El ministro español de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, y el ministro colombiano de Protección Social, Diego Palacio, firmaron el martes en Bogotá un convenio bilateral de Seguridad Social que garantiza a los trabajadores españoles que emigraron a Colombia y a los nacionales de aquel país que se desplazaron a España sus derechos en materia de pensiones contributivas.
Según informó el martes el Ministerio dirigido por Caldera, este convenio beneficia especialmente a los emigrantes españoles en Colombia que cotizaron a la Seguridad Social española antes de salir de España y no tienen derecho a pensión debido al poco tiempo cotizado, gracias a un sistema de totalización de periodos de seguro.
El colectivo de españoles residentes en Colombia se eleva a 9.602 personas, según datos a noviembre de 2004, mientras que el número de pensiones que la Seguridad Social española abona en dicho país asciende a 309, con datos a 1 de julio de este año.
En cuanto al número potencial de ciudadanos colombianos que se beneficiarán con la firma de este convenio, el Ministerio de Trabajo estima que superará las 100.000 personas, ya que, a mes de marzo, cerca de 145.000 emigrantes colombianos trabajaban en España y 42.706 se normalizaron gracias al último proceso de regularización.
París no quiere a los pobres, sobre todo cuando son extranjeros. París está celosa de su prestigio y belleza. Ante todo, es una capital, un escaparate de la cultura francesa, que es una cultura del lujo y las cosas bellas de la vida. Sólo acepta a los inmigrantes si son basureros o albañiles. El extranjero que trabaja en París tiene que residir fuera. No hay una ley, pero la exclusión se efectúa por medio del dinero. París será la ciudad de la gente que tenga los medios para vivir en ella. A los demás se los empuja hacia los suburbios, hacia la periferia de la vida, hacia los territorios de la miseria y la soledad, espacios patógenos donde se desarrollan la delincuencia y el odio. Quien alentó esta opción por su política no fue otro que Jacques Chirac cuando era alcalde de París. Hacía falta ponerse del lado de los agentes inmobiliarios y los demás hombres de negocios. Las víctimas no cuentan, puesto que no son más que inmigrantes, gente pacífica que se contenta con poco.
Algunos se apiñan, no en los barrios elegantes, sino en aquellos distritos que eran populares, como el XVIII o el IX. Allí subsisten vetustos inmuebles cuyos propietarios sólo esperan una cosa, desocuparlos para restaurarlos y revenderlos al precio actual. ¿Cómo conseguir que se vayan las familias africanas, los inmigrantes legales o clandestinos? Se ha dicho que algunos incendios no fueron accidentes. Nunca se ha probado, pero todo indica que el fuego conviene a los agentes inmobiliarios.
Entre abril y agosto del 2005, 35 personas han muerto en esta clase de incendios. Cada vez, los primeros que han muerto calcinados han sido niños. París no quiere a los hijos de los inmigrantes. Los ignora. En el incendio del inmueble ocupado por familias africanas, una madre pudo salvar a un hijo y arrojó al otro por una ventana de la quinta planta. El niño arrojado no ha sobrevivido. Y la madre, ¿conseguirá sobrevivir a este gesto? ¿Qué fantasmas poblarán sus noches? ¿Qué sombras se abatirán sobre sus insomnios para hacerla sufrir más? Una madre que sacrifica a uno de sus hijos esperando salvarlo está condenada al dolor. En la religión islámica, se dice que son ángeles que irán al Paraíso. Para aquellos que creen en Dios, es un consuelo, para los demás es una herida infinita.
Siempre se podrá reprochar a los africanos que tienen demasiados hijos, pero es una realidad que hay que afrontar: Francia no puede seguir viviendo como si los millones de trabajadores venidos de fuera no fueran hombres y mujeres con derecho a una vida digna. El problema no es nuevo. En 1985, los incendios que asolaron algunas vetustas viviendas de los distritos XII y XVIII causaron la muerte de nueve inmigrantes. Veinte años después, no se ha hecho nada al respecto o, más bien, se ha hecho todo lo posible para desalojar a los pobres con el fin de recuperar los inmuebles antiguos y convertirlos en apartamentos con encanto que se venden a precios exorbitantes. El encanto de París se edifica sobre cuerpos calcinados, sobre los esqueletos de niños reducidos a cenizas. Se ha limpiado París: rara vez se ven inmigrantes. Los inmigrantes causan temor, son gente extraña y extranjera. Después de cada incendio, el alcalde se dirige al lugar, habla de su consternación y promete cambios.
Para que no se quemen más niños en París, la solución es simple: una nueva política de inmigración que se funde en el respeto, la dignidad y la igualdad. ¡Palabras hueras, que no quieren decir nada en una capital donde el precio del metro cuadrado de la vivienda vale en algunos barrios entre diez y quince mil euros!
Mientras, los africanos no tienen más remedio que irse, lejos de los barrios parisinos, recrear la aldea con su asamblea bajo el árbol y sus numerosos niños; estar en otra parte quiere decir lejos, en una tierra que no existe o sólo existe en los limbos de la nostalgia.
Si hoy se queman niños en la capital de la Ilustración, no es casualidad, no es una fatalidad, es la consecuencia de una política que ve bien a los inmigrantes con la condición de que sean invisibles, ligeros, ligeros como transparencias que no hacen daño a la mirada.
LA VANGUARDIA DIGITAL TAHAR BEN JELLOUN, escritor. Premio Goncourt 1987
El emblema del pequeño pelícano rodeado de cuatro estrellas blancas descuella sobre el puente Gran Nueva Orleans, la única vía de acceso por tierra al lado oriental de la ciudad arrebatada por la violencia del Katrina. Cruzando el Mississippi, entre las columnas de vehículos militares y los coches del FBI, se llega al terreno donde, hasta la mañana del viernes, se atrincheraban las bandas armadas y ahora reina el orden impuesto por el general Blum, comandante de la Guardia Nacional. Los signos de los enfrentamientos se sobreponen a las devastaciones del Katrina. Los pick-up de las bandas, abandonados y marcados por los golpes, acampan en las calles repletas de escombros.
Vestidos, cristales rotos y charcos, es todo lo que se puede ver. Además de algunas mujeres que vagan con sus hijos y botellas de agua dentro los carros robados en los supermercados, las únicas personas en las calles son los soldados, los policías y los agentes del FBI. Al lado del Centro de Convenciones, la Piazza Italiana tiene un aspecto fantasmagórico. Pocos metros más allá, bajo una bandada de helicópteros, se levanta el Superdome, escenario y símbolo de las heridas provocadas por el huracán.
El estadio está protegido por la Guardia Nacional como si fuera una ciudadela. Decenas de militares vigilan las entradas armados con M-16. El capitán Andrew Lindren, apenas un treintañero, ha creado con sus agentes un pasillo de salida. A través de él, las más de cuatro mil personas que aún se encuentran en el estadio pueden llegar a los autobuses que periódicamente vienen a recogerlos para evacuarlos hacia los centros de acogida en Texas, Alabama, Mississippi y otras localidades de Luisiana. "No hemos entrado en el Superdome y no lo haremos, esperamos que que salgan los refugiados", explica el capitán. La razón es que el general Blum no quiere que haya una crisis con los civiles. Entre los refugiados del Superdome la tensión es todavía alta. Se estima que entre 200 y 300 personas no quieren dejar Nueva Orleans de ningún modo y que entre ellos se esconden aquellos que el capitán Lindren define como "algunas docenas de malos bichos". Criminales comunes o buscados por los actos violentos que se cometieron en la ciudad en los últimos días que, al llegar al Guardia Nacional, se largaron mezclándose con los que huyeron. "Sabemos quiénes son. No conseguirán escapar. Cuando todos los civiles hayan dejado voluntariamente el Superdome nos ocuparemos de ellos", dice el capitán dando a entender que la rendición de cuentas con los "malos bichos" sólo es cuestión de tiempo.
