Las sospechas de encubrimiento para tapar los detalles de la muerte
de Charles de Menezes han disminuido la confianza ciudadana en Scotland Yard y
han creado una crisis política que incluso podría salpicar al Gobierno de Tony
Blair. Diputados de todos los partidos y comentaristas políticos se han unido a
la familia del electricista brasileño para exigir una investigación pública,
además de la cabeza del jefe de la policía metropolitana, sir Ian Blair.

Un mes después de la segunda ola de atentados terroristas en
Londres, ya no se habla de los culpables, los posibles cerebros de la operación
o las hipotéticas conexiones con Al Qaeda, pero sí de la muerte de un inocente
transeúnte que iba al trabajo, y a quien un agente de la brigada antiterrorista
con el gatillo demasiado ligero acribilló de siete balazos en la cabeza y otro
en el hombro -tres más no dieron en el blanco- cuando se encontraba inmovilizado
por un compañero en el vagón de un metro.

La comisión independiente que se ocupa del caso anunció ayer que
espera tener concluido su informe para Navidad, y que sólo entonces recomendará
medidas disciplinarias internas o el inicio de un procedimiento criminal contra
el autor de los disparos, y tal vez sus superiores. El Gobierno Blair dio en su
día autoridad a Scotland Yard para "disparar a matar" cuando lo considerase
oportuno, pero cada vez hay más voces que exigen un debate parlamentario y la
autorización expresa de la Cámara de los Comunes para que la política siga
vigente.

Antes de irse de vacaciones a Barbados, Tony Blair dejó abiertas las
puertas a la posibilidad de convocar anticipadamente a los diputados para
acelerar la tramitación de las nuevas medidas antiterroristas que propuso de
modo un tanto apresurado -algunas de ellas son legalmente inviables-, para
aprovechar el miedo tras los atentados en su cruzada de ley y orden, además de
neutralizar cualquier posible crítica de que no había respondido con celeridad a
la amenaza integrista. Ahora es posible que tenga que reunir al Parlamento en el
otoño para tratar el caso Menezes, la desconfianza en Scotland Yard y las
demandas de que sus responsables dimitan.

La policía se negó ayer a hacer comentario alguno sobre las
especulaciones de que las cintas de las cámaras en circuito cerrado de la
estación de Stockwell, que deberían haber grabado la ejecución a sangre fría de
Charles de Menezes el 22 de julio pasado, se encuentran misteriosamente vacías.
La compañía privada que se encarga del mantenimiento del metro de Londres ha
dicho que los artefactos se hallaban operativos, y le parece "increíble" que
todos dejasen de funcionar por arte de magia la mañana de autos.

El jefe de la policía metropolitana, sir Ian Blair, consiguió
bloquear durante tres días el acceso de los investigadores de la comisión
independiente -algo así como el departamento de asuntos internos de Scotland
Yard- a Stockwell y el vagón de metro donde se produjo el homicidio de Charles
de Menezes. Esta circunstancia, unida a la coincidencia de las cintas borradas,
ha alimentado las acusaciones de un encubrimiento y ha puesto en la picota al
comisario sir Ian Blair.

Aunque tanto el primer ministro, Tony Blair, como el ministro de
Interior, Charles Clarke, le han expresado públicamente su apoyo, el jefe de la
policía se encuentra bajo tales presiones que el pasado domingo optó por
conceder una entrevista al periódico News of the World en la que aseguraba no
haber sido informado por sus subordinados de que la víctima de la estación de
Stockwell era un inocente hasta la mañana siguiente al suceso. Estas
declaraciones han creado la impresión de un Scotland Yard confundido y
desbordado por los acontecimientos, con departamentos enfrentados entre sí y
disidentes que se encargan de filtrar secretos a la prensa.

LA VANGUARDIA DIGITAL
RAFAEL RAMOS - 24/08/2005
Corresponsal. LONDRES