El viaje de los niños errantes
Cuando su tío de Francia le regaló una bicicleta, Omar comenzó
a soñar con salir de Marruecos. Este chaval de 15 años, segundo de seis
hermanos, dejó de estudiar hace tres, cuando terminó la escuela primaria. Hasta
mediados de abril, ayudaba a su familia en el campo, en una aldea cercana a Kela
Sraghna (sur de Marruecos). Con la terquedad de un adolescente, pidió a sus
padres que lo mandaran a España.
"Mi madre me decía que no, que era muy peligroso y costaba
mucho dinero, pero yo ya no pensaba en otra cosa", dice el chaval. Harto de su
insistencia, el padre vendió un terreno para poder pagar su viaje. Hace tres
semanas, cogió un autobús a Alhucemas para contactar con las mafias de tráfico
de personas, que le alimentaron hasta el momento del embarque. Omar les pagó 800
euros a cambio. Dos chicos de su pueblo zarparon con él.
El 21 de mayo, la Guardia Civil interceptó en Motril (Granada)
una patera con 59 harragas (el equivalente a espaldas mojadas en árabe
marroquí). De ellos, 33 eran menores -entre ellos Omar- y 17 se escaparon de los
centros de acogida donde fueron internados, antes de que la policía determinara
su edad. Fue una de las mayores expediciones infantiles registradas en España,
según una fuente de la Policía Nacional.
Son 1.575 menores como éstos los que desembarcaron en España
en 2004, según los datos de la Brigada de Extranjería. Casi todos procedían de
Marruecos y 1.035 fueron a parar al servicio andaluz de protección de menores.
Las cifras se han disparado en los cuatro primeros meses de este año, según la
Junta de Andalucía, que sólo del 1 de enero al 30 de abril recibió a 445
chavales, un 53% más que en el mismo periodo del año anterior (328). Dejando a
un lado las repatriaciones inmediatas (véase información adjunta), sólo 62
jóvenes fueron repatriados el año pasado, según Interior.
"Esos jóvenes suelen llegar desde zonas del centro y del sur
de Marruecos, como Jeribga y Kela Sraghna, donde la emigración se ha convertido
en una forma de vida", explica Abdelwahid Azibou, trabajador social marroquí y
presidente de la asociación Tadamon, que organiza actividades de formación para
menores desamparados en la región marroquí de Tánger-Tetuán. Azibou explica que
hasta esas zonas, rurales y pobres, llegan los tentáculos de las redes de
pateras. "No se puede hablar de mafias", asegura el marroquí. "Son más bien
personas conocidas en los pueblos, comerciantes por ejemplo, que actúan como
intermediarios y les dan contactos en la zona de Alhucemas".
En la mayoría de los casos, fueron sus padres los que pagaron
el 'billete', según Amina Bargach, psiquiatra infantil marroquí que colabora en
la formación de los equipos de servicios sociales de Cataluña. "Desde la
perspectiva de un país desarrollado es difícil entender a estas familias, que
sufren tremendas carencias económicas, educativas, culturales e ideológicas",
prosigue la psiquiatra. Es tan grave su situación que llegan a creer que
mandando a sus hijos a Europa pueden solucionar sus problemas. Es parecido a los
padres españoles que durante la Guerra Civil enviaron a sus hijos a la URSS sin
saber qué sería de ellos".
La carencia de recursos de esas familias no explica, sin
embargo, el aluvión de menores de este año. La Secretaria de Estado de
Emigración e Inmigración, Consuelo Rumí, cree que puede deberse a que las mafias
se han adaptado al sistema de vigilancia de costas -el Servicio Integrado de
Vigilancia Exterior (SIVE) detecta el 99% de las pateras-. "Saben que es casi
imposible entrar y que los mayores son repatriados de inmediato, así que cargan
las pateras de niños", asegura Rumí.
