Tres de los 20 neonazis detenidos la semana pasada en Valencia en la llamada Operación Pánzer son militares profesionales, según informaron ayer fuentes de la investigación. Las mismas fuentes añadieron que la operación sigue abierta y que entre la noche de ayer y el día de hoy podrían producirse, al menos, otras dos detenciones.
Los neonazis, nueve de los cuales han ingresado en prisión, pertenecen al grupo Frente Antisistema y la Guardia Civil les imputa los delitos de asociación ilícita; depósito, tenencia y tráfico de armas; delitos contra los derechos fundamentales y libertades públicas y delitos contra la salud pública. Los arrestados, según la Guardia Civil, organizaban salidas para dar palizas a inmigrantes y a miembros de otras tribus urbanas.
Las detenciones se produjeron el viernes en la ciudad de Valencia y en otras diez poblaciones de la provincia. Las investigaciones, que comenzaron hace dos años tras localizarse una página de Internet en la que se vendían armas blancas y se difundían mensajes de extrema derecha, han sido coordinadas por el Juzgado de Primera de Carlet.
Un incendio en un invernadero de Níjar (Almería) ha obligado a desalojar a más de 200 inmigrantes, en su mayoría, subsaharianos, que trabajaban en dicha explotación agrícola y que incluso dormían en ella. Según los primeros datos, el incendio, que arrasó entre 3.000 y 4.000 metros de invernadero, fue fortuito.
Según han informado hoy a Europa Press fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Almería, la Guardia Civil tuvo conocimiento del incendio sobre las ocho y media de la tarde de ayer. Concretamente se produjo en el Camino del Jazmín en la barriada de San Isidro de Níjar y quemó entre 3.000 y 4.000 metros cuadrados de invernadero, sin provocar daños personales. Hasta la zona se trasladaron los Bomberos de Almería y personal del Infoca para evitar la propagación de las llamas.
No obstante, unos 200 inmigrantes que trabajaban en la explotación tuvieron que salir precipitadamente de la instalación, cargando con sus enseres. Algunos de los inmigrantes desalojados han sido acogidos por las Hermanas de San Vicente de Paul y otros por los empresarios para los que trabajan.
Ahmed y Annuar llegaron desde Marruecos a España de manera estrambótica. Uno, con 15 años, colgado de los bajos de un camión; y el otro, con 17 recién cumplidos, camuflado entre un grupo de estudiantes italianos en uno de los barcos de línea regular que cruza el Estrecho. Cuando llegaron a Barcelona eran dos menores indocumentados, sin papeles y solos. Hubieran podido ser pasto de la ley de la calle, la que obliga a sobrevivir a costa de lo que sea. Pero no fue así. Con lo que se dieron de bruces fue con el operativo que la Conselleria de Benestar i Família tiene para atender a los menores inmigrantes indocumentados. "Salí de Alcazarquivir en el 2003. Entonces, tenía 15 años", explica Ahmed. "Conocía a marroquís que estaban en Barcelona y pensaba que aquí podría encontrar trabajo". "Dejar la familia --tiene seis hermanos-- fue lo más duro, pero tenía que salir de Marruecos a buscar mi futuro, porque allí no lo hay". Ahmed pasó el Estrecho en barco, "escondido en los bajos de un camión". A pie y en autobuses llegó hasta Barcelona. "Aquí, una mujer marroquí me dijo que fuese a la Direcció General d'Atenció a la Infància". No vivió en la calle. Le ingresaron en un centro de menores. Tras confirmar que, efectivamente, en Alcazarquivir no tenía ningún futuro y que su familia vivía bajo mínimos, la Generalitat asumió su tutela, hasta los 18 años, y le ofreció un curso de formación como cocinero. "Ahora ya tengo trabajo, contrato y un sueldo que me permite pagar los 200 euros de habitación en un piso compartido".
Ni alcohol ni discotecas Como Annuar, Ahmed gasta muy poco. Nada de alcohol, nada de discotecas. "Envío dinero a mi familia",, cuenta. Tiene una novia de su misma edad, marroquí también, que reside en Barcelona. "¿Casarnos?, ya me gustaría, pero no es fácil". "Mi sueldo no da para alquilar un piso". ¿Montar un día un restaurante propio, aquí en Barcelona? "Eso es imposible". "¿Quién iría a un local en el que no se sirve alcohol, ni carne de cerdo?". "Aquí no se puede y en Marruecos las cosas no están aún como para arriesgarse". Annuar es de Tetuán, de una familia de cinco hermanos. "Estuve un año yendo y viniendo de Ceuta para ver como podría pasar a España, pero no había manera". Un buen día, todo cambió. "Había un grupo de estudiantes italianos que iban hacia Algeciras; compré un billete y me camuflé entre ellos". Tenía 17 años y el terror le llegó justo cuando pisó tierra española. "Llamé por teléfono a un hermano que estaba en Barcelona para decirle que había llegado a Algeciras". "Entonces, me encerré en un lavabo y estuve allí horas y horas hasta que él vino a buscarme".
