Los chulos venden y revenden a las rumanas. El precio es más alto cuanto
más tiempo les queda de visa turísticaDejar la postitución a las bandas implica
una circulación incontrolada por el territorioEl fiscal del Estado dice que las
redadas espantan a las víctimasMás allá de las protestas vecinales por la
prostitución callejera, España se ha convertido bruscamente en un imán para las
bandas que trafican con extranjeros destinados a explotarles en el mercado del
sexo. De los controles policiales se deduce que tres de cada diez personas
dedicadas a la prostitución proceden del este de Europa y una de África. El
resto son latinoamericanas, además de una minoría de españolas. Un estudio del
Instituto Europeo para la Prevención del Crimen estima el número de prostitutas
en España entre 45.000 y 300.000, una horquilla parecida a la de Alemania -el
otro gran mercado prostibulario del continente-, pese a contar con la mitad de
habitantes.
Noventa y cinco grupos de tráfico sexual fueron identificados en las
operaciones policiales del primer semestre de 2005, periodo en el que hubo 518
arrestos por esa causa, según el Ministerio del Interior. En opinión de Elena
Valenciano, miembro de la Eurocámara y portavoz socialista de Derechos Humanos,
"Interior consigue desmontar algunas redes, pero el océano es enorme".
Unas 11.000 plazas hoteleras de prostitución funcionan a diario en zonas
extraurbanas de este país, casi tantas como la capacidad hotelera de Sevilla.
Sus ocupantes -que cambian con frecuencia- siguen siendo mujeres extranjeras en
su mayoría, según fuentes de la Guardia Civil, que no observan cambios numéricos
significativos en lo que va de año en relación a la población contabilizada el
precedente (18.655 mujeres extranjeras y sólo 374 españolas) en 1.070
establecimientos inspeccionados. A toda esa oferta hay que agregar pisos y
locales urbanos, la calle, algunos parques, cunetas; un portavoz de la policía
dice que no hay estadísticas de esas áreas.
De chulo en chulo por 7.000 euros
A los efectos de este reportaje, se llama Elena. No es su nombre real.
Llegó de Rumania en el verano de 2004, con un curso preuniversitario de
enfermería recién terminado. Cuenta que viajó a España para pasar unos días de
vacaciones. Se vino en autobús a una playa del Mediterráneo, con un amigo, al
piso de unos supuestos conocidos de éste. "Al día siguiente de llegar, mi amigo
desapareció del piso y me encontré con que allí vivía un hombre de etnia gitana,
rumano, que me dijo que yo le debía dinero. '¿Dinero, de qué?', le grité. Me
dijo que tenía que ir a un club y trabajar de puta para devolverle la deuda.
Entonces me di cuenta de que mi amigo me había vendido". Al cabo de una semana,
el chulo la vendió a otro (también de etnia gitana y rumano, según Elena). "Pagó
por mí bastante dinero, unos 7.000 euros, porque yo llevaba poco aquí: los
cuerpos son más caros cuando estás recién llegada, porque la visa del pasaporte
permite quedarse tres meses como turista". Le cambiaron a un piso donde había
otras mujeres. "Cada tarde nos llevaban a una carretera. Allí estábamos toda la
noche. Éramos más de veinte chicas, de varios chulos. La policía vino una vez a
detenernos y estuvimos varias noches en comisaría, me enseñaban fotos del chulo
y yo decía que no le conocía de nada, porque tenía mucho miedo".
Los clientes abundaban: "Venían muchísimos; algunos españoles, pero la
mayoría alemanes, holandeses y de todo. Un marroquí me dio una paliza por no
querer hacerlo sin preservativo". Sacaba entre 1.500 y 3.000 euros por semana;
cada mañana tenía que entregar la recaudación. Dice que nunca vio un céntimo de
ese dinero, salvo una vez que le dieron una cantidad para que se la mandara a la
familia en Rumania. "Un día que intenté quedarme con dinero para mí, me
registraron, lo encontraron y me pegaron una paliza, para que aprendiera".
A los seis meses no podía más. Una amiga que estaba en la misma situación
que ella le había hablado de una organización que ofrecía ayuda a mujeres;
aprovechó que el chulo se había marchado de viaje a Rumania y se atrevió a
escapar. Fue acogida en el Proyecto Esperanza, organización dedicada al apoyo
integral a mujeres que han sido víctimas de la trata con fines de explotación.
Durante estos meses ha aprendido castellano y ha buscado trabajo.
