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Ceuta: frontera sur de Europa

Las embarcaciones de lujo ancladas en el puerto y las tiendas de grandes cadenas de la ciudad de Ceuta contrastan con el perímetro fronterizo de El Tarajal, donde más de 20.000 marroquíes se aglomeran como hormigas portadoras, cargados con cuanto puedan llevarse con ellos: ropa, alimentos, detergentes, pañales, electrodomésticos y todo lo imaginable. Conseguirlos sólo requiere acercarse a los enormes almacenes agrupados en un polígono industrial próximo al control de la frontera. Para los habitantes de Tetuán poder cruzar diariamente la frontera a través de un acuerdo entre ambas ciudades, representa la posibilidad de adquirir una enorme variedad
de productos de Europa y sin necesidad de pagar ningún impuesto aduanero, ya que Marruecos no reconoce la españolidad de la ciudad. El comercio irregular es el medio
de subsistencia de decenas de miles de personas y para ello están dispuestos a agolparse durante largo rato por un estrecho túnel de seguridad y enfrentarse a las autoridades marroquíes, que siempre permiten el paso con un soborno de por medio.

Lugar en tránsito
El Estado español invirtió alrededor de 1.200.000 euros en mejorar la seguridad en la frontera entre Ceuta y Marruecos. Sin embargo, los sensores térmicos, las cámaras de luz infrarroja y una valla elevada hasta los seis metros de alto en casi toda su longitud, no han impedido que se hayan registrado diariamente hasta 100 intentos fallidos de ingreso al territorio europeo. A pesar de todo, algunos inmigrantes lo consiguen, aunque nadie sabe cómo. Día a día van apareciendo en la ciudad española,
jóvenes procedentes de países vecinos como Argelia y Marruecos, y otros más distantes como Camerún, Gambia o Guinea-Bissau. Al encontrarse en situación ilegal,
cuando son retenidos por la autoridad local, la mayoría solicita el asilo político y con ello empieza una larga y tediosa espera. La policía española procede a constatar sus identidades y una vez fichados les envía al Centro de Estancia Temporal (CETI), siempre que la capacidad del centro lo permita. Los que tienen suerte –más de 400 acogidos– pueden aguardar con cama y alimentación diaria, el largo proceso de revisión de sus casos. A otros, si no son acogidos por la escuela del Obispado, no les queda mas que refugiarse entre cartones y fogatas en los alrededores del CETI.

Diagonal nº9
TEXTO: Enrique Castro

El Gobierno confía a Marruecos el papel de gendarme de la frontera sur de Europa

“Estábamos contentos porque la Guardia Civil había dejado un poco de maltratarnos, creíamos que había un cambio, pero es peor ahora porque el trabajo se hace en un país sin derechos humanos, aquí ni podemos denunciar nada. Todo ha empeorado desde que el rey de España ha venido a ver al otro rey; ahora que son tan amigos nosotros somos las víctimas de los dos gobiernos”. Este testimonio, perteneciente a un inmigrante subsahariano que fue rechazado en la frontera ceutí, forma parte de un informe de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) y SOS Racismo, y representa en su dimensión más dramática y cotidiana, la evolución de la política sobre ‘control de personas’ de la Unión Europea. Una tendencia que busca desplazar las actuales barreras de la Unión a los países vecinos, y delegar en sus gobiernos la gestión de un asunto que en los foros europeos corre parejo a la lucha contra el terrorismo.
El Programa de la Haya, documento marco que fue aprobado el pasado 3 de marzo y regirá el devenir de la Unión durante los próximos años resulta claro al respecto: “el Consejo Europeo pone de relieve la necesidad de cooperación intensificada y de creación de capacidad, tanto en las fronteras meridionales como en las orientales de la UE, para permitir que estos países gestionen mejor la migración y proporcionen protección adecuada a los refugiados”.
Mohamed VI ha entendido todo esto a la perfección y lo utiliza hábilmente como lanzadera hacia el mercado europeo, sabiendo que mientras Marruecos se dote de mayor ‘capacidad’ de contención de la inmigración y del ‘terrorismo’, Europa hará la vista gorda ante determinados asuntos de índole interno. En la histórica visita que Juan Carlos I realizó en enero al país vecino, el monarca alauita solicitó más dinero para ejercer su tarea de ‘estado tapón’ y sólo una semana después, el Gobierno de Zapatero le dio cumplida respuesta, a través de los secretarios de Estado de Seguridad e Inmigración, Antonio Camacho y Consuelo Rumí, respectivamente. En rueda de prensa conjunta celebrada en Rabat, anunciaron la intención de ayudar a Marruecos a implantar a lo largo de su costa y fronteras interiores un sistema similar al SIVE español, así como a mejorar los instrumentos de coordinación entre las dos monarquías.
Camacho aseguró que España y Francia pretenden liderar un programa de la UE dotado con 40 millones de euros procedentes de los fondos MEDA, que “permita a Marruecos
dotarse de medios tecnológicos para la detección de la inmigración irregular subsahariana que transita por su territorio”. Los MEDA constituyen el principal instrumento de financiación de la cooperación euromediterránea y representan el activo fundamental del Proceso de Barcelona, que desde hace 10 años tiene como objetivo teórico impulsar el desarrollo político (democrático) y económico (a través de la creación de Zonas de Libre Comercio) de los países de la ribera Sur del Mediterráno y el Medio Oriente.
La colaboración entre España y Marruecos en materia de gestión de flujos migratorios no ha cesado de intensificarse en los últimos años, como muestran los actuales programas de patrullas conjuntas entre la Guardia Civil y la Gendarmería o la firma en 2002 del ‘Acuerdo de buena vecindad’ que contempla la devolución a territorio marroquí de todos los migrantes llegados en patera a las costas españolas desde Marruecos. Fruto de esta relación, afirmó Rumí en Rabat, el número de personas
indocumentadas que en 2004 trató de llegar a España disminuyó un 18% en la Península y un 10% en Canarias.
Pero, ¿a costa de qué? Derechos humanos El 24 de febrero de 2004 el Gobierno del PP fletaba en Fuerteventura el primer charter de subsaharianos sin papeles con destino a Marruecos, saltándose todos los pasos previos que prevé el derecho internacional. La policía trasladó a 30 personas hasta el centro de internamiento de El Aaiun,
sin haberles siquiera interrogado sobre su identidad, origen o causas por las que huyeron de sus países. Alcanzaron el territorio europeo, fueron detenidos y automáticamente expulsados. Un hecho que dista mucho de ser aislado, y que se repite a diario en las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla, a menudo acompañado de
malos tratos por parte de las policías de ambos lados de la frontera, tal y como han denunciado en reiteradas ocasiones organizaciones de derechos humanos y que es de conocimiento del Defensor del Pueblo español y de la propia ACNUR.
Tras ser expulsadas y una vez en territorio marroquí, el destino que les espera a estas personas no es nada esperanzador: o bien son detenidas por la policía alauita y recluidas en centros de internamiento hasta ser expulsados del país a través de Argelia o Mauritania, o bien buscan refugio en alguno de los campamentos donde malviven cientos de personas para volver a intentarlo de nuevo.
Pero tras la aprobación, hace unos meses, de la nueva Ley de Extranjería alauita, que en palabras de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos reduce al inmigrante irregular a un estatus de delincuente y permite su expulsión en menos de 48 horas,
estos campamentos han dejado de ser seguros. Por citar dos de los casos más sonados de los últimos meses, el 16 de enero 1.200 miembros de las fuerzas del orden marroquíes desalojaron el campamento del monte Gourugou, próximo a Melilla, deteniendo a decenas de subsaharianos, y lo mismo sucedió en diferentes jornadas de febrero, marzo y mayo en el bosque de Belyounech. En la última gran redada, los inmigrantes que se encontraban en este bosque vecino a Ceuta fueron acosados por gendarmes y militares marroquíes durante cinco días, que tras destruir sus tiendas de campaña y otras pertenencias detuvieron a más de 200 personas.
De los migrantes detenidos en Marruecos, una parte son trasladados a prisiones como la de Tetuán, pero la gran mayoría (el 80% según diversas fuentes) son deportados en
condiciones infrahumas a la ciudad fronteriza de Oujda y dejados a su suerte en territorio argelino. Una vez allí, si no son ‘interceptados’ por la gendarmería argelina y llevados a uno de los temibles campos de internamiento del Sur del Sahara, previa expulsión a Mali, Mauritania o Níger, y les queda alguna fuerza y ánimo, tratarán de regresar sobre sus pasos para intentar alcanzar de nuevo
El Dorado español.