Campeón ciclista infantil Su hermano, por aquel entonces, tampoco tenía papeles y pensó que lo más sensato era poner a Annuar a disposición de la Direcció General d'Atenció a la Infància. Pasó por un proceso similar al de Ahmed --familia sin medios e internamiento en un centro-- y hoy, cumplidos los 18 y tras una formación profesional, trabaja también como cocinero. "Lo que me gustaría de verdad es volver a Marruecos con mi familia y trabajar allí", asegura Annuar. Aquí, vive bien, pero el sueldo no da para caprichos. "Tengo una habitación en un piso compartido". Echa en falta poder practicar su afición favorita. "Fui campeón ciclista infantil y juvenil de Tetuán en los 30 kilómetros", explica con indisimulado orgullo. "Me gustaría mucho poder tener una bicicleta para practicar, pero hasta las de segunda mano son demasiado caras para mí", valora el joven tetuaní, que, como su amigo Ahmed, ya borda el idioma español. Los dos, más que corteses, son gentiles, educados, y, como muchos jóvenes del entorno del que proceden, algo machistas. "No sabemos hacer cuscús, porque eso lo cocinan las mujeres", aseguran al unísono. "Pero sí podemos hacer una buena tortilla de patatas o guisados de carne", aclara Ahmed. Ahmed y Annuar son el ejemplo de los que salen a la fuerza de su país por la inexistencia de oportunidades laborales. Ahora, la Conselleria de Benestar i Familia quiere que los que les sigan puedan recibir en su propio país la formación profesional que ellos tuvieron aquí. El objetivo no es fácil.
El goteo es incesante. Un promedio de 40 menores inmigrantes marroquís, solos e indocumentados, llegan cada mes a Barcelona. La Direcció General d'Atenció a la Infància (DGAI), departamento que se ocupa de este fenómeno, ha identificado a 331 chicos entre enero y agosto de este año. A los que llegan nuevos, además, hay que sumar los que ya se encuentran en el circuito de protección de la Administración catalana. Los expertos que conocen de cerca el colectivo dicen que la inmigración de menores funciona a rachas. Así lo demuestra el hecho de que en febrero sólo llegasen 21 y en julio 58. "Lo que sí es seguro es que esta inmigración no se para", opinó la responsable de la DGAI, Imma Pérez. Las cifras avalan su percepción. "En el 2004, el promedio mensual de menores que llegaban era de 30, y ahora --señaló-- estamos en 40". A pesar de ello, "ahora no hay niños en la calle", afirmó. "Puede haber algún caso puntual, como el que se dio recientemente en el Poblenou, pero eso es la excepción", explicó Pérez. Un equipo de cuatro educadores de calle --que trabajan específicamente con este colectivo-- y un operativo compuesto por centros de primera acogida y de inserción laboral han logrado que esos menores tengan un techo.
TRABAJAR Y GANAR DINERO En los centros de primera acogida se diagnostica cada caso (si efectivamente son menores, si tienen o no familia que pueda atenderles en Marruecos) y en los centros integrales se les da la formación necesaria para que puedan encarar el futuro y se analiza su situación legal. "Son menores, pero vienen aquí con el objetivo de trabajar y ganar dinero, y eso no podemos ignorarlo", explicó Imma Pérez. Casi todos eligen Barcelona como destino. No les atraen otros lugares de Catalunya. "Barcelona y el Barça son su obsesión", relató la responsable de la DGAI. A pesar de ello, esta misma semana, la consellera de Benestar i Família, Anna Simó, inaugurará un nuevo centro (30 plazas) de acogida a menores magrebís en La Selva. "La instalación es adecuada y la utilizaremos, porque los centros están saturados y no queremos que los niños duerman en la calle". "Cuando haya una alternativa en Barcelona traeremos el centro aquí", aseguró la directora general.
MÁS RECURSOS La DGAI tiene entre sus planes crear más recursos para esos menores y ensayar un nuevo modelo de protección que permita sacarles de los centros a los 16 años, para ir a vivir en pisos compartidos, en lugar de a los 18 como ahora. "Necesitaremos unos 40 pisos asistidos desde ahora hasta el 2007", explica la portavoz. Pero el verdadero objetivo de la DGAI, según su directora general, es lograr que esos muchachos no salgan de Marruecos. "Es muy difícil --puntualizó--, pero trabajamos con empresas españolas instaladas en Tánger, para que pueda dárseles trabajo allí, después de pasar un curso de formación profesional que, en colaboración con ONG marroquís, también se imparten allí". Quizá en Tánger se logre reducir el goteo de niños inmigrantes, pero Marruecos es muy grande y vendrán de otras zonas. "La prioridad de la DGAI es favorecer el retorno de estos menores con las familias de su país de origen, pero eso no siempre es posible". "Y en todo caso --concluyó Pérez-- estamos obligados a protegerles mientras se encuentran aquí".
El secretario de Estado para la Seguridad Social, Octavio Granado, no salía de su asombro. Cuanto más insistía a sus técnicos para que le confirmaran si aquello era cierto, más le aseguraban sus colaboradores que no había ningún error. Entre los 450.000 trabajadores extranjeros que, por el momento, han culminado el proceso de regularización de inmigrantes, sólo aparecía un minero del carbón. Antón Walica, un checo de 37 años, se ha convertido, sin saberlo, en un personaje famoso entre los funcionarios de la Seguridad Social que manejan los datos del proceso de regularización. Según confiesan, temían que su caso no llegase a cuajar y les estropease las estadísticas. Su historia, en puridad, les hacía suponer que era el único inmigrante del sector que había sido legalizado. "Es casi imposible que haya trabajadores ilegales en el car- bón", explica Jesús Rus, gerente de Prominor 2003, empresa subcontratista que ha regularizado a Walica y que trabaja para Hunosa (Asturias), Iberpotas (Barcelona) o Huminsa (León). Este empresario de Berga, al que se le ha pegado el acento asturiano desde que vive en Riaño, se marchó de Catalunya tras darse cuenta de que el negocio de la minería se había acabado en su comunidad autónoma. Rus explica que, de los 50 trabajadores que tiene en Prominor 2003, un 40% tienen nacionalidad polaca o checa, pero todos con permiso para trabajar en España.