Según la ley española, sólo hay una forma de que un extranjero que ha sido
víctima de la trata y que está en situación ilegal no sea deportado y pueda
obtener un permiso temporal de residencia. Consiste en denunciar a la red que le
explota y colaborar en su desarticulación. Elena, en un primer momento no quiso
denunciar, pero finalmente dio el paso, cuando se enteró de que el chulo había
encerrado a su amiga en un club por haber intentado escapar después de que lo
hiciera ella. Ahora ya tiene su permiso de residencia, pero le falta el permiso
administrativo para trabajar, que lleva retrasado varios meses. "Como dicen
ustedes", ladea una sonrisa triste, "las cosas de palacio van despacio".
Entretanto, ha tenido que testificar contra el proxeneta y sus ayudantes. Éstos
le habían advertido de que le pagarían bien si retiraba la denuncia, y si no,
iban a matar a su familia; un hermano suyo fue agredido en Rumanía, en efecto.
La sentencia contra el chulo ha sido tan leve que ya ha salido de prisión.
Por qué hay pocas denuncias
Según un informe de la Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil,
poco más del 1% de mujeres controladas en lugares de prostitución presentan
denuncia por haber sido traficadas o explotadas; "la mayoría de estas mujeres
informan que han llegado a España para ejercer la prostitución voluntariamente",
reza el informe. La historia de Elena explica el porqué: la carga de la prueba
recae sobre ellas. Después de dar ese paso, ni sus familias están a salvo, ni
ellas tienen una garantía razonable de que los rufianes que las traen y las
llevan, las venden y revenden, les pegan y les quitan el dinero, sean castigados
con severidad.
Siempre según el informe citado de la Guardia Civil, cuando a las personas
prostituidas se les plantea salir de esa situación, "las mujeres afectadas
perciben esa posibilidad como muy poco realista, puesto que no hay
inmediatamente disponible ninguna opción laboral suficientemente rentable, ni
para saldar a corto plazo la deuda contraída con la organización que les trae ni
para asegurar ingresos suficientes como para garantizar su subsistencia y a la
vez ayudar a los familiares que han dejado en el país de origen", según las
mismas fuentes. Por eso las denuncias de personas traficadas se limitan a
situaciones absolutamente insoportables. En el caso de Elena, un carácter fuerte
le ha ayudado.
"No todas las extranjeras que se prostituyen vienen traficadas", afirma
Marta González, que trabaja en Proyecto Esperanza. "Hay que distinguir muy bien
entre víctimas de la trata y personas que ejercen la prostitución por decisión
propia". Lo mismo piensa Justine Abellán, ex trabajadora del sexo: "Una cosa es
la esclavitud y otra la prostitución", argumenta. Justine, que vive en
Barcelona, intenta sindicar a un grupo de compañeras y compañeros en Comisiones
Obreras. Se le nota escéptica respecto a la idea de una prostitución extranjera
masivamente forzada: "Lo absurdo es pensar que la gente cambia de país para
ganar menos de 1.000 euros al mes como friegaplatos", argumenta.
"Encima pretenden que les quieras"
Sara Ballini es italiana. Tipazo de modelo. No dice que alguien le haya
obligado. Descubrió el auge de la prostitución en Madrid hace siete años, cuando
tenía 21, y comenzó a trabajar en un piso de la calle de Atocha: hasta cincuenta
chicas apiñadas, de diez a veinte servicios diarios cada una, pagados por el
cliente a 75 euros la unidad. Había entrado en la organización de un hombre que
ha comprado otros negocios de ese tipo.
Sara pasó por varios pisos -algunos, de 150 euros por cada servicio- y
después se encerró en un chalé de la zona este de la capital. Otros dueños,
instalaciones lujosas; presentaciones a los clientes en traje -nada de tacones
de plataforma, para diferenciarse de las casas baratas-. En el chalé, cada
servicio costaba 250 euros y la media era un par cada día: quinientos euros
diarios, el 50% para ella y el otro 50% se lo llevaban los de la casa. Pero en
su historia también hay un tratamiento psiquiátrico.
De lo que Sara se queja es de la situación encubierta en que funcionan los
pisos, de las malas condiciones de vida en muchos ("a veces en literas"); de los
absurdos clientes que caen sobre ellas ("hay que montar un teatro, porque encima
pretenden que les quieras"). Cuando habló con este periódico, a finales de
julio, decía que quería dejarlo todo y acababa de publicar un libro de relatos
cortos (El país de las sombras).
