La Guardia Civil encontró el viernes la patera avistada horas antes por una nave de guerra de bandera francesa en las costas de Adra (Almería) pero sin la presencia de los 36 inmigrantes que se presumía podían ir desplazándose en ella.
Fuentes de Salvamento Marítimo, que activó enel jueves un dispositivo de búsqueda dirigido a su localización, informaron de que, con las reservas habituales en este tipo de casos, existe una probabilidad muy alta de que se trate de la misma patera que desde ayer estaba siendo buscada.
Según sus informaciones, y tras la localización final de la embarcación, es la que se usa más frecuetemente para la ocupación de entre 30 y 40 personas --de unos siete metros de eslora--, por lo que los primeros indicios de que viajaban un total de 36 coincidirían también con las características de la patera encontrada vacía a primera hora de la mañana.
Un buque de la Armada Francesa dio parte del avistamiento de una embarcación cuya descripción respondía a las características de una patera y que navegaba a 28 millas náuticas de la costa de Adra.
El barco 'Salvamar Alborán' partió en busca de la patera apoyado por un helicóptero con el fin de localizar la embarcación. La Guardia Civil encontró esta mañana la embarcación vacía, con un alto índice de probabilidades de que se trate de la misma avistada el jueves, dadas las características del viento y el lugar en que se ha hayado.
Agentes de la policía municipal de Sabadell detuvieron en la madrugada de ayer a tres jóvenes neonazis que supuestamente habían agredido a otros tres jóvenes de la localidad a la salida de un pub del centro y les causaron heridas leves, según informaron fuentes de dicha policía. Los agredidos -los tres de 19 años y que al parecer son integrantes de los redskins de ideología antifascista-, explicaron que fueron insultados y agredidos por los detenidos sin que mediar provocación alguna. Los detenidos pasaron a disposición de la policía.
LA VANGUARDIA DIGITAL - Paloma Arenós (lenguaje modificado por mongui)
La Asociación Catalana de Profesionales de Extranjería (ACPE) manifestó ayer su "indignación" ante la publicación del listado de documentos por parte de la Comisión de Empadronamiento para acceder al denominado empadronamiento por omisión. También calificó de "falsa" la supuesta "flexibilización" del proceso de regularización de inmigrantes llevada a cabo esta semana por el Gobierno central.
Según este colectivo, la mayoría de los documentos que se solicitan para obtener el padrón -uno de los tres requisitos establecidos para la regularización extraordinaria de tres meses- "afectarán a una mínima parte de los trabajadores inmigrantes que puedan acogerse a esta normalización de extranjeros en España".
Del examen de cada uno de los documentos enumerados por la comisión, la ACPE concluyó que "éstos podrán tener cierto efecto en algunas comunidades autónomas, pero afectarán a un número mínimo de inmigrantes catalanes".
La asociación asegura que en Catalunya la tarjeta sanitaria "solamente se expide a las personas que ya estén empadronadas", del mismo modo que ocurre con la solicitud de certificación del informe de los servicios sociales o la notificación de la resolución de percepción de ayudas sociales, otros de los documentos enumerados por la Comisión de Empadronamiento.
En cuanto al documento de alta laboral o certificado de ésta expedido por la Seguridad Social, los expertos catalanes en extranjería afirmaron que afecta a una cantidad "insignificante" de inmigrantes en Catalunya, ya que "para estar de alta en la Seguridad Social se necesita un permiso de residencia y trabajo, y para ello es necesario el empadronamiento".
Resuelto el obstáculo de qué documentos servirán a los inmigrantes para demostrar que estaban en España antes del pasado mes de agosto y poder acogerse así al proceso de regularización, sindicatos e inmigrantes pidieron ayer a los ayuntamientos que sean generosos a la hora de aplicar la figura del empadronamiento por omisión.
Tanto los representantes de UGT y CC.OO. como los de la Asociación de Inmigrantes Marroquíes en España (Atime) coincidieron en valorar la rectificación del Gobierno y la admisión de nuevos documentos como prueba de su estancia previa a agosto del 2004. Sin embargo, unos y otros anticiparon que la lista se queda corta y que no incluye algunos documentos igualmente válidos desde un punto de vista objetivo, como el carnet de estudiante o el visado de un consulado español.
La presidenta del Instituto Nacional de Estadística, Carmen Alcaide, explicó ayer que dentro de los siete tipos de documentos admitidos (órdenes de expulsión, solicitud de empadronamiento no resuelta o denegada, tarjeta sanitaria, solicitud de escolarización de menores, certificado de los servicios sociales, alta en la Seguridad Social o petición de asilo) habrá muchos certificados válidos, siempre que estén emitidos por una administración pública española, sean originales o copias compulsadas y contengan la identificación del solicitante. Aunque la resolución no se publicará en el Boletín Oficial del Estado hasta hoy, los ayuntamientos comenzaron ayer a recibir información para anticiparse a las peticiones que presumiblemente empezarán a recibirse este lunes. Alcaide admitió que los funcionarios de los ayuntamientos no tienen por qué conocer todos los tipos de documentos que se puedan presentar, por lo que "todo certificado público con un sello administrativo en principio va a valer".