Los militares, de todas formas, no tienen prisa. La prudencia se explica por la irritación que se huele en el aire y que transforma el Superdome en una suerte de olla a presión que puede estallar en cualquier momento. Sólo hace falta hablar con los refugiados que están a la espera de subir en los autobuses para darse cuenta de la situación. "Yo estoy aquí, mis hijos están en Mississippi, mis padres no sé dónde", dice un hombre de unos cincuenta años que asegura llamarse Alton. "Estos blancos, gente del gobierno federal, llegaron tarde, nos dividieron y nos trataron como basura", añade.
Salta a la vista que dentro y fuera del Superdome la totalidad de los civiles son afroamericanos de todas las edades, que tienen en común el hecho de ser pobres. Mujeres vestidas de harapos, jóvenes que llevan bolsos de la compra como pantalones, hombres mayores que duermen en el medio de cajas y basura. "Cuando pasó lo de la gran inundación en Asia - afirma con rabia Katherine, una joven que dice haber perdido en los escombros uno de sus dos pequeños- el Gobierno envió decenas de toneladas de ayuda en sólo 48 horas. Aquí todos somos estadounidenses pero han tardado cuatro días en llegar. ¿Y sabes por qué? Nos consideran como si fuéramos el fondo del barril, negros y pobres, la hez. No les importamos nada". Un hombre mayor escucha, asiente y añade: "Si después de cuatro días se han movido es sólo porque los políticos negros como nosotros en Washington han presionado al Gobierno".
Por lo que cuentan, resulta que todos han sido cogidos desprevenidos por el huracán. "Katrina pasó por aquí el sábado, la lluvia cayó violentamente, pero después siguió adelante. El domingo el tiempo era feo, como suele ser en esta temporada, y por la tarde, de repente, nos invadió el agua, hasta unos seis o siete metros de altura. Hay quien vio tiburones, fue el caos. Muchos murieron mientras dormían la siesta", recuerda un joven que luce una camiseta del equipo de fútbol americano de los Saints.
Los desesperados del Superdome señalan como responsables de las devastaciones al destino - ésta es la patria del vudú-, la pobreza, que les impidió tener un coche para huir a tiempo, y el presidente George W. Bush, que envió a Iraq a los agentes de la Guardia Nacional de Luisiana, quienes normalmente controlan la resistencia de los diques del lago Pontchartrain después de los huracanes. "Esta vez ellos no estaban y el domingo por la mañana fueron los bomberos los que hicieron la inspección y no se enteraron de que a la altura de la calle 17 el dique estaba a punto de derrumbarse", explica un hombre que no quiere dar su nombre pero afirma ser un ex militar.
Todo ésto no significa que los refugiados sean partidarios de los demócratas. En la explanada del Superdome es casi imposible encontrar alguien que haya ido alguna vez a las urnas. Lo que prevalece es un sentimiento de marginación, resignación, desconfianza hacia todo. "Estas personas no se fían de nadie y además se desprecian a sí mismos", resume un joven afroamericano de Austin (Texas), que está aquí para mantener el orden, vestido con el uniforme de la Guardia Nacional. Los helicópteros que sobrevuelan el Superdome llevan toneladas de agua, comida y provisiones. Después de la llegada de los agentes del general Blum la situación en la ciudad parece más tranquila y el reparto de ayudas se hace de forma rápida. Desde la orilla occidental del Mississippi llegan camiones de la Bell South para restaurar la electricidad. Se construyen puentes artificiales y los barcos de socorro recuperan, junto a los autobuses, a quienes aún se encuentran en las zonas inundadas.
Los ingenieros del Ejército de Tierra y los bomberos de Nueva Orleans han tomado el control de Canal Street - la vía principal del centro comercial de la ciudad- tras haber restablecido todos los diques derrumbados. Ahora las aguas del lago Pontchartrain ya no vierten en la ciudad y el próximo paso será lo que activará las aspiradoras para secar las calles. Tardarán entre 48 y 60 días y nadie puede prever el estado en el que se encontrarán las miles de viviendas inundadas.
El clima es más distendido desde que se recuperó la seguridad y se evacuó el Superdome. También la refinería de la Shell, a la entrada de Nueva Orleans, ha vuelto a funcionar. Sin embargo, ésto no significa que lo peor haya terminado: por las calles del barrio francés siguen circulando los pick-up de las bandas aunque, a diferencia de lo que pasaba veinticuatro horas antes, ya no enseñan las armas. La lucha entre los ladrones y los policías radica en la interceptación de los coches robados. También el coche donde iba este cronista ha sido parado y controlado por la policía que, una vez segura de que no era robado, lo requisó para llevar depósitos de agua a un centro de acogida de refugiados a orillas del Mississippi.
LA VANGUARDIA DIGITAL MAURIZIO MOLINARI - 05/09/2005 Nueva Orleans. Enviado especial
Para muchos africanos que malviven en el centro de la ciudad, el carácter casual de los incendios es más que dudosoEra imposible no ver a Sidibé Fofala. En el barrio del Marais, a apenas cincuenta metros del Museo Picasso y a menos de doscientos de la bella y elegante plaza de los Vosges, Sidibé era una excepción. Por su ropa coloreada, por su piel negra, por su pobreza. Vivía en la Rue del Roi-Doré, una calle en la que el metro cuadrado se valora entre 7.000 y 8.000 euros. Pero ella, en el número 8, no tenía agua corriente, como tampoco tenía electricidad ni gas. Bueno, lo de la electricidad había quedado resuelto gracias a la habilidad de Falikou, que había conectado un cable quién sabe dónde y se cuidaba de restablecer la luz cada vez que se iba, en medio de grandes chisporroteos.
No era el único que sabía hacerlo entre las doce familias que malvivían, desde hacía seis años, en la ruina vertical que era la casa de la Rue del Roi-Doré. Siete personas -entre ellas cuatro niños. Y Sidibé, con los dos mellizos que llevaba en el vientre- murieron el 30 de agosto en el incendio del inmueble. Las llamas prendieron por causa desconocida, si estimamos que la miseria no figura entre los combustibles conocidos.
Cuatro noches antes, en el bulevar de Vincent Auriol, otras 17 personas -14 niños entre ellas- morían abrasadas en circunstancias parecidas. En ese inmueble habitaban un total de 130 personas. Y el 15 de abril, cerca de la Ópera, en la Rue de Provence, en un hotelucho miserable, el fuego también terminaba con la precaria existencia de otros 24 emigrantes subsaharianos.
Edificios condenados
Hoy, en el pasaje de la Brie, a cuatro pasos de la refulgente sede del Partido Comunista Francés (PCF), concebida por el arquitecto Oscar Niemeyer, encontramos otro edificio que se diría condenado a idéntico destino que los de Roi-Doré, Vincent Auriol o Provence. La fachada se aguanta en unas vigas que buscan apoyo en los muros de la casa de enfrente. Hay ventanas clausuradas con ladrillos. El propietario intenta echar a los okupas, pero éstos vuelven una y otra vez.
"Es esto o la calle. No te dan a elegir", cuenta Sissoko, mauritano que trabaja como guardián de noche. Vive solo y se da por satisfecho con sus 10 metros cuadrados. "Además, estoy al lado de la puerta de salida. Después de lo ocurrido estos últimos días, eso es lo más importante". En un cuarto o quinto piso, cuando las llamas prenden por el hueco de la escalera, la única escapatoria es lanzarse al vacío.
