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Los empresarios han inscrito en la Seguridad Social al 95% de los inmigrantes regularizados

Los empleadores ya han dado de alta en la Seguridad Social a 435.990
inmigrantes, cifra que supone el 95% de las solicitudes de regularización
aprobadas por el Ministerio de Trabajo hasta primeros de este mes. Fuentes de
ese departamento atribuyen las resoluciones que no se han formalizado, el 5%, a
las vacaciones estivales y a cambios en las circunstancias personales de los
empresarios o de los extranjeros. El PP profetizó en su día que el proceso de
normalización fracasaría porque los empresarios no inscribirían a los
inmigrantes en la Seguridad Social.

El proceso de normalización de inmigrantes que residían en España de forma
irregular pero disponían de un contrato de trabajo y carecían de antecedentes
penales fue diseñado por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero para dar
una salida al millón de sin papeles que dejó en herencia el anterior Gobierno
del PP y, al tiempo, combatir la economía sumergida.

Durante los tres meses que duró el proceso, desde el 7 de febrero hasta el
7 de mayo, el PP cambió varias veces sus argumentos para atacar al Ejecutivo.

El presidente de ese partido, Mariano Rajoy, se refirió desde el principio
a la regularización como "un error colosal". Y su secretario general, Ángel
Acebes, la calificó de "despropósito".

Pero a medida que creció la afluencia de los empresarios a las oficinas de
la Administración para regularizar a sus empleados, los líderes del PP
corrigieron el tiro. Profetizaron entonces un número ridículo de contratos
materializados con la correspondiente alta en la Seguridad Social.

Muy insistente en este sentido se mostró la secretaria ejecutiva de
Política Social y Bienestar del partido, Ana Pastor, quien celebró varias
conferencias de prensa para reclamar al Gobierno la cifra de altas en la
Seguridad Social.

Pero el Ministerio de Trabajo no podía dársela por dos motivos. El primero
era que el proceso de verificación de los documentos presentados por los
empresarios y por los inmigrantes era lento y laborioso. El segundo radica en
que, desde que reciben la autorización provisional de residencia y de trabajo
para los extranjeros, los empresarios disponen de un mes para darles de alta en
la Seguridad Social.

De hecho, la cifra de 435.990 altas es provisional. De las aproximadamente
690.000 solicitudes de regularización que los empresarios presentaron entre el 7
de febrero y el 7 de mayo, han sido resueltas hasta ahora 592.192 (el 85,62%).
De las 99.400 que aún están por resolver, una parte importante se halla
pendiente de algún documento, como el abono de multas de tráfico o de deudas con
la hacienda pública por parte de los empleadores.

De las 517.617 solicitudes que Trabajo había fallado favorablemente hace
un mes, y que suponen el 87,4% de las que había resuelto, los empresarios han
formalizado con el alta en la Seguridad Social 435.990; esto es: el 95% de
ellas.

Los empresarios que presentaron el 5% de resoluciones restante tendrán que
explicar por qué no han inscrito a sus trabajadores en la Seguridad Social.

El Reglamento de Extranjería es claro al respecto. Una vez que el
empresario o empleador que haya tramitado la regularización del inmigrante
recibe la resolución favorable del expediente de éste, dispone de un mes para
darle de alta en la Seguridad Social. El mismo plazo rige para los extranjeros
que pretenden trabajar parcialmente y de forma simultánea para varios patronos
en el servicio doméstico, los cuales tramitan su propio expediente.

Sólo cuando el empresario da de alta al inmigrante y abona las
correspondientes tasas, que ascienden a 187,02 euros, comienza el periodo de
vigencia del permiso de residencia y de trabajo del extranjero, que es de un
año. El inmigrante deberá solicitar su tarjeta de identidad durante el mes
posterior a esa entrada en vigor.

En el caso de que no se produzca el alta del trabajador en la Seguridad
Social durante al mes siguiente a la resolución de su expediente, la
autorización para residir y trabajar en España quedará sin efecto.

El Reglamento de Extranjería señala que, en ese caso, la Administración
requerirá al empleador (o al inmigrante, en los casos de trabajo doméstico para
varios patronos) para que indique las razones por las que no se ha iniciado la
relación laboral. "Con la advertencia", señala el Reglamento, "de que, si no
alegase ninguna justificación o si las razones aducidas se considerasen
insuficientes, podrán denegarse ulteriores solicitudes de regularización que
presente".

90 millones al mes

El proceso de normalización tiene dos vertientes. Una, humana, que está
sacando de la explotación a cientos de miles de extranjeros. Y otra, económica,
que supone ya una importante inyección de dinero a las arcas públicas: al menos
unos 90 millones de euros mensuales, hasta ahora.

Este periódico ha calculado las aportaciones de los inmigrantes al Estado
a partir del salario mínimo, fijado en 513 euros. La base mínima de cotización
(es decir, la cantidad mínima por la que pueden cotizar trabajadores y
empresarios) es, en ese caso, de 598,50 euros. Esa base mínima es, por ejemplo,
la que tienen las empleadas de hogar. De ella, el empresario paga el 31,59% y el
trabajador, el 6,40%. Si multiplicamos la cantidad resultante (227,37 euros
mensuales) por las 435.990 altas en la Seguridad Social registradas hasta ahora,
el resultado es de 90,1 millones de euros que ya está ingresando cada mes la
Seguridad Social.

A esa cantidad hay que sumar otros 79 millones de euros que ya han abonado
en tasas los empresarios y los inmigrantes que han formalizado sus contratos.

ELPAIS.es
TOMÁS BÁRBULO - Madrid

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