Diagonal nº9
J. Cabarga
Argel

La asociación islámica Badr de Melilla rechaza la utilización del término terrorismo islamista en un seminario realizado en la ciudad

Abdelkader Mohamed Alí, secretario de la asociación islámica
Badr y miembro de la Comisión Islámica, expresó ayer sus críticas contra el
término "terrorismo islamista" utilizado para denominar el seminario organizado
el pasado lunes por la Ciudad Autónoma y la Delegación del Gobierno. Además de
lamentar que este acto se celebrase a puerta cerrada, Mohamed Alí sintió aún más
que con esta nomenclatura hayan atentado contra una creencia religiosa mostrando
con ello una "falta de sensibilidad y de tacto por parte de quienes dicen ser
especialistas en la materia". Abdelkader Mohamed subrayó que "no existe un
terrorismo islamista ni vasco ni de cualquier otro tipo" y "lo que no se puede
permitir es que a priori se diga que no van en contra del Islam y luego se hable
de terrorismo islamista".

De hecho, subrayó que especialistas avezados en la materia
denominan "terrorismo yihadista" o de Al Qaeda a este tipo de violencia y que
incluso el propio presidente Zapatero lo denomina "terrorismo internacional"
para no herir sensibilidades. La denominación terrorismo islamista "levanta
sospechas sobre la población que practica esta creencia religiosa", que
precisamente en Melilla profesan casi la mitad de llos ciudadanos. Por este
motivo, Abdelkader Mohamed también lamentó que la Ciudad Autónoma y la
Delegación del Gobierno apoyaran este acto. El secretario general de Badr no se
opone a que se celebren este tipo de seminarios siempre y cuando sean
respetuosos con el Estado de Derecho y con la diversidad cultural de Melilla.
"¿Alguien se imagina que se celebre un seminario sobre el
terrorismo de Estado o antisionismo en Tel Aviv?", cuestionó.

Falta de apoyo
Mohamed Alí alabó que organizaciones "tan jóvenes como
Intercultura tengan la valentía de criticar con tanta nitidez un tema tan
espinoso". Desde Badr se echa en falta que no se hayan pronunciado
organizaciones y formaciones políticas con amplio respaldo de la comunidad
musulmana, "dedicándose, sin embargo, a otros menesteres como desfiles de
modelos" por temor, al parecer, de ser estigmatizados.

Melilla Hoy
Por : Sara Sanz

Salida de inmigrantes hacia la Peninsula

La salida organizada y en cascada de grupos de inmigrantes
subsaharianos a la península para ser acogidos en centros de formación e
inserción social está incidiendo directamente en el descenso actual de
indocumentados que se registra en Ceuta. Hecho éste que ha posibilitado el
descenso gradual de acogidos en el colegio de San Antonio que cerrará sus
puertas de manera oficial este mediodía, tras la marcha del último grupo de 7
subsaharianos que habitaba estas viejas instalaciones y la reducción de entradas
por el perímetro fronterizo ceutí.

Las salidas de inmigrantes a la península se
produjeron también ayer.
Hasta la fecha se ha posibilitado el traslado de grupos de
entre 5 y 15 inmigrantes a varios puntos de la península, siendo el más numeroso
el que se trasladó, hace un par de días, hasta Cádiz, en donde participarán en
programas de formación, orientados a su integración. Durante la jornada de ayer
se produjo la marcha a la península de varios de estos clandestinos.

Con este panorama la Delegación del Gobierno ha conseguido
reducir el número de inmigrantes existente en la ciudad hasta 500, posibilitando
que la mayoría esté acogida en el CETI salvo la bolsa de magrebíes que vive en
los barracones del Sardinero y en las escolleras del puerto y sobre la que la
Policía Nacional trabaja ya en su expulsión, buscando la identificación correcta
para detectar a quienes se hacen pasar por súbditos argelinos sin serlo.

Otro frente sobre el que trabajan las fuerzas de seguridad es
sobre las entradas de inmigrantes asiáticos que se están detectando en las
últimas semanas y que hace temer el engorde de esta bolsa.

Presión en Marruecos y quejas de AI

Como complemento a tan halagüeño panorama migratorio resalta
la enorme presión de inmigrantes que se está registrando al otro lado de la
frontera, en Marruecos, en donde las fuerzas de seguridad cifran en más de tres
mil los inmigrantes que 'trabajan' ya en su intento por colarse en España, bien
sea en patera directa a la península o bien sea asaltando las fronteras de las
dos ciudades hermanas.