Nunca debe olvidarse que el mundo de la prostitución presenta grandes
diferencias internas. "Desde las calles o las carreteras hasta el sector del
lujo hay una distancia extrema", afirma Montserrat Tura, consejera de Interior
de la Generalitat de Catalunya, la única comunidad que tiene reglamentados los
locales donde se ejerce esa actividad. "Desde fuera, el mundo de la prostitución
parece libre y con dinero. Pero por dentro, lo que hay son personas violadas,
maltratadas", a las que los dueños de los locales o los traficantes exigen unos
niveles de recaudación y las bandas se quedan entre el 50% y el 90% de los
ingresos de cada mujer. El objetivo debería ser combatir a las bandas, a los que
se aprovechan de la prostitución, y garantizar que ninguna persona sea obligada
a hacer algo en contra de su voluntad, a juicio de Tura.
Ninguna institución es capaz de precisar cuántas personas ejercen la
prostitución en España; más difícil aún es averiguar qué proporción de esas
personas pueden considerarse casos de explotación que sólo se explican por la
trata de personas o la dependencia forzada de chulos y proxenetas.
La consejera de Interior de Cataluña estima que en el territorio de esa
comunidad hay unas 20.000 personas que ejercen la prostitución. El Defensor del
Pueblo Andaluz, en un informe de 2002, evaluó en 21.000 las de Andalucía. Una
comisión de la Comunidad de Madrid contabilizó 700 clubes, además de la
prostitución en barrios y de la ejercida en la Casa de Campo.
Pilar Dávila, que dirigió el Instituto de la Mujer en tiempos del Gobierno
de José María Aznar, ofreció en su día un cálculo de 300.000 prostitutas en el
conjunto de España. La dirección actual no avala cifra alguna: "¿Cómo vamos a
saber cuántas personas se dedican a la prostitución si se trata de una actividad
alegal y sin control?", razona la portavoz del Instituto de la Mujer. La
Asociación Nacional de Empresarios de Clubes de Alterne (Anela) eleva sus
estimaciones nada menos que a 400.000 personas prostituidas en España. Pablo
Traspas, coordinador de programas de Médicos del Mundo -que atendió el año
pasado a casi 9.000 personas del sector de la prostitución- no considera
descabellado que la cifra esté entre 300.000 y 400.000.
El Instituto Europeo para la Prevención y el Control del Crimen (Heuni,
con sede en Helsinki y vinculado a Naciones Unidas) intentó cuantificar el
número de personas dedicadas a la prostitución en Europa, en un trabajo cerrado
en 2003 y reproducido más recientemente en el informe de un grupo de trabajo del
Parlamento Europeo (véase gráfico). En ese estudio se asignaba a España entre
45.000 y 300.000 personas dedicadas a la prostitución; la horquilla es similar a
la señalada para Alemania, entre 60.000 y 300.000. La aproximación es imprecisa,
pero al menos ofrece una indicación clara: tanto si se da por buena la hipótesis
más alta como la más baja, la prostitución se mueve en volúmenes semejantes en
ambos países, si bien en España hay más en proporción a la población de cada uno
de estos países.
Clandestino, pero transparente
¿Por qué ha crecido tanto en España? Algunos expertos apuntan a la reforma
penal de 1995, por la cual se despenalizaron ciertas conductas favorecedoras de
la prostitución (quedaron castigados el empleo de la coacción y, por supuesto,
prostituir a niños). Otros lo atribuyen a la alegría económica de finales de los
años noventa y el afloramiento de dinero negro. El caso es que moteles y hoteles
de carretera fueron remozados, se construyeron nuevos y más modernos complejos y
el comercio del sexo se volvió más transparente, con afán de ser considerado una
parte más de la industria del ocio.
"Con el cambio penal se consiguió que los proxenetas pasaran de ser
calificados como delincuentes a ser designados como empresarios del sexo",
sostiene Rosario Carracedo, portavoz de la Plataforma de Mujeres por la
Abolición de la Prostitución, que lucha contra toda regulación de esta
actividad. Esa entidad vincula la demanda de "sexo comercial" a las facilidades
legales, afirmando que "cada vez son más numerosos los hombres que acuden al
mercado prostitucional y cada vez hay más mujeres en situación de prostitución".
