular de Interior aseguró que la voluntad del Gobierno es extender dicho sistema de vigilancia del litoral más allá de las costas de Fuerteventura, "donde está operativo y adonde llegan la mayor parte de la inmigración", y anunció que entre las inversiones del programa para 2005 se cuenta la adquisición de cinco nuevas unidades móviles de vigilancia, tres de ellas destinadas al archipiélago canario, y que quedarán bajo el mando de la comandancia de Las Palmas.
"El objetivo del Gobierno es ampliar las zonas del SIVE --insistió--, pero además, para la vigilancia de las costas, en 2006 se entregarán otras seis embarcaciones y nuevas unidades". Asimismo, añadió, "próximamente se entregará una nueva patrullera de alta velocidad cuyo coste asciende a 953.000 euros" y se potenciará el refuerzo del servicio en las costas canarias con nuevos vehículos de tierra, medios de visión nocturna, y equipos complementarios.
Por otra parte, Alonso comentó que se mejorará la colaboración internacional con la ayuda de cuatro funcionarios de enlace nombrados por las autoridades marroquíes, y recordó la creación de patrullas marítimas mixtas para la vigilancia de las costas de Canarias y del Sáhara.
DIFERENCIA ENTRE 'ILEGALES' Y 'LEGALES', DICE El Foro Alternativo de la Inmigración advierte de que la Constitución europea vulnera derechos
El Foro Alternativo de la Inmigración ha señalado que aunque el Tratado Constitucional Europeo deja para futuras leyes europeas el tratamiento de la emigración y el asilo, art. III-166 a III-169, establece, sin embargo, importantes limitaciones al futuro legislador. Estas limitaciones son especialmente graves en lo que se refiere a los derechos de los inmigrantes. Al crear el estatuto de -residente- diferencia forzosamente entre personas -ilegales- y -legales-, así como entre estos últimos y los ciudadanos autóctonos.
Como además permite un tratamiento nacional y no comunitario, da pie a todo un abanico para las diferencias.
El texto no establece ninguna conexión entre el hecho de la inmigración y la obtención de la residencia por arraigo. Más en concreto, sólo deja abierta la posibilidad bajo la forma de una política de cuotas.
"SUBCLASE"
Otro aspecto destacable del contenido del Tratado constitucional, según dice, es la creación de la , art. II-15.3, que se atribuye según el criterio de tener la nacionalidad de uno de los Estados miembros y no según el criterio de residente en el territorio dividiendo a los ciudadanos y a las ciudadanas entre personas de origen comunitario y no-comunitario con derechos sociales y laborales distintos, consolidando de esta manera una -subclase- de personas sin derechos o con derechos y trabajos precarios.
NACIMIENTOS
Añade que a la vista de lo establecido en el Tratado Constitucional, hay que señalar y destacar que la plena igualdad no está recogida en el texto, estableciendo un -racismo institucional- que otorgar derechos en función del nacimiento y no en función de residencia por arraigo. Este modelo regresivo en derechos también se refleja en el art.II-75.3 en que las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras inmigrantes quedan en la óptica subjetiva de la equivalencia y no en la igualdad en derechos con el resto de los trabajadores y trabajadoras autóctonos europeos.
INTEGRACIÓN
Tampoco no forma parte del texto constitucional el establecimiento directo de políticas comunes destinadas a la integración de los y las inmigrantes.
CONTROL DE FRONTERAS
La política migratoria de la UE se ha caracterizado, y ahora adquiere rango constitucional, art. III-168, en regular el proceso migratorio mediante el control policial de las fronteras exteriores y los instrumentos de las expulsiones y repatriaciones, aunque esta forma de abordar el proceso migratorio se ha revelado ineficaz y, ha tenido y tiene un coste humano elevadísimo.
Dice asimismo que así esta Europa que el Tratado constitucional pretende blindar y que se define como "continente portador de la civilización" y pretende avanzar por la senda del progreso -unida en la diversidad- (como afirma el preámbulo del Tratado), esta Europa que -no lo olvidemos- debe su desarrollo y potencial económico en buena parte a la explotación colonial y post-colonial de gran parte del planeta, se constitucionaliza en base al modelo "Fortaleza".
Por ello, el Foro Alternativo de la Inmigración afirma que con este Tratado constitucional europeo se perderá una oportunidad histórica para superar un modelo de ciudadanía excluyente al no crear el concepto universal de ciudadanía portador de los derechos reconocidos internacionalmente. Al contrario consolida un modelo de Europa fortaleza, basado en una política migratoria excluyente y represiva.
El comunicado lo respalda el FORO ALTERNATIVO DE LA INMIGRACIÓN, plataforma valenciana de organizaciones de inmigrantes y de autóctonos, en la que está integrada las siguientes organizaciones; ASOC COLOMBIANOS, ACOLVAL; A. Inmigrantes Marroquíes ALALMAL; A. Inmigrantes Argelinos A.I.A.E.; CASA DE CHILE; C.G.T.-VALENCIA; CGT-LA SAFOR; ESPAI ALTERNATIU; M.R.G.-valència; A.C.O.E.C.; DEPRÉN; OSPAAAL; JARIT; ARI-PERU; SODEPAU; AVAR; EUPV. CIRCULO BOLIVARIANO, ADSIS; ASOC. ARGENTINOS de VALENCIA, ADSUD-LAS SEGOVIAS; ASOC. DOMINICANOS DESDE VALENCIA; ASOC. ARGENTINOS DE TORRENT; ASOC. RUMANOS DE CASTELLÓN; ASOC. URUGUAYOS DE VALENCIA; ASSOCIACIÓ PAPERS PER TOTS I TOTES DE GANDIA; M.I. CON RAICES Y SIN FRONTERAS DE DENIA.
