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La Guardia Civil intercepta en aguas del Estrecho un barco con al menos 145 inmigrantes

La Guardia Civil ha interceptado esta noche en aguas del
Estrecho un barco con al menos 145 inmigrantes indocumentados a bordo. Al
parecer, se trata de un pesquero de unos 30 metros de eslora en el que podrían
haber embarcado inmigrantes de origen indio en un puerto de Mauritania.
En estos momentos, la Guardia Civil está remolcando la
embarcación al puerto de Algeciras (Cádiz), donde llegará en torno a las 22.00.
Efectivos de la Guardia Civil y la Cruz Roja han montado un dispositivo de ayuda
en el puerto gaditano para atender a los inmigrantes, cuyo estado se desconoce.

ELPAIS.es
CÁNDIDO ROMAREDA / ELPAIS.es - Algeciras (Cádiz)

El olvido del caso Almería : En 1981 fueron asesinados Luis Montero, Luis Cobo y Juan Mañas

Roquetas de Mar ya fue protagonista en 1981. Allí detuvo la
Guardia Civil, el 10 de mayo, a Luis Montero, Luis Cobo y Juan Mañas, cuando
viajaban en coche desde Santander. En época de plena actividad de ETA, un vecino
les confundió con etarras. Hacía dos meses del 23-F y tres días del asesinato
del general Valenzuela. El día después de la detención de los jóvenes,
aparecieron sus cadáveres. Habían sido torturados en un cuartel almeriense
abandonado. Los habían despedazado y metido en un coche, al que habían prendido
fuego. Años después, el Supremo condenó al teniente coronel Castillo Quero,
promotor del linchamiento, a 24 años de cárcel. Pero testimonios posteriores
indicaron que no se había juzgado a todos los responsables.

El Periódico de Aragón

Decenas de vecinos exigen justicia tras el entierro del agricultor de Roquetas

Juan Martínez Galdeano, el agricultor fallecido el pasado 24
de julio en el cuartel de la Guardia Civil de Roquetas de Mar, ha sido enterrado
esta mañana en un cementerio de esa localidad almeriense. El entierro ha
culminado con abucheos al Instituto Armado a las puertas del cuartel y con
peticiones de "justicia" ante el Juzgado de Instrucción número 1 que instruye el
caso.
Varias decenas de vecinos que regresaban del cementerio de San
Jerónimo, donde descansan ya los restos del agricultor, se concentraron en la
plaza del Ayuntamiento, donde mantuvieron cinco minutos de silencio y desde
donde se dirigieron a las puertas del cuartel de la Guardia Civil. Allí, los
manifestantes profirieron gritos de "canallas", "criminales", "asesinos" y
"perros" contra los agentes del Instituto Armado, a quienes culpan de haber
tratado a Juan Martínez "como a un perro", a pesar de ser "una persona
trabajadora e inocente", según un portavoz de los concentrados.

Desde las dependencias de la Guardia Civil, un grupo más
reducido de personas se trasladó al edificio de los juzgados, donde pidieron a
gritos "la verdad", mientras exigían "justicia" para que los presuntos
responsables de la muerte del agricultor "no anden sueltos por ahí".

Previamente, en el camposanto se vivieron escenas de dolor
cuando el cuerpo de Juan Martínez era sepultado y su viuda, de origen marroquí,
tenía que ser atendida al sufrir un desvanecimiento. Durante la misa funeral, el
párroco de la iglesia de Nuestra Señora del Rosario, Pedro Pérez, que ofició la
ceremonia, destacó el suceso "imprevisible" que ha acabado con la "muerte
inesperada" de este vecino del barrio de las 200 Viviendas, y consoló a "esposa,
padres, hermanos y demás familiares del difunto". "En la vida hay momentos
tristes y dolorosos, horas en las que el corazón llora, como éste que está
viviendo la familia de Juan", comentó el sacerdote durante la homilía.

El cura añadió que "es muy difícil y, en estos momentos, es
más difícil hablar a una familia que llora la muerte de un hijo" que ha pasado
sólo "39 años entre nosotros". "Hace diez días dejaba este mundo en
circunstancias realmente dolorosas", dijo, al tiempo que confió en que "su vida
no haya acabado para siempre" porque "más allá de la vida corporal hay una vida
verdadera". La eucaristía ha contado con la asistencia del presidente de la
Asociación de Jóvenes Agricultores de Almería (Asaja), Francisco Vargas, y de
representantes de formaciones políticas como el edil socialista Federico del
Águila y el senador del PSOE por Almería José Miguel Peña.

ELPAIS.es
EFE - Almería

El agricultor de Roquetas murió tras ser reducido violentamente por cuatro agentes

El agricultor Juan Martínez Galdeano falleció a las 17.50 del
24 de julio minutos después de que cuatro guardias civiles lo tirasen al suelo y
cayeran sobre su pecho para reducirlo a las puertas del cuartel de Roquetas de
Mar (Almería), según la primera versión oficial de la Guardia Civil. Fue
entonces cuando Martínez, que estaba esposado, empezó a sentir síntomas de
asfixia. La juez tomó ayer declaración a tres de los nueve agentes que han sido
citados como imputados, quienes han declarado que emplearon "la violencia
proporcional a las circunstancias".
Martínez llegó al puesto de Roquetas de Mar a las 16.30 del 24
de julio muy excitado. Les contó a los guardias que había tenido un incidente de
tráfico en el casco urbano de la localidad (con una población de 28.000
habitantes, que casi se triplica en verano) con un grupo de personas de etnia
gitana. Según fuentes oficiales de la Guardia Civil, Martínez, de 39 años, dijo
que sus perseguidores le querían matar y que su excitación se debía a que "había
consumido drogas desde el día anterior".

Minutos después llegaron al cuartel dos coches con varios de
los supuestos implicados en el altercado de tráfico. Martínez se quedó en el
interior de las dependencias, mientras los agentes conminaban a los
perseguidores a marcharse y a que presentaran denuncia ante la Policía Local, al
tratarse de un asunto circulatorio ocurrido en el interior del casco urbano. De
regreso, Martínez fue informado de que iba a ser llevado hasta las dependencias
de los agentes urbanos para ser sometido a una prueba de alcoholemia.

Según la citada versión, en ese momento el agricultor intentó
huir y mostró una actitud muy agresiva. Los guardias de servicio, incluido el
teniente que estaba al mando (José Manuel R.), lo redujeron y lo ataron de pies
y manos. "Era un hombre de gran corpulencia, de 1,90 de estatura y unos 100
kilos de peso", según las fuentes consultadas. Fue en ese momento cuando,
supuestamente, el teniente lo golpeó en varias ocasiones con una porra
eléctrica, que no es ilegal pero no forma parte de la dotación de defensas del
instituto armado desde 1991 y, por lo tanto, no es reglamentaria.

Sobre el pecho
El agricultor pasó a estar detenido bajo la acusación de
"atentado y resistencia a la autoridad". Poco antes de las 17.15, Martínez fue
conducido esposado al exterior del acuartelamiento por tres agentes que
pretendían introducirlo en un vehículo oficial para conducirlo a la Policía
Municipal. La versión oficial explica que mientras un guardia abría la puerta,
el agricultor se zafó, derribó a dos agentes e intentó huir. Los funcionarios
pidieron ayuda y acudieron dos compañeros más de los nueve que en ese momento
estaban en el puesto de Roquetas (la plantilla media de este acuartelamiento es
de 60 miembros del instituto armado).

Los cuatro funcionarios lo derribaron al suelo. Martínez cayó
de espaldas y sobre él se precipitaron los agentes. Los investigadores del
asunto sospechan que fue en ese momento, posiblemente debido a que uno de los
guardias cayó con la rodilla sobre el pecho del agricultor, cuando se produjo la
fractura del esternón de éste. De hecho, fue en ese instante en el que, según
esta versión, el detenido comenzó a sentir síntomas de asfixia.