En cuanto al plazo, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, refrendó ayer que no habrá una prórroga en las fechas del proceso de regularización, que terminará el próximo 7 de mayo. No obstante, el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, explicó que las solicitudes serán admitidas aunque sólo se aporte la petición del empadronamiento, debiendo aportarse el documento otorgado por el ayuntamiento con posterioridad sin estar sujeto a los plazos del proceso.
Por su parte, los más de 400 inmigrantes encerrados en huelga de hambre desde hace trece días en Barcelona decidieron ayer seguir con los encierros y con la huelga en una asamblea que tuvo lugar en la Iglesia de Santa Maria del Pi, informaC laudia Safont. Aunque calificaron de "trampa" el empadronamiento por omisión, iniciarán el lunes los trámites para conseguirlo.
LA VANGUARDIA DIGITAL LUIS IZQUIERDO - 16/04/2005 MADRID
La policía cree que el intento de agresión al ex secretario general del PCE, Santiago Carrillo, por parte de un grupo de ultras en un acto que se celebraba ayer en una librería de Madrid fue preparado y organizado un día antes, señalaron fuentes de la investigación.
Las citadas fuentes indicaron que los investigadores cuentan con indicios que les han llevado a pensar que la acción contra Santiago Carrillo estaba "perfectamente organizada" por el grupo de ultras que consiguió golpear a tres personas en la librería, donde el ex dirigente del PCE participó en una mesa redonda.
Además, las fuentes precisaron que la policía tiene ya varias personas identificadas que pudieron participar en la acción y que a algunas de ellas se les está tomando declaración.
Carrillo participó ayer en una mesa redonda en la librería Crisol de Madrid sobre el libro "Historias de las dos Españas", del profesor Santos Juliá, que fue uno de los agredidos por los ultras, junto al ex ministro socialista Claudio Aranzadi, a Andres Galdón, de la editorial Santillana, y al periodista Pedro Sánchez Ramos.
Carrillo fue recibido con gritos de "asesino, asesino", por parte de un grupo de unos 30 ó 40 ultras a la entrada de la librería, que intentaron agredirlo, lo que fue impedido por responsables y clientes del establecimiento, que protegieron al ex dirigente comunista hasta la sala donde debía tener lugar el acto.
Los ultras, que lanzaron varios panfletos con la foto de Carrillo y el texto: "Asesino, genocida, ni olvido ni perdón, La Falange", lograron golpear con los palos de las banderas que portaban a Santos Juliá, Claudio Aranzadi, Andrés Galdón y Pedro Sánchez Ramos, y agredieron también a la periodista María Antonia Iglesias, a la que intentaron meter unos panfletos en la boca.
Un grupo de unos treinta jóvenes ultras intentó agredir ayer a Santiago Carrillo en una librería de Madrid y golpeó a varios de sus acompañantes. El ex secretario general del PCE participó, en la librería Crisol, en la presentación del libro Historia de las dos Españas,de Santos Juliá. Este historiador fue precisamente uno de los agredidos, junto al ex ministro socialista Claudio Aranzadi, Andrés Galdón, de la editorial Santillana, y el periodista Pedro Sánchez Ramos, que fueron golpeados con los palos de las banderas que portaban los agresores. También atacaron a la periodista María Antonia Iglesias, a la que metieron panfletos en la boca.
Carrillo fue recibido con gritos de "asesino, asesino" por los ultras a la entrada de la librería, pero no pudieron agredirle porque lo impidieron responsables y clientes del establecimiento. Los ultras lanzaron panfletos con la foto de Carrillo y el texto: "asesino, genocida, ni olvido ni perdón, La Falange". Por su parte, Carrillo destacó la "ejemplar" reacción del público, ya que, al rodear al veterano político, impidieron que fuera agredido y consiguieron llevarle hasta una sala. Pero los ultras siguieron durante cinco minutos dando patadas a las puertas y, al no conseguir entrar, provocaron destrozos en el local, tiraron libros al suelo, rompieron estanterías y lanzaron panfletos y carne picada.
Tras los incidentes, María Antonia Iglesias destacó "el enorme orgullo de poder hablar sobre las dos Españas después de un espectáculo tan lamentable y triste". El propio Carrillo manifestó su deseo de olvidar "lo que acaba de pasar aquí" y de hablar sobre el libro de Santos Juliá "como si no hubiera sucedido nada". También dijo que " si el golpista Antonio Tejero no consiguió tirarme al suelo, está claro que nadie lo va a conseguir". Recordó que "en los decenios que llevo en la vida pública he tenido muchos avatares, por lo que me enfrento a este tipo de situaciones con tranquilidad".
Durante su intervención, sin embargo, Carrillo fue interrumpido por una mujer que volvió a insultarle y que fue llevada al exterior por la policía, que vigiló el acceso y el interior de la librería. A continuación, Carrillo señaló que "este incidente desgraciado" evidencia que "sobre una sociedad que ha superado el litigio entre las dos Españas en lo fundamental, hay aún grupos que perturban la tranquilidad y la paz".
Por otro lado, en Reus, la presentación ayer del partido de ultraderecha Democracia Nacional acabó provocando incidentes y destrozos ante el hotel Quality, donde se celebró el acto, informa Esteve Giralt.
LA VANGUARDIA DIGITAL MADRID.(Redacción y agencias.)