La asociación marroquí ATIME considera que el proceso de legalización de inmigrantes "está enfermo" El presidente de la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes en España (ATIME), Mustapha El Mrabet, pide al Gobierno que normalice el proceso de regularización de inmigrantes, que considera que "está enfermo, tiene una fiebre muy alta, y como no se tomen medidas esta fiebre va a seguir subiendo". Señala la "gran" dificultad que tienen, en general, los inmigrantes en situación irregular para conseguir el "ansiado" certificado de empadronamiento, por eso pidió al Gobierno español que "admita otros documentos que puedan demostrar la presencia de estas personas en España antes del 7 de agosto".
La Junta directiva de ATIME se reunió en Murcia el último fin de semana para evaluar, entre otras cosas, cómo se desarrolla el proceso de regularización de inmigrantes, y lo hizo en esta comunidad porque "refleja perfectamente la realidad de la inmigración irregular en España, sobre todo la marroquí, y en el sector más complicado que es el de la agricultura".
RIGIDEZ
El Mrabet afirmó que para que el proceso llegue a buen término, lo más "urgente" que tiene que hacer el Gobierno es "normalizar el proceso de normalización porque no se puede llevar a cabo de una manera tan rígida e incluso con actitudes caprichosas por parte de algunos funcionarios que en algunas oficinas se extralimitan".
El presidente de ATIME criticó que "algunos funcionarios, cuyo papel en este proceso es limitarse a recoger la documentación, se ponen a resolver los expedientes in situ, una función de los delegados del Gobierno, de los subdelegados y de los responsables de la Administración".
El Mrabet denunció que existe una situación de "abuso de autoridad, inferioridad jurídica e indefensión" de los inmigrantes, que acuden a las oficinas acreditadas para presentar sus expedientes, y reiteró que "hay que normalizar el proceso de normalización de extranjeros".
Para la asociación que preside El Mrabet "lo que está ocurriendo es muy grave, porque funcionarios con una formación de dos días en materia de extranjería toman la decisión de admitir o no los expedientes, algo que ATIME considera ilegal", y por eso pidió que "esa decisión la tome un responsable autorizado y que si no satisface al inmigrante éste pueda acudir a los tribunales".
El Mrabet recordó que "ese es el Estado de Derecho y a los inmigrantes no se les puede aplicar normas que se contradicen con el funcionamiento de las instituciones democráticas del país", afirmó que "no quieren ser ciudadanos de segunda" y pidió al Gobierno español que "asuma su responsabilidad".
"MUCHOS INMIGRANTES NO CONSEGUIRÁN LA REGULARIZACIÓN".
Asimismo, el presidente de ATIME manifestó que "el proceso está flaqueando" y denunció algunas situaciones "caprichosas" como la ocurrida hace unos días en Baleares, donde a una familia, con el certificado de antecedentes penales y el resto de documentación necesaria en regla, le exigieron viajar a Barcelona para obtener un sello del Consulado marroquí.
El Mrabet dijo que a ATIME están llegando muchas críticas de ciudadanos marroquíes respecto al trato recibido en muchas oficinas y "la exigencia de aportar documentos que ya están lo suficientemente legalizados y comprobados como para tener que ir dando vueltas por los consulados".
El Mrabet denunció también la "gran" dificultad que tienen, en general, los inmigrantes en situación irregular para conseguir el "ansiado" certificado de empadronamiento, por eso pidió al Gobierno español que "admita otros documentos que puedan demostrar la presencia de estas personas en España antes del 7 de agosto", porque, si no este proceso no va a cumplir con su objetivo.
"EMPRESARIOS EXPLOTADORES".
Respecto a los empresarios, el presidente de ATIME dijo que "ven con gran inquietud que tienen muy poco entusiasmo, se quejan de cualquier cosa y no afrontan el proceso con el coraje y con la responsabilidad necesaria, aunque llevaban mucho tiempo pidiendo cauces legales".
Por eso, ahora que los tienen, El Mrabet les pidió que "no busquen más excusas porque no las hay y, como hay tiempo, aparte de la flexibilidad que debe tener el Gobierno, los empresarios deberían demostrar a la sociedad que son solidarios y no tan egoístas, y que no piensan sólo en sus intereses sino también en los del trabajador".
El Mrabet habló también de los despidos y dijo que tienen que ver con la actitud de algunos empresarios "explotadores", sobre los que les han llegado "muchas" quejas desde toda España, de trabajadores de la agricultura, la construcción y el servicio doméstico.