Dicha presión es la que podría hacer 'temblar' los pronósticos
barajados desde Delegación del Gobierno de mantener las cifras de clandestinos
adecuadas, exclusivamente, a las plazas que existen en el campamento del Jaral.

Por otro lado Amnistía Internacional ha denunciado que tiene
documentadas las expulsiones de 50 inmigrantes menores de edad en la ciudad
autónoma; hecho éste que quiere trasladar a otras instancias para que se actúe
en consecuencia. Asimismo la ONG ha denunciado la existencia de trabas para los
inmigrantes que son solicitantes de asilo, cifrando en casi dos mil las que se
han presentado ya en la ciudad autónoma.

El Faro de Ceuta

La Delegacion del Gobierno en Ceuta traslada a todos los inmigrantes al CETI

Los últimos inmigrantes irregulares que permanecían en el
antiguo colegio de San Antonio, situado en la barriada Juan Carlos I,
abandonaron ayer las instalaciones con destino al Centro de Estancia Temporal
(CETI). El delegado del Gobierno, Jerónimo Nieto, anunció ayer el cierre
"provisional" de este centro, que desde octubre de 2003 ha servido como lugar de
acogida de inmigrantes e insistió en que "todos" los irregulares que hay en
Ceuta, unos 450, "están en el CETI salvo que haya alguno que no quiera estar",
como es el caso de grupos de marroquíes que se hacen pasar por argelinos,
aseguró.

Nieto, ayer, junto al último grupo de inmigrantes que
quedaba en las instalaciones.
En previsión de que durante los meses estivales pueda
producirse algún repunte en la llegada de inmigrantes, el delegado indicó que
tienen como "colchón" las alrededor de 60 plazas que aún quedan libres en el
CETI tras su ampliación. No obstante, el vicario de la Diócesis de Ceuta,
Francisco Correro, se mostró dispuesto a volver a ceder las instalaciones de San
Antonio en caso de que sea necesario, algo que agradecieron desde la Delegación
del Gobierno.

El cierre del colegio, que la Iglesia pretende habilitar ahora
como capilla para la barriada, ha sido posible "después de 20 meses" gracias,
según Nieto, a "que la presión migratoria es mucho menor que la que había hace
un año", algo que muestran, dijo, las propias cámaras instaladas en el perímetro
fronterizo.

El vicario por su parte mostró su "alegría" por el cierre del
colegio ya que, explicó, "era duro que cuando llegaba la mañana tuvieran que
abandonar el centro" en referencia a que las instalaciones tan sólo han servido
a los indocumentados como lugar para pernoctar. Correro Tocón anunció que
pretenden habilitar "lo más pronto posible"una parte de las instalaciones como
capilla para Juan Carlos I, algo que ya tenían previsto cuando se requirió su
colaboración para acoger a los inmigrantes. Actualmente los ve cinos utilizan
como capilla los bajos de una vivienda en la que "apenas hay espacio".

El delegado negó por otro lado que se estén realizando
expulsiones ilegales de inmigrantes en la frontera en respuesta a la denuncia
hecha pública por Amnistía Internacional y la Comisión Española de Ayuda al
Refugiado (CEAR).

El centro ha llegado a albergar a 260 personas

Aunque no concretó la cifra exacta de inmigrantes irregulares
que han pasado por las instalaciones del antiguo colegio de San Antonio durante
estos 20 meses, el vicario de la Diócesis de Ceuta reconoció que el centro ha
llegado a albergar a 260 personas, una situación que provocó que "se utilizara
el pasillo para dormir".

A juicio de Correro Tocón, "el tema de la inmigración está más
controlado" ahora que cuando se abrió el centro, aunque no obstante, se mostró
abierto a colaborar con la Delegación del Gobierno en todos los temas
relacionados con la inmigración, incluida la posible utilización de estas
instalaciones. "Si sigue así no va a ser necesario alojamiento alternativo",
vaticinó.

En una visita realizada a las instalaciones, tanto el delegado
del Gobierno como el propio vicario de Ceuta quisieron agradecer ayer la labor
desarrollada por voluntarios, religiosas y trabajadores durante este tiempo en
el colegio.

El Faro de Ceuta

El juez absuelve al diputado en la Asamblea de Ceuta, Mustafa Mizzian por sus acusaciones contra la Policía Local

El juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de
Ceuta ha desestimado la demanda interpuesta por el presidente, Juan Vivas, como
máximo responsable de la Ciudad contra el diputado en la Asamblea del PDSC,
Mustafa Mizzian, por las acusaciones que éste vertió contra la Policía Local en
el Pleno celebrado el 15 de diciembre de 2003 en las que aseguraba que agentes
de la Unidad de Intervención Rápida se estaban excediendo en sus funciones. La
sentencia, cuyo contenido hizo ayer público el propio Mizzian en rueda de
prensa, establece que las manifestaciones del diputado no suponen una
intromisión en el derecho a la intimidad, el honor y la propia imagen del Cuerpo
policial, como alegaba la Ciudad, sino que "están amparadas en la libertad de
expresión del concejal demandado en el ejercicio de su actividad municipal", por
lo que le absuelve de la vulneración civil de este derecho, dice textualmente el
documento.

Mizzian tuvo ayer el respaldo de dos de los tres
diputados de la UDCE para hacer pública la sentencia.
La resolución, sobre la que cabe recurso de apelación,
establece además que debe ser el denunciante, en este caso el máximo responsable
del Gobierno autónomo, quien se haga cargo del pago de las costas del proceso,
una cantidad que ronda los 3.000 euros y que, a juicio del lider de la UDCE,
Mohamed Ali, "Vivas debería pagar de su propio bolsillo".

El diputado del PDSC aseguró que continuará hablando acerca de
la Policía Local "siempre que creamos que es conveniente para el interés
general" a la vez que sentenció que, con esta resolución judicial, "ha triunfado
el estado de derecho, la libertad y la democracia".

En la demanda, la Ciudad solicitaba una multa simbólica de un
euro, así como que Mizzian se retractara de las afirmaciones lanzadas en la
sesión plenaria, explicó el diputado por la UDCE, Abselam Abderrahman. También
pedía como medida cautelar que el diputado del PDSC no hablara acerca de la
Policía local, medida que el juez ya había desestimado.

