Defienden la actuación de ocho guardias civiles acusa dos de torturas en San Juan(Alicante)
La delegación provincial de Alicante de la Asociación Unificada de
Guardias Civiles (AUGC) emitió ayer un comunicado en el que defiende la
actuación de los agentes procesados por torturar supuestamente en 1999 a un
detenido en el cuartel de San Juan. El hombre arrestado posteriormente falleció.
La asociación de la Benemérita considera que no se debe comparar
este caso con el recientemente acaecido en Roquetas de Mar, pues ambos tienen
sus peculiaridades.
Además, hacemos hincapié en que en San Juan se actuó cumpliendo de
forma estricta con el protocolo de detención de personas que reglamentariamente
se establece, afirma AUGC.
Los hechos se remontan a septiembre de 1999, cuando la Guardia Civil
arrestó a Juan Martínez Cano y a su sobrino como supuestos autores de un delito
de tráfico de drogas y otro de amenazas.
Escapó del cuartel
Martínez Cano se escapó del cuartel, pero fue capturado de nuevo y
al día siguiente se desplomó durante su comparecencia en el juzgado número 3 de
San Vicente del Raspeig.
El hombre tuvo que ser intervenido de urgencia debido a una
hemorragia interna masiva causada por la rotura del bazo, y quedó en estado
vegetativo hasta su fallecimiento en abril de 2001.
AUGC recuerda en su escrito que ni el ministerio fiscal ni el juez
vieron indicios de delito en la actuación policial. Sin embargo, el instructor
de la causa emitió en julio del año pasado un auto por el que procesa a cuatro
guardias civiles por torturar supuestamente al detenido y no prestarle la debida
asistencia.
El abogado de la acusación particular, que amplía la causa a otros
cuatro agentes y pide para los ocho un total de 46 años y medio de prisión,
comparó el caso de San Juan con el de Roquetas de Mar para quejarse de la falta
de actuación de la Fiscalía y del anterior Gobierno.
AUGC afirmó que a Juan Martínez Cano se le realizó un exhaustivo
reconocimiento médico en presencia de un abogado de oficio en el momento de
iniciar las diligencias.
Y no hallamos motivos para poner en tela de juicio la inocencia de
los agentes, todo ello subordinándonos a la decisión judicial, agregó AUGC.
Para la asociación, resulta demasiado fácil hacer leña del árbol caído y crear
una falsa sensación de torturas en las miles de actuaciones diarias de los
70.000 guardias civiles que dedican su labor al servicio del ciudadano.
Las Provincias
Guardias Civiles (AUGC) emitió ayer un comunicado en el que defiende la
actuación de los agentes procesados por torturar supuestamente en 1999 a un
detenido en el cuartel de San Juan. El hombre arrestado posteriormente falleció.
La asociación de la Benemérita considera que no se debe comparar
este caso con el recientemente acaecido en Roquetas de Mar, pues ambos tienen
sus peculiaridades.
Además, hacemos hincapié en que en San Juan se actuó cumpliendo de
forma estricta con el protocolo de detención de personas que reglamentariamente
se establece, afirma AUGC.
Los hechos se remontan a septiembre de 1999, cuando la Guardia Civil
arrestó a Juan Martínez Cano y a su sobrino como supuestos autores de un delito
de tráfico de drogas y otro de amenazas.
Escapó del cuartel
Martínez Cano se escapó del cuartel, pero fue capturado de nuevo y
al día siguiente se desplomó durante su comparecencia en el juzgado número 3 de
San Vicente del Raspeig.
El hombre tuvo que ser intervenido de urgencia debido a una
hemorragia interna masiva causada por la rotura del bazo, y quedó en estado
vegetativo hasta su fallecimiento en abril de 2001.
AUGC recuerda en su escrito que ni el ministerio fiscal ni el juez
vieron indicios de delito en la actuación policial. Sin embargo, el instructor
de la causa emitió en julio del año pasado un auto por el que procesa a cuatro
guardias civiles por torturar supuestamente al detenido y no prestarle la debida
asistencia.
El abogado de la acusación particular, que amplía la causa a otros
cuatro agentes y pide para los ocho un total de 46 años y medio de prisión,
comparó el caso de San Juan con el de Roquetas de Mar para quejarse de la falta
de actuación de la Fiscalía y del anterior Gobierno.
AUGC afirmó que a Juan Martínez Cano se le realizó un exhaustivo
reconocimiento médico en presencia de un abogado de oficio en el momento de
iniciar las diligencias.
Y no hallamos motivos para poner en tela de juicio la inocencia de
los agentes, todo ello subordinándonos a la decisión judicial, agregó AUGC.
Para la asociación, resulta demasiado fácil hacer leña del árbol caído y crear
una falsa sensación de torturas en las miles de actuaciones diarias de los
70.000 guardias civiles que dedican su labor al servicio del ciudadano.
Las Provincias
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