Para muchos africanos que viven en París, el carácter casual de los incendios es más que dudoso. No hay pruebas, sólo discursos desafortunados, del ultraderechista Le Pen o del ministro del Interior, Sarkozy, coincidiendo en que "las primeras víctimas de la inmigración clandestina son los propios inmigrantes". Pero ni Sissoko, ni Falikou ni Sidibé eran o son clandestinos. Llevan o llevaban años en Francia. Trabajando o acompañando a su marido, pagando impuestos, alquileres, tasas o permisos. Sólo en París hay 976 inmuebles considerados "insalubres".
La cifra la facilita el actual equipo municipal, dirigido por el socialista Delanoë. Antes, cuando los alcaldes eran Jacques Chirac o Jean Tiberi, sólo 17 edificios habían merecido el calificativo de "insalubres". "Tenemos un plan de inversión de 152 millones de euros en seis años destinados exclusivamente a rehabilitar ese tipo de viviendas. El Estado dedica siete millones de euros cada año", explica Jean-Yves Mano, concejal responsable de la política de vivienda. No añade que ese mismo Estado adeuda a la ciudad de París 110 millones de euros relativos a la política de alojamiento social.
El turista que se pasea por las grandes avenidas arboladas de París, que visita sus monumentos de piedra bien tallada o la arquitectura más o menos kitsch impulsada por los últimos presidentes megalómanos, nunca se asoma a las callejuelas del XX arrondissement (barrio), y sólo por casualidad a las del XVIII, quizá porque se equivoca de dirección al bajar de esa cumbre de la arquitectura pastelera que es la basílica del Sacré Coeur, o a las del XIX. No sabe cómo se vive en la Rue de Tánger, junto a la mezquita Ed Dawa, en la plaza del Maroc.
"Nuestros abuelos cavaron los túneles del metro de París, nuestros padres murieron en el frente defendiendo la bandera francesa y a nosotros nos tratan como animales", explica un senegalés que responde con cansancio a las preguntas de los periodistas. "Ustedes son como los políticos: ahora, porque ha habido muertos, se interesan por nosotros. Luego nos olvidarán. Y la cuestión no está en por qué se ha producido el incendio, sino en cuándo se producirá el próximo".
La arquitectura de muchos edificios de la ciudad no es precisamente una barrera contra el fuego. La estructura es de madera, la caja de la escalera lo es íntegramente y en el caso de los 976 inmuebles hay fisuras, instalación eléctrica deficiente o inexistente, conducciones de agua de plomo o ausentes, amén de ratones, humedades y suciedad.
De los 976 edificios calificados como "insalubres", la mitad los gestiona la SIMAP (Sociedad Inmobiliaria de Economía Mixta de la Villa de París), que procede a su lenta rehabilitación. Del resto, 200 son hoteles de quinta categoría, y 353, propiedades privadas.
En un filme estrenado recientemente -De battre mon coeur s'est arrêté, de Jacques Audiard- se mostraba cómo unos matones aprovechaban la noche para expulsar a golpes a los okupas de edificios que acababan de ser adquiridos por un intermediario que, para revenderlos, necesitaba que todos los pisos estuvieran vacíos. De inmigrantes.
Guerra de cifras
¿CUÁNTOS PISOS hay deshabitados en París? 12.500 dice el Ayuntamiento. 40.000 responden las asociaciones como DAL (Derecho al Alojamiento).
Lo que sí se sabe es que sigue vigente una ley del año 1945 que permite, "en caso de urgencia", requisar apartamentos que lleven tiempo deshabitados. El Gobierno socialista de Jospin intentó servirse de dicha ley, pero a los propietarios les basta con anunciar la intención de hacer obras de reforma para paralizar la requisa. Otra ley, la SRU (Solidaridad y Renovación Urbana), votada durante el mandato de Jospin, obliga a los ayuntamientos a tener, dentro de su término municipal, un 20% de viviendas sociales.
En la actualidad, 742 ayuntamientos no sólo incumplen la ley, sino que, durante los últimos cinco años, no han hecho el menor esfuerzo para acercarse al porcentaje fijado por la ley. Al frente de todos esos ayuntamientos, Neuilly, en los alrededores de París, alcaldía controlada por el ministro del Interior, Nicolas Sarkozy, que, a raíz del incendio del bulevar Vincent Auriol, declaraba que "un montón de gente, parte de la cual carece de papeles, se amontona en París, que no dispone de lugares donde acogerla". Sarkozy defendía el comunitarismo a la británica -tras los atentados terroristas de Londres ha dejado de hacerlo- y esta vez le ha faltado tiempo para ordenar a la Prefectura de París "un listado de todos los inmuebles insalubres", olvidándose que existe desde el año 2001, y, de cara a las cámaras, también ha enviado a la policía a desalojar unos okupas. Eso sí, se trataba de okupas artistas, parisienses de pura cepa, que podían reinstalarse en la casa familiar o con amigos, que no iban a convertirse en sin papeles a los que hay que enviar, en avión a cuenta del Estado, hacia su país de origen.
Están cada vez más agotados, hambrientos, sucios e indignados. Y son negros, casi todos, como el pequeño en camiseta roja a quien le cae una lágrima desde sus grandes y tristes ojos, la obesa mujer desesperada a cuya falda se aferra un pequeño, o el hombre con el pelo revuelto que desde el Centro de Convenciones agita el puño hacia las cámaras de televisión. También son negros casi todos los saqueadores que vacían desde hace días las tiendas de la capital del jazz, así como aquellos que en Biloxi revuelven en los contenedores de basura en busca de algo comestible, "como los animales", tal como señaló un comentarista de televisión.
No hubo que esperar mucho para escuchar las primeras reacciones a estas palabras. "¿Lo habría formulado de la misma manera si hubieran sido blancos?", se preguntaba indignado un prominente comentarista de radio. Él es negro. Un congresista criticó públicamente el hecho de que los que han perdido sus casas en Luisiana y Mississippi sean calificados como refugiados, "como si se tratara de Sri Lanka. Son conciudadanos, son contribuyentes, son gente que trabaja duramente". También el diputado es negro.
En la cadena CNN, un crítico hace referencia a dos fotos publicadas en periódicos que muestran a unas personas cargadas de bolsas de plástico. Unos son blancos y el pie de foto dice que los afectados han encontrado comida. Los otros son negros y "han saqueado". "Si esto no es racista, entonces no sé lo qué es", dice el crítico, de raza negra.
Negro o blanco, rico o pobre, tras largos días de imágenes de penalidades y la creciente crítica a la lenta reacción de Washington, un nuevo elemento se ha introducido en el debate público: la cuestión de la raza y de la clase social.
El tema ha adquirido tanta relevancia que algunos empiezan a temer que, tras las inundaciones y la devastación, el Katrina también provoque una división social, y eso precisamente en unos momentos en que se necesita más que nunca la unidad de la nación. "A nivel político va a tener que producirse un debate, pero con prudencia", advertía este sábado un diario de Detroit.
Pero bajo la superficie hace tiempo que hierven los ánimos. En vista de que la ayuda no llegaba, las víctimas del huracán empezaron a preguntarse si el agua, la comida y un techo bajo el que cobijarse habrían llegado más rápido si se tratara de blancos. "Sencillamente, nosotros no contamos tanto para Washington", afirmó la afroamericana Loretta Creel desde Nueva Orleans a CNN. Y The Washington Post cita a la agotada Bernardette Washington diciendo: "Parece como si los negros estuviéramos malditos".