El presidente de ATIME añadió que son situaciones de "clara explotación laboral" y pidió a las personas que se encuentren en esa posición, a quienes consideró las "auténticas víctimas del proceso de normalización", que "no se amedrenten y vayan a denunciar".
El vicepresidente de ATIME, Mohamed Karim, explicó que "han detectado algunos empresarios de la Región que han puesto precio a los contratos para la regularización y si se trata de períodos de trabajo de tres meses piden al inmigrante unos 1.000 o 1.500 euros, y si el tiempo es mayor las cantidades oscilan entre los 2.000 y los 3.000".
Karim matizó que "no saben cómo resolver este fraude porque con la denuncia el inmigrante puede perder el trabajo actual, pero también la posibilidad de regularizar su situación en España", por eso, "hasta el momento, no hay ninguna denuncia presentada en las oficinas de la Seguridad Social".
Por su parte, el presidente de Atime en Murcia, Mustapha Zine, afirmó que su asociación "va a entregar próximamente a la policía una lista de empresas de la Región agrícolas, sobre todo del Campo de Cartagena, del sector de la construcción y la hostelería que están cometiendo este fraude".
Zine comentó que "se trata de pequeñas, medianas y grandes empresas", pero también de "intermediarios marroquíes que están aprovechándose de la situación y a los que van a denunciar ante la policía".
"ESTÁ IGUAL QUE 500.000 EXTRANJEROS", DICE El consulado de Gambia denuncia la discriminación de un compatriota al que intentan expulsar del país
El cónsul de Gambia en Barcelona, Juan Antonio del Moral, denunció el trato "discriminatorio" que está sufriendo un súbdito del citado país por parte de la Subdelegación del Gobierno en Huesca. Según el cónsul, la subdelegación del Gobierno en Huesca ha basado su decisión en el hecho de que el ciudadano "carece de la autorización de residencia en España, es decir, está en la misma situación administrativa que los más de 500.000 extranjeros que podrían acogerese al proceso de regularización". Según explicó Del Moral, que también es abogado, la subdelegación ha incoado un expediente de expulsión a Mustapha Touray, ciudadano gambiano, en pleno período "de normalización de los extranjeros en situación irregular en España". El pasado 7 de febrero, se abrió el plazo para la normalización de trabajadores extranjeros.
Touray, que carece de antecedentes penales tanto en su país como en España, llegó hace dos años y "habla perfectamente el español y tiene reconocido por sentencia de un juzgado de lo contencioso-administrativo de Huesca el derecho a un permiso de trabajo". A pesar de ello, según Del Moral, la subdelegación del Gobierno "le ha negado el derecho al Permiso de Residencia".
"DE FORMA URGENTE Y A TODA PRISA".
"Es alarmante que se pretenda expulsar" a un ciudadano "de forma urgente y a toda prisa" sin que exista la "suficiente y legal motivación" para ello, denunció el cónsul.
Juan Antonio del Moral explicó también que incluso las "formas empleadas" están siendo "demasiado extrañas", puesto que fueron dos agentes del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) los que le notificaron a la abogada del gambiano el decreto de expulsión en plena calle.
El cónsul quiso poner de manifiesto la "profesionalidad" de la letrada de Touray, que inmediatamente solicitó la suspensión cautelar de la medida ante un juzgado de lo Contencioso-administrativo. El próximo 2 de marzo, se celebrará una vista para decidir si se suspende o no el decreto.
"Al Consulado de Gambia en Barcelona han llamado varios vecinos de la localidad de Sabiñánigo (Huesca), donde vivía Mustapha Touray, denunciando que detrás del expediente de expulsión hay una turbulenta historia de celos, influencias y amenazas", señaló Del Moral.
TRASLADADO A MÁLAGA.
Touray se encuentra actualmente en el Centro de Internamiento para Extranjeros de Málaga, al que sorprendentemente ha sido trasladado, y desde el que aseguró, en declaraciones a Europa Press, que está siendo víctima "de una persecución". "Me están destrozando la vida cuando después de dos años en España estaba viviendo de forma normal", añadió.
"Esta prisa por expulsarle es incomprensible, señaló Del Moral, que anunció que en los próximos días pondrá en conocimiento de la Audiencia Provincial de Huesca los "hechos sucedidos" por si los mismos pueden ser "constitutivos de delito alguno y exigir las responsabilidades a que hubiese lugar en un Estado Democrático de Derecho".
"Es inconcebible que se sigan deteniendo extranjeros por el único motivo de su situación irregular, a pesar de que estamos en el plazo previsto para la regularización, que finaliza el próximo 7 de mayo", concluyó el cónsul.
PREVENCIÓN CONTRA GRUPOS "EXTREMISTAS" El Gobierno controlará las religiones islámica, evangélica y judía en las cárceles
Los ministerios de Justicia e Interior preparan una normativa con el objetivo de regular la actividad que llevan a cabo las confesiones religiosas judía, islámica y evangelista (principalmente estas dos últimas) en el ámbito de las instituciones penitenciarias, según fuentes gubernamentales.
Una comisión de estudio de la que forman parte ambos departamentos cuentan ya con un borrador que establece una serie de líneas básicas para desarrollar esta cuestión contenida en los acuerdos de cooperación firmados en 1992 entre el Estado y las confesiones religiosas minoritarias.