Sobre la posibilidad de que la Ciudad recurra la sentencia,
los dos representantes de la UDCE, que respaldaron ayer a Mizzian al considerar
"inaceptable" la demanda, confían en que el fallo sea el mismo, ya que la
jurisprudencia al respecto, dijo Ali, "aconseja pasar página".

El Faro de Ceuta

Once heridos en el intento de los inmigrantes Subsaharianos de entrar en Melilla

Efectivos de la Guardia Civil de Melilla impidieron el miércoles la
entrada masiva de unos 250 inmigrantes subsaharianos que intentaron saltar de
forma «masiva y por la fuerza» la doble valla del perímetro fronterizo que
separa la ciudad de Marruecos. Según el instituto armado, los inmigrantes
actuaron cerca de las dos de la madrugada «coordinados y sincronizados» a lo
largo de una franja de terreno de un kilómetro utilizando escaleras artesanales
fabricadas por ellos mismos para poder saltar los seis metros de altura de la
valla. Los agentes retiraron de la zona del orden de unas 80 escaleras.

El asalto, según la Guardia Civil, se produjo con «dureza» y los
agentes tuvieron que utilizar abundante material antidisturbios para evitar el
paso de los inmigrantes que no atendían a los requerimientos. Los efectivos
desplegados forcejearon con los subsaharianos que pretendían entrar y diez
guardias civiles resultaron heridos leves con contusiones. Además, uno de los
inmigrantes fue evacuado al Hospital Comarcal de Melilla con una herida en la
cabeza y una posible fractura en la pierna. También se produjeran daños
materiales en vehículos y material oficial.

La Guardia Civil destacó la colaboración de las fuerzas de seguridad
de Marruecos en esta operación, al detener a 87 inmigrantes que participaron en
este intento de entrada masiva. En agosto del año pasado, Melilla volvió a vivir
un episodio similar, con la avalancha de unos 500 subsaharianos que intentaron
entrar a Melilla desde Marruecos.

El número de inmigrantes que ha podido entrar a Melilla se
desconoce, pero posiblemente sea reducido porque la mayor parte de los
subsaharianos huyeron hacia el interior de Marruecos, según dijeron las mismas
fuentes.

Diario SUR Digital

250 subsaharianos intentan saltar la valla fronteriza en Melilla

En la madrugada de ayer el Servicio de Protección Fronteriza de la
Comandancia de la Guardia Civil se vio sorprendido por el intento de asalto
masivo de un grupo de 250 inmigrantes subsaharianos que quisieron entrar en
Melilla por diversos puntos del vallado fronterizo con escaleras artesanales.

Esta acción perfectamente coordinada y sincronizada en el tiempo la
llevaron a cabo por una franja de terreno de unos 1.000 metros de longitud que
discurre desde las inmediaciones de Mariguari hasta el pinar de Rostrogordo.

Según fuentes de la Guardia Civil, el asalto se produjo con dureza
por lo que se recurrió al uso de abundante material antidisturbios para tratar
de disuadir a los inmigrantes que no atendieron a los requerimientos de los
agentes que se interpusieron físicamente para evitar la entrada. En este momento
se produjeron forcejeos, lo que supuso que diez guardias civiles resultaran
heridos leves. Además, también hubo algunos daños materiales cuando los
extranjeros saltaron sobre los vehículos oficiales.

Como consecuencia del intento de entrada, un subsaharianos resultó
herido en la cabeza y con una posible fractura en la pierna, producidas al
despeñarse por una zona escarpada, por lo que fue evacuado al Hospital Comarcal.

El dispositivo desplegado por los miembros de la Comandancia fue
fundamental para evitar la entrada masiva. Al unísono, desde territorio marroquí
se personaron agentes de la Policía del país vecino que se vieron sorprendidos
por la acción y colaboraron de forma eficaz para retirar a los inmigrantes de la
valla consiguiendo de este modo frustrar la entrada de 200 de ellos.
Posteriormente los marroquíes detuvieron a 87 personas que participaron en el
asalto y retiraron del vallado en torno a 80 escaleras artesanales abandonadas
por los inmigrantes en su huída hacia el interior de Marruecos.

Diario SUR Digital

Condenado a 60 años de cárcel el autor del asesinato que inspiró 'Arde Misisipí'

Un juez del estado de Misisipí ha condenado este jueves al ex
miembro del Ku Klux Klan, Edgar Ray Pillen, a 60 años de prisión por tres
asesinatos cometidos en 1964. El acusado, de 80 años, escuchó impertérrito desde
su silla de ruedas la sentencia que implica que terminará sus días en prisión.
El pasado día 21, un jurado formado por nueve blancos y tres
negros decidió que Killen era culpable de homicidio. El veredicto coincidió con
el 41 aniversario del asesinato de los tres jóvenes que promovían el registro de
negros en el sur de Estados Unidos para que votaran: Michael Schwerner, Andrew
Goodman y James Chaney.

La película Arde Misisipí difundió la historia de Edgar Ray
Pillen, un pastor religioso cabecilla local del grupo racista blanco Ku Klux
Klan (KKK) que durante décadas aterrorizó las comunidades negras de los estados
del sur de Estados Unidos. En 1967, Pillen fue absuelto de esas muertes después
de que un jurado fuese incapaz de llegar a un acuerdo.

En este juicio, el juez Marcus Gordon ha dicho a Killen, antes
de pronunciar la sentencia, que "cada una de las vidas de los tres jóvenes tiene
el mismo valor para la sociedad" y por eso aplicó el castigo máximo de 20 años
en cada caso. Gordon también advirtió de que no debería haber amenazas ni
represalias contra los miembros del jurado que actuaron en este caso, uno de los
más controvertidos del estado, por un crimen que galvanizó la lucha por los
derechos civiles hace cuatro décadas.

Los crímenes

El 21 de junio de 1964 los tres jóvenes fueron detenidos por
la policía local por una infracción de las leyes de tránsito. Posteriormente,
fueron dejados en libertad en medio de la noche y poco después fueron capturados
por un grupo de hombres entre los que había policías y miembros del KKK.
Cuarenta y cuatro días más tarde, los tres cadáveres aparecieron bajo un dique
de tierra con heridas de bala.

Schwerner, de 24 años; Goodman, de 20, y Chaney, de 21 años
(los dos primeros blancos y el tercero negro), habían llegado a Filadelfia, en
Misisipí, desde Nueva York en lo que se denominó el "verano de la libertad",
cuando miles de activistas del norte del país fueron al sur en campañas para
registrar a los negros para que votaran.