Los congresistas negros no han ido tan lejos como para acusar de racismo a las autoridades encargadas del envío de ayuda. Pero indirectamente sí lo hicieron. No se puede permitir que "la diferencia entre aquellos que viven y los que mueren estribe únicamente en la pobreza, la edad o el color de la piel", dijo el parlamentario Elijah Cummings.
Congresistas blancos rechazan la acusación de racismo, aunque también reconocen que si bien no se trata de blancos y negros, sí de ricos o pobres, y son los negros los que la mayor parte de las veces son los más pobres, y negros son la mayoría de la gente que vive en la zona catastrófica. Mucha gente, dice también Ray Nagin, el alcalde -negro- de Nueva Orleans, se habría salvado si hubiera podido huir. Pero para ello se necesitaba un coche.
Las estadísticas hablan por sí solas. En Nueva Orleans viven 1,4 millones de personas, más del 67 por ciento son negros y el 30 por ciento de ellos vive por debajo del umbral de la pobreza. El distrito de Lower Nineth Ward resultó especialmente afectado por el Katrina. Allí, la cuarta parte de las familias vive con menos de 10.000 dólares al año, y la mitad con menos de 20.000. Más del 50 por ciento está desempleado. El barrio fue construido sobre una antigua zona pantanosa. El agua llega mal, por lo que esta región fue habitada relativamente tarde. Los que llegaron eran sobre todo negros pobres, porque para los demás la zona no tenía atractivo alguno. Allí también vive la mayoría de las 125.000 personas que no pudieron huir porque carecían de automóvil.
La catástrofe "nos ha afectado especialmente porque antes no se preocuparon lo suficiente por nosotros", afirma Brian Charles.
El gobierno estadounidense va a enviar ahora a uno de los suyos, una mujer negra, a la zona, para mostrar solidaridad. Se trata de la secretaria de Estado, Condoleezza Rice. Pero a Rice se la ve siempre con trajes elegantes y con mucho estilo. ¿Una de los suyos? "No", afirma Charles.
La Policía parisiense evacuó dos inmuebles en estado ruinoso que eran ocupados ilegalmente por más de cien inmigrantes africanos. La Prefectura cumple así los avisos del ministro del Interior, Nicolas Sarkozy, quien prometió "cerrar todas las casas ocupadas para evitar dramas" como el incendio que el pasado 29 de agosto acabó con la vida de siete personas.
Los edificios, situados en los distritos XIX y XIV, al norte y al sur de la capital, respectivamente, albergaban cada uno en su interior unos 70 'sin techo', la mayoría proveniente de África subsahariana.
La Prefectura de París declaró que ambas estructuras "comportaban riesgos para sus ocupantes" por su precario estado, y que existe "una decisión judicial" que obligaba a "poner fin" a la ocupación ilegal de ambos inmuebles. Las autoridades comunicaron que "todos los expulsados serán transportados en familia a alojamientos decentes".
RESISTENCIA AL DESALOJO
En ambos casos, los inmigrantes han opuesto resistencia a su desalojo, pero la presencia policial ha conseguido expulsarlos de los dos edificios. Los inmigrantes, algunos con permiso de residencia, han protestado por el hecho de que la actuación policial se haga el día de la vuelta escolar, pues muchos de sus hijos se aprestaban a acudir a sus centros educativos.
El Ayuntamiento de París, dirigido por socialistas y verdes, se ha opuesto a esta política de expulsiones exigida desde el Ministerio del Interior. El responsable municipal del distrito XIV, Pierre Castagnou, calificó lo ocurrido de "operación espectacular forzada con fines mediáticos". "Se da prioridad a la fuerza, pero no se arregla forzosamente un problema social", reprochó.
Dos incendios en edificios insalubres, los pasados 26 y 29 de agosto, provocaron la muerte de 17 y siete inmigrantes respectivamente. Sucesos que provocaron una conmoción nacional y obligaron a las autoridades a reaccionar. El primer ministro, Dominique de Villepin, anunció ayer que se construirán 5.000 viviendas sociales en los próximos 18 meses, para acabar con la penuria de alojamientos para los más necesitados.
Jean Baptiste Eyraud, presidente de la asociación Derecho a un Alojamiento (DAL), la más activa en la defensa del derecho de los inmigrantes con papeles a acceder a una vivienda, criticó el "encarnizamiento" de las autoridades y calificó lo ocurrido como "una dura respuesta del Gobierno a la falta de casas". El DAL y otras organizaciones han convocado una manifestación, el próximo sábado en París, en solidaridad con los inmigrantes 'sin techo'.
El juez que instruye el caso del incendio ocurrido hace una semana en París y que causó la muerte de 17 inmigrantes africanos, 14 de ellos menores de edad, ordenó ayer la apertura de una investigación por "destrucción intencionada" de un bien inmueble. El juez ya había descartado la hipótesis de un cortocircuito accidental, pero hasta ahora ningún dato permitía pensar que las llamas que se desencadenaron en plena noche fueran intencionadas. Tres días más tarde, en pleno corazón del barrio del Marais, ardía otro inmueble también ocupado por inmigrantes. Murieron otras siete personas.
Al menos 89 inmigrantes subsaharianos que se ocultaban en las inmediaciones de la frontera con Melilla, donde esperaban para intentar cruzar la valla hacia suelo español, fueron detenidos ayer por la Gendarmería Real marroquí. La operación se produjo tres días después de la avalancha, tras la cual se halló el cuerpo de un joven camerunés en un tramo cercano del perímetro fronterizo. La redada se dejó notar en la carretera que une Farhana con Mariuari, donde en la tarde de ayer apenas se veían inmigrantes, cuando lo normal es que decenas de ellos busquen comida por la zona.
La batida se llevó a cabo durante la mañana de ayer, cuando efectivos de la Gendarmería y de la Mezhanía (fuerzas auxiliares) se dirigieron en varios vehículos a las inmediaciones de la frontera con Melilla, según la Guardia Civil. "Había un helicóptero y muchos coches", relató en conversación telefónica el camerunés Alfonse. Calcula que al menos 25 de sus compatriotas han sido detenidos en la zona boscosa de Mariguari, junto con otros de Malí, Costa de Marfil o Senegal.
Lo normal es que, tras pasar por los juzgados de Nador, sean trasladados a Oujda, en la frontera argelina, a 159 kilómetros de Melilla. Muchos de ellos vuelven casi inmediatamente para seguir esperando su oportunidad de entrar en España. Alfonse, de 29 años, lo vivió en 2003. En el trayecto, asegura que le golpearon duramente y le rompieron las manos. Tardó tres meses en regresar, ocultándose durante el camino.
"Como animales"
Ayer no se dejó coger. "No quiero que me vuelvan a llevar. La policía marroquí nos trata como animales, no sé si porque somos negros", afirmó. También escaparon Franklin, de 24 años, y Viktor, de 26, ambos cameruneses. En la tarde de ayer, eran los únicos subsaharianos que caminaban por la cuneta de la carretera entre Farhana y Mariguari. Pese a reconocer que tenían miedo, salieron en busca de comida.
Los tres participaron en la avalancha del pasado domingo. Alfonse dice que saltó la primera de las dos vallas, pero volvió atrás al ver los golpes que los guardias civiles propinaban a los que pisaban Melilla. Por su parte, Franklin y Viktor, que no llegaron a saltar, aseguran haber visto dos muertos, y no uno, como reconoce la versión oficial. Uno de ellos habría cruzado ya malherido una de las puertas del perímetro fronterizo a Marruecos, obligado por los agentes, para morir junto a la valla. El otro habría muerto en suelo español, y le habrían trasladado al lado marroquí. La confusión en torno al número de fallecidos continúa, ya que varios inmigrantes y miembros de ONG insisten en que en la morgue del hospital de Nador hay dos cadáveres.
