Quedan más de 200.000 'sin papeles'
Después del proceso de regularización más ambicioso emprendido nunca
en España y de recibir casi 700.000 solicitudes, todavía quedan en el país una
cifra indeterminada de inmigrantes sin papeles que pueden superar ampliamente
los 200.000.
Así se deduce de los datos aportados ayer por el ministro de Trabajo
y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, en el balance del proceso extraordinario de
regularización que concluyó a las 12 de la noche del pasado sábado. Caldera
explicó que el estudio detallado de las cifras del padrón correspondientes al 1
de enero de este año expone que en España residen 2.861.430 extracomunitarios,
de los cuales 1.456.226 tenían permiso de residencia en esa misma fecha. La
diferencia arroja un sal-do de 1.405.204 de extranjeros que al comenzar el
presente año se encontraban en situación irregular. Teniendo en cuenta las
690.679 solicitudes presentadas en el proceso extraordinario y que no todos los
inmigrantes que residen en España trabajan, el equipo de Caldera ha elaborado
tres hipótesis sobre el número de personas que quedan en situación irregular una
vez concluido el proceso.
Dependiendo de la tasa de ocupación real (número de personas en edad
de trabajar que lo hacen o están apuntados en el paro), las cifras del
ministerio oscilan entre 63.108 inmigrantes irregulares para una tasa del 65% y
179.076 sin papeles si la tasa es del 75%. Caldera explicó que la tasa de
ocupación española es del 61%.No obstante, este índice entre el colectivo
inmigrante es muy superior al español, pues en buena lógica sus motivos para
emigrar son de índole económica. Es decir, una mayoría han venido a España sin
sus parejas.
A ellos habrá que sumar las más de 20.000 peticiones que serán
rechazadas por no cumplir los requisitos exigidos. Además, el cálculo efectuado
por el Gobierno no ha tenido en cuenta que un número todavía indeterminado de
inmigrantes se han acogido al proceso a través de la figura del empadronamiento
por -por lo que no podían estar registrados en las cifras del INE- y que exite
otro número difícil de precisar que no ha llegado a empadronarse nunca. A los
que hay que sumar, lógicamente, quienes han llegado a España irregularmente
desde el pasado 1 de enero.
En relación con qué va a pasar con todas estas personas, el ministro
fue contundente: "Quien no pueda acogerse a la figura del arraigo será
repatriado". Para solicitar la regularización mediante este supuesto deberá
demostrarse la presencia en España durante tres años y la existencia de una
situación laboral irregular durante un año.
Haciendo balance de los resultados, Caldera utilizó un tono
triunfalista al afirmar que se ha tratado de un "proceso único en la historia de
los países industrializados", que además ha supuesto "un reforzamiento del
componente ético de la sociedad española".
El titular de Asuntos Sociales explicó que los más de 650.000
permisos de trabajo que se otorgarán no generarán un nuevo gasto social, pues
los servicios ya se prestaban. Y, por el contrario, supondrán una fuerte
inyección de ingresos a la Seguridad Social por el elevadísismo número de nuevos
contratos registrados.
Jesús Caldera también fue contundente al asegurar que la práctica
totalidad de las solicitudes presentadas se traducirán en altas a la Seguridad
Social. Argumentó el ministro que ningún empresario iría a dar sus datos a la
Administración sobre la existencia de una situación ilegal para después no
concluir los trámites encaminados a normalizarla. El ministro también negó que
se haya producido un incremento de la inmigración irregular durante el 2004.
Al tiempo, Caldera afirmó que ahora comenzará una intensa ofensiva
de la Inspección de Trabajo para detectar las situaciones de fraude que no han
querido acogerse a esta oportunidad para normalizarla. "A partir de ahora
aplicaremos la ley con firmeza", señaló el ministro, quien apuntó directamente a
las ciudades de Ceuta y Melilla, donde el número de solicitudes ha sido ínfimo
en relación con el resto de las comunidades autónomas. "Nos vamos a volcar en
inspecciones en Ceuta y Melilla", apuntó en su comparecencia ante los medios de
comunicación.
Por su parte, el secretario general del PP, Ángel Acebes, advirtió
ayer de "graves consecuencias" en poco tiempo si el Gobierno no ha previsto el
impacto en la convivencia del proceso extraordinario de normalización de
trabajadores extranjeros que se cerró el pasado sábado. A juicio de Acebes,
Caldera ha conseguido todos los objetivos que se proponía: "Efecto llamada
puertas abiertas y regularización masiva". La secretaria de acción social del
PP, Ana Pastor, definió el proceso como "una campaña de ilegalización masiva".
Pastor cifró el número de inmigrantes que todavía quedan en situación irregular
en alrededor de un millón y aseguró que el empleo para extranjeros no
comunitarios tras la normalización solamente ha crecido un 5%.