El flujo de inmigrantes que pretende entrar en España procedente de algunos de los antiguos países del bloque del Este parece que comienza a ser controlado. Un equipo de agentes de policía rumanos trabaja desde principios de esta semana en el puesto fronterizo de La Jonquera junto a policías españoles y franceses. Su misión es la de colaborar en el control del flujo de inmigrantes procedentes de aquel país que intentan entrar en España en busca de trabajo sin la documentación necesaria.
Este operativo, junto con el incremento de las dotaciones policiales destinadas a las fronteras con Francia y el aumento de los controles, es resultado directo de la petición del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, que a mediados del pasado febrero reclamó una actuación decidida contra las redes mafiosas que se dedican al tráfico de personas a través de la frontera.
Estos policías, según explica el subdelegado del Gobierno en Girona, Francesc Francisco-Busquets, trabajan desde el lunes junto a agentes de la Policía Nacional y de la Gendarmería francesa en "el control de los ciudadanos procedentes de Rumanía y les ayudan en la detección de posibles documentos falsificados" con los que estos pretenden pasar la frontera.
Desde hace más de una semana, señala asimismo el subdelegado en Girona, agentes franceses y españoles se encuentran también desplazados a los puestos fronterizos que Rumanía tiene con la Unión Europea, en Hungría, para explicar a sus colegas de la república balcánica los requisitos que han de cumplir aquellas personas que salgan del país con destino a alguno de los estados miembros de la Unión Europea.
Fuentes policiales españolas venían denunciando desde hacía tiempo un "excesiva permisividad" en los controles fronterizos entre Rumanía y Hungría, lo que se traducía en una avalancha de ciudadanos rumanos que pretendían entrar en España. Según las mismas fuentes, poco después de la reciente visita a las instalaciones aduaneras de La Jonquera del cónsul de Rumanía en Barcelona, Florin Florian, donde pudo comprobar el intenso flujo de estas personas que eran interceptadas y devueltas a Francia, las cosas comenzaron a cambiar en aquellos puestos de control. Las cifras de que dispone la subdelegación del Gobierno en Girona parecen confirmar esta hipótesis ya que si durante los meses de enero y febrero las personas interceptadas en la frontera fueron 6.900 y 9.980 respectivamente, este número bajó hasta las 5.167 personas en el mes de marzo.
Paralelamente, y en colaboración con la Fiscalía de Girona, la policía continúa su trabajo de detección de personas dedicadas a hacer pasar inmigrantes por la frontera con Francia de manera ilegal. Así, entre el 24 de febrero, una semana después de la orden de Conde-Pumpido, y el 4 de abril, han ingresado en prisión un total 16 personas -de las que 8 son de origen rumano, siete búlgaras y una de Burkina Faso- y una se encuentra en libertad con cargos, todas ellas acusadas de tráfico ilegal de personas. La policía ha comprobado también estos últimos días que si bien se ha reducido el paso de inmigrantes en autobús, aumentan las personas que quieren llegar a España en coches particulares.
LA VANGUARDIA DIGITAL ANTONI F. SANDOVAL - 14/04/2005 LA JONQUERA
Los 74 imanes que componen el Consejo Islámico de Catalunya ya han regularizado su situación, según anunció ayer el delegado del Gobierno en Catalunya, Joan Rangel, tras la reunión que ha mantenido con ellos para pedirles que contribuyan a la integración de la población musulmana en Catalunya. Rangel explicó que el Gobierno facilitó la regularización de los imanes porque "una persona que debe ejercer un papel de liderazgo en su comunidad tiene mucha más autoridad si lo puede hacer con normalidad y no en una situación precaria y clandestina". El delegado del Gobierno ha señalado que los imanes ya normalizaron su situación antes del proceso general abierto para todos los inmigrantes, y ha recordado que "la ley de Extranjería ya contemplaba la posibilidad de que el personal religioso se acogiese a un periodo de excepción, pero no se ha hecho antes por falta de voluntad política".
Faltan sólo 25 días para que concluya el proceso de regularización de inmigrantes, pero la polémica y la confusión siguen en aumento. Ayer el Consejo de Empadronamiento del INE pasó la pelota a los ayuntamientos al señalar que serán éstos los que podrán decidir qué tipo de documentos son válidos para acreditar la residencia en un municipio y lograr de ese modo su inscripción en el padrón con carácter retroactivo. Pero unas horas después el presidente de la comisión de Inmigración de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Bartolomé González, afirmó que pedirá hoy mismo a la presidenta del Consejo de Empadronamiento, Carmen Alcaide, que especifique cuáles son los "documentos públicos fehacientes" que pueden acreditar la residencia en España de un extranjero y qué fecha debe constar en un "empadronamiento por omisión".
La asociación de inmigrantes Aesco tildó de "caótico y poco serio" que cada ayuntamiento decida qué documentos son válidos para probar la estancia en España. La presidenta de la Asociación América España, Solidaridad y Cooperación, Yolanda Villavicencio, añadió que resultará muy complicado argumentar "en base a qué criterios no se admite la presentación de una cuenta bancaria en una entidad financiera pública o un seguro médico privado". Otras entidades y el propio portavoz de Izquierda-Verde en el Congreso de los Diputados, Joan Herrera, defendieron la ampliación del plazo para la regularización. El portavoz parlamentario de CiU, Carles Campuzano, calificó de "disparate" la decisión. "Va a producir -señaló a Europa Press- un caos en las próximas semanas, con situaciones absurdas que darán lugar a que en unos ayuntamientos los requisitos sean rigurosos y laxos en otros".