Los informes del puesto de Roquetas de Mar aseguran que los
agentes llamaron entonces al centro de salud de la localidad y al 061 hasta en
cuatro ocasiones para pedir asistencia médica. Pero, indican, en ese momento no
había ambulancias disponibles, por lo que un agente fue a buscar a un médico en
un vehículo oficial. Finalmente, llegó la asistencia que, tras intentar reanimar
a Martínez, sólo pudo certificar, a las 17.50, el fallecimiento por parada
cardiorrespiratoria. Cuatro agentes fueron atendidos de mordeduras, fracturas de
dedos y otros traumatismos.

Toda la actuación en el exterior del acuartelamiento ha
quedado grabada en las cámaras de vídeo que vigilan el perímetro del
acuartelamiento de Roquetas. Su visionado corroborará o desmentirá esta versión.
La juez Estefanía López, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 1 de la localidad, ha citado como imputados a los nueve agentes que
participaron o estaban presentes en el momento de la muerte en el
acuartelamiento; entre ellos, el teniente, quien ha sido apartado del servicio y
al que se le ha abierto una investigación interna.

Ayer ya declararon tres de los agentes, quienes según su
abogado, Gustavo Arduán, utilizaron contra el detenido "una violencia
proporcional a las circunstancias" y que "no hubo agresividad activa". La
autopsia al cadáver no ha establecido las causas exactas de la muerte, aunque sí
refleja que el fallecimiento estuvo relacionado con la detención.

Según Arduán, la autopsia ni ha determinado que hubo agresión
ni que el fallecimiento fuera directamente provocado por la actuación de los
agentes. "Hay otras concausas", aseguró. Por el contrario, el abogado de la
familia del fallecido, José Ramón Cantalejo, sostiene que hubo "una
extralimitación de la Guardia Civil" y que la autopsia revela "que la muerte se
debió a la paliza que le pegaron, porque el cuerpo presenta golpes en todos los
miembros y es un verdadero recital de lesiones".

El fallecido, casado y con un hijo, será enterrado hoy en
Roquetas de Mar, once días después del fallecimiento.

ELPAIS.es
JORGE A. RODRÍGUEZ / MARÍA JOSÉ LÓPEZ DÍAZ - Madrid / Almería

El teniente expedientado fue objeto de una denuncia por malos tratos en febrero

El teniente de la Guardia Civil de Roquetas de Mar (Almería)
que ha sido suspendido de forma cautelar por parte de la Dirección General de la
Guardia Civil por el fallecimiento de un hombre en el cuartel de esta localidad
fue objeto, en febrero, de una denuncia por maltrato. La denuncia la interpuso
Juan Manuel San Martín, padre de Juan Antonio San Martín (21 años). El juzgado
no ha tramitado ni una sola diligencia, según los denunciantes. La acusación del
caso del agricultor fallecido el 24 de julio utilizará la denuncia de San Martín
como prueba "para pedir responsabilidades a la justicia".
Juan Manuel San Martín interpuso una denuncia por maltrato en
el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de El Ejido (Almería)
contra el teniente de la Guardia Civil de Roquetas José Manuel R. el 25 de
febrero pasado. "Fui a El Ejido porque en el juzgado de Roquetas lo mangonea
todo el teniente. Pero no se ha hecho ni una sola diligencia desde febrero",
explica Juan Manuel. En la denuncia se deja constancia de que su hijo "fue
detenido y maltratado por el teniente de la Guardia Civil de Roquetas de Mar" y
que, estando esposado, "le pegaron todo lo que quisieron".

El 24 de febrero, el joven San Martín conducía su vehículo por
la carretera de Alicún, de Roquetas de Mar, cuando un vehículo de la Guardia
Civil se puso tras él con la sirena encendida. "Ni siquiera me dio la señal de
alto. Me siguió sin más y al pasar la rotonda me encuentro que me está apuntando
con la pistola", explica el joven. Cuando paró, el teniente, según cuenta, le
sacó del coche, le empezó a golpear y le puso los grilletes. Fue entonces cuando
uno de ellos gritó: "Tíralo a la carretera y que le atropelle un coche". Según
explican Juan Antonio y su padre, la presencia de varios testigos impidió a los
agentes actuar en este sentido. "No lo mataron porque había testigos; si no, lo
habrían hecho. Contamos con esos mismos testigos cuando se celebre el juicio
algún día", asegura Juan Manuel.

"Allí mismo me pegaron una buena manta. Mi novia se asustó y
el otro que iba con él la cogió y le tiró del pelo. Me subieron esposado al
coche y me llevaron a un cañizo para pegarme más antes de llevarme a la Policía
Local", narra Juan Antonio. El joven asegura que el teniente le seguía "pegando
cates" mientras hacía la prueba de la alcoholemia delante de los policía
locales. "En la misma policía me pegó con la porra en las costillas y yo ya no
pude aguantar más y le di un cabezazo", reconoce. Juan Antonio San Martín, que
exigió que le hicieran pruebas toxicológicas en el Hospital del Poniente, pasó
tres días en el calabozo con palizas intermitentes a cuenta siempre del
teniente, según relata. "En un cuarto que tienen en el cuartel el teniente me
llegó a sacar la pistola y me la puso en la cabeza y en mis genitales. Era sólo
él. Todos los demás guardias civiles me trataron muy bien. Me animaban y me
daban cigarrillos", describe.

La intervención de un guardia civil subordinado al teniente
evitó que Juan Antonio recibiera una nueva paliza al tercer día de arresto: "Era
un guardia civil jovencillo, pero el más valiente de todos, porque le dijo: 'Mi
teniente, como le toque otra vez le denuncio'. Y entonces fue cuando me amenazó
de muerte con estas palabras: 'Sé dónde vives y te voy a encontrar. Si no voy yo
mandaré a dos tíos para que te encuentren en una zanja". Este hecho también
consta en la denuncia interpuesta en el juzgado ejidense.

Juan Antonio San Martín cuenta con partes médicos del hospital
-exigió ir al centro médico después de cada paliza- así como análisis
toxicológicos que dieron negativo. "A mí me puso en el expediente que iba
conduciendo en zigzag, esquivando coches y con maniobras bruscas, que portaba
una navaja y que llevaba una bolsa de coca. Todo falso, por eso exigí que me
hicieran pruebas", explica. El joven se lamenta de que también fuera el teniente
del cuartel de Roquetas el que hiciera la declaración a su novia. Además, el
padre no pudo ver a su hijo hasta el día siguiente al arresto. "Fui a la policía
municipal y no me lo dejaron ver. Al día siguiente, cuando amenacé con ir al
juzgado de guardia, me dejaron verlo dos minutos. Le pedí que se bajara los
pantalones y se quitara la camisa y estaba lleno de moratones", dice el
progenitor. Juan Antonio salió al tercer día tras la llamada de su abogado.

La familia San Martín también denuncia que el teniente
patrulla en sus guardias sin la identificación correspondiente a su rango y bajo
un seudónimo. "Se hace llamar Sebastián y lleva uniforme raso, sin las dos
estrellas que indican que es teniente", remachan.

ELPAIS.es
M. J. LÓPEZ DÍAZ - Almería

La AVT calificó a Marruecos de enemigo y pidió controlar a los árabes en un escrito al juez

La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) calificó a
Marruecos de "país enemigo" y pidió, en una querella en marzo de 2004, el
control "de individuos de raza árabe", tal como figura en el sumario del 11-M.
Éste es uno de los motivos alegados por la Asociación 11-M. Afectados de
Terrorismo en su recurso al auto del juez de la Audiencia Nacional Juan del
Olmo, en el que el magistrado que instruye el caso de los atentados de Madrid
indicaba que si la asociación de Pilar Manjón quería personarse como acusación
popular debía hacerlo bajo la representación legal y dirección jurídica de la
AVT.
En ese auto, dictado el 26 de julio, el magistrado aludía a
"una convergencia de intereses de todas las asociaciones personadas". La
asociación presidida por Pilar Manjón, en el recurso de apelación, al que ha
tenido acceso EL PAÍS, y que fue enviado el pasado viernes al juez, considera
por el contrario que existe una "pública y notoria divergencia" en sus
planteamientos respecto al proceso, que considera "inasumibles", y subraya una
incompatibilidad "absoluta y radical" entre los intereses procesales y los
puntos de vista de ambas asociaciones. Para justificar que "no existe ni la más
mínima sintonía ni puntos de vista en común", los abogados de la Asociación 11-M
hacen referencia en su escrito a "la única actuación procesal" de la asociación
de Alcaraz en el caso de la que tienen constancia, y que está incluida en el
sumario de los atentados de los trenes.

