Caldera avisa que perseguirá a los empresarios que no legalicen ahora a sus trabajadores
Los empresarios tienen que aprovechar la oportunidad que le está
brindando el Gobierno para acabar con las contrataciones irregulares. Así se
resume la advertencia lanzada ayer por el ministro de Trabajo, Jesús Caldera:
cuando concluya en mayo el proceso de legalización de inmigrantes, perseguirán a
aquellos que sigan sin contratar a sus trabajadores. "A partir del 7 de mayo
-aseguró- habrá tolerancia cero con los defraudadores, perseguiremos las
conductas delictivas y las sancionaremos con la máxima severidad. No podemos
consentir que en España haya trabajo ilegal".
Por ello, Caldera avanzó que, al finalizar este periodo especial de
legalización de trabajadores, se pondrá en marcha un programa de lucha contra el
fraude laboral donde prevén que Inspección de Trabajo realicen medio millón de
actuaciones hasta final de año.
Durante el balance de los primeros 16 días del proceso de
regularización, el máximo responsable de Trabajo explicó que en la actualidad
los inspectores de trabajo que localizan a contratados ilegales "no están
levantado actas de infracción sino requerimientos" para que los empresarios
legalicen a sus empleados y así "aflore la economía sumergida".
Aparte de "animar" a los empresarios, Caldera recordó que el
reglamento de la ley de Extranjería establece la figura del "arraigo laboral"
por el que un inmigrante o un sindicato puede denunciar cualquier tipo de
irregularidad: "Si se puede demostrar que efectivamente ha habido una
vinculación ilegal, sancionaremos al empresario y legalizaremos al trabajador".
En cuanto a la presentación de las solicitudes, Caldera destacó que
el proceso se está desarrollando con "normalidad, orden y eficacia". En los 16
primeros días han recibido 48.247 peticiones, concentradas especialmente en
Madrid (15.378), Catalunya (8.306) y Comunidad Valenciana (6.304). Estas tres
autonomías han recibido más del 60% del total de peticiones. Según el Gobierno,
el 98% han sido admitidas y sólo el 1,57% están pendientes de algún documento.
"En contra de lo que se dice, el ritmo de las solicitudes está por encima de las
previsiones del Gobierno", afirmó, destacando que sobre todo en las últimas dos
jornadas se han entregado una media diaria de 7.702 peticiones frente a las
4.700 de la segunda semana y las 1.800 de la primera. Ante las denuncias de ONG
de la venta ilegal de contratos de trabajo, Caldera aseguró que el único recurso
es la denuncia y en su ministerio sólo ha recibido hasta la fecha una
reclamación "que ya se está investigando".
Ayer mismo las principales organizaciones de inmigrantes
denun-ciaron que entre un 20 y un 25% de los extranjeros irregulares podrían
quedar fuera del proceso de regularización en el caso de que el Ejecutivo
continúe admitiendo tan sólo el certificado de empadronamiento para demostrar
arraigo en España. Por esta razón, estos colectivos (Atime, Rumiñahui,
Asociación de Chinos en España, ARI-Perú y Asociación de Rumanos) solicitaron
"flexibilidad" a las autoridades para que permitan la presentación de otros
documentos, como el visado de entrada o la tarjeta sanitaria.
El presidente de Atime, Mustafa Mrabet, denunció además que "algunos
funcionarios se niegan a admitir la solicitud presentada por no tener el
certificado de empadronamiento cuando no tienen autoridad administrativa para
rechazar ´in situ´la solicitud". Sin embargo, el ministro de Trabajo sostuvo que
es posible "presentar los expedientes antes de la fecha límite aunque falte
algún documento, que se podrá entregar posteriormente".
Por su parte, el PP acusó ayer al Gobierno de falsear los datos y de
seguir una política de "oscurantismo".
LA VANGUARDIA DIGITAL
ALICIA RODRÍGUEZ DE PAZ - 24/02/2005
MADRID
brindando el Gobierno para acabar con las contrataciones irregulares. Así se
resume la advertencia lanzada ayer por el ministro de Trabajo, Jesús Caldera:
cuando concluya en mayo el proceso de legalización de inmigrantes, perseguirán a
aquellos que sigan sin contratar a sus trabajadores. "A partir del 7 de mayo
-aseguró- habrá tolerancia cero con los defraudadores, perseguiremos las
conductas delictivas y las sancionaremos con la máxima severidad. No podemos
consentir que en España haya trabajo ilegal".
Por ello, Caldera avanzó que, al finalizar este periodo especial de
legalización de trabajadores, se pondrá en marcha un programa de lucha contra el
fraude laboral donde prevén que Inspección de Trabajo realicen medio millón de
actuaciones hasta final de año.
Durante el balance de los primeros 16 días del proceso de
regularización, el máximo responsable de Trabajo explicó que en la actualidad
los inspectores de trabajo que localizan a contratados ilegales "no están
levantado actas de infracción sino requerimientos" para que los empresarios
legalicen a sus empleados y así "aflore la economía sumergida".
Aparte de "animar" a los empresarios, Caldera recordó que el
reglamento de la ley de Extranjería establece la figura del "arraigo laboral"
por el que un inmigrante o un sindicato puede denunciar cualquier tipo de
irregularidad: "Si se puede demostrar que efectivamente ha habido una
vinculación ilegal, sancionaremos al empresario y legalizaremos al trabajador".
En cuanto a la presentación de las solicitudes, Caldera destacó que
el proceso se está desarrollando con "normalidad, orden y eficacia". En los 16
primeros días han recibido 48.247 peticiones, concentradas especialmente en
Madrid (15.378), Catalunya (8.306) y Comunidad Valenciana (6.304). Estas tres
autonomías han recibido más del 60% del total de peticiones. Según el Gobierno,
el 98% han sido admitidas y sólo el 1,57% están pendientes de algún documento.
"En contra de lo que se dice, el ritmo de las solicitudes está por encima de las
previsiones del Gobierno", afirmó, destacando que sobre todo en las últimas dos
jornadas se han entregado una media diaria de 7.702 peticiones frente a las
4.700 de la segunda semana y las 1.800 de la primera. Ante las denuncias de ONG
de la venta ilegal de contratos de trabajo, Caldera aseguró que el único recurso
es la denuncia y en su ministerio sólo ha recibido hasta la fecha una
reclamación "que ya se está investigando".
Ayer mismo las principales organizaciones de inmigrantes
denun-ciaron que entre un 20 y un 25% de los extranjeros irregulares podrían
quedar fuera del proceso de regularización en el caso de que el Ejecutivo
continúe admitiendo tan sólo el certificado de empadronamiento para demostrar
arraigo en España. Por esta razón, estos colectivos (Atime, Rumiñahui,
Asociación de Chinos en España, ARI-Perú y Asociación de Rumanos) solicitaron
"flexibilidad" a las autoridades para que permitan la presentación de otros
documentos, como el visado de entrada o la tarjeta sanitaria.
El presidente de Atime, Mustafa Mrabet, denunció además que "algunos
funcionarios se niegan a admitir la solicitud presentada por no tener el
certificado de empadronamiento cuando no tienen autoridad administrativa para
rechazar ´in situ´la solicitud". Sin embargo, el ministro de Trabajo sostuvo que
es posible "presentar los expedientes antes de la fecha límite aunque falte
algún documento, que se podrá entregar posteriormente".
Por su parte, el PP acusó ayer al Gobierno de falsear los datos y de
seguir una política de "oscurantismo".
LA VANGUARDIA DIGITAL
ALICIA RODRÍGUEZ DE PAZ - 24/02/2005
MADRID
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