ELPAIS.es
EFE - Filadelfia

Expertos afirman que dentro de poco, volverá a haber una nueva bolsa de sin papeles

España volverá a tener, dentro de no mucho tiempo, una nueva
bolsa de sin papeles muy similar a la existente antes de la regularización. Éste
es el diagnóstico realizado por la Fundació Jaume Bofill después de analizar el
reciente proceso y el nuevo reglamento de extranjería.
Los expertos de la fundación calculan que casi la mitad de los
300.000 irregulares que vivían en Catalunya no han podido acogerse al proceso.
Aunque una proporción importante sean menores o personas no activas, "no será
nada fácil" para ellas acogerse a la reagrupación familiar "por los requisitos
que se exigen", según María Jesús Larios, directora del anuario sobre la
inmigración que presentaba ayer la fundación.
El proceso esconde además una trampa de futuro. Los
regularizados de hoy tendrán muchas dificultades para renovar su permiso dentro
de un año ya que "se exige demostrar una estabilidad laboral difícil de
conseguir incluso para los españoles". La tercera fuente de sin papeles son
también "los excesivos requisitos" que se requieren para regularizarse por la
vía del arraigo.
Al contrario de lo que han argumentado el PP y CiU en los
últimos meses, la nueva bolsa de irregulares no será fruto del efecto llamada
producido por la regularización. El aumento del número de empadronados durante
el 2004 no abona la tesis de una llegada masiva, según la Bofill.

El Periódico
MANUEL VILASERÓ
BARCELONA

Pelea en la prisión de Tarragona por la zona de rezo musulmán

Siete internos de la prisión de Tarragona se enzarzaron en una pelea
el pasado sábado. Al parecer, comenzó cuando un grupo de internos musulmanes se
sintió agredido por otros presos que entraron en la zona que usan para la
plegaria. Los funcionarios intervinieron y no hubo heridos graves. Los siete
presos fueron aislados. Los sindicatos denunciaron ayer la pelea y la situación
de masificación de la prisión, que acoge a 370 presos cuando su capacidad es
para 150. Fuentes del Departament de Justícia restaron importancia a los hechos,
que calificaron de "incidente".

LA VANGUARDIA DIGITAL
S. Sans

El Congreso aprueba la ley que permitirá castigar la ablación en el extranjero

El Pleno del Congreso ha aprobado hoy, de forma unánime y
definitiva, una proposición de ley que modifica la Ley Orgánica 6/1985 del Poder
Judicial que permitirá perseguir la ablación cuando se produzca fuera de las
fronteras españolas.
La Cámara Baja ha ratificado las enmiendas introducidas en el
Senado que recalcan el objeto de la ley: la persecución extraterritorial de la
práctica de la mutilación genital cuando la comisión del delito se realiza en el
extranjero, "como sucede en la mayor parte de los casos, aprovechando viajes o
estancias en los países de origen" de los inmigrantes. Esta práctica, que va
desde la extirpación del clítoris hasta el cosido de los labios vaginales, ya
está tipificada en el Código Penal, con una pena de entre 6 y 12 años de cárcel.
Sin embargo, ahora se trata de modificar la Ley Orgánica 6/1985 del Poder
Judicial para que pueda ser perseguida fuera de España.

El grupo de CiU, formación responsable de la iniciativa,
introdujo una enmienda al texto que adelanta la entrada en vigor del proyecto de
ley, el día siguiente al de su publicación en el BOE. De esta manera coincidirá
con la puesta en marcha de los juzgados especializados de violencia contra la
mujer, el 29 de junio. Cuando entre en vigor esta ley, la jurisdicción española
será competente para perseguir los hechos fuera del territorio nacional, según
la ley penal española, tal y como sucede con delitos como el genocidio, el
terrorismo, la piratería, la prostitución, la corrupción de menores o el tráfico
de drogas.

En España se tuvo constancia de estas prácticas a raíz de
varios casos en los que niñas inmigrantes pidieron auxilio a sus profesores en
el colegio, ante el temor de que sus familiares les mutilaran durante un periodo
de vacaciones en su país de origen. El Defensor del Pueblo también se ha hecho
eco de casos en los que inmigrantes acudieron a centros sanitarios para que
procedieran a la mutilación genital de sus hijos.

Este tipo de prácticas se realizan en cerca de 25 países de la
franja subsahariana y en algunos de Asia por parte de distintas culturas y
confesiones religiosas como un rito de iniciación a la pubertad. Los expertos
calculan que unos 135 millones de niñas han sufrido mutilación del clítoris y
que cada año se producen dos millones de casos nuevos, lo que supone 6.000 al
día y cinco cada minuto.

ELPAIS.es

Trabajo blinda la regularización por arraigo social al exigir una batería de documentos

Los inmigrantes sin papeles que aspiren a regularizar su
situación por la vía del arraigo social deberán presentar un mínimo de seis
documentos oficiales para acreditar que cumplen las cinco condiciones que les
exige el Reglamento de Extranjería. Las delegaciones del Gobierno recibieron
ayer las instrucciones elaboradas por la Secretaría de Estado de Inmigración,
que convierten este procedimiento en uno de los más exigentes desarrollados
hasta ahora. En ellas se especifica que los informes de inserción social de los
extranjeros que emitan los ayuntamientos no serán vinculantes para la
Administración.
El arraigo social es, en este momento, la vía más importante
que tienen los sin papeles que viven en España para legalizar su situación, una
vez concluido, el pasado 7 de mayo, el proceso de "normalización", durante el
que los empresarios presentaron casi 700.000 solicitudes de regularización de
extranjeros.

La fórmula está recogida en el Reglamento de Extranjería, que
ha sido consensuado por el Gobierno con los empresarios y los sindicatos. Los
inmigrantes que consigan superar la barrera de documentos probatorios con los
que la ha blindado la Secretaría de Estado de Inmigración sólo obtendrán permiso
de residencia y trabajo por un año en caso de que el recorrido burocrático
culmine con el alta del extranjero en la Seguridad Social.

Las instrucciones remitidas a las delegaciones del Gobierno en
toda España enumeran cinco requisitos que habrá de reunir el inmigrante para
optar a la autorización de residencia por razones de arraigo social:

- Permanencia en España. Acreditar la permanencia continuada
en España durante un periodo mínimo de tres años.