Trece años en la mina Walica estudió para minero y trabajó en las minas de mecánico desde los 18 años. "Pero cuando vine a España con mi mujer en 1996 no tenía permiso de trabajo". Lo primero que logró es un empleo "recolectando limones y naranjas" en Murcia. Allí forjó una gran amistad con la familia que le había dado trabajo y, con ayuda de Cáritas, logró los papeles en el 2001. Rus le contrató para una de sus empresas, pero Walica tuvo que volverse a su país en el 2002 con sus dos hijos. A su regreso, el pasado febrero, se había convertido de nuevo en un sin papales al caducarle el permiso. Acudió a Rus y, tras tres meses de trámites, paso a convertirse en el único trabajador del carbón regularizado. Ahora dice que se va a comprar una casa y que se queda en España "para siempre". La tradición obrera y reivindicativa de este sector ha logrado que los sindicatos tengan un papel protagonista en las empresas. "En las minas existe la figura del delegado de seguridad, que es elegido por todos los trabajadores y tiene unas atribuciones mucho más importantes que un simple delegado se salud laboral", explica Rafael Varea, secretario de Minería de CCOO. El representante del comité de empresa controla todos los contratos, tanto los de plantilla como los subcontratados, y denuncia ante la inspección de Trabajo cualquier irregularidad. Ningún empresario se juega una protesta sindical o una multa por tener un clandestino trabajando. Pero el sector del carbón ha pasado por varias reconversiones: la penúltima es el resultado del plan 1998-2005, que ha reducido 15.851 empleos en el sector. Los acuerdos con los sindicatos obligaban a las empresas a reponer cuatro de cada 11 bajas que se producían, dando preferencia a los hijos de los mineros y a la gente de las comarcas afectadas. "Pero aquí hay pocos españoles que quieran ser mineros, y mira que a cualquiera le doy mañana un puesto de trabajo", se lamenta Rus. Asegura que necesitaría traerse a otros 50 polacos o checos. Ha pedido al Ministerio de Trabajo la autorización, pero los permisos que han llegado hace unos días, después de seis meses de papeleos, sólo permiten venir a 25 trabajadores de estos países.
Filón de empleo La minería se está convirtiéndose en un filón de empleo para Polonia y Chequia. Según cuenta Rus, hay cientos de ciudadanos de estas nacionalidades trabajando en las minas españolas. "Sólo en Asturias hay 12 subcontratas de polacos que sólo contratan a empleados de su país". El otro problema es que en España quedan pocos especialistas. Tanto Polonia como Chequia mantienen una larga tradición minera y todavía hay abundante mano de obra joven que ha estudiado especialidades relacionadas con esta actividad. "No encontramos gente formada en Asturias y, por este motivo, tenemos dos personas en la empresa, uno checo y otro polaco, que buscan gente en sus países y hacen los procesos de selección", comenta Silvia García, responsable de recursos humanos de Prominor 2003.
Las comisiones judiciales están acostumbradas a ver todo tipo de acciones macabras, pero algunas costumbres son tan siniestras que ponen los pelos de punta al agente más invulnerable.
Sucedió en la madrugada del pasado viernes en una vivienda de Burjassot. Allí, en una habitación, la Guardia Civil encontró un ataúd donde solía dormir uno de los 20 neonazis detenidos en la operación Panzer.
La repulsión que causa la caja de madera no impidió a los agentes realizar una minuciosa inspección en la casa, según informaron fuentes jurídicas de Paterna. La Guardia Civil descubrió en esta misma vivienda un taller clandestino donde presuntamente se manipulaban armas.
Pero este no fue el único registro que realizaron los agentes de la Guardia Civil. Otros 17 locales y domicilios fueron inspeccionados en Valencia, Puçol, Chiva, la Pobla de Farnals, Silla, Paterna, la Font de la Figuera y Xirivella.
Los presuntos integrantes de la organización neonazi Frente Antisistema (FAS) se reunían y guardaban armas ilegales en los citados lugares.
Palizas a inmigrantes Como ya informó en su edición de ayer LAS PROVINCIAS, varios de los jóvenes detenidos organizaban batidas para propinar palizas a miembros de tribus urbanas rivales o a inmigrantes, según las investigaciones de la Guardia Civil.
Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana señalaron que nueve de los 20 individuos arrestados ingresaron en prisión y los restantes quedaron en libertad, aunque siete de ellos siguen acusados de diferentes delitos.
Los funcionarios del juzgado de instrucción número 1 de Carlet trabajaron con empeño y casi sin descanso durante el fin de semana para tomar declaración a 12 de los detenidos, mientras que los cuatro restantes pasaron a disposición de los juzgados de guardia de Sagunto, Torrent y Requena.
A los jóvenes neonazis se les imputa en esta causa los delitos de asociación ilícita; deposito, tenencia y tráfico de armas; delitos contra los derechos fundamentales y libertades públicas, y contra la salud pública.