El Consejo de Empadronamiento remitió ayer a los ayuntamientos una circular en donde se les deja libertad para determinar qué documentos consideran "fehacientes". De esta forma, Carmen Alcaide, la presidenta del Consejo -organismo dependiente del INE- respondía a la petición que el día antes le hizo la Mesa del Diálogo Social compuesta el Gobierno, los sindicatos y los empresarios en el sentido de considerar también el "empadronamiento por omisión". No obstante, añadía que "el Consejo de Empadronamiento se reunirá el próximo día 21 de abril para tratar, entre otros temas, el análisis más detallado de las circunstancias que concurran a la presentación de los documentos. Por ejemplo, se considerarán docunes mentos fehacientes: solicitudes de empadronamiento no atendidas con anterioridad, cartillas de sanidad, solicitudes de plaza en colegios públicos, tramitaciones en el Ministerio del Interior, otras tramitaciones en organismos oficiales...".
La concejal del área de Empleo y Servicios al Ciudadano, Ana Botella, indicó que había recibido la nueva instrucción a las tres de la tarde de ayer y que a pesar de que uno de cada cinco inmigrantes reside en Madrid, este Ayuntamiento no ha sido ni siquiera consultado. Pese a ello, señaló que su ayuntamiento estudiará jurídicamente qué documentos pueden ser susceptibles de considerarse fehacientes.
Desde París, donde se encontraba de viaje, el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, declaró a Efe que "los ayuntamientos serán muy diligentes en la expedición de los nuevos certificados de residencia". Caldera negó que este cambio sea "un invento de este ministro o una decisión del Gobierno", sino "un acuerdo del Ejecutivo con empresarios y sindicatos". El ministro también negó que se vaya a ampliar el plazo de regularización.
LA VANGUARDIA DIGITAL JOSEP PLAYÀ MASET - 13/04/2005 BARCELONA
El Gobierno informó el lunes de que los inmigrantes irregulares podrán obtener el certificado de empadronamiento mediante la presentación de otros documentos públicos que justifiquen su permanencia en España y así poder acogerse al proceso de normalización de trabajadores extranjeros.El certificado de inscripción en el padrón municipal es un requisito fundamental para acogerse a la regularización.
El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, aseguró que los inmigrantes trabajadores podrán presentar "documentos públicos fehacientes" -aunque no especificó cuáles- para demostrar que se encontraban en España antes del 8 de agosto de 2004, uno de los requisitos para optar a los 'papeles', aunque no se empadronaran.
"La mesa de diálogo social ha examinado la situación del proceso de normalización y ha comprobado la existencia de situaciones relacionadas con el empadronamiento que podrían ser solventadas con la aplicación de mecanismos existentes en la actual normativa, como por ejemplo el empadronamiento por omisión", dijo Caldera a los periodistas.
"Este medio permitiría la inscripción en el padrón municipal en base a la acreditación de la permanencia en España aportando como prueba documentos públicos fehacientes", agregó a la salida de la reunión con los agentes sociales.
El Gobierno tomó esta decisión tras escuchar las peticiones del Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, y del Consejo General de la Abogacía, así como de asociaciones de inmigrantes.
MAS DE 300.000 SOLICITUDES
La semana pasada, el Ministerio de Trabajo informó de que hasta el momento se habían presentado más de 310.000 solicitudes en el proceso de normalización de extranjeros, a falta de un mes para el fin del período extraordinario de tres meses que comenzó el 7 de febrero.
El titular de Justicia aseguró que ya se han resuelto unos 650.000 expedientes, pero que sólo unos 4.000 están dados de alta en la Seguridad Social.
Caldera instó además a los empresarios a que 'legalicen' a sus trabajadores extranjeros antes del fin del período de tres meses, ya que a su fin se endurecerán las medidas del Gobierno con la economía sumergida.
Madrid, con 87.000 peticiones, es la comunidad donde se han presentado más solicitudes de normalización, seguida por Cataluña (68.254) y la Comunidad de Valencia (45.737). Entre las tres representan el 64,1% del total.
Las solicitudes relacionadas con el empleo en el hogar suponen el 33,2% del total -especialmente en Madrid con un 45% de las peticiones para empleadas domésticas-, pero a medida que avanza el proceso se percibe un ligero incremento de otros regímenes, como el del sector agrícola.
Por nacionalidades, los rumanos han desbancando a los marroquíes en el segundo puesto del ranking, superando las 42.600 solicitudes frente a las casi 39.000 de ciudadanos de Marruecos. El primer puesto lo sigue ocupando Ecuador con casi 87.000 peticiones y el cuarto Colombia, con 34.000.
El Defensor del Pueblo demanda, en su informe 2004, una "atención preferente" a todos aquellos factores que favorezcan la "más adecuada" escolarización de los inmigrantes, tanto en la futura Ley Orgánica de Educación (LOE), como en sus desarrollos reglamentarios y en la gestión del nuevo sistema educativo.
Así, la institución que dirige Enrique Múgica señala la importancia de una escolarización de estos alumnos ajustada a las necesidades derivadas de su procedencia de culturas y lenguas diferentes, así como sistemas de entrada en centros escolares distintos, "dentro del proceso de integración social y económica" de estos estudiantes y sus familias.