Los inmigrantes deberán presentar documentos que demuestren la
secuencia de dicha permanencia. Esos documentos (originales o copias compulsadas
que contengan los datos de identificación del solicitante) deben haber sido
emitidos o registrados por una Administración pública española. Por ejemplo: un
contrato de alquiler presentado en el Registro de la Propiedad o los resguardos
que demuestren que se trata de un beneficiario de servicios sociales del
ayuntamiento.

La presencia continuada en España se presumirá acreditada
cuando conste en el padrón del municipio en el que viva el extranjero y las
ausencias del país no superen los 120 días.

- Antecedentes penales. Carecer de antecedentes penales en
España y en el país de origen o de anterior residencia por delitos existentes en
el ordenamiento español.

Los inmigrantes deberán presentar certificado de antecedentes
penales del país o países en los que haya residido durante los cinco años
anteriores a su entrada en España, legalizado por las oficinas consulares
españolas y por el Ministerio de Asuntos Exteriores.

- Prohibición de entrada. No tener prohibida la entrada en
España y no figurar como rechazable en el Espacio Schengen.

Los extranjeros deberán presentar su pasaporte en vigor o
título de viaje. Con él en la mano, la Administración comprobará el cumplimiento
de este requisito.

- Contrato de trabajo. Contar con un contrato de trabajo
firmado por el extranjero y por el empresario en el momento de la solicitud,
cuya duración no sea inferior a un año.

En caso de que no dispongan de contrato, los inmigrantes
deberán presentar un informe de su ayuntamiento en el que éste recomiende que se
les exima del contrato, siempre y cuando acrediten que cuentan con medios de
vida suficientes. Por ejemplo: una pensión por invalidez o un trabajo como
autónomo.

- Vínculos familiares. Acreditar vínculos familiares con otros
extranjeros residentes (cónyuges o ascendientes o descendientes en línea
directa) o presentar un informe que acredite su inserción social emitido por el
ayuntamiento en el que tenga su domicilio habitual.

La acreditación de vínculos familiares debe demostrarse
documentalmente, en los supuestos de arraigo basados en esta vía. En los basados
en un informe de inserción social de un ayuntamiento, éste hará constar el
tiempo de permanencia del inmigrante en el municipio que consta en el
Ayuntamiento. Así como los medios de vida con que cuenta, su grado de
conocimiento de la lengua o lenguas oficiales de la comunidad autónoma en que
resida, la inserción en las redes sociales de su entorno, los programas
educativos o de formación laboral en los que ha participado, etcétera. En todo
caso, el informe del ayuntamiento será admitido como una recomendación y no
tendrá carácter vinculante para la Administración General del Estado.

Los inmigrantes deberán entregar personalmente todos estos
documentos, salvo que tengan entre 16 y 18 años o estén incapacitados. En estos
casos, podrá comparecer su representante legal, siempre que acredite dicha
condición.

Entrevista personal


Las cautelas establecidas por la Secretaría de Estado de
Inmigración para evitar el fraude entre los extranjeros que intenten regularizar
su situación por la vía del arraigo social van más allá de la batería de
documentos oficiales que las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno
exigirán a los inmigrantes.

Aun en el caso de que éstos entreguen todos los
documentos solicitados por la Administración, ésta podrá requerirles otros
complementarios, que deberán presentar en el plazo máximo de un mes. En caso de
que no lo hagan, sus solicitudes serán denegadas.

Pero si los entregan, el Gobierno todavía ha
establecido otro filtro: los extranjeros podrán ser citados para mantener una
entrevista personal, precisamente sobre los requisitos que han alegado para
respaldar su solicitud. La Secretaría de Estado incluso ha remitido a las
delegaciones del Gobierno el modelo de acta de dicha entrevista.

En el caso de que el inmigrante consiga superar
esta cadena de pruebas y testimonios, su autorización de residencia y de trabajo
por un año no entrará en vigor hasta que sea dado de alta en la Seguridad
Social.

ELPAIS.es
TOMÁS BÁRBULO - Madrid

Cadena perpetua para 10 nazis por la masacre de 560 italianos en 1944

El tribunal militar de La Spezia (norte de Italia) condenó
ayer a cadena perpetua a los diez imputados por una matanza perpetrada por
militares nazis en 1944, cuando 560 italianos fueron asesinados en la localidad
de Sant'Anna di Stazzema. Los condenados son diez antiguos miembros de las SS,
todos ellos alemanes y, en la actualidad, mayores de ochenta años. Ninguno de
los condenados se encuentra en Italia ni ha asistido al juicio, por lo que la
condena se ha emitido en rebeldía, una posibilidad contemplada por la
legislación italiana.
Los hechos juzgados se produjeron el 12 de agosto de 1944,
cuando los militares de las SS mataron a 560 civiles de todas las edades con
disparos de ametralladora y bombas de mano, para después amontonar sus cadáveres
junto a la iglesia de Sant'Anna y quemarlos. Sólo uno de los condenados confesó
haber participado en la matanza, el cabo Ludwig Goering, quien admitió haber
fusilado a una veintena de mujeres.

La sentencia fue acogida con emoción y aplausos por parte de
buena parte de los presentes en la sala, entre ellos el alcalde de Sant'Anna,
Michele Sillicani, que mostró su satisfacción y "gratitud" por la decisión del
tribunal. "Después de 61 años se ha hecho justicia", señaló el alcalde.

ELPAIS

Un informe revela que el 98% de las prostitutas son extranjeras

El 98 por ciento de las mujeres que ejercían la prostitución en España en 2004 eran inmigrantes, frente al 2 por ciento de españolas, según destacó ayer en Valencia la diputada socialista Antonia García Valls, que participa en Valencia en el III Congreso Internacional de la Policía Local.
Según sus datos, extraídos de informaciones de la
Guardia Civil, en 1999 el porcentaje de mujeres dedicadas a la prostitución era
de un 83 por ciento de extranjeras frente a un 17 por ciento de nacionalidad
española, mientras que el pasado año, la cifra era de un 98 por ciento de
inmigrantes y el resto españolas. Asimismo, destacó el incremento de un 750 por
ciento en las actuaciones realizadas sobre las redes dedicadas a la prostitución
de mujeres y un 105 más de detenciones.

Europa Sur
EUROPA PRESS
valencia.

