El Tribunal Supremo anula tres artículos de una orden mi nisterial que aprobó el PP sobre los centros de internamiento de Extranjeros
Estas organizaciones denunciaron la inexistencia de una ley
que regule el funcionamiento de estos centros, que son siete situados en
Barcelona, Canarias, Madrid, Málaga, País Vasco, Tarifa (Cádiz) y Valencia.
Andalucía Acoge informó este lunes de que la anulación se
produce por vulneración de los derechos de los inmigrantes y de que el fallo de
la Sala Tercera del Supremo obliga a restituir derechos a los inmigrantes
internados en estos centros.
En este sentido, se refirió a la restricción de visitas de
familiares y abogados, los controles de la correspondencia y el decomiso de sus
pertenencias personales.
Andalucía Acoge, Aspa y la Asociación de Mujeres Progresistas
La Mitad del Cielo recurrieron y consideran que la sentencia "pone de manifiesto
la actuación ilegal de los centros de internamiento desde 1999 a 2003, durante
los que se hizo uso de la fuerza, aislamiento, restricción de derechos de visita
y de petición de protección de personas inmigrantes que estaban dentro sin
cometer delito".
Mantienen que la resolución puede afectar a decenas de miles
de inmigrantes que pasaron por estos centros entre 1999 y 2003 y los que están
en la actualidad recluidos.
Los colectivos lamentaron que los presos de cárceles españolas
tengan una ley que los protege, pero no los inmigrantes recluidos en estos
centros, por lo que creen que están en "una indefensión jurídica absoluta, pese
a no ser delincuentes", ya que únicamente han cometido una infracción
administrativa.
Estas organizaciones añadieron que "el vacío legal que existe
somete a los inmigrantes a condiciones de vida más duras que los que se
encuentran en prisión".
Recordaron que el PSOE en 2000 presentó una enmienda que pedía
al Gobierno popular regular por ley el funcionamiento de estos centros, "pero
desde que comenzó su mandato, no ha iniciado ningún tipo de acciones para llevar
a la práctica esa exigencia".
Por ello, exigen al Ejecutivo que sea "coherente" con sus
propuestas y reglamente mediante ley orgánica estos centros de internamiento con
el consenso de todos los grupos parlamentarios.
Los tres artículos anulados se refieren a la restricción de
visitas de familiares y abogados, los controles de correspondencia y el decomiso
de pertenencias personales
La resolución puede afectar a decenas de miles de inmigrantes
que pasaron por estos centros entre 1999 y 2003 y los que están en la actualidad
recluidos
Canarias Ahora .com
EFE. Málaga
que regule el funcionamiento de estos centros, que son siete situados en
Barcelona, Canarias, Madrid, Málaga, País Vasco, Tarifa (Cádiz) y Valencia.
Andalucía Acoge informó este lunes de que la anulación se
produce por vulneración de los derechos de los inmigrantes y de que el fallo de
la Sala Tercera del Supremo obliga a restituir derechos a los inmigrantes
internados en estos centros.
En este sentido, se refirió a la restricción de visitas de
familiares y abogados, los controles de la correspondencia y el decomiso de sus
pertenencias personales.
Andalucía Acoge, Aspa y la Asociación de Mujeres Progresistas
La Mitad del Cielo recurrieron y consideran que la sentencia "pone de manifiesto
la actuación ilegal de los centros de internamiento desde 1999 a 2003, durante
los que se hizo uso de la fuerza, aislamiento, restricción de derechos de visita
y de petición de protección de personas inmigrantes que estaban dentro sin
cometer delito".
Mantienen que la resolución puede afectar a decenas de miles
de inmigrantes que pasaron por estos centros entre 1999 y 2003 y los que están
en la actualidad recluidos.
Los colectivos lamentaron que los presos de cárceles españolas
tengan una ley que los protege, pero no los inmigrantes recluidos en estos
centros, por lo que creen que están en "una indefensión jurídica absoluta, pese
a no ser delincuentes", ya que únicamente han cometido una infracción
administrativa.
Estas organizaciones añadieron que "el vacío legal que existe
somete a los inmigrantes a condiciones de vida más duras que los que se
encuentran en prisión".
Recordaron que el PSOE en 2000 presentó una enmienda que pedía
al Gobierno popular regular por ley el funcionamiento de estos centros, "pero
desde que comenzó su mandato, no ha iniciado ningún tipo de acciones para llevar
a la práctica esa exigencia".
Por ello, exigen al Ejecutivo que sea "coherente" con sus
propuestas y reglamente mediante ley orgánica estos centros de internamiento con
el consenso de todos los grupos parlamentarios.
Los tres artículos anulados se refieren a la restricción de
visitas de familiares y abogados, los controles de correspondencia y el decomiso
de pertenencias personales
La resolución puede afectar a decenas de miles de inmigrantes
que pasaron por estos centros entre 1999 y 2003 y los que están en la actualidad
recluidos
Canarias Ahora .com
EFE. Málaga
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