Como si se repitiera el mismo guión, la noche del lunes un nuevo incendio en un viejo edificio del barrio del Marais, en el centro de París, en el que malvivían inmigrantes de Costa de Marfil, se llevó la vida de siete personas, entre ellas un niño de seis años, sólo cuatro días después de que las llamas acabaran con la vida de 17 personas, entre las que había 14 niños y una mujer embarazada también de origen africano, en otro distrito de la capital. En los últimos cuatro meses han muerto 48 personas, todas inmigrantes, en incendios en viejos edificios.
Esas muertes ponen en evidencia la extrema miseria que se esconde detrás de algunas fachadas aparentemente burguesas de la capital francesa. La de ayer era una tragedia anunciada, incluso prevista. El edificio de cinco pisos situado en el número 8 de la Rue du Roi-Doré, a escasos metros de la elegante Place des Vosges, estaba abandonado desde hace más de una década y llevaba unos seis años ocupado por una veintena de familias de Costa de Marfil, buena parte de las cuales, de inmigrantes irregulares. En estado ruinoso, la finca no tenía agua corriente y la electricidad llegaba de forma ilegal, por medio de una conexión improvisada. Las primeras investigaciones de la policía apuntan a que el origen del fuego estuvo en el sistema eléctrico.
El Ayuntamiento parisiense había detectado hace tiempo la situación de este edificio y el peligro que corrían sus inquilinos, e inició los procedimientos para hacerse con el control de la finca. La gran paradoja es que lo había conseguido recientemente y estaba previsto que las obras de rehabilitación comenzaran la semana próxima. Demasiado tarde. La noche del lunes, en menos de 10 minutos, el edificio ardió como una tea.
El fuego se inició en torno a las 22.30 del lunes en el rellano del primer piso y subió por el hueco de la escalera, toda ella de madera, que actuó como una chimenea. Al igual que hace cuatro días, para muchos, la única manera de escapar del fuego era saltar al vacío por la ventana. Lo hicieron dos hombres, que resultaron heridos. Una mujer lanzó a su hijo de seis años, que murió poco después de llegar al hospital. Todos los ocupantes del quinto piso murieron. Además, 13 personas resultaron heridas de diversa consideración, dos de las cuales se encontraban ayer en estado grave.
Los bomberos acudieron con gran rapidez, pero no consiguieron extinguir el fuego hasta cerca de las dos de la madrugada. Entre los heridos leves figuran cinco de los 130 bomberos que trabajaron en la extinción del fuego.
El alcalde de París, el socialista Bertrand Delanoë, acudió inmediatamente al lugar de la tragedia. "Hay un gravísimo problema de edificios insalubres en París", reconoció. Según Delanoë, al inicio de su mandato se registraron cerca de mil inmuebles en París en condiciones similares a las del edificio incendiado ayer, o a las del bulevar Vincent Auriol, en el que el pasado viernes murieron 17 personas, y al que se quemó a finales de abril en las cercanías de la Ópera, con un saldo de 24 muertos.
Pierre Aidenbaum, alcalde del tercer distrito de la capital, al que pertenecía el edificio siniestrado, culpó al Gobierno conservador de la situación. "Hace dos años que informé a la Prefectura ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Las ratas se paseaban por los pasillos"
"Era el infierno", explica una joven de Costa de Marfil que había vivido hace dos años en el edificio del Marais incendiado. "Los techos se caían, los hilos eléctricos colgaban por todas partes; las ratas se paseaban por los pasillos y la comida siempre estaba llena de cucarachas". En el edificio no había agua corriente, por lo que era necesario ir a buscarla a la calle, tanto para asearse como para cocinar. "Los blancos ricos del barrio nos miran mal", añade.
El año pasado una cadena de televisión realizó un reportaje en este inmueble para mostrar las condiciones inhumanas en las que vivían sus ocupantes. Uno de ellos pedía al camarógrafo que no mostrara su cara: "Si mi patrón ve por televisión en qué condiciones vivo, me despedirá".
La Sociedad Inmobiliaria de Economía Mixta de la Ciudad de París (SIEMP), el organismo municipal que se encarga de la rehabilitación del edificio, consiguió comprar el edificio hace seis meses, pero los trabajos de rehabilitación no empezaron porque había que realojar a la gente, lo que, a su vez, no era posible porque se trataba, en buena parte, de inmigrantes en situación irregular, y la ley no lo autoriza.
El proceso es largo. Primero las autoridades tienen que localizar al propietario, que a veces es desconocido. El siguiente paso es obligarle a realizar mínimos arreglos. Si no lo hace, el Ayuntamiento tiene derecho a comprarlo.
Según el presidente de la SIEMP, René Dutrey, el edificio de la rue du Roi-Doré forma parte de los "423 edificios más insalubres" de París. "No es una cuestión de dinero sino de oferta de alojamientos", explicó Dutrey. "Si no damos ofertas de alojamientos, estaremos obligados a recoger a gente que muere quemada en los inmuebles", añadió.
Un nuevo incendio en un inmueble de París ocupado por inmigrantes africanos ha dejado al menos siete muertos, entre ellos un niño, y 15 heridos, tres en estado grave, según el último balance facilitado por los bomberos de la capital francesa. De momento se desconoce el origen del fuego, según ha afirmado un portavoz de los bomberos.
Un niño de seis años ha perdido la vida como consecuencia de las heridas sufridas al caer desde un cuarto piso. Los cuerpos sin vida de seis adultos han aparecido esta madrugada en el inmueble calcinado.
El incendio se declaró alrededor de las 22.00 de ayer y quedó controlado una hora después. Más de cien bomberos han trabajado en las labores de extinción.
El edificio siniestrado era viejo y acogía a inmigrantes africanos que vivían en condiciones precarias. Se trata del segundo incendio de estas características en cuatro días. El pasado viernes, un inmueble ocupado por inmigrantes en el centro de París acabó con la vida de 14 niños y tres adultos.
El incendio del pasado viernes
Los supervivientes del incendio del pasado viernes, trasladados temporalmente a un gimnasio parisino, exigen un realojamiento definitivo. El Ayuntamiento les ha prometido un "determinado número" de apartamentos en la capital, según publica el diario Le Monde. La policía no ha podido identificar aún las causas del siniestro, si bien ha descartado que el fuego fuese provocado por un cortocircuito accidental o por la presencia de hidrocarburo.
El alcalde de Londres, el laborista Ken Livingstone, encabeza la campaña contra las nuevas medidas antiterroristas del Gobierno de Tony Blair. Un grupo formado por miembros de varios partidos, asociaciones religiosas y de derechos civiles firmaron ayer un comunicado en el que pidieron un "mayor consenso" para poner en marcha la nueva legislación dell primer ministro laborista tras los atentados de Londres. Esta heterogénea coalición consideró que las nuevas iniciativas son "precipitadas" y que suponen una rendición a los terroristas. Además, advirtió de que algunas de las medidas pueden suponer la "criminalización" y la "exclusión" de una parte de la sociedad musulmana que vive en el país.
