"Tenemos cifras preocupantes sobre el número de mujeres inmigrantes
maltratadas por su pareja, pero sabemos que muchas de ellas no se atreven a
denunciarlo por su condición", señala Alejandro Erazo, portavoz de la
Coordinadora de Entidades Inmigrantes de Catalunya. El temor aumenta cuando se
trata de inmigrantes sin papeles y la última orden del secretario de Estado de
Seguridad, Antonio Camacho, a la Policía y a la Guardia Civil, no ha hecho más
que acrecentar esa sensación.

La orden a los cuerpos policiales es clara: a cualquier inmigrante
sin papeles que acuda a denunciar una agresión se le deberá abrir, además de las
diligencias previas por ese supuesto delito, un expediente sobre su situación.
"Hasta ahora dependía de la voluntad del policía de turno, pero no había
obligación de control", señalan desde SOS Racismo. Y aunque en virtud de la ley
de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, la afectada
podrá solicitar al juez un permiso temporal de residencia, entre las
asociaciones de inmigrantes existe cierta desconfianza que tiene su origen en la
propia ley de Extranjería.

De hecho, si el juez no considera delito la denuncia o si no concede
ese permiso de residencia, la mujer se verá abocada a la expulsión. En el mejor
de los casos, es decir, que prospere la denuncia y se le conceda el permiso, se
le impondrá una sanción por la situación irregular en la que se encontraba. Las
distintas asociaciones de inmigrantes reconocen que esa orden es perfectamente
legal, pero no ven clara su aplicación. "El problema sigue siendo la ley de
Extranjería", repiten. "Nuestra labor - dice Erazo- consiste en sensibilizar a
las mujeres y si se produce una interpretación de la norma en sentido negativo
para esas inmigrantes, presentaremos los recursos correspondientes para que no
se ejecute su expulsión de España".

Desde SOS Racismo en Barcelona, su portavoz Begoña Martínez
considera que "el tema es grave y es una nueva muestra de racismo institucional
que vulnera los derechos fundamentales". En su opinión, "el temor a la expulsión
es una espada de Damocles para los inmigrantes y en otros casos ya se ha
demostrado que es un freno para las denuncias de explotación laboral, racismo o
agresiones". Desde esa entidad, se asegura que en los últimos meses han recibido
quejas por parte de inmigrantes expedientados tras efectuar una denuncia.
"Incluso recientemente hubo una expulsión de una persona con un juicio pendiente
por haber sido agredida".

Más contemporizadora se muestra Montserrat Comas Argemir, del
Observatorio contra la Violencia de las Mujeres, quien asegura que esta circular
responde a la necesidad de aclarar la confusión que en algunas comisarías y
cuarteles se había suscitado con relación a qué ley primaba, si la de
Extranjería o la de violencia sexista. Por esa razón, evalúa "positivamente" su
contenido si se cumple estrictamente. Eso significa que toda mujer que acuda a
denunciar un caso de agresión pueda acogerse a un permiso de residencia
temporal. "En este sentido, es una circular províctimas, ya que va a priorizar
la asistencia a las mujeres maltratadas".

Curiosamente, el criterio de la Asociación Independiente de la
Guardia Civil (Asigc) a la vista de esta orden es muy crítico ya que teme que
aquellas mujeres que estén en situación irregular en España "difícilmente
denunciarán a su pareja o al proxeneta que las esté maltratando, salvo que su
situación sea inaguantable o peligrosa para su propia integridad física y
anteponga la posibilidad de expulsión a su propia seguridad". Para Asigc, en la
práctica, el trato a los extranjeros ilegales es el mismo que se estaba dando a
los inmigrantres por parte de anteriores gobiernos.

LA VANGUARDIA DIGITAL
C. LÓPEZ J. PLAYÀ - 28/09/2005
MADRID BARCELONA