Una vez interceptados, los agentes se aseguran de que son
menores mediante pruebas oseométricas que se hacen en los hospitales. Si
demuestran que lo son, pasan a los servicios de protección autonómicos. Los de
la Junta de Andalucía cuentan con 2.510 camas repartidas en 265 centros con un
presupuesto global de 5,6 millones de euros. Darles alojamiento, comida, ropa y
estudios, cuesta 70 euros al día, según la Consejería de Igualdad y Bienestar
Social, que el pasado 1 de mayo tenía a su cargo a 931 marroquíes.
Si están en edad escolar, se les matricula en un colegio
público, y si la superan, participan en talleres de formación donde aprenden
cocina, carpintería, albañilería, español... Cada fin de semana reciben su paga
que asciende a tres euros para los mayores de 14 años, y diez para los que
superan los 16. Después de tres meses en un centro de acogida, pasan a otro de
tipo residencial donde pueden permanecer hasta los 18 años. Casi todos cuentan
con pistas deportivas. Algunos, hasta tienen piscina.
El Reglamento de Extranjería obliga a Interior y al personal
de esos centros a buscar a sus parientes para devolverlos a Marruecos. Los
agentes, trabajadores sociales y educadores aseguran que casi siempre lo
consiguen. Pero, desde 2001, ningún menor ha vuelto a su casa desde Granada por
esa vía. Sólo 62 lo hicieron desde el resto de España el año pasado. Manuel
Robles, jefe de la Brigada de Extranjería de Granada, acusa a Marruecos de
"falta de colaboración". "Se niegan a darnos el laissez passer a pesar de que
los tenemos identificados y hemos localizado a sus padres", prosigue.
La solución, según Consuelo Rumí, pasa por la apertura de
centros de tutela que acojan a los niños errantes en territorio marroquí, una
decisión pendiente de una reunión que próximamente mantendrán los gobiernos de
España y Marruecos. España colaborará en su financiación y en la formación de su
personal con el fin de que ofrezcan los mismos servicios que cualquier centro de
acogida español. "Tendrán apoyos educativos y programas de formación profesional
y les buscarán trabajo en su país cuando salgan", asegura la secretaria de
Estado que cree que la medida "será un éxito".
María, mediadora cultural del centro de acogida que se ocupa
de los chicos que llegaron con Omar, se sienta en su despacho con Ahmed (16
años). "¿Tú qué harías si te mandaran a un centro como éste que estuviera en
Marruecos?", le pregunta. "No, no, no, para mí no", le responde en su precario
castellano. "Sólo iré a Marruecos cuando tenga papeles", añade. "Si me mandan,
volveré otra vez".
El precio de la ley
España expulsó de forma inmediata a todos los menores
marroquíes de más de 16 años que llegaron en pateras entre el 23 de octubre de
2003 y el 26 de noviembre de 2004. Durante esos 11 meses, la policía los entregó
en menos de 48 horas en la frontera de Marruecos aplicándoles el procedimiento
de retorno previsto para los extranjeros mayores de edad. Interior nunca ha
revelado cuántos fueron.
La norma que avalaba la medida era una instrucción
del anterior fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, en la que ordenaba a los
fiscales de Menores que dictaminaran a favor de su retorno a su punto de origen
"a la mayor brevedad posible". La orden consideraba emancipados a los mayores de
16 y entendía que en ellos no concurría la situación de desamparo. La
disposición fue criticada por las asociaciones de defensa de los derechos
humanos. El actual general, Cándido Conde-Pumpido, derogó esa instrucción el
pasado 26 de noviembre y dictó una que volvió a conceder el estatus de menor a
todo inmigrante que no tenga aún 18 años y emplaza a los fiscales de Menores a
ponerlos "sin dilación a disposición de los servicios de protección de menores".
"La balanza del interés superior del menor puede inclinarse en pro de su
permanencia en nuestro país", decía su texto.
Fiscales, policías y trabajadores de los centros
de acogida coinciden en que esa instrucción está detrás del incremento en la
afluencia de menores pero, al mismo tiempo, consideran que se ajusta mejor a la
ley.