Condena al Estado por un fuego en un centro de inmigrantes en el año 1999 y en que resultaron heridos de gravedad siete inmigrantes

El Tribunal Supremo ha declarado la responsabilidad civil subsidiaria del Estado en el incendio provocado en el centro de internamiento de extranjeros de Capuchinos el pasado año 1999 y en el que resultaron heridos de gravedad siete inmigrantes. La sentencia del Alto Tribunal revoca así la formulada por la Audiencia Provincial de Málaga, que eximía al Estado de cualquier responsabilidad en el suceso y recuerda que "existía una situación de riesgo en caso de incendio que debe añadirse a la
falta de intervención a los internos de los medios para producirlo".
Los hechos se remontan a diciembre de 1999, cuando
cinco internos decidieron prender fuego a las instalaciones para demorar su
proceso de expulsión. Para ello, apilaron colchonetas de goma espuma junto a una
de las puertas de un módulo del centro, en el que se encontraban retenidos junto
a tres ciudadanos argelinos y cinco marroquíes, alguno de los cuales estaba
durmiendo, y le prendieron fuego con uno o varios encendedores.

La Audiencia de Málaga condenó a los cinco
acusados de provocar el fuego a siete años y medio de prisión, pero absolvió al
Estado de su responsabilidad civil subsidiaria.

Europa Sur
R. TOBELEM
málaga.

1.505 inmigrantes han sido este año repatriados desde la provincia de Cádiz a Marruecos

Un total de 1.505 inmigrantes clandestinos, que intentaban entrar o se encontraban ya ilegalmente en España, han sido repatriados a sus países de origen a través de los diferentes puertos de la provincia gaditana durante el primer semestre de este año, según informó ayer la Subdelegación del Gobierno en Cádiz.
Las personas devueltas provienen tanto de
contingentes arribados en pateras, como de individuos localizados en los
recintos portuarios de Algeciras o Tarifa, adonde llegaron ocultos en remolques,
camiones o autobuses que embarcan en los servicios habituales de transbordadores
entre ambas orillas del Estrecho de Gibraltar.

Las cifras incluyen también a indocumentados,
cuyas repatriaciones habían sido decretadas por las autoridades judiciales o
administrativas, pero que, incomprensiblemente, no habían sido materializadas
por el anterior Ejecutivo.

Por nacionalidades, los marroquíes son el grupo
más numeroso de los retornados (1.423), seguidos por los nigerianos (79).
También aparecen naturales de Ruanda, Guinea-Conakry y Camerún, con una persona
de cada uno de estos países.

La excelente fluidez de las relaciones entre
Marruecos y España, así como la muy eficaz colaboración del Consulado del vecino
país en Algeciras, titulado por Fouad El Aoufi, han permitido agilizar todos los
trámites de ayuda y sustanciación documental.

Una buena prueba de esta óptima cooperación fue el
feliz desenlace del rescate de una patera, detectada en aguas marroquíes por el
SIVE instalado en la 2048 Comandancia de la Guardia Civil en Algeciras, cuando
navegaba cerca de las costa magrebí, el pasado 22 de febrero.

Los datos oficiales reflejan además una notable
reducción en el número de pateras llegadas a las costas gaditanas durante el
pasado año en referencia a 2003.

Mientras ese año el total de embarcaciones con
emigrantes clandestinos fue de 130, el pasado 2004 fueron 75 las lanchas
llegadas a las costas gaditanas, lo cual supone 55 pateras menos y una reducción
porcentual del 42 por ciento.

La disminución en el cruce de embarcaciones hacia
las costas gaditanas ha sido también muy notable durante el primer semestre de
2005. Desde el 1 de enero hasta el 17 de junio pasado, el número total de
pateras llegadas a este litoral han sido 21, mientras fueron 66 las
embarcaciones arribadas durante el año 2004.

El descenso en la llegada de emigrantes
clandestinos a las costas gaditanas es otra realidad cuantificable. Entre el 1
de enero y el 17 de junio de este año, han sido 1.002 las personas rescatadas
frente a las costas gaditanas o auxiliadas a pie de playa. Durante el pasado
2004 fue de 1.934.

En el año 2003, las pateras llegadas a las costas
gaditanas fueron 102 y acarrearon a 5.049 personas. Durante el 2002, el número
de embarcaciones fue exactamente el mismo, aunque la cifra de personas
embarcadas por las redes criminales ascendió a 5.479.

Europa Sur
REDACCIÓN
algeciras.

Un miembro del Ku Klux Klan, condenado por el asesinato de tres activistas en 1964

James Chaney, Andrew Goodman y Michael Schwerner (un negro y
dos blancos) eran militantes de derechos humanos que se dedicaban, en el verano
de 1964, a la difícil y peligrosa tarea de registrar electoralmente a negros en
los condados del sur en los que la segregación, el racismo y los poderes locales
estaban por encima de las leyes. El 21 de junio (ayer hizo 41 años) los tres
jóvenes desaparecieron en un pueblo de Misisipí. Gracias al celo de algunos
policías del FBI, 44 días más tarde sus cuerpos fueron descubiertos, con señales
de los golpes y los disparos recibidos.
Hace 17 años, la película Arde Misisipí, dirigida por Alan
Parker, llevó el drama a las pantallas. Ayer, en la sala de un juzgado de la
ciudad de Filadelfia, en Misisipí, un jurado de nueve blancos y tres negros
decidió que Edgar Ray Killen, de 80 años, es culpable de homicidio, un punto
intermedio entre la conspiración para el asesinato que reclamaba la acusación y
lo que mantenía la defensa: ausencia de pruebas que situaran a Killen en la
escena del crimen.

El condenado, en una silla de ruedas por un accidente laboral
sufrido hace años y con tubos de oxígeno en la nariz, escuchó imperturbable el
veredicto; su mujer le ofreció palabras de consuelo. La sentencia implica un
máximo de 20 años de cárcel.

Killen, que en 1964 trabajaba en un aserradero y era
predicador -y miembro del Ku Klux Klan en los ratos libres- ya fue juzgado en
1967. A diferencia de este proceso, iniciado a instancias del Estado de Misisipí
y con una acusación de triple asesinato, hace 28 años se trató de un juicio
federal por violación de derechos humanos. Aquel jurado se bloqueó, porque uno
de sus miembros -todos blancos- dijo que le era imposible condenar a un
predicador. Otros siete acusados fueron condenados a penas inferiores a seis
años. Los testimonios de los testigos que ya han fallecido han sido empleados
ahora.

