La ONU sanciona a España por un caso de torturas
El Comité contra la Tortura de la ONU, que vigila el
cumplimiento de la convención internacional en la materia, consideró que España
no cumplió "la obligación de reprimir y sancionar la tortura" en el caso de Kepa
Urra Guridi, detenido y sometido a malos tratos por la Guardia Civil, según un
dictamen emitido en Ginebra. Una fuente autorizada del Comité subrayó que España
violó la Convención al eludir "la obligación de imponer penas adecuadas" en los
casos de tortura y que ahora debe reparar el daño cometido.
La Audiencia Provincial de Vizcaya condenó a tres guardias
civiles que torturaron a Urra Guridi durante su arresto en 1992, en una
operación contra el comando Bizkaia. Los agentes fueron castigados en 1997 con
cuatro años de prisión y seis de inhabilitación. Después, el Supremo rebajó las
penas, en 1998, a un año. Finalmente fueron indultados por un decreto otorgado
por el Rey en 1999. Urra Guridi denunció a España a la ONU en febrero del 2002.
Como el deber de este Comité, constituido por 10 expertos
elegidos por los propios países que han ratificado la Convención, es "impedir
que se produzca la impunidad de las personas que han cometido actos de tortura",
para la ONU resultan inaceptables los indultos sobre hechos confirmados y
sancionados por los mismos tribunales españoles.
EXIGENCIA DE REPARACIÓN
El Comité, presidido por un español, Fernando Mariño Menéndez,
lamenta, además, que los guardias civiles imputados no hayan sido objeto de
investigaciones disciplinarias mientras fueron procesados.
En las conclusiones, la ONU pide a España que garantice la
reparación y rehabilitación completa de la víctima. Y impone al Gobierno el
plazo de 90 días para informar de las medidas que adoptará y así conformarse con
la decisión de un órgano de control de un tratado que forma parte del derecho
español.
El Periódico
JUAN GASPARINI
GINEBRA
cumplimiento de la convención internacional en la materia, consideró que España
no cumplió "la obligación de reprimir y sancionar la tortura" en el caso de Kepa
Urra Guridi, detenido y sometido a malos tratos por la Guardia Civil, según un
dictamen emitido en Ginebra. Una fuente autorizada del Comité subrayó que España
violó la Convención al eludir "la obligación de imponer penas adecuadas" en los
casos de tortura y que ahora debe reparar el daño cometido.
La Audiencia Provincial de Vizcaya condenó a tres guardias
civiles que torturaron a Urra Guridi durante su arresto en 1992, en una
operación contra el comando Bizkaia. Los agentes fueron castigados en 1997 con
cuatro años de prisión y seis de inhabilitación. Después, el Supremo rebajó las
penas, en 1998, a un año. Finalmente fueron indultados por un decreto otorgado
por el Rey en 1999. Urra Guridi denunció a España a la ONU en febrero del 2002.
Como el deber de este Comité, constituido por 10 expertos
elegidos por los propios países que han ratificado la Convención, es "impedir
que se produzca la impunidad de las personas que han cometido actos de tortura",
para la ONU resultan inaceptables los indultos sobre hechos confirmados y
sancionados por los mismos tribunales españoles.
EXIGENCIA DE REPARACIÓN
El Comité, presidido por un español, Fernando Mariño Menéndez,
lamenta, además, que los guardias civiles imputados no hayan sido objeto de
investigaciones disciplinarias mientras fueron procesados.
En las conclusiones, la ONU pide a España que garantice la
reparación y rehabilitación completa de la víctima. Y impone al Gobierno el
plazo de 90 días para informar de las medidas que adoptará y así conformarse con
la decisión de un órgano de control de un tratado que forma parte del derecho
español.
El Periódico
JUAN GASPARINI
GINEBRA
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