LA VANGUARDIA DIGITAL
LUIS IZQUIERDO - 10/05/2005
MADRID
en España y de recibir casi 700.000 solicitudes, todavía quedan en el país una
cifra indeterminada de inmigrantes sin papeles que pueden superar ampliamente
los 200.000.
Así se deduce de los datos aportados ayer por el ministro de Trabajo
y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, en el balance del proceso extraordinario de
regularización que concluyó a las 12 de la noche del pasado sábado. Caldera
explicó que el estudio detallado de las cifras del padrón correspondientes al 1
de enero de este año expone que en España residen 2.861.430 extracomunitarios,
de los cuales 1.456.226 tenían permiso de residencia en esa misma fecha. La
diferencia arroja un sal-do de 1.405.204 de extranjeros que al comenzar el
presente año se encontraban en situación irregular. Teniendo en cuenta las
690.679 solicitudes presentadas en el proceso extraordinario y que no todos los
inmigrantes que residen en España trabajan, el equipo de Caldera ha elaborado
tres hipótesis sobre el número de personas que quedan en situación irregular una
vez concluido el proceso.
Dependiendo de la tasa de ocupación real (número de personas en edad
de trabajar que lo hacen o están apuntados en el paro), las cifras del
ministerio oscilan entre 63.108 inmigrantes irregulares para una tasa del 65% y
179.076 sin papeles si la tasa es del 75%. Caldera explicó que la tasa de
ocupación española es del 61%.No obstante, este índice entre el colectivo
inmigrante es muy superior al español, pues en buena lógica sus motivos para
emigrar son de índole económica. Es decir, una mayoría han venido a España sin
sus parejas.
A ellos habrá que sumar las más de 20.000 peticiones que serán
rechazadas por no cumplir los requisitos exigidos. Además, el cálculo efectuado
por el Gobierno no ha tenido en cuenta que un número todavía indeterminado de
inmigrantes se han acogido al proceso a través de la figura del empadronamiento
por -por lo que no podían estar registrados en las cifras del INE- y que exite
otro número difícil de precisar que no ha llegado a empadronarse nunca. A los
que hay que sumar, lógicamente, quienes han llegado a España irregularmente
desde el pasado 1 de enero.
En relación con qué va a pasar con todas estas personas, el ministro
fue contundente: "Quien no pueda acogerse a la figura del arraigo será
repatriado". Para solicitar la regularización mediante este supuesto deberá
demostrarse la presencia en España durante tres años y la existencia de una
situación laboral irregular durante un año.
Haciendo balance de los resultados, Caldera utilizó un tono
triunfalista al afirmar que se ha tratado de un "proceso único en la historia de
los países industrializados", que además ha supuesto "un reforzamiento del
componente ético de la sociedad española".
El titular de Asuntos Sociales explicó que los más de 650.000
permisos de trabajo que se otorgarán no generarán un nuevo gasto social, pues
los servicios ya se prestaban. Y, por el contrario, supondrán una fuerte
inyección de ingresos a la Seguridad Social por el elevadísismo número de nuevos
contratos registrados.
Jesús Caldera también fue contundente al asegurar que la práctica
totalidad de las solicitudes presentadas se traducirán en altas a la Seguridad
Social. Argumentó el ministro que ningún empresario iría a dar sus datos a la
Administración sobre la existencia de una situación ilegal para después no
concluir los trámites encaminados a normalizarla. El ministro también negó que
se haya producido un incremento de la inmigración irregular durante el 2004.
Al tiempo, Caldera afirmó que ahora comenzará una intensa ofensiva
de la Inspección de Trabajo para detectar las situaciones de fraude que no han
querido acogerse a esta oportunidad para normalizarla. "A partir de ahora
aplicaremos la ley con firmeza", señaló el ministro, quien apuntó directamente a
las ciudades de Ceuta y Melilla, donde el número de solicitudes ha sido ínfimo
en relación con el resto de las comunidades autónomas. "Nos vamos a volcar en
inspecciones en Ceuta y Melilla", apuntó en su comparecencia ante los medios de
comunicación.
Por su parte, el secretario general del PP, Ángel Acebes, advirtió
ayer de "graves consecuencias" en poco tiempo si el Gobierno no ha previsto el
impacto en la convivencia del proceso extraordinario de normalización de
trabajadores extranjeros que se cerró el pasado sábado. A juicio de Acebes,
Caldera ha conseguido todos los objetivos que se proponía: "Efecto llamada
puertas abiertas y regularización masiva". La secretaria de acción social del
PP, Ana Pastor, definió el proceso como "una campaña de ilegalización masiva".
Pastor cifró el número de inmigrantes que todavía quedan en situación irregular
en alrededor de un millón y aseguró que el empleo para extranjeros no
comunitarios tras la normalización solamente ha crecido un 5%.
LA VANGUARDIA DIGITAL
LUIS IZQUIERDO - 10/05/2005
MADRID
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