Se trata de una querella presentada el 12 de marzo de 2004, y
rechazada por el juez del Olmo a finales de ese mismo mes, en la que la AVT pide
la responsabilidad en los hechos de dirigentes de la organización terrorista ETA
que se encontraban en prisión desde hace varios años, así como la
responsabilidad "de quienes se amparan bajo las siglas de KAS y ETA con todo su
entramado, asociaciones políticas, juveniles, sindicales, gestoras de familiares
de presos ilegales y organizaciones afines".

La asociación de Manjón también se refiere a la ampliación de
esta querella, el 23 de marzo de 2004. En ésta, la asociación de Alcaraz se
refiere a "países de religión musulmana y enemigos del orbe cristiano" o
"elementos marroquíes conceptuados siempre como enemigos de nuestra nación en
todos los aspectos". Otras medidas que la AVT reclamaba son "la inmediata
clausura de la mezquita de la M-30 , previa entrada y registro a cualquier hora
del día y de la noche" y "la entrada y registro de todos aquellos locales que se
denominen mezquitas o centros culturales islámicos".

Estricta vigilancia

Pero también se requería "el listado de todos aquellos
individuos de raza árabe que legalmente hayan entrado en nuestro país, así como
todos aquellos que hayan sido controlados como inmigrantes ilegales al acceder a
nuestras costas desde un país enemigo como es Marruecos", y, por último, el
control "de cualquier ciudadano marroquí en su entrada o salida, dando cuenta de
ello a la Audiencia Nacional".

En su recurso, la Asociación 11-M considera estas posturas
"radicalmente incompatibles" con sus ideas y advierte de los problemas que
originarían estas posturas divergentes, de acudir de forma conjunta, a la hora
de plantear recursos, valorar figuras como cómplices o encubridores, etc.

Manjón, que indicó ayer que acudirán a todas las instancias
judiciales para que su recurso prospere, recalcó que la intención de sus
asociados es conocer la verdad, saber qué pasó, quiénes son los culpables. "No
queremos cerrar mezquitas ni que se siga intentado inculpar a ETA. El juez del
Olmo no ha encontrado ni un solo vínculo de la banda con los atentados", agregó
Manjón, que recordó también que muchos de sus asociados son musulmanes. Y zanjó:
"No tenemos nada que ver con los planteamientos de la AVT. No vamos a jugar
banderas partidarias, porque estamos hablando de que no tenemos con nosotros a
192 personas. Eso es lo que nos toca defender con una voz propia".

Los abogados de la Asociación 11-M también alegan que si en su
día se constituyó una asociación específica y de carácter mayoritario "era
porque ni los planteamientos éticos y jurídicos eran coincidentes con ninguna de
las asociaciones existentes". La asociación de Manjón recuerda además que las
posturas radicalmente diferentes mantenidas respecto a instituciones del Estado
y "las posturas abiertamente enfrentadas" respecto a la Comisión del 11-M hacen
imposible la personación bajo la representación legal de la AVT.

El recurso concluye que, de no atenderse su demanda, decenas o
centenares de sus asociados "al no verse representados por la AVT, pueden acabar
personándose de forma individual pudiendo provocar un auténtico y real colapso
del procedimiento".

Preguntado por el recurso, Alcaraz indicó: "No voy a entrar a
hacer valoraciones". En su opinión, es la Audiencia, "que siempre ha actuado así
-agrupando las distintas peticiones de acusación popular en una-, quien debe
decidir si es esto es posible en este proceso". Sin embargo, en declaraciones a
Servimedia manifestó que "acusación popular sólo hay una" y que ésta corresponde
a la AVT.

ELPAIS.es
E. GRANDA - Madrid

Suspendidos los nueve guardias civiles implicados en la muerte de un detenido en Roquetas

El Gobierno ha tomado hoy varias medidas para hacer frene al
escándalo desencadenado por la muerte de un detenido en el cuartel de la Guardia
Civil de Roquetas del Mar (Almería). El teniente J. M. R., que se encontraba al
mando en el momento de los hechos, ha sido suspendido de empleo durante seis
meses, al igual que los otros ocho agentes imputados por el juez. A todos ellos
se les ha abierto expediente. El ministro de Interior, José Antonio Alonso,
comparecerá el 17 de agosto ante el Congreso para dar a conocer los resultados
de la investigación sobre este suceso.
El agricultor Juan Martínez Galdeano, de 39 años, falleció el
24 de julio después de que cuatro agentes le redujeran por la fuerza (le tiraron
al suelo y cayeron sobre su pecho) a las puertas del puesto del instituto armado
de esa localidad almeriense (con 28.000 habitantes), según la versión de la
Guardia Civil. La autopsia relacionó de forma directa la muerte de Galdeano, que
acudió al cuartel tras sufrir un incidente de tráfico, con su detención, y
detalló marcas en su cuerpo que parecían fruto de haber recibido una paliza.

En un primer momento el Gobierno consideró que el cargo
político que debía explicar en el Congreso estos hechos debía ser el secretario
de Estado de Seguridad, Antonio Camacho. Sin embargo, las conversaciones
telefónicas mantenidas hoy por el presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez
Zapatero (de vacaciones en Lanzarote), y los ministros de Defensa, José Bono, e
Interior, José Antonio Alonso, han terminado con la decisión de que sea éste
último el que acuda a la Comisión de Interior de la Cámara Baja el próximo 17 de
agosto.

Además, Defensa e Interior han acordado suspender a los
agentes implicados (el teniente, siete números y un alumno de la Guardia Civil)
supuestamente en la muerte de Galdeano, en un intento de actuar "con la máxima
firmeza y el máximo rigor" para "corregir conductas inaceptables en un Estado de
Derecho", según han informado fuentes oficiales a la agencia de noticias Efe.

Es Defensa el departamento competente para imponer estas
sanciones (debido a la naturaleza militar del instituto armado), aunque el
pasado 26 de julio Interior suspendió "de manera fulminante" al teniente
(entonces, por tres meses) y le abrió un expediente por usar dos armas no
reglamentarias para reducir al detenido. De esta forma, el militar acumula dos
expedientes. Además, en estos momentos hay dos investigaciones abiertas, una
interna y otra judicial (en Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1
de Roquetas, al cargo de Estefanía López); si la juez decidiera procesar al
teniente, se paralizaría el trámite administrativo.

ELPAIS.es
ELPAIS.es / AGENCIAS - Madrid / Roquetas de Mar

Las agresiones contra musulmanes se multiplican en Londres tras el 7-J

Desde el pasado 7 de julio, en que murieron 56 personas en
Londres a causa de los atentados, la policía ha registrado 273 incidentes de
índole religiosa, la mayoría contra musulmanes, incluyendo ataques físicos y
daños contra la propiedad, indicó ayer Scotland Yard. A pesar de que decenas de
agentes protegen las mezquitas y más guardias que nunca patrullan las calles y
estaciones, los ataques en el último mes han sido mucho más numerosos que en el
mismo periodo de 2004, cuando sólo se produjeron 40 "incidentes" similares.
En los tres días posteriores al 7 de julio, la policía de
Londres registró 68 denuncias por agresiones a causa de "odio religioso",
mientras que en el mismo periodo del año anterior no se produjo ninguna.