En este sentido, advierte, en su texto remitido esta semana al Parlamento, de que "no en todas las ocasiones" las administraciones satisfacen "correctamente" las demandas de plazas escolares en el momento y lugar en el que se producen. Además, alerta de los efectos "muy negativos" de una concentración de inmigrantes en escuelas a partir del 30 por ciento, llegando incluso a situaciones contrarias a los objetivos de integración y "radicalmente inadecuadas".
EQUILIBRADA DISTRIBUCIÓN
En caso de afectar a los derechos básicos de los alumnos escolarizados, el Defensor del Pueblo cree obligación de la administración educativa competente restablecer "de forma inmediata" las condiciones necesarias para salvaguardar la integridad de esos derechos (adecuada y eficaz transmisión de conocimientos y formación de los alumnos dentro del ámbito escolar) y la equilibrada distribución de los estudiantes con necesidades educativas especiales.
A su juicio, estos objetivos priman por encima del derecho a la elección de centro educativo, cuando el mantenimiento de las situaciones de escolarización alcanzado afecte a la integridad del derecho a la formación de los estudiantes y sólo pueda solucionarse a través de decisiones que impliquen la adjudicación de plaza a los niños en otros centros de la zona distintos de los que están escolarizados que presenten índices más bajos de inmigrantes y con necesidades compensatorias.
Por ello, defiende el impulso de iniciativas normativas y organizativas para alcanzar a corto plazo la distribución equilibrada del alumnado con necesidades educativas especiales, incluido el inmigrante, incluso "a través de prescripciones limitativas del derecho de libre elección de centro". Entre otras medidas, reclama medios, personal, materiales específicos para favorecer la mejor atención a estos estudiantes.
APTITUD DEL ALUMNADO PARA LA UNIVERSIDAD
Por otra parte, esta institución reclama que la prueba de acceso a la Universidad que diseñe el Ministerio de Educación y Ciencia (MEC) tenga en cuenta la "aptitud específica" del alumno para su admisión en cada una de las enseñanzas, para lo que se deberá establecer un sistema de valoración que pondere los distintos bloques de materias en función de si están o no relacionadas con los estudios elegidos.
También solicita la revisión de la prioridad absoluta a los estudiantes que superen la prueba en la convocatoria ordinaria y asegurar que todos los criterios de prioridad, reserva de plazas y ordenación de solicitudes estén presididos por los principios de capacidad, mérito y no discriminación en el acceso a los estudios superiores.
De todas formas, entiende que la definición de este examen que realice el Gobierno debe permitir su homologación con las exigencias de los países del entorno, de forma que se facilite y propicie el acceso directo a cualquier Universidad europea, incentivando la movilidad de los estudiantes dentro del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).
"Se trata, en definitiva, de garantizar para los estudiantes de nuestro país el derecho a acceder a la educación superior que libremente elijan, suprimiendo cualquier obstáculo extraacadémico o discriminatorio que lo dificulte", explica el Defensor del Pueblo en su informe.
Izquierda Unida propone aprovechar la reforma del Estatuto de Autonomía para regular una nueva Ley Electoral Andaluza que contemple el derecho de sufragio pasivo y activo a las personas inmigrantes "a partir de un mínimo de tres años de permanencia en la comunidad autónoma".
Así figura en el anteproyecto de bases para la reforma del Estatuto debatido el pasado viernes en el Consejo Andaluz de IU, que defiende que dicha Ley Electoral garantice "la máxima representación proporcional y territorial, el fomento de la participación electoral, la paridad de hombres y mujeres en las listas electorales, la representación de residentes extranjeros y la limitación, control y transparencia de la financiación electoral".
En el documento, IULV-CA apuesta además por elevar el número de diputados del Parlamento andaluz, de forma que esté compuesto por "135 ó 149 escaños", frente a los 109 actuales, así como por establecer Andalucía como "colegio único para elegir su representación en el Senado".
Junto a ello, la federación de izquierdas plantea que el Parlamento andaluz "pueda designar como senadores a ciudadanos y ciudadanas que reúnan la condición política de andaluces", y no obligatoriamente a diputados autonómicos, como ocurre en la actualidad.
Por último, la propuesta de reforma estatutaria que debate IULV-CA abre la puerta a la posibilidad de mantener las circunscripciones provinciales o establecer a Andalucía como "colegio único", si bien defiende que, "en cualquier caso, la representación debe ser proporcional".
Los inmigrantes que intentan cruzar el Estrecho para alcanzar las costas de Andalucía llegan a pagar hasta mil euros por travesía, según informó la Guardia Civil tras la última operación desarrollada en Ceuta.
Los 50 inmigrantes que fueron arrestados en las inmediaciones de la costa de Ceuta, cuando la embarcación en la que viajaban se quedó a la deriva habían abonado cada uno mil euros al patrón de la zodiac.
En esta ocasión, la mayoría de los 50 detenidos procedían de la población marroquí de Beni Melal, aunque también había de otros lugares.
El patrón, de nacionalidad marroquí, se dio a la fuga lanzándose al mar, aunque fue detenido por una embarcación de los GEAS antes de que alcanzara la orilla.
La embarcación en la que viajaban, de 7,7 metros de eslora y 2,70 de manga, se había quedado a la deriva en el Estrecho al sufrir el motor de impulso una avería, y fue interceptada a 0,4 millas de Punta Blanca, frente a las inmediaciones de la frontera norte con Marruecos.
