internacional

La UE renuncia a prohibir los símbolos nazis en toda Europa por falta de acuerdo

a Unión Europea renunciaron ayer por falta de acuerdo a su proyecto
de prohibir en todo el territorio comunitario los símbolos nazis u otros que
inciten al odio y la violencia. El plan, debatido en el consejo de Justicia e
Interior de la UE, chocó con el rechazo del Reino Unido, Dinamarca y Hungría.
Sus ministros alegaron posibles perjuicios a la libertad de expresión y
señalaron que el complejo debate sobre esos símbolos podría impedirles
desbloquear la propuesta sobre lucha penal contra el racismo en la que
pretendían incluir la prohibición.De hecho, los ministros sí acordaron retomar
el borrador que, formulado en el 2001 y bloqueado desde el 2003 por Italia,
plantea armonizar la definición y penas mínimas para los actos de racismo, la
xenofobia y las negaciones o intentos de trivializar casos de genocidio o crimen
contra la humanidad.

La ministra de Justicia alemana, Brigitte Zypries, consideró
"lamentable" la retirada del proyecto de prohibición general de los símbolos
nazis -contra los que sólo existen leyes en su país y Austria-, pero precisó que
no insistiría en el asunto si ello hacía peligrar el plan de armonizar el
combate contra el racismo.

El asunto se había planteado a raíz del escándalo que el príncipe
Enrique de Inglaterra provocó el mes pasado al disfrazarse de nazi, brazalete
con la cruz gamada incluido, en una fiesta privada.

Un tanto oscura fue la actitud que mantuvo en el debate el italiano
Roberto Castelli, dirigente de la Liga Norte conocido por su línea dura contra
los inmigrantes. Tras defender la persecución de los símbolos nazis, el titular
de Justicia del Gobierno Berlusconi dijo en el consejo que no se oponía a
reanudar el debate sobre el proyecto general contra el racismo, que él tiene
bloqueado. Pero después declaró que no apoyará la nueva normativa si no ofrece
garantías claras a la libertad de expresión y si no se retoma el plan de
prohibir los símbolos nazis.

Lo cierto es que Roma tiene presentada desde 2003 una propuesta que
tiende a descafeinar la legislación contra la xenofobia. Al respecto, el
ministro de Interior español, José Antonio Alonso, anunció que no tolerará
rebajas en este campo.

El proyecto europeo, que según Alonso podría estar listo en mes y
medio, propone fijar en dos años de cárcel las penas mínimas para los delitos
más graves de racismo.

Director de Europol
Por otra parte, los ministros eligieron al alemán Max-Peter Ratzel
como nuevo director de Europol, y renovaron al español Mariano Simancas como
director adjunto, ambos para los próximos cuatro años.

LA VANGUARDIA DIGITAL
FERNANDO GARCÍA - 25/02/2005
Corresponsal BRUSELAS

La UE se compromete a no interferir en las políticas de inmigración que aplique cada país

Los Veinticinco quedaron ayer de acuerdo en impulsar un sistema de
información mutua sobre las medidas políticas que cada uno de ellos adopte en
relación con la regularización o gestión de la inmigración. El consejo de
ministros de Interior y de Justicia de la UE-al que asistió excepcionalmente
Jesús Caldera por tratarse de un asunto tan vinculado al proceso español de
normalización- asumió ayer la necesidad de una mayor coordinación e incluso de
reglas comunes en esta materia; sobre todo teniendo en cuenta las repercusiones
que las políticas de un socio en dicho ámbito pueden tener a veces en otros
países miembros. Los ministros reconocieron explícitamente, no obstante, el
carácter plenamente soberano de las decisiones que los distintos Estados toman
respecto a sus flujos migratorios: una de las áreas, cada vez menos numerosas,
donde las naciones de la UE mantienen competencias exclusivas.

La conveniencia de avisarse de las acciones de gran calado sobre
inmigración se debatió ayer en Bruselas a raíz de las quejas que el ministro
alemán de Interior, Otto Schily, dirigió hace un mes contra Madrid por no haber
informado a sus socios del proyecto orientado a normalizar la situación de los
inmigrantes que trabajan en negro en España.

Según Caldera, ni Schily ni ningún otro colega habló ayer de la
decisión española, si bien con anterioridad el ministro luxemburgués y
presidente de turno del Consejo, Nicolas Schmit, la había juzgado "positiva".

El titular germano sí señaló la importancia de coordinarse en este
asunto, "pero también ha reconocido que es un asunto nacional", subrayó el
ministro español de Trabajo. Caldera añadió irónico que tampoco se había citado
en el Consejo el caso alemán, en alusión al escándalo de los visados que Berlín
concedió sin control, en 2000, a cientos de miles de ciudadanos del Este.

Aunque nadie le atacó esta vez y si bien también él apoyo el sistema
de alerta mutua sobre regularizaciones de inmigrantes, que aún debe tomar cuerpo
mediante una propuesta formal de la Comisión Europea, Caldera no se resistió a
replicar las quejas de Schily sobre el supuesto efecto llamada que el proceso
abierto por el Gobierno podría tener en el resto del territorio comunitario. En
respuesta a los temores expresados por el ministro germano ante "la posibilidad
de que los inmigrantes regularizados en España pudieran trasladarse a Alemania o
a Francia", Caldera recordó que aunque la ley aprobada les permitirá
efectivamente circular con libertad por toda la UE, también les impedirá
trabajar en cualquier otro país socio durante cinco años. El ministro añadió:
"¿Creen que si un trabajador extranjero ve legalizada su situación laboral en
España va a irse a otro país donde pasará a ser ilegal y puede ser expulsado?"
Y, repitiendo una frase que atribuyó al presidente del Consejo, Schmit,
concluyó: "Quien se legaliza se queda".

La discusión de ayer se enmarcó en el inicio de los trabajos del
llamado Libro Verde sobre la inmigración por motivos económicos: un documento de
Bruselas que servirá como punto de partida para un debate público con todos los
agentes implicados. Las conversaciones deberán desembocar, a final de año, en
una propuesta sobre un enfoque comunitario de la inmigración.

LA VANGUARDIA DIGITAL
FERNANDO GARCÍA - 25/02/2005
Corresponsal BRUSELAS