"Ha habido un pequeño incremento de delitos relacionados con
la religión tras el 7 y el 21 de julio", indicó un portavoz de Scotland Yard.
"Pero ese aumento se puede deber a que la policía ha mejorado sus métodos
estadísticos y ha desglosado los delitos raciales y los religiosos", añadió.

Desde el 6 de julio al 1 de agosto del año pasado los
incidentes en Londres, tanto por odio racial como religioso, se situaron en
1.324 frente a los 1.432 en el mismo periodo de este año. Los incidentes por
razones de fe (no sólo islamofobia) ascendieron de 41 a 273.

"Los delitos por cuestiones de religión se elevaron durante
los días posteriores al 7 y 21 de julio, pero ya no se han vuelto a registrar
las mismas cotas que tras el 7 de julio", indicó ayer un portavoz de Scotland
Yard. "Queremos recalcar que no ha habido asesinatos, ni intentos de asesinatos,
ni desórdenes, ni daños muy graves" desde los primeros atentados en Londres,
añadió.

"Estamos trabajando estrechamente con los líderes de
comunidades étnicas y religiosas. El incremento de las denuncias puede ser visto
también como un reflejo de que las diversas comunidades de Londres tienen la
suficiente confianza en la policía como para tomar en serio esos incidentes",
señaló la citada fuente.

La mayoría de las denuncias, según Scotland Yard, se
produjeron tras "agresiones verbales, daños físicos y otros hechos no
violentos". Ninguna de esas agresiones fueron letales, pero la policía reconoce
el "efecto desproporcionado que puede ocasionar en las víctimas", indicó la
citada fuente. "Nosotros animamos a cualquiera que sufra o presencie cualquier
tipo de agresión xenófoba a que nos llame. Todas las denuncias serán
investigadas por agentes especializados en la materia y supervisada por un
representante de la comunidad".

La publicación de estas cifras llega cuando aún se hacen eco
los periódicos en sus primeras páginas del crimen de Anthony Walker, un
estudiante de 18 años muerto en la noche del viernes al sábado de un hachazo en
la cabeza en Liverpool cuando acompañaba a su novia a la estación.

La causa, según la policía, sólo es racial. Era negro. Dos
hombres blancos, de 17 y 20 años, se entregaron ayer a la policía en el
aeropuerto de Liverpool, al que llegaron desde Amsterdam, como sospechosos del
asesinato. Uno de ellos, el más joven, es hermano del jugador del Manchester
City Joey Barton, quien emitió un mensaje por televisión pidiéndole a su hermano
que se entregase.

Por otra parte, un hombre de 23 años, Ismael Abdurahman ha
sido el primer inculpado formalmente por la policía por los atentados del 21 de
julio. Abdurahman, residente de Kennington en el sur de Londres, tendrá que
comparecer hoy ante la justicia. La policía lo acusa de haber retenido "entre
los días 23 y 28" informaciones clave para detener o perseguir a terroristas que
perpetraron los atentados.

La policía ha detenido hasta el momento a 37 personas
relacionadas con los ataques terroristas, de las cuales 23 fueron puestas en
libertad sin cargos y 14 permanecen aún bajo custodia.

ELPAIS.es
FRANCISCO PEREGIL (ENVIADO ESPECIAL) - Londres

AI denuncia que EE UU ha detenido a 70.000 personas fuera de su territorio

Un informe publicado hoy por la organización humanitaria
detalla el caso de Salah Nasser Salim Ali y Muhammad Faraj Ahmed Bashmilah, dos
yemeníes detenidos durante 18 meses por EEUU en una prisión secreta de Jordania.

Encadenados sin ver la luz

AI asegura que los detenidos, residentes en Indonesia, están
encadenados, sin ver la luz solar y sin poder contactar con familiares o
abogados.

Ambos relataron a AI que fueron torturados durante cuatro días
por los miembros del servicio de inteligencia jordanos antes de ser enviados por
avión a prisiones subterráneas no identificadas donde permanecieron durante más
de año y medio sin haber sido acusados de delito alguno.

Ahora se encuentran en una prisión de Yemen, detenidos por las
autoridades del país, que -siempre según AI- reconocen que no se han formulado
cargos contra ellos y que, por lo tanto, no hay razón para que tengan que
permanecer encarcelados.

AI reclama la liberación inmediata de ambos, a no ser que sean
inculpados por alguna infracción prevista por la ley y que sean juzgados a
través de un procedimiento justo.

Nuemrosas detenciones secretas

"La situación de estos dos hombres es sólo un ejemplo más de
las numerosas detenciones secretas que están llevando a cabo las autoridades
estadounidenses en todo el mundo", aseguró la investigadora de AI, Sharon
Critoph, que se ha entrevistado con los citados yemeníes.

En su opinión, Washington debe revelar la identidad de todas
las personas detenidas secretamente, concretar los lugares de encarcelamiento y
permitir una inspección internacional en los mismos. También cree que los países
que colaboran en estas violaciones son responsables de esta situación.

ELPAIS.es
EFE - Lausana

La policía Marroquí tira al aire y mata a un compatriota que pretendía salir en una patera desde Nador

La muerte es la primera de este tipo desde que Marruecos elevó
las medidas para luchar contra la emigración ilegal, en un intento de satisfacer
las peticiones de la Unión Europea.

La víctima, no identificada, resultó muerta el lunes después
de que miembros de las fuerzas de seguridad magrebíes dispararan al aire para
poner fin a los enfrentamientos con un grupo "particularmente violento" de
aspirantes a emigrar que estaban armados con espadas y cuchillos, dijo la radio
estatal.

Los enfrentamientos estallaron después de que las fuerzas de
seguridad impidieran un intento de zarpar a costas españolas de 72 marroquíes,
desde un área cercana a la ciudad de Nador, agregó el medio.

La asociación Amigos y Familiares de Víctimas de Emigración
Clandestina (AFVIC) dijo que el incidente fue el primero de este tipo tras
enfrentamientos.

Melilla Hoy
Por : M. Hamed

Desciende el número de pateras y cambia el perfil de los ocupantes

Los inmigrantes interceptados cuando intentaban alcanzar las
costas españolas en patera disminuyeron un 17% en el primer semestre del año en
relación con el mismo periodo de 2004. Una tendencia a la baja que se viene
dando desde principios del año pasado, durante el cual el número de extranjeros
detenidos cayó un 18%. El perfil de los ocupantes de estas embarcaciones ha
variado. Llegan más mujeres y más menores. En lo que va de año han arribado a
Cádiz 34 bebés.
En los seis primeros meses del año, un total de 4.532
extranjeros fueron detenidos cuando intentaban alcanzar llegar a las costas
españolas en estas embarcaciones. De ellos, 1.721 fueron arrestados en las Islas
Canarias y 2.811 en la zona del Estrecho. El año anterior habían se habían
contabilizado un total de 5.481.

Respecto a las zonas a las que llegan los extranjeros, los
últimos datos facilitados por la Secretaría de Estado de Inmigración y
Emigración indican que mientras el número de inmigrantes interceptados en
Canarias desciende un 46%, en el Estrecho aumenta un 24%. El descenso del 17%
del número de inmigrantes interceptados en el primer semestre esconde también un
dato llamativo: la evolución en los últimos tiempos del perfil de los ocupantes
de las barquillas. Mujeres, muchas veces en avanzado estado de gestación,
menores y bebés, comienzan a ser una constante en este penoso método para llegar
a España en busca de un futuro mejor.

Otros datos, en este caso facilitados por la Comisaría General
de Extranjería, indican una avalancha de menores marroquíes no acompañados
llegados en barquillas. En los seis primeros meses del año ya han salido del
país vecino más extranjeros de menos de 18 años que en todo 2004. Un 123% más,
hasta alcanzar los 365.