Armas de fuego y dagas La Guardia Civil intervino a estos individuos armas de fuego, dagas, puños americanos y otros efectos que presuntamente utilizaban para cometer delitos.
Tres de los jóvenes encarcelados podrán salir de la prisión de Picassent si pagan la fianza fijada por la jueza de Carlet.
Las Provincias JAVIER MARTÍNEZ/ROSA LLORCA VALENCIA/BURJASSOT
Nueve de los 20 miembros de la banda neonazi Frente Antisistema que fueron detenidos el viernes en Valencia y otros 10 municipios de la provincia ingresaron ayer en la prisión de Picassent tras prestar declaración ante el juez. Otros siete quedaron en libertad con cargos, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que cita Efe. La Guardia Civil no aclaró si los otros cuatro detenidos están pendientes de pasar a disposición judicial o han quedado en libertad. A todos ellos se les imputan los delitos de asociación ilícita; depósito, tenencia y tráfico de armas; delitos contra los derechos fundamentales y libertades públicas; y delitos contra la salud pública.
La investigación policial bautizada Operación Pánzer ha permitido localizar 18 locales y domicilios en Valencia, Sagunto, Puzol, Chiva, La Pobla de Farnals, Torrent, Silla, Paterna, La Font de la Figuera, Burjassot y Xirivella, donde los integrantes de la banda de corte neonazi se reunían y almacenaban objetos y armas ilegales.
La Guardia Civil imputa a los detenidos la organización de salidas para propinar palizas a miembros de grupos rivales o inmigrantes. Y sospecha que miembros de la banda son responsables del incendio de cinco vehículos propiedad de inmigrantes registrado el pasado fin de semana en la localidad de Canals.
Los 16 detenidos que pasaron el sábado a disposición judicial declararon en los juzgados de Carlet, Sagunto, Torrent y Requena. La magistrada del Juzgado Carlet, que tomó declaración a 12 detenidos desde la mañana del sábado hasta la madrugada del domingo y reanudó ayer los interrogatorios, decretó el ingreso en prisión de seis miembros de la banda, aunque tres de ellos podrán eludirla con el pago de una fianza no especificada. Los otros seis quedaron en libertad provisional con cargos.
Se mantiene la prisión sin fianza para los dos detenidos que declararon en el Juzgado de Sagunto y el único que declaró en Torrent. Otro detenido que fue interrogado en Requena quedó en libertad provisional con cargos.
Las investigaciones que desataron la Operación Pánzer arrancaron hace dos años y han sido coordinadas por la magistrada del Juzgado de Carlet.
La Guardia Civil comunicó el sábado que la operación no se consideraba cerrada, pero ayer no anunció nuevas detenciones. La operación corrió a cargo de la comandancia de la Guardia Civil de Valencia, que contó con apoyos de los servicios centrales de Madrid.
La página de Internet que utilizaban los miembros de la banda para difundir proclamas de extrema derecha y vender armas y objetos para defensa personal, desde puños metálicos hasta machetes, fue la primera pista que condujo al núcleo de un grupo organizado, jerarquizado y con objetivos muy claros, según una fuente vinculada a la investigación.
La quema de diversas sedes de partidos de izquierda en Valencia en la campaña electoral del 2000, reivindicados por la Hermandad Nacionalsocialista Armagedón alertó de la existencia de grupos nazis activos y violentos. La investigación se saldó con 18 detenidos, algunos de ellos arrestados mientras pegaban carteles. En marzo fueron juzgados por tenencia ilícita de armas y asociación ilícita. El fiscal pedía penas de cinco años de prisión, pero el juez los exculpó porque no había quedado probado que formaran parte de "una organización encaminada a subvertir el orden democrático".
Han naufragado en un mar de alambradas y nadie quiere ir a rescatarles. Las decenas de subsaharianos que esperan para saltar la frontera de Melilla son náufragos en un océano hostil, sin ninguna mano amiga a la vista: España no les deja entrar y sube la altura de la valla, mientras que Marruecos no les quiere en su territorio y ha arrasado su campamento, obligándoles a vivir como fugitivos. Además, en 20 días, cuatro inmigrantes han muerto en extrañas circunstancias, dos de ellos a causa de la actuación policial, según varias ONG.
Su situación es peor que nunca. Les hostigan a ambos lados de la frontera. En la parte española, constatan como la Guardia Civil es cada vez más brutal. "Te golpean con bastones enormes, aunque lo peor son sus balas de goma", relata Omar, un joven maliense que, junto a dos compañeros, Brahim y Samburu, pasa la noche en torno a una fogata en un bosque cercano a la frontera, esperando su oportunidad. "Antes --dice-- los policías disparaban con balas de goma para dispersar. Ahora, apuntan a la cabeza y al abdomen. Si los agentes te tiran a bocajarro, te matan".
Varias ONG han denunciado que los pelotazos a bocajarro causaron la muerte el 29 de agosto del camerunés Ypo Joe, con el hígado roto, y el pasado jueves la de un maliense, con la tráquea desviada. Además, la Gendarmería marroquí confirmó ayer la muerte de un cuarto inmigrante, cuyo cuerpo está en Nador.
Orinar sangre
Omar asegura que ha sufrido en su carne la contundencia de los agentes españoles. La última vez que intentó saltar, recibió varios golpes en los testículos. "Desde entonces orino sangre", dice. "Tienen derecho a detenernos y a impedir que pasemos, pero no tienen por qué golpearnos ni matarnos", clama excitado. En su opinión, esta violencia quiere lanzarles un mensaje. "Se debe --dice-- a los intentos masivos. Es un modo de decirnos que en pequeños grupos sí, pero que a cientos, no".