EVITAR MÁS ATENTADOS El pasado día 5, Blair anunció, alegando que "las reglas del juego han cambiado", una batería de medidas con las que pretende luchar contra el extremismo islámico y evitar atentados como los del 7 y 21 de julio en Londres. Entre los planes del Gobierno está prohibir grupos radicales y expulsar del país a aquellos que justifiquen el terrorismo. El carismático y rebelde alcalde de Londres, conocido como Ken el Rojo, criticó la ambigüedad de algunas de las medidas que, según explicó, "hubieran significado prohibir la entrada a este país de Nelson Mandela y de sus simpatizantes durante los tiempos del apartheid". "Nuestras vidas, derechos y libertades son muy valiosos y no vamos a renunciar a ellos", sostuvo el comunicado de este grupo de presión que, a modo de consigna, aseguró: "Permanecemos unidos en el rechazo a ser derrotados por aquellos que buscan el asesinato indiscriminado de personas de todas las creencias y razas en nuestro país". Entre los miembros de esta plataforma, que tiene previsto celebrar una manifestación en Londres en otoño, se encuentran la cuñada de Blair, la periodista Lauren Booth; el responsable de Interior del Partido Liberal Demócrata, Mark Oaten, y el presidente del Consejo Musulmán del Reino Unido, Iqbal Sacrine. La presentación de la campaña contra las medidas antiterroristas coincidió ayer con nuevas revelaciones sobre la muerte de Jean-Charles de Menezes a manos de la policía. Según recogió el diario The Guardian, una testigo declaró ante la comisión que investiga la muerte del joven brasileño, que éste recibió 11 disparos en 30 segundos.
Los policías que mataron a Jean Charles de Menezes, de 27 años, la mañana del 22 de julio le estuvieron disparando durante 30 segundos, según declaró una periodista que viajaba en el vagón a miembros de la comisión independiente (IPCC en inglés) que investiga la muerte del brasileño. La periodista Sue Thomason, colaboradora de distintos medios, declaró que los disparos fueron efectuados en intervalos de tres segundos, según consta en un documento de la comisión al que ha tenido acceso el diario The Guardian.
Cuando oyó el primer tiro, Thomason huyó del vagón porque pensaba que se trataba de terroristas que atentaban contra los viajeros. Pero en su huida por los pasillos de la estación de Stockwell tuvo la frialdad suficiente como para contar el número de tiros que oía. La periodista declaró ante los funcionarios de la comisión que la interrogaron que había oído "10 u 11 disparos", cosa que aún no se había publicado en esa fecha. Al principio se pensaba que De Menezes había recibido siete balazos en la cabeza. Después trascendió que le propinaron uno más en el hombro y tres resultaron fallidos.
También se supo que uno de los agentes secretos que lo vigilaban lo agarró por el torso y un brazo justo antes de que lo mataran. Otro testigo declaró que una de las pistolas se encontraba sólo a 30 centímetros de la cabeza del electricista brasileño. De ser cierto todo lo revelado, Menezes murió inmovilizado y tiroteado durante 30 segundos.
La periodista envió un mensaje por Internet a la comisión independiente quejándose de que los dos investigadores que la habían entrevistado le enseñaron un mapa de la estación de Stockwell en el que los lugares clave donde sucedieron los hechos estaban trastocados. "Si la gente que investiga un asunto tan serio ni siquiera tiene el plano de la estación correcto para marcar dónde se encontraban los entrevistados, ¿entonces qué posibilidades tiene el resto del caso?", se preguntaba la periodista en el mensaje que envió a la comisión independiente.
Expulsión de Reino Unido
Por otra parte, Ken Livingstone, alcalde de Londres y destacado miembro del sector más izquierdista del partido gobernante, presentó ayer una campaña contra las medidas que el primer ministro, Tony Blair, pretende poner en marcha en los próximos meses para combatir el terrorismo. La campaña, promovida por 30 políticos e intelectuales progresistas, pretende convocar manifestaciones durante el próximo otoño para intentar que el Gobierno negocie con otros sectores de la sociedad su estrategia en la lucha contra el terrorismo.
Entre las medidas que ha anunciado el Gobierno destaca la de expulsar o excluir la entrada en Reino Unido a todos los que "fomenten, justifiquen o ensalcen" la violencia terrorista, ya sea mediante un discurso, un panfleto, una entrevista televisada o publicada en una página de Internet. La lista de "comportamientos inaceptables" que provocarán la expulsión ha sido publicada esta semana.
La lista ha provocado las críticas de organizaciones internacionales proderechos humanos y del propio relator especial sobre tortura para la ONU, Manfred Nowak, quien no se fía de las garantías civiles de países como Jordania, donde Reino Unido deportará a varios ciudadanos. "El hecho de que
[el Gobierno británico] esté buscando garantías demuestra que el país que pretende deportar percibe un serio riesgo de que el deportado sea objeto de tortura o maltrato al llegar al país de destino", declaró el relator especial de la ONU. A esas declaraciones respondió el ministro del Interior, Charles Clarke, diciendo que la ONU haría bien en preocuparse no sólo por los derechos humanos de los radicales y atender a los derechos de las posibles víctimas de atentados.
Ken el rojo, como se conoce en Reino Unido al alcalde de Londres, insistió ayer en que las propuestas del Gobierno "hubieran significado prohibir la entrada" en Reino Unido a Nelson Mandela y sus simpatizantes en tiempos del apartheid. En un comunicado que emitió ayer el grupo que encabeza Livingstone indicó que las propuestas del Gobierno pueden provocar "la criminalización o exclusión de gente cuya cooperación es indispensable para la policía en su lucha contra el terrorismo".
ELPAIS.es FRANCISCO PEREGIL (ENVIADO ESPECIAL) - Londres
El Gobierno de Haití convocó a su representante diplomático ante la República Dominicana después de que tres inmigrantes haitianos fueron asesinados a golpes y quemados en una agresión que agravó las tensiones entre estos vecinos caribeños.
Los inmigrantes Pierre Willy, Dominique Gilberto y Paul Cinius fueron atacados el pasado 16 de agosto en un pequeño barrio situado al sur de Santo Domingo, la capital de la República Dominicana, donde trabajaban en una fábrica de muebles, informó la Policía dominicana.
De acuerdo con la oficina del fiscal general, los tres hombres, entre los 19 y los 22 años de edad, habían bebido alcohol con un grupo de dominicanos en una tienda cercana. Esa misma noche, los dominicanos fueron a la casa donde estaban los haitianos y exigieron dinero a uno de ellos.
Al negarse a entregar el dinero, los dominicanos atacaron a los hombres, les golpearon, les rociaron con un líquido inflamable y les prendieron fuego, informó la Fiscalía en un comunicado. Los hombres murieron después a consecuencia de las quemaduras en un hospital de Santo Domingo.
En respuesta a los asesinatos, el Gobierno provisional de Haití llamó a su representante diplomático en la República Dominicana "a consultas", señaló un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Haití, Jean Daniel Lafontant.
"El Gobierno provisional de Haití condena enérgicamente estos actos criminales y deplora que estos hechos ocurran en un momento en el que se efectúan grandes esfuerzos para mejorar las relaciones entre los dos países", señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de un comunicado.
Un tribunal de la ciudad de Stralsund, en el noreste de Alemania, condenó ayer por incitación a la violencia a cuatro meses de cárcel con libertad condicional a Udo Voigt, de 53 años, presidente del ultraderechista y con elementos neonazis Partido Nacionaldemocrático de Alemania (NPD).
Según el tribunal, Voigt, un antiguo oficial del Ejército Federal alemán, apeló en un mitin electoral en 1998 a combatir con las armas contra los políticos del sistema.
