El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a través de la
Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, ha remitido ya instrucciones a
los órganos competentes para establecer en los últimos días del proceso
extraordinario de normalización de trabajadores extranjeros "todo un operativo de
recursos humanos y técnicos que haga posible que todo aquel empresario o
empleador que esté en condiciones de entregar la documentación de un trabajador
extranjero lo pueda hacer", según explicó la secretaria de Estado de Inmigración
y Emigración, Consuelo Rumí.
"Hay unas instrucciones ya enviadas. El plazo finaliza el 7 de
mayo y por tanto el 7 de mayo es el último día para la entrega de solicitudes. No
me estoy refiriendo a cita previa, sino entregarlo esos días y de forma directa",
dijo a falta de quince días de que se cierre definitivamente el proceso.
Este refuerzo se prevé especialmente para Madrid, donde además
los días 1 y 2 de mayo son festivos. "En los días sucesivos si hay que ampliar
horario se ampliará y si hay que poner más puntos de atención se pondrán. Está
todo previsto", recalcó.
El tiempo es "suficiente", a juicio de la Administración, y por
ello el Gobierno no va a plantear una prórroga del plazo previsto ni un cambio en
los requisitos de la normalización o los documentos para el empadronamiento por
omisión porque, entre otras cosas, "cualquier modificación de fechas o requisitos
exigiría un cambio reglamentario".
"LA MAYORÍA DE ONG TRABAJAN, NO SE MANIFIESTAN"
Así respondía también a los inmigrantes que se manifestaron el
24 de abril en Madrid para requerir tres meses más de plazo y una ampliación de
los documentos válidos para el empadronamiento por omisión de cara a la
normalización. "La mayoría de las organizaciones y todas las que han participado
en la elaboración del Reglamento y en el proceso de normalización están
trabajando con la Administración. La mayoría de las organizaciones, por tanto,
trabajan y no se manifiestan", recalcó Rumí.
En su opinión, "estas organizaciones minoritarias no han
entendido lo que el Gobierno, junto con los agentes sociales, han querido
reflejar: No se trata de regularizar sin más, no se trata de un proceso de
regularización sin requisitos, de dar papeles a todas las personas que llegan a
nuestro país".
No habrá ampliación de plazo, por tanto, ni tampoco ha habido
cambio de criterios al permitir el empadronamiento por omisión. "Lo que valoramos
es que se podría utilizar una figura que ya existe en nuestro ordenamiento desde
1997, que es el empadronamiento por omisión. Quiero recordar que esta figura
aparece en 1997 a instancias del director de Cooperación Territorial cuando
entonces era ministro de esta competencia Mariano Rajoy. Esta figura podría dar
respuesta a algunas situaciones reales de justicia que se podrían presentar",
afirmó.
Los inmigrantes que se empadronen por omisión podrán presentar
el resguardo de haber solicitado el certificado de empadronamiento en el
expediente de normalización y aportar el certificado en el plazo de quince días
si es que el consistorio no tiene capacidad para emitir el documento
inmediatamente, según recordó. En todo caso, no será válido el abono transporte
para que las Oficinas de Extranjería entiendan que se ha demostrado la residencia
en España antes del 8 de agosto de 2004.
EXTRANJERÍA VERIFICA LOS EMPADRONAMIENTOS
"Me remito a la resolución del Consejo de Empadronamiento,
donde aparecen siete documentos válidos --añadió--. Esos documentos tendrán que
acompañar a la solicitud o al certificado de empadronamiento por omisión y serán
verificados por las unidades de gestión, es decir, por las Oficinas de
Extranjería".
Así, subrayó que "no sólo siguen siendo los mismos requisitos,
sino que la garantía y la solvencia del proceso sigue siendo absolutamente la
misma". En este sentido, aseguró que el fraude en las solicitudes es mínimo, en
torno a un cinco por ciento, y que cuando aparece, se detecta, tanto en el caso
de documentos falsos como en el caso de intentos fraudulentos de contratación.
"Cuando un empresario nos llama la atención, se estudia de
forma individual y en función de la evaluación de ese estudio se le da el 'O.K.'
o no. Se estudian todos los casos", aseguró la secretaria de Estado. Sin embargo,
preciso que en ocasiones un empresario puede llamar la atención por su intención
de contratar varios extranjeros y, en realidad, se debe al hecho de que antes
sencillamente las trabas burocráticas le impidieron contratarlos. Además, recalcó
que en el caso de que la solicitud sea fraudulenta la empresa queda detectada y,
por tanto, la Inspección de Trabajo puede proceder a sancionar.
500.000 SOLICITUDES
"El éxito del proceso se ve todos los días --puntualizó--. Ya
estamos rondando el medio millón de solicitudes y, por tanto, el medio millón de
contratos que van a estar dentro de la economía formal. Cada empleo que
arrancamos a la economía sumergida es un éxito de este proceso".
El mensaje del Gobierno para el periodo que se abre tras el 7
de mayo también es claro: "Aquellos empresarios que hoy no den el paso de
normalizar la situación de sus trabajadores, tienen que tener muy claro que a
partir del 7 de mayo no van a poder seguir utilizando mano de obra irregular
porque la Administración va a ser inflexible con este tipo de situaciones",
advirtió.
Para ello, ya se ha diseñado un mapa de actuaciones de la
Inspección de Trabajo. "Evidentemente, se ha hecho un estudio geográfico de
cuáles van a ser las primeras actuaciones que se van a realizar --enfatizó--. Qué
zonas tienen más población irregular y qué zonas, por tanto, deberían de tener un
número de afloración de economía sumergida importante en función de su
población". No habrá tampoco, con el paso del tiempo, según aseguró, una "bajada
de guardia" de la Administración en la Inspección.
NO HAY PREVISIÓN DE FUTURAS NORMALIZACIONES
Una vez cerrado el proceso, el Ejecutivo se centrará en la
búsqueda del consenso para alcanzar un Acuerdo de Estado de Inmigración y el
tercer paso será la reforma de la Ley de Extranjería, por la obligada
transposición de directivas europeas. Pero el Gobierno no tiene previsto, según
Rumí, abrir un nuevo proceso de normalización cuando se acometa esta nueva
modificación.
"Un nuevo proceso de normalización no está en las previsiones
del Gobierno. No está porque hay una política clara para luchar contra la
inmigración clandestina e irregular y eso significa poner en funcionamiento otros
instrumentos para que la llegada de inmigrantes a nuestro país se haga de forma
ordenada y de forma regular", recalcó.
En cualquier caso, dejó para el momento en el que se acometa
esta nueva reforma la necesaria evaluación del funcionamiento de la actual Ley
con el fin de "ver aquello en lo que no ha funcionado y hay que reformar".
Madridpress.com
