La Audiencia anula la expulsión en 2003 de un nigeriano que pidió asilo
La Audiencia Nacional ha ordenado al Gobierno que localice y
emprenda todas las gestiones necesarias para traer de vuelta a España al
ciudadano nigeriano F. O., activista en favor de los derechos humanos y defensor
del territorio de su comunidad frente a la explotación de las compañías
petroleras. En enero de 2003, F. O. presentó en Ceuta una petición de asilo que,
en el plazo récord de 24 horas, no admitió a trámite la Delegación del Gobierno.
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), organización que presentó y
acaba de ganar el correspondiente recurso, desconoce ahora, dos años después de
la expulsión de F. O., el paradero y el estado de salud del inmigrante.
El 17 de enero de 2003, F. O. recibió una resolución del
delegado del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración -el actual
vicepresidente primero de la Comunidad de Madrid, Ignacio González- por la que
no se admitía a trámite su solicitud de asilo. Hacía escasamente 24 horas que la
había presentado. El Ministerio del Interior había emprendido horas antes una
operación especial en Ceuta, por la que pretendía resolver, en un plazo máximo
de diez días, todas las solicitudes de asilo pendientes.
F. O. fue citado en comisaría junto a otros subsaharianos.
Según CEAR, no se les facilitó asistencia letrada real e individualizada y se
les obligó, según declararon, a firmar una declaración en español que no
entendían. En las siguientes 24 horas se desestimó la admisión a trámite de sus
solicitudes de asilo.
Poco antes de ser detenido y recluido para su devolución en el
centro de internamiento de Málaga, F. O. hizo unas declaraciones desesperadas
ante la prensa.
"He estado luchando como activista contra las injusticias
cometidas en mi país por las compañías petroleras y por el Gobierno", dijo. "Si
me entregan corro peligro de muerte. Ya han ejecutado a otros miembros de mi
organización. Yo conseguí escapar tras ser buscado en mi casa, donde me ocultaba
tras el ataque de los soldados a una reunión clandestina en la que mataron a
varios compañeros. Nuestro líder fue ahorcado después de citarle a dialogar y
detenerlo a traición. Soy de una comunidad donde las compañías petroleras
internacionales nos despojan de nuestras tierras y los campesinos sufren hambre,
falta de agua, etcétera. Nosotros hemos luchado contra esta injusticia, e
incluso tras la ejecución de nuestro líder conseguimos parar los pozos de
petróleo. Si me devuelven, me matarán".
La sentencia de la Audiencia Nacional toma ahora en
consideración los motivos de persecución alegados por F. O. en su solicitud de
asilo: que era miembro de la Ijaw Youth Council, órgano de representación y
defensa de los intereses de la comunidad Ani Kuruwa frente al Gobierno, que
explotó sin autorización de su comunidad unos yacimientos petrolíferos, por lo
que organizaron protestas; que tras celebrarse el 4 de abril de 2002 una reunión
con representantes del Gobierno, los representantes comunitarios fueron
encarcelados; que se produjo un enfrentamiento entre las comunidades y el
ejército y que se emitió una orden de busca y captura contra él.
ELPAIS.es
emprenda todas las gestiones necesarias para traer de vuelta a España al
ciudadano nigeriano F. O., activista en favor de los derechos humanos y defensor
del territorio de su comunidad frente a la explotación de las compañías
petroleras. En enero de 2003, F. O. presentó en Ceuta una petición de asilo que,
en el plazo récord de 24 horas, no admitió a trámite la Delegación del Gobierno.
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), organización que presentó y
acaba de ganar el correspondiente recurso, desconoce ahora, dos años después de
la expulsión de F. O., el paradero y el estado de salud del inmigrante.
El 17 de enero de 2003, F. O. recibió una resolución del
delegado del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración -el actual
vicepresidente primero de la Comunidad de Madrid, Ignacio González- por la que
no se admitía a trámite su solicitud de asilo. Hacía escasamente 24 horas que la
había presentado. El Ministerio del Interior había emprendido horas antes una
operación especial en Ceuta, por la que pretendía resolver, en un plazo máximo
de diez días, todas las solicitudes de asilo pendientes.
F. O. fue citado en comisaría junto a otros subsaharianos.
Según CEAR, no se les facilitó asistencia letrada real e individualizada y se
les obligó, según declararon, a firmar una declaración en español que no
entendían. En las siguientes 24 horas se desestimó la admisión a trámite de sus
solicitudes de asilo.
Poco antes de ser detenido y recluido para su devolución en el
centro de internamiento de Málaga, F. O. hizo unas declaraciones desesperadas
ante la prensa.
"He estado luchando como activista contra las injusticias
cometidas en mi país por las compañías petroleras y por el Gobierno", dijo. "Si
me entregan corro peligro de muerte. Ya han ejecutado a otros miembros de mi
organización. Yo conseguí escapar tras ser buscado en mi casa, donde me ocultaba
tras el ataque de los soldados a una reunión clandestina en la que mataron a
varios compañeros. Nuestro líder fue ahorcado después de citarle a dialogar y
detenerlo a traición. Soy de una comunidad donde las compañías petroleras
internacionales nos despojan de nuestras tierras y los campesinos sufren hambre,
falta de agua, etcétera. Nosotros hemos luchado contra esta injusticia, e
incluso tras la ejecución de nuestro líder conseguimos parar los pozos de
petróleo. Si me devuelven, me matarán".
La sentencia de la Audiencia Nacional toma ahora en
consideración los motivos de persecución alegados por F. O. en su solicitud de
asilo: que era miembro de la Ijaw Youth Council, órgano de representación y
defensa de los intereses de la comunidad Ani Kuruwa frente al Gobierno, que
explotó sin autorización de su comunidad unos yacimientos petrolíferos, por lo
que organizaron protestas; que tras celebrarse el 4 de abril de 2002 una reunión
con representantes del Gobierno, los representantes comunitarios fueron
encarcelados; que se produjo un enfrentamiento entre las comunidades y el
ejército y que se emitió una orden de busca y captura contra él.
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