En primera instancia, otro tribunal había absuelto por falta de pruebas a Voigt. La Fiscalía recurrió y ahora en la segunda instancia el dirigente del NPD salió condenado. Sus abogados anunciaron que recurrirán la sentencia ante un tribunal superior.
El NPD es uno de los grupos de ultraderecha más fuertes de Alemania y cuenta en sus filas con elementos neonazis. Voigt rechaza que se defina al NPD como neonazi. Se encuentra el NPD inmerso en la llamada estrategia de lucha por las tres columnas: por la calle, por las cabezas y por los parlamentos. En las elecciones del 19 de septiembre del año pasado, el NPD consiguió un 9,2% y entró con 12 diputados en el Parlamento del Estado federado de Sajonia.
Este éxito electoral conmocionó Alemania, pero desde entonces el NPD no ha conseguido repetirlo. En las elecciones federales, el NPD no tiene la menor posibilidad de acercarse al 5% necesario para contar con representación parlamentaria en el Bundestag en Berlín.
El discurso de Voigt que le ha costado la condena en segunda instancia lo pronunció ante unos 50 asistentes a un mitin en las elecciones al Parlamento de Mecklenburgo-Pomerania occidental. Voigt dijo en aquella ocasión que cuando él tenía 14 años durante la guerra fría estaba dispuesto a tomar las armas para defender Alemania y "eso espero de vosotros".
Al menos 17 personas han muerto, entre ellas seis niños, y una treintena ha resultado herida en el incendio declarado esta noche en un edificio del centro de París. La mayoría de las víctimas, procedentes de África, habían sido alojadas en el inmueble por asociaciones caritativas, según la policía. El ministro francés del Interior, Nicolas Sarkozy, ha pedido una lista de "edificios en peligro".
Por la noche, Sarkozy se trasladó hasta el lugar del siniestro, un vetusto inmueble en la esquina entre el boulevard Vincent-Auriol y la calle Edmond-Flamand, del distrito XIII. Poco después anunció haber encargado al prefecto de París una relación de "todos los edificios que pueden presentar una situación de peligro en términos de incendio y de hacinamiento". Asimismo, señaló que va a estudiar con el Ayuntamiento el cierre de ese tipo de inmuebles y el realojo de sus ocupantes.
Hay que "evitar estos dramas absolutamente", dijo Sarkozy, aunque admitiendo la "dificultad" para impedir este tipo de siniestros ya que hay "mucha gente, algunos que no tienen papeles, que se amontona en París y no hay condiciones para alojarlos". Tanto el presidente de Francia, Jacques Chirac, como el primer ministro, Dominique de Villepin, han manifestado su compasión y su simpatía por las víctimas y sus familiares. "Esta catástrofe horrorosa enluta a Francia entera", declaró Chirac.
Condiciones precarias
El edificio, datado en 1920, acogía en sus siete pisos a unas 130 personas, de las que un centenar eran niños, procedentes en su mayoría de Mali, Senegal, Costa de Marfil y Gambia. Testigos han declarado haber visto en el edificio ratas y ratones y han asegurado que las escaleras, de madera, eran muy inestables y se movían. Las organizaciones en defensa de los inmigrantes han denunciado las condiciones precaraias en las que viven los inmigrantes en la región parisina.
El presidente de la entidad France Euro Habitat, Jacques Oudot, vinculada a una de las asociaciones benéficas que alojaban a las familias del edificio incendiado, ha explicado que estaban previstas obras de acondicionamiento, pero que no habían podido llevarlas a cabo todavía debido a que nadie quería alojar a sus ocupantes durante los trabajos de remodelación. "La opción para esas familias era eso o la calle", dijo Oudot, quien insistió en que todos eran inquilinos de pleno derecho.
Difícil escapatoria
En las tareas de extinción del fuego, que se inició alrededor de la medianoche y que está totalmente bajo control, participaron 210 bomberos. Después se procedió al realojamiento del resto de residentes del edificio, indicó un portavoz de los Bomberos.
Al parecer, el fuego se inició en el hueco de la escalera entre la tercera y la sexta planta del inmueble, lo que impidió la huida de muchos ocupantes en los pisos superiores, según señaló un portavoz de los bomberos. Muchos de los muertos perecieron por asfixia.
Respecto a las causas, los bomberos insisten en que todavía se desconocen. Diversas fuentes han aludido al elevado número de personas que vivían en cada piso y que, por lo exiguo del espacio, algunos cocinaban en los dormitorios. También han destacado la abundancia de cables eléctricos en malas condiciones y sin proteger que había en las viviendas.
Segundo siniestro
El pasado 15 de abril fallecieron 23 personas y otras 31 resultaron heridas en el incendio de un hotel en el noveno distrito de París, el París-Opera, que estaba subalquilado por la Alcaldía de la capital para realojar a inmigrantes y familias en estado de necesidad. Entre las víctimas del fuego se encontraban ciudadanos de nacionalidad francesa, senegalesa, portuguesa, marfileña, estadounidense, ucraniana y tunecina.
Las sospechas de encubrimiento para tapar los detalles de la muerte de Charles de Menezes han disminuido la confianza ciudadana en Scotland Yard y han creado una crisis política que incluso podría salpicar al Gobierno de Tony Blair. Diputados de todos los partidos y comentaristas políticos se han unido a la familia del electricista brasileño para exigir una investigación pública, además de la cabeza del jefe de la policía metropolitana, sir Ian Blair.
Un mes después de la segunda ola de atentados terroristas en Londres, ya no se habla de los culpables, los posibles cerebros de la operación o las hipotéticas conexiones con Al Qaeda, pero sí de la muerte de un inocente transeúnte que iba al trabajo, y a quien un agente de la brigada antiterrorista con el gatillo demasiado ligero acribilló de siete balazos en la cabeza y otro en el hombro -tres más no dieron en el blanco- cuando se encontraba inmovilizado por un compañero en el vagón de un metro.
La comisión independiente que se ocupa del caso anunció ayer que espera tener concluido su informe para Navidad, y que sólo entonces recomendará medidas disciplinarias internas o el inicio de un procedimiento criminal contra el autor de los disparos, y tal vez sus superiores. El Gobierno Blair dio en su día autoridad a Scotland Yard para "disparar a matar" cuando lo considerase oportuno, pero cada vez hay más voces que exigen un debate parlamentario y la autorización expresa de la Cámara de los Comunes para que la política siga vigente.
Antes de irse de vacaciones a Barbados, Tony Blair dejó abiertas las puertas a la posibilidad de convocar anticipadamente a los diputados para acelerar la tramitación de las nuevas medidas antiterroristas que propuso de modo un tanto apresurado -algunas de ellas son legalmente inviables-, para aprovechar el miedo tras los atentados en su cruzada de ley y orden, además de neutralizar cualquier posible crítica de que no había respondido con celeridad a la amenaza integrista. Ahora es posible que tenga que reunir al Parlamento en el otoño para tratar el caso Menezes, la desconfianza en Scotland Yard y las demandas de que sus responsables dimitan.
La policía se negó ayer a hacer comentario alguno sobre las especulaciones de que las cintas de las cámaras en circuito cerrado de la estación de Stockwell, que deberían haber grabado la ejecución a sangre fría de Charles de Menezes el 22 de julio pasado, se encuentran misteriosamente vacías. La compañía privada que se encarga del mantenimiento del metro de Londres ha dicho que los artefactos se hallaban operativos, y le parece "increíble" que todos dejasen de funcionar por arte de magia la mañana de autos.
El jefe de la policía metropolitana, sir Ian Blair, consiguió bloquear durante tres días el acceso de los investigadores de la comisión independiente -algo así como el departamento de asuntos internos de Scotland Yard- a Stockwell y el vagón de metro donde se produjo el homicidio de Charles de Menezes. Esta circunstancia, unida a la coincidencia de las cintas borradas, ha alimentado las acusaciones de un encubrimiento y ha puesto en la picota al comisario sir Ian Blair.
Aunque tanto el primer ministro, Tony Blair, como el ministro de Interior, Charles Clarke, le han expresado públicamente su apoyo, el jefe de la policía se encuentra bajo tales presiones que el pasado domingo optó por conceder una entrevista al periódico News of the World en la que aseguraba no haber sido informado por sus subordinados de que la víctima de la estación de Stockwell era un inocente hasta la mañana siguiente al suceso. Estas declaraciones han creado la impresión de un Scotland Yard confundido y desbordado por los acontecimientos, con departamentos enfrentados entre sí y disidentes que se encargan de filtrar secretos a la prensa.
LA VANGUARDIA DIGITAL RAFAEL RAMOS - 24/08/2005 Corresponsal. LONDRES
La organización Amnistía Internacional (AI) aseguró este miércoles que las nuevas medidas impulsadas por el Gobierno británico para expulsar a los extranjeros que inciten el terrorismo violan los derechos humanos y las obligaciones internacionales del Reino Unido.
El ministro británico del Interior, Charles Clarke, dio a conocer una lista de "comportamientos inaceptables" que justificarán la deportación de esos individuos a su país de origen en nombre de la lucha antiterrorista.
Sin embargo, para AI, la definición de "comportamiento inaceptable" es tan "vaga y amplia" que la nueva legislación "puede llevar a mayores injusticias y a socavar la protección de los derechos humanos en el Reino Unido". "En vez de reforzar la seguridad, esas medidas alienarán todavía más los sectores vulnerables de la sociedad", declaró en un comunicado Halya Gowan, subdirectora de la sección de Europa y Asia Central de AI, con sede en Londres.
Los defensores de los derechos humanos temen que en virtud de las nuevas medidas se deporte a extranjeros a países donde se practica la tortura y los malos tratos.
Amnistía Internacional señaló que "el derecho de no estar sujeto a torturas ni de ser enviado a un país donde existe ese riesgo, debe aplicarse a todo el mundo, independientemente del delito que haya cometido". Si el Reino Unido sospecha de alguien, "su deber es acusarlo y someterlo a un juicio justo" que cumpla con el derecho internacional, según el comunicado de la organización.
Por su parte, el Gobierno británico ha asegurado que negocia con países norteafricanos y de Oriente Medio unos "memorandos de entendimiento" que garanticen que los sospechosos repatriados serán tratados con todas las garantías. Según la lista divulgada por Londres, podrán ser deportados los extranjeros que "inciten, fomenten o glorifiquen el terrorismo para defender sus creencias" o "busquen persuadir a otros para cometer actos terroristas".
El estrecho de Florida es de nuevo escenario de una tragedia cubana. Ayer 31 personas permanecían desaparecidas tras el naufragio de la lancha en la que trataban de llegar a EE UU. El desastre ocurrió a 30 millas de la costa norte de Matanzas, al este de La Habana. Sólo tres supervivientes han sido rescatados por un buque mercante que los encontró en alta mar enfundados en chalecos salvavidas y los llevó de regreso a Cuba.
Aunque en Cuba no se ha informado públicamente del suceso, el Servicio de Guardacostas de EE UU dijo que el domingo por la noche recibió un fax de las autoridades de la isla en el que comunicaban el naufragio de la embarcación y el rescate de tres sobrevivientes. Los datos suministrados por La Habana sirvieron para orientar las labores de rastreo, en las que ayer participaban varios barcos y aeronaves norteamericanas.
Según los relatos de los socorridos, quienes se hallan hospitalizados en Cuba en estado grave, la lancha, de 9 metros de eslora, zozobró el martes de la semana pasada, apenas 30 minutos después de salir del norte de la provincia de Matanzas. Los tres náufragos, un hombre y dos mujeres, fueron rescatados cinco días después por el barco Melfi Habana, con bandera de Antigua y Barbuda.
El Servicio de Guardacostas de EE UU informó de que, de acuerdo con los testimonios aportados por La Habana, al producirse el naufragio 14 personas quedaron aferradas a la embarcación mientras veían que los 20 pasajeros restantes eran arrastrados por la corriente. Los tres rescatados tenían chalecos salvavidas y pudieron permanecer flotando hasta ser auxiliados, con signos de deshidratación y graves quemaduras.
La guardia costera norteamericana considera que se trata de un caso de tráfico de emigrantes. La lancha rápida, con matrícula de Florida, fue hallada el lunes vacía y a la deriva. Fue remolcada hasta Cayo Hueso, Florida, para iniciar las investigaciones sobre el suceso. Al parecer, los contrabandistas pueden haber perecido en el naufragio.
Hasta el momento, el Gobierno cubano no ha comunicado los nombres de los rescatados ni la prensa oficial ha mencionado el incidente. De no hallarse más sobrevivientes, ésta sería la peor tragedia de balseros cubanos en el estrecho de Florida de la última década.
"Fomentar, justificar o glorificar la violencia terrorista", "intentar provocar actos terroristas" o "fomentar el odio que pueda desencadenar la violencia entre distintas comunidades del Reino Unido" serán comportamientos "inaceptables" que justifiquen la expulsión o denegación de entrada al país de aquéllos que de esta forma supongan una amenaza a la seguridad nacional. Así lo ha dado a conocer hoy el ministro británico del Interior, Charles Clarke, al publicar la lista de actitudes que explicarán una de las nuevas y más controvertidas medidas antiterroristas anunciadas recientemente por el Gobierno tras los atentados de julio.
Clarke ha insistido en que la intención del Gobierno no es la de "ahogar la libertad de expresión o el debate legítimo sobre las religiones u otros temas". No obstante, esta ley apunta directamente a numerosos imanes radicales y a extremistas religiosos instalados desde hace años en Londres.
Para llevar a cabo deportaciones, las autoridades británicas se enfrentan a un problema legal. La ley de Inmigración británica de 1971 autoriza a deportar extranjeros que constituyen una amenaza a la seguridad nacional. Sin embargo, Reino Unido es signatario de la Convención Europea de los Derechos Humanos, incorporada a la legislación en 1998, y de la Convención Internacional contra la Tortura, incorporada en 1988. Ambas prohíben cualquier deportación si existe el riesgo de que las personas sean torturadas en sus países de origen.
Para prevenir esto, el Reino Unido está intentando concluir acuerdos con diversos países para garantizar que los deportados serán tratados correctamente. El pasado 11 de agosto, Clarke hizo uso de sus poderes cuando los servicios de inmigración arrestaron a 10 extranjeros que "constituían una amenaza a la seguridad nacional", entre ellos Abu Qatada, el jefe espiritual de Al Qaeda en Europa.
Esta mañana, en una entrevista concedida a la radio de la BBC, el alcalde de Londres Ken Kivingstone mostró su preocupación ante un texto "demasiado rígido" que corre el riesto de prohibir toda libertad de expresión y todo derecho de crítica.
ERIC RUDOLPH , el estadounidense de 38 años autor del atentado que causó la muerte de una persona e hirió a 111 en los Juegos Olímpicos de Atlanta, celebrados en 1996, fue condenado ayer, nuevamente, a cadena perpetua sin opción de excarcelación. La sentencia anterior fue por la muerte de un policía en ataques a clínicas antiabortistas. AFP
