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Desembarco de menores marroquíes

Los nueve centros de acogida de menores situados en Barcelona y sus
alrededores están al límite. La llegada continua de nuevos inmigrantes menores
de edad y sin ningún familiar de referencia ha generado una situación de alarma
entre la administración y los educadores. Se calcula que desde el pasado mes de
octubre cada día llega a Barcelona, como mínimo, un menor marroquí no
acompañado.

"Desde finales del año pasado, quizás como consecuencia de la
regularización, se ha producido un efecto llamada, especialmente entre los
menores marroquíes" señala Imma Pérez, responsable de la dirección general de
Atenció a la Infància i l´Adolescència (Dgaia) de la Generalitat. En los
primeros cuatro meses del 2005 se ha producido un aumento del 51% de menores
inmigrantes no acompañados (MINA). De mantenerse el ritmo actual, este año
podrían llegar hasta 420 menores, que se sumarían a los que ya están aquí.
Actualmente, la Generalitat cuenta sólo con 212 plazas disponibles en la red de
centros de urgencias que se ven desbordados para atender la constante llegada de
nuevos inmigrantes. Distintas fuentes coinciden en que el centro más saturado,
que acoge a un número de menores muy por encima de su capacidad, es el albergue
Alcor, en el barrio de Poblenou.

El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, prepara un informe sobre la
situación actual, tanto en lo que se refiere al modelo de atención como a las
condiciones de los centros y cómo se efectúan las repatriaciones. El problema
principal se centra en los menores marroquíes. Según los últimos datos
disponibles, la Dgaia atiende a 167 menores de ese país y únicamente a 20
rumanos y 13 ecuatorianos. Del resto de nacionalidades no hay en ningún caso más
de tres representantes. Es verdad también que el número de jóvenes rumanos, en
su mayoría de etnia gitana, que pasan por los centros es mucho mayor, pero
acostumbran a tener familia y retornan a su núcleo de origen.

La situación se repite también en Andalucía y en Madrid. El Defensor
del Pueblo Andaluz, José Chamizo, ha calificado la situación actual de "locura"
y ha advertido que la capacidad de la Junta de Andalucía para acoger a
inmigrantes menores de edad "se está agotando", por lo que reclama ayudas de la
UE y del Gobierno central y pide a Marruecos que colabore en la repatriación de
estos chicos. La consejera para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta,
Micaela Navarro, reconoció que todos los centros de acogida están al doble de su
capacidad. Según los datos de la Cruz Roja, desde enero hasta ahora han llegado
a la costa granadina unos 110 menores, frente a los 61 llegados en todo el año
pasado. Anteayer mismo, arribaron once a Motril en una patera en la que viajaban
59 personas. Chamizo atribuye esta actividad a las mafias, aunque este extremo
fue desmentido de inmediato por el cónsul general de Marruecos en Sevilla,Tarik
Louajri, que lo explica por el reagrupamiento familiar.

Desde Catalunya, el fenómeno no sólo preocupa por el número de esos
jóvenes sino también por su edad. Llegan ya con 11 y 12 años, y como sus
predecesores, se han jugado la vida debajo de un camión o en una patera para
entrar en España, aunque la mayoría llegan camuflados en coches de otras
familias. Desembarcan en Andalucía, pero esa comunidad es sólo un lugar de paso,
ya que su destino final es Madrid o Barcelona. "En Tánger y otras regiones de su
alrededor existe una verdadera fascinación por Barcelona, que muchas veces tiene
su origen en el Barça", explica Imma Pérez. La obsesión de estos chicos es venir
a trabajar para poder enviar el dinero a sus padres. Nadie les explica que
legalmente no pueden empezar a trabajar hasta los 16 años -en Marruecos pueden
hacerlo desde los 14-. Actualmente en Catalunya el 42,7% de menores recién
llegados tienen ya entre 13 y 15 años, mientras sólo el 37% tienen entre 16 y 18
años.

El año pasado, la Generalitat repatrió a Marruecos 14 menores y ese
año en tan sólo en cinco meses se han devuelto 11, que pronto serán 13. Imma
Pérez lo llama "reagrupación familiar" y se indigna ante las críticas. "Niños de
12 a 14 años no hacen nada aquí, no pueden trabajar, no tienen interés en
estudiar, se deprimen y su situación se deteriora. Tienen que volver a su casa,
excepto que allí exista una situación de riesgo, pero en general estamos ante un
problema de pobreza, no de malos tratos". La Generalitat asegura que en todos
las repatriaciones se ha contactado con las familias de origen para garantizar
su acogida. Pero las críticas contra esas repatriaciones arrecian.

El último informe de SOS Racismo basado en una encuesta a 28 jóvenes
repatriados a Marruecos indica que ninguno de ellos fue consultado y sólo en dos
casos su familia fue informada. De ellos, 21 tuvieron que llegar por sus propios
medios a casa. También se señala que 7 volvieron a entrar ilegalmente en España
y el resto se encuentran, o bien desorientados y deprimidos, o bien con ganas de
volver. Hace escasos días Amnistía Internacional denunció el modo como se
efectúan las repatriaciones desde Andalucía. Y en Catalunya varias asociaciones
han lamentado que las expulsiones las realicen los Mossos d´Esquadra, y que
vayan a buscar a los jóvenes sin avisarlos. También deploran la lentitud con la
que se tramitan esos expedientes y la discrecionalidad que impregna todas las
decisiones. Imma Pérez reconoce la existencia de repatriaciones y entiende la
negativa de los jóvenes a ser devueltos, pero asegura que la mejor manera de
defenderlos es que estén con sus familias. "Estas organizaciones no entrevistan
a los jóvenes que se han quedado aquí, a los que han encontrado trabajo", añade.
Y recuerda que sólo en el 2005 se han conseguido 77 autorizaciones de residencia
para menores y que será el primer paso para entrar en la vida laboral.

LA VANGUARDIA DIGITAL
JOSEP PLAYÀ MASET - 04/07/2005
BARCELONA

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