Este borrador inicial, que se encuentra en fase de consultas con las distintas partes afectadas, pretende garantizar el culto, normalizar y controlar la práctica religiosa, especialmente en confesiones de importante auge como el Islam, a raíz del incremento de la población inmigrante en España.
El documento consta de dos folios y establece aspectos como, por ejemplo, la definición de un ministro de culto como "la persona designada por la iglesia para dar asistencia religiosa en las instituciones penitenciarias con conformidad a la normativa vigente", según fuentes conocedoras del texto.
Asimismo, se definen "los actos propios de la asistencia religiosa" dentro de las actuaciones que se pueden llevar a cabo en el marco del derecho a recibir este tipo de asistencia en las cárceles, así como un procedimiento de nombramientos y ceses.
Sobre este último punto, el Ejecutivo pretende establecer un sistema similar al de los profesores de religión en el ámbito educativo, de tal manera que los ministros religiosos serán elegidos a propuesta de las confesiones, si bien la última palabra sobre su nombramiento la tendrá la Administración.
Igualmente, se prevé el cese de los ministros religiosos, en el caso de que la Administración entienda que su labor no se adecua a las labores propias de la asistencia religiosa o no respete las normas de Instituciones Penitenciarias.
ISLÁMICOS Y EVANGELISTAS
Esta iniciativa ha sido acogida con optimismo por parte de los islámicos y evangélicos. En declaraciones a Europa Press, el presidente de la Comisión Islámica, Riay Tatari, considera que la regulación de la actividad religiosa en las cárceles supone una oportunidad para "cooperar en la reinserción social" y evitar que algunos presos puedan caer en "movimientos extremistas".
Tatari considera que la labor 'pastoral' y de apoyo espiritual no tiene porqué depender de imanes, sino en personas especialmente formados en aspectos como ordenamiento jurídico español y valores constitucionales, al igual que se pretende hacer con los profesores de religión.
Las Comisiones Islámicas también apuestan por regular otras cuestiones como las comidas durante la época del Ramadan (este aspecto ya se contempla en algunas cárceles), o la habilitación de locales para la oración del viernes.
En la misma línea, el presidente de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, Mariano Blázquez, apoyó la iniciativa del Ejecutivo. No obstante, en declaraciones a Europa Press, sugirió la posibilidad de extender la regulación al colectivo de voluntarios de su congregación que colabora en las prisiones en otros ámbitos para favorecer la reinserción social.
PLURALISMO Y CONVIVENCIA
El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, presidió el pasado 25 de enero la constitución de la Fundación Estatal Pluralismo y Convivencia, una institución encargada de financiar proyectos de carácter cultural, formativo y de integración social de las confesiones minoritarias que tienen firmados acuerdos de cooperación con el Estado o de notorio arraigo en España. Para este año, dispondrá de un presupuesto inicial de tres millones de euros.
El objetivo de esta fundación es favorecer un "mejor y más igualitario" desarrollo de la libertad religiosa garantizada en la Constitución. Los fondos se destinarán a actividades no relacionadas con el culto, sino con la integración cultural, el estudio de las religiones, labores de apoyo a familias, mujeres y jóvenes, entre otras.
Por otra parte, en el ámbito Educativo, Justicia, Educación y las comunidades islámicas están trabajando en un proyecto para extender la enseñanza del Islam en el ámbito educativo en aquellas comunidades autónomas de mayor demanda. En la actualidad esta enseñanza se lleva a cabo en Ceuta y Melilla.
EN 15 DÍAS, SEGÚN EL BORRADOR El Gobierno ordenará salir del país a los extranjeros que no logren regularizarse EN ESPAÑA HAY UN MILLÓN DE IRREGULARES Los extranjeros a los que se deniegue la solicitud de regularización a través del proceso de legalización especial de trabajadores, que el Gobierno abrirá el próximo 7 de febrero, recibirán una orden de abandonar el país en los quince días siguientes a la notificación. Así consta en un borrador de las instrucciones que la Administración dictará sobre aspectos concretos para llevar a cabo este procedimiento.
El Gobierno estima que la bolsa de irregulares ronda el millón de personas, pero también advierte de que no todos ellos podrán obtener los papeles en el proceso. Primero, porque no todos tienen edad laboral y, segundo, porque no todos podrán cumplir los requisitos: estar empadronado antes del 7 de agosto de 2004 y encontrarse continuadamente en España, no tener antecedentes penales ni en España ni en el país de origen, no tener prohibida la entrada en el país y contar con un contrato de trabajo para los próximos seis meses (como norma general).
Aunque el texto todavía no es oficial, establece que cuando la resolución sea denegatoria incluirá la orden de abandonar el país en quince días, salvo que concurran circunstancias excepcionales y se justifique que se cuenta con medios de vida suficientes, en cuyo caso se podrá prorrogar el plazo hasta un máximo de 90 días. De no abandonar el país, se considera infracción grave y podrá abrírsele un expediente de expulsión en caso de ser detenido.