En el verano de la libertad de 1964, Schwerner, de 24 años,
Goodman, de 21 (los dos de Nueva York) y Chaney, de 21 y nacido en Misisipí,
estaban en el condado de Neshoba. Al tiempo que trataban de vencer los recelos
-ampliamente justificados- de los negros para inscribirse en el censo electoral,
se preocuparon por el incendio intencionado de una iglesia. Fueron detenidos de
noche por la policía local, por exceso de velocidad, y luego puestos en
libertad. A la salida de la comisaría, un grupo del Ku Klux Klan que sabía dónde
estaban y a qué hora iban a abandonar las dependencias policiales, les siguió.
Testimonios de participantes en la emboscada indicaron que Killen planeó la
operación y el asesinato.

Ayer hubo aplausos y lágrimas de emoción. El veredicto dejó
una sensación agridulce: logró la tranquilidad de espíritu que, especialmente en
Estados Unidos, produce un fallo así en las víctimas, porque cierra un asunto
pendiente, pero quedó claro que la justicia llega muy tarde, como dijo el
fiscal: "A estos tres chicos y sus familias les robaron todas las cosas de las
que Killen ha podido disfrutar en estos 41 años".

Rita Bender, la viuda de Michael Schwerner, dijo que era "un
día muy importante", pero también recordó que "Killen no actuó en el vacío. El
Estado de Misisipí fue cómplice en estos crímenes. Aunque ha entrado luz, la
ventana no se ha abierto por completo. Eso significa que aún hay gente entre
nosotros que elige mirar para otro lado y que aún queda tarea por hacer".

Parecidas palabras de Ben Chaney, hermano de James: la condena
es importante y anima a las familias de las víctimas, pero "hay más cosas que
todavía hay que hacer".

Los familiares del antiguo dirigente local del Ku Klux Klan
abandonaron el juzgado sin hacer declaraciones. El abogado de Killen también
estaba relativamente satisfecho por haber logrado evitar la condena por
asesinato. James McIntyre anunció que iba a recurrir, de todas formas. El fiscal
del Estado, Jim Hood, fue el que más celebró el fallo: "Hay justicia para todos
en Misisipí", dijo. En el juicio, el acusador, Mark Duncan, había dicho que la
culpabilidad de Pillen era tan evidente que el jurado tenía una responsabilidad
muy importante: "Van ustedes a decir al resto del mundo que no vamos a permitir
que Edgar Ray Killen se libre ni un solo día más de lo que hizo".

ELPAIS.es
JOSÉ MANUEL CALVO - Washington

Complicado rescate de 36 inmigrantes con riesgo de naufragar cerca del islote de Lobos en Fuerteventura

La barquilla fue interceptada sobre las 13.00 horas al este
del citado islote y el rescate de sus 36 ocupantes se vio dificultado por su
sobrecarga y las adversas condciones de la mar. Entre los 36 inmigrantes
irregulares, todos de origen subsahariano, se encontraba un menor de 16 años.

Las medidas de seguridad adoptadas por los efectivos que
participaron en el rescate de los inmigrantes posibilitaron que éste se
efectuara con éxito, pese a que el nerviosismo de los ocupantes de la barquilla
a punto estuvo de provocar que alguno cayese al agua.

Una vez rescatados, fueron trasladados hasta el muelle de
Corralejo, al norte de Fuerteventura, donde voluntarios de Cruz Roja Española
les prestaron asistencia sanitaria.

Unos de los ocupantes de la patera que presentaba una herida
en uno de sus pies, tuvo que ser trasladado hasta el Hospital General de
Fuerteventura, al igual que otro inmigrante, que presentaba un fuerte dolor
abdominal, agregaron las fuentes.

Entre los inmigrantes, todos de origen subsahariano, se
encontraba un menor de 16 años

El nerviosismo de los ocupantes de la barquilla a punto estuvo
de provocar que alguno cayera al agua

Canarias Ahora .com
EFE. Las Palmas de Gran Canaria

El alcalde racista de El Ejido presenta su nuevo partido

El alcalde de El Ejido, Juan Enciso, presentará esta mañana en la
localidad almeriense el PAL (Partido de Almería), grupo que ha creado tras su
marcha del PP. Enciso adelantó que la característica principal de este nuevo
partido será «la total autonomía de cada junta local dentro del organigrama, ya
que no habrá imposiciones».

EFE
Diario SUR Digital
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Alrededor de un millar de personas arroparon anoche al alcalde de El Ejido (Almería), Juan Enciso, y al presidente de la Diputación, José Añez, en la presentación oficial del Partido de Almería (PAL), donde anunciaron una "bolsa de financiación" para las campañas electorales de los pueblos y para sus sedes en la provincia.
Durante el acto, Añez agradeció la presencia de ex
responsables del PP de Olula de Castro, Dalías, Turrillas, Tabernas, Alsodux,
Laroya, Félix o Huécija. Asimismo, acudieron los ex concejales del PP de El
Ejido y de Dalías.

Añez aseguró que el PAL "nace para dignificar la
vida política de Almería" y que la nueva formación -constituida tras la marcha
de Enciso y Añez del PP- se quiere convertir "en el mejor partido de la
provincia y demostrar que se puede estar en política y ser honrado". En la misma
línea, mantuvo que "nadie acaparará cargos" dentro del nuevo partido.

El alcalde de El Ejido, Juan Enciso, confesó que
no puede olvidar: "Lo he entregado todo durante 20 años por un partido -el PP-
que al final ni siquiera ha querido escucharme". Además, lamentó: "Las manos en
las que está en esta provincia".

Con respecto al nuevo partido, reveló su lema, Tu
pueblo en buenas manos, y subrayó que "habrá puestos para todos", al tiempo que
destacó que será el reflejo de su proyecto en El Ejido porque "siempre"
defenderá "los intereses de El Ejido", enfatizó.

Enciso desveló que él será el presidente
provisional del PAL, porque tienen la pretensión de celebrar un congreso. El
vicepresidente será el alcalde de Dalías, Jerónimo Robles, el secretario el ex
alcalde popular de Tabernas, Rafael Valls, y los vocales el vicepresidente de la
Diputación, Ginés Martínez Balastegui, el alcalde de Olula de Castro, Guillermo
Mesas, y el de Líjar, Crescencio Molina. La sede del PAL estará situada en el
bulevar de El Ejido, número 301.

El presidente de GIAL, otro partido nacido de una
escisión del PP, Juan Megino, consideró ayer que el PAL no mermará sus
expectativas electorales, puesto que no cuenta con representación en el
poniente, a pesar de que se iniciaron los contactos con algunas personas para
ello.

Europa Sur
EUROPA PRESS
Almería.