Una situación que ha colapsado los centros asistenciales de
varias comunidades autónomas. El motivo de esta avalancha es que los menores, al
contrario que los adultos, que son devueltos a Marruecos en 24 horas, están
protegidos por una legislación nacional e internacional. Con esta legislación,
los menores no acompañados son tutelados por la comunidad autónoma de acogida,
en cuyos centros viven hasta que cumplen la mayoría de edad y obtienen el
permiso de residencia, o bien hasta que las autoridades localizan a sus
familiares y proceden a su repatriación.

Actualmente hay unos 9.150 menores no acompañados que viven en
España bajo la tutela del Estado y de estos, unos 4.100 son marroquíes. Las
redes mafiosas de tráfico de seres humanos, conocedoras de esta legislación,
ofrecen a las familias el traslado de los menores con la seguridad de que es
casi imposible que sean devueltos a su país.

También se ha detectado un aumento del número de bebés. Sólo
en las costas de Cádiz, en lo que va de año, han sido interceptados 34 lactantes
(incluidos los 10 llegados ayer), según informa Efe citando fuentes de Cruz
Roja.

La mayoría de las mujeres que llegan a la costa gaditana con
sus pequeños proceden del África subsahariana. Uno de los episodios más trágicos
se vivió el pasado abril, cuando un bebé fallecía en los brazos de su madre
durante el trayecto en patera.

Una vez que llegan a suelo gaditano, las madres y sus hijos
son trasladados al Centro de Atención de Inmigrantes de Tarifa, dependiente de
la parroquia de San Mateo de este municipio, donde se les proporciona ropa y
comida hasta que tramitan su documentación.

ELPAIS.es

El PSOE pide a Marruecos que actúe contra las mafias de seres humanos

El portavoz de Inmigración del Grupo Socialista en el
Congreso, Antonio Hernando, calificó ayer de "máxima gravedad" el hecho de que
10 bebés llegaran en patera a la costa de Tarifa. "Este suceso supone un
agravamiento cualitativo, desde el punto de vista humanitario, del tráfico
ilegal de seres humanos que desde las costas marroquíes llegan a España", dijo
Hernando.

Para el diputado socialista, "es necesario que ambos
Gobiernos, el español y el marroquí, aceleren las medidas que recientemente han
acordado para impedir este tráfico diabólico de seres indefensos". Según
Hernando, "es muy preocupante que las personas que deseen emigrar se estén
jugando la vida en el Estrecho y en la costa canaria, pero es mucho más
dramático que en ese intento de emigración ilegal se estén poniendo en peligro
la vida de bebés recién nacidos que son mucho más vulnerables ante cualquier
accidente que puedan sufrir las embarcaciones en las que son trasladados".

Hernando valoró positivamente que el tráfico de pateras con
Marruecos "haya descendido un 18% respecto a años anteriores". "Pero mientras
sigan ocurriendo hechos tan lamentables como éste, será necesario que se
extremen las precauciones y los medios para evitar y prevenir posibles
desgracias", aseguró.

Compromiso de Rabat
El pasado 18 de julio, la secretaria de Estado de Inmigración,
Consuelo Rumí, se reunió con el director general de asuntos internos del
Ministerio de Interior marroquí, Mohieddin Amzazi. De esa reunión salió el
compromiso de Rabat de construir centros de acogida y formación para los menores
marroquíes que las autoridades españolas repatríen. Para ello, contará con la
ayuda técnica y financiera de España.

En opinión de Antonio Hernando, los Gobiernos de España y
Marruecos deben aplicar con el máximo rigor la legislación en materia de tráfico
de personas a las mafias que trafican con los inmigrantes, extorsionándoles y
poniendo en riesgo sus vidas. "Considero necesario que al tratarse de tráfico
migratorio de menores, la legislación penal de ambos países se aplique con la
máxima severidad a las mafias que extorsionan y ponen en riesgo la vida de estos
seres humanos", apuntó.

El presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, también
pidió a principios de junio al ministro del Interior marroquí, Mustafá Sahel,
que redoble sus esfuerzos en la lucha contra el paso de menores de edad en
pateras. El portavoz del Ejecutivo andaluz, Enrique Cervera, aseguró entonces
que la Junta "está profundamente preocupada" por el incremento de la llegada de
menores.

ELPAIS.es

Una decena de bebés llega a la costa de Tarifa a bordo de una patera

El tráfico clandestino de seres humanos en el Estrecho resulta
cada vez más desgarrador. La Guardia Civil interceptó el lunes una embarcación
en la que viajaban 20 adultos y 10 bebés subsaharianos, que desembarcaron en una
playa de Tarifa (Cádiz) pasadas las diez de la noche. Sólo una mujer embarazada
de ocho meses necesitó atención médica especializada. Los pequeños y sus madres
permanecen al cuidado de una ONG. En lo que va de año, Cruz Roja ha atendido en
Cádiz a 34 niños lactantes (de menos de 24 meses) llegados en patera. Uno de
ellos falleció en brazos de su madre en abril.
Hace años que por el Estrecho ya no cruzan propiamente
pateras, sino embarcaciones más rápidas y flexibles para navegar de orilla a
orilla. Pero también ha cambiado el perfil de sus ocupantes. Si antes sólo
viajaban adultos varones, al principio marroquíes, en los últimos tiempos ha
crecido la cifra de mujeres, menores no acompañados y bebés, casi todos
originarios de países de la llamada África subsahariana.

La barca interceptada el lunes por la Guardia Civil frente al
litoral de Tarifa (Cádiz) transportaba 3 hombres, 17 mujeres (dos de ellas
embarazadas) y 10 bebés, de entre 2 y 24 meses, que recibieron atención
sanitaria de la Cruz Roja al llegar a tierra. Una de las ocupantes de la patera
fue localizada posteriormente a 150 metros del lugar del desembarco.

Ninguno de los inmigrantes presentaba dolencias graves, según
el responsable de los equipos de respuesta inmediata de Cruz Roja en Cádiz,
Manuel Fénix, que les asistió en la playa Jabonera de Bolonia, donde desembarcó
el grupo.

Sólo una de las mujeres, embarazada de ocho meses, fue
trasladada al hospital Punta Europa de Algeciras debido a los mareos y a los
síntomas de hipotermia que presentaba, aunque recibió el alta a primera hora de
la mañana de ayer.

El resto de los inmigrantes, incluidos los 10 bebés, sus
madres y una segunda embarazada de pocos meses, no requirieron atención médica
especial. "Todos vienen en buen estado, aunque algunos tenían malestar general y
desnutrición", aseguró Fénix, que se sorprendió al observar cómo jugaban algunos
niños tras el desembarco. "Desde luego, ellos están ajenos al peligro de cruzar
el Estrecho", comentó.

Las 10 mujeres y sus bebés fueron trasladados a una casa
tutelada por una ONG, según informó la Consejería de Igualdad y Bienestar
Social. La expedición clandestina, a bordo de una lancha neumática semirrígida
de unos siete metros de eslora, fue avistada cerca de la playa Jabonera a las
22.17 por un navegante que alertó a la Guardia Civil.

El delegado del Gobierno en Andalucía, Juan José López Garzón,
explicó que el procedimiento administrativo que se sigue en estos casos será
similar al de cualquier inmigrante procedente de países con los que España
carece de acuerdo de repatriación: "Se les comunica la orden de expulsión y
saben que desde ese momento permanecen en un país del que tienen que salir". En
la práctica se convierten en inmigrantes que engrosan la bolsa de irregulares.

López Garzón descartó que la presencia de bebés, que ha
aumentado en los últimos años, obedezca a una estrategia diseñada por las mafias
que controlan el tráfico de inmigrantes entre Marruecos y España.

El defensor del pueblo andaluz, José Chamizo, calificó de
"escandaloso" que "el tráfico de seres humanos derive cada día más en niños".
Chamizo agregó que las autoridades marroquíes pueden realizar "más control" para
evitar la salida de embarcaciones.

