CGT se pregunta qué sucederá con los centenares de miles de
inmigrantes que no se han regularizado. El proceso extraordinario de
regularización de inmigrantes planteado por el actual gobierno, tras tres meses
de tensiones, incertidumbres, improvisaciones, manifestaciones, huelgas de
hambre, protestas? ha finalizado. Para CGT, este proceso extraordinario no puede
considerarse como éxito desde ninguno de los puntos de vista que se analice, ni
por sus resultados cuantitativos, ni por los objetivos.
Según los datos oficiales, en torno a 700.000 extranjeros han
conseguido presentar su expediente de regularización (unos 96.408 admitidos en
el País Valenciano, y concretamente 42.750 admitidos en Valencia, ), lo que
significa que otros 600.000 - 800.000 extranjeros que están empadronados, que
?viven? entre nosotros, no han podido hacerlo, junto a otro número indeterminado
que no está ni siquiera empadronado.
Los sindicatos se felicitan, el PP ?se preocupa? por los que
quedarán sin papeles y el ministro de Trabajo Jesús Caldera dice que el cierre
del proceso de regularización ?fue un éxito para todos los españoles?.
Para CGT, este proceso extraordinario no puede considerarse
como éxito desde ninguno de los puntos de vista que se analice, ni por sus
resultados cuantitativos, ni por los objetivos de que partía relativos a la
eliminación de economía sumergida, ni por su ideología basada en la
consideración de las personas como objetos al servicio del mercado laboral, ni
por las formas de aplicación fundamentadas en el dogmatismo y la inflexibilidad
.
Según CGT, "por sus resultados, el proceso ha sido plenamente
insuficiente, ya que no se ha llegado a regularizar ni a la mitad de los
extranjeros, si tenemos en cuenta los datos del Instituto Nacional de
Estadística a principios de Enero de 2005 según los cuales, existían en España
en torno a 1.700.000 extranjeros sin papeles; unos 200.000 de ellos en Valencia.
Por otra parte, habrá que estar expectantes ante la aprobación
de esos expedientes presentados y la realidad última de altas en la Seguridad
Social que llegarán a materializarse de todos los expedientes presentados,
puesto que hoy mismo nos han empezado a llegar las denuncias de negativas a
contratos, deudas de las empresas a la Seguridad Social y Hacienda, etc?
Igualmente, no hay que olvidar que la regularización que ahora
se pueda conseguir, dura un año y a partir de ese momento, se vuelve a la misma
situación de irregularidad, debiendo volver a regularizarse.
Por sus objetivos, el proceso se nos vendía como instrumento
para emerger la economía sumergida, siendo un requisito esencial e
imprescindible para la regularización que un empresario presentara un contrato
de trabajo, es decir, la regularización estaba supeditada al mercado laboral.
Sin embargo el mayor número de solicitudes presentadas, tanto
a nivel estatal como en el País Valenciano fueron las de servicio doméstico en
hogares discontinuos donde los trabajadores deberán pagarse la Seguridad Social.
(Servicio doméstico: 31,67%, construcción 20,76%, agricultura
14,61%, hostelería 10,36% varios 11,99 %, comercio 4,77% y fabricas 2,58%).
Todos estamos de acuerdo con que se elimine la economía
sumergida, ya que así ganamos todos, se incrementan las cotizaciones a la
seguridad social, se firmen contratos conforme a los convenios del sector, se
mejoran las condiciones laborales y derechos de los trabajadores tanto
extranjeros como autóctonos. Sin embargo, por una parte, no se reconoce que la
existencia de más de un millón de extranjeros sin documentación obligados a
trabajar en economía sumergida es como consecuencia de la ley de extranjería que
sufrimos en este país y que sigue en vigor al haber sido aprobada por el PP y el
PSOE y que el propio Reglamento que la regula, aprobado por el PSOE, sigue dando
carta de naturaleza a dicha economía sumergida ya que la vía que queda abierta a
partir de ahora para regularizarse mediante arraigo social y laboral parte de la
base de que el extranjero lleve entre 2-3 años en España y 1 año trabajando en
economía sumergida.
Igualmente, el hecho de que el empresario haya tenido que
presentar un contrato, ha generado situaciones de todo tipo imaginable, ya que,
la administración haciendo dejación de sus responsabilidades políticas y
sociales, ha depositado en el empresariado la potestad de dar papeles. Estas
situaciones han sido desde la compra de contratos, desde pagar los trabajadores
la seguridad social, desde ser despedidos en caso de demandar ser regularizados,
de generar relaciones de total dependencia y sumisión al amo, al jefe, llegando
a situaciones de semiesclavitud, según se podía ver en las oficinas de la
seguridad social en la que el empresario blanco era acompañado por uno o varios
trabajadores con el rostro reflejando humillación.
Por su ideología, el proceso de regularización es el fiel
reflejo del modelo neoliberal de sociedad en el que las personas somos
consideradas como simples objetos al servicio del mercado laboral. En este
sentido, los inmigrantes son regularizados, adquieren derechos y son
considerados personas en la medida en que son útiles al mercado de trabajo, en
la medida en que son contratadas y contribuyen a sus criterios de competitividad
y productividad, de la economía. Cuando el inmigrante deja de ser útil, no tiene
trabajo, vuelve a la clandestinidad y a la exclusión social.
Por sus formas de aplicación, el proceso extraordinario de
regularización ha sido inflexible, rígido, desadaptado de la realidad que vive
la inmigración, a espaldas de la opinión pública de muchos grupos sociales,
asociaciones, y sindicatos que si están día a día trabajando por la
dignificación e integración real de las personas inmigrantes. El proceso había
sido diseñado desde los despachos, ajenos a la vida real lo que provocó que
miles de personas se manifestaran pidiendo una mayor flexibilización en la
documentación que se requería, que se ampliara el plazo, que fuera una
regularización definitiva? Ante ese clamor, la solución adoptada por el gobierno
fue seguir manteniendo su dogmatismo e insensibilidad social y como mal menor
derivar hacia los Ayuntamientos la expedición del empadronamiento por omisión.
Y ahora, ¿qué hacemos con los centenares de miles de
extranjeros que no se han regularizado a través de proceso? La frustración y la
desesperanza por verse abocado al olvido más absoluto, a la explotación, a la
exclusión, a la manipulación, al chantaje, a la corrupción, a las mafias, de
esos centenares de miles de extranjeros que seguirán sin documentación, a los
que se niega vivir, trabajar, comer, tener un futuro? se combatirá, informa el
gobierno, mediante un tratamiento policial de dicha situación, es decir,
mediante denuncias, internamientos, persecuciones, expulsiones", señala.
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