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Sesenta inmigrantes viven en condiciones infrahumanas en un caserón reconvertido

Tres concejalías del Ayuntamiento de Murcia -Urbanismo, Sanidad y
Servicios Sociales- han unido sus esfuerzos para denunciar ante el juez la
situación insalubre de un caserón en el carril de los Valera, en la pedanía de
San José de la Vega, donde malviven entre 40 y 60 inquilinos, la mayoría
magrebíes. El dueño de un viejo caserón ha aprovechado los patios de luces en la
parte trasera del inmueble para montar varios habitáculos, colocándoles puertas
de chapa de madera y techos de uralita.

A las precarias condiciones de habitabilidad de las vivienda se une
la suciedad de los alrededores de la casa, que están llenos de basuras,
escombros y excrementos. La visión es aún más tercermundista cuando se repara en
un pozo ciego colmatado por el que se desbordan los vertidos fecales y las aguas
residuales inundando el terreno próximo. Estos vertidos provienen de de los
desagües de las viviendas que no están conectadas con el alcantarillado.

Debido a la putrefacción de los vertidos, en la zona hay un olor
nauseabundo y está infestada de insectos.

El Ayuntamiento ha tomado cartas en el asunto acudiendo al Juzgado
de lo Contencioso para que autorice el desalojo del caserón, habida cuenta de la
peligrosidad que supone para los inquilinos vivir en esas condiciones. Tanto los
informes técnicos de la Gerencia de Urbanismo como los servicios de Salud de la
Concejalía de Sanidad señalan que los habitáculos en que se ha dividido el viejo
caserón del carril de los Valera no reúnen las mínimas garantías para sus
ocupantes, además de que la suciedad y el pozo ciego por el que se desbordan las
aguas fecales pueden dar lugar a infecciones y graves problemas de salud
pública.

Los antecedentes de este asunto se remontan al año 2003, después de
que el alcalde pedáneo de San José de la Vega se hiciera eco de las quejas
vecinales y de que la Policía Local realizara un informe, tras realizar una
inspección al caserón.

El pasado 9 de mayo de 2005 le fue notificado al propietario el
decreto del concejal de Sanidad, Consumo y Cooperación, Fulgencio Cervantes, por
el que se le requería para que en el plazo de un mes procediese al desalojo de
todas las personas que se encuentran ocupando el inmueble, obligando a la
limpieza, desratización y desinsectación, así como al cerramiento y limpieza del
pozo ciego. Y se le apercibía que en caso contrario se recurriría al juez.

La Concejalía de Servicios Sociales está estudiando la situación de
las familias para que el desalojo no sea traumático.

La Verdad Digital
Mª JOSÉ MONTESINOS/MURCIA

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