La Guardia Civil de Huelva detuvo el pasado lunes a cinco responsables de la ONG Huelva Solidaria, entre los que se encontraba su presidente, Manuel Rodríguez, acusados todos de un delito contra las administraciones públicas y otro de estafa continuada a unos 40.000 inmigrantes socios de la organización, a los que realizaban trámites administrativos que son gratuitos a cambio de dinero.
La operación, denominada Comuna, se inició hace un
año a raíz de las denuncias presentadas por algunos de estos socios, de origen
extranjero, en las que manifestaban haber sido estafados por Huelva Solidaria,
que les cobraba ciertas cantidades de dinero por trámites administrativos que en
realidad eran gratuitos y que en ocasiones no llegaban ni siquiera a realizarse.
Debido al gran número de personas que han podido ser estafadas, hasta más de
40.000, la Guardia Civil ha instado a aquellos inmigrantes que se sientan
damnificados a que presenten denuncia.

Las investigaciones siguen abiertas, por lo que no
se descartan nuevas detenciones, al tiempo que ya se han instruido las
correspondientes diligencias. Tras la aglomeración de denuncias del mismo tipo,
según aseguraron fuentes de la Subdelegación del Gobierno, los agentes
realizaron un registro por orden judicial en la sede de Huelva Solidaria donde,
además de practicar las cinco detenciones, se incautaron de diversos documentos
y de un ordenador para proseguir la investigación.

Los detenidos, tras prestar declaración ante la
Guardia Civil, quedaron en libertad a la espera de que el juzgado que instruye
el caso les cite si lo considera oportuno. De hecho, Manuel Rodríguez, el
presidente de la ONG, se encontraba ayer en la sede de Huelva Solidaria, donde
seguían acercándose inmigrantes para realizar algún tipo de gestión.

Huelva Solidaria está bajo sospecha de
irregularidades desde hace tiempo. Tres integrantes de la ONG -entre ellos su
presidente, junto con dos ex colaboradores- ya estaban siendo investigados por
el Juzgado de Instrucción número 3 de Huelva, antes de que se ejecutasen estas
detenciones, por otro presunto delito de estafa a inmigrantes de hasta 1.500
euros en concepto de viajes que nunca se realizaron. Fuentes cercanas al caso
indicaron que el Juzgado de Instrucción número 3 de Huelva se encuentra en este
momento a la espera de localizar a dos de los imputados por el anterior caso,
que se encuentran en paradero desconocido y que deben ser juzgados, junto a
Rodríguez, por un delito de estafa a inmigrantes.

Las mismas fuentes explicaron que las diligencias
están "estancadas" desde hace meses. Los dos imputados desaparecidos por la
justicia, ex colaboradores de Huelva Solidaria, son Carmen Mihaela y Ludwig
Suárez. Según aseguró hace unas semanas el presidente de la organización, "se
encuentran en Constanza (Rumanía) y en Bogotá (Colombia).

El juzgado onubense investiga también si, como
aseguran algunos inmigrantes, Huelva Solidaria cobraba además por tramitar
solicitudes de regularización que no cumplían ninguno de los requisitos
exigidos. La ONG cobra a los inmigrantes una cuota mensual de 60 euros "sólo por
pertenecer a la asociación", además de 10 para la inscripción por persona, cinco
euros para la tarjeta de socio y otros cinco para la copia de estatutos, reglas
y normas sociales, según consta en la Tabla de Cuotas Sociales de la ONG para
2005.

Según consta en este documento, los servicios de
traductores de Huelva Solidaria cobran 20 euros por traducir una página en
lenguas románicas, germánicas, anglosajonas y alfabeto latino; y hasta 30 euros
si son lenguas árabes, eslavas o alfabetos no latinos.

Además, la ONG cuenta con un archivo de documentos
de socios, de los cuales obtiene un euro al mes por cada documento custodiado.
Desde Huelva Solidaria se calcula que "en estos momentos tiene que haber un
mínimo de 7.500 expedientes personales de socios y usuarios y unos 20.000
documentos generales", de los cuales se obtiene un euro por mes y documento.
Asimismo, en la sede de la ONG se dispone de cinco cabinas personales para que
los socios puedan hablar y relacionarse de forma económica con sus gentes,
amigos y resuelvan sus problemas a distancia, de los cuales también se obtiene
beneficio.

Asimismo, la ONG dispone de salón social, que
según se explica en sus estatutos, "viene a ser un lugar donde se darán comidas
económicas para gentes migrantes y extranjeras, de estancia lúdica y de
reuniones y celebraciones festivas y personales".

Además, se indica que la cuota de gestión es una
cuota obligatoria que debe cumplirse expresamente por parte del asociado.
"Aquellos socios que no paguen la cuota de socio que le corresponda, la
asociación puede reclamar a través de los procedimientos estatutarios y los
legales españoles los importes debidos, incrementados con los gastos e intereses
correspondientes de acuerdo a la inflación económica que fije oficialmente la
autoridad gubernativa". En el documento, se consideran como "cuotas voluntarias
las que suscriba el asociado cada año en el mes de enero" y se consideran cuotas
obligatorias "las que se aportan para encomendar las gestiones no propias de la
ONG".
Diario de Cádiz
REDACCIÓN
huelva.