Por otra parte, la Guardia Civil interceptó ayer, a las 8.00,
una patera con 24 inmigrantes a 20 millas al sur de rambla Guarea en
Gualchos-Castell de Ferro (Granada), informa Efe. A bordo de la embarcación,
interceptada por el SIVE (Servicio Integral de Vigilancia del Estrecho), iban
adultos marroquíes, que permanecerán en un centro de acogida del puerto de
Motril hasta su repatriación. Dos de lo inmigrantes recibieron asistencia médica
por heridas de escasa gravedad.

En lo que va de año la Guardia Civil ha interceptado frente a
la costa de Granada 1.500 extranjeros. La puesta en marcha del SIVE ha ayudado a
incrementar la cifra de embarcaciones localizadas.

ELPAIS.es
TEREIXA CONSTENLA - Tarifa

Tres de los nueve guardias civiles imputados por la muerte de un detenido declaran ante el juez

Pasadas las 13.00 horas han comenzado a declarar en el juzgado
de Instrucción número 1 de Roquetas de Mar (Almería) tres de los nueve guardias
civiles imputados por la muerte, el pasado 24 de julio, de Juan Martínez
Galdeano, a quien el teniente J.M.R propinó una brutal paliza en un cuartel de
esa localidad cuando estaba detenido. El Ministerio del Interior ha suspendido
tres meses de su cargo al teniente. Según el abogado de la familia de la
víctima, el agente fue denunciado en febrero pasado por unos hechos similares
aunque sin resultado de muerte.
El próximo viernes prestarán declaración otros tres imputados,
entre ellos J.M.R, y el próximo lunes el resto. El teniente utilizó dos porras,
una eléctrica y otra extensible, ninguna de las cuales son reglamentarias, para
propinar la mortal paliza al fallecido. Por ello, el Ministerio del Interior ha
abierto un expediente disciplinario al agente por los métodos utilizados.

Juan Martínez Galdeano, agricultor de 39 años, casado y con un
hijo de 19, fue detenido y trasladado al cuartel tras una discusión sobre un
accidente de tráfico en el que presuntamente estuvo implicado. Según la Guardia
Civil, el hombre murió a consecuencia de un paro cardiaco. De acuerdo con esta
versión, la víctima había estado ingiriendo una droga no especificada desde el
día anterior al accidente, y reaccionó de forma violenta contra los agentes en
el lugar del siniestro, por lo que fue reducido y detenido; una vez en el
cuartel, volvió a alterarse y terminó muriendo de un paro cardiaco durante un
forcejeo con agentes, algunos de los cuales resultaron heridos con mordeduras,
fracturas en los dedos y erosiones. La familia de Juan Martínez Galdeano ha
interpuesto una denuncia por "lesiones con resultado de muerte" y por el "trato
degradante" que recibió la víctima.

Causa de la muerte

La autopsia al cuerpo sin vida de Martínez Galdeano concluye
que "la causa inmediata de la muerte es una insuficiencia respiratoria o
cardiorrespiratoria aguda -síndrome asfíctico general-", pero asegura que
"existe una relación de causalidad entre el fallecimiento y la situación de
detención del sujeto". El informe médico, hecho público por el abogado de la
familia, José Ramón Cantalejo, añade que el hombre pudo morir por la presión
recibida al ser sujetado de pies y manos con la espalda contra el suelo.

"No se descarta que una inmovilización del sujeto, con las
manos y pies fuertemente asidos y traccionados, presionando la espalda contra el
suelo y apoyándose encima puedan ser el precipitante final por restricción de
movimientos en la caja torácica y anoxia consecuente del cuadro asfíctico
observado", dice el informe, que no obstante precisa que "deben considerarse
otras concausas que en mayor o menor medida pueden haber estado presentes".

Las otras causas que pudieron concurrir en esta muerte están
siendo "sometidas a estudio". Sin embargo, el informe cita un cuadro de lesiones
que incluye "numerosos infiltrados hemorrágicos que indican golpes de cierta
intensidad", y añade que en la cara "son evidentes numerosos golpes, apareciendo
hematomas externos bien visibles sobre la frente, el pómulo y el ojo derecho".
La autopsia señala también que el fallecido fue sujetado con fuerza por el
cuello, aunque sin provocarle asfixia; fue golpeado en el pecho o la espalda y
en la boca; recibió entre tres o cinco golpes con una porra en el tórax y ocho
más en la zona lumbar; y fue arrastrado por el suelo y lanzado contra el suelo
boca abajo.

José Ramón Cantalejo ha señalado que la autopsia da la razón a
la familia, y ha calificado de "salvajada" la paliza que recibió la víctima,
que, según ha dicho, "estaba atada de pies y manos, tenía atados los tobillos y
porrazos hasta en los pies". Cantalejo ha contado también, en declaraciones a la
Cadena SER, que el teniente expedientado había sido objeto de una denuncia
anterior. La denuncia fue presentada el pasado 25 de febrero en un juzgado de El
Egido por un hombre que acusó al teniente de pegar fuertemente a su hijo
mientras estaba detenido.

ELPAIS.es
ELPAIS.es /AGENCIAS - Madrid / Almería

El Gobierno calcula que quedan 120.000 extranjeros en situ ación irregular

La secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Consuelo
Rumí, apuntó ayer que el Gobierno calcula que en España quedan 120.000
extranjeros en situación irregular tras el plan de regularización del Ejecutivo.
Rumí anunció la puesta en marcha de un plan estratégico para la integración, que
atenderá también la situación de la inmigración cualificada, y avanzó que el
Gobierno creará un observatorio contra el racismo y la xenofobia a partir de
septiembre. También recordó que el presupuesto para políticas de inmigración
asciende este año a 128 millones de euros, frente a los 7,5 millones del
ejercicio anterior.

La secretaria de Estado insistió en que después del esfuerzo
realizado por el Gobierno en el proceso de regularización de inmigrantes "es
hora de políticas de integración". Rumí, que participó en el curso Inmigración,
fronteras para la integración, organizado por la Universidad Complutense de
Madrid, aseguró que tras el proceso de regularización que se desarrolló entre el
7 de febrero y el 7 de mayo pasados han quedado cerca de 120.000 inmigrantes en
situación irregular. Una cifra que el Ejecutivo compara a la que existe en otros
países de la Unión Europea como Francia o Italia.

Para los que no han podido aprovechar el proceso de
regularización, Rumí explicó que sólo podrán atenerse a lo que dicta el
Reglamento sobre la contratación en sus países de origen o acogerse al concepto
de "arraigo social" contemplado en el Reglamento mediante la ley de acogida.

Respecto a la creación, el próximo otoño, de un plan
estratégico de integración avanzó que éste contemplará programas de acogida,
educación, empleo, igualdad de trato y sensibilización para los inmigrantes. El
proyecto contempla un procedimiento administrativo para integrar a los
extranjeros de alta cualificación para que se puedan quedar en España "en tiempo
y forma", aseguró Rumí. También comentó que el observatorio contra el racismo y
la xenofobia trabajará de manera preventiva "para abortar cualquier síntoma de
racismo". Además, anunció, se creará un mapa de riesgos para actuar con tiempo y
evitar que se produzcan este tipo de situaciones.

Rumí calificó de "fracaso" las políticas de integración del
anterior Gobierno del PP. Este año, indicó, el presupuesto para políticas de
integración asciende a 128 millones de euros, frente a los cerca de 7,5 millones
invertidos el año anterior, apuntó. Rumí precisó que tras el proceso de
regularización, con más de 550.000 resoluciones positivas, ya se han afiliado a
la Seguridad Social cerca de 360.000 extranjeros.

El 'efecto parabólica'
Por su parte, el embajador de España en Marruecos, Luis
Planas, señaló que en España viven cerca de 530.000 inmigrantes marroquíes,
según su estimación. Planas señaló que muchos llegan por "el efecto parabólica",
en referencia al medio por el que la información llega a Marruecos a través de
la televisión, donde descubren la diferencia del nivel de renta.