Los abolicionistas equiparan prostitución con esclavitud, considerando la
actividad en su conjunto como un atentado contra los derechos fundamentales y
una "violencia de género", ya que la gran mayoría de las personas prostituidas
son mujeres. Otros sectores distinguen entre ejercer la prostitución por
decisión propia y hacerlo obligados por traficantes o proxenetas. Legalmente,
prostituirse no está penalizado; otra cosa es la trata de personas para la
explotación sexual, castigada con penas que van de los 5 a los 10 años de
cárcel.
Al margen de quién tenga razón en esta polémica, una consecuencia muy
negativa es que la prostitución quede en manos de bandas. A las fuerzas de
seguridad interior, dirigidas actualmente por José Antonio Alonso, les resulta
fácil probar que un extranjero se encuentra ilegalmente en territorio español e
iniciar un expediente de expulsión. Pero cortar la trata de personas para la
explotación sexual exige algo más que esa medida represiva. ¿Cómo hacerlo? No se
trata de un bandidaje a gran escala, capaz de amenazar la estabilidad política,
sino de una multiplicación de delincuencias, que se traduce en personas
sometidas a la explotación sexual y, de acuerdo con los testimonios disponibles,
a los malos tratos.
Las señales emitidas por las autoridades del Estado resultan un tanto
contradictorias. Así, la última memoria presentada por el fiscal general,
Cándido Conde-Pumpido, indica que las fiscalías territoriales señalan el tráfico
de personas como el "fenómeno de delincuencia organizada que se produce con
mayor frecuencia en España" e informa de que "el supuesto más frecuentemente
citado por las fiscalías es la introducción en España de mujeres para su trato
sexual". Sin embargo, el propio fiscal despacha la cuestión con cierta rapidez,
sin una valoración sobre el grado real de importancia de este problema. Su
portavoz confirma que ningún órgano de la fiscalía está especializado en la
materia.
Otras explicaciones del fiscal general confirman las contradicciones del
sistema aplicado. El texto de Conde-Pumpido señala que las redadas policiales
sirven para espantar a las personas a las que se quiere proteger, esto es, a las
víctimas del tráfico, "que son también los principales testigos"; y añade que
"en gran cantidad de casos, la propia intervención policial causa su fuga, al
ser conscientes de su situación irregular en España".
Como parece deducirse de estas consideraciones, la mera actuación
represiva es una respuesta insuficiente. La realidad es que, para muchas de las
personas que se han visto implicadas en las redes de prostitución, la
posibilidad de ser devueltos a su país de origen constituye el peor de los
panoramas posibles. Además es un problema real de personas que viven situaciones
incompatibles con los derechos humanos. Entidades que ayudan a prostitutas echan
en falta un Plan Integral contra la Trata.
Prostitución masculina
La Plataforma de Mujeres por la Abolición de la Prostitución tiene razón
cuando dice que todos los informes sobre la prostitución están escritos en
femenino. La masculina, considerada muy minoritaria, existe en ciertas zonas
urbanas, pero se desarrolla en condiciones todavía más ocultas. "Yo nunca he
encontrado a ningún hombre (prostituido) en los garitos", asegura un policía
especializado.
La socióloga Laura Oso entrevistó a varios hombres en un trabajo de campo
efectuado con 50 personas de la prostitución callejera en La Coruña. Sus
testimonios -presentados al Senado en la legislatura anterior- reflejan todavía
más precariedad que las mujeres. "Tomás tiene 28 años y lleva 6 años trabajando
en la calle", se lee en una de las entrevistas. "Ha sido violado por un cliente
y ha sido amenazado y agredido por grupos de skin heads". La policía atiende sus
peticiones menos que a las mujeres y aquéllos "sufren agresiones verdaderamente
violentas", según la investigadora social aludida.
El comercio de cuerpos plantea un desafío a España, pero también al
conjunto de la Unión Europea. La investigadora francesa Matiada Ngalikpima, de
la Fundación Scelles, advierte de un cambio sustancial: antes de la ampliación
de la UE, los 15 países miembros eran "destinatarios" del comercio de cuerpos;
una vez hecha, la UE comprende tanto destinatarios como países de origen del
tráfico sexual. En los siguientes candidatos, Bulgaria y Rumanía, "la trata de
seres humanos es un problema aún más importante que en los nuevos países
miembros de la UE". La única opción descartable es que el paso del tiempo lo
arregle: la miseria del mundo -o simplemente, la falta de futuro- está a
disposición de los traficantes para reclutar más y más carne fresca.
ELPAIS.es
JOAQUÍN PRIETO