Las compañías aéreas utilizadas fueron Swiftair, que realizó 220 vuelos, y Air Europa, con nueve vuelos, añade la información remitida a la senadora del grupo popular Rosa Vindel López.
Del total de vuelos resulta una frecuencia ligeramente superior a los diecinueve viajes mensuales desde Gran Canaria a la península.
En la contratación de los vuelos se siguieron los criterios de disponibilidad inmediata de aeronaves para dar respuesta ágil a las necesidades que se producen en cualquier momento, y que los aviones se adapten, en cuanto a capacidad, al número de viajeros, pues éstos generalmente no son muy numerosos y, de utilizarse aparatos grandes, los costes se incrementarían.
El Gobierno también tiene en consideración la existencia de garantías de seguridad y fiabilidad en los vuelos, y que se ofrezca una atención adecuada a los extranjeros trasladados y a los funcionarios policías que les acompañan.
En la respuesta parlamentaria se recuerda que este tipo de desplazamientos se realizan en aplicación de los acuerdos del Parlamento de Canarias de 12 de diciembre de 2001, y del Congreso de los Diputados de fecha de 16 de abril de 2002 (proposición no de ley).
La principal compañía aérea utilizada fue Swiftair, con 220 vuelos, y nueve de Air Europa, según el Gobierno
Los desplazamientos se realizan por los acuerdos del Parlamento canario de 2001 y del Congreso de los Diputados de 2002
El jurado también consideró culpable de una falta de lesiones al tercero de los hermanos inculpados en este caso, Alexis Vera Rodríguez, de la que también se culpa a Jonathan.
Las otras tres personas inculpadas por la muerte del joven marroquí, Ángel Vicente Lemes Domínguez, Rafal Tineo Díaz, acusados de encubridores, y Jesús Iván Ramos Alemán, presunto cómplice, fueron declaradas inocentes.
El joven marroquí Soufian murió tras recibir una puñalada en la espalda con un cuchillo con una hoja de 12 centímetros, que le asestó Oliver Vera tras una pelea.
Además de la puñalada recibida por Oliver, los tres hermanos le propinaron puñetazos y patadas que le provocaron numerosas contusiones en la cabeza y en la cara.
La muerte se produjo después de que Soufian Essaghir tratase de refugiarse en una vivienda y fuese expulsado de ésta por su dueño y por Oliver Vera y su hermano Jonathan.
Tras el veredicto del jurado, el fiscal solicita para Oliver Vera Rodríguez una pena de quince años de prisión por un delito de homicidio y una indemnización de 120.000 euros para los herederos del fallecido; cuatro años de cárcel para su hermano Jonathan y una indemnización de 50.000 euros, así como dos meses de multa y una indemnización de 450 euros para Alexis por una falta de lesiones.
Por su parte, la acusación particular está de acuerdo con la petición del fiscal, aunque en el caso de Oliver Vera Rodríguez pide que la indemnización se incremente hasta los 150.253 euros.
La defensa por su parte solicita diez años, la pena mínima, por un delito de homicidio cometido por Oliver Vera Rodríguez, así como dos años y la puesta en libertad dado el tiempo transcurrido en prisión para su hermano Jonathan, mientras que Alexis ha quedado libre debido al periodo pasado ya en la cárcel.
Al inicio del juicio, el fiscal solicitaba para Oliver Vera una pena de veinte años de prisión como presunto autor de un delito de asesinato, una de quince años para sus hermanos Alexis y Jonathan, por considerarlos cooperadores necesarios de la muerte de Soufian, otra de ocho años para Jesús Iván R.A. como cómplice, y dos años para Angel Vicente L.D. y Rafael T.D., como encubridores.
La acusación particular elevaba la pena de los tres hermanos acusados y de Jesús Ivan R.A. a veinticinco años por considerar que hubo ensañamiento con la víctima.
El jurado también considera culpable de una falta de lesiones al tercero de los hermanos inculpados en este caso
Tras el veredicto del jurado, el fiscal solicita para Oliver Vera Rodríguez una pena de quince años de prisión por un delito de homicidio
Canarias Ahora .com EFE. Las Palmas de Gran Canaria
El representante del Ministerio Fiscal sostuvo que el joven marroquí Soufian Essaguir, de 19 años, que murió tras una pelea el pasado 4 de abril de 2003 en Vecindario, "no pudo defenderse de la jauría que le perseguía" para, por causas que se desconocen, vengarse de la víctima y de su hermano Outman, quien consiguió huir.
Así mismo, consideró que la participación del acusado Jesús Iván Ramos Alemán en los hechos fue importante, porque trasladó en su moto a Oliver Vera para dar alcance a Soufian cuando conocía sus intenciones de acabar con su vida.
El fiscal también mantuvo la culpabilidad de los dos acusados como encubridores del asesinato, Ángel Vicente Lemes Domínguez y Rafael Tineo Díaz, quienes dijo que ayudaron a pintar de color azul el cuchillo que había cogido de su casa el principal acusado para acabar con la vida de Soufian y a deshacerse luego de él, entre otras cuestiones.
Las penas que solicita son: 20 años de prisión para Oliver Vera, por un delito de asesinato; 15 años para Jonathan y Alexis, como cooperadores necesarios; 8 años para Jesús Iván Ramos; y 2 años para cada uno de los encubridores.