El embajador, anunció la colaboración entre España y Marruecos
para crear albergues o "centros de acogida" de menores marroquíes para "lograr
un retorno familiar y una integración responsable". Y apuntó un cambio "radical"
entre las relaciones de cooperación entre España y Marruecos en materia de
inmigración, lo que se ha reflejado en un descenso del 17% en la llegada de
inmigrantes en pateras en lo que va de año.

ELPAIS.es
J. SÉRVULO GONZÁLEZ - San Lorenzo de El Escorial

José Ejea prisionero de Mauthausen:" Fue un verdadero infierno que muchos compañeros no pudieron soportar"

Hace 60 años se produjo la liberación de los prisioneros del
campo de concentración de Mauthausen. Entre los liberados se encontraban varios
españoles, uno de ellos era José Ejea Pujante. Es miembro de la Amical
Mauthausen y estuvo el paso mes de mayo en el homenaje del 60 aniversario del
campo de concentración.

--Antes de ser apresado por los alemanes luchó en la Guerra
Civil española. Usted nació en 1921, por lo que pertenecía a la quinta del
biberón, ¿cómo lo recuerda?

--Cuando comenzó la guerra quise alistarme, pero mi padre no
me dejó. Luego me reclutaron en el 38 y estuve luchando en el frente
republicano, era muy joven pero estaba comprometido con mis ideales.

--Luego se exilió a Francia, ¿fue allí cuando lo apresaron los
soldados alemanes?

--Sí. Los españoles que nos exiliamos dejamos un conflicto
para entrar en otro, la Segunda Guerra Mundial. Yo estaba trabajando para el
ejército francés cuando nos cogieron a mí y a otros dos españoles más. Pero un
soldado alemán no tenía nada que ver con un fanático de las SS, los primeros nos
trataban como prisioneros de guerra, pero los nazis nos maltrataron
salvajemente.

--¿Cuando llegó al campo de concentración de Mauthausen?

--Fue el 27 de enero de 1941. Antes, estuve en un campo de
prisioneros y un día nos metieron en un tren y nos llevaron a Mauthausen. Nos
trasladaron en un vagón donde íbamos más del doble de la capacidad que tenía, no
podíamos ni agacharnos.

--¿Cual fue la peor vivencia?

--La muerte de mi padre, estaba en el campo de concentración
conmigo, no resistió. Murió en las Navidades de 1942. Pero en general todo el
tiempo que estuve allí dentro fue un verdadero infierno que muchos compañeros no
pudieron soportar.

--¿Cómo recuerda su vuelta a España en 1948?

--Volví con la dictadura de Franco. No tenía papeles, era un
prófugo. Fue muy duro, tenía que esquivar a la policía, no podía abrir la boca.
Tuve que sacrificar parte de mi vida hasta que murió el dictador.

--¿Se llega a superar el vivir en un campo de concentración?

--Estar en un campo de concentración nazi no se puede olvidar
nunca. Ahora, lloro como un niño cada vez que veo en televisión que se maltrata
a alguien o al comprobar las ínfimas condiciones que viven en algunos países.

--¿Cree que la gente joven se ha olvidado de estos episodios
de la historia?

--Un poco. Y les diría que se comprometiesen más con la vida
política del país. No puedo soportar cuando les oigo decir yo paso de política .
No se dan cuenta que España no está bien políticamente, y que son ellos, los
jóvenes, los encargados de hacer cambiar la política del país.

El Periódico de Aragón.
DAVINIA LUMBRERAS 01/08/2005

Continuan los intentos nazis en Jumilla (Murcia) por atacar a la población inmigrante

Agentes de la Guardia Civil de Jumilla realizaron la noche del
viernes 40 denuncias por diferentes motivos y se incautaron de 18 bates de
béisbol y siete navajas de grandes dimensiones.
Además, las fuerzas de seguridad detuvieron la tarde de ayer a
un joven de 24 años como presunto autor de un delito de desorden público en los
incidentes ocurridos en las puertas del ayuntamiento jumillano el pasado 19 de
julio durante la visita del delegado del Gobierno. Según fuentes policiales, el
joven es vecino de Jumilla y arrastra antecedentes por tráfico y consumo de
drogras. Esta persona es el octavo detenido por los incidentes del 19-J.

La amenaza de un estallido de violencia continúa latente. 40
guardias civiles del G.R.S. número 1 de Madrid, además de cuatro patrullas Lince
de la comandancia de Murcia, junto a los agentes del puesto de Jumilla,
patrullan las calles de la ciudad. Los efectivos de los cuerpos de seguridad
realizan diferentes controles y registros con el fin de evitar que se produzcan
peleas y reyertas entre jóvenes españoles e inmigrantes. La noche de ayer se
incorporó a este despliegue de medios, un perro antidroga de la Guardia Civil,
con el fin también de perseguir el tráfico de drogas al menudeo que tiene lugar
en la ciudad del Altiplano.

Importante desalojo
En otro orden de cosas, agentes de la Guardia Civil de Jumilla
procedieron el viernes al desalojo de una nave donde se refugiaban 50
inmigrantes y donde ya habían ocurrido diferentes peleas y altercados. el
desalojo se produjo a consecuencia de una orden judicial dictaminada tras la
pertinente denuncia realizada en su día por los propietarios de la nave,
conocida en Jumilla como 'naves de Pergan'. El lugar cuenta en la actualidad con
vigilancia las 24 horas del día.

El Faro de Murcia

Marruecos tutelará a los menores sin papeles y construirá centros en el norte de África

El embajador de Marruecos en España, Omar Azziman, trasladó el pasado miércoles a las autoridades andaluzas el compromiso de su país para asumir la tutela de los menores que llegan solos a la Península, la mayoría en pateras, y para construir en el norte de su territorio centros de acogida en los que se instalen estos niños hasta localizar a sus familias. Éstas son algunas de las propuestas que se debatirán el próximo día 18 en la comisión hispano-marroquí sobre inmigración que se celebrará en Madrid y que, según la consejera de Gobernación andaluza, Evangelina Naranjo,
mitigarán la llegada de menores inmigrantes a Andalucía y facilitará la labor
humanitaria.
Naranjo explicó ayer que, tras su reunión el
pasado miércoles con el embajador, éste le hizo llegar el compromiso de su país.
"Hay una disposición clara -apuntó la consejera- por parte de Marruecos" a
asumir la tutela de los menores y a abrir centros de acogida.

"Al ser un país hermano y muy cercano se estudia
que la tutela de estos menores pasen de la Junta al propio Gobierno marroquí
antes de la reagrupación familiar", argumentó la consejera tras presidir la
constitución del Comité Asesor del Plan Territorial de Emergencias de Andalucía.
A su juicio, en la reunión con Omar Azziman, éste le hizo llegar que "el
Gobierno marroquí está comprometido y firme" en esa colaboración.

Según la Junta, posiblemente se empezaría con la
construcción de "tres o cuatro centros", si bien, Naranjo dijo no poder dar más
detalles porque el tema lo tendrá que analizar la comisión, en la que
participarán representantes de los gobiernos de Andalucía y Canarias.

Tras calificar de "cordial" la entrevista, la
consejera detalló que en ella se abordó la política migratoria, especialmente la
atención a menores no acompañados, y que no se trató el asunto del Sahara,
puesto que es "competencia del Ministerio de Asuntos Exteriores".

Sobre los centros de acogida de menores de la
comunidad, la titular de Gobernación sostuvo que están "en una situación
delicada y compleja", sobre todo, después de las últimas llegadas y admitió que
faltan recursos, fundamentalmente, de espacio.

Ante las declaraciones realizadas el pasado
miércoles por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
(TSJA), Augusto Méndez de Lugo, quien apuntó que estos centros pueden ser un
canal hacia la delincuencia, Naranjo advirtió de que "sería muy grave" que en el
caso de los menores se asocie "delincuencia e inmigración". "Este tipo de
manifestaciones no se las recomiendo a nadie, por muy jefe del tribunal que se
sea de cualquier zona de España y del mundo", espetó.

