La Asamblea para la Regularación de Inmigrantes denunció un
"aumento de la presión policial" en Barcelona que "incluso" ha acabado con la
detención de inmigrantes con la solicitud de papeles en trámite, pero sin
certificado de empadronamiento. El 10 por ciento de las 7.000 empresas y
particulares de Cataluña investigados por la Inspección de Trabajo durante el
proceso extraordinario de regularización de inmigrantes habían presentado
solicitudes de normalización fraudulentas, según informó en un comunicado la
Delegación del Gobierno.

Un portavoz de la Asamblea, Jamal, criticó que "una cantidad
importante" de inmigrantes en esta situación han sido detenidos y trasladados al
centro de acogida de inmigrantes de la Verneda, donde muchos han recibido una
orden de expulsión.

Los representantes de la asociación, que impulsó los recientes
encierros de inmigrantes en Barcelona y su área metropolitana, pidieron a los
agentes que respeten el plazo de la totalidad del proceso de regularización, que
acabó el pasado 7 de mayo pero que hasta junio no hará público las solicitudes
aceptadas.

Por ello, denunciaron que esta "presión policial", además de
acabar con la expulsión de personas en trámite de regularización crea una
situación de "miedo" a los inmigrantes.

NUEVA ASOCIACIÓN PARA LA LUCHA DE LA INMIGRACIÓN.

Además anunciaron la creación de una nueva asociación que
constituya un "referente" en la lucha de la inmigración de forma "permanente" y
"autoorganizada" y que, de este modo, aglutine un "más amplio apoyo social".

Uno de los portavoces, Rocco Rossetti, señaló que la nueva
asamblea, "independiente" e "intercomunitaria", tendrá como objetivo "combatir
el racismo" y garantizar "todos los derechos de los inmigrantes", más allá del
de su regularización.

Así, señaló que el organismo se basará en la defensa
permanente de los "plenos derechos, sin limitaciones, de toda persona que viva y
que elija vivir en este país".

Además, la asamblea se propone aglutinar el máximo apoyo
social "para hacer posible un cambio sustancial de la política migratoria", en
el marco de la Ley de Extranjería, que "se basa en la expulsión", añadió.

CONTINUIDAD

De este modo, los miembros de la asociación darán
"continuidad" a la lucha de los encerrados, que en Barcelona superaron las 400
personas a principios de este mes, señalaron ambos representantes.

Actualmente, los organizadores trabajan en la elaboración de
las bases programáticas y el funcionamiento del nuevo ente, así como en las
nuevas manifestaciones y movilizaciones.

Los representantes cifraron en 300.000 personas, el número de
inmigrantes censados en Cataluña que no pudieron presentar su solicitud para
acogerse al reglamento. En el resto de España, la cifra es de 800.000 personas,
según la asamblea, que a su vez denunció una "manipulación" de los datos por
parte del Gobierno.

Por ello, los portavoces se preguntaron por el futuro de los
"centenares de miles" de inmigrantes que no serán regularizados y por los
"centenares de miles" de personas que han legalizado su situación como empleados
del hogar --el 62% en Cataluña-- a cambio de pagarse la Seguridad Social cuando
se incorporen a otra rama de trabajo.

Con respecto a este último colectivo, los portavoces de esta
plataforma trasladaron su preocupación por "la falta de concreción" de la Ley de
Extranjería, que "no explica qué va a pasar con un inmigrante que se incorpore a
otra rama de trabajo".

En adelante, la ley prevé como requisitos para la obtención de
papeles el arraigo laboral de dos años y la demostración a través de una
sentencia judicial o acta de inspección de llevar en España más de un año.

También contempla como alternativa el arraigo social, que
exige tres años de estancia en el país, además de contrato de trabajo,
relaciones familiares o certificado de arraigo social.

Madridpress.com