El fiscal criticó, en su exposición al jurado, la actuación del forense Alfredo García por señalar al tribunal cosas que no recogió en su informe de autopsia, como que la tardanza de la ambulancia que socorrió a Soufian pudo ser la causa de su muerte, cuando falleció por pérdida masiva de sangre a causa de la herida que tenía en el pulmón.
Lamentó también que no plasmara en el informe de la autopsia la profundidad de la puñalada y dijo que no comparte su opinión de que las policontusiones que presentaba el cadáver fueran de poca importancia.
"Yo no soy médico, pero tengo sentido común y he oído que ese muchacho recibió muchos golpes", indicó el fiscal, quien recordó que uno de los acusados dijo que le dolían los pies de tantas patadas que le dio.
El abogado de la acusación particular, Claudio Pulido, que solicita para los hermanos Vera y Jesús Iván Ramos 25 años de prisión por entender que se ensañaron con la víctima, manifestó que que "no hubo compasión ni misericordia" con Soufian, al que tras ser apuñalado le dieron patadas hasta que dejó de moverse.
El letrado Ángel de Mendívil, que defiende al principal acusado, pidió su absolución, pues entiende que no hay pruebas que le incriminen, y señaló que con un "cuchillo de cocina del tres al cuarto" como el que portaba su defendido "no se hacen cosas así".
Criticó la actuación de los forenses, ya que hallaron sangre de la víctima en el cuchillo cuando había sido previamente lavado y pintado, e indicó que su defendido siempre dice la verdad y que la pelea fue provocada por los dos marroquíes, que previamente habían rociado a aquel y a su hermano Alexis con un spray.
El abogado de Jonathan señaló al jurado que no hubo intencionalidad de matar a Soufian y que quien único dominaba la situación era Oliver, que portaba el cuchillo, y que para ser cooperador necesario, que es de lo que se culpa a su cliente, es necesario que exista co-dominio, algo que no hubo.
El letrado Javier la Calle, que representa a Alexis Vera, dijo que no se puede "meter en el mismo saco" de los otros dos hermanos a su defendido, porque, pese a que existía enemistad con los dos marroquíes, no se ha acreditado que participara en la pelea que se produjo delante de la casa donde intentó refugiarse Soufian y ante la cual murió.
Francisco Mazorra, abogado de Jesús Iván Ramos Lemes, señaló al jurado que su cliente "no es merecedor de sanción penal alguna porque no ha participado en absoluto para producir el resultado final" de la muerte de Soufian, y que el hecho de haber trasladado en su moto a Oliver Vera "de un sitio a otro no es necesario ni imprescindible para que se cometiera el delito".
El representante del Ministerio Fiscal sostiene que murió tras una pelea en la que "no pudo defenderse de la jauría que le perseguía"
Lamenta que el fiscal no plasmara en el informe de la autopsia la profundidad de la puñalada y dijo que no comparte su opinión
Canarias Ahora .com EFE. Las Palmas de Gran Canaria
Paulino Rivero ha presentado una pregunta para que el Ejecutivo central explique en el Congreso los datos que tiene acerca de las informaciones periodísticas en las que se habla de que dos aviones secretos utilizados por la Agencia Central de Inteligencia estadounidense hicieron escala en Tenerife hasta en cinco ocasiones durante 2004, afirma CC en un comunicado.
Según una información publicada en el periódico La Opinión de Tenerife, los reactores fueron utilizados por la CIA para secuestrar a sospechosos de terrorismo y trasladarlos a terceros países, en los que se permite la tortura en los interrogatorios.
También el Diario de Mallorca ha publicado una información según la cual los aeropuertos de Tenerife Sur y Son San Joan, en la citada isla balear, son los únicos recintos aeroportuarios de España en los que estos aviones han hecho escala.
En los vuelos que hicieron supuestamente una escala en el aeropuerto Tenerife Sur los aviones se desplazaban entre Washington y Rabat, añade el comunicado de CC.
Paulino Rivero también ha presentado una pregunta en la que pide al Gobierno que informe sobre la posibilidad de que Estados Unidos establezca una base militar en la ciudad marroquí de Tan-Tan.
Según una información publicada en 'La Opinión de Tenerife', los reactores fueron utilizados por la CIA para secuestrar a sospechosos de terrorismo
Los inmigrantes son ya una cantera imprescindible de demandantes de trabajo para las empresas de trabajo temporal (ETT). Los extranjeros ocupan el 15% de los contratos firmados por las ETT, un porcentaje que supone más del doble del 6,3% de media de afiliados foráneos registrado por la Seguridad Social. Adecco, la ETT líder en España con una cuota de mercado del 30%, contrató a 17.000 trabajadores extracomunitarios en el 2004. En total, la compañía firmó el 12% de los contratos con extranjeros, aunque el porcentaje llegó casi al 15% en Catalunya, según Joan Ferrer, director de operaciones en la zona mediterránea. Un reciente estudio de Randstad indica que los inmigrantes suponen ya el 17% de los contratados en el caso de los hombres y el 12,5% en las mujeres. Por sectores, el peso de los extranjeros es del 72% en los contratos de las ETT en la agricultura, del 26% en la limpieza y del 10,7% en hostelería. El peso medio de los inmigrantes se incrementaría del 15% al 25% como mínimo si las ETT pudieran cubrir puestos de trabajo en el sector de la construcción, que ahora es uno de los que se encuentran vetados a estas compañías por motivos de seguridad laboral, según indicó Ferrer. El recurso de las ETT a los empleados foráneos se debe, según el directivo de Adecco, a que "cada vez hay más trabajos que los autóctonos no cubren" porque aspiran a empleos mejores o menos penosos en cuanto a horarios, por ejemplo. Las ETT han ofrecido al Gobierno su colaboración en la mejora de la contratación de trabajadores en sus países de origen para aprovechar las redes internacionales de esas compañías y garantizar la formación.