Según José Palazón, el presidente de Proderechos de la Infancia (Prodein), la ONG melillense más activa en la defensa de los inmigrantes, esas muertes son el resultado de la estrategia hispano-marroquí. "España y Marruecos quieren acabar como sea con este fenómeno y actúan de forma más contundente que nunca. Y esa contundencia se les está yendo de las manos", dice.
El comandante de la Guardia Civil en Melilla niega en bloque las acusaciones de brutalidad de sus agentes. "Confío en mis hombres y sé que respetan los derechos humanos", afirma. Asegura que "custodiar esa valla es muy duro".
Para los inmigrantes, las avalanchas masivas son ya su última posibilidad para llegar a España. "Es la única manera que tenemos de pasar", dice Brahim, antes de sentenciar: "La unión hace la fuerza". Si van solos o en pequeños grupos, están a merced de los agentes de las fuerzas auxiliares marroquís. "Pero cuando ven que somos 100 o 200 no se atreven a decirnos nada", explica. Así precisa la filosofía de esos intentos: "Vamos en grupo, saltamos a la vez y no vale pararse. Sabemos que algunos pasarán, que los métodos para salvar la alambrada han cambiado con el tiempo. Los inmigrantes antes la cruzaban haciendo agujeros con cizallas. Cuando colocaron los sensores de movimiento, pasaron a usar escaleras fabricadas manualmente con troncos atados a partir de trozos de tela. Los africanos van a la alambrada vestidos con abundante ropa y guantes para evitar pincharse con los alambres de espino.
Se acercan de noche a la alambrada, escondiéndose. "Observamos, vemos si hay muchos guardias, si hay muchos alís --como ellos llaman a los guardas marroquís-- y si vemos que hay una posibilidad, entonces saltamos", explica Brahim.
Con los intentos, acaban siendo especialistas en la materia. Los guardias civiles saben que un inmigrante en forma no tarda nisiquiera 30 segundos en saltar la doble valla. "He visto gente que ha saltado la doble alambrada de tres metros en 18 segundos", asegura un agente. "Una vez vi a un chaval saltar la alambrada sin tocar la corona de espino de arriba. A aquel tío habría que llevarlo a unos Juegos Olímpicos", recuerda.
Dos coches de dos ciudadanos búlgaros fueron ayer objeto de sendos ataques xenófobos de personas desconocidas que les ocasionaron graves destrozos. Los sucesos se produjeron en las localidades de lAlcúdia de Crespins y Llanera de Ranes.
Por la mañana apareció con grandes desperfectos un vehículo Ford Escort, propiedad de una familia de nacionalidad búlgara residente en lAlcúdia. El coche, con matrícula de Bulgaria, fue encontrado por su propietario con las cuatro ruedas pinchadas y la lunas completamente rotas.
En Llanera de Ranes se produjo el otro acto xenófobo. En esta ocasión, los vándalos actuaron sobre un Ford Fiesta, con matrícula de Valencia, pero cuyo propietario también es de nacionalidad búlgara. El vehículo apareció con abolladuras y cristales rotos.
Fuentes policiales descartaron cualquier relación de estos ataques con la operación realizada la madrugada del viernes por la Guardia Civil contra miembros de la extrema derecha.
Ataque similar en Canals La semana pasada tuvo lugar otro ataque racista a cinco vehículos de inmigrantes en Canals.
El ciudadano búlgaro de lAlcúdia de Crespins se mostró muy afectado por el suceso y comentó que estos actos racistas no los compartan todos los españoles. Es un hecho aislado de un grupo de jóvenes que cuando están de fiesta o beben actúan de esa forma, señaló.
Añadió que este tipo de acciones dificultan mucho la convivencia de los extranjeros. Decir que siento miedo sería mucho porque es una palabra fuerte, pero mucha preocupación sí que tengo. Nosotros venimos aquí a trabajar y no queremos problemas.
El mismo ciudadano puntualizó que ha recibido muestras de apoyo de varios vecinos. Estoy casi cuatro años en España y trabajo en el campo y en un bar. Estoy recibiendo muestras de solidaridad, tanto de mis jefes como de mis compañeros.
Su odio y hostilidad hacia los extranjeros les unía. Elegían un día y una hora, y emprendían la búsqueda de sus víctimas. Por suerte para estas personas, la Guardia Civil detuvo durante la madrugada del viernes a una veintena de integrantes de la organización neonazi llamada FAS (Frente Antisistema).
Las arduas investigaciones de agentes especializados de la Guardia Civil, iniciadas hace dos años, han permitido estos arrestos en el marco de la operación denominada Panzer.
Además, según informaron ayer fuentes del instituto armado, los efectivos de la Benemérita han registrado 18 locales y domicilios en Valencia, Puçol, Chiva, la Pobla de Farnals, Silla, Paterna, la Font de la Figuera, Burjassot y Xirivella, donde los integrantes de este grupo se reunían y almacenaban numerosos objetos y armas ilegales para la comisión de delitos.
Entre las acciones ilegales que les imputa la Guardia Civil, destaca la organización de batidas para propinar palizas a miembros de tribus urbanas rivales o a inmigrantes, según explicaron las mismas fuentes.