De esta forma, la Administración prevé aplicar en este proceso extraordinario la norma general en caso de denegación de autorizaciones de residencia, recogida en el artículo 158.2 del Reglamento de la Ley de Extranjería, que entrará en vigor el mismo 7 de febrero. En cualquier caso, y aunque el documento no lo especifique, la norma general también prevé la posibilidad de recursos contra resoluciones denegatorias de este tipo.
REPRESENTANTES LEGALES DE LA EMPRESA
El documento, de 18 páginas más los impresos de solicitud, concreta algunos aspectos de los requisitos exigidos para la regularización y del procedimiento a seguir. Así, permitirá a los empresarios que deleguen los trámites en la persona física que tuviera reconocida la condición de representante legal por el Sistema RED de la Tesorería General de la Seguridad Social.
Igualmente, establece que serán las administraciones y los centros de atención e información de la Seguridad Social, así como las oficinas del Instituto Social de la Marina, las encargadas de la fase de recepción y grabación de las solicitudes. Concretamente, detalla que en la provincia de Barcelona está previsto abrir 20 puntos de atención, de los que seis estarán ubicados en la capital.
En cuanto a los requisitos, detalla que los empleados de hogar discontinuos deben acreditar que prestarán sus servicios para varios empleadores, en un periodo de seis meses, durante un mínimo de 30 horas a la semana, que habrán de realizarse, al menos, durante 12 días en dicho mes.
Por otro lado, para ahorrarse trámites, los extranjeros pueden autorizar expresamente que se recabe del Ministerio de Justicia el certificado de antecedentes penales en España. De no ser así, deberán aportarlo ellos mismo tras solicitarlo en el Registro Central de Penados y Rebeldes.
MOTIVOS DE DENEGACIÓN
Entre los motivos para denegar las solicitudes de regularización, consta que el extranjero no esté empadronado en algún municipio español antes del 7 de agosto de 2004; que tenga antecedentes penales en España o sus anteriores países de residencia por delitos reconocidos en España; y que las condiciones contractuales sean inferiores a las de la normativa vigente.
También se denegarán las solicitudes cuando la empresa haya amortizado en los 12 meses anteriores a la solicitud los puestos de trabajo que pretende cubrir por despido improcedente o nulo, en sentencia o acto de conciliación; cuando el empleador haya sido sancionado por resolución firme en los últimos 12 meses por delitos graves de la Ley de Extranjería; cuando no garantice la actividad de seis meses como norma general (y las establecidas para casos específicos); y cuando no acredite, siendo requerido para ello, medios económicos, materiales y personales para su proyecto empresarial.
Igualmente, serán denegadas solicitudes que se hayan presentado con documentos falsos o formulando alegaciones inexactas, mediando mala fe; cuando se carezca de la titulación especial exigida; cuando conste informe gubernativo desfavorable; cuando concurra causa de inadmisión a trámite y no se haya apreciado antes; y cuando las empresas no hayan formalizado su inscripción en la Seguridad Social o no se encuentren al corriente de los pagos.
INADMISIÓN A TRÁMITE
Las solicitudes también pueden ser inadmitidas a trámite en el momento de la presentación, según el texto, cuando se aprecie falta de legitimación del solicitante o insuficiente acreditación de la representación; cuando se presente fuera de plazo; cuando se reitere una solicitud ya denegada; cuando esté manifiestamente "carente de fundamento", o cuando no haya sido presentada personalmente.
Igualmente, se entenderá por desistida la solicitud cuando estando ésta incompleta (por falta de antecedentes penales del país de origen o título profesional) se haya requerido al interesado y este no haya presentado los documentos en el plazo de 15 días.
INDICIOS DE FRAUDE
Los órganos encargados de la tramitación darán cuenta también a la Seguridad Social y a los servicios policiales de los indicios de fraude cuando no conste que el empleador cuenta con los medios económicos y materiales necesarios; cuando, por razones organizativas, se considere injustificado el crecimiento de la plantilla; y en caso de contratación de varios empleados de hogar por un mismo empleador cuando no conste que posee los medios para hacer frente a estas obligaciones.
En caso de que la resolución fuera favorable, estaría condicionada al alta en la Seguridad Social en el plazo de un mes. En ese mismo plazo deberá procederse al pago, por el empresario o por el trabajador, de las tasas correspondientes a las autorizaciones. La tasa por autorización de residencia supone 5,26 euros; la tasa por autorización de trabajo inicial asciende a 172,01 euros (retribución inferior al doble del salario mínimo) o 344,02 (retribución igual o superior al salario mínimo).
INFORMACIÓN DIARIA
La Seguridad Social facilitará diariamente a los órganos de tramitación información sobre afiliaciones y altas de estos trabajadores, al igual que los órganos de tramitación facilitarán a la Seguridad Social diariamente información sobre las autorizaciones condicionadas.
Así, una vez confirmado que se ha producido el alta y afiliación se procederá a emitir de oficio la resolución definitiva favorable, que se comunicará al Ministerio del Interior a los efectos de emitir la Tarjeta de Identificación de Extranjeros (TIE) y archivar los expedientes de expulsión pendientes de resolución, así como a la revocación de oficio de las órdenes de expulsión dictadas. El extranjero deberá solicitar la TIE en el mes siguiente y abonar 6,31 euros por su obtención.