La responsable de la Consejería de Gobernación de
la Junta defendió que los centros de menores no son "la puerta abierta a ninguna
actitud de delincuencia ni de niños andaluces ni de extranjeros".

Por su parte, la directora general de Infancia y
Familia de la Junta, Carmen Belinchón, reconoció ayer que por primera vez el
Plan de Emergencia de acogida de inmigrantes "está al límite de sus
posibilidades", por lo que instó al Gobierno central y al marroquí a reforzar su
colaboración "porque la Junta no puede hacer más".

Este Plan de Emergencia consiste en poner a estos
menores a disposición del resto de los recursos residenciales del sistema de
protección, tanto de los de atención preferente a extranjeros de otras
provincias andaluzas como del resto de los centros de protección de titularidad
pública.

Y el presidente de Andalucía Acoge, Abderramán
Essaadi, advirtió ayer de que detrás de la llegada masiva de menores inmigrantes
a las costas andaluzas en pateras puede encontrarse una nueva técnica de las
mafias que, en lugar de tentar a los adultos con un viaje a España, garantizan a
las familias que los menores, tras cruzar el Estrecho, no podrán ser repatriados
por su edad. Essaadi alertó de que este fenómeno es "muy reciente", puesto que
"antes los menores llegaban en los bajos de los camiones, porque un viaje en
embarcación hacia el litoral español resulta muy caro". Sin embargo, ahora estos
inmigrantes "pagan más de 1.000 euros" por una travesía que, "probablemente"
sufragan sus padres.

Europa Sur
N. JIMÉNEZ / AGENCIAS
sevilla / rabat.

La Guardia Civil rescata el cadáver de un inmigrante hindú en la Boca del León

La Guardia Civil rescató al mediodía de ayer el cadáver de un
joven hindú que se había ahogado en uno de los acantilados de Melilla La Vieja,
concretamente en las proximidades de la Boca del León, y que llevaba
desaparecido desde principios de la semana pasada.

Según explicaron fuentes de la Delegación del Gobierno, la
Sección Fiscal del Muelle de la Guardia Civil recibió una comunicación del
avistamiento de un cadáver flotando sobre el mar, motivo por el que varias
unidades del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) del Instituto
Armado se desplazaron al lugar con una embarcación tipo zodiac.

El rescate entrañó algunas dificultades, según comentó uno de
los testigos presenciales que se congregaron en la muralla del Pueblo para
observar el trabajo de la Guardia Civil en la recuperación del cadáver. Al
parecer, el cuerpo pesaba bastante al haber estado varios días a la deriva, por
lo que los agentes no pudieron subirlo a la embarcación y optaron por remolcarlo
hasta las instalaciones portuarias.

Patera con seis inmigrantes
Un ciudadano hindú, que denunció la desaparición de su
compatriota el pasado 28 de junio, fue el encargado de reconocer el cadáver al
haber sido los dos ocupantes de una patera en la que llegaron a la zona española
y que no consiguió alcanzar la costa.

Este inmigrante relató que en la embarcación viajaban ocho
ciudadanos hindúes y dos marroquíes que la patroneaban. Sin embargo, cuando
apenas quedaban 50 metros para llegar a la costa, los marroquíes obligaron a los
hindúes a abandonar la patera y alcanzar la costa a nado, por lo que llegaron a
tierra siete de los ocho inmigrantes.

A través de un comunicado de prensa, la Delegación del
Gobierno apuntó que los GEAS de la Comandancia de Melilla hicieron un
reconocimiento de la zona a la que llegó la patera con los inmigrantes, si bien
este rastreo finalizó sin ningún resultado positivo.

La Boca del León fue el escenario de la recuperación del
cadáver

Melilla Hoy
Por : Paqui Sánchez T

ERC pregunta por el trato a los inmigrantes en el intento de éstos de entrar en Melilla

ERC pedirá la comparecencia de los ministros de Interior y
Defensa para que expliquen los pormenores de la operación llevada a cabo por la
Guardia Civil durante la madrugada del 23 de junio, cuando hubo un intento
masivo de entrada de inmigrantes por la frontera melillense

Los republicanos Rosa María Bonás y Joan Tardá
durante su comparecencia ante los medios.
Eder barandiaran mELILLA

El grupo parlamentario de Ezquerra Republicana de Catalunya
(ERC) pedirá la comparecencia de los ministros de Interior y Defensa para
explicar lo sucedido durante la madrugada del 23 de junio, cuando un grupo muy
numeroso de subsaharianos trataron de entrar en territorio español a través de
la frontera de Melilla, tal y como explicaron ayer a los medios los
parlamentarios de esta formación, Joan Tardá y Rosa María Bonás, que han estado
visitando la zona.
"Hay indicios de que hubo uso de fuerza desproporcionada por
parte de la Guardia Civil y de la Legión", señaló Bonas, que afirmó contar con
fotografías en las que se ve a inmigrantes con roturas de brazos y piernas.

La catalana explicó que su formación desea la comparecencia de
los responsables de Interior y Defensa "para que expliquen los hechos y si hay
que esclarecer responsabilidades por una mala actuación de la Guardia Civil, de
la Legión o de ambos".

Los miembros de ERC se mostraron a favor de que el Instituto
Armado proteja las fronteras, "pero siempre dentro del marco de la ley y del
estado de derecho" y pusieron de manifiesto que "lo que no se puede hacer es el
abuso de la fuerza y el maltrato de las personas".

Entre las preguntas, que ya están presentadas en el Congreso y
que deberán ser respondidas durante este mes, consta la de si "estaba
debidamente autorizada" la utilización de una "unidad militar de la Legión" para
repeler el intento masivo de entrada en territorio nacional, si el Gobierno
"tiene conocimiento de que se sobornó a fuerzas auxiliares marroquíes para
expulsar a los heridos en lugar de trasladarlos a hospitales", o si el Gobierno
conoce "si esta práctica de sobornos es habitual en la expulsión de los
inmigrantes de Melilla", entre otras. Las comparecencias de ambos ministros se
producirán cuando se reanuden las sesiones del congreso, en el mes de
septiembre.

Guerra del Rif
En otro orden de cosas, los republicanos presentarán en el
Congreso una proposición no de ley para que se estudie y clarifique si se usó
material químico contra la población civil por parte del ejército español
durante la guerra del Rif. "Era obligado conocer in situ el escenario geográfico
y entrar en contacto con las entidades y asociaciones rifeñas que desde hace
años reivindican su memoria y el reconocimiento de su holocausto", justificó
Tardá.

El independentista, que relató que han visitado a una
treintena de entidades de Anual y Nador, espera que en Madrid "se entienda que
nuestra demanda no es una excentricidad, sino que responde a un discurso
político de recuperación de la memoria" y para ello aseguró que esperan poder ir
acompañados de "colectivos y personas rifeñas".

En palabras de Tardá la proposición no de ley pretende "el
reconocimiento de las responsabilidades ante el uso de armamento prohibido en la
década de los veinte" y aseguró que "el Estado español debe reconocer sus
responsabilidades". Con ello, ERC pretende "dar todas las facilidades, para que
triunfe la verdad y eso significa que los archivos se abran a los
investigadores" para conocer "exactamente la magnitud" del caso.

El diputado independentista afirmó que, "si es el caso, el
Estado Español deberá plantearse de qué manera se recupera y se restituyen los
honores" de los rifeños, así como los posibles daños ocasionados ya sea a través
de cauces "de carácter económico" o bien "en forma de cooperación sanitaria", ya
que, según el catalán, diversos estudios "van confirmando" la relación causa
efecto entre las enfermedades cancerígenas en algunas zonas del Rif y el "uso
masivo de armas químicas" en determinadas zonas.

Tardáa aseguró que existe una "una relación histórica de
solidaridad entre el independentismo catalán y las aspiraciones de la nación
amazigh. Por ello, insistió en que "sin ningún complejo afirmamos que para
nosotros es un orgullo poder ayudar y contribuir a la reivindicación de la
memoria del pueblo rifeño".

El Faro de Melilla