La operación continúa abierta, por lo que la Benemérita no descarta nuevas detenciones en las próximas horas. Los apresados pasaron durante el día de ayer a disposición judicial en diversas localidades de Valencia.
Armagedon Fuentes cercanas al caso manifestaron que dos de los detenidos pertenecían al antiguo grupo clandestino de ideología neonazi Hermandad Nacional Socialista Armagedon, desarticulado por la Policía Nacional en el año 2000.
Los principios de esta organización eran el uso de la violencia como instrumento político, la discriminación racial, la superioridad de la raza blanca y la persecución de los homosexuales.
Además, Armagedon utilizaba una denominación paramilitar para referirse a sus propios miembros cuando llevaban a cabo acciones violentas, utilizando retórica y simbología bélica, según las investigaciones de la Policía Nacional.
El Movimiento Contra la Intolerancia (MCI) felicitó a las Fuerzas de Seguridad del Estado por estos arrestos y aseguró en un comunicado que la presencia de grupos de neonazis en España no es algo excepcional. Según esta asociación, se ha constatado la existencia de más de 70 grupos, colectivos u organizaciones neonazis que operan en España. MCI señaló que tienen una base militante que sitúa el número de sujetos comprometidos con la ideología del odio entre los 11.000, según una cifra ofrecida por el Ministerio del Interior en 1995, y los 15.000, según queda reflejado en una página web neonazi.
MCI agregó que la presencia de estos grupos en más de 90 ciudades españolas suponen una incidencia elevada y preocupante, sobre todo en Madrid, Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana y Murcia.
Asimismo, alertó en el comunicado de la extensión de este problema a todas las comunidades autónomas de España.
La Guardia Civil ha detenido en Valencia a 20 integrantes de una organización neonazi denominada FAS (Frente Antisistema) en el marco de la denominada operación 'Panzer', que se ha desarrollado en diferentes localidades de la provincia levantina. Las investigaciones de la Guardia Civil, que se iniciaron dos años atrás, han permitido localizar 18 locales y domicilios en Valencia, Sagunto, Puzol, Chiva, La Pobla de Farnals, Torrente, Silla, Paterna, La Font de la Higuera, Burjassot y Chirivella. En estos inmuebles los integrantes de este grupo se reunían y almacenaban numerosos objetos y armas ilegales. Entre las actividades que se imputan a este colectivo, supuestamente dirigido por un empresario, se encuentra la organización de salidas para propinar palizas a miembros de grupos rivales o inmigrantes. La Guardia Civil sospecha que este grupo podrá estar detrás de la quema de cinco vehículos de inmigrantes el pasado fin de semana en la localidad de Canals. La operación 'Panzer', que continúa abierta por lo que no se descartan nuevas detenciones, esta siendo coordinada por el Juzgado de Instrucción número 2 de Carlet, en el municipio de Canals, en el que viven varios de los detenidos.
La ONG melillense Proderechos de la Infancia (Prodein) aseguró ayer que un joven maliense falleció el jueves por la noche al caer en un socavón mientras huía de las fuerzas de seguridad marroquís que perseguían a los inmigrantes en los alrededores de la alambrada de Melilla. Según esta ONG, que fue la primera en denunciar el 29 de agosto la muerte de un joven camerunés, el cadáver del inmigrante maliense fue descubierto ayer por la mañana y trasladado a la morgue del hospital de la ciudad marroquí de Nador.
Ninguna fuente oficial había confirmado anoche esta muerte, con la que ya serían cuatro los subsaharianos que pretendían introducirse ilegalmente en Melilla y que han muerto en menos de tres semanas. Esta última muerte se asemeja a la de un inmigrante maliense que, al huir de los gendarmes marroquís, se despeñó por un terraplén.
Además, esta nueva tragedia se produce menos de 24 horas después de que un joven congoleño falleciera en la mesa de operaciones de un hospital de Melilla, al que llegó gravemente herido. La autopsia reveló que el inmigrante había muerto "a causa de una desviación de la tráquea". No obstante, el examen forense no explicó el motivo de la desviación y, de forma sorprendente, sostuvo que el cuerpo "no presentaba signos de lesiones externas".
Esa versión oficial contradijo la que habían facilitado a Prodein fuentes médicas que vieron el cadáver y que informaron de que el joven tenía en el cuello "un moratón típico de un bala de goma".
SANGRANDO POR LA BOCA Según la Delegación del Gobierno, el inmigrante llegó a las 6.15 horas del jueves al perímetro fronterizo. El joven, que sangraba por la boca y que venia acompañado de otro inmigrante, solicitó el auxilio de la Guardia Civil para ser atendido. Cuatro horas más tarde murió en el hospital.
Con este caso se han reavivado las sospechas de la muerte el 29 de agosto del camerunés de 17 años Ypo Joe. Como entonces, la denuncia de Prodein coloca a los agentes de la Guardia Civil como principales sospechosos de la muerte del congoleño, pues el instituto armado es el único cuerpo que patrulla la frontera que dispone de bolas de goma.
En el caso del camerunés, los forenses del hospital de Nador dictaminaron que el africano falleció por una rotura de hígado. La Gendarmería Real marroquí afirmó que no se habían percibido lesiones ni heridas. No obstante, un miembro de la ONG Médicos Sin Fronteras denunció que el cadáver presentaba "varios hematomas de bolas de goma".