Los inmigrantes que estaban encerrados hasta ayer en la iglesia del Pi abandonaron el local a las seis de la tarde para trasladarse al campus de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), donde pasarán el fin de semana junto con los encerrados en Can Vies y Sant Medir.
Tras una pancarta que decía Sin contrato, con padrón. Papeles para todos ya,y gritando "queremos papeles", los inmigrantes del Pi recorrieron las Ramblas hasta plaza Catalunya. Los cincuenta encerrados cargaron durante todo el recorrido con sus mantas, pero no llevaban agua, ya que gran parte del material aún seguía en el Pi a la espera de que lo fueran a buscar en coche. Una vez en plaza Catalunya, bajaron al metro para ir a la UPC. En la estación, Enrique
Mosquera, uno de sus portavoces, intentó que les dejaran pasar gratis, pero los trabajadores no accedieron y tuvieron que comprar cinco tarjetas de metro. Entraron todos en avalancha en el vagón y lo coparon por completo. Dentro del metro hubo cantos, y en cuanto salieron a Palau Reial, volvieron a desplegar la pancarta y reanudaron los gritos.
Al llegar a la UPC estaban desfallecidos y reclamaron con urgencia el agua que aún no había llegado. Les instalaron en una sala polivante,ya que hasta las nueve y media no les podían dar un aula porque aún había clase. Según informaron los vigilantes del campus, las condiciones para el encierro el fin de semana son que intenten no cruzarse con los alumnos y que no hagan mucho ruido.
La tensión entre los inmigrantes encerrados en diversos locales de Barcelona y el Gobierno parece ir en aumento. Ayer, el delegado del Gobierno central en Catalunya, Joan Rangel, advirtió a los cerca de 400 inmigrantes encerrados que depongan su actitud porque "lo único que obtendrán -aseguró- es una orden de expulsión".
Rangel acusó a los promotores de estos encierros de llevar a los sin papeles "a un callejón sin salida", y les instó a "abandonar las medidas de presión" como factor imprescindible para iniciar un diálogo con la Administración. "Esta gente no viene a hablar, sino a amenazar, es como aquél que quiere hablar con una pistola sobre la mesa", denunció.
Enrique Mosquera, portavoz de la Asamblea por la Regularización sin Condiciones, no oyó las declaraciones, pero cuando le fueron comunicadas en la UPC, a donde se trasladaron los inmigrantes del Pi, dijo que "la pistola la pone él (por Rangel)". Además, Mosquera relató que "no es la primera vez que el Gobierno nos amenaza y nosotros nos estamos manifestando de la forma más pacífica que conozco".
En sus declaración, Rangel quiso dejar claro que, aunque se inicie un diálogo en la misma línea que las conversaciones que se llevan a cabo con las entidades de inmigrantes que representan a un 90% del colectivo, en ningún caso se modificarán los requisitos para acogerse al proceso de regularización.
Los sin papeles encerrados reclaman que no sea imprescindible un contrato de trabajo y que se pueda utilizar un documento alternativo al del padrón para acreditar la residencia en el país, entre otras reivindicaciones.
En este sentido, Rangel aseguró que estas peticiones responden a que "muy probablemente" algunos de los encerrados "acaban de llegar" al país, refiriéndose sobre todo al colectivo de búlgaros que se encuentra en la parroquia de Sant Medir de Barcelona y que, según informó Mosquera, mañana se trasladarán también a la UPC. "No saben nada de castellano, incluso hacen sus reivindicaciones en inglés, lo que demuestra que acaban de llegar", añadió Rangel.
Por otra parte, la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernán-dez de la Vega, ratificó ayer el anuncio que hizo Jesús Caldera el jueves sobre la voluntad del Ejecutivo de buscar cauces alternativos al padrón para que los extranjeros puedan demostrar su estancia en España y que se puedan acoger de esta manera con más facilidad al proceso de regularización.
Ante estas declaraciones, Mosquera dejó ayer una puerta abierta, ya que dijo que si esto se acaba cumpliendo, "aunque no es nuestra prioridad, estaríamos dispuestos a cambiar nuestra manera de protestar". Sin embargo, también matizó que no cree que se cumpla y que ellos negociarán sin encierros siempre que haya una verdadera negociación. Por el momento, tienen prevista una reunión el lunes con el Síndic de Greuges para convecerle de que haga de mediador entre ellos y el Gobierno. Sin embargo, dijo que "sólo se puede negociar entre dos partes; y hay una que no quiere".
SOS Racisme, por su parte, se pronunció ayer de nuevo sobre el proceso de regularización en marcha. En su comunicado, la ONG pide que haya una mayor comprensión y mayor flexibilidad en las tramitaciones.