En el caso de que no se produzca el alta y afiliación en el plazo de un mes se reactivará la resolución de expulsión archivada cuando se admitió la solicitud a trámite.
ESPAÑA REFUERZA "ABSOLUTAMENTE" LAS FRONTERAS Zapatero afirma que los controles serán estrictos y que no habrá regularización sobrevenida El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, afirmó en el Congreso, durante la sesión de control al Gobierno, que se están reforzando "absolutamente" todos los medios y efectivos en relación con el control de la inmigración irregular. Aseguró que el proceso de normalización tiene unos requisitos muy claros: "seis meses de residencia y acreditación de una relación laboral".
Asimismo, manifestó la disposición del Ministerio del Interior de explicar "con detalle" ante la Cámara todas las medidas que se están tomando en relación con el control de fronteras, para evitar la inmigración ilegal y también en relación con la UE, que "tiene una tarea muy importante en esta materia".
Zapatero respondía así a la pregunta del portavoz de CiU Josep Antoni Duran i LLeida sobre si el Gobierno piensa activar medidas especiales de control de fronteras, incluyendo el cierre del espacio Schengen, para evitar que este proceso implique una llegada de extranjeros que pretenda regularizar su situación en los próximos meses.
SORPRESAS
"No voy a discutir cuándo hay efecto llamada porque la historia reciente de nuestro país da bastantes sorpresas -respondió el jefe del Ejecutivo-. Cuando se hicieron leyes para acabar con el efecto llamada hubo más inmigración ilegal en España que nunca".
NO HABRÁ REGULARIZACIÓN SOBREVENIDA
Asimismo, aseguró que el proceso de normalización tiene unos requisitos muy claros: "seis meses de residencia y acreditación de una relación laboral". "No estamos ante una situación que se pueda acreditar de forma sobrevenida bajo ningún concepto. Simplemente, estará llamada a los que efectivamente en este momento llevan un tiempo, seis meses en España, y tengan acreditada una situación de relación laboral", precisó.
A su juicio, este procedimiento, contemplado en la Disposición Transitoria Tercera del proyecto de Reglamento de la Ley de Extranjería debería ser compartido por "todo el mundo" porque permite "salir de una situación de ilegalidad y anormalidad de lo que pasa en el mercado laboral".
Zapatero insistió en que si se articula una política de ordenación racional de lo que pasa en España con el trabajo ilegal y se convierte en legal con los requisitos pactados, junto con el refuerzo del control de fronteras y la garantía de repatriación se conseguirá una inmigración mucho más ordenada, mucho más legal, con una garantía también de los derechos humanos.
EFECTO LLAMADA
Por su parte, Duran i Lleida manifestó su preocupación ante el "efecto llamada" que suponen los sucesivos anuncios del Gobierno sobre la regularización extraordinaria. "No es que discrepemos de esa regularización, la consideramos necesaria, pero en cualquier caso sí creemos que tiene un efecto llamada por el hecho de haberla anunciado tan de antemano", comentó.
CERRAR SCHENGEN
A su juicio, tantos mensajes en este sentido provocan "efecto llamada innegablemente". Por ello, considera imprescindible reforzar el control de fronteras y, además, planteó la posibilidad de suspenderla aplicación del convenio Schengen, como en 2001 lo hizo Bélgica ante un proceso de regularización de inmigrantes.
"Necesitamos, no simplemente regularizar, sino limitar la inmigración en la medida en que esto tiene una consecuencia demográfica social y económica y hay que hablar claro --añadió--. Si no se hace, en el futuro habría problemas. A partir de ahora espero que a aquellos que no reúnen las condiciones el Gobierno también se les aplique las medidas oportunas en lo que conlleva no estar en España de madera legal".
El borrador del Estatut plantea que la Generalitat pueda fijar los cupos de inmigrantes en Catalunya y tenga competencias exclusivas en la convocatoria de referendos y la promoción de las selecciones deportivas catalanas en el ámbito de las competiciones internacionales, según la propuesta de redactado de la segunda parte del futuro título quinto -el de las competencias- que el Institut d´Estudis Autonòmics (IEA) ha remitido a los miembros de la ponencia del Parlament. El nuevo texto del IEA quedó pendiente cuando presentó la primera parte, en la que establecía la filosofía general de las competencias y fijaba una lista de una cincuentena de materias sobre las que la Generalitat ha de incidir -de las que aun así todavía queda media docena por definir-, y llega a la ponencia en el momento en que ésta no ha hecho más que empezar el debate del título competencial a un ritmo extremadamente lento.
La propuesta de articulado del IEA -que esta vez abarca dieciséis competencias- tiene como puntos destacados el referido a la inmigración, en el que, además de plantear la competencia exclusiva en materia de régimen de acogida, prevé que la Generalitat tenga la competencia ejecutiva sobre régimen laboral de los extranjeros y participe en las decisiones del Estado sobre inmigración en cuestiones como las normas sobre extranjería y los acuerdos internacionales en la materia. Esta participación, según detalla el IEA, "incluye la intervención en el proceso de selección de trabajadores extranjeros desde sus países de origen con destino a Catalunya", de manera que, "con carácter previo a la fijación del contingente de trabajadores, la Generalitat remitirá al Gobierno para que sea tenido en cuenta un informe sobre las necesidades laborales de Catalunya referido tanto a los sectores que las precisan como al número de personas".
