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Londres publica una lista de motivos que 'justifican' la deportación de extranjeros

"Fomentar, justificar o glorificar la violencia terrorista", "intentar
provocar actos terroristas" o "fomentar el odio que pueda desencadenar la
violencia entre distintas comunidades del Reino Unido" serán comportamientos
"inaceptables" que justifiquen la expulsión o denegación de entrada al país de
aquéllos que de esta forma supongan una amenaza a la seguridad nacional. Así lo
ha dado a conocer hoy el ministro británico del Interior, Charles Clarke, al
publicar la lista de actitudes que explicarán una de las nuevas y más
controvertidas medidas antiterroristas anunciadas recientemente por el Gobierno
tras los atentados de julio.

Clarke ha insistido en que la intención del Gobierno no es la de "ahogar
la libertad de expresión o el debate legítimo sobre las religiones u otros
temas". No obstante, esta ley apunta directamente a numerosos imanes radicales y
a extremistas religiosos instalados desde hace años en Londres.

Para llevar a cabo deportaciones, las autoridades británicas se enfrentan
a un problema legal. La ley de Inmigración británica de 1971 autoriza a deportar
extranjeros que constituyen una amenaza a la seguridad nacional. Sin embargo,
Reino Unido es signatario de la Convención Europea de los Derechos Humanos,
incorporada a la legislación en 1998, y de la Convención Internacional contra la
Tortura, incorporada en 1988. Ambas prohíben cualquier deportación si existe el
riesgo de que las personas sean torturadas en sus países de origen.

Para prevenir esto, el Reino Unido está intentando concluir acuerdos con
diversos países para garantizar que los deportados serán tratados correctamente.
El pasado 11 de agosto, Clarke hizo uso de sus poderes cuando los servicios de
inmigración arrestaron a 10 extranjeros que "constituían una amenaza a la
seguridad nacional", entre ellos Abu Qatada, el jefe espiritual de Al Qaeda en
Europa.

Esta mañana, en una entrevista concedida a la radio de la BBC, el alcalde
de Londres Ken Kivingstone mostró su preocupación ante un texto "demasiado
rígido" que corre el riesto de prohibir toda libertad de expresión y todo
derecho de crítica.

ELPAIS.es

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