ELPAIS.es
a soñar con salir de Marruecos. Este chaval de 15 años, segundo de seis
hermanos, dejó de estudiar hace tres, cuando terminó la escuela primaria. Hasta
mediados de abril, ayudaba a su familia en el campo, en una aldea cercana a Kela
Sraghna (sur de Marruecos). Con la terquedad de un adolescente, pidió a sus
padres que lo mandaran a España.
"Mi madre me decía que no, que era muy peligroso y costaba
mucho dinero, pero yo ya no pensaba en otra cosa", dice el chaval. Harto de su
insistencia, el padre vendió un terreno para poder pagar su viaje. Hace tres
semanas, cogió un autobús a Alhucemas para contactar con las mafias de tráfico
de personas, que le alimentaron hasta el momento del embarque. Omar les pagó 800
euros a cambio. Dos chicos de su pueblo zarparon con él.
El 21 de mayo, la Guardia Civil interceptó en Motril (Granada)
una patera con 59 harragas (el equivalente a espaldas mojadas en árabe
marroquí). De ellos, 33 eran menores -entre ellos Omar- y 17 se escaparon de los
centros de acogida donde fueron internados, antes de que la policía determinara
su edad. Fue una de las mayores expediciones infantiles registradas en España,
según una fuente de la Policía Nacional.
Son 1.575 menores como éstos los que desembarcaron en España
en 2004, según los datos de la Brigada de Extranjería. Casi todos procedían de
Marruecos y 1.035 fueron a parar al servicio andaluz de protección de menores.
Las cifras se han disparado en los cuatro primeros meses de este año, según la
Junta de Andalucía, que sólo del 1 de enero al 30 de abril recibió a 445
chavales, un 53% más que en el mismo periodo del año anterior (328). Dejando a
un lado las repatriaciones inmediatas (véase información adjunta), sólo 62
jóvenes fueron repatriados el año pasado, según Interior.
"Esos jóvenes suelen llegar desde zonas del centro y del sur
de Marruecos, como Jeribga y Kela Sraghna, donde la emigración se ha convertido
en una forma de vida", explica Abdelwahid Azibou, trabajador social marroquí y
presidente de la asociación Tadamon, que organiza actividades de formación para
menores desamparados en la región marroquí de Tánger-Tetuán. Azibou explica que
hasta esas zonas, rurales y pobres, llegan los tentáculos de las redes de
pateras. "No se puede hablar de mafias", asegura el marroquí. "Son más bien
personas conocidas en los pueblos, comerciantes por ejemplo, que actúan como
intermediarios y les dan contactos en la zona de Alhucemas".
En la mayoría de los casos, fueron sus padres los que pagaron
el 'billete', según Amina Bargach, psiquiatra infantil marroquí que colabora en
la formación de los equipos de servicios sociales de Cataluña. "Desde la
perspectiva de un país desarrollado es difícil entender a estas familias, que
sufren tremendas carencias económicas, educativas, culturales e ideológicas",
prosigue la psiquiatra. Es tan grave su situación que llegan a creer que
mandando a sus hijos a Europa pueden solucionar sus problemas. Es parecido a los
padres españoles que durante la Guerra Civil enviaron a sus hijos a la URSS sin
saber qué sería de ellos".
La carencia de recursos de esas familias no explica, sin
embargo, el aluvión de menores de este año. La Secretaria de Estado de
Emigración e Inmigración, Consuelo Rumí, cree que puede deberse a que las mafias
se han adaptado al sistema de vigilancia de costas -el Servicio Integrado de
Vigilancia Exterior (SIVE) detecta el 99% de las pateras-. "Saben que es casi
imposible entrar y que los mayores son repatriados de inmediato, así que cargan
las pateras de niños", asegura Rumí.