El redactado supone, en la práctica, que la Generalitat, al tener que ser tenido en cuenta su informe por el Gobierno, pueda fijar el cupo de inmigrantes en Catalunya, aunque formalmente sea éste el que lo apruebe. Las competencias en materia de inmigración se completarían con la transferencia a la Generalitat de las facultades de ejecución de la legislación estatal sobre régimen de residencia de los extranjeros y sobre régimen sancionador de extranjería, con la única salvedad de las actuaciones del Estado en materia de control de fronteras. El traspaso de estas facultades podría figurar en el propio Estatut a través de una disposición adicional o bien producirse recurriendo al artículo 150.2 de la Constitución.
Las competencias en inmigración no figuran en el actual Estatut y, por tanto, serían completamente nuevas, y constituyen, de hecho, uno de los aspectos en los que la mayoría de las fuerzas políticas -sobre todo CiU, PSC, ERC e ICV-EUiA- han puesto más el acento a la hora de dibujar cómo debería ser el nuevo mapa competencial de Catalunya para los próximos años.
El articulado propuesto por el IEA plantea, por otro lado, que la Generalitat tenga competencias también exclusivas sobre la celebración de referéndums y consultas populares en Catalunya, a excepción de las modalidades que la Constitución prevé como referidas a decisiones políticas de transcendencia especial. La competencia, sobre consultas de carácter tanto autonómico como local, incluiría el régimen jurídico, el procedimiento y la celebración de los referéndums, además de su convocatoria, salvo en los casos en que ésta quedase reservada para el Rey. La autorización de la convocatoria de referéndums es, en cualquier caso, una facultad reservada al Estado, por lo que el IEA propone igualmente en este caso la posibilidad de utilizar la vía del artículo 150.2 de la Constitución para tranaferirla a la Generalitat.
El borrador del Estatut incluye, además, que la Generalitat tenga competencias asimismo exclusivas en la promoción de la presencia del deporte catalán y de las selecciones deportivas catalanas en competiciones oficiales e internacionales, así como en organismos estatales e internacionales cuando lo permita su normativa. El IEA, de todos modos, se muestra cauto en este punto y desaconseja que la Generalitat, junto a la promoción, pudiera también regular todas las cuestiones relativas a la presencia internacional del deporte catalán, con el argumento de que tanto las selecciones como los organismos internacionales son privados y, por tanto, la regulación "tendrá efectos limitados, si los tiene". El asunto fue precisamente motivo de controversia en la polémica sobre el reconocimiento internacional de la selección catalana de hockey sobre patines y la posterior marcha atrás.
LA VANGUARDIA DIGITAL JOSEP GISBERT - 24/02/2005 BARCELONA
Los empresarios tienen que aprovechar la oportunidad que le está brindando el Gobierno para acabar con las contrataciones irregulares. Así se resume la advertencia lanzada ayer por el ministro de Trabajo, Jesús Caldera: cuando concluya en mayo el proceso de legalización de inmigrantes, perseguirán a aquellos que sigan sin contratar a sus trabajadores. "A partir del 7 de mayo -aseguró- habrá tolerancia cero con los defraudadores, perseguiremos las conductas delictivas y las sancionaremos con la máxima severidad. No podemos consentir que en España haya trabajo ilegal".
Por ello, Caldera avanzó que, al finalizar este periodo especial de legalización de trabajadores, se pondrá en marcha un programa de lucha contra el fraude laboral donde prevén que Inspección de Trabajo realicen medio millón de actuaciones hasta final de año.
Durante el balance de los primeros 16 días del proceso de regularización, el máximo responsable de Trabajo explicó que en la actualidad los inspectores de trabajo que localizan a contratados ilegales "no están levantado actas de infracción sino requerimientos" para que los empresarios legalicen a sus empleados y así "aflore la economía sumergida".
Aparte de "animar" a los empresarios, Caldera recordó que el reglamento de la ley de Extranjería establece la figura del "arraigo laboral" por el que un inmigrante o un sindicato puede denunciar cualquier tipo de irregularidad: "Si se puede demostrar que efectivamente ha habido una vinculación ilegal, sancionaremos al empresario y legalizaremos al trabajador".
En cuanto a la presentación de las solicitudes, Caldera destacó que el proceso se está desarrollando con "normalidad, orden y eficacia". En los 16 primeros días han recibido 48.247 peticiones, concentradas especialmente en Madrid (15.378), Catalunya (8.306) y Comunidad Valenciana (6.304). Estas tres autonomías han recibido más del 60% del total de peticiones. Según el Gobierno, el 98% han sido admitidas y sólo el 1,57% están pendientes de algún documento. "En contra de lo que se dice, el ritmo de las solicitudes está por encima de las previsiones del Gobierno", afirmó, destacando que sobre todo en las últimas dos jornadas se han entregado una media diaria de 7.702 peticiones frente a las 4.700 de la segunda semana y las 1.800 de la primera. Ante las denuncias de ONG de la venta ilegal de contratos de trabajo, Caldera aseguró que el único recurso es la denuncia y en su ministerio sólo ha recibido hasta la fecha una reclamación "que ya se está investigando".
