Las medidas tomadas por Blair alarman a los grupos en defensa de los Derechos Humanos
Las drásticas medidas anunciadas por el primer ministro, Tony Blair, para hacer frente al terrorismo en el Reino Unido tras los últimos atentados, han alarmado a grupos de defensa de los derechos humanos, abogados y políticos liberales. "Que no quepa ninguna duda. Están cambiando las reglas del juego", advirtió Blair al presentar el viernes su batería de propuestas, destinadas a combatir a los islamistas fanáticos y facilitar su exclusión del suelo británico.
El líder laborista ha querido así hacer frente a quienes
critican a su gobierno de no haber mostrado hasta ahora mano dura con esos
"predicadores del odio", que le han valido a la capital británica en la prensa
sensacionalista el mote de "Londonistán".
Medidas
Entre las medidas propuestas figuran la tipificación como
delito de la condonación o glorificación del terrorismo no sólo en el Reino
Unido sino en cualquier país, la ilegalización de grupos radicales islámicos,
poderes especiales para privar a extremistas de la nacionalidad británica y la
ampliación del plazo de prisión preventiva, que es actualmente de catorce días.
Pero también incluyen la posibilidad de deportar a extranjeros
por su vinculación a librerías, organizaciones o portales de Internet
extremistas, así como el cierre de mezquitas tenidas por viveros de fanáticos.
Blair justificó esas medidas, consideradas como draconianas por los defensores
de los derechos humanos, por el deseo de los ciudadanos, después de los
atentados del 7 y el 21 de julio, de que se promulguen nuevas leyes que permitan
deportar a los fanáticos y extremistas que abusan de la tolerancia del pueblo
británico.
Preocupación
Las propuestas del primer ministro han suscitado, sin embargo,
inmediata preocupación en círculos del Partido Liberal Demócrata, que confiesa
no haber sido informado previamente de su alcance en una reunión mantenida
recientemente con el ministro del Interior. Su presidente, Charles Kennedy,
afirmó que las nuevas propuestas podrían "inflamar las tensiones" en este país.
El propio alcalde de Londres, el laborista Ken Livingstone,
criticó algunas de las medidas y dijo que de haberse aplicado, hace veinte años,
el líder de la independencia surafricana Nelson Mandela habría visto denegada su
entrada en el Reino Unido. El Consejo Islámico de Gran Bretaña expresó su temor
de que las propuestas entrañaran la prohibición de cualesquiera manifestaciones
de apoyo a personas que viven bajo una ocupación brutal, en clara alusión a la
situación del pueblo palestino.
Bruce Holder, del colegio que representa a los abogados,
manifestó a su vez su inquietud por las indicaciones de que Blair puede querer
"suspender el artículo tercero de la ley de derechos humanos (que prohíbe la
tortura)".
Las deportaciones
.
El Primer Ministro dijo en efecto que consideraría la
posibilidad de suspender los artículos de esa ley que pudiesen estorbar a la
aplicación de las medidas propuestas aunque agregó que, en el caso de
deportaciones, obtendría garantías de los gobiernos afectados de que no se
sometería a los deportados a malos tratos.
Para Eric Metcalfe, del grupo de derechos humanos "Justicia",
un tribunal inglés no aceptará jamás las seguridades diplomáticas que pueda dar
un país que tortura a sus propios ciudadanos. "Una sociedad libre no combate a
los terroristas deportándolos a otros países, sino que los persigue
judicialmente aquí, en el Reino Unido", afirmó.
La abogada Shami Chakrabarti, directora del grupo de derechos
humanos "Libertad", calificó también de "inaceptable" que se hable de deportar a
gente a países donde las torturas son práctica habitual y agregó que
criminalizar a quienes "condonan, glorifican o terrorismo dondequiera que sea,
resulta muy peligroso". Quien está, sin embargo, de enhorabuena es el jefe de la
Policía Metropolitana, Ian Blair, que se declaró "muy satisfecho" con el anuncio
del Primer Ministro porque recoge la mayoría de las peticiones que su cuerpo le
había planteado.
HERALDO.ES
JOAQUÍN RÁBAGO. Londres
El líder laborista ha querido así hacer frente a quienes
critican a su gobierno de no haber mostrado hasta ahora mano dura con esos
"predicadores del odio", que le han valido a la capital británica en la prensa
sensacionalista el mote de "Londonistán".
Medidas
Entre las medidas propuestas figuran la tipificación como
delito de la condonación o glorificación del terrorismo no sólo en el Reino
Unido sino en cualquier país, la ilegalización de grupos radicales islámicos,
poderes especiales para privar a extremistas de la nacionalidad británica y la
ampliación del plazo de prisión preventiva, que es actualmente de catorce días.
Pero también incluyen la posibilidad de deportar a extranjeros
por su vinculación a librerías, organizaciones o portales de Internet
extremistas, así como el cierre de mezquitas tenidas por viveros de fanáticos.
Blair justificó esas medidas, consideradas como draconianas por los defensores
de los derechos humanos, por el deseo de los ciudadanos, después de los
atentados del 7 y el 21 de julio, de que se promulguen nuevas leyes que permitan
deportar a los fanáticos y extremistas que abusan de la tolerancia del pueblo
británico.
Preocupación
Las propuestas del primer ministro han suscitado, sin embargo,
inmediata preocupación en círculos del Partido Liberal Demócrata, que confiesa
no haber sido informado previamente de su alcance en una reunión mantenida
recientemente con el ministro del Interior. Su presidente, Charles Kennedy,
afirmó que las nuevas propuestas podrían "inflamar las tensiones" en este país.
El propio alcalde de Londres, el laborista Ken Livingstone,
criticó algunas de las medidas y dijo que de haberse aplicado, hace veinte años,
el líder de la independencia surafricana Nelson Mandela habría visto denegada su
entrada en el Reino Unido. El Consejo Islámico de Gran Bretaña expresó su temor
de que las propuestas entrañaran la prohibición de cualesquiera manifestaciones
de apoyo a personas que viven bajo una ocupación brutal, en clara alusión a la
situación del pueblo palestino.
Bruce Holder, del colegio que representa a los abogados,
manifestó a su vez su inquietud por las indicaciones de que Blair puede querer
"suspender el artículo tercero de la ley de derechos humanos (que prohíbe la
tortura)".
Las deportaciones
.
El Primer Ministro dijo en efecto que consideraría la
posibilidad de suspender los artículos de esa ley que pudiesen estorbar a la
aplicación de las medidas propuestas aunque agregó que, en el caso de
deportaciones, obtendría garantías de los gobiernos afectados de que no se
sometería a los deportados a malos tratos.
Para Eric Metcalfe, del grupo de derechos humanos "Justicia",
un tribunal inglés no aceptará jamás las seguridades diplomáticas que pueda dar
un país que tortura a sus propios ciudadanos. "Una sociedad libre no combate a
los terroristas deportándolos a otros países, sino que los persigue
judicialmente aquí, en el Reino Unido", afirmó.
La abogada Shami Chakrabarti, directora del grupo de derechos
humanos "Libertad", calificó también de "inaceptable" que se hable de deportar a
gente a países donde las torturas son práctica habitual y agregó que
criminalizar a quienes "condonan, glorifican o terrorismo dondequiera que sea,
resulta muy peligroso". Quien está, sin embargo, de enhorabuena es el jefe de la
Policía Metropolitana, Ian Blair, que se declaró "muy satisfecho" con el anuncio
del Primer Ministro porque recoge la mayoría de las peticiones que su cuerpo le
había planteado.
HERALDO.ES
JOAQUÍN RÁBAGO. Londres
0 comentarios