El delegado del Gobierno en Melilla, José Fernández Chacón, no quiso pronunciarse sobre la muerte del congoleño. Y anunció que las fuerzas de seguridad que custodian la frontera "están preparadas" por si aumenta la presión de los inmigrantes, que intentan entrar antes de que acaben las obras para elevar la alambrada de tres a seis metros.
La consejera de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, Micaela Navarro, dijo ayer que los centros específicos de menores inmigrantes no acompañados de Andalucía (entre ellos, el de Algeciras) "no sólo están ocupados", sino que también lo están los otro once centros no específicos que se pusieron en marcha con la activación del plan de emergencia para poder proteger a los chicos que cruzan el Estrecho. En rueda de prensa, Navarro subrayó que desde 2003 no se ha producido ni una sola repatriación de menores a Marruecos, aunque otras comunidades, como la valenciana o la catalana, sí lo están haciendo. Y es que, según explicó, la Junta jamás repatriará si no se cumple unos requisitos mínimos que protejan a los niños: que la familia esté localizada y que el país de origen asuma al menor en sus sistema de protección. Navarro, que dijo que los jóvenes están perfectamente atendidos, a pesar de las complicaciones lógicas que entrañan las avalanchas, aseguró que Marruecos debe hacer un esfuerzo para impedir que toda una generación abandone el país y que la Unión Europea debería tomar cartas en el asunto, pues el problema sobrepasa la capacidad y la competencia del Estado español, frontera y puerta de Europa.
La organización no gubernamental también pidió que se investiguen "las presuntas violaciones de derechos humanos que se producen en el control de fronteras por parte de la Guardia Civil".
En su opinión, la política de control migratorio llevada a cabo por el gobierno español "es responsable directa de la crisis humanitaria que se vive en nuestras fronteras y será validada en la próxima cumbre hispano marroquí que se celebrará en Sevilla durante los próximos días 28, 29 y 30 de septiembre".
La Apdha indicó que "sabemos que la policía marroquí no tiene pistolas de goma y que ésta ha de ser disparada a un metro de distancia para que produzca una lesión como la sufrida por el fallecido". De igual modo, negó que la madrugada del jueves se hubiera producido una avalancha, como dice el delegado.
El seleccionador Luis Aragonés se resiste a perder el partido que se juega en los tribunales deportivos, acusado de racista y xenófobo. Acaba de presentar un recurso de reposición ante el Comité Español de Disciplina Deportiva (CEDD) que en julio falló como "falta muy grave" la actitud racista a la que recurrió hace un año el seleccionador para arengar al jugador Reyes en un entrenamiento de la selección.
Luis Aragonés pide el archivo del expediente y, en caso contrario, está decidido a recurrrir a la vía contencioso-administrativa, cuya resolución puede llegar cuando el seleccionador ya no esté en su cargo. "Lo que me importa es el foro, no el huevo. Salvaguardar mi honor, cueste lo que cueste", es el aviso que el técnico ha dado a su abogado, Fernando Pérez Espinosa.
Este partido dura ya casi un año. Se inició el 6 de octubre de 2004, cuando el seleccionador, en un entrenamiento del equipo nacional, no encontró mejor fórmula para motivar al jugador Reyes que arengarle en estos términos: "Dígale al negro: '¡Soy mejor que usted! (...), ¡negro de mierda, soy mejor que usted!", en referencia al francés Henry, su compañero en el Arsenal inglés. La actitud del seleccionador desató un tormenta y facilitó una fiebre xenófoba por los campos de fútbol. Su explosión llegó un mes después, con motivo del España-Inglaterra en el Santiago Bernabéu, en el que un grupo de espectadores insultaron a los jugadores negros de la selección inglesa. Llovieron las críticas y las condenas, incluso a nivel gubernamental. La denuncia llegó a la FIFA que multó a la federación con 65.000 euros.
Mientras tanto, la federación se resistía a incoar expediente al seleccionador y fue la Comisión Antiviolencia la que instó a ello al Comité de Competición. Este Comité saldó el asunto con una multa de 3.000 euros y calificó la actitud como "falta al buen orden deportivo". La Comisión Antiviolencia apeló al CEDD, quien estimó en parte el recurso: cambió la "falta al buen orden deportivo" por "conducta racista", lo que supone una "falta muy grave". Le mantuvo la multa por carecer de antecedentes, lo que representa un atenuante.
El abogado del seleccionador, en el recurso de reposición previo a la vía contencioso-administrativa, pide el archivo del caso."Ni siquiera ha incurrido en una falta al buen orden deportivo. Sus expresiones no tienen in tención de vejar a nadie. Hay libertad de expresión. Si en algunas zonas de España se prohibiesen expresiones como las utilizadas por el seleccionador, no habría conversación", asegura Pérez Espinosa.
La Delegación del Gobierno continúa como cada semana con la política de traslados a la Península de inmigrantes, en su mayor parte subsaharianos y asiáticos, con el fin de descongestionar la saturación que se vive en el CETI desde las últimas avalanchas, que alberga a más de 800 residentes para las 480 plazas que dispone.
El miércoles por la noche, un grupo de 30 personas procedentes de diversos países africanos embarcaron rumbo a Málaga con el 'laissez-passer' o salvoconducto concedido por la Delegación del Gobierno con el compromiso de que abandonen territorio español en 30 días, algo que rara vez ocurre. El 'laissez-passer' no supone ninguna garantía para obtener la regulación documental porque sigue pesando sobre los inmigrantes una orden de expulsión por haber entrado de forma irregular a España.
Algunas ONG's, como Andalucía Acoge, han expresado sus quejas ante la continua llegada de inmigrantes desde Melilla sin ninguna posibilidad de regularización.
Huelva. El grupo de diputados de Izquierda Unida instará en pleno a la Diputación Provincial de Huelva, a través de una moción, a reconocer "con nombres y apellidos" a los diez onubenses exterminados en la Segunda Guerra Mundial en campos de concentración nazis, "mediante una placa o un monolito". En la moción se solicita además al ente provincial a que se dirija al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía para pedir que estudien reconocimientos a los andaluces exterminados de la misma forma -un total de 906-, así como exigir a la Diputación que contacte con los familiares para poderles hacer llegar indemnizaciones que Francia abona a las víctimas. El portavoz del grupo de izquierdas en la Cámara provincial, Francisco Rodríguez Donaire, especificó que "analizando los lugares de residencia de los diez fallecidos en campos de concentración en la provincia, lo más oportuno es que la placa sea colocada en la Cuenca Minera onubense, donde hay más fallecidos".
Entre los fallecidos onubenses en campos nazis se encuentran cuatro vecinos de Nerva, así como ciudadanos de Almonaster, Alosno, Aracena, El Campillo, Cortegana y Villanueva de los Castillejos.
Andecha Astur solicitó ayer, ante la detención de F. G., exmilitante de la formación, "el inmediato restablecimiento de las garantías" del detenido al tiempo que apuntan al Delegado de Gobierno como responsable de los intentos de criminalización de Andecha Astur.
Según informaron ayer desde la junta ejecutiva del partido, la "aplicación de la legislación antiterrorista a F. G., lo que le mantiene en una situación de indefensión absoluta injustificable en un estado de derecho". Por ello, la formación política califica la situación del presunto terrorista de "anormal y desproporcionada".
Respecto a su trayectoria y militancia política en Andecha Astur, sus compañeros de partido quieren recordar que F. G. es "una persona apreciada y respetada por su conocido compromiso social, y a que a lo largo de su vida ha formado parte del colectivo de insumisos asturianos, llegando a padecer prisión por su coherencia como insumiso, de sindicatos como la CSI y de organizaciones como el FUSOA".
Andecha atribuye lo que cree intentos de criminalización del partido a la "peculiar obsesión del actual Delegado del Gobierno contra todo lo que suene asturiano y de izquierda". Además achacan al Delegado de Gobierno en Asturias, Antonio Trevín, que según Andecha desautorizó una manifestación el pasado 8 de septiembre, Día de Asturias, por ser solicitada en lengua asturiana, una actitud "arbitraria y que únicamente contribuye a alterar innecesariamente el clima social en Asturias".
La preocupación de los familiares y amigos por F.G.R., detenido e incomunicado desde el pasado martes, tuvo ayer reflejo en la concentración convocada ayer para pedir la libertad del joven gijonés que ayer fue trasladado a la Audiencia Nacional para prestar declaración por ser el presunto autor de la colocación de artefactos explosivos en Asturias, según se informó ayer desde Delegación de Gobierno.
Al acto en la plaza del Parchís de Gijón, que duró 20 minutos, acudieron casi dos centenares de personas que estuvieron en todo momento flanqueados por dos patrullas de la Policía Nacional. La pancarta que encabezó la protesta rezaba "72 horas incomunicado, Fer llibertá ".
Durante toda la concentración, que después se trasladó a la Casa Sindical no sin antes cortar el tráfico de la Autopista Y durante unos minutos, estuvo presente la madre del joven detenido, M.A.R., que se encontraba conmocionada ante las muestras de cariño de los amigos y compañeros de su hijo. Realizando un esfuerzo de serenidad, la madre de F.G.R., pidió a las fuerzas policiales que "tengan un poco de consideración con la familia".
DOLOR FAMILIAR Los padres acudieron en varias ocasiones a la Comisaría de Policía de Gijón para que se les informaran del motivo de la detención del joven, por ello solicitaron al juez habeas corpus que fue denegado. Hasta la mañana de ayer no fueron informados de su detención y de las causas que se le imputan. Además se da la particularidad de que la familia está viviendo momentos muy duros por una grave enfermedad que padece el padre del joven detenido.
Por su parte, los familiares y amigos de F.G.R. emitieron durante la concentración un comunicado calificando de "inhumana la situación de incomunicación y sin ningún tipo de asistencia legal". Los más cercanos al detenido consideraron que "de una manera infundada con todo tipo de elucubraciones se le intenta imputar un sin número de hechos ocurridos en Asturias desde hace cuatro años ".
Además quieren dejar claro que se está "sobredimensinando el tema sin pruebas acusándolo de un delito de terrorismo para llevarlo así a la Audiencia Nacional prolongando así la incomunicación". Hasta el día de ayer ningún abogado de la familia ha podido comunicarse con el detenido por lo que sus familiares "tienen miedo de lo que pueda estar pasando dentro de las comisarías".
La familia estaba ayer localizando abogados en Madrid, especialistas en este tipo de enjuiciamientos, para hacerse cargo de la defensa de F.G.R..
Desde la Corriente Sindical de Izquierdas (CSI), "consideran muy extraño que la detención se produzca después de los sucesos de Cangas de Onís por lo que esto parece que sea para tapar otras cosas", según explicó ayer el secretario general del sindicato, Juan Martínez Morala.