Ayer mismo las principales organizaciones de inmigrantes denun-ciaron que entre un 20 y un 25% de los extranjeros irregulares podrían quedar fuera del proceso de regularización en el caso de que el Ejecutivo continúe admitiendo tan sólo el certificado de empadronamiento para demostrar arraigo en España. Por esta razón, estos colectivos (Atime, Rumiñahui, Asociación de Chinos en España, ARI-Perú y Asociación de Rumanos) solicitaron "flexibilidad" a las autoridades para que permitan la presentación de otros documentos, como el visado de entrada o la tarjeta sanitaria.
El presidente de Atime, Mustafa Mrabet, denunció además que "algunos funcionarios se niegan a admitir la solicitud presentada por no tener el certificado de empadronamiento cuando no tienen autoridad administrativa para rechazar ´in situ´la solicitud". Sin embargo, el ministro de Trabajo sostuvo que es posible "presentar los expedientes antes de la fecha límite aunque falte algún documento, que se podrá entregar posteriormente".
Por su parte, el PP acusó ayer al Gobierno de falsear los datos y de seguir una política de "oscurantismo".
LA VANGUARDIA DIGITAL ALICIA RODRÍGUEZ DE PAZ - 24/02/2005 MADRID
El Consejo Superior de Deportes (CSD) se aseguró ayer el compromiso de todos los estamentos del fútbol para avanzar de forma decisiva en la erradicación de los brotes racistas y xenófobos que se repiten en los estadios españoles. En breve plazo se redactará un protocolo de medidas contra las conductas que lleven al racismo y a la xenofobia. Esa nueva línea lleva implícita la aprobación de nuevas pautas de actuación y la aplicación rigurosa de las normas que ya existen, tanto en el ámbito de la Administración como en el de la Federación Española de Fútbol (RFEF). A la firma del protocolo asistirán los presidentes de los clubs de Primera y Segunda, los capitanes de los equipos y representantes de árbitros y entrenadores. "El fútbol debe ser un factor de integración; no un problema, sino una solución", dijo el secretario de Estado para el Deporte, Jaime Lissavetzky, tras reunirse con Ángel María Villar, presidente de la RFEF; José Luis Astiazaran, presidente de la Liga Profesional (LFP); Rosario García, directora general de Política Interior; Gerardo González Movilla, presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), y Javier Durán, presidente del Observatorio contra el Racismo y la Intolerancia. Lissavetzky insistió en la aplicación de los medios técnicos existentes para la identificación de quienes adopten actitudes racistas. También destacó la importancia de la colaboración ciudadana, como ocurrió en el Albacete-Barça, en el que dos personas fueron identificadas gracias a las denuncias de otros espectadores. A una pregunta en torno a la pasividad de la Administración con las declaraciones de Luis Aragonés, el secretario de Estado argumentó: "España no es un país racista, aunque haya brotes de racismo como en otras partes. Aquí al menos no tenemos ningún partido político que lo propugne. Simplemente, hemos llegado más tarde al proceso de mestizaje cultural y recorremos el camino lo mejor que podemos".
MULTAS A GETAFE Y MÁLAGA El Comité de Competición impuso multas de 600 euros al Getafe y al Málaga por las burlas racistas a Morales, de Osasuna, y a Kameni, del Espanyol. También en el Levante-Zaragoza hubo gritos contra Ettien, pero el árbitro no lo reflejó en el acta y el comité no entró en el asunto.
El Periódico mi.23 feb. 2005 CARLOS F. MARCOTE MADRID
Un hombre de Camerún, de 24 años, ha denunciado una agresión racista supuestamente protagonizada por tres vigilantes del metro. El denunciante asegura que los guardias le golpearon el pasado sábado porque se negó a mostrarles el billete y que un perro de los que llevaban le mordió en una mano. Como es habitual en estos casos, las versiones son diametralmente opuestas, y los guardias niegan haber golpeado al viajero. El camerunés declaró en la comisaría del metro que viajaba tranquilamente en la línea 3 cuando aparecieron dos guardias jurado, que le pidieron el billete únicamente a él, pese a que el vagón iba repleto de gente. El hombre subrayó ante la policía que consideró injustificada esa discriminación, por lo que no les mostró el billete, aunque lo llevaba en la mano. El denunciante aseguró que lo apearon del convoy de malos modos y que lo llevaron por el pasillo golpeándolo. Según su versión, después llegó otro guardia con un perro, al que azuzó para que le mordiera, como así ocurrió.
LESIONES Los vigilantes fueron acusados por la policía de un delito de lesiones y declararon como detenidos. Su versión fue que el camerunés viajaba tumbado sobre el asiento, por lo que le pidieron que se sentara bien. Luego, le reclamaron el billete. Los guardias dijeron que el joven les golpeó a los tres y que el bozal del perro saltó por los aires de una patada. Ésa es la razón, dijeron, de que lo mordiera.
El Periódico ma.22 feb. 2005 JORDI CORACHÁN BARCELONA