Una vez interceptados, los agentes se aseguran de que son
menores mediante pruebas oseométricas que se hacen en los hospitales. Si
demuestran que lo son, pasan a los servicios de protección autonómicos. Los de
la Junta de Andalucía cuentan con 2.510 camas repartidas en 265 centros con un
presupuesto global de 5,6 millones de euros. Darles alojamiento, comida, ropa y
estudios, cuesta 70 euros al día, según la Consejería de Igualdad y Bienestar
Social, que el pasado 1 de mayo tenía a su cargo a 931 marroquíes.
Si están en edad escolar, se les matricula en un colegio
público, y si la superan, participan en talleres de formación donde aprenden
cocina, carpintería, albañilería, español... Cada fin de semana reciben su paga
que asciende a tres euros para los mayores de 14 años, y diez para los que
superan los 16. Después de tres meses en un centro de acogida, pasan a otro de
tipo residencial donde pueden permanecer hasta los 18 años. Casi todos cuentan
con pistas deportivas. Algunos, hasta tienen piscina.
El Reglamento de Extranjería obliga a Interior y al personal
de esos centros a buscar a sus parientes para devolverlos a Marruecos. Los
agentes, trabajadores sociales y educadores aseguran que casi siempre lo
consiguen. Pero, desde 2001, ningún menor ha vuelto a su casa desde Granada por
esa vía. Sólo 62 lo hicieron desde el resto de España el año pasado. Manuel
Robles, jefe de la Brigada de Extranjería de Granada, acusa a Marruecos de
"falta de colaboración". "Se niegan a darnos el laissez passer a pesar de que
los tenemos identificados y hemos localizado a sus padres", prosigue.
La solución, según Consuelo Rumí, pasa por la apertura de
centros de tutela que acojan a los niños errantes en territorio marroquí, una
decisión pendiente de una reunión que próximamente mantendrán los gobiernos de
España y Marruecos. España colaborará en su financiación y en la formación de su
personal con el fin de que ofrezcan los mismos servicios que cualquier centro de
acogida español. "Tendrán apoyos educativos y programas de formación profesional
y les buscarán trabajo en su país cuando salgan", asegura la secretaria de
Estado que cree que la medida "será un éxito".
María, mediadora cultural del centro de acogida que se ocupa
de los chicos que llegaron con Omar, se sienta en su despacho con Ahmed (16
años). "¿Tú qué harías si te mandaran a un centro como éste que estuviera en
Marruecos?", le pregunta. "No, no, no, para mí no", le responde en su precario
castellano. "Sólo iré a Marruecos cuando tenga papeles", añade. "Si me mandan,
volveré otra vez".
El precio de la ley
España expulsó de forma inmediata a todos los menores
marroquíes de más de 16 años que llegaron en pateras entre el 23 de octubre de
2003 y el 26 de noviembre de 2004. Durante esos 11 meses, la policía los entregó
en menos de 48 horas en la frontera de Marruecos aplicándoles el procedimiento
de retorno previsto para los extranjeros mayores de edad. Interior nunca ha
revelado cuántos fueron.
La norma que avalaba la medida era una instrucción
del anterior fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, en la que ordenaba a los
fiscales de Menores que dictaminaran a favor de su retorno a su punto de origen
"a la mayor brevedad posible". La orden consideraba emancipados a los mayores de
16 y entendía que en ellos no concurría la situación de desamparo. La
disposición fue criticada por las asociaciones de defensa de los derechos
humanos. El actual general, Cándido Conde-Pumpido, derogó esa instrucción el
pasado 26 de noviembre y dictó una que volvió a conceder el estatus de menor a
todo inmigrante que no tenga aún 18 años y emplaza a los fiscales de Menores a
ponerlos "sin dilación a disposición de los servicios de protección de menores".
"La balanza del interés superior del menor puede inclinarse en pro de su
permanencia en nuestro país", decía su texto.
Fiscales, policías y trabajadores de los centros
de acogida coinciden en que esa instrucción está detrás del incremento en la
afluencia de menores pero, al mismo tiempo, consideran que